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Del 24 al 28 de octubre se realizará, en la sede de Naciones Unidas (Ginebra), la Octava Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) sobre la elaboración de un instrumento jurídico vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

Este Grupo de Trabajo está encargado de desarrollar un tratado internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Se trata del primer instrumento internacional especializado que permitiría sancionar los abusos de poder empresarial en casos de violaciones de derechos humanos, de los pueblos, sus territorios y de la naturaleza.

Si bien, el Estado peruano ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; la persistente vulneración de derechos humanos, a consecuencia de grandes proyectos extractivos y, más recientemente, los abusos corporativos durante la crisis sanitaria mundial, ponen a la orden del día la necesidad de asegurar la primacía de los derechos humanos, mediante obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas.

En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes demandamos al Estado peruano a asumir un rol proactivo en el proceso de debate y negociaciones del Grupo de Trabajo. Al respecto, consideramos importante promover los siguientes enfoques:

El alcance del tratado debe abarcar las empresas nacionales y transnacionales y sus cadenas de valor.
Las sanciones para las empresas deben ir más allá del incumplimiento de la debida diligencia como proceso y deben atender la obligación de resultado (no dañar), así como la responsabilidad de atención y reparación de impactos

El tratado debe establecer la primacía de los tratados de derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y sus tribunales de arbitraje.

Se deben establecer medidas preventivas para evitar la captura corporativa de las decisiones estatales, y fortalecer la transparencia sobre información ambiental y social, todo esto con respecto al impacto de las empresas sobre los derechos humanos.

Es por ello que, organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a tener una participación activa y favorable al proceso del tratado en la Octava Sesión del Grupo de Trabajo, en permanente diálogo con la sociedad civil.


Perú, 24 de octubre de 2022


Organizaciones firmantes:

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) CooperAcción Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) Diakonía Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) Nodo PerúRed Latinoamericana Iglesias y Minería Perú Equidad Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) Red Muqui Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) We World | Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) | Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) | Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

Durante el 18 y 20 de julio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo; representantes de la sociedad civil (entre ellos la Red Muqui), del Poder Judicial, del sector privado, partidos políticos, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En esas reuniones recogió de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas diferentes problemáticas y planteó sus preocupaciones a las autoridades, constatando que nuestro país aún se está recuperando de la pandemia de COVID-19, que fue “devastadora para la población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo”.

Apoyo a la agricultura familiar

En su informe sobre su visita oficial, reconoce que la pandemia no golpeó a todos por igual: “golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados”.

Precisa además el contexto actual de la conmoción de la guerra en Ucrania, que provoca que “unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos”. Además, advierte la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra, como también lo señalan las organizaciones agrarias.

En ese sentido, la Alta Comisionada de la ONU para DDHH, propone que hay que “apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal”.

Defensa de los defensores ambientales

Además, señaló su preocupación por el escenario de polarización política en que nos encontramos y que es necesario proteger el espacio democrático. Respecto a protección de los derechos humanos, señaló que Perú tiene que implementar las leyes, y herramientas, con presupuesto, que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, para la protección efectiva de los los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica.

Remediación ambiental y consulta previa es urgente

Michelle Bachelet reconoció el aporte económico de la minería en el Perú, pero lamenta que no hayan beneficiado a las comunidades afectadas, “especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales”.

En su carta enfatiza que “el remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad”. Puso el ejemplo de una defensora indígena de derechos medioambientales de Cusco, quien describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. «No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir», dijo.

Finalmente, sobre la problemática minera, señala que “los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo.

Sobre el sector privado, señala que deben aplicar la diligencia debida de las empresas. “Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, concluyó.

La Alta Comisionada de la ONU sobre DDHH, en su informe oficial tras su visita, reiteró por escrito que está dispuesta a trabajar con el gobierno peruano y las instituciones para el resguardo de los derechos humanos en nuestro país.

 

El último miércoles 15 de setiembre se realizó el foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El evento tenía como objetivo la discusión sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú, además de informar sobre los hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”.

Por esa razón, se contó con la participación de panelistas de diferentes organismos públicos y privados para generar una discusión desde diferentes visiones y generar las mejores recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú. En el foro participaron la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú; Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia.

