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Proyecto minero San Gabriel: la puerta de entrada al proyecto Tía María y otros proyectos mineros legales e ilegales

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El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

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¿Estamos ante un nuevo escenario en el sector minero con el primer mes del nuevo ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui?

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Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

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Foro: Agua, minería y vigilancia desde los territorios. Caso Barrick 2005-2019

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Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

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Presentación de investigación: “Agro y minería: riesgos y potencialidades del valle de Tambo en Pandemia»

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El día de hoy, miércoles 16 de julio a las 6pm, se presentará la última investigación a cargo del consultor economista de Red Muqui, Juan Aste Daffós, “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en el contexto de la Covid-19 y la reactivación economica”, en un escenario con un nuevo de gabinete en el país, que ha expresado a través del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, que “la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo” y que el Perú es un país bendecido por la naturaleza que ha brindado una riqueza que está enterrada, en alusión al potencial del sector minero.

La investigación tiene como objetivo presentar el análisis costo beneficio económico y social entre el ingreso generado por la actividad agropecuaria y de pesca artesanal en el valle de Tambo – Arequipa – y el que éste recibiría del proyecto minero Tía María.

Desde que inició la primera fase de la reactivación económica, la Sociedad Nacional de Minería, la Confiep y la ex ministra de Energía y Minas junto a la Southern, han insistido en la necesidad de impulsar el proyecto tía maría para reactivar la economía, encontrando la negativa del saliente premier, Vicente Zevallos. Frente a esta ofensiva, desde la población de valle de Tambo se realizaron dos cacerolazos en rechazo al proyecto minero.

¿Qué pasará ahora? Desde la Red Muqui presentamos esta investigación para responder con un análisis técnico económico cuál es la mejor alternativa para la reactivación económica del valle de Tambo y del país.

El documento será presentado por el ingeniero economista, Juan Aste, y comentado por la ingeniera agrónoma, Marlene Castillo, por el presidente de la Junta de Uusarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, y Mario Chirapo, uno de los voceros de la población del valle.

Fecha: Miércoles 16 de julio – 6pm

Transmisión: www.facebook.com/redmuqui

PUBLICACIÓN LIBERADA: «RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE VALLE DE TAMBO EN PANDEMIA»

Puedes leer la Publicación «Riesgos y potencialidades de Valle de Tambo en pandemia» en formato PDF en este link o aquí: https://muqui.org/wp-content/uploads/2020/09/Tambo-Muqui-22-7.pdf

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Reactivación económica agravará COVID-19. Necesitamos cuarentena integral desde y para la salud de la gente

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Artículo de Juan Aste Daffós / economista asesor de la Red Muqui                                                                       

Queda claro que la decisión del gobierno el día de hoy, de aplazar la cuarentena 2 semanas más, significa un retroceso de la orientación que se estaba perfilando en el gobierno presionado por los grandes poderes económicos que quieren que el país vuelva a la normalidad de una vez, como si no estuviéramos viviendo una pandemia. La decisión de levantar la cuarentena y reactivar la economía estaba basada en una decisión política de desplazar el objetivo de resguardar la salud por el de proteger a las empresas formales para que recuperen ingresos y beneficios, y puedan pagar pronto deudas al sistema bancario y financiero y tributar al mínimo; así como propiciar “tranquilidad” a la mayoría de la población del Perú dedicada a las actividades informales que vive de los ingresos que obtiene diariamente. Unos presionando desde la Confiep y otros desde su impulso individual y disperso de romper la cuarentena desde los mercados para vivir el día a día.

Cuarentena poco efectiva

Ante el fracaso de la cuarentena hasta ahora, que no da signos de que pueda revertirse en estas dos semanas al no estar acompañada de otras medidas efectivas, al no poder aplanar la curva de infectados, hospitalizados, en UCI y fallecidos; tanto debido a las limitaciones del sistema de salud pública, producto de una sistemática política de abandono como sector prioritario conjuntamente con la educación pública y la agroalimentación, pese al esfuerzo de médicos y enfermeras (os), profesores (as) y agricultores; como a la imposibilidad de llegar con bonos y canastas a la mayoría de la población de informales que viven el día a día, a las personas que se quedaron sin trabajo y sin ingresos, o con los ingresos limitados de sus pensiones y CTS; y luego a los despedidos a los que se les aplicó la suspensión perfecta de labores, a todos los cuales se les impuso el “quédese en su casa”.

