Listado de la etiqueta: Contaminación

Una delegación de dirigentes del Frente de Defensa del río Ronquillo se ha reunido en Lima con organizaciones defensoras de derechos humanos y han logrado ser recibida por el viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez el viernes 19 de abril.
Víctor Cueva Chilón presidente de la Junta de Administradoras y Saneamiento (JASS) de San José de la Coila Rosa Mayo y secretario del Frente de Defensa ha expuesto en la sede de Red Muqui la preocupante situación que están viviendo los habitantes de Cajamarca y otros zonas cuyo abastecimiento de agua depende del mencionado río.

Como grave antecedente de la actividad aurífera que se pretende expandir, en este caso al distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, Cueva apunta a la experiencia que ha sufrido la población de la capital departamental homónima con la empresa Yanacocha. Explotación que ha hecho desaparecer el río Grande que abastecía alrededor del 70 por ciento de la población de la ciudad y que ahora depende del bombeo de aguas de la empresa una vez recicladas del proceso de extracción del oro.

A fines de 2022, la empresa cerró las compuertas de las tuberías de las aguas destinadas a la población. Los motivos se desconocen hasta hoy, pero especialistas suponen que el corte que duró cuatro días, se puede haber debido a un episodio de contaminación.
Para evitar que se repita la historia y salvaguardar la calidad del agua del río Ronquillo, cuya cabecera de cuenca se halla amenazada por el proyecto aurífero Colpayoc, y que abastece al 30 por ciento de la población de la ciudad de Cajamarca y a otros distritos en su recorrido, el Frente de Defensa junto con diversas organizaciones sociales se están organizando y desarrollando manifestaciones y otras acciones para alertar sobre la falta de licencia social y parar este riesgoso proyecto en el distrito de Chetilla.

Un área mucho más extensa que las 18 hectáreas cedidas por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, y donde la empresa Colpayoc ya ha desplegado su maquinaria para realizar trabajos de exploración, como explica el dirigente y ex alcalde de Chetilla, Antonio Soto, parte de la delegación de dirigentes sociales que se ha reunido en Lima con funcionarios del MINEM. El dirigente explica que el área cedida por una parte de la ex dirigencia de la cooperativa, en forma intransparente y por eso cuestionada, es una fracción ínfima de una área total de 1445 hectáreas que forman parte del proyecto de estudio y donde se emplazan numerosos ojos de agua, manantiales y otras fuentes hídricas que se verían inexorablemente impactadas. “La empresa habla de 18 hectáreas para tranquilizar a la opinión pública, pero ese es solo el área inicial donde harán veinte perforaciones, después ellos irán avanzando a otras áreas para hacer más trabajos de exploración en una zona mucho más amplia”.

La gente de la zona tiene claro que la zona impactada finalmente será toda una cuenca hidrográfica.
Por eso el Frente de Defensa que agrupa a Juntas Administradoras, Rondas Campesinas, Canales de Regantes y Tenientes Gobernadores ha logrado movilizar a miles de habitantes. Uno de los hitos en las movilizaciones se produjo el domingo pasado con más de cuatro mil manifestantes, después que la población se enterara que la empresa ya está avanzando con maquinarias pesadas en la exploración.
La minera lejos de buscar el diálogo con las organizaciones respondió con disparos la visita de una delegación de organizaciones que subieron al lugar de la concesión minera ubicada en el distrito de Chetilla, cerca de los centros poblados de Peña Blanca, Alto Chetilla, Las Quinuas, Chalhua y Quinuayoc.

Así lo denuncia Antonio Soto que aclara que la violencia y el amedrentamiento es ejercida especialmente contra los y las dirigentes sociales y defensores ambientales. La agresión sufrida por Jovita Dilas Cabrera ha alcanzado notoriedad pública recientemente. Integrante del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, la lideresa fue golpeada y amenazada el pasado 28 de marzo, cuando grupos de vigilantes de la empresa se enfrentaron a manifestantes contra el proyecto minero. Jovita Dilas es una de las voces que ha venido alertando durante años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino.

Crédito de la foto: Chilcaloma

Por: Ing. Ec. Juan Aste Daffós

No pocos escritores, políticos y periodistas repiten en diversos medios de comunicación que “la minería es el sector más importante de la economía peruana” y afirman que “nadie duda de la importancia de la minería peruana” y hablan de distritos, provincias y regiones “mineras” o de “Perú país minero” o “Perú país cuprífero”, adicionalmente señalan que históricamente la minería ha sido un sector clave de la economía peruana. Incluso, los supuestos promotores de la diversificación productiva y la necesidad de una minería responsable se reafirman en la importancia de la minería. Sin embargo, detrás de estas estas afirmaciones está el interés de las corporaciones mineras agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la condescendencia de determinados actores preocupados por ser aceptados como “dialogantes” por la élite política y empresarial minera, el gobierno y los medios de comunicación concentrados que juegan a su favor, y liberarse de ser acusados como ambientalistas “antimineros”.

Empecemos a desmitificar la “importancia” del modelo extractivista minero. Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la palabra importancia es una “cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia.” (1). Como señaló el economista de la Universidad del Pacífico, Bruno Seminario, “la minería ni siquiera en la Colonia fue la actividad más importante del Perú” (video), sino que recién comenzó una expansión limitada desde los años 50 del siglo pasado e incluso en la década de los 90s pasa de los 1,649 millones de dólares USA (1992) a 3,205 millones de dólares (2001), para luego representar más del 60% de las exportaciones totales en 2020 y 2022 con 26,593 millones de dólares y 38,803 millones de dólares respectivamente, producto del ciclo de precios altos de los metales desde el 2003 al 2014 y luego en 2020-2023 del aumento de la demanda, el precio y la producción después de la pandemia. Así fue que la producción del cobre se duplicó en 2012-2016. Este incremento de las divisas impulsó el aumento de las importaciones, y con ello, se acentuó la sustitución de la producción y el descenso de empleos internos (formales) aumentando las economías informal e ilegal, que no son otra cosa que la evidencia de la incapacidad del modelo económico para generar empleo y mayor producción en el país.

