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Ante la crisis económica que provoca el COVID-19, el gobierno ha optado por el camino de seguir dando beneficios a las empresas mineras para que puedan seguir con su producción a costa de la afectación del ambiente. Durante estos meses hemos recibido reportes de comunidades sobre varios ríos y territorios contaminados.

En ese sentido, a fines de julio, el gobierno emitió el Decreto 019-2020, que reduce y flexibiliza los estándares de protección ambiental en la fase de exploración minera. Hace una semana, el gobierno también ha emitido un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que entre varios de los cambios que realiza, obvia la  evaluación técnica previa para dar el visto bueno para que empiece a operar la planta de procesamiento de minerales. Y, hace unos meses, en mayo, el gobierno aprobó el DL 1500 que vulnera el derecho a la participación ciudadana, aplaza las multas a las empresas infractoras y las exonera de reportes de monitoreo ambiental.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui hemos organizado el díalogo virtual: “Desregulación ambiental e impactos mineros”, con el objetivo de analizar las implicancias de las principales modificaciones de las normas ambientales emitidos para el sector minero y evidenciar los impactos ambientales de la actividad minera durante la pandemia y la reactivación económica.

Para ello, dialogaremos con la congresista Mirtha Vásquez; el exviceministro del Ambiente, Mariano Castro; Ana Leyva de Cooperacción: y Edwin Alejandro Berrospi del área socio ambiental de Red Muqui.

Fecha  : miércoles, 19 de agosto del 2020

Hora    : 06:00 PM.

Organiza. RED MUQUI

En vivo AQUÍ 👉 https://bit.ly/3kYPSWQ

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Hemos tenido una semana movida en el escenario político peruano, y es que el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer cambios en la mayoría de las carteras ministeriales, incluyendo al premier. La PCM ahora es encabezada por Pedro Cateriano, quien no es nuevo en el cargo, ya que fue premier en el ultimo año de la gestión de Ollanta Humala. Lamentablemente los antecedentes políticos del señor Cateriano en materia de respeto de derechos humanos, así como en la gestión de los conflictos sociales no son las mejores; son malas noticias para las comunidades y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. Es más, los anuncios del nuevo premier han ido en esa línea estos días, por ejemplo, ha señalado que “no se puede vivir de bonos por siempre, hay que destrabar las inversiones”, dejando en claro su línea política, que ha sido aplaudida por la CONFIEP.

En este contexto, el escenario que se avecina es muy difícil, debido a que los conflictos sociales se vienen reactivando. Esta semana la provincia de Espinar en Cusco ha iniciado un paro indefinido, ellos reclaman el uso de los fondos del Convenio Marco de la minera Antapaccay y del gobierno local de Espinar, para otorgar un bono solidario de mil soles a los pobladores de toda la provincia y de esta forma ayudar a las familias afectadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que vivimos actualmente; sin embargo, la empresa minera se opone a esta medida. De otro lado, los pobladores del valle de Tambo en Arequipa también están preocupados por los reiterados anuncios de los gremios mineros y el ministerio de Energía y Minas por retomar el proyecto minero Tía María. Se han venido realizando cacerolazos en semanas pasadas y con el retorno de Pedro Cateriano a la PCM, esta preocupación es más que comprensible, ya que el 2015 en el conflicto de Tía María el papel del premier en ese momento fue deleznable.

Mientras el escenario político apunta a complejizarse más, dentro de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil la situación tampoco es la mejor, esta semana dos iniciativas de protección del medio ambiente han sido duramente cuestionadas. En el plano nacional y del Congreso de la República se viene discutiendo un proyecto de ley para reconocer a los monitores y vigilantes ambientales comunitarios en la Comisión de Pueblos Indígenas; este proyecto debió ser votado el pasado martes, sin embargo, por presión de algunos congresistas y la oposición de sectores privados y ministerios del ejecutivo se ha suspendido el debate, esperamos que la comisión apruebe la propuesta y se discuta finalmente en el pleno del congreso. Finalmente, el otro tema que cuestionan y a la que se oponen los gremios empresariales como la CONFIEP es la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano, este acuerdo busca implementar medidas para asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todos los peruanos y peruanas. Pero para la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE) esto sería una amenaza para la soberanía nacional y que, además, ya contaríamos con suficientes normas de control y participación ciudadana ambiental.

