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DECLARACIÓN DEL IV ENCUENTRO NACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES – AYACUCHO 2023

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Reunidos en Ayacucho, los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023, en el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, representantes de 10 regiones: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua, frente a la actual crisis política y social que vive nuestro país, y luego de atravesar dos años de la crisis sanitaria de la pandemia, expresamos:

Reconocemos que vivimos en un estado de desgobierno en el país. No nos sentimos representados por la señora Boluarte en la Presidencia de la República, quien traicionó al pueblo, y se mantiene en el gobierno por el apoyo de las fuerzas armadas, el aval del Congreso de la República y el Poder Judicial. El pueblo votó por un cambio en las últimas elecciones generales, pero el actual gobierno no representa el cambio que elegimos.

Ni el actual gobierno central ni el Congreso de la República tienen legitimidad, solo el 6% de la población aprueba al actual congreso, y el 15 % a Boluarte. No han sido capaces de escuchar, comprender y atender las necesidades reales del Perú multicultural. Al contrario, hemos sido discriminados, sufrimos el racismo, somos estigmatizados como “terroristas” por el sólo hecho de aplicar el derecho de la legítima protesta social para buscar una mayor participación política en la toma de decisiones como país.

Ello se evidencia en las lamentables 66 personas fallecidas, 49 de ellas hermanas y hermanos peruanos asesinados por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF) disparados al cuerpo, sin ningún respeto por la vida humana. Un gobierno es elegido para mejorar las condiciones de vida de las y los peruanos, no para ser violento y “matar al pueblo” para mantener los privilegios de algunas y algunos, con el apoyo evidente de gran parte de los medios de comunicación.

No nos sentimos libres en un país donde el gobierno decide en contra de nosotros y nosotras, entregando concesiones mineras a empresas transnacionales sin consulta previa. Además, no actúa frente a las 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, ni hace nada frente a la contaminación de los ríos por actividades extractivas, en particular mineras. En cambio, sigue militarizando el país y dictando estados de emergencia, especialmente en zonas mineras.

Frente a la difícil realidad que nos toca vivir en este momento de la historia, en Ayacucho, tierra en la que se definió la independencia de nuestro Perú, acordamos:

  • Respaldar la lucha de nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional, y especialmente en el sur andino, asumimos como nuestra su agenda: la renuncia de Boluarte a la Presidencia de la República, una nueva mesa directiva en el Congreso de la República, la convocatoria urgente a nuevas elecciones generales, y el inicio de un proceso constituyente con participación activa de los pueblos originarios y organizaciones sociales a nivel nacional, sin discriminación, estigmatización, criminalización y judicialización.
  • Reafirmar nuestro compromiso, como parte de nuestra identidad cultural, como vigilantes y monitores ambientales en el cuidado, protección y defensa de nuestros territorios y en especial del agua, el ambiente y la vida, porque “uno cuida lo que conoce, si no lo conoce no le da importancia”. Asumimos este rol ante un gobierno que administra un Estado ausente, cuyas instituciones están deslegitimadas y actúan en silencio o favoreciendo a las empresas y sus intereses, pero nunca al pueblo y sus derechos, que debe ser su prioridad.
  • Fortalecer nuestra organización y articulaciones como vigilantes y monitores ambientales, construyendo agendas desde las Organizaciones Sociales de Base, para exigir, con los resultados de nuestra labor, los cambios que necesitamos en el país y sus instituciones.
  • Exigir, como vigilantes y monitores ambientales, el reconocimiento de nuestras organizaciones y su rol, a nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Por lo anterior, resulta imperante la aprobación del proyecto de ley que busca el reconocimiento de nuestras organizaciones y resultados del monitoreo y vigilancia ambiental, a fin de que estos sean incorporados como alerta temprana en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).
  • Exigir a los gobiernos regionales, locales y las instancias competentes del gobierno nacional, la priorización de las problemáticas ambientales en sus agendas, y considerar apoyo en la formación e implementación de los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental.
  • Apoyar las iniciativas que en el Perú y a nivel internacional buscan establecer normativas vinculantes que exijan a las empresas y a los estados de origen de las empresas el cumplimiento del principio de la debida diligencia, que implica cumplan con estándares ambientales y de derechos humanos en sus operaciones más allá de las normativas laxas que existen en países como el Perú para favorecer las inversiones.

El Perú es un país de todas las sangres, que nos exige caminar juntos, renunciando a privilegios que nos permitan buscar el bien común, el “sumaj kawsay”, el buen vivir, incluyendo a nuestra Pachamama. Las y los vigilantes y monitores ambientales seguiremos caminando con dicho objetivo.