En consecuencia, la diversificación productiva o la cada vez menor dependencia de la minería en el marco de un proceso participativo de descentralización es lo más importante para el Perú porque es lo más conveniente, deseable, trascendente y estratégico, y por lo tanto, vital para no seguir destruyendo la producción y el empleo en el país. De lo contrario, se estaría propiciando la ampliación de las economías informal e ilegal y el centralismo en Lima, al aumentar la dependencia de las importaciones y las variaciones del mercado internacional a que nos lleva el modelo extractivista minero, que ha evidenciado ser un modelo económico no sostenible para el Perú. Quienes desean la expansión minera anárquica y sin límites del extractivismo minero son las corporaciones transnacionales mineras porque hoy están intentando asegurarse las ganancias para el mediano y largo plazo en el contexto de un gobierno débil y en el marco de la llamada transición energética. Modelo promovido por las sociedades del norte industrializado y que prevé la descarbonización y el fomento de las energías renovables y de la electromovilidad entre otros. Sin embargo, este modelo que reproduce patrones de consumo ilimitado sigue acelerando la crisis climática y destruyendo el planeta.

Por ello, la minería sí es importante, pero para las empresas transnacionales mineras articuladas a la cadena de producción mundial industrial en los eslabones posteriores (industrias consumidoras de metales) y anteriores (suministradoras) en el mercado internacional. La descarbonización y el uso de energías renovables (transición energética) y la electromovilidad implica una mayor demanda de metales del sur global para satisfacer el consumo del norte global. Por esto y frente a una economía en recesión, aparecen quiénes afirman interesadamente o por desconocimiento que debemos impulsar la expansión minera sin límites “destrabando los proyectos mineros” para conseguir los ingresos suficientes para el desarrollo de las regiones y el país. Algo que no ha ocurrido nunca, menos ahora que la participación de las comunidades y poblaciones locales no tienen autonomía en sus territorios y los gobiernos regionales y locales y el propio gobierno nacional deciden el uso de los recursos sin que ello genere un impacto significativo en la economía interna de cara al futuro. Además, los proyectos mineros con licencia social conseguida con acuerdo previo, no con consulta, tienen períodos de maduración de entre 7 y 10 años en el mejor de los casos.

Sin embargo, en períodos de recesión económica y con un nivel prohibitivo de déficit fiscal, aún con el ingreso tributario minero del 10 por ciento en promedio del total de ingresos tributarios del Estado, que se reducen a 3 por ciento neto de devoluciones, la minería aparece como un aportante significativo. No obstante, la minería es un “mal necesario” en el corto plazo, porque lo deseable es que el Perú dependa cada vez menos de esta actividad extractiva para el mediano y largo plazo, dado su impacto ambiental y social sobre cuencas y poblaciones que afectan estratégicamente la disponibilidad y la calidad de aguas superficiales y subterráneas y la producción agroalimentaria, y por lo tanto, los servicios ecosistémicos y la salud. Además genera informalidad, entendida esta como la incapacidad del modelo económico extractivista minero en generar puestos de trabajo. Empecemos haciendo ordenamiento territorial por provincias y regiones.

Lima, 18 de febrero 2024

Pese a múltiples y graves observaciones que la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( SENACE), el ente estatal ha aprobado la solicitud de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa Antamina para ampliar sus operaciones. Su presidente Víctor Gobitz y otros representantes del sector minero han celebrado la decisión, que supone una inversión de dos mil millones de dólares en los póximos años, ya que extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036.

En cambio, las poblaciones de influencia directa e indirecta que viven en las comunidades aledañas en la provincia de Huari y los habitantes de Huarmey, donde se encuentra la terminal del mineroducto de Antamina, desde donde se cargan los barcos con cobre y zinc, los dos minerales que se obtienen principalmente de la mina, observan que sus preocupaciones fundadas en contínuos impactos ambientales y la desaparición de fuentes de agua no reciben la misma atención por el Estado y la opinión pública.

En septiembre de 2022, Red Muqui había dado a conocer un estudio pormenorizado con una serie de advertencias sobre esta MEIA, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Por ejemplo, para la empresa el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en este estudio, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

La modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental ahora aprobada permitirá incrementar considerablemente la extracción de minerales, a una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción. Con esta certificación ambiental incrementará el procesamiento de dicho mineral desde 175 mil toneladas que obtiene por día actualmente a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Noticia que será recibida como un balde de agua fría también por los habitantes de Huarmey, al menos por aquellos que han estado reclamando desde hace años por los daños a la salud por metales pesados especialmente entre menores.

Las sospechas de la población se dirigen contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar que los casos de afectados por metales pesados en la provincia de Huarmey impacta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para mayor información, puede leer aquí las notas de Muqui sobre esta temática: a) Red Muqui encuentra serias falencias en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Antamina
b) Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

Familiares de niños intoxicados con arsénico de la provincia de Huarmey, en Áncash, han obtenido un avance en sus reclamos por ser atendidos por las autoridades sanitarias.