Luego de la presentación del evento realizada por Jaime Borda, Secretario General de Red Muqui, comenzó la participación de la embajadora Kate Harrisson quien señaló que la mayoría de los conflictos que se registran en el Perú son conflictos socioambientales, es decir que se generan a partir de la afectación de un recurso natural en la zona, lo cual también genera impactos negativos en las comunidades cercanas. Además, comentó que, si bien el trabajo que realizan las empresas pueden generar impactos positivos, no se debe dejar de lado el deber que tienen de trabajar sin vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas, ni de las personas defensoras ambientales, lo cual es una problemática constante en el país. Sobre lo último, la Embajadora del Reino Unido en el Perú, informa un dato alarmante, y es que “entre el 2020 y el presente, en el país ha habido al menos 10 defensores ambientales que han perdido la vida” buscando defender sus derechos y los del medio ambiente. Por esa razón, como comenta Kate Harrisson, es crucial “fortalecer el apoyo legal de las personas defensoras para que puedan denunciar crímenes en su contra”.

Constantemente, las personas defensoras de diferentes regiones del país sufren de amenazas, estigmatización, criminalización y ataques lo cual afecta sus derechos y su labor de defensa de la tierra y el medio ambiente. Frente a esto, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que hay una extrema inseguridad de las personas defensoras, ya que no se sienten protegidas ni ellas ni sus familias, y esto se refleja en el informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”, presentado en el foro. Informa también que “los riesgos que enfrentan los defensores han subido durante la pandemia, por actividades contra el ambiente legales e ilegales, y por acceso a la tierra”. En cuanto a la inseguridad con la que viven las personas defensoras, comenta que esto se le asocia también al fracaso del sistema de justicia, que no brinda una respuesta a los pedidos de protección ni una solución concreta a la problemática.

Continuando con los resultados obtenidos por el informe realizado por CAFOD, Emily Mulville, representante de la misma organización, completando la información de las anteriores panelistas, señala que el Perú es uno de los países más peligrosos para la defensa del medioambiente, la realidad comprobada en los estudios y datos sobre la problemática que sufren las personas defensoras, “es escandalosa e inadmisible”. Informa, además, que es debido a que existen fuerzas políticas que tienen como objetivo apoderarse de las tierras que se generan los ataques a los defensores y los impactos negativos al medio ambiente. 

Por esa razón, David Velazco, abogado perteneciente a la organización FEDEPAZ, comenta que es fundamental que se reconozca la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en la sociedad, para que se genere un respaldo social, y en el Estado peruano de manera que “integre mecanismos de protección preventivos ante posibles amenazas”. Sin embargo, la atención que brinda el Estado a la problemática a través del diseño de mecanismos de protección es aún insuficiente, lo cual genera que las personas defensoras sigan siendo criminalizadas y se vean obligadas a refugiarse en los Derechos Humanos, establecidos por la ONU, como señala Hilda Torocahua, defensora de Valle del Tambo.

En el foro también se contó con la participación de la congresista Ruth Luque y de Guillermo Vargas, Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia del  MINJUS, con el objetivo de conocer los retos que se plantean desde el Estado para apoyar el trabajo de las personas defensoras y proteger sus derechos. Ruth Luque señaló que existen aspectos estructurales que el Estado debe cambiar para que se priorice la integridad de las personas defensoras y de las comunidades, de manera que, además, se legitime su rol y labor. Para lograr esto, el sistema normativo debe tomar en cuenta las necesidades de los defensores y que el sistema funcione en favor de ellos y ellas, los cuales son, constantemente, asediados por la minería ilegal.

Guillermo Vargas, reconoce la importancia de que el Estado priorice la atención de la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas defensoras. Por esa razón, comenta que el 22 de abril del presente año, se aprobó el mecanismo intersectorial para la prevención de las situaciones de riesgo, en favor de los defensores ambientales.

Si bien se ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, aún hay retos que cumplir para que las personas defensoras puedan realizar su labor en espacios seguros. Por esa razón, como señala Guillermo Vargas, “solo el compromiso del Estado en conjunto y de todos los actores permitirá que sigamos contribuyendo a la defensa de las personas defensoras del ambiente”.

