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El día de ayer, miércoles 26 de agosto, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental:

  • La participación ciudadana implica una reunión y como en el Estado de emergencia se ha suspendido todo, no hay participación ciudadana, pero para la aprobación de la MEIA se necesita la participación ciudadana porque es un requisito formal de acuerdo a ley. Chinalco señala que hará la reunión de manera virtual y difundirá la información mediante radios y redes sociales. Nosotros señalamos esa omisión en las observaciones.
  • La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental desconoce a pobladores y comunidades de 2 distritos del área de influencia directa: Mororocha y Yauli. En Morococha se encuentra la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará y dentro del distrito de Yauli está la comunidad campesina de Yauli, y Pachachaca y su anexo el barrio san miguel.
  • Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE

A fines de julio, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho de propiedad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas imprecisiones en las que incurrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Con estas observaciones, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín y pobladores locales, afectados por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, buscan que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el proyecto minero; de lo contrario se legitimará la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha.

 

 

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. –

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

CON CARTA DE LA CIUDADANÍA

OXFAM en Perú lanzó una petición digital para que todos los peruanos y peruanas pidan a los candidatos/as que defiendan nuestro medio ambiente, a través del fortalecimiento de las instituciones medioambientales del Estado. De igual modo, este petitorio exige una mejor implementación y cumplimiento de la Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, quienes son los más afectados con la debilidad de la fiscalización ambiental que ejerce Estado, en favor de la inversión.

“Pedimos a los candidatos y candidatas a la presidencia y congreso de la república del Perú que se comprometan a fortalecer y mejorar la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y a fortalecer el Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y el Ministerio de Cultura, como bases fundamentales de la institucionalidad medioambiental”, es uno de los principales pedidos ciudadanos.

Asimismo, la petición de la ciudadanía insta a la reflexión a los partidos políticos en contienda, sobre las muertes causadas por los estallidos de conflictos sociales que se suscitan por la lucha por el uso y control de nuestros recursos naturales. Es por ello, que la petición contempla la protección del derecho a consulta previa, libre e informada, así como anteponer las personas, antes que a la economía.

«Nos preocupan las constantes presiones de algunos intereses económicos por eliminar la consulta previa; y por los graves impactos que tienen ciertas leyes “pro-inversión”, debilitando las instituciones medioambientales. Mientras muchos gobiernos mejoran sus políticas ambientales, el Perú va en sentido contrario», indica parte de la carta.

En ese sentido, la iniciativa de OXFAM y de la ciudadanía firmante, también llama a la reflexión acerca de la presión que el gobierno recibe por parte de las empresas minerías, petroleras y agronegocios que por buscar mayores mercados para explotar, exigen reducir los controles socio-ambientales, afectando nuestros derechos para proteger nuestros territorios y formas de vida.

Ello se refleja en la promulgación de leyes “pro-inversión”, conocidas como “paquetazos ambientales”.

“El Perú no puede ir para atrás cuando muchos países avanzan en sus políticas para defender su medio ambiente. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos, e incluso nuestra salud. Fortalezcamos el cumplimiento de las normas e instituciones ambientales y de Consulta Previa para poder seguir creciendo en una sociedad equitativa, sostenible e inclusiva”, se exhorta a los candidatos y a los votantes.

OXFAM Perú y RED MUQUI te invita a firma ahora y compartir la iniciativa con tus contactos: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente.

 

Foto: OXFAM

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.