Encabezados por los padres de familia Jesús Asencio y Grecia Maguiña y acompañados por la presidenta del Comité de Gestión de Salud de Huarmey, Estela Rojas, han firmado un acta de acuerdos por el cual el Ministerio de Salud (Minsa) se compromete a la atención de más de 10 niños afectados por plomo y arsénico en Puerto Grande, Puerto Huarmey y 9 de Octubre.

Sin embargo los casos de afectados por metales pesados en la provincia, que alberga el muelle de la terminal del mineroducto de la empresa Antamina emplazado en Punta Lobitos, afecta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 3 mil por ciento por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Minsa.

Diversos síntomas detectados por los propios familiares en los últimos años en sus hijos, como el descoloramiento de la piel, dolores de cabeza y de estómago o la aparición de sangre en la orina alertaron a las familias, lo que las llevó a denunciar esta situación en agosto pasado a representantes de organizaciones de derechos humanos como el Instituto Ambientalista Natura y a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Ambiente y Ecología. Su presidenta, la congresista Ruth Luque, solicitó entonces al Minsa que se hiciera cargo de examinar los casos denunciados.

Finalmente, las autoridades sanitarias, por medio de la Dirección Regional de Salud (DIRES) de Áncash, realizaron exámenes de tamizaje y de despistaje de concentración de metales pesados en pobladores de Puerto Huarmey y 9 de octubre. Su titular Luis Valverde Cueva, advirtió que 29 ciudadanos de Huarmey examinados solo durante el año 2023 presentaron arsénico en la sangre. Dentro de este grupo hay tres personas en estado de gestación.

Según DIRESA solo este año se ha detectado arsénico en 21 personas examinadas

Los representantes de los pobladores, entre ellos Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huarmey, exigen ahora que se amplíen los exámenes a toda la población y se determine las causas de tan masivos casos de intoxicación con metales pesados a los que se están exponiendo la población en forma permanente y, por lo tanto, se van acumulando en los organismos de las personas, que traen consigo consecuencias tan graves como la disminución del coeficiente intelectual de menores en el caso de plomo y diversos tipos de cáncer como efecto del arsénico.

Las sospechas de la población se dirigen sobre todo contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encontrarían claramente por sobre la media nacional.

Antamina responde a las acusaciones

Tras darse a conocer los casos de las familias afectadas, la compañía minera Antamina respondió, mediante un comunicado, que, de acuerdo a sus monitoreos ambientales de calidad de agua y aire, los resultados muestran valores por debajo de los límites permisibles de niveles de arsénico.

Por lo tanto, no se habría encontrado “ninguna excedencia” que pueda afectar, incluso, al medio ambiente y personal de su empresa.

También, aseguraron que el puerto de Antamina, en Punta Lobitos, opera bajo condiciones controladas y monitoreadas en tiempo real y sin emisiones al medio ambiente, eliminando cualquier exposición de los productos hacia terceros.

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

Ayer fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la “Ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos, e incorporar el enfoque intercultural en la medicina y la salud y que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional.

Para conversar sobre las implicancias de esta normativa y cómo se construyó desde las organizaciones sociales de base la presión para avanzar en la atención a las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, Red Muqui se contactó con Jaime Silva, subdirector del Centro Labor, una de las organizaciones claves en Cerro de Pasco a la hora de evaluar y denunciar la grave contaminación que vive la población en dicho centro minero. 

¿Qué relevancia tiene esta ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano?

Para nosotros, para la población de Pasco que tiene afectada a miles de niños y para muchas poblaciones, comunidades y distritos es una buena noticia, ya que a nivel nacional no contamos con un establecimiento de salud especializado que pueda dotar asistencia médica para la atención de niños afectados con plomo y demás metales. Ya los diversos estudios hechos en Cerro de Pasco, desde el 2007 con el Centro para el Control y la Prevención de Enferemedades (CDC) de Estados Unidos, así como con la Universidad de Pisa y Source International de Italia, establecen que a parte del plomo hay hasta diez metales que están presentes en los organismos y afectando la salud de los niños”.

A propósito de la presencia de estos metales pesados en los organismo de los niños de Cerro de Pasco es de destacar que hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021 se hizo público en Pasco en marzo pasado. Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados con 14 diferentes metales pesados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños.

“En este contexto”, prosigue Jaime Silva “ muchos de los niños que tienen estos malestares producto de los efectos de los metales pesados en sus organismos, no pueden recibir asistencia médica especializada en ningún establecimiento, no sólo de Pasco, sino a nivel nacional. Son derivados a hospitales que de manera muy genérica les hacen una revisión o evaluación, sin que eso implique alguna mejora para los niños.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes desde que se plantearon las primeras demandas para obtener esta ley?