Sin embargo, para brindar una solución concreta a la problemática, es importante que todos los actores sociales estén involucrados en esto, no solo la sociedad civil y el Estado. Velazco señala que es importante que las empresas evidencien su compromiso con las personas defensoras y no elaboren proyectos que generan impactos negativos en el ambiente, de manera que se pueden prevenir las consecuencias negativas que afectan también a las poblaciones cercanas a la zona.

La Cumbre de Sistemas Alimentarios se realizará el próximo Jueves, 23 de septiembre de 2021, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York en un formato virtual. Esta cumbre es un encuentro de las grandes corporaciones y líderes de los agronegocios, que ya se han asegurado un rol dominante. Su objetivo es asegurarse las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0. Es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, que comprende tanto cultivos transgénicos y semillas corporativas como sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas.

Por eso no es de extrañar que haya surgido un movimiento global alternativo, integrando numerosos movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo, que rechazan esta cumbre y se han propuesto organizarse e informar sobre las alternativas ya existentes en una contracumbre realizada a finales de julio.

Para hacer frente a la creciente demanda de alimentos para cerca de diez mil millones de habitantes que poblarán la tierra para el año 2050, las corporaciones de la industria agroindustrial reiteran que, con el despliegue global de sus cadenas de producción, mediante nuevas tecnologías agrupadas en lo que denominan “agricultura inteligente”, nos ayudarán a sobrevivir el caos climático y la inseguridad alimentaria que ya padece actualmente más de la mitad de población mundial.

O, dicho de otro modo, si se abren las compuertas a lo que la agroindustria califica de progreso, ahora sí podrán dar respuesta a lo que no han hecho durante las pasadas siete décadas. Tiempo que han tenido para asentarse y expandir su negocio a nivel planetario hasta acaparar el 75 por ciento de las tierras cultivables.

En este proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de superficie apta para el arado y talan 7.5 millones de hectáreas de bosque, según cifras entregadas por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, organización dedicada a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.

La agricultura familiar, en cambio, que sólo dispone de un 25 por ciento de las tierras es capaz de proveer alimentos al 70 por ciento de la población mundial. Una ecuación a la inversa como se observa en todo el mundo. Y es que tal vez uno se podría preguntar si acaso el objetivo de los consorcios agroindustriales es satisfacer las urgencias de los hambrientos o el bolsillo de sus dueños.

En este contexto el secretario general de la ONU Antonio Guterres anunció para septiembre de 2021 la realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios como una respuesta al aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional.

Una reunión anunciada desde un cargo público y ofreciendo las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Participantes y dinámica dependen de las posibilidades económicas a menos que solventen los gastos empresas promotoras o filantrocapitalistas. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

De hecho, Guterres anunció que la Cumbre se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino convidadas posteriormente  a participar.

La percepción de que el debate alentado por los organizadores de la Cumbre gira en torno al aumento de la productividad y privilegia las propuestas que profundizan las desigualdades y dependencias tecnológicas, ha conducido al rechazo de la cumbre por un gran número agrupaciones de pequeños productores de alimentos y organizaciones de trabajadores rurales y movimientos sociales de base y comunitarios. E incluso organismos públicos de gran prestigio en sus países como el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor se han negado a participar en este encuentro y han exigido, en cambio, que el debate sobre alimentación enfoque cuestiones fundamentales como el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, la garantía de soberanía alimentaria así como el respeto y la valorización de tradiciones, culturas y saberes locales.

Contracumbre

Más de 300 organizaciones de todo el mundo de productoras y productores de alimentos a pequeña escala de la sociedad civil, personas que trabajan en el ámbito de la investigación y pueblos indígenas se han dado cita a fines de julio en un encuentro virtual, denominado “Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre”, para protestar contra la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

Para Omar Aziki, representante de la Red Norafricana por la Soberanía Alimentaria, la pandemia de Covid-19 ha significado mirar al espejo de lo que significa nuestro sistema de alimentación, ya que ha desnudado las grandes fallas de la agroindustria que afecta tanto a territorios como cuerpos y causa serios daños a nuestra salud, biodiversidad y ecosistemas. Además la crisis ha mostrado la profundidad de las inequidades estructurales, la discriminación, la explotación, el racismo y el dominio patriarcal prevaleciente en nuestras sociedades, exacerbando el hambre y las deficiencias de los sistemas de salud.