En todos estos casos, la responsabilidad la ha asumido el Estado, porque se ha esperado que este consiga tener éxito en la cuarentena haciendo cumplir el “quédese en su casa” con la fuerza policial, las fuerzas armadas y el apoyo complementario de las municipalidades. Sin embargo, tanto en el sustento del gobierno (Pilar Mazzetti) como de la Confiep, la razón del fracaso en el “tercer martillazo” de la cuarentena o medidas para aplanar las curvas de infectados y muertos está en “la desobediencia de las personas para acatar la cuarentena”; es decir, en la mayoría de personas pobres que decidieron salir individualmente a buscar ingresos para alimentarse y vivir el día a día.

La estrategia de la Confiep

Así, los empresarios con sus economistas y también el gobierno; y esto es lo más grave, concluyen que al no poder aplanarse las curvas a pesar de los esfuerzos de las medidas de contención, hay “un impacto negativo sobre la actividad económica global y sobre diversos grupos sociales, con una incidencia especial en determinados sectores de la población” (véase el sexto considerando del DS080-2020-PCM de reanudación de actividades (…) e inmediatamente señala que “es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias (…)” (véase sétimo considerando del DS citado antes). A pesar de extender la cuarentena dos semanas más, el gobierno ya empezó la reactivación económica de varios sectores, como la minería que nunca paró del todo-, restaurantes vía delivery, etc.

Por ello, ahora el argumento empresarial no explícito es que, al fracasar la cuarentena y el plan de salud del gobierno al no poderse aplanar la curvas por culpa de la población desobediente (léase los informales principalmente), la reactivación de la economía ayudará al Estado a disponer de mayores ingresos fiscales, es decir, los grupos económicos de siempre, supuestamente, colaborarán con el gobierno para que se pueda mejorar la atención de la salud en un corto y mediano plazo; como si esto hubiera ocurrido antes. Cuando lo que siempre ha primado es la economía de las empresas sobre la salud y la vida de las personas. Con este argumento, a contracorriente de los demás países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mejor no se hubiera aplicado la cuarentena para no afectar la economía, porque igual no se hubieran podido aplanar las curvas.

El remedio era peor que la enfermedad

Lo cierto es que en momentos en que el sistema de salud está llegando rápidamente al nivel del colapso y se han incrementado los infectados y los fallecidos, trasladar en la practica la prioridad de la salud a la economía implicará impulsar los mercados y la aglomeración de la gente con las consecuencias de disparar el impacto de afectados y muertos por la Covid 19.  En estas condiciones, no solo se tendría que realizar otra cuarentena empezando de cero y de un año, sino que el PBI ya no caería 10 o 15% sino más de un 50% con las implicancias en las quiebras de empresas y pérdidas de empleo masivo, con la casi desaparición de sindicatos. Traer muchas pruebas moleculares, respiradores y camas UCI, como lo ha anunciado hoy el gobierno, ahora solo sería un paliativo que ayudaría en los lugares de mayor incidencia del covid 19, porque el mercado no ayudará a resolver el problema del incumplimiento del aislamiento social, tal como ha ocurrido hasta ahora. El remedio resultará peor que la enfermedad.

Cuarentena integral

Como ningún gobierno puede abandonar el objetivo de la cuarentena de aplanar las curvas de infectados y fallecidos, y lograr neutralizar a la Covid 19; una propuesta es otorgar inmediatamente un bono universal de 1,000 soles que llegue a la más amplia población, e implementar otro tipo de cuarentena por un mes y no solo dos semanas, ahora sostenida en la organización barrial, comunal o de otra forma de organización territorial urbana y rural que asuma las tareas de control y coordinación con las instancias del Estado (gobiernos municipales y gobiernos regional y nacional) para la atención de la salud, y la alimentación y la educación vinculadas hoy a la prioridad de salvaguardar la salud y la vida de las personas en armonía con la naturaleza.

Sociedad civil debe asumir organización frente a la crisis

En ese sentido, urge que las organizaciones sociales locales articulen vía un comité, la atención de la salud, la alimentación y la educación por cada barrio o manzana en las ciudades y por comunidades y rondas, por distritos, etc. La idea es que sean reconocidas institucionalmente (legalmente) como instancias de coordinación local con las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, y las fuerzas policiales en los casos que se requiera. Y también debe demandarse que el gobierno nacional financie la campaña agrícola que se viene a la agricultura familiar, así como la compra de sus productos para acopiar y distribuir una canasta de alimentos por barrios y comunidades en áreas urbanas y rurales coordinando con las organizaciones sociales locales. La organización social territorial urbana y rural ayudará a enfrentar esta pandemia y otras que pudieran aparecer en el futuro próximo.

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