Efectivamente se trata de una demanda planteada por los pobladores de Pasco, también por aquellos que tienen menores afectados por metales tóxicos, que data del año 2008. En 2009 ya fue discutido este caso en el Parlamento Andino, donde se había  dado una opinión favorable de que sí debía implementarse una clínica de desintoxicación. Inicialmente se discutió bajo ese término. Más adelante, del año 2015 al 2018, fue fuertemente impulsada por la población que incluyó la “marcha del sacrificio” desde Cerro de Pasco hasta Lima por 15 días, con encadenamientos en el Ministerio de Salud. E incluyó otras medidas como la presencia en reuniones el Ministerio de Salud y en el Consejo de Ministros. El hecho es que, ya había cientos y miles de niños que mostraban síntomas en su salud producto de los metales pesados y que no encontraban pues atención especializada en los establecimientos de salud de Pasco, ni en Lima. A más tardar desde 2015, fueron uniéndose cada vez más personas y organizaciones, como el Centro Labor y presentaron los estudios mencionados. A diferencia de los estudios del CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud ) del Ministerio de Salud que sólo evaluaba el plomo en la sangre, eran estudios que evaluaban muchos más metales a través de muestras de cabello y otros. Todo ello ha generado que se sustente y se exija con pruebas que se trata de casos muy serios que deben abordarse de manera especializada que amerita contar con un establecimiento de salud enfocado en toxicología, para que puedan ser atendidos ahí los miles de niños de Pasco y demás poblaciones. Se trata de una realidad que viven más de 14 regiones de nuestro país, que están integradas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas. Todos ellos hemos estado muy atentos a los diferentes foros y discusiones en el Pleno del Congreso de la República en torno a este proyecto de ley. Sobre todo para que no sea exclusivamente un hospital para Pasco. Era importante que casi unánimemente fuese aprobado (el proyecto de ley) por el que se creará un establecimiento de salud de atención nacional.

En cuanto al emplazamiento que tendrá el futuro hospital, el subdirector de Centro Labor explica que tal como lo detalla la ley, se ubicará en el distrito de Villa Rica, perteneciente a la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. Un comité técnico de alto nivel integrado por médicos y otros profesionales, que visitaron y evaluaron diferentes lugares, llegaron a la conclusión que el futuro centro de salud tiene que estar fuera del área de impacto de proyectos mineros y también fuera de áreas que cuenten con concesiones de ese tipo. Entre las tres áreas propuestas en la provincia de Oxapampa que cumplían con esos requisitos, finalmente se optó por la comunidad nativa de Ñagazu, que está ubicada en la entrada de la provincia de Oxapampa explica Jaime Silva.

Si bien, haber logrado que el Estado finalmente se comprometa en la implementación de un hospital especializado es un avance en la lucha de los más de diez millones de personas que según el Ministerio de Salud están expuestos a metales tóxicos en el Perú, quedan muchos desafíos pendientes.

En lo inmediato y en relación a la ley promulgada, hace falta un seguimiento para que las diferentes instancias estatales se coordinen e implementen la construcción, pero también es necesario, según Silva, que se establezcan laboratorios toxicológicos en todas las regiones para que la gente, especialmente los niños sean evaluados, sin tener que desplazarse fuera de sus áreas. 

Por otra parte, Jaime Silva recuerda que hay muchas otras políticas públicas muy importantes que desde el gobierno central deben ser implementadas. Normativas que deben ser llevadas a la práctica. Entre ellas, el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuya reglamentación aún no ha concluido. En este nivel debe haber una complementación y armonización para que se avance en la prevención de las peores consecuencias de la extracción de minerales y otros recursos no renovables.  

En el futuro inmediato se debe prever qué se hará con todas las fuentes de contaminación como en el caso de Cerro de Pasco y a qué lugares serán llevados los niños cuya salud haya mejorado gracias a la atención que reciban en el futuro centro especializado. Aquellos niños que presenten afectaciones por niveles de exposición a metales tóxicos más altos. Todas cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto y ante las cuales el Estado tiene que encontrar respuestas.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha accedido a las peticiones hechas por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire para sentarse a dialogar. En una carta dirigida al premier Anibal Torres estas solicitan como condiciones previas, que cese la criminalización de la protesta, y que el gobierno levante el Estado de Emergencia que promulgó la semana pasada. Además, piden que las reuniones se realicen en el espacio denominado Manantiales donde se han asentado las comunidades desde el inicio de las protestas hace unas tres semanas. Sin embargo, el premier ha contestado que el estado de emergencia se levantará de acuerdo del informe policial que debe señalar que no hay peligro alguno en la zona, y que esa inspección e informe se debe tener estos días.

Debido a la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire, al día siguiente se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos.

La acción fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo. Los comuneros han denunciado a través de las redes sociales que la presencia policial aún es masiva en la zona.

Para calmar las tensiones el pasado miércoles una comitiva de la PCM visitó el distrito de Challhuahuacho, pero fracasó en su intento de comprometer la asistencia de los dirigentes comuneros a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para este sábado siete de mayo en un lugar a determinar en la zona.
Lo que sí ha prosperado, en cambio, es el fortalecimiento de la unidad de las comunidades, ya que el jueves se reunieron dirigentes de 6 de ellas que protestan contra la compañía minera: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.
Como resultado de este encuentro acordaron que, de ahora en adelante, las protestas se realizarán de manera articulada entre las seis comunidades, pues coinciden en que la empresa no ha cumplido sus compromisos.

El pacto de las seis comunidades

Como muestra de ello este lunes 9 de mayo las 6 comunidades realizarán un pacto de unidad y defensa mutua. Colocarán un hito – Saywa cada comunidad en el apu Cóndor huachana – dónde las autoridades comunales firmarán el acta de pacto de unidad de defensa mutua y emitirán un comunicado público.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba señala: «si hay lucha lucharemos juntos, si hay cárcel nos encancelarán juntos. Todos nos comprometemos a luchar juntos contra las Bambas y olvido de este gobierno. Hay 4 hermanos que están graves. Un herido de bala y una mujer de 60 años que prácticamente ha perdido el ojo. No es como dice el premier que ella se ha caído. Por lo menos que el gobierno mande su representante para que la vea. Igual un compañero que se ha operado por la fractura de mandíbula que está en el hospital de Cusco. Hemos tenido 11 años de diálogo sin resultados, por ello la comunidad ha decidido recuperar sus tierras dónde opera Las Bambas.