Por eso, Aziki y organizaciones de agricultores organizadas en red como La Vía Campesina exigen un cambio radical en la manera de producir y consumir los alimentos. Señalan todo lo que se puede aprender de las redes de solidaridad y cuidado que la gente, en especial los más vulnerables e históricamente oprimidos, han desarrollados durante la pandemia.

La Alianza por la Soberanía Alimentaria en África presenta el ejemplo de Zambia, donde el gobierno ha apostado por subsidiar directamente insumos controlados por agroconsorcios: fertilizantes y pesticidas químicos y semillas híbridas. Con lo cual crea dependencias de mercados controlados precisamente por esos consorcios.  La Alianza Zambiana por Agroecología y Biodiversidad impugna estas políticas porque destruye las prácticas agroecológicas y los sistemas de cuidado e intercambio de semillas locales. Además dice que en algún momento el gobierno no tendrá presupuesto para seguir subsidiando los insumos corporativos, mientras que la necesidad de alimentarse no se acabará.

Como primer paso para asegurar la autosuficiencia en la producción de alimentos los pequeños campesinos ya habrían ganado algo, si el gobierno promoviera el uso de fertilizantes orgánicos y permitiese su venta en las tiendas al igual que las semillas locales. De lo contrario, cuando el gobierno ya no tenga los medios para subsidiar el paquete agroindustrial, los campesinos deberán pagar más por los insumos mientras los suelos ya habrán perdido su fertilidad natural.

Y es que no se trata de un ejemplo aislado. Por el contario forma parte de lo que por ejemplo en el continente más antiguamente poblado se ha denominado Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) alentada y financiado por una alianza de gobiernos, la cooperación internacional e instituciones filantrópicas como la Fundaciones Gates y Rockefeller.

Según una declaración de 2006, año de su fundación la iniciativa planeaba duplicar hasta 2020 el ingreso de 20 millones de pequeños agricultores y reducir a la mitad la escasez de alimentos en 20 países africanos.

Si su desempeño se midiera de acuerdo e estas proyecciones, el resultado, obtenido en las mismas categorías, es un fracaso total. De acuerdo a un estudio de 2020 publicado por varias organizaciones de desarrollo alemanas y africanas, la cantidad de personas que sufren hambre no solo no ha bajado en los 13 países africanos socios, sino que ha aumentado en más de un 33 por ciento. En tanto la productividad agrícola en ocho países creció a un ritmo menor que en el periodo previo al AGRA y en dos incluso disminuyó.

Y para volver al ejemplo de Zambia, aquí ya se observa una crísis de endeudamiento, pues los campesinos tuvieron que tomar créditos para poder comprar semillas híbridas y abono químico.

Y, como las cosechas no fueron las que esperaban, no pueden pagar sus deudas. También el gobierno de Zambia tiene una montaña de deuda impaga porque compró semillas y abono a altos precios para repartirlos entre los campesinos. Ahora adeuda 106 millones de dólares. En otros países africanos se producen situaciones similares. Nuevamente cabe preguntarse a quién beneficia esta política.

La iniciativa AGRA en tanto, ha encontrado otra forma de obviar preguntas incómodas y hacer desaparecer de la página web actual -en la que abundan números como aquél de 23 millones de pequeños campesinos a los que habría beneficiado la iniciativa con un costo de inversión de más de 550 millones de euros – sus proyecciones hechas en 2006 que 15 años después resultaron una quimera con más hambre que nunca en la región a pesar de toda la moderna tecnología.

La situación en América Latina y la posición de La Vía Campesina

La vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas en América Latina rechazan la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas y se han propuesto desmantelar las intenciones que entraña. Entre las organizaciones más activas en la región La Vía Campesina ha hecho hincapié en la necesidad de devolver el control de la producción de alimentos a los pequeños productores y en la necesidad de la agroecología como única vía de alcanzar la soberanía alimentaria.