Desde la Red Muqui hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades y poblaciones locales a estar más vigilantes que antes en medio de esta crisis, ya que las medidas del gobierno nacional, así como los últimos cambios en el gabinete ministerial y la posición de los gremios empresariales en el país, no apuntan a garantizar derechos; por el contrario, se busca solo priorizar la reactivación económica del gran empresariado a toda costa.

El día de hoy, miércoles 16 de julio a las 6pm, se presentará la última investigación a cargo del consultor economista de Red Muqui, Juan Aste Daffós, “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en el contexto de la Covid-19 y la reactivación economica”, en un escenario con un nuevo de gabinete en el país, que ha expresado a través del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, que “la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo” y que el Perú es un país bendecido por la naturaleza que ha brindado una riqueza que está enterrada, en alusión al potencial del sector minero.

La investigación tiene como objetivo presentar el análisis costo beneficio económico y social entre el ingreso generado por la actividad agropecuaria y de pesca artesanal en el valle de Tambo – Arequipa – y el que éste recibiría del proyecto minero Tía María.

Desde que inició la primera fase de la reactivación económica, la Sociedad Nacional de Minería, la Confiep y la ex ministra de Energía y Minas junto a la Southern, han insistido en la necesidad de impulsar el proyecto tía maría para reactivar la economía, encontrando la negativa del saliente premier, Vicente Zevallos. Frente a esta ofensiva, desde la población de valle de Tambo se realizaron dos cacerolazos en rechazo al proyecto minero.

¿Qué pasará ahora? Desde la Red Muqui presentamos esta investigación para responder con un análisis técnico económico cuál es la mejor alternativa para la reactivación económica del valle de Tambo y del país.

El documento será presentado por el ingeniero economista, Juan Aste, y comentado por la ingeniera agrónoma, Marlene Castillo, por el presidente de la Junta de Uusarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, y Mario Chirapo, uno de los voceros de la población del valle.

Fecha: Miércoles 16 de julio – 6pm

Transmisión: www.facebook.com/redmuqui

PUBLICACIÓN LIBERADA: «RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE VALLE DE TAMBO EN PANDEMIA»

Puedes leer la Publicación «Riesgos y potencialidades de Valle de Tambo en pandemia» en formato PDF en este link o aquí: https://muqui.org/wp-content/uploads/2020/09/Tambo-Muqui-22-7.pdf

Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de La Red Muqui.

 

Desde el 01 de julio hemos ingresado a una nueva modalidad de convivencia en nuestro país, y es que el gobierno peruano a decretado el levantamiento de la cuarentena en varias regiones – manteniendo algunas restricciones-, y en la practica la gente ya se ha volcado a las calles masivamente en busca de comida y trabajo. Ni los bonos focalizados ni los programas de reactivación económica han llegado a los sectores más pobres del país. En medio de este escenario varios especialistas señalan que la situación de la pandemia no está controlada ni remotamente, y que los meses de julio y agosto van a seguir siendo críticos. Por su parte, el gobierno y las empresas mineras vienen anunciando una agresiva reactivación económica en el sector minero.

 

A la par de esta situación, la contraofensiva de los gremios empresariales mineros y del mismo gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- a los pueblos indigenas es más que evidente, cuando se habla de reactivación economica no se menciona absolutamente nada de las comunidades indígenas impactadas por las actividades extractivas en los ultimos años, mucho menos del debilitamiento de la institucionalidad ambiental, así como el derecho a la participación y consulta previa de los pueblos indígenas. Sobre este último punto la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señalo que el MEF va financiar al Ministerio de Cultura “para que identifique todos los pueblos originarios del país, para acelerar los proyectos mineros” y que en algunos casos se va hace la “consulta previa virtual”. Si ya el mecanismo presencial tenía varios cuestionamientos, ahora se dice que el proceso será virtual y rápido, es decir no solo es un retroceso, si no que va en contra de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas (PPII).