David Huillca, presidente de la comunidad de Chuykuni, señala que se unen a esta medida porque no hay soluciones firmes, sino mecidas, por ello harán el pacto para defenderse ante los abusos de la empresa minera.

Senon Paniura Flores, presidente de la comunidad de Pumamarca, también señala: «Nos encontramos bien engañados, por ello vamos a luchar, vamos a hacer un hito desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde este lunes nunca vamos a separarnos. Nosotros ya no creemos en el Estado y la empresa. Ellos siempre nos han traído a un fracaso. Lucharemos para que nos respeten en estos tiempos y no nos criminalicen.

Finalmente, Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad Chuaquere precisa que «la empresa minera nos ha dado la espalda a las comunidades que en un momento apostamos a la minería. Hemos cedido nuestras tierras para el desarrollo de Challhuahuacho, pero hasta el momento han incumplido, han dividido las comunidades, hemos sido engañados. Por justo derecho queremos que cumplan sus compromisos que han firmado. El Estado nos debe respaldar pero nos ha dado la espalda, mas aún con su estado de emergencia. La empresa ha venido con sus matones y han desalojado a nuestros hermanos de Fuerabamba con balas, han sido masacrados prácticamente.

La mina MMG Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre y pretende expandir sus operaciones a territorios que ancestralmente le pertenecían a la comunidad de Fuerabamba. Según la empresa dichos terrenos fueron vendidos por la comunidad, por lo que ahora serían sus legítimos propietarios. Los comuneros, en cambio, advierten que si bien se firmaron contratos de compra venta y cesión de terrenos, las condiciones establecidas no se habrían cumplido a cabalidad por lo cual han vuelto a ocupar el territorio.

Por otra parte la minera mantiene diversos conflictos, tanto con comunidades aledañas que son zona de influencia directa de sus operaciones, como con otras atravesadas por el corredor vial conocido como corredor minero sur y que antiguamente eran exclusivamente carreteras comunales declaradas unilateralmente por el Estado como carretera nacional. Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

El anuncio de la flamante presidenta de Honduras Xiomara Castro de poner fin a la minería a tajo abierto en el país centroamericano, ha creado expectativas y dejado a muchos incrédulos más allá de las fronteras de ese país. Sin embargo la mandataria ha hecho algo que a juicio de Pedro Landa, miembro del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería, recoge las demandas de la ciudadanía de los últimos veinte o treinta años, y que además formaba parte del programa electoral de la ahora jefa de Estado.

En efecto el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas difundido el primer día de marzo dice que en atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, «se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano». Además se declara todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispone una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones». Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo».

Landa, también coordinador de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, valora la declaración política del gobierno que ahora debe ser traducida en políticas públicas/procedimientos administrativos y en un marco legislativo que le otorgue una validez jurídica a estos anuncios.

Gremio minero cuestionado por concesiones otorgadas

Debido al agresivo rechazo de la política anunciada por la presidenta Xiomara Castro por parte del gremio minero sumado a la adversa correlación de fuerza en el parlamento, en el que los diputados de los partidos del antiguo régimen, que surgió del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009, tienen una mayoría relativa en el congreso, una de las tareas urgentes para el gobierno, según Landa, es crear una instancia multiactor. Un mecanismo en el que debería participar la ciudadanía, las universidades, el gobierno y representantes de empresas apoyados por una veeduría internacional que le otorgue mayor capacidad fiscalizadora y legitimidad y que revise los requisitos administrativos y los procesos de concesiones otorgadas en los últimos años. Permisos que tienen tal nivel de cuestionamiento e ilegitimidad que incluso han otorgado 42 concesiones mineras en áreas protegidas, en las que la ley prohíbe toda actividad extractiva.

Así por ejemplo y según una investigación de una alianza periodística internacional en la que participó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), una de las principales productoras de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras. Un proyecto de extracción de hierro fuertemente cuestionado por la persecución a los líderes sociales de Guapinol en el municipio de Tocoa que protestaban por el impacto ecológico en sus territorios y en el parque natural Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano.

Cómo se llegó a esta situación de rechazo de la minería

Los hitos, que fueron creando un escenario en el que el fin de la minería a tajo abierto se fue transformando en una reivindicación de amplio soporte social, se fueron desarrollando especialmente desde el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, explica Lander.

Aunque ya durante el gobierno Zelaya, hubo un proceso de amplia participación y discusión ciudadana que preveía crear una Ley de Minería que limitara la posibilidad de crear proyectos mineros y suspendiera el otorgamiento de nuevas concesiones. Proyecto que finalmente se vio frustrado por el golpe de Estado que derrocó a ese gobierno y supuso un duro revés al proceso social que iba tomando forma en ese período.

Para Pedro Landa, uno de los sucesos que marcaron la apuesta extractivista y de despojo de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y garífunas del país ocurrió en 2012, en un hecho que califica de segundo golpe de Estado. Se refiere con ello al 12 de diciembre de ese año, cuando el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados.  Integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia despojados de sus cargos por haber declarado inconstitucional una ley para atraer inversores a través de un mecanismo llamada Ley de Regiones Especiales de Desarrollo para implementar ciudades autónomas y que después fue renombrada como Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Un proyecto de zonas francas impulsado por el Gobierno de Honduras y la élite política y económica, que implica la expropiación y explotación de territorio y recursos naturales, y la suspensión de determinados derechos y garantías constitucionales y por ello resistidas por defensoras y defensores de derechos humanos, que se expresaron repetidamente contra la instalación de las ZEDE. En su momento la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  inició una investigación sobre este proyecto estatal por las persecuciones y asesinatos de líderes de pueblos indígenas y afro hondureños que se le oponían.