Jesús Vázquez Negrón de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica que forma parte de La Vía Campesina Caribe destaca que su país cuenta con tierra y agua suficiente para producir en forma agroecológica el 100 por ciento de alimentos saludables para toda la población de Puerto Rico. „Además tenemos conocimientos jíbaros, campesinos, semillas, personas motivadas en (hacer) producir la tierra y que sin embargo no tienen acceso a ella“.

Su organización ha estado promoviendo cambios para el beneficio de quienes trabajan la tierra y quienes representan los sectores más olvidados e ignorados por parte de la sociedad y del Estado.

“Gracias a la concientización, las luchas y las movilizaciones, el movimiento campesino ha logrado que el Estado apruebe una ley en la que se define como política pública reservar más de 600 mil cuerdas (una cuerda, es la métrica usada en Puertto Rico y que equivale a 0,4 hectáreas) o 240 mil hectáreas, para producir alimentos, para el desarrollo de la agricultura“, afirma Vásquez.

Un avance, qué sin embargo, aún no se traducido en medidas tangibles o en programas que se estén ejecutando, algo por lo que la organización boricuá y otras organizaciones campesinas siguen abogando.

Una conclusión que a Jesús Vásquez le importa destacar es la política pública como herramienta fundamental para transformar los sistemas agroalimentarios „porque hay que hacerles entender a los estados la responsabilidad que tienen con el ambiente y con la alimentación como un derecho humano básico“.

 

 

Amenazas, estigmatización, criminalización y ataques, son los constantes problemas que sufren las personas que defienden los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente en América Latina, y el Perú no está exento de ello. Dada la crisis climática se ha tomado conciencia de la importancia de generar medidas que contribuyan a la protección del medio ambiente, pero aún no se reconoce la importancia de la labor que realizan las y los defensores y los riesgos que enfrentan.

A pesar de los avances positivos en cuanto a la creación de medidas normativas para la protección de las personas defensoras, como el diseño de un nuevo Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; las medidas de protección siguen siendo insuficientes, lo cual contribuye a que el Perú siga siendo considerado uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de la tierra y medio ambiente. Un país en el cual, en la última década, 220 personas defensoras fueron asesinadas. Por esa razón, es primordial generar espacios de discusión que contribuyan a generar medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas defensoras y que contribuyan a que su labor se desarrolle sin ningún riesgo.

Por estos motivos, les invitamos a participar este miércoles 15 de setiembre a las 11am del foro: “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”, organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El foro contará con la participación de Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú, Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia, y defensores/as de derechos.

El foro discutirá sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú. Además, se socializarán hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común y recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú, discutiendo casos emblemáticos con los propios defensores de DDHH de Espinar, Valle de Tambo y de la comunidad Awajún, para así generar aprendizajes para la protección y la generación de un entorno seguro para el trabajo de aquellas personas en general que defienden la tierra y nuestra casa común.

El foro será transmitido a través de nuestras redes sociales y de Wayka.

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

Por: Gladys Huamán /Área de incidencia político legal de Red Muqui

¿Cuál es la situación de las y los defensores ambientales?

Como antecedente, se les reconoce legalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1998, donde se aprueba la “Declaración de los defensores de derechos humanos”, marco internacional para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los defensores/as de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo trabajan a través de medios no violentos para defender o promover los derechos humanos[1]. En estos últimos años se ha conocido casos de defensores/as procesados, hostigados y criminalizados por defender derechos, cuyos procesos judiciales incluso han llegado a espacios internacionales.

Michel Forst[2], el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, después de su visita (del 21 de enero al 03 de febrero de 2020) al Perú y luego de haberse reunido con unos 450 defensores y defensoras señaló: “sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, además emitió la “Declaración de Fin de Misión” en la que expone recomendaciones al Gobierno peruano, entre ellas “poner fin a la criminalización imperante de los defensores”“asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan a sus comunidades”, entre otras. Además propuso 7 principios que se debería tener en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores/as de los derechos humanos, del cual destacamos que el Estado peruano debe “adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos”.

Por ello, nos preguntamos ¿Qué avances tenemos en el Perú en relación a la protección de defensores de derechos humanos?

Desde el gobierno nacional, el 31 de enero del 2018, a través del decreto supremo 002-2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El tercer lineamiento estratégico dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre ellos, de los defensores/as de derechos humanos.
Se planteó “garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de las defensoras/es de derechos humanos”, y como meta al 2021 “Un mecanismo implementado para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos” .  Es decir, ya debería estar implementando el mecanismo. Sin embargo, a pocos meses de culminar el año, aún no se aprueba el protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección.

Al año siguiente (2019) aprobaron desde el Ministerio de Justicia el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Y en octubre de año 2020, crearon el “Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos” y aprueban los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Hace poco, el 22 de abril de 2021, publicaron el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, este mecanismo está constituido por principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, señala el artículo 1° del mencionado decreto.

Este mecanismo contiene además los principios, medidas y procedimientos que deben ser implementados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Interior; Ambiente; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Desarrollo Agrario y Riego.

Otro aspecto fundamental, es que en la primera semana de este mes de Junio debería haberse aprobado el “protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”. Esperamos que puedan pre publicar el texto para que los defensores/as emitan su opinión antes de su aprobación. Es fundamental que este protocolo garantice la protección a los defensores/as de derechos humanos y mucho más en un contexto donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales.

[1] Valiente. Una receta para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú. Amnistía Internacional.

[2] Noticias ONU, 3 febrero 2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1468992

Por Gloria De Marino / Área Político-Legal de Red Muqui

Durante la actual fase de la pandemia global del COVID-19, caracterizada por diferentes medidas de restricción y limitación de las libertades personales en la mayoría de los países del mundo; las principales organizaciones internacionales se han expresado sobre los deberes de los Estados en relación al respeto de los derechos humanos, exponiendo varias recomendaciones. Considerando las múltiples preocupaciones que han caracterizado el contexto peruano y que vienen siendo documentadas por Red Muqui en las últimas semanas: respecto a las condiciones laborales de los trabajadores mineros (ambos formales e informales); al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas; y a la vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad, como los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas contaminadas por metales pesados producto de la industria extractiva; se considera necesario revisar los últimos pronunciamientos de los organismos internacionales sobre el tema.

Para empezar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencia que los derechos humanos más afectados por la pandemia son el derecho a la vida y a la salud, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la vivienda, al agua y a la alimentación. En este contexto de vulnerabilidad, especial atención debe ser puesta a las necesidades de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como las personas mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y las personas con discapacidad, entre otros. Además, hay que tomar en cuenta la dificultad de tomar medidas de prevención contra el virus en aquellos contextos de pobreza y pobreza extrema, especialmente cuando falta el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, una vivienda adecuada y un ingreso regular. Por lo tanto, las medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación de la enfermedad deben incorporar no solo una adecuada asistencia sanitaria, sino el acceso a una correcta alimentación, a medios de limpieza, y el otorgamiento de apoyo económico para los individuos en más dificultad[1].

Fundamental es también el rol de las empresas, que deben adoptar “procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos […], particularmente por los efectos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y ambientales] de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las personas que trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades locales”[2]. De acuerdo con este punto, las personas que siguen con sus actividades laborales deben poder contar con medidas de protección adecuadas a la emergencia.

Por otro lado, la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnes Callamard, se expresa sobre el uso de la fuerza policial y militar durante el estado de emergencia, declarado por muchos países frente a la pandemia. La Relatora Callamard subraya que el derecho a la vida no es derogable, y que los principios de legalidad, necesidad, proporción, precaución y no discriminación deben guiar las medidas del uso de la fuerza. Además, recuerda que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía es ilegal bajo el derecho internacional, incluido durante el estado de emergencia. En otras palabras, el estado de emergencia puede legítimamente asignar más poder a la policía, pero esta opción nunca incluye el poder de tomar la vida de manera arbitraria. El aumento de la violencia policial durante el estado de emergencia, a nivel global, se ve generalmente dirigido hacia individuos y grupos que se encuentran constreñidos a romper la cuarentena y las restricciones a la movilidad personal por razones de necesidad y sobrevivencia, como es el caso de personas en pobreza y trabajadores de la calle, personas sin casa y migrantes. Por lo tanto, romper una restricción de libertad no puede ser una excusa para un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, y bajo ninguna circunstancia debería comportar el uso de fuerza letal. Finalmente, la Relatora Callamard recomienda que los Estados y la policía consideren y entiendan estas realidades[3].