 

Ayacucho, 24 de marzo del 2023

  • Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar – Cusco
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Marcapomacocha – Junín
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Chuschi – Ayacucho
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Carata, Coata – Puno
  • Presidente de la Junta de Regantes de Bambamarca – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Tupicocna – Chosica
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de Viso
  • Vigilantes y monitores ambientales de la Comunidad Campesina de San Bartolomé
  • Vigilantes y monitores ambientales de Santiago de Chuco – La Libertad
  • Vigilantes y monitores ambientales de Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Encañada – Cajamarca
  • Vigilantes y monitores ambientales de Apurímac
  • Vigilante y monitor ambiental de Cotabamba – Apurímac
  • Vigilantes y monitores ambientales de Moquegua
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Huamachuco
  • Comité de vigilantes y monitores ambientales de Cajabamba y Valle Condebamba
  • Coordinadora Interregional de vigilantes y monitores ambientales de La Libertad – Cajamarca
  • Red Muqui
  • CEDAP – Ayacucho
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • AMAS – La Libertad
  • CooperAcción
  • DHUMA – Puno
  • DHSF – Cusco
  • Grufides – Cajamarca
  • PASSDIH – Junín
  • Centro Labor – Pasco
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Voceros y voceras de los defensores de DD.HH. de Perú evalúan la actual crisis y plantean acciones a futuro

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En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el pasado 20 y 21 de febrero, se realizó la reunión de voceros y voceras de las macroregiones Centro, Sur, Norte y Amazonía de defensoras de la campaña. En este evento, en el que participaron defensores de diferentes regiones del país (Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Junín, Apurímac, Puno, y Amazonas),

El evento inició informando sobre el contexto actual en sus regiones, las movilizaciones y las actividades realizadas como voceros y voceras defensoras del ambiente. Esto ha sido fundamental ya que, como red articulada de defensores, es fundamental que se conozcan sus realidades, problemáticas, entre otras.

Defensores, como Rosa de Piura, han señalado que el material y las capacitaciones brindadas por las organizaciones les han servido mucho para continuar informando a sus comunidades, para fortalecer sus mecanismos de autoprotección, y conocer sus derechos.

En zonas como la Amazonía, actualmente, tratan de callar a los dirigentes y generan miedo cuando apresan a uno. Sobre esto, se señaló que la actuación de la policía y las FFAA en las recientes movilizaciones ha sido un uso abusivo de la fuerza, y esto se ha comprobado porque los proyectiles han sido encontrados en la cabeza, espalda y por encima del tórax. Se consideró que lo que se debe buscar es evitar la impunidad de los policías, militares y establecer las responsabilidades políticas.

Como un segundo momento clave de la reunión, los representantes de las organizaciones del Grupo Impulsor y los voceros y voceras defensoras, realizaron una evaluación de las acciones y de las diferentes etapas de la campaña hasta la fecha.

Se coincide que se ha logrado fortalecer el auto-reconocimiento como defensores y defensoras ambientales, esto es fundamental ya que impulsa más la labor que realizan y se autoidentifican como actores que cumplen una labor importante en la protección de la vida. Asimismo, se han logrado visibilizar la situación de los defensores/as y sus demandas en espacios internacionales.

Los voceros y voceras defensoras señalaron que, a lo largo de la campaña, han logrado fortalecer sus capacidades y conocimientos a través de encuentros y talleres realizados en diferentes regiones, lo cual les ha permitido articularse mejor como defensores a nivel nacional, y poder tener más herramientas para autoprotegerse, ante la ausencia del Estado.

Si bien los y las participantes hicieron evidentes algunas debilidades de la campaña como consolidar más la articulación con organizaciones en los territorios; estas debilidades se pueden superar y contrarrestar con oportunidades que se han presentado gracias a las acciones y al trabajo que se ha venido realizando, como el compromiso que ha aumentado de organismos internacionales de derechos humanos para con los defensores; y el trabajo continuo con gobiernos locales y regionales para visibilizar la importancia de la labor de defensores a nivel regional y nacional.

Además de las oportunidades que también coinciden con las del grupo impulsor, los voceros y voceras defensoras consideraron al apoyo de medios de comunicación alternativos como un aliado fundamental para visibilizar sus voces y articular con más actores sociales y políticos. Asimismo, ven al hecho de que se den nuevas Elecciones, una oportunidad de cambio y salida de la crisis social, institucional y política.