Violencia y crímenes contra la ciudadanía desatada

Crímenes que se hicieron comunes durante los años que le siguieron al golpe de Estado y que estaban dirigidos a amedrentar a la población, romper el tejido social y reprimir la oposición a los proyectos de inversión en minería y de infraestructura de generación eléctrica.  El caso más emblemático es el asesinato en 2016 de la activista ambiental y lideresa garifuna, Berta Cáceres, por organizar la resistencia a la construcción de una represa de capitales españoles. Sin embargo, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos es casi inconcebible para un país que oficialmente no estaba en guerra (aunque tal vez sí contra su propia población). En 2017 la organización de defensa de los derechos humanos Global Witness concluyó en su informe anual que “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

En ese entonces, el régimen hondureño, que había sucedido el poder después del golpe de Estado, acumulaba 120 asesinatos. Para el 2020, Honduras había descendido al quinto país más peligroso para defensores del medioambiente y la cifra total de asesinatos en una década desde 2010 llegaba a 180 personas. Muchas de las cuales habían sido previamente criminalizadas por el poder judicial a través de un código penal que persigue a los defensores del territorio en forma análoga a la normativa penal que se aplica por delitos de terrorismo, según Pedro Landa. 

Otras leyes para favorecer la minería

Entre otras leyes que fueron pavimentando el camino para facilitar las inversiones para hacerse de los bienes comunes y que fueron generando el caldo de cultivo del descontento está la Ley de Minería de 2013 y que abrió las puertas a un modelo extractivista extremo, tan permisivo que incluso favoreció un fenómeno hasta entonces desconocido: la narco minería. Grupos criminales ligados a sectores financieros que llegaron a gestionar hasta cien concesiones mineras como forma de lavado de dinero, explica Lander. 

La juventud y una nueva conciencia social y ambiental

El hito que, que  al inicio solo parecía una crisis política, que se saldaría con un altísimo grado de represión y violencia y, a pesar de ello, se transformó en tierra fértil donde creciera la semilla de la conciencia, sobre todo de la gente joven, fue la reelección inconstitucional del mandatario Juan Orlando Hernández en 2017. Hay que recordar, que por la mera intención de preguntar en una papeleta electoral por la posibilidad de convocar a la redacción de una nueva constitución, como había anunciado en 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya, los militares avalados por el congreso y con el apoyo tácito de los Estados Unidos secuestraron al presidente una noche de junio de ese año y lo llevaron al exilio.

A partir de ese momento, ocho años después quedó en evidencia, que el régimen se mantendría por la fuerza en el poder, pero ya no lograba concitar, acaso nunca pudo hacerlo, un consenso en torno a un proyecto de desarrollo basado en la extracción de materia prima. Con ello fue perdiendo poder también el gremio minero, cuyas concesiones incluso llegaron a ser cuestionadas por sus pares con inversiones en otros rubros productivos. 

Los que en cambio crecieron en conciencia, social, política y ambiental fueron los niños y jóvenes que habían nacido y crecido durante y después del golpe de Estado y ahora estaban sufriendo en carne propia la represión. Son ellos quienes ya no se creen el cuento, comenta Lander y explica que es ésa generación la que apoya con verdadera beligerancia y presencia en las calles el proceso político encabezado por la presidenta Xiomara Castro y que ahora ha declarado el fin de la minería y la moratoria para todo tipo de actividad extractiva cuyas concesiones deberán ser revisadas. Para llevar adelante esta agenda, que forma parte de su plataforma electoral se deberá apoyar en la sociedad que ha ido reclamando los espacios públicos para sí, a pesar del precio que ha debido pagar por ello. 

Pero Landa observa que incluso entre los empresarios hay cada vez más voces que abogan por una tipo de desarrollo diferente, porque han visto que los proyectos mineros no sólo aumentan las conflictividad social, sino que en estos tiempos de altos impactos ambientales, acelerados por el desastre climático, seguir por ese camino solo exacerba la crisis. En esa línea debe ser entendida, según Landa, la apuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el Acuerdo de Escazú. Un tratado que el organismo apoya, según un comunicado de prensa, “como herramienta fundamental para generar un marco social y ambiental transparente y abierto y basado en una buena relación con las comunidades, sector público y privado”.

Al menos hay entonces un cierto respaldo por parte de actores económicos a estas medidas que trascienden las fronteras del país. Por eso Pedro Landa también prevé que la presidente solicitará la presencia de un nuevo organismo liderado por Naciones Unidas, parecido a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que apoye al Estado en liberarse de estructuras de corrupción y narcotráfico que camparon a sus anchas con el hasta hace pocas semanas presidente Juan Orlando Hernández actualmente en arresto a la espera de un proceso de extradición por cargos de narcotráfico en los EE.UU, y, cuyo hermano menor fue condenado por una corte de Nueva York el año pasado a cadena perpetua por liderar una banda de narcotráfico.

Perspectivas para el Perú

Lo que viene ocurriendo en Honduras respecto a los anuncios en el sector minero por la presidenta Xiomara Castra es sin duda un avance esperanzador, ya que junto a Costa Rica, y en cierta medida El Salvado, que en 2018 prohibió la minería metálica, son los países que se declaran libres de esta actividad en Latinoamérica. Un debate que en el Perú, por el momento, parece imposible, por las condiciones y la dependencia económica que tenemos con este sector, pero sobre todo por el poder político que tienen los gremios mineros, entre otros factores por demás conocidos. Sin embargo, lo ocurrido en Honduras nos dice que tarde o temprano tenemos que transitar a esa discusión, dado que la actividad minera es una actividad finita. Es decir un día los recursos minerales se van a agotar o dejarán de ser imprescindibles. Ojalá que no sea tarde, para los frágiles equilibrios ecológicos de los que dependemos, cuando lleguemos a ese momento. 