 

Los cambios no irán solamente en afectación a los PPII, la ministra, además, ha mencionado que: “En el marco de la mesa ejecutiva con el sector privado, se está trabajando en la mejora del reglamento de procedimientos mineros, del reglamento de exploración minera y los lineamientos para colecta de muestras”; es decir se vienen cambios y reformas en todos los sectores para facilitar la inversión minera. Estas medidas no incluyen opinión ni participación de organizaciones de la sociedad civil, se están aprobando solo en reuniones del sector privado y el ejecutivo en nombre de la reactivación economica. La CIDH ya ha señalado claramente que los gobiernos nacionales “deben abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada”.

 

Finalmente, en medio de toda esta situación tan difícil que vivimos en nuestro país, recibimos la triste noticia de la partida del Apu Santiago Manuin, quien fuera un reconocido líder y dirigente social amazónico. Quienes lo conocimos sabemos de la calidad y sencillez de persona que fue. Se lo llevó el virus, pero también la desidia de un Estado que en vez de defenderlo lo acusó y criminalizó en los trágicos sucesos de Bagua (2009). ¡¡Descansa en Paz Santiago!!

 

Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Recientemente un grupo de personas y organizaciones de diferentes países de Latinoamérica han elaborado y hecho publico un comunicado muy potente denominado: “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina”, y como se señala en el documento, la propuesta de “este Pacto no es un listado de demandas que se dirigen a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades” en este contexto de pandemia del Covid-19. Entre las nueve propuestas que alcanza el comunicado, hay dos puntos centrales que quisiéramos resaltar: la implementación de una renta básica universal que sustituya las transferencias focalizadas y la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria; lo que implica empezar por las reformas en las políticas agrarias en los países de Latinoamérica.

 

Sobre el tema de la renta básica universal en nuestro país, aquí lo hemos llamado el bono universal. Diversas organizaciones de la sociedad civil han venido exigiendo al gobierno la aprobación de esta medida, ya que ha quedado demostrado que el bono focalizado no ha funcionado. El mismo presidente Vizcarra ha señalado que este solo a llegado a entregarse en un 50% y el avance de la entrega en el sector rural es mínimo. Por ello esta semana la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva, ha presentado una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 5435) para establecer un Ingreso Básico Universal. El objetivo de la norma es que el bono llegue a todos/as los ciudadanos/as del país sin distinción alguna durante el estado de emergencia, esto incluye a los más de 70% de trabajadores informales. Al respecto, la misma Comisión Económica Para América Latina – CEPAL ha recomendado a los gobiernos latinoamericanos implementar esta medida; así que no es una propuesta descabellada.

 

El otro tema que esta vinculado al bono universal es la reactivación de la economía. Para el gobierno y los gremios empresariales privados esto solo tiene que ver con la reactivación de las grandes empresas, dejando de lado la atención al sector agrario, cuando la reactivación debería haber empezado por el agro y desde los territorios, aunque en las ultimas semanas se han dado algunos pasos: por ejemplo, en el espacio del Acuerdo Nacional se han aprobado varias acciones, entre ellas la conformación de un Comando de Emergencia Agroalimentaria. Lo cierto es que, si no se atiende con urgencia el agro, vamos a ingresar a un periodo de crisis alimentaria en todo el país, por ello el pedido del fondo de salvataje por 5 mil millones de soles que viene realizando los gremios agrarios tiene que aprobarse para asegurar la campaña agrícola 2020-2021.