Como un siguiente momento, los voceros y voceras del Centro acordaron realizar acciones para fortalecer la campaña y visibilizar sus demandas. Voceros de la Macrorregión Centro, se comprometieron a buscar tener más presencia en medios de comunicación como la radio para visibilizar sus demandas y la vulneración de los derechos humanos y ambientales, y fortalecer la red de defensores.

En cuanto al Sur, se realizarán talleres de capacitación en políticas ambientales para una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, y se solicitará la activación del Mecanismo de Protección para personas defensoras.

En cuanto a la Macrorregión Norte, diseñarán mini-campañas en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre la vulneración de derechos humanos y ambientales, sobre todo la criminalización, como en el caso de defensores de Chaparrí-Lambayeque; también convocarán reuniones con autoridades locales y regionales, así como con los frentes de defensa y rondas campesinas de sus zonas. Otra acción es la articulación con asociación Ecoaliados ADEADSEC – Sechura.

Finalmente, en cuanto a la Amazonía, se estableció que se coordinarán para la realización de más talleres de fortalecimiento para sensibilizar sobre la vulneración de derechos a través de espacios de radios locales; coordinar un segundo taller de defensores ambientales de la Amazonía. Asimismo, coordinar reuniones que visibilicen las afectaciones al medioambiente, como en el distrito de Imaza, Bagua.

La campaña, así como las organizaciones que la conforman, se han comprometido a seguir luchando contra las amenazas actuales que sufren las personas defensoras, ya que en el contexto actual de crisis que se vive en el país, ha habido un incremento de asesinatos, amenazas, estigmatización, criminalización y discriminación contra defensores de derechos humanos y ambientales.

“Protege A Quienes Nos Protegen”.

Imágenes del evento:

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Criminalizan y acosan a dirigentes aymaras y delegaciones que viajan a Lima

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Las delegaciones de diversos distritos aymaras que se encuentran viajando desde Puno a Lima en el marco de las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, vienen siendo criminalizadas y hostigadas por la policía, quienes les vienen haciendo el control de identidad y revisando sus pertenencias más de 12 veces en lo que va el recorrido.

Cuando los ciudadanos aymaras reclaman por estas intervenciones continuas, la policía les señala que está prohibido el pase de “grupos” y los amenaza señalando que tienen orden de detener a los protestantes. Cuatro buses están en camino a Lima y estos días partirán más buses desde Puno. Un ciudadano aymara relató a la red portal de Juliaca que primero los forman, los hacen esperar un largo rato, revisan sus cosas, no encuentran nada malo y luego vuelven a revisar. La policía nos grita diciendo: “no deben llevar hondas, huaracas, ni whipalas’.

Como se recuerda, el 9 de enero se realizó la masacre de Juliaca, en que 21 personas fueron asesinadas, algunas de ellas no estaban protestando y fue asesinada una menor de edad.

El lunes, 30 personas de Madre de Dios fueron retenidas 4 horas en la comisaría de Abancay, Apurímac, cuando estaban dirigiéndose hacia Lima. Esa delegación ya se encuentra en Lima.

Orden policial

El 22 de febrero se emitió un documento de la División de Seguridad de Penales de la PNP (DIVSEPEN) que criminaliza a los dirigentes y organizaciones sociales de los distritos de Puno: Pomapata, Yunguta, Sepita, por tomar la decisión de protestar en Lima, señalando que “muy probablemente se reúnan con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”.

En el comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la DIVSEPEN, se indica al dirigente Edgar Chura Mamani del Frente de Defensa del Sur y Recursos Naturales de Puno, por supuestamente haber encabezado la reunión en que las organizaciones de los distritos señalados tomaron la decisión de viajar a Lima para continuar con las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que les devuelva el poder sobre los recursos naturales que están en sus territorios, como el litio.

Al dirigente mencionado, se suman el informe de la Dirección de Inteligencia de la PNP que se hizo público a inicios de enero, en que se señalan como supuestos organizadores violentistas a los dirigentes Lucio Ccallo Ccallata de Ilave, así como a Reynaldo Villahermosa, secretario general del SUTE de la provincia de Puno; a Félix Suasaca del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata;Amador Núñez, Orlando Sanga, Alex Pilco y Marcela Gonzales.

El documento policial en mención cierra con la siguiente orden: “Los jefes de los departamentos de la DIVSEPEN PNP (División de Seguridad de Penales), teniendo presenta la información precedente adoptarán las acciones y las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia, a efectos de hacer de conocimiento a la totalidad del personal bajo su mando para que extremen las medidas de seguridad durante el desplazamiento en zonas de conflicto”.

