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Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca exigen salida de fiscal Benavides y justicia para víctimas en protestas

La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, junto con sus abogados y representantes de organizaciones sociales de Puno, brindó hoy una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los recientes escándalos de corrupción que involucran a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República y al gobierno ilegítimo de Dina Boluarte.

Recordemos que se ha denunciado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y a sus asesores cercanos por, supuestamente, integrar una organización criminal, la cual tendría un alto grado de influencia en decisiones clave del Congreso de la República, como negociar la designación del Defensor del Pueblo, la destitución de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Avalos y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según la tesis fiscal. Por esa razón, en la conferencia, los representantes de la asociación exigieron la renuncia inmediata de la fiscal Benavides.

Foto tomada por DHUMA

Uno de los voceros de la asociación y hermano de víctima de las represiones en Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló que “no existen garantías en los procesos de investigación por los casos de asesinatos y represión ocurridos en las protestas contra el actual gobierno de Dina Boluarte”. Asimismo, denunció que los delitos de colusión entre poderes obstaculizan la justicia y vulnera la memoria de los asesinados en protestas sociales.

Como se mencionó anteriormente, los representantes de la asociación fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos que exigieron también la salida de la fiscal de la Nación y analizaron cómo estos actos de corrupción pueden afectar las investigaciones señaladas y la justicia en el país.

El representante de la organización FEDERH-Puno, Edwin Poiré declaró que en el Perú “estamos viviendo días terribles por el enfrentamiento entre la Presidencia y la fiscal, Patricia Benavides. “¿Quién sabe qué otros poderes ocultos se mueven en esas instancias para obstaculizar la justicia?”.

Por su parte, José Bayardo, el abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), hizo alusión a que a casi un año de las represiones en las protestas contra el actual gobierno de Boluarte, las investigaciones no avanzan y los familiares no encuentran justicia. “La fiscal Patricia Benavides, en todo este tiempo más bien ha obstruido las investigaciones y no ha habido ningún avance en estas. Recién cuando se sienten contra la pared, cuando la justicia está detrás de ellos actúan”.

Finalmente, la doctora Miriam Escalante, representante de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), declaró que “las familias de las víctimas no pueden estar a merced de las disputas de poder que estamos presenciando entre parte de la Fiscalía, la Presidencia y el Congreso, han pasado once meses y aún no hay ningún detenido pese a las pruebas contundentes”.

Al culminar, los integrantes de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno pidieron a la ciudadanía estar alerta de las denuncias que se vienen suscitando en el cruce de poderes, de manera que no se siga vulnerando la justicia y la democracia en el Perú, así como tampoco la memoria de los asesinados y víctimas de las protestas sociales.

Cabe mencionar que diferentes organizaciones, instituciones y organismos nacionales se han pronunciado sobre las denuncias que involucran a la fiscal Benavides, a quien le exigen su retiro del cargo y se investiguen los hechos.

Por su parte, la Red Muqui y las organizaciones sociales que la conforman, también han elaborado el siguiente pronunciamiento:

Por este medio también compartimos el pronunciamiento elaborado por el Colectivo de Abogados del Sur Andino, del cual forma parte Red Muqui, y en el que se exige la salida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la renuncia del defensor del Pueblo, y se respalda al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el cual destapó los hechos de corrupción.

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Muerte de campesino torturado durante las protestas contra Boluarte no es investigada por el Equipo Especial de Fiscales

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Manuel Quilla Ticona, campesino aymara, natural de la comunidad de Huancané-Puno, llegó a Lima en marzo para protestar contra el régimen autoritario de Dina Boluarte. Durante su manifestación pacífica, Manuel sufrió acoso discriminatorio y fue torturado por las fuerzas policiales. Falleció días después debido a las múltiples lesiones graves en su cráneo y extremidades superiores e inferiores.