 

Desde la Red Muqui creemos que si el gobierno quiere tomar medidas en favor de la población tiene que escuchar las voces de las organizaciones sociales, los gremios agrarios, las comunidades campesinas, los sindicatos, entre otros; y no solamente al sector empresarial, como claramente se puede ver. Por lo pronto el bono universal y el fondo de salvataje para el sector agrario son temas urgentes a atender.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente el escenario se va aclarando sobre las verdaderas prioridades del gobierno peruano para enfrentar la pandemia del Covid-19. A más de 80 días de la cuarentena podemos señalar que el dilema entre salud y economía se ha ido definiendo, aún a pesar de las esfuerzos que se plantearon por priorizar la salud.  La apuesta económica es la opción que ha decidido optar el gobierno de Vizcarra, la presión de los gremios empresarios ha surtido efecto; es triste decirlo, pero la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno han estado orientados hacia este sector. Encontramos varios ejemplos de ello, como que la minería es una actividad esencial, la reactivación económica centrado en más extractivismo, la suspensión perfecta de labores, la no regulación del precio de los medicamentos, el abuso en el cobro de las clínicas, los balones de oxigeno, entre otros.

Es en ese marco que se ha aprobado la 2da fase de la reactivación económica (D.S. No 101-2020-PCM) que en la practica dispone las mismas medidas para las actividades económicas extractivas: “3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. Es decir, para la segunda fase no hay mayor cambio, esta claro que esto obedece a las presiones de la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE). Recientemente el director de este gremio, Pablo de la Flor, había señalado que existe un “excesivo burocratismo transversal” en el Estado para reiniciar las operaciones mineras. Y semanas después su pedido es refrendado en este Decreto Supremo. Entonces se evidencia nuevamente las prioridades del gobierno de Vizcarra.

De otro lado, un tema no menos importante en este escenario del que queremos comentar, es el día del medio ambiente. Cada 05 de junio conmemoramos este día y creo que por lo menos este año en particular requiere de una reflexión y revisión seria sobre nuestros hábitos de vida a nivel personal, familiar y colectivo. Mucho se ha hablado sobre la nueva normalidad en las ultimas semanas, y de modo particular de nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente. Si bien desde la sociedad civil podemos incorporar estas nuevas practicas, no se piensa lo mismo desde el Estado o en las empresas privadas. En plena cuarentena se han registrado varios casos de contaminación ambiental en zonas mineras, por ejemplo; o el mismo gobierno que busca relajar las acciones administrativas de fiscalización y protección del medio ambiente a través del decreto legislativo Nro. 1500, emitido recientemente.

Por todo ello, desde Red Muqui creemos que si el Estado no garantiza la protección de la salud de las personas, así como del medio ambiente, poco o nada estamos aprendiendo de esta pandemia, y por el contrario vamos profundizar la crisis y las profundas brechas sociales que tiene el Perú de hoy en tiempos de Covid-19.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Durante las últimas semanas y luego de una fuerte presión de los gremios agrarios, de las comunidades campesinas y de varias organizaciones de la sociedad civil; el Ejecutivo y el Congreso de la Republica han escuchado parcialmente las demandas de este sector. Es cierto que la salud en este momento debe ser lo más prioritario a atender, pero también debe ser atendido el sector agrario, que históricamente ha sido uno de los más postergados, y que paradójicamente hoy esta sosteniendo la alimentación de la mayoría de peruanos y peruanas. Por lo tanto, la reactivación económica debería pasar principalmente por este sector y no centralmente por la reactivación de las actividades extractivas como la gran minería.

Sin embargo, el sector minero no ha perdido el tiempo. Se ha informado que la reactivación de las operaciones mineras ya se está dando con normalidad, aún a pesar de que los protocolos que vienen implementando no son los más óptimos, y aún a pesar de que los contagios del Covid-19 en los trabajadores mineros, continúa. Pero lo noticia que más llama la atención son las recientes declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quien se ha referido a los casos del proyecto Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa: “Todo es posible con el entendimiento del entorno donde se encuentre el proyecto y eso es un trabajo que hay que hacerlo, hay que retomarlo. Tiene que darse, en algún momento tiene que darse”. Estas declaraciones son preocupantes porque ambos proyectos han tenido serias observaciones técnicas y ambientales en su momento y sobre todo porque no tienen licencia social. Las poblaciones locales en ambos casos han sido tajantes en su posición: no quieren actividad minera en sus territorios.

El caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo, Arequipa, merecen una atención especial, ya que no solamente no hay condiciones ambientales y sociales para el desarrollo de este proyecto, si no que la población local ya tiene una alternativa de vida en el próspero valle que da trabajo a miles de personas, y que en este contexto del Covid-19, además esta proveyendo de alimentación a millones de personas en todo el país, con productos como la cebolla o el ajo, solo por mencionar.

El caso del Valle de Tambo probablemente es la síntesis de lo que significa en el Perú la contraposición entre la minería y el agro. Como es evidente, los daños ambientales, sociales y económicos serían enormes para los pobladores del valle. En este caso se ve claramente que se busca imponer un proyecto minero que responde más a intereses económicos y privados; porque sí lo que se quiere es promover el desarrollo sostenible de esta población, lo que se debe hacer es apoyar aun más la actividad agrícola por la que ha optado el Valle de Tambo en Arequipa.

Por ello, desde la Red Muqui creemos que la reactivación económica no solo debe estar centrado en el sector extractivo minero, ni mucho menos buscar imponer proyectos mineros a costa del desarrollo local, como es el caso del Valle del Tambo; la reactivación debe potenciar las actividades alternativas territoriales y locales, como la agricultura familiar que sostienen la alimentación y la vida de los peruanos y peruanas en este contexto del Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el último abril el documento “COVID-19 ESTRATEGY UPDATE”, que establece una serie de pautas para que los diferentes países puedan desarrollar su estrategia control del COVID-19 señalando que sin una planificación cuidadosa y en ausencia de recursos para aumentar las capacidades de salud pública y atención clínica,  un prematuro levantamiento de las medidas de distanciamiento físico generaría que conlleve a un resurgimiento incontrolado en la transmisión COVID-19 y una segunda ola amplificada de casos. En el Perú, la reactivación económica se encuentra en marcha con mucha celeridad desde el mes de mayo, a pesar que el país no cumple con los criterios elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar a una etapa de des confinamiento progresivo:

  • Que la transmisión esté controlada.
  • Que el sistema de salud tenga la capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contacto.
  • Que los riesgos de brote se hayan minimizado en ubicaciones especiales, como centros de salud y residencias de personas mayores.
  • Que haya medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas u otros lugares esenciales a los que la población tenga que ir.
  • Que los riesgos de casos importados se puedan manejar.
  • Que las comunidades estén formadas, comprometidas y capacitadas con las nuevas medidas.

Reactivación Económica

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de actividades económicas FASE 1 prioriza al sector minero para esta reanudación a pesar que en diversas unidades mineras del país se vienen desarrollando brotes de COVID-1, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores. Ahora el Ministerio de Energía y Minas ha emitido la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM que desarrolla el protocolo sanitario para el sector Energía y Minas. A partir de este protocolo, las empresas mineras elaborarán sus “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”.

Observaciones al Protocolo Sanitario

Desde Red Muqui hemos elaborado el documento: “Observaciones al Protocolo Sanitario para COVID-19 en el Sector Minero”, en que planteamos que:  No se señala claramente que las instancias del MINSA tendrán que aprobar estos planes, así como las potestades que se le otorgan a las empresas para consignar información en la Red Nacional Epidemiológica sin que esa información sea procesada previamente por las autoridades de salud regionales o locales; el protocolo tampoco establece medidas de prevención específicas para los Pueblos Indígenas y comunidades; y no se establece estándares adecuados para la garantía del derecho al acceso a la salud y la responsabilidad de las empresas.

Estado debe proteger derechos

En tiempos excepcionales de pandemia global por COVID-19 donde se muestra la fragilidad del sistema estatal para la protección de derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); por ningún motivo el mandato de reactivación económica puede constituirse en mayor desmedro de los derechos a la salud y vida de las y los trabajadores, pueblos indígenas, comunidades, y la reducción de estándares para la protección de sus derechos. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas ya vienen sufriendo impactos acumulativos por la actividad extractiva en sus territorios y fuentes de agua y, en contexto de crisis sanitaria, económica y alimentaria como la que se vive actualmente, se encuentran expuestas a un doble impacto generado por la actividad empresarial minera.

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