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, estos son actos de criminalización de la protesta, debido a que se sindica a dirigentes y organizaciones como si fueran criminales, amenazándolos para que no puedan ejercer su libre derecho a la protesta como manda la Constitución.

El abogado de Puno, César Quispe, agrega que la actual acción policial de intervenir a las delegaciones que se encuentran viajando es una grave violación a derechos humanos, a la libertad de tránsito y el derecho a la paz, como está establecido en la Constitución. Precisa que esto ocurrió también la primera vez que viajaron delegaciones de Puno a Lima durante el mes de enero.

 

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Familiares de 21 víctimas de la masacre en Juliaca denuncian que investigaciones están paralizadas

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Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves 23 de febrero, la reciente conformada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, realizó una conferencia de prensa en que narraron los hechos de violencia que vivieron ese trágico día, y que hasta ahora la prensa nacional no ha dado a conocer.

Además, en palabras de uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz, denunciaron que las investigaciones en Puno están paralizadas: «Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados».

El otro abogado César Quispe, señaló que han requerido a la Fiscalía la apertura de la investigación a los jefes de los operativos y, principalmente, contra el oficial Juan Manuel Herrera, que debe responder “por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero en la ciudad de Juliaca”. Los 3 abogados a cargo de la defensa legal de las víctimas, exigen la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región, debido a que las investigaciones están en una Fiscalía común sin especialistas a cargo.

En el turno de los familiares de las víctimas, el hermano del médico asesinado, Raúl Samillán, señaló entre lágrimas que su hermano acudió al llamado de auxilio de los brigadistas porque había bastantes manifestantes heridos y porque los brigadistas también estaban siendo reprimidos. “Acudí al hospital y los dos pisos estaban llenos de heridos y sangre en el piso, era doloroso. Eso no ha salido en la prensa (..). Tal vez nunca se me borre de mi memoria la imagen de los muertos en el hospital», señaló el familiar.

Por otro lado, Julia Paccsi, herida con un perdigón en el cuello, señaló: «salí a ayudar a la gente con un balde de agua y vi que los helicópteros estaban disparando, casi encima de la gente, y me pegué a la pared para protegerme y en eso sentí que algo me impactó cerca al cuello. La gente me dijo que estaba sangrando. Quise ir al hospital inmediatamente, pero la gente señaló que la policía estaba deteniendo a las personas que llegaban al hospital”.

Agregó que se fue caminando buscando un centro de salud y llegó a una clínica y como no tenía dinero no la quisieron atender. Recién al día siguiente fue al hospital, pero le señalaron que no tenían especialistas en tratamiento de cuellos y cabeza. Julia precisó que nunca la trasladaron a Arequipa, como decían algunos doctores de Juliaca, y viajó a Lima para conseguir una mejor atención a sus dolencias.

Por su parte, el padre de la menor de 17 años que murió producto de la represión policial por un proyectil de arma de fuego, sin ser parte de la protesta, señaló que su hija quería ser psicóloga y le arrebataron ese sueño. “Lucharé hasta alcanzar justicia”.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre la reparación económica de 50 mil soles ofrecida por el gobierno a los deudos de las víctimas; Raúl Samillán, señaló que ningún monto de dinero les va a devolver la vida de sus familiares.

Ante otra pregunta de la prensa, sobre la propuesta de amnistía para policías y militares, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que es una medida desesperada de algunos congresistas para generar impunidad, “pero no hay amnistías para violaciones de derechos humanos y tarde o temprano la justicia prevalecerá”.

Foto de los 3 abogados de las víctimas del 9 de enero en Juliaca

 

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Protestas continúan y se suma un asesinato más de joven de 23 años en Apurímac

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Miles de ciudadanos, organizaciones sociales, y comunidades campesinas se siguen movilizando en sus regiones y en el centro de Lima desde la segunda semana de diciembre cuando se instaló el gobierno de Dina Boluarte, rápidamente convertido en dictadura cívico – militar. El día de ayer, jueves 9 de febrero, la represión policial cobró una nueva víctima, nuevamente en la región Apurímac, en la provincia natal de la presidenta Boluarte: Aymares. Se trata de Denilson Huaraca Vílchez de 23 años de la comunidad de Huancabamba, quien estaba protestando y recibió un impacto por proyectil de arma de fuego.

Al joven asesinado, se suman tres heridos de gravedad por impacto de proyectiles y 44 detenidos, entre ellos 7 mujeres.