Pese a tratarse de un hecho de violación de derechos humanos, específicamente tortura, en contexto de la represión policial, la investigación no es asumida por el Equipo Especial de Fiscales. Las diligencias son realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad, situación que impedirá identificar a los verdaderos responsables de la muerte y formular una posterior imputación. Debido a que las investigaciones no parten de la base de que Quilla Ticona fue detenido cuando ejercía su derecho a la protesta social, el 15 de marzo de este año, en Lima; ciudad a la que había viajado desde Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Luego fue trasladado a las comisarías policiales de Petit Thouars y San Andrés. Sus familiares perdieron contactó con él hasta dos días después en que apareció con signos visibles de haber sido golpeado en forma brutal, al punto que no reconocía a su familia y se expresaba en forma incoherente. A causa de esa brutal golpiza y luego de una penosa agonía, el 31 de marzo murió a los 35 años en su casa en Huancané. La necropsia concluyó que su muerte fue producto de un traumatismo encéfalo craneano grave, causado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en el tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores.

Cabe señalar que la Red Muqui acompaña este caso y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ asumió la defensa legal de los deudos de Quilla Ticona. Al respecto, David Velazco Rondón, director de FEDEPAZ y abogado de los deudos antes citados, explicó que este, por ahora, es el único caso de tortura denunciado en el marco de las protestas sociales, por lo que habría intereses detrás para que no sea investigado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Esto debido a que probaría, una vez más, las graves violaciones de derechos humanos cometido por el Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte durante las marchas registradas a fines del año 2022 y a inicios de 2023.

“Si habría un delito de tortura (en las investigaciones que se desarrollan), (este) tendría una gran solidez como caso. La Fiscalía dice que estos hechos denunciados no fueron durante las protestas. Es falso, (él) fue detenido y golpeado cuando ejercía su derecho legítimo de protestar. La pericia (médico legal) ya fue presentada a la Fiscalía y hay evidencia de que se trata de un caso de tortura por (una serie de) graves hematomas en la cabeza y cuerpo”, declaró.

LENTITUD FISCAL

La pareja de Manuel Quilla Ticona, Irma Cayo Sánchez, viajó desde Puno a Lima para participar de las diligencias realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad. Después de 8 meses del deceso, se programó la inspección en las inmediaciones de las avenidas España con Garcilaso de la Vega, en las comisarías Petit Thouars y San Andrés, así como la revisión de las cámaras de seguridad que grabaron las circunstancias de la detención de Quilla Ticona.

“El avance (de la investigación) es muy lento. La muerte de mi esposo ha afectado a toda mi familia a nivel psicológico y económicamente. Queremos que se agilice el caso y no dilate más tiempo (la Fiscalía), después de 8 meses recién tiene que salir la Fiscalía a inspeccionar y verificar las cámaras”, concluyó Cayo.

Manuel Quilla Ticona era el único sustento de su familia. Dejó en la orfandad a dos niños, una menor de 11 años y otro niño de 2 años. A la fecha su familia exige justicia.

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Plan Unidos prioriza la construcción de 7 proyectos mineros en cabeceras de cuenca y en donde no hay licencia social

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Hace unos días el Ejecutivo anunció el lanzamiento del Plan Unidos, que contiene propuestas para impulsar la inversión privada destrabando los trámites e implementando siete proyectos mineros hacia el 2025. El propósito es recortar permisos ambientales lo que amenazaría el medio ambiente y a los derechos humanos.

En esta nota, revisamos las implicancias ambientales y sociales que pueden traer estos 7 nuevos proyectos cupríferos.

¿En qué consisten estos proyectos?

En principio, la mayoría de estos proyectos no cuentan con licencia social de las comunidades y poblaciones que están dentro su área de influencia. La mayoría de los proyectos son operaciones a tajo abierto que se encuentran ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen el agua de zonas rurales y urbanas, por lo cual deben ser protegidas de la amenaza que representan las actividades extractivas e industriales, más aún en un contexto de múltiples crisis: hídrica, climática y alimentaria, advirtió el especialista socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.

“Un proyecto en cabecera de cuenca, por más pequeño que sea, afectará considerablemente las fuentes hídricas y eventualmente (ocasionará) la desaparición de manantiales, bofedales y lagunas. Sobre todo, cuando se trata de minería a tajo abierto los impactos van a ser irreversibles. Cuando se debilitan los instrumentos de gestión ambiental, también se debilitan los sistemas de fiscalización ambiental y, por ende, se van agravar los impactos ambientales. Otro tema es que (los proyectos) no tienen licencia social de las comunidades que viven en los territorios y no se ha aplicado la consulta previa a los proyectos mineros. Los sistemas de participación ciudadana han sido casi inexistentes en la aprobación de diversos proyectos mineros (EIA, MEIA, ITS) y a partir de la pandemia se han virtualizado los procedimientos administrativos y más encima se implementó este sistema en zonas donde no hay señal (de internet)”, declaró.