Con ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicamos un artículo en el que se describen las dificultades y las discriminaciones que sufren las mujeres que viven en zonas mineras. El artículo se ha realizado gracias a las entrevistas con: 

-Gladys Huaman y Beatriz Cortez, dos representantes del área de incidencia legal de Red Muqui 

-Elsa Merma, dirigente de organización de mujeres de Espinar

-Rocío Silva-Santisteban, abogada, escritora y ex congresista del Perú

Las mujeres y los hombres que viven o trabajan en las zonas mineras de Perú son personas que se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles. Los efectos de la minería suelen provocar que las comunidades sufran la contaminación de sus tierras y aguas, que los agricultores denuncien la pérdida de sus cosechas o que sus animales y niños se enfermen (Cortez). Se podría pensar que los efectos de la minería en las mujeres y en los hombres son los mismos. Sin embargo, hay sutiles diferencias. Cuando se vincula la cuestión del género y la minería, surgen también aquí los problemas observados en la sociedad civil. Pero, sobre todo en las zonas rurales con menos recursos económicos donde hay actividad minera, existe mucho más de eso. El acceso a la participación política, al derecho al trabajo con buenas condiciones laborales, a un medio ambiente limpio y a la igualdad social es casi inexistente. 

Las mujeres se ocupan de los cuidados y contribuyen a la reproducción social, preparan la comida, y cuidan de sus hijos. Por eso, son principalmente las madres las que salen a la calle y se manifiestan por sus derechos: se preocupan por la educación de sus hijos o hijas, la presencia de agua potable y la posibilidad de tener una nutrición saludable. A menudo, son ellas las que se encargan principalmente de la economía familiar. Por esto, hay muchas mujeres que se organizan, y que convocan reuniones para compartir experiencias sobre cómo la minería afecta a sus comunidades y a sus tierras. Quieren informar a la población y difundir sus ideas y observaciones sobre lo que hacen las empresas mineras (Merma). 

No es una cuestión de rutina que una mujer se involucre, que exprese su opinión y que opine. Como informó Elsa de Espinar, las mujeres quieren ser escuchadas y tener voz en igualdad de condiciones que los hombres… Pero, no es así. En las reuniones a nivel local no se permite la participación de una representante de la organización de mujeres en el comité de gestión. Cuando hay reuniones multi-organizacionales les permiten participar, pero formar parte  en las reuniones importantes que deciden también su futuro, decisiones que se toman en el comité de gestión, ahí se les excluye. Así se nota que, cuando se ejerce el poder  las mujeres no están.

Las mujeres que quieren participar no lo tienen fácil por diversas razones. Además de las tareas del hogar, cuidar a los niños y ganar dinero, no hay mucho tiempo (Huaman). Pero aun así quieren ser activas y trabajar por su país y su casa.  El machismo es un factor importante en esto: las tareas no se reparten entre la pareja ni son asumidas por los socios. Entonces, muchas veces no pueden asistir  a reuniones o marchas porque tienen que atender a sus esposos y familias. Otro hecho es que, a menudo las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para ir a las asambleas, porqué su participación en la vida política y pública no forma parte del papel asignado a la mujer en la sociedad (Silva-Santisteban). Tampoco hay espacios para los niños cuando, por ejemplo, se imparten cursos de formación. También es frecuente que las mujeres estén poco representadas cuando asisten a las reuniones, de hecho es más difícil enfrentarse con una opinión diferente. Los hombres dudan de la voz de las mujeres y cuestionan su participación. Cuando un hombre propone algo, como en una asamblea o una marcha, apenas se cuestiona. Además, es difícil para las mujeres trabajar así y unirse a la lucha porqué muchas conversaciones se realizan con un vaso de licor de por medio, o en otras situaciones sociales donde las mujeres normalmente no participan (Huaman). La discriminación también se manifiesta en hablar mal de las mujeres que «sólo están ahí porque quieren dinero». Eso cansa a las mujeres luchadoras, y no es de extrañar que la carga se haga demasiado pesada y algunas dejen de acudir a las reuniones (Merma). 

¿Pero, por qué las mujeres siguen en la lucha y de dónde sacan la energía? Porque se sienten mejor en la comunidad. Intercambiar ideas, reír y llorar juntas, estar ahí para los demás, les ayuda mucho a afrontar sus problemas. También es importante la ayuda y apoyo de otras organizaciones, y el reconocimiento de que están en el camino correcto para defender su tierra, sus cuerpos, la Pachamama y sus territorios (Merma). 

De hecho, las mujeres tienen un vínculo especial con sus territorios y sus comunidades. Por tradición, los varones salen  del hogar por trabajo, mientras las mujeres se quedan en la casa, cuidando a los suyos y a la chacra familiar. De hecho, son ellas quienes resguardan la soberanía alimentaria de la casa y de la comunidad. También a nivel histórico-cultural, en el Perú la naturaleza y la tierra se han asociado a figuras femeninas, como la Pachamama. Además, el territorio es percibido por las mujeres como un espacio íntimo, como si fuera sus propios cuerpos; perciben el territorio como aquello que resguarda la vida. Entonces, defender el territorio es defender el ámbito del cuidado de la vida misma (“Mujeres y Conflictos Ecoterritoriales”, Silva-Santisteban, 2017). Esta conexión especial con el territorio se refleja también en el liderazgo de las mujeres en los conflictos eco-territoriales: ellas basan sus acciones pensando en sus experiencias, en las afectaciones sufridas por sus familias, y en la sociedad en su conjunto. Por estas razones, las mujeres lideresas no monetizan los problemas- en el sentido que evitan aceptar dinero para solucionar los conflictos con las empresas mineras (Silva-Santisteban). Las lideresas son más persistentes en las estrategias de lucha: demandan que las empresas cumplan con sus promesas y, cuando es posible, que remedien  los daños al medio ambiente – no se contentan con la solución más rápida y fácil de aceptar compensaciones económicas (Silva-Santisteban). Sin embargo, hay que repetir que muy pocas  tienen posiciones dirigenciales o son voceras. 