Por otro lado, en Puno, al conmemorarse un mes de la masacre del 9 de enero, que tuvo como saldo el asesinato de 18 puneños; el día de ayer, nuevamente, la policía reprimió a la población que se encontraba protestando tras la procesión multitudinaria que desarrollaron en los exteriores del aeropuerto de Juliaca. El saldo de la represión fue de 23 personas heridas, entre ellos un menor de 11 años de edad, que se encuentra grave tras un impacto de proyectil en su pierna izquierda. También resultaron heridos otros dos menores de edad.

Asimismo, en la frontera de Puno, en Desaguadero, las comunidades aymaras hicieron retroceder a los militares que querían ingresar a la zona.

En Arequipa, las movilizaciones se desarrollaron con fuerte presencia de organizaciones y ciudadanos que han retomado las protestas, llenando la plaza principal de la ciudad.

En lima, las delegaciones de regiones y los sindicatos afiliados a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) también salieron a movilizarse el 9 de febrero exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para este año 2023 y la consulta popular a través de un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no, una nueva constitución.

Misión internacional de Derechos Humanos llega al Perú

Una misión internacional compuesta por representantes de organismos de derechos humanos de Argentina y dos diputados de dicho país, arribaron el día de ayer a la movilización en el centro de Lima para registrar los abusos policiales e informar a las organizaciones y la ciudadanía, el objetivo de su estadía: recabar denuncias de vulneración de derechos humanos de la ciudadanía y organizaciones desde la instalación del gobierno de Dina Boluarte.

Una parte de la Misión de DDHH se quedarán en Lima para seguir registrando denuncias y otra parte de la delegación está viajando a regiones del sur para recabar mayor información sobre los asesinatos cometidos durante este período de tiempo, que les permitan emitir un informe a nivel internacional sobre la situación de Perú y la vulneración de derechos humanos cometidos por la dictadura.

Gobierno y Congreso no quieren irse

Pese al rechazo mayoritario al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, ninguno de los dos poderes del Estado quiere convocar al adelanto de nuevas elecciones y menos convocar a un referéndum constituyente.

La presidenta Dina Boluarte y su gabinete ministerial dieron un mensaje a la nación el día de hoy, 10 de febrero, y solo hicieron un balance de su gestión y señalaron que van a seguir rechazando a los “minúsculos grupos de violentistas” que hay en el país, que exigen su renuncia, y que van a seguir realizando obras por todo el país.

Por su parte, durante estas semanas, la mayoría congresal rechazó las propuestas de adelanto de elecciones que se presentaron y, ayer, cuando la Junta de Portavoces iba a incluir nuevos proyectos de ley sobre el adelanto de elecciones, la vocera del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, retiró la firma de su bancada y con ello no se alcanzó el quorum mínimo de 66 firmas para que se discuta los proyectos de ley en el Pleno del Congreso.

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Carta abierta al Gobierno y Opinión Pública: DE LA CRISIS POLÍTICA Y DE LA INDIGNACIÓN CIUDADANA

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El Perú vive una larga y cada vez más honda crisis política que nos ha llevado, entre otras cosas, a que, en 6 años, tengamos 6 presidentes de la república, a la casi desaparición de los partidos políticos y su reemplazo por agrupaciones organizadas para elecciones, sin ideario, y que luego de ganarlas, rompen los vínculos con sus electores, actuando a favor de intereses particulares.

La última etapa de la crisis se gestó hace dos años, cuando la clase política buscó desconocer los resultados de las últimas elecciones generales y anular el voto rural, de campesinos y campesinas, y de pueblos indígenas. En ese momento éstos se vieron en la necesidad de marchar a Lima a defender su voto. Luego de ello, la clase política, más conservadora, buscó
sin tregua, desde el Congreso y los medios tradicionales de comunicación, desconocer y debilitar la autoridad del Presidente elegido, con un discurso de alto contenido racista y discriminador.

Al margen de lo que Pedro Castillo hizo mal en el ejercicio del poder, esta población rural e indígena sintió, hasta el final, que no lo dejaban gobernar por razones de su origen campesino. Esa percepción, que tenía muchos elementos de realidad, fue alimentada por Pedro Castillo y Dina Boluarte y otros personajes del gobierno.

En este contexto, Dina Boluarte asumió el poder, sin buscar una comunicación con sus electores, y olvidándose del discurso que había manejado hasta ese momento y de su promesa pública de irse si salía Castillo. Esta situación generó la protesta de quienes se sintieron traicionados.