Por lo tanto, buscar reducir mecanismos ambientales (evaluación y/o fiscalización) a favor del gremio minero que acumulan enormes deudas y con cuestionables prácticas (tributarias, sociales y ambientales) impactará en los ecosistemas, de igual manera, los modos y formas de vida de las comunidades y población local, quienes han elegido, a través de mecanismos participativos como asambleas populares, consultas vecinales y movilizaciones, la agricultura, el turismo alternativo y la ganadería en lugar de la minería.

“El riesgo es latente y no se deben flexibilizar (los mecanismos ambientales), más bien deberían fortalecerse los sistemas de fiscalización ambiental (por parte del Estado) porque primero está la vida y la salud de los ecosistemas”, continuó Alejandro Berrospi.

Proyectos para el 2023 por US$ 2.419 millones:

1. Ampliación de Toromocho Fase II, en Junín: El proyecto de expansión de la empresa china Chinalco se ubica en la cabecera de cuenca alta del río Mantaro donde se encuentran las principales fuentes hídricas como las lagunas Huascacocha, Huacracocha, Turuca, entre otros.

En la Fase I, actualmente en operación, existe un conflicto social debido a que la minera ha incumplido una serie de compromisos, por ejemplo, el reasentamiento de 40 familias que vivían mucho antes de la llegada de Chinalco, pero terminaron siendo despojadas de su territorio. Por otro lado, parte de la población que fue reasentada en Nueva Morococha optó por migrar ante el desempleo. La mayoría de las viviendas que fueron entregadas por la minera para la reubicación lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros. Además, hay denuncias contra la empresa por contaminación con metales pesados. La Red Muqui presentó un informe de observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Toromocho, entre ellas: la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental (por los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley).

2. Reposición de Antamina, en Áncash: Destinado a extender la vida útil del proyecto por ocho años, del 2028 al 2036, a pesar de que la empresa Antamina tiene antecedentes de contaminación ambiental y complicado relacionamiento con las comunidades por acuerdos incumplidos en mesas de diálogo y denuncias por contaminación a la salud (por ejemplo en Huarmey). La ampliación de las operaciones abarcaría las dos vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico, ecosistemas importantes para la vida. La Red Muqui, tras analizar la MEIA, concluyó que la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia del proyecto minero.

Proyectos para el 2024 por US$ 964 millones:

3. Yumpag, en Pasco: La empresa Buenaventura proyecta prolongar la vida de la mina Uchucchacua por 15 años más. El proyecto está ubicado en la parte alta del río Huallaga, entre las regiones de Pasco y Huánuco. Esta minera tiene denuncias por contaminación del río Collpamayo en Arequipa; mientras que, en Cerro de Pasco, por la desaparición de bofedales y manantiales en el caserío de Cachipampa, también de extensas áreas de pastizales producto del paso de vehículos pesados. Buenaventura, además, tiene inversiones en los proyectos Yanacocha, en Cajamarca, y Cerro Verde, en Arequipa.

4. Romina, en Lima: Se encuentra en la cuenca alta del río Rímac, Chillón y Huaura que abastece de agua a parte de la zona rural y urbana de Lima. En el caso del río Rímac, desde hace décadas, este río viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros, la cual pone en riesgo la salud ambiental y humana. Ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de los pasivos ambientales identificados en la zona. Aún así el Ejecutivo pretende sacar adelante el proyecto Romina del grupo Glencore.

5. Corani, en Puno: Es un proyecto histórico de la empresa Bear Creek Mining Corporation de capitales canadienses para extraer principalmente plata. Está ubicado en territorio indígena en la provincia de Carabaya, distrito de Corani, a la fecha no se ha aplicado la consulta previa, tampoco las comunidades cuentan con información sobre las implicancias e impactos del proyecto minero. La empresa también tiene concesiones mineras para litio en la misma provincia.

6. Chalcobamba – Las Bambas, en Apurímac: Se trata de la ampliación de la minera Las Bambas del tajo de Chalcobamba, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. La comunidad ha manifestado su oposición al proyecto por incumplimiento de acuerdos, así mismo la empresa ha incumplido acuerdos con las comunidades del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, y sectores de Velille y Huincho, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, por lo cual las movilizaciones ha sido constantes en el corredor minero del sur.