No obstante esa realidad, el vínculo entre mujeres y territorios, junto a sus roles en cultivar la tierra, también pone las mujeres al frente de la realización de alternativas al modelo económico extractivista. La agricultura y la ganadería no solo representan las tradiciones y la historia de muchas áreas rurales, también son la principal fuente económica para sustentar la mayoría de familias que viven en áreas afectadas por la minería (Merma). Las mujeres, que son las principales cuidadoras de la economía familiar, son las primeras en darse cuenta de los efectos ambientales y económicos que las actividades mineras tienen sobre sus familias (Cortez). Por esto, muchas veces son las iniciadoras de actividades que informan a la población sobre el tema de la agricultura como alternativa al desarrollo. En el caso de Espinar, las mujeres tienen reuniones permanentes donde debaten cómo llevar adelante el trabajo de la agricultura, a pesar de las contaminaciones provocadas por la minería. Para llegar a una audiencia más amplia y enfrentar los desafíos de la pandemia, las mujeres de Espinar también han creado un programa radial (Merma, 2022). Sin embargo es de constatar que a pesar de las numerosas acciones que se llevan a cabo a nivel operativo para implementar alternativas al modelo extractivista,  las mujeres a menudo no son consultadas ni escuchadas en las asambleas o en los diálogos sobre este tema (Merma).  

Además de las dificultades que las mujeres enfrentan en sus comunidades, hay que considerar el contexto político actual, que no está solucionando las demandas de las poblaciones rurales afectadas. De hecho, el sector rural campesino es uno de los más golpeados en Perú por el modelo económico extractivista: las poblaciones sufren por la falta de acceso a derechos fundamentales como alimentación, salud, educación y agua (Cortez). Son ellas las más afectadas por estas deficiencias: por sus roles en la soberanía alimentaria, como cuidadoras de la economía familiar, y encargadas del seguimiento de la educación de sus hijos o hijas (Cortez). 

Por eso y otras cuestiones más las comunidades rurales de Espinar saludaron la elección de Pedro Castillo, porque tenían la esperanza de que el nuevo Presidente comenzará a enfrentar  sus necesidades y demandas, siendo él un hermano campesino de provincia, hijo de  campesino dirigente. Nosotros estábamos felices, como que un familiar nuestro hubiera llegado al poder” (Elsa Merma). Lamentablemente, hasta ahora no se han cumplido las promesas hechas durante la campaña política (Cortez). Dentro de las comunidades campesinas hay una división social: entre quienes se sienten traicionados por Castillo, y quienes sostienen que no lo dejan gobernar y que un verdadero cambio necesita más tiempo (Merma). Además, los cambios repentinos de titulares  en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hacen difícil entender cuál es la verdadera agenda de género que tiene el Presidente Castillo.(Silva-Santisteban). 

A pesar de que ahora dicho ministerio esté encabezado por una mujer feminista, es difícil evaluar el verdadero impacto que ella podría tener, si no se implementan reformas económicas con una mirada integral e interseccional destinadas a mejorar la situación de los sectores sociales con menos recursos económicos, especialmente de las mujeres. De hecho, “las políticas económicas están conectadas al tema de educación, salud, con la minería que impacta la sostenibilidad económica de las familias que viven en zonas de influencia minera. Entonces, el tema de género está vinculado al tema económico, y las políticas tienen que tomar en cuenta esta conexión” (Beatriz Cortez). 

Después de analizar los principales desafíos sociales e institucionales que enfrentan las mujeres en contextos mineros, es hora de reflexionar sobre cómo las organizaciones civiles de base pueden visibilizar los roles de las mujeres en la resistencia al modelo extractivista, y qué acciones se pueden tomar para que ellas puedan llegar a roles dirigenciales. Para la escritora, abogada y ex congresista Roció Silva-Santisteban,  son cuatro las acciones principales:

  1. Hacer talleres no solo con mujeres sino también con varones de las comunidades campesinas, para educar directamente sobre la igualdad de género.
  2. Coordinar talleres de género permanentes con todas y todos los miembros de las organizaciones sociales y de las comunidades ubicadas en zonas mineras, para que puedan implementar el enfoque de género en su trabajo diario.
  3. La sociedad civil tiene que tener en consideración las necesidades de las mujeres, para facilitar su participación en los talleres y capacitaciones. Por ejemplo, muchas mujeres no participan en estas actividades porque tienen que estar con sus hijos. Para resolver este problema, las Organizaciones Sociales de Base (OSBs) deberían organizar guarderías en las que los niños puedan permanecer mientras las mujeres participan en los talleres/capacitaciones. 
  4. Para acelerar la implantación de alternativas al modelo económico extractivista, hay que aprender de las experiencias de otros países, conectando estos conocimientos con un enfoque de género que considere las discriminaciones sufridas por las mujeres en Perú.

Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf