Lima, el 27 de febrero de 2017

Honorable Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá
Gabinete del Primer Ministro
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2

Asunto: Llamado para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero.

Señor Primer Ministro,

Tenemos el agrado de comunicarnos con usted en representación de Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH, Asociación Nacional de Centros-ANC y la Red MUQUI; organizaciones de la sociedad civil de Perú comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos.

Hemos tomado conocimiento de la iniciativa “Open for Justice” del Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA) para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero, cuyo objetivo sería atender las reclamaciones de las personas afectadas por las compañías petroleras, gasíferas y mineras canadienses en el extranjero.

Mediante esta carta, queremos expresar nuestro apoyo a dicha iniciativa, que responde a una gran preocupación de parte las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil de la región, incluyendo a Perú, ante los graves impactos en el ambiente y las vulneraciones a los derechos humanos generados por el sector extractivo canadiense.

En efecto, en nuestra región, un estudio del Grupo de Trabajo sobre Minería y Medio Ambiente en América Latina analizó proyectos de veinte (20) empresas con casas matrices en Canadá, constatando “graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales, así como vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo”. Particularmente, dicho estudio incluye el análisis de los impactos de cuatro (4) proyectos implementados en Perú por empresas con casa matriz en Canadá.

Ante las afectaciones mencionadas y la ausencia de atención a las reclamaciones, tanto los Canadienses como los ciudadanos de todos los países de la región esperan del gobierno de Canadá que honre su compromiso en materia de derechos humanos. La promoción y protección de los derechos de las personas son parte integrante de los esfuerzos realizados por Canadá en el extranjero, lo cual también debería reflejarse en la manera en la cual atiende las preocupaciones y las reclamaciones relacionadas con los impactos del sector extractivo canadiense en el extranjero.

Asimismo, a nivel global va creciendo la conciencia de los Estados a favor de lograr el goce efectivo de los derechos humanos que pueden verse afectados por actividades empresariales transnacionales. Así, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, ha establecido que los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades.

En esa perspectiva, la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero tendría una repercusión favorable para la democracia, la justicia y la protección de los derechos humanos, además de tener un efecto positivo en la reputación del sector extractivo canadiense. En efecto, permitiría una mejor gestión del impacto de las empresas canadienses en el mundo y brindaría una instancia a las personas afectadas por éstas. Asimismo, la existencia de una instancia que atienda denuncias de violaciones a los derechos humanos por responsabilidad empresarial en el sector extractivo significaría un paso fundamental en la justiciabilidad internacional de los derechos humanos.

Creemos importante opinar que este nuevo mecanismo tendrá que ser independiente y eficiente. Para ello, es indispensable que la oficina creada sea independiente de toda influencia de parte del gobierno y del sector corporativo y que la participación de las empresas al proceso sea obligatoria. Asimismo, esta oficina debe tener la facultad de investigar las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, evaluando el cumplimiento de la empresa con un conjunto de estándares y averiguando si se ha ocasionado el daño alegado. También tiene que poder llevarse un proceso transparente que incluye la publicación de un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (incluyendo el gobierno canadiense), el seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de sus recomendaciones y la realización periódica de informes públicos para que se difundan los resultados de las investigaciones. Finalmente, se debería prever la posibilidad de que las empresas se vean limitadas en recibir apoyo del gobierno canadienses en caso de no cumplir con las recomendaciones.

En ese sentido, recomendamos que se utilice el modelo de proyecto de ley elaborado el Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA), cuyo título es The Global Leadership in Business and Human Rights Act: An act to create an independent human rights ombudsperson for the international extractive sector.

Considerando que la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero constituyó uno de los compromisos del Partido Liberal en el marco de la campaña electoral de 2015, nos mantendremos a la expectativa de los pasos concretos que dará su gobierno hacia la creación de este mecanismo.

Reciba, Señor Primer ministro, nuestros saludos más cordiales.

Francisco Soberón Garrido
Director Fundador – APRODEH

Gloria Margarita Cano Legua
Directora Ejecutiva – APRODEH

Jorge Bracamonte
Secretario Ejecutivo – CNDDHH

Josefina Huamán
Secretaria Ejecutiva – ANC

Javier Jahncke
Secretario Ejecutivo – Red Muqui