Proyecto para el 2025 por US$ 1.263 millones:

7. Zafranal, en Arequipa: La población de las provincias de Caylloma y Castilla reiteradamente han advertido que la minería no le hizo partícipe de algún plan de participación ciudadana ni fue notificada sobre el EIA que la empresa presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en 2021. Desde entonces, este proyecto, situado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, provincias mencionadas, no cuenta con la aceptación social. No obstante, en 2022, la Autoridad Autónoma de Majes (organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas) entregó -en calidad de usufructo- 12 mil 207 hectáreas a la minera Zafranal por 30 años sin cumplir con los requisitos necesarios. Así se explica en el informe N°001-2023 de la Contraloría de la República y que fue difundido en medios de comunicación regionales. En mayo de este año, el Gobierno Regional de Arequipa dejó sin efecto la entrega del terreno a través de una resolución.

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Ejecutivo propone la creación de Policía de Orden y Seguridad sin una debida formación especial

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El viernes 28 de julio, a través del Proyecto de Ley N° 05633/2023-PE, el Ejecutivo propuso incorporar la denominada Policía de Orden y Seguridad a la categorización de la Policía Nacional del Perú, el cual no formará parte de la carrera policial per se sino que será parte de una “estrategia” para atender el déficit de personal.

La propuesta genera zozobra por el contexto de las constantes movilizaciones en contra del régimen debido a que el artículo 6 del proyecto especifica que la Policía de Orden y Seguridad “tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, además, de acuerdo con la exposición de motivos, “la capacitación será de 6 meses a un año como máximo y una menor remuneración mensual en función de la actividad funcional asignada”. Por otro lado, el artículo 17 destaca la designación del superior policial que ejercerá comando y supervisión directa sobre el Policía de Orden y Seguridad.

Los tres presupuestos jurídicos señalados, por lo tanto, dan cuenta de que la nueva categorización tendrá la misma potestad coercitiva que un policía instruido con más años, asimismo, contarán con una capacitación breve e insuficiente en el manejo de armas y defensa personal; y, exigirá ocupar el tiempo de un oficial por la supervisión que necesitan al realizar sus actividades. En pocas palabras, la creación de esta figura implica que las nuevas fuerzas policiales puedan cometer abusos de autoridad y/o usos ilegítimos de la fuerza por su falta de entrenamiento adecuado con enfoque de derechos humanos y basados en la proporcionalidad y la no discriminación.

En ese sentido, desde la Red Muqui exigimos mayor congruencia en la formulación de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, ya que existen estándares internacionales de capacitación de armamento en el marco de la protección de la población que se debe cumplir a cabalidad por los tratados internacionales en materia de DDHH ratificados con anterioridad. De otro lado la imagen que hoy tiene la población sobre la PNP es de una institución abusiva y de impunidad debido a las graves violaciones a los DDHH que se han cometido en las recientes movilizaciones en el sur andino peruano y que han sido constatados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Para mayor información sobre el contenido del Proyecto de Ley, click aquí.

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Anuncio de reactivación de proyecto minero Tía María en Arequipa genera rechazo de la población del valle de Tambo

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“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

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Juliaca: Familiares de víctimas del régimen de Dina Boluarte articulan esfuerzos en Encuentro Nacional

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El sábado 1 de abril, en vísperas de la semana santa, se reunieron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, junto a los familiares de Remo Candia y Rosalino Flores de Cusco, con el objetivo de compartir el proceso de injusticia que están viviendo tras perder a sus familiares y unirse en la lucha contra la impunidad. Varios de ellos no participaban directamente en las legítimas protestas.

El Encuentro Nacional se realizó en el Coliseo Deportivo La Capilla en la ciudad de Juliaca e inició a las 10am con un ritual en señal de duelo por las víctimas de la represión. Previamente las delegaciones marcharon desde la plaza de armas de Juliaca. En la mesa de honor estuvieron los representantes de las víctimas de cada región participante,portando velas en sus manos.

