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¿Minería: Cinco minutos de éxito y las bases de la vida condenadas a morir?

Por: Ing. Ec. Juan Aste Daffós

No pocos escritores, políticos y periodistas repiten en diversos medios de comunicación que “la minería es el sector más importante de la economía peruana” y afirman que “nadie duda de la importancia de la minería peruana” y hablan de distritos, provincias y regiones “mineras” o de “Perú país minero” o “Perú país cuprífero”, adicionalmente señalan que históricamente la minería ha sido un sector clave de la economía peruana. Incluso, los supuestos promotores de la diversificación productiva y la necesidad de una minería responsable se reafirman en la importancia de la minería. Sin embargo, detrás de estas estas afirmaciones está el interés de las corporaciones mineras agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la condescendencia de determinados actores preocupados por ser aceptados como “dialogantes” por la élite política y empresarial minera, el gobierno y los medios de comunicación concentrados que juegan a su favor, y liberarse de ser acusados como ambientalistas “antimineros”.

Empecemos a desmitificar la “importancia” del modelo extractivista minero. Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la palabra importancia es una “cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia.” (1). Como señaló el economista de la Universidad del Pacífico, Bruno Seminario, “la minería ni siquiera en la Colonia fue la actividad más importante del Perú” (video), sino que recién comenzó una expansión limitada desde los años 50 del siglo pasado e incluso en la década de los 90s pasa de los 1,649 millones de dólares USA (1992) a 3,205 millones de dólares (2001), para luego representar más del 60% de las exportaciones totales en 2020 y 2022 con 26,593 millones de dólares y 38,803 millones de dólares respectivamente, producto del ciclo de precios altos de los metales desde el 2003 al 2014 y luego en 2020-2023 del aumento de la demanda, el precio y la producción después de la pandemia. Así fue que la producción del cobre se duplicó en 2012-2016. Este incremento de las divisas impulsó el aumento de las importaciones, y con ello, se acentuó la sustitución de la producción y el descenso de empleos internos (formales) aumentando las economías informal e ilegal, que no son otra cosa que la evidencia de la incapacidad del modelo económico para generar empleo y mayor producción en el país.

En consecuencia, la diversificación productiva o la cada vez menor dependencia de la minería en el marco de un proceso participativo de descentralización es lo más importante para el Perú porque es lo más conveniente, deseable, trascendente y estratégico, y por lo tanto, vital para no seguir destruyendo la producción y el empleo en el país. De lo contrario, se estaría propiciando la ampliación de las economías informal e ilegal y el centralismo en Lima, al aumentar la dependencia de las importaciones y las variaciones del mercado internacional a que nos lleva el modelo extractivista minero, que ha evidenciado ser un modelo económico no sostenible para el Perú. Quienes desean la expansión minera anárquica y sin límites del extractivismo minero son las corporaciones transnacionales mineras porque hoy están intentando asegurarse las ganancias para el mediano y largo plazo en el contexto de un gobierno débil y en el marco de la llamada transición energética. Modelo promovido por las sociedades del norte industrializado y que prevé la descarbonización y el fomento de las energías renovables y de la electromovilidad entre otros. Sin embargo, este modelo que reproduce patrones de consumo ilimitado sigue acelerando la crisis climática y destruyendo el planeta.

Por ello, la minería sí es importante, pero para las empresas transnacionales mineras articuladas a la cadena de producción mundial industrial en los eslabones posteriores (industrias consumidoras de metales) y anteriores (suministradoras) en el mercado internacional. La descarbonización y el uso de energías renovables (transición energética) y la electromovilidad implica una mayor demanda de metales del sur global para satisfacer el consumo del norte global. Por esto y frente a una economía en recesión, aparecen quiénes afirman interesadamente o por desconocimiento que debemos impulsar la expansión minera sin límites “destrabando los proyectos mineros” para conseguir los ingresos suficientes para el desarrollo de las regiones y el país. Algo que no ha ocurrido nunca, menos ahora que la participación de las comunidades y poblaciones locales no tienen autonomía en sus territorios y los gobiernos regionales y locales y el propio gobierno nacional deciden el uso de los recursos sin que ello genere un impacto significativo en la economía interna de cara al futuro. Además, los proyectos mineros con licencia social conseguida con acuerdo previo, no con consulta, tienen períodos de maduración de entre 7 y 10 años en el mejor de los casos.

Sin embargo, en períodos de recesión económica y con un nivel prohibitivo de déficit fiscal, aún con el ingreso tributario minero del 10 por ciento en promedio del total de ingresos tributarios del Estado, que se reducen a 3 por ciento neto de devoluciones, la minería aparece como un aportante significativo. No obstante, la minería es un “mal necesario” en el corto plazo, porque lo deseable es que el Perú dependa cada vez menos de esta actividad extractiva para el mediano y largo plazo, dado su impacto ambiental y social sobre cuencas y poblaciones que afectan estratégicamente la disponibilidad y la calidad de aguas superficiales y subterráneas y la producción agroalimentaria, y por lo tanto, los servicios ecosistémicos y la salud. Además genera informalidad, entendida esta como la incapacidad del modelo económico extractivista minero en generar puestos de trabajo. Empecemos haciendo ordenamiento territorial por provincias y regiones.

Lima, 18 de febrero 2024

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A un año de la masacre en Juliaca y Cusco, familias y pueblos exigen justicia

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En varias plazas de la provincia de San Román, como Juliaca y San Miguel, se realizó el izamiento de bandera a media asta desde el 7 de enero en señal de duelo por el año de la masacre de Juliaca, que contó con la participación de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero.

Asimismo, algunas familias conmemoraron en romería a sus familiares asesinados. Al día siguiente, 8 de enero se dio una conferencia de prensa y posteriormente, se desarrollaron diferentes actividades, entre presentaciones de documentales, libros, poemarios, vinculados al año de impunidad para todas las familias del sur andino de Cusco, Ayacucho, Apurímac y las diferentes provincias de Puno que arribaron a Juliaca para seguir exigiendo justicia a una sola voz.

Llegado el 9 de enero, Juliaca exhibió en el bypass, ubicado cerca al aeropuerto, – donde fueron heridas la mayoría de las víctimas mortales – las fotografías de gran parte de las personas asesinadas y heridas de gravedad, tras las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción en el gobierno de Dina Boluarte con el respaldo del Congreso, las FFAA, PNP y el gremio empresarial CONFIEP. La Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero realizó esta acción en la madrugada y también fue parte del develamiento del monumento a las víctimas realizado en Puno capital a las 8 de la mañana.

La llegada de las delegaciones de todos los lugares

Al mismo tiempo, las otras carreteras de ingreso a la ciudad de Juliaca se encontraban bloqueadas desde las 5 de la mañana por delegaciones de las provincias de Huancané, Ilave, Melgar y Juliaca, que a las 8 a. m. empezaron a marchar hacia el bypass, animando en el camino a que más gente se sume a la concentración en el óvalo del puente, donde posteriormente inició una misa en la que nombraron a cada una de las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, incluido el policía Jose Luis Sonqo, quién fue quemado (no se sabe aún por quiénes) y se nombró de forma genérica a los 6 militares aimaras que murieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave.

Durante el desarrollo de la misa, se iban sumando más delegaciones con banderolas de diferentes provincias y comunidades de la región. Asimismo, al finalizar la misa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, aseguró que no iban a cesar hasta lograr justicia para todos los familiares y víctimas de la represión. El pueblo en su diversidad, con sus banderolas en mano, aplaudió y gritó: la sangre derramada jamás será olvidada.

La organización y el arte en lucha

Terminada la misa, al compás de más de 100 músicos de diferentes bandas que se juntaron para hacer resonar el himno de protesta: esta democracia ya no es democracia. De la misma manera, el himno de lucha: el pueblo unido jamás será vencido. Así fue como inició la marcha de más de una hora rumbo a la plaza de armas de Juliaca junto a más de 50 autoridades comunales que vestían de negro y que marcharon ordenadamente junto a las organizaciones de barrios, de mercados, comercios, colegios profesionales, asociaciones civiles, rondas y comunidades campesinas, sindicato de profesores, organizaciones animalistas, juveniles, etc., encabezados por la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, que lograron aglutinar a más de 20 mil personas.

Una vez en la plaza de armas de Juliaca, la Asociación de Víctimas se postró frente a la iglesia con la imagen de sus familiares y las organizaciones sociales de Puno y delegaciones de otras regiones del sur, desarrollaron un mitin en el que ratificaron la lucha por justicia para las víctimas y dirigentes criminalizados por protestar, además , se pronunciaron contra la privatización del agua, contra “el saqueo de los recursos naturales” y por lograr una nueva constitución.

Las investigaciones en curso

Consultado telefónicamente, el abogado Cesar Quispe señaló que la carpeta de la investigación de la masacre en Juliaca ha pasado por cinco fiscales y que buscan una reunión con el fiscal de la Nación interino para pedirle que el equipo especial de fiscales de Lima coordine las diligencias con los fiscales de derechos humanos de Juliaca, y así las diligencias puedan avanzar, ya que solo se han recabado declaraciones de un 30% de los policías.

Quispe señaló a Red Muqui que ya han sido identificados algunos presuntos responsables de la represión mortal: cuatro policías y un oficial del Ejército; y espera que los fiscales a cargo pidan prisión preventiva para ellos.

El año de la represión mortal en Cusco

Desde el 9 de enero iniciaron los actos conmemorativos en la ciudad del Cusco con una exposición fotográfica de la represión del régimen de Boluarte a nuestros pueblos del sur. Durante la exposición frente al colegio de Ciencias, los organizadores denunciaron la presencia de los policías ternas. Al día siguiente, 10 de enero, las organizaciones cusqueñas en defensa de los derechos humanos y la familia del exdirigente comunal de Anta, Remo Candia, realizaron una vigilia y colocaron un arreglo floral en el lugar en el que Remo Candia fue herido de muerte el 11 de enero. El día posterior, el mismo 11 de enero, la familia de Rosalino Flores junto a las organizaciones de activistas en derechos humanos realizaron una exposición fotográfica al mediodía y luego caminaron por la avenida 28 de julio hasta el árbol donde Rosalino fue impactado con 36 perdigones a escasos metros, que lo tuvieron en coma durante más de 2 meses hasta el 18 de marzo en que falleció en un hospital en Lima.
Sumado a ello, las protestas de ese día, registraron 38 heridos civiles por parte de la Defensoría del Pueblo.

Existen pistas para identificar a policía que disparó a Remo Candia

Durante las declaraciones que brindaron a la prensa el 10 de enero, el señor Jaime Candia, hermano de Remo Candia, señaló que ahora la familia se está haciendo responsable de los tres niños que quedaron huérfanos y que ellos protestaban pacíficamente desde días antes. La abogada de la familia, Judith Conto, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, dijo que, de acuerdo a los dos videos visualizados, el policía que disparó contra el exdirigente de Anta es un oficial que pertenecería a la Unidad de Servicios Especiales (USE) o al escuadrón Kallpa, quienes se encontraban frente al lugar donde Remo Candia fue impactado con proyectil de arma de fuego. “Estamos esperando la homologación de la pericia balística experimental respecto al proyectil de arma de fuego que se encontró en el cuerpo del señor Remo Candia”, declaró la abogada, seguidamente agregó que también están esperando el video de la municipalidad de Santiago que ayudaría a visualizar al policía que habría disparado.

Está circulando en redes un video de Wayka que muestra a policías disparando contra los manifestantes, que luego ocupan ese lugar, y 10 minutos después se ve a los manifestantes y a una persona que es impactada y cae al suelo.

Policía que disparó a Rosalino Flores sigue prófugo

El 5 de enero, el magistrado Leodan Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva por un año y medio para el policía Erik Torres Lovón, que disparó en la av. 28 de julio a Rosalino Flores el 11 de enero del 2023. Desde el primer momento, la institución policial buscó proteger al policía Torres, señalando que solo había trabajado hasta las 2 p.m. el día del trágico suceso. Sin embargo, en los videos encontrados, se ve al policía a las 4 de la tarde, hora en que Rosalino fue herido. Además, la policía inicialmente negó la participación del equipo SUAT, donde pertenece Torres, y alteró la fecha de devolución de la escopeta de caza perdigonera que estaba en poder de Joe Torres, expuso el representante de la Fiscalía.

En declaraciones a la prensa, Juan Flores, hermano de Rosalino, señaló que la policía está protegiendo a Torres y si es que tuviera algo de responsabilidad, entregarían al policía, pero mientras no lo hagan, seguirá desconfiando en la PNP.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y organización del Cusco y del Perú a seguir luchando para encontrar justicia.

En Puno, el próximo 18 de enero se cumple un año de la muerte de Sonia Aguilar Quispe, quien perdió la vida durante las protestas en Macusani, en la provincia de Carabaya, Puno. Sufrió un impacto de proyectil y dejó 2 hijos huérfanos. Ese día habrá izamiento de bandera en Macusani, movilización pacífica y misa para exigir justicia para Sonia, una mujer luchadora, según testimonio de su padre, quien fue dirigente del Sutep en décadas pasadas. “Mi hermana salió a protestar, a pesar del peligro, porque fue un acuerdo del pueblo y no los podía dejar solos”, narró la hermana de Sonia, quien tuvo una comunicación telefónica con ella desde Lima, horas antes de que sufra el disparo por parte de la policía.

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7 diciembre: A un año de la gran revuelta popular, campesina e indígena

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Este 7 de diciembre se cumple un año del intento de golpe del expresidente Pedro Castillo y su posterior vacancia por parte del Congreso de la República. A partir de esta fecha asumió la presidencia del Perú Dina Boluarte, que inmediatamente estableció una alianza con los grupos más conservadores, mafiosos y perdedores de las elecciones presidenciales del 2021, incluido el Congreso, abandonando rápidamente la agenda reivindicativa derechos en favor de las comunidades y poblaciones más empobrecidas del país con la que fue elegida en la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales. A partir de aquel 7 de diciembre, luego de la destitución de Castillo, se desató una gran movilización popular de corte popular, campesina e indígena que remeció el país.

La movilización comenzó en las entrañas del surandino peruano, específicamente en Andahuaylas – Apurímac, extendiéndose rápidamente a Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica. Las organizaciones sociales y poblaciones de marcada composición campesina e indígena, comenzaron a desconocer el gobierno de Dina Boluarte y a exigir el cierre del Congreso. El Barrio Chino en Ica, una de las zonas donde se aplica el régimen laboral más explotador desarrolló bloqueos de carreteras, en el distrito arequipeño de Chala las movilizaciones convocaron a una mayoría de población de procedencia indígena y campesina que tuvieron que migrar a la costa en busca de trabajo.

En Andahuaylas – Apurímac las mujeres indígenas fueron de las primeras en levantarse y a organizar las ollas comunes para sostener la protesta popular. Comunidades, organizaciones barriales, mercados y frentes de defensa sostuvieron esta revuelta que rápidamente se extendió al Sur Andino. Las comunidades campesinas se movilizaron masivamente hacia las capitales de sus regiones, y para enero del 2023 se retomaron las protestas. Las comunidades incluso decidieron movilizarse hasta Lima, la capital del país, para hacer sentir su voz de protesta. Las demandas principales de estas movilizaciones giraron en torno a la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, entre otras consignas.

Así también desde el inicio, la represión policial y militar con la que respondió el gobierno fue brutal y sanguinaria. La CIDH ha reconocido que se cometieron masacres, por la masividad del ataque y el uso indiscriminado de la fuerza. Según la Coordinadora Nacional de DDDHH, hasta la fecha se registran 49 personas asesinadas y un centenar de heridos por el uso ilegítimo de la fuerza estatal. A casi un año de los hechos, no existe ningún policía o militar sancionado por estos hechos. Pese a que el Estado desarrolló una política de persecución y detenciones arbitrarias, que incluyó el apresamiento de jóvenes campesinos por protestar en Cuyo Grande en Cusco o de trabajadores agrarios en Ica. Las vulneraciones y vejámenes de la población indígena movilizada fueron reiteradas, y en ella se reflejó el racismo y la indiferencia que le despensa la sociedad mayoritaria en las capitales de las regiones a los habitantes originarios provenientes de las comunidades.

A un año de estos hechos históricos y dolorosos para el pueblo, la situación política y económica empeora cada vez más. Especialmente el Congreso de la República ha consolidado su poder, junto a aliados como Patricia Benavides, que a pesar de las evidencias de corrupción solo ha sido suspendida del Ministerio Público. Los sectores autoritarios y el fujimorismo han logrado uno de sus principales objetivos: la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, una acción facilitada por Dina Boluarte que sigue siendo útil a los intereses de las mafias y los grandes grupos económicos como ha quedado evidenciado en estos días.

Por su parte los gremios mineros, preocupados por garantizar sus inversiones han pedido que la crisis institucional no les perjudique. En consonancia Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola ya han anunciado el reimpulso de proyectos mineros, a pesar de que estos causarán aún mayor rechazo y conflictos sociales, tal como ha ocurrido con proyectos similares en las últimas décadas. En medio de esta grave crisis, el empresariado minero se sigue fortaleciendo y tantea el terreno para garantizar sus proyectos. Por ello han propuesto realizar una serie de reformas para garantizar sus inversiones a costa de la institucionalidad ambiental y en desmedro de los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Sin duda, la reacción de las organizaciones impactadas por la minería no se va a hacer esperar, en las últimas semanas ya se han desarrollado masivas movilizaciones campesinas en defensa del agua como en Candarave- Tacna y en Lambayeque.

En síntesis, a un año del régimen de Boluarte y su alianza autoritaria es preciso manifestar que las agendas que propiciaron las masivas movilizaciones siguen más vigentes que nunca, y no se ha parado la descomposición institucional del Estado en todos sus ámbitos, ni se ha puesto freno a la impunidad policial y ni a la criminalización a los manifestantes, la corrupción y el blindaje de altas autoridades estatales. También sigue campando el racismo y la discriminación hacia las comunidades y los pueblos indígenas movilizados. Por otra parte, es evidente la complicidad de los empresarios y gremios mineros para aprovechar la crisis para expandir sus negocios, con lo que se arriesga la reactivación de los conflictos sociales en los territorios por tantas demandas insatisfechas. Por todo lo anterior y frente al deterioro de la democracia y por el respeto a los DDHH en nuestro país es tiempo de organizarnos y movilizarnos por un nuevo pacto social.

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Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca exige salida de fiscal Benavides y justicia para víctimas en protestas

La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, junto con sus abogados y representantes de organizaciones sociales de Puno, brindó hoy una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los recientes escándalos de corrupción que involucran a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República y al gobierno ilegítimo de Dina Boluarte.

Recordemos que se ha denunciado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y a sus asesores cercanos por, supuestamente, integrar una organización criminal, la cual tendría un alto grado de influencia en decisiones clave del Congreso de la República, como negociar la designación del Defensor del Pueblo, la destitución de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Avalos y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según la tesis fiscal. Por esa razón, en la conferencia, los representantes de la asociación exigieron la renuncia inmediata de la fiscal Benavides.

Foto tomada por DHUMA

Uno de los voceros de la asociación y hermano de víctima de las represiones en Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló que “no existen garantías en los procesos de investigación por los casos de asesinatos y represión ocurridos en las protestas contra el actual gobierno de Dina Boluarte”. Asimismo, denunció que los delitos de colusión entre poderes obstaculizan la justicia y vulnera la memoria de los asesinados en protestas sociales.

Como se mencionó anteriormente, los representantes de la asociación fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos que exigieron también la salida de la fiscal de la Nación y analizaron cómo estos actos de corrupción pueden afectar las investigaciones señaladas y la justicia en el país.

El representante de la organización FEDERH-Puno, Edwin Poiré declaró que en el Perú “estamos viviendo días terribles por el enfrentamiento entre la Presidencia y la fiscal, Patricia Benavides. “¿Quién sabe qué otros poderes ocultos se mueven en esas instancias para obstaculizar la justicia?”.

Por su parte, José Bayardo, el abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), hizo alusión a que a casi un año de las represiones en las protestas contra el actual gobierno de Boluarte, las investigaciones no avanzan y los familiares no encuentran justicia. “La fiscal Patricia Benavides, en todo este tiempo más bien ha obstruido las investigaciones y no ha habido ningún avance en estas. Recién cuando se sienten contra la pared, cuando la justicia está detrás de ellos actúan”.

Finalmente, la doctora Miriam Escalante, representante de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), declaró que “las familias de las víctimas no pueden estar a merced de las disputas de poder que estamos presenciando entre parte de la Fiscalía, la Presidencia y el Congreso, han pasado once meses y aún no hay ningún detenido pese a las pruebas contundentes”.

Al culminar, los integrantes de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno pidieron a la ciudadanía estar alerta de las denuncias que se vienen suscitando en el cruce de poderes, de manera que no se siga vulnerando la justicia y la democracia en el Perú, así como tampoco la memoria de los asesinados y víctimas de las protestas sociales.

Cabe mencionar que diferentes organizaciones, instituciones y organismos nacionales se han pronunciado sobre las denuncias que involucran a la fiscal Benavides, a quien le exigen su retiro del cargo y se investiguen los hechos.

Por su parte, la Red Muqui y las organizaciones sociales que la conforman, también han elaborado el siguiente pronunciamiento:

Por este medio también compartimos el pronunciamiento elaborado por el Colectivo de Abogados del Sur Andino, del cual forma parte Red Muqui, y en el que se exige la salida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la renuncia del defensor del Pueblo, y se respalda al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el cual destapó los hechos de corrupción.

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Muerte de campesino torturado durante las protestas contra Boluarte no es investigada por el Equipo Especial de Fiscales

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Manuel Quilla Ticona, campesino aymara, natural de la comunidad de Huancané-Puno, llegó a Lima en marzo para protestar contra el régimen autoritario de Dina Boluarte. Durante su manifestación pacífica, Manuel sufrió acoso discriminatorio y fue torturado por las fuerzas policiales. Falleció días después debido a las múltiples lesiones graves en su cráneo y extremidades superiores e inferiores.

Pese a tratarse de un hecho de violación de derechos humanos, específicamente tortura, en contexto de la represión policial, la investigación no es asumida por el Equipo Especial de Fiscales. Las diligencias son realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad, situación que impedirá identificar a los verdaderos responsables de la muerte y formular una posterior imputación. Debido a que las investigaciones no parten de la base de que Quilla Ticona fue detenido cuando ejercía su derecho a la protesta social, el 15 de marzo de este año, en Lima; ciudad a la que había viajado desde Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Luego fue trasladado a las comisarías policiales de Petit Thouars y San Andrés. Sus familiares perdieron contactó con él hasta dos días después en que apareció con signos visibles de haber sido golpeado en forma brutal, al punto que no reconocía a su familia y se expresaba en forma incoherente. A causa de esa brutal golpiza y luego de una penosa agonía, el 31 de marzo murió a los 35 años en su casa en Huancané. La necropsia concluyó que su muerte fue producto de un traumatismo encéfalo craneano grave, causado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en el tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores.

Cabe señalar que la Red Muqui acompaña este caso y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ asumió la defensa legal de los deudos de Quilla Ticona. Al respecto, David Velazco Rondón, director de FEDEPAZ y abogado de los deudos antes citados, explicó que este, por ahora, es el único caso de tortura denunciado en el marco de las protestas sociales, por lo que habría intereses detrás para que no sea investigado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Esto debido a que probaría, una vez más, las graves violaciones de derechos humanos cometido por el Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte durante las marchas registradas a fines del año 2022 y a inicios de 2023.

“Si habría un delito de tortura (en las investigaciones que se desarrollan), (este) tendría una gran solidez como caso. La Fiscalía dice que estos hechos denunciados no fueron durante las protestas. Es falso, (él) fue detenido y golpeado cuando ejercía su derecho legítimo de protestar. La pericia (médico legal) ya fue presentada a la Fiscalía y hay evidencia de que se trata de un caso de tortura por (una serie de) graves hematomas en la cabeza y cuerpo”, declaró.

LENTITUD FISCAL

La pareja de Manuel Quilla Ticona, Irma Cayo Sánchez, viajó desde Puno a Lima para participar de las diligencias realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad. Después de 8 meses del deceso, se programó la inspección en las inmediaciones de las avenidas España con Garcilaso de la Vega, en las comisarías Petit Thouars y San Andrés, así como la revisión de las cámaras de seguridad que grabaron las circunstancias de la detención de Quilla Ticona.

“El avance (de la investigación) es muy lento. La muerte de mi esposo ha afectado a toda mi familia a nivel psicológico y económicamente. Queremos que se agilice el caso y no dilate más tiempo (la Fiscalía), después de 8 meses recién tiene que salir la Fiscalía a inspeccionar y verificar las cámaras”, concluyó Cayo.

Manuel Quilla Ticona era el único sustento de su familia. Dejó en la orfandad a dos niños, una menor de 11 años y otro niño de 2 años. A la fecha su familia exige justicia.

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Plan Unidos prioriza la construcción de 7 proyectos mineros en cabeceras de cuenca y en donde no hay licencia social

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Hace unos días el Ejecutivo anunció el lanzamiento del Plan Unidos, que contiene propuestas para impulsar la inversión privada destrabando los trámites e implementando siete proyectos mineros hacia el 2025. El propósito es recortar permisos ambientales lo que amenazaría el medio ambiente y a los derechos humanos.

En esta nota, revisamos las implicancias ambientales y sociales que pueden traer estos 7 nuevos proyectos cupríferos.

¿En qué consisten estos proyectos?

En principio, la mayoría de estos proyectos no cuentan con licencia social de las comunidades y poblaciones que están dentro su área de influencia. La mayoría de los proyectos son operaciones a tajo abierto que se encuentran ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen el agua de zonas rurales y urbanas, por lo cual deben ser protegidas de la amenaza que representan las actividades extractivas e industriales, más aún en un contexto de múltiples crisis: hídrica, climática y alimentaria, advirtió el especialista socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.

“Un proyecto en cabecera de cuenca, por más pequeño que sea, afectará considerablemente las fuentes hídricas y eventualmente (ocasionará) la desaparición de manantiales, bofedales y lagunas. Sobre todo, cuando se trata de minería a tajo abierto los impactos van a ser irreversibles. Cuando se debilitan los instrumentos de gestión ambiental, también se debilitan los sistemas de fiscalización ambiental y, por ende, se van agravar los impactos ambientales. Otro tema es que (los proyectos) no tienen licencia social de las comunidades que viven en los territorios y no se ha aplicado la consulta previa a los proyectos mineros. Los sistemas de participación ciudadana han sido casi inexistentes en la aprobación de diversos proyectos mineros (EIA, MEIA, ITS) y a partir de la pandemia se han virtualizado los procedimientos administrativos y más encima se implementó este sistema en zonas donde no hay señal (de internet)”, declaró.

Por lo tanto, buscar reducir mecanismos ambientales (evaluación y/o fiscalización) a favor del gremio minero que acumulan enormes deudas y con cuestionables prácticas (tributarias, sociales y ambientales) impactará en los ecosistemas, de igual manera, los modos y formas de vida de las comunidades y población local, quienes han elegido, a través de mecanismos participativos como asambleas populares, consultas vecinales y movilizaciones, la agricultura, el turismo alternativo y la ganadería en lugar de la minería.

“El riesgo es latente y no se deben flexibilizar (los mecanismos ambientales), más bien deberían fortalecerse los sistemas de fiscalización ambiental (por parte del Estado) porque primero está la vida y la salud de los ecosistemas”, continuó Alejandro Berrospi.

Proyectos para el 2023 por US$ 2.419 millones:

1. Ampliación de Toromocho Fase II, en Junín: El proyecto de expansión de la empresa china Chinalco se ubica en la cabecera de cuenca alta del río Mantaro donde se encuentran las principales fuentes hídricas como las lagunas Huascacocha, Huacracocha, Turuca, entre otros.

En la Fase I, actualmente en operación, existe un conflicto social debido a que la minera ha incumplido una serie de compromisos, por ejemplo, el reasentamiento de 40 familias que vivían mucho antes de la llegada de Chinalco, pero terminaron siendo despojadas de su territorio. Por otro lado, parte de la población que fue reasentada en Nueva Morococha optó por migrar ante el desempleo. La mayoría de las viviendas que fueron entregadas por la minera para la reubicación lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros. Además, hay denuncias contra la empresa por contaminación con metales pesados. La Red Muqui presentó un informe de observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Toromocho, entre ellas: la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental (por los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley).

2. Reposición de Antamina, en Áncash: Destinado a extender la vida útil del proyecto por ocho años, del 2028 al 2036, a pesar de que la empresa Antamina tiene antecedentes de contaminación ambiental y complicado relacionamiento con las comunidades por acuerdos incumplidos en mesas de diálogo y denuncias por contaminación a la salud (por ejemplo en Huarmey). La ampliación de las operaciones abarcaría las dos vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico, ecosistemas importantes para la vida. La Red Muqui, tras analizar la MEIA, concluyó que la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia del proyecto minero.

Proyectos para el 2024 por US$ 964 millones:

3. Yumpag, en Pasco: La empresa Buenaventura proyecta prolongar la vida de la mina Uchucchacua por 15 años más. El proyecto está ubicado en la parte alta del río Huallaga, entre las regiones de Pasco y Huánuco. Esta minera tiene denuncias por contaminación del río Collpamayo en Arequipa; mientras que, en Cerro de Pasco, por la desaparición de bofedales y manantiales en el caserío de Cachipampa, también de extensas áreas de pastizales producto del paso de vehículos pesados. Buenaventura, además, tiene inversiones en los proyectos Yanacocha, en Cajamarca, y Cerro Verde, en Arequipa.

4. Romina, en Lima: Se encuentra en la cuenca alta del río Rímac, Chillón y Huaura que abastece de agua a parte de la zona rural y urbana de Lima. En el caso del río Rímac, desde hace décadas, este río viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros, la cual pone en riesgo la salud ambiental y humana. Ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de los pasivos ambientales identificados en la zona. Aún así el Ejecutivo pretende sacar adelante el proyecto Romina del grupo Glencore.

5. Corani, en Puno: Es un proyecto histórico de la empresa Bear Creek Mining Corporation de capitales canadienses para extraer principalmente plata. Está ubicado en territorio indígena en la provincia de Carabaya, distrito de Corani, a la fecha no se ha aplicado la consulta previa, tampoco las comunidades cuentan con información sobre las implicancias e impactos del proyecto minero. La empresa también tiene concesiones mineras para litio en la misma provincia.

6. Chalcobamba – Las Bambas, en Apurímac: Se trata de la ampliación de la minera Las Bambas del tajo de Chalcobamba, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. La comunidad ha manifestado su oposición al proyecto por incumplimiento de acuerdos, así mismo la empresa ha incumplido acuerdos con las comunidades del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, y sectores de Velille y Huincho, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, por lo cual las movilizaciones ha sido constantes en el corredor minero del sur.

Proyecto para el 2025 por US$ 1.263 millones:

7. Zafranal, en Arequipa: La población de las provincias de Caylloma y Castilla reiteradamente han advertido que la minería no le hizo partícipe de algún plan de participación ciudadana ni fue notificada sobre el EIA que la empresa presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en 2021. Desde entonces, este proyecto, situado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, provincias mencionadas, no cuenta con la aceptación social. No obstante, en 2022, la Autoridad Autónoma de Majes (organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas) entregó -en calidad de usufructo- 12 mil 207 hectáreas a la minera Zafranal por 30 años sin cumplir con los requisitos necesarios. Así se explica en el informe N°001-2023 de la Contraloría de la República y que fue difundido en medios de comunicación regionales. En mayo de este año, el Gobierno Regional de Arequipa dejó sin efecto la entrega del terreno a través de una resolución.

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Ejecutivo propone la creación de Policía de Orden y Seguridad sin una debida formación especial

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El viernes 28 de julio, a través del Proyecto de Ley N° 05633/2023-PE, el Ejecutivo propuso incorporar la denominada Policía de Orden y Seguridad a la categorización de la Policía Nacional del Perú, el cual no formará parte de la carrera policial per se sino que será parte de una “estrategia” para atender el déficit de personal.

La propuesta genera zozobra por el contexto de las constantes movilizaciones en contra del régimen debido a que el artículo 6 del proyecto especifica que la Policía de Orden y Seguridad “tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, además, de acuerdo con la exposición de motivos, “la capacitación será de 6 meses a un año como máximo y una menor remuneración mensual en función de la actividad funcional asignada”. Por otro lado, el artículo 17 destaca la designación del superior policial que ejercerá comando y supervisión directa sobre el Policía de Orden y Seguridad.

Los tres presupuestos jurídicos señalados, por lo tanto, dan cuenta de que la nueva categorización tendrá la misma potestad coercitiva que un policía instruido con más años, asimismo, contarán con una capacitación breve e insuficiente en el manejo de armas y defensa personal; y, exigirá ocupar el tiempo de un oficial por la supervisión que necesitan al realizar sus actividades. En pocas palabras, la creación de esta figura implica que las nuevas fuerzas policiales puedan cometer abusos de autoridad y/o usos ilegítimos de la fuerza por su falta de entrenamiento adecuado con enfoque de derechos humanos y basados en la proporcionalidad y la no discriminación.