La situación se agravó cuando, Dina Boluarte, para mantenerse en el poder, dejó sus posturas de cambio social y se alió con los sectores políticos más conservadores (dentro y fuera del Congreso de la República), el sector de medios de comunicación tradicional y las fuerzas del orden. Desde ese momento, implementó medidas represivas muy duras contra las manifestaciones sociales crecientes. Ella y su consejo de ministros, han permitido el uso de armas letales contra los manifestantes y de armas no letales sin el uso reglamentario. De esta manera, hasta el día de hoy, las fuerzas del orden han ocasionado la muerte de más de 50 personas y decenas, sino cientos, de heridos.

Esta opción represiva ha dado lugar a una respuesta violenta de pequeños grupos de manifestantes, que, en vez de ser aislados, han sido utilizados por el gobierno para acusar a todos de violentos, y justificar el uso desmedido de la fuerza contra la ciudadanía.

Estos y otros hechos han llevado al gobierno a perder su legitimidad de origen y convertirse en un gobierno autoritario, que se mantiene en el poder por la fuerza. Simultáneamente, a ello, el Congreso de la República viene aferrándose al poder y de espaldas a la grave situación que enfrentamos, ha venido dando leyes que perjudican a poblaciones en situación de
vulnerabilidad como es el caso de los pueblos en aislamiento voluntario; todo esto y más, en favor del interés de unos pocos.

 

En este contexto, exigimos:
– El cese del uso de la represión indiscriminada contra la población que protesta y el cese
de la persecución a dirigentes, que impide que se tengan interlocutores.
– La renuncia de Dina Boluarte
– Elecciones generales este año 2023.
– Una nueva junta directiva en el Congreso, con credenciales democráticas y de
honestidad, que posibilite las elecciones el 2023.
– El cese de campañas de desinformación y de un discurso racista y discriminador, que
polariza a la población y que revictimiza a los muertos de la población que protesta,
acusándolos de ser los causantes de sus propias muertes. En este caso, los medios de
comunicación masivos deben reflexionar sobre el rol que vienen cumpliendo.
– Atender el derrame de petróleo suscitado en la región Amazonas en el Km. 389+196
Tramo II del oleoducto Nor-peruano, que viene siendo desatendido por el gobierno
central, sin ningún plan de contingencia implementado hasta la fecha. Esta actitud
gubernamental, pone en riesgo la vida, la salud, daños a la naturaleza y sobre todo
representa una muestra más de la discriminación hacia los pueblos indígenas.
– Archivar el Proyecto de Ley N° 3518-2022-CR que atenta directamente contra los
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)
– Archivar la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pondría
en peligro los Bosques de nuestro país.
– Referéndum por una nueva constitución y asamblea constituyente, que entre otras
cosas, debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la
pluriculturalidad del Perú.

 

Firman:
Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el rechazo
y el olvido – CCEFIRO
Asociación Cultural Arena y Esteras
Asociación Servicios Educativos Rurales
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro Loyola Ayacucho
C.N. Centro Arenal, feconarina-orpio.
Colectiva Mujer y Poder
COMISEDH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
Confederación Campesina del Perú.
CPM Micaela Bastidas
Escuela para el Desarrollo
Foro Ciudades para la Vida
FORO SALUD
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
IDPA
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera – Huánuco
Instituto para el Desarrollo Amazónico
Instituto para el desarrollo y la paz amazónica
IPEP-CJS CHIMBOTE
Movimiento Manuela Ramos
Nuevo Perú x Buen Vivir
ORDAU
Paz y Esperanza
Perú EQUIDAD
Proyecto ODS ANCASH
Red Agua Desarrollo y Democracia
Red Iglesias y Minería – Nodo Perú
Red Muqui
Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
Resucita Perú Ahora, Comisión Ecologia Integral
Separ
Vicariato apostólico de Pto. Maldonado
Vicariato Apostólico de San Ramón
Adda Chuecas Cabrera
Amanda Urquia Reina
Ana Sofia Pinedo Taguchi
Ana Sofia Reyes Otiniano
Angelica Amparo González Haro
Angela Vera Chicona
Antonieta Pacheco Jara
Benjamin Bravo Guerrero
César Guillermo Laupa Buitrón
Christian Breustedt
Diana Olaza Aliano
Eduardo Salas Arce
Erick Granados
Estelí Reyes Leyva
Felicita Lourdes Chávez Morey
Filomena Cáceres Vásquez
Francisco Adrianzén Merino
Germán Vargas Farías
Gery Vasquez Cucho
Giovanna Almonacid Ramírez
Gladys Zoraida Guzmán Fernández
Grimaldo Rengifo Vásquez
Héctor Jesús Chunga Morales
Ibis Fernández Honores
Ingrid Guzmán Sota
Javier Azpur
Javier Márquez Meza
Javier Rodolfo Jahncke Benavente
Jessy Chavez Arevalo
Joel Mario Arce Ccompi
John Zander Velarde
Jorge Arboccó Gallardo
José Antonio Espinoza Hernández
José Francisco Esteves Vargas
Jose Luis Carbajal
Josue Fernando Vivanco Jaime
Julio César Ambrosio Mendoza
Julio Rondinel Cano
Leopoldo Zambrano
Livia Marmanillo Aguayo
Liz Farfán Balcarcel
Luis Fernando Arteaga Mendoza
María Alcázar Muñoz
Maria Lourdes Gonzales
Maribel rimarachin saldaña
Miguel Lévano Muñoz
Nélida Baca Soto
Oscar Tomás Vásquez Tapia
Oscar Ugarteche
Pablo Rojas
Pilar Laura Armas Morales
Renán Jesús Villafuerte Rivera
Ricardo Soberón Garrido
Rocío Roxana Trujillo Solis
Rocio Silva Santisteban Manrique
Roger Mendoza Contreras
Romina Stepanie Villanueva Trujillo
Rosa Colchado
Rosa Mendoza García
Rosa Pacheco Condor
Stephany Violeta Cadenillas Solórzano
Victor Paredes
Yeny Mercedes Lope Huanca
Ze Everaldo Vicentello García