También participaron algunas personas que han quedado heridas por la represión policial y militar, como es el caso de Luzmila Choquehuanca, herida de bala en la pierna el 7 de enero, quien se desplaza en silla de ruedas y señaló que se operó en una clínica porque no había capacidad en el hospital debido a la gran cantidad de heridos que llegaron el 9 de enero. Fecha conocida como «la masacre de Juliaca».


El hermano del médico asesinado Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Jualiaca, además de señalar que los juicios que han entablado al Estado van a paso de tortuga, precisó que los heridos están abandonados a su suerte por el gobierno y Ministerio de Salud. «No tienen atencion inmediata, les han dado de alta cuando deberían seguir el tratamiento en los hospitales», añadió.

Sobre la situación legal de los casos, el abogado de las víctimas de Juliaca, Quispe, señaló que ahora las Fiscalías de Derechos Humanos están empezando a ver los casos de las personas asesinadas, y que ya se vienen recogiendo algunos testimonios. Anteriormente los casos estaban siendo atentidos por otras Fiscalías no especializadas. Esta es una exigencia que debe plantearse en todas las regiones donde hay víctimas de la represión. Algunos familiares señalaron a Red Muqui que recién irán a declarar porque tenían temor ante el cambio de citaciones de la Fiscalía.

A su turno, el representante de la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, señaló que ellos no cuentan con defensa legal debido a que no cuentan con recursos económicos, y que se han sentido abandonados. «Agradecemos la invitación a este Encuentro, ahora estaremos articulados con otras víctimas de la dictadura en la lucha por justicia para nuestros familiares».

El hermano de Rosalino Flores de Cusco, señaló que además de la demora del traslado de su hermano al Hospital Loayza, cuando fue a pedir ayuda a los medios de comunicación de Lima, finalmente no emitieron un reportaje que habían realizado sobre el caso, porque luego salió el video cuando se ve que la policía dispara directamente por la espalda a su joven hermano, que no tenía intestino y no podía comer, producto de los más de 20 perdigones que recibió.

El hijo del ex dirigente Remo Candia de la comunidad Uninsaya Coyana de la provincia de Anta, Cusco, señaló que su padre antes de ser asesinado ya venía sufriendo el hostigamiento policial en su casa y que a pesar de ello fue a la ciudad de Cusco a apoyar la lucha como dirigente de su pueblo.»Si mi padre estuviera vivo hubiera impulsado este Encuentro Nacional junto a ustedes», precisó antes de finalizar su intervención.


Ante la pregunta a algunos familiares sobre el bono que entregaría el gobierno a las víctimas de la represión, varios señalaron que el dinero no les devolverá la vida de sus familiares. La madre juliaqueña de la joven de 17 años que estudiaba psicología señaló que espera que Dina Boluarte y los policías responsables paguen con la cárcel, la pérdida de la vida de sus familiares.

El Encuentro finalizó con arengas: «la sangre derramada jamás será olvidada, el pueblo unido jamás será vencido». Y se recalcó la importancia de desarrollar los próximos encuentros en los territorios de las delegaciones visitantes.

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La apuesta del régimen de Dina Boluarte por la “Mineria con todo” y nuevos conflictos a la vista en los territorios mineros

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A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

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Declaración del IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitoreos ambientales – Ayacucho 2023

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Reunidos en Ayacucho, los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023, en el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, representantes de 10 regiones: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua, frente a la actual crisis política y social que vive nuestro país, y luego de atravesar dos años de la crisis sanitaria de la pandemia, expresamos:

Reconocemos que vivimos en un estado de desgobierno en el país. No nos sentimos representados por la señora Boluarte en la Presidencia de la República, quien traicionó al pueblo, y se mantiene en el gobierno por el apoyo de las fuerzas armadas, el aval del Congreso de la República y el Poder Judicial. El pueblo votó por un cambio en las últimas elecciones generales, pero el actual gobierno no representa el cambio que elegimos.

Ni el actual gobierno central ni el Congreso de la República tienen legitimidad, solo el 6% de la población aprueba al actual congreso, y el 15 % a Boluarte. No han sido capaces de escuchar, comprender y atender las necesidades reales del Perú multicultural. Al contrario, hemos sido discriminados, sufrimos el racismo, somos estigmatizados como “terroristas” por el sólo hecho de aplicar el derecho de la legítima protesta social para buscar una mayor participación política en la toma de decisiones como país.