En ese sentido, desde la Red Muqui exigimos mayor congruencia en la formulación de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, ya que existen estándares internacionales de capacitación de armamento en el marco de la protección de la población que se debe cumplir a cabalidad por los tratados internacionales en materia de DDHH ratificados con anterioridad. De otro lado la imagen que hoy tiene la población sobre la PNP es de una institución abusiva y de impunidad debido a las graves violaciones a los DDHH que se han cometido en las recientes movilizaciones en el sur andino peruano y que han sido constatados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Para mayor información sobre el contenido del Proyecto de Ley, click aquí.

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Anuncio de reactivación de proyecto minero Tía María en Arequipa genera rechazo de la población del valle de Tambo

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“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

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Juliaca: Familiares de víctimas del régimen de Dina Boluarte articulan esfuerzos en Encuentro Nacional

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El sábado 1 de abril, en vísperas de la semana santa, se reunieron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, junto a los familiares de Remo Candia y Rosalino Flores de Cusco, con el objetivo de compartir el proceso de injusticia que están viviendo tras perder a sus familiares y unirse en la lucha contra la impunidad. Varios de ellos no participaban directamente en las legítimas protestas.

El Encuentro Nacional se realizó en el Coliseo Deportivo La Capilla en la ciudad de Juliaca e inició a las 10am con un ritual en señal de duelo por las víctimas de la represión. Previamente las delegaciones marcharon desde la plaza de armas de Juliaca. En la mesa de honor estuvieron los representantes de las víctimas de cada región participante,portando velas en sus manos.

También participaron algunas personas que han quedado heridas por la represión policial y militar, como es el caso de Luzmila Choquehuanca, herida de bala en la pierna el 7 de enero, quien se desplaza en silla de ruedas y señaló que se operó en una clínica porque no había capacidad en el hospital debido a la gran cantidad de heridos que llegaron el 9 de enero. Fecha conocida como «la masacre de Juliaca».


El hermano del médico asesinado Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Jualiaca, además de señalar que los juicios que han entablado al Estado van a paso de tortuga, precisó que los heridos están abandonados a su suerte por el gobierno y Ministerio de Salud. «No tienen atencion inmediata, les han dado de alta cuando deberían seguir el tratamiento en los hospitales», añadió.

Sobre la situación legal de los casos, el abogado de las víctimas de Juliaca, Quispe, señaló que ahora las Fiscalías de Derechos Humanos están empezando a ver los casos de las personas asesinadas, y que ya se vienen recogiendo algunos testimonios. Anteriormente los casos estaban siendo atentidos por otras Fiscalías no especializadas. Esta es una exigencia que debe plantearse en todas las regiones donde hay víctimas de la represión. Algunos familiares señalaron a Red Muqui que recién irán a declarar porque tenían temor ante el cambio de citaciones de la Fiscalía.

A su turno, el representante de la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, señaló que ellos no cuentan con defensa legal debido a que no cuentan con recursos económicos, y que se han sentido abandonados. «Agradecemos la invitación a este Encuentro, ahora estaremos articulados con otras víctimas de la dictadura en la lucha por justicia para nuestros familiares».

El hermano de Rosalino Flores de Cusco, señaló que además de la demora del traslado de su hermano al Hospital Loayza, cuando fue a pedir ayuda a los medios de comunicación de Lima, finalmente no emitieron un reportaje que habían realizado sobre el caso, porque luego salió el video cuando se ve que la policía dispara directamente por la espalda a su joven hermano, que no tenía intestino y no podía comer, producto de los más de 20 perdigones que recibió.

El hijo del ex dirigente Remo Candia de la comunidad Uninsaya Coyana de la provincia de Anta, Cusco, señaló que su padre antes de ser asesinado ya venía sufriendo el hostigamiento policial en su casa y que a pesar de ello fue a la ciudad de Cusco a apoyar la lucha como dirigente de su pueblo.»Si mi padre estuviera vivo hubiera impulsado este Encuentro Nacional junto a ustedes», precisó antes de finalizar su intervención.


Ante la pregunta a algunos familiares sobre el bono que entregaría el gobierno a las víctimas de la represión, varios señalaron que el dinero no les devolverá la vida de sus familiares. La madre juliaqueña de la joven de 17 años que estudiaba psicología señaló que espera que Dina Boluarte y los policías responsables paguen con la cárcel, la pérdida de la vida de sus familiares.

El Encuentro finalizó con arengas: «la sangre derramada jamás será olvidada, el pueblo unido jamás será vencido». Y se recalcó la importancia de desarrollar los próximos encuentros en los territorios de las delegaciones visitantes.

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La apuesta del régimen de Dina Boluarte por la “Mineria con todo” y nuevos conflictos a la vista en los territorios mineros

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A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

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