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Policía reprime brutalmente en Ilave/Puno: registros muestran a PNP disparando revólveres

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Al promediar las 15:00 horas del viernes, 20 de enero de 2023, desde un segundo piso, graban a un policía que dispara con lo que parece un revólver en tres ocasiones hacia posiciones donde se encontraban manifestantes, no hacia arriba, sino hacia el cuerpo humano[1], lo que causa indignación y desata un feroz enfrentamiento entre manifestantes y policías. En otro video, algunas horas después, nuevamente otro ciudadano graba a otro policía disparando a personas que transitaban por la plaza mayor de Ilave[2], no manifestantes, sino transeúntes.

El primer hecho, desató un enfrentamiento que lamentablemente culminó con diez personas heridas, de las cuales tres fueron dadas de alta. Sin embargo el ciudadano Isidro Arcata Mamani (62) falleció luego de ser herido por la policía y mientras era trasladado hacia el Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, junto a José Lima, quien luego de una intervención quirúrgica se encuentra estable[3][4].

Durante la noche de ayer, los policías habrían huido de la comisaría en Ilave hacia el cuartel ubicado en el mismo distrito, y durante las primeras horas de hoy, se registraron incendios en dicha unidad policial así como en agencias bancarias y el Ministerio Público[5]. Además se detuvieron alrededor de 12 personas, quienes habrían sido torturadas después que la policía les hubiesen “sembrado” pruebas falsas según abogados locales[6]y5. Al cierre de este informe, mediante un comunicado de la Municipalidad Provincial de El Collao, se asegura que los hechos de violencia ocurridos fueron resultado de los abusos de la Policía en contra de la población aimara que protestaban por la renuncia de Dina Boluarte[7].

 

 

 

 

[1] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/20/protestas-en-puno-captan-preciso-momento-en-que-policia-dispara-en-manifestacion-que-dejo-6-heridos-en-ilave-lrsd/?fbclid=IwAR0OiI_4HpWNFg_xruaNB8tnqC5kUx1W-9M3z0vzzU3b_qCp9ukJiXOlQ48

[2] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3447859932160215/3447859758826899/

[3] https://www.facebook.com/DiresaPunoOficial/photos/a.463788997738690/1329865521131029/

[4] https://www.facebook.com/TEINFORMA/photos/a.1287522794634915/5737070536346763

[5] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448420672104141/3448419658770909/

[6] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448252968787578/3448252825454259/

[7] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/21/protestas-en-puno-un-aymara-muerto-y-7-heridos-en-ilave-tras-dura-represion-policial-lrsd/?fbclid=IwAR3kNuFSXK78WHAGanxnFPpCpWLxMCP10EWIiSJB_QTXdmI1J4SV41Ge4II

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CIDH: protesta social es única forma que tienen pueblos históricamente discriminados para realizar sus demandas

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La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.

La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.

En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado «terriqueo» n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.

En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.

En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.

Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita

 

VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:

Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.

Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.

Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas

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Dina Boluarte y ministros suman nuevas denuncias penales por manifestantes asesinados y heridos

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular de la PCM Alberto Otárola y un grupo de ministros han sido denunciados hoy por la congresista Ruth Luque ante la Fiscalía de la Nación por homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en contra del gobierno en las últimas semanas que han dejado a 45 personas muertas y más de un centenar de heridos.

La denuncia responsabiliza a los miembros del Poder Ejecutivo por las muertes y heridos registrados en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca. En una publicación en sus redes sociales posterior a la acción judicial la representante de Cusco exigió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe actuar con urgencia en defensa de la vida e integridad.

Hay que recordar que Luque también presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y miembros de su gabinete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por infracción a la Carta Magna y homicidio calificado.

La denuncia penal de la congresista se suma a otra acción similar contra la mandataria por los delitos de crimen organizado, genocidio y homicidio calificado entre otros, que presentaron durante esta jornada abogados del estudio Quiroz de Juliaca.

La demanda presentada en dicha ciudad también alcanza como autores mediatos al presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, a los ministros de defensa y del Interior, Jorge Chávez y Víctor Rojas, respectivamente y a Carlos Bravo Jefe de la Macro Región Policial de Puno.

En los fundamentos de la acción penal los abogados demandantes exponen “que el actuar delictivo de las fuerzas del orden expresa el modus operandi en el actual contexto de conflicto, pues no son acciones aisladas sino esas muertes se producen con similar propósito a las ocurridas en las ciudades de Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, entre otros; es decir, estas acciones son planificadas y dirigidas, con el claro objetivo de causar las muertes…”

Según expresan en la denuncia “….nada puede justificar que el Estado cometa GENOCIDIO, HOMICIDIO CALIFICADO y otros, cause las muertes de ciudadanos, bajo ningún contexto». De acuerdo a las pruebas aportadas se evidencia según los letrados que la acción represiva tiene como objetivo claro  “desaparecer las manifestaciones, y dejar como lección a la población del poderío estatal organizado”.

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Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se pronuncia sobre los sucesos en protestas en Puno

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La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de la Región Puno, y de la provincia de San Román, tras la confrontación entre pobladores y las fuerzas del orden ocurrido en inmediaciones del aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en los días  6 ,  7 y 8 de enero del presente en la que resultaron innumerables ciudadanos y policías heridos, expresamos lo siguiente:

PRIMERO.- Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, para que moderen su intervención en las acciones disuasivas, actuando de manera proporcional y razonable;   hacia los ciudadanos y ciudadanas; así mismo, a respetar la labor de los periodistas que cubren la información de  los hechos.

SEGUNDO.-Invocamos a los manifestantes para  que la protesta social transcurra de manera pacífica, como ejercicio de un derecho fundamental. Nuestro deber como ciudadanos es cuidar y respetar los bienes privados y públicos; así como el respeto a  los derechos de las personas que no están en las movilizaciones.

TERCERO.-  Es necesario que contribuyamos  en la defensa de la vida, facilitemos la circulación  de las ambulancias y personal de salud para que cumplan con su labor de proteger  a la población, de igual manera el paso de los bomberos que acudan en auxilio de los ciudadanos, evitando el lanzamiento de piedras. Asimismo, invocamos a la responsabilidad de los padres y madres de familia a no exponer a sus hijos menores de edad en zonas de alta convulsión social por los riesgos que puede implicar para su integridad física y psicológica.

CUARTO.-  Pedimos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República tomar en cuenta en sus agendas las urgentes demandas de la población del Perú profundo,  expresadas en estos días de paralización y que puedan contribuir  al diálogo y a la pacificación .

QUINTO.- Solicitamos que los operadores de justicia intervengan  en forma oportuna de acuerdo a sus atribuciones en la defensa de los derechos de las personas.

SEXTO.- Invocamos a que el Estado cumpla con su labor de protección garantizando la atención integral de salud de los heridos  hasta su completa recuperación . Así mismo en forma solidaria y humanitaria solicitamos a  la comunidad en general a adherirse   en forma concreta (donación de sangre, apoyo con medicamentos, víveres etc) con los heridos y sus  familiares, y como una posibilidad  a través de la Parroquia  Pueblo de  Dios (Av. Triunfo, 8va cuadra Pueblo joven Revolución,  distrito de San Miguel) y contactarse con los teléfonos  al fijo 051 321849 y al celular 951758900.

¡¡¡La vida es el don más preciado y está en nuestras manos cuidarla y hacerla florecer!!!

Comité Ejecutivo Regional de Puno  y  provincial de San Román.

Puno, 08 de enero del 2023

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