Ello se evidencia en las lamentables 66 personas fallecidas, 49 de ellas hermanas y hermanos peruanos asesinados por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF) disparados al cuerpo, sin ningún respeto por la vida humana. Un gobierno es elegido para mejorar las condiciones de vida de las y los peruanos, no para ser violento y “matar al pueblo” para mantener los privilegios de algunas y algunos, con el apoyo evidente de gran parte de los medios de comunicación.

No nos sentimos libres en un país donde el gobierno decide en contra de nosotros y nosotras, entregando concesiones mineras a empresas transnacionales sin consulta previa. Además, no actúa frente a las 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, ni hace nada frente a la contaminación de los ríos por actividades extractivas, en particular mineras. En cambio, sigue militarizando el país y dictando estados de emergencia, especialmente en zonas mineras.

Frente a la difícil realidad que nos toca vivir en este momento de la historia, en Ayacucho, tierra en la que se definió la independencia de nuestro Perú, acordamos:

  • Respaldar la lucha de nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional, y especialmente en el sur andino, asumimos como nuestra su agenda: la renuncia de Boluarte a la Presidencia de la República, una nueva mesa directiva en el Congreso de la República, la convocatoria urgente a nuevas elecciones generales, y el inicio de un proceso constituyente con participación activa de los pueblos originarios y organizaciones sociales a nivel nacional, sin discriminación, estigmatización, criminalización y judicialización.
  • Reafirmar nuestro compromiso, como parte de nuestra identidad cultural, como vigilantes y monitores ambientales en el cuidado, protección y defensa de nuestros territorios y en especial del agua, el ambiente y la vida, porque “uno cuida lo que conoce, si no lo conoce no le da importancia”. Asumimos este rol ante un gobierno que administra un Estado ausente, cuyas instituciones están deslegitimadas y actúan en silencio o favoreciendo a las empresas y sus intereses, pero nunca al pueblo y sus derechos, que debe ser su prioridad.
  • Fortalecer nuestra organización y articulaciones como vigilantes y monitores ambientales, construyendo agendas desde las Organizaciones Sociales de Base, para exigir, con los resultados de nuestra labor, los cambios que necesitamos en el país y sus instituciones.
  • Exigir, como vigilantes y monitores ambientales, el reconocimiento de nuestras organizaciones y su rol, a nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Por lo anterior, resulta imperante la aprobación del proyecto de ley que busca el reconocimiento de nuestras organizaciones y resultados del monitoreo y vigilancia ambiental, a fin de que estos sean incorporados como alerta temprana en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).
  • Exigir a los gobiernos regionales, locales y las instancias competentes del gobierno nacional, la priorización de las problemáticas ambientales en sus agendas, y considerar apoyo en la formación e implementación de los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental.
  • Apoyar las iniciativas que en el Perú y a nivel internacional buscan establecer normativas vinculantes que exijan a las empresas y a los estados de origen de las empresas el cumplimiento del principio de la debida diligencia, que implica cumplan con estándares ambientales y de derechos humanos en sus operaciones más allá de las normativas laxas que existen en países como el Perú para favorecer las inversiones.

El Perú es un país de todas las sangres, que nos exige caminar juntos, renunciando a privilegios que nos permitan buscar el bien común, el “sumaj kawsay”, el buen vivir, incluyendo a nuestra Pachamama. Las y los vigilantes y monitores ambientales seguiremos caminando con dicho objetivo.

 

Ayacucho, 24 de marzo del 2023

  • Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar – Cusco
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Marcapomacocha – Junín
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Chuschi – Ayacucho
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Carata, Coata – Puno
  • Presidente de la Junta de Regantes de Bambamarca – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Tupicocna – Chosica
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Viso
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de San Bartolomé
  • Vigilantes y monitores ambientales de Santiago de Chuco – La Libertad
  • Vigilantes y monitores ambientales de Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Encañada – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Apurímac
  • Vigilante y monitor ambiental de Cotabamba – Apurímac
  • Vigilantes y monitores ambientales de Moquegua
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Huamachuco
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Cajabamba y Valle Condebamba
  • Coordinadora Interregional de vigilantes y monitores ambientales de La Libertad – Cajamarca
  • Red Muqui
  • CEDAP – Ayacucho
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • AMAS – La Libertad
  • CooperAcción
  • DHUMA – Puno
  • DHSF – Cusco
  • Grufides – Cajamarca
  • PASSDIH – Junín
  • Centro Labor – Pasco
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Voceros y voceras de los defensores de DD.HH. de Perú evalúan la actual crisis y plantean acciones a futuro