Para concluir, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU destaca que es responsabilidad de los Estados prevenir y mitigar los múltiples impactos de la pandemia, actuando en el marco de los derechos humanos, con una atención especial hacia los grupos más vulnerables de la sociedad[4].

Considerando que los impactos de la pandemia se cuentan, en primer lugar, en términos de vidas humanas afectadas a nivel de salud, el derecho a la vida y el bienestar de la persona deberían representar la prioridad por los Estados. Un segundo nivel de afectación abarca las consecuencias sociales, culturales y económicas de la pandemia y de la cuarantena. Unos ejemplos son el aumento de la violencia domestica contra mujeres, niños y niñas; el incremento de los casos de racismo y xenofobia dirigidos a particulares grupos, como migrantes y estranjeros; y la dificultad económica vivida en casos de interrupción de ingreso. Todos estos elementos concurren a crear un escenario complejo de riesgos para los derechos humanos, y al mismo tiempo un desafío por los Estados.

 

 

 

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

[2] Ibid. p. 12.

[3] Human Rights Dispatch No. 1 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf

[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ONU https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

El día de hoy, la congresista Mirtha Vasquez y Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, con el respaldo de su bancada, acaban de ingresar el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprimía el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial. El Proyecto de ley de las congresistas mantiene únicamente una parte del artículo 1 de la Ley de Protección Policial, referida a que las y los policías tendrán asesoría y defensa legal gratuita cuando afronten “una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial”. Esta asesoría y defensa legal será realizado por “un Procurador Público Especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú”, tal como lo señala el artículo 6 de la Ley aprobada, en consonancia con lo planteado en el artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 31012 aprobada (Ley de Protección Policial) tiene 6 artículos en total y una disposición complementaria derogatoria.

La congresista Mirtha Vasquez señaló en sus redes sociales que el Proyecto de Ley 4986 busca derogar los artículos inconstitucionales de la “Ley del Gatillo Fácil”, como llaman también a la Ley de Protección Policial. “No podemos retroceder en derechos humanos ni permitir la impunidad con una norma que atenta contra el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza y la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía”, añadió.

Análisis del Proyecto de Ley

El proyecto de Ley de la bancada del Frente Amplio mantiene la esencia del primer párrafo de la Ley de Protección Policial en el artículo 1. y desecha el segundo párrafo del mismo artículo, porque atenta contra el principio de la autonomía judicial, al señalarse que los jueces deben establecer “mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”

Los siguientes artículos que quieren derogarse de la Ley de Protección Policial; el artículo 2 y 3, son declarativos y contradictorios con el artículo 1, 3 y 4, que fundamentalmente plantean que los jueces no pueden “dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” a los policías investigados; y también están “exentos de responsabilidad penal” cuando causen lesiones o muertes en cumplimiento de su función.

Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios.

El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país.

La ONU se pronuncia

Después de recibir la alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones que se pronunciaron en rechazo a la Ley de Protección Policial aprobada, el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunció el día de ayer: “Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”.

Agregó que, “en el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.

Mensaje del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gúterres, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas.

 

Este año se celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la urgente necesidad de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas.

Las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional.

Se estima que hay en el mundo alrededor de 370 millones de indígenas. Muchos de ellos todavía carecen de derechos básicos, y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad. Esto está en contradicción con el propósito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que prometen no dejar a nadie atrás.

Cuento con que los Estados Miembros colaboren con los pueblos indígenas y les respalden para que puedan determinar su propio desarrollo a través de políticas que sean inclusivas, equitativas y accesibles. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar todas las iniciativas encaminadas a hacer realidad los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.

Finaliza mensaje del Sec. General de la ONU.

 

El caso de Perú

«En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua». La historia completa –> bit.ly/2ZLRNmH