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En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el pasado 20 y 21 de febrero, se realizó la reunión de voceros y voceras de las macroregiones Centro, Sur, Norte y Amazonía de defensoras de la campaña. En este evento, en el que participaron defensores de diferentes regiones del país (Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Junín, Apurímac, Puno, y Amazonas),

El evento inició informando sobre el contexto actual en sus regiones, las movilizaciones y las actividades realizadas como voceros y voceras defensoras del ambiente. Esto ha sido fundamental ya que, como red articulada de defensores, es fundamental que se conozcan sus realidades, problemáticas, entre otras.

Defensores, como Rosa de Piura, han señalado que el material y las capacitaciones brindadas por las organizaciones les han servido mucho para continuar informando a sus comunidades, para fortalecer sus mecanismos de autoprotección, y conocer sus derechos.

En zonas como la Amazonía, actualmente, tratan de callar a los dirigentes y generan miedo cuando apresan a uno. Sobre esto, se señaló que la actuación de la policía y las FFAA en las recientes movilizaciones ha sido un uso abusivo de la fuerza, y esto se ha comprobado porque los proyectiles han sido encontrados en la cabeza, espalda y por encima del tórax. Se consideró que lo que se debe buscar es evitar la impunidad de los policías, militares y establecer las responsabilidades políticas.

Como un segundo momento clave de la reunión, los representantes de las organizaciones del Grupo Impulsor y los voceros y voceras defensoras, realizaron una evaluación de las acciones y de las diferentes etapas de la campaña hasta la fecha.

Se coincide que se ha logrado fortalecer el auto-reconocimiento como defensores y defensoras ambientales, esto es fundamental ya que impulsa más la labor que realizan y se autoidentifican como actores que cumplen una labor importante en la protección de la vida. Asimismo, se han logrado visibilizar la situación de los defensores/as y sus demandas en espacios internacionales.

Los voceros y voceras defensoras señalaron que, a lo largo de la campaña, han logrado fortalecer sus capacidades y conocimientos a través de encuentros y talleres realizados en diferentes regiones, lo cual les ha permitido articularse mejor como defensores a nivel nacional, y poder tener más herramientas para autoprotegerse, ante la ausencia del Estado.

Si bien los y las participantes hicieron evidentes algunas debilidades de la campaña como consolidar más la articulación con organizaciones en los territorios; estas debilidades se pueden superar y contrarrestar con oportunidades que se han presentado gracias a las acciones y al trabajo que se ha venido realizando, como el compromiso que ha aumentado de organismos internacionales de derechos humanos para con los defensores; y el trabajo continuo con gobiernos locales y regionales para visibilizar la importancia de la labor de defensores a nivel regional y nacional.

Además de las oportunidades que también coinciden con las del grupo impulsor, los voceros y voceras defensoras consideraron al apoyo de medios de comunicación alternativos como un aliado fundamental para visibilizar sus voces y articular con más actores sociales y políticos. Asimismo, ven al hecho de que se den nuevas Elecciones, una oportunidad de cambio y salida de la crisis social, institucional y política.

Como un siguiente momento, los voceros y voceras del Centro acordaron realizar acciones para fortalecer la campaña y visibilizar sus demandas. Voceros de la Macrorregión Centro, se comprometieron a buscar tener más presencia en medios de comunicación como la radio para visibilizar sus demandas y la vulneración de los derechos humanos y ambientales, y fortalecer la red de defensores.

En cuanto al Sur, se realizarán talleres de capacitación en políticas ambientales para una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, y se solicitará la activación del Mecanismo de Protección para personas defensoras.

En cuanto a la Macrorregión Norte, diseñarán mini-campañas en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre la vulneración de derechos humanos y ambientales, sobre todo la criminalización, como en el caso de defensores de Chaparrí-Lambayeque; también convocarán reuniones con autoridades locales y regionales, así como con los frentes de defensa y rondas campesinas de sus zonas. Otra acción es la articulación con asociación Ecoaliados ADEADSEC – Sechura.

Finalmente, en cuanto a la Amazonía, se estableció que se coordinarán para la realización de más talleres de fortalecimiento para sensibilizar sobre la vulneración de derechos a través de espacios de radios locales; coordinar un segundo taller de defensores ambientales de la Amazonía. Asimismo, coordinar reuniones que visibilicen las afectaciones al medioambiente, como en el distrito de Imaza, Bagua.

La campaña, así como las organizaciones que la conforman, se han comprometido a seguir luchando contra las amenazas actuales que sufren las personas defensoras, ya que en el contexto actual de crisis que se vive en el país, ha habido un incremento de asesinatos, amenazas, estigmatización, criminalización y discriminación contra defensores de derechos humanos y ambientales.

“Protege A Quienes Nos Protegen”.

Imágenes del evento:

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Criminalizan y acosan a dirigentes aymaras y delegaciones que viajan a Lima

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Las delegaciones de diversos distritos aymaras que se encuentran viajando desde Puno a Lima en el marco de las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, vienen siendo criminalizadas y hostigadas por la policía, quienes les vienen haciendo el control de identidad y revisando sus pertenencias más de 12 veces en lo que va el recorrido.

Cuando los ciudadanos aymaras reclaman por estas intervenciones continuas, la policía les señala que está prohibido el pase de “grupos” y los amenaza señalando que tienen orden de detener a los protestantes. Cuatro buses están en camino a Lima y estos días partirán más buses desde Puno. Un ciudadano aymara relató a la red portal de Juliaca que primero los forman, los hacen esperar un largo rato, revisan sus cosas, no encuentran nada malo y luego vuelven a revisar. La policía nos grita diciendo: “no deben llevar hondas, huaracas, ni whipalas’.

Como se recuerda, el 9 de enero se realizó la masacre de Juliaca, en que 21 personas fueron asesinadas, algunas de ellas no estaban protestando y fue asesinada una menor de edad.

El lunes, 30 personas de Madre de Dios fueron retenidas 4 horas en la comisaría de Abancay, Apurímac, cuando estaban dirigiéndose hacia Lima. Esa delegación ya se encuentra en Lima.

Orden policial

El 22 de febrero se emitió un documento de la División de Seguridad de Penales de la PNP (DIVSEPEN) que criminaliza a los dirigentes y organizaciones sociales de los distritos de Puno: Pomapata, Yunguta, Sepita, por tomar la decisión de protestar en Lima, señalando que “muy probablemente se reúnan con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”.

En el comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la DIVSEPEN, se indica al dirigente Edgar Chura Mamani del Frente de Defensa del Sur y Recursos Naturales de Puno, por supuestamente haber encabezado la reunión en que las organizaciones de los distritos señalados tomaron la decisión de viajar a Lima para continuar con las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que les devuelva el poder sobre los recursos naturales que están en sus territorios, como el litio.

Al dirigente mencionado, se suman el informe de la Dirección de Inteligencia de la PNP que se hizo público a inicios de enero, en que se señalan como supuestos organizadores violentistas a los dirigentes Lucio Ccallo Ccallata de Ilave, así como a Reynaldo Villahermosa, secretario general del SUTE de la provincia de Puno; a Félix Suasaca del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata;Amador Núñez, Orlando Sanga, Alex Pilco y Marcela Gonzales.

El documento policial en mención cierra con la siguiente orden: “Los jefes de los departamentos de la DIVSEPEN PNP (División de Seguridad de Penales), teniendo presenta la información precedente adoptarán las acciones y las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia, a efectos de hacer de conocimiento a la totalidad del personal bajo su mando para que extremen las medidas de seguridad durante el desplazamiento en zonas de conflicto”.

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, estos son actos de criminalización de la protesta, debido a que se sindica a dirigentes y organizaciones como si fueran criminales, amenazándolos para que no puedan ejercer su libre derecho a la protesta como manda la Constitución.

El abogado de Puno, César Quispe, agrega que la actual acción policial de intervenir a las delegaciones que se encuentran viajando es una grave violación a derechos humanos, a la libertad de tránsito y el derecho a la paz, como está establecido en la Constitución. Precisa que esto ocurrió también la primera vez que viajaron delegaciones de Puno a Lima durante el mes de enero.

 

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