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La comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, convocada en asamblea, ha manifestado sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, el segundo tajo que pretende explotar la empresa minera MMG Las Bambas.
Por otra parte han reiterado sus preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de la minera en su conjunto. Así lo señala el comunicado firmado por las autoridades de esta comunidad el 10 de febrero.

Recuerdan el espacio de negociación que abrieron con la minera desde el 28 de junio de 2022, y que tiene al Estado como ente supervisor y facilitador. Y que, según acta del 6 de diciembre de dicho año, tiene como objeto la resolución de 14 puntos de agenda que abordan controversias bilaterales.
Sin embargo, los dirigentes lamentan que hasta ahora ninguno de los puntos de la agenda haya sido zanjado definitivamente hasta ahora. Parte de las demandas se relacionan con la actividad de empresas sectoriales de la propia comunidad de Huancuire, cuya continuidad depende de los acuerdos en torno a los 14 puntos mencionados. Debido a estos desacuerdos, los comuneros rechazan el inicio de los trabajos de operaciones del Tajo Chalcobambas.

Fue en marzo de 2022, que la minera informó la autorización por parte del gobierno peruano del inicio de operaciones de dicho espacio. Según sus propias proyecciones, la empresa espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional.
Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG, una de las mayores extractoras de cobre del país, ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la Cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros. Entre otras cuestiones, que van más allá de la intransparencia en la redacción del estudio, la organización destaca las siguientes falencias:

– La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba (el único que hasta ahora está siendo explotado) en 285.3 hectáreas (de 408.7a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
– No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
– La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
– Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
– No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
– No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
– Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
– Se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
– Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del río Chalhuahuacho, que aparte de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
– También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.

Por estas y otras consideraciones, CooperAcción recuerda que, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.

En el caso de la comunidad campesina de Huancuire, que ha estado en el centro de las acciones de movilización en las últimas semanas, se trata de un pueblo agricultor, productor de papa y chuño, que habita ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la nueva explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos para sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca que abastece todo el distrito de Coyllurqui.

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

Pocas personas fuera del centro poblado de Challhuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascarcocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización del mismo por 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentarían los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

60 trabajadores de seguridad de la minera Southern Perú, desalojaron violentamente y retuvieron ilegalmente durante varias horas a 20 comuneros de la Comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en el sector de la represa Viña Blanca. Así lo ha dado a conocer el prefecto regional de Moquegua Edgar Rea. De acuerdo a las informaciones entregadas a Radio Americana de Moquegua, al menos un comunero resultó gravemente herido en este violento desalojo. De acuerdo a las autoridades locales, el objetivo la acción represiva por parte de la empresa Southern Copper, filial del conglomerado Grupo México, habría sido abrir las válvulas de agua del reservorio que abastece al campamento de la mina de cobre Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Tanto el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, como los representantes del gobierno central en la prefectura de Moquegua han condenado estos hechos por parte de la empresa que han calificado de inaceptables

En un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundido por la mencionada emisora, esta ha condenado lo que ha calificado como “decisión unilateral de la empresa a ejercer la defensa posesoria de la estación de Viña Blanca”.

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Los comuneros mantenían tomadas dichas instalaciones como una forma de rechazo a la pretendida ampliación de la mina Cuajone. Southern planea expandir la capacidad de la planta concentradora de Cuajone, de 85 mil a 120 mil toneladas de mineral por día, con lo cual estaría generando una demanda aún mayor de agua y la consiguiente contaminación del río Torata, tal como lo han constatado las comunidades que habitan su cuenca.

Las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala ahora exigen la presencia de una “comisión de alto nivel” conformada por el premier, Aníbal Torres; y los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y de Desarrollo Agrario y Riego. Con ello buscan establecer una mesa de diálogo a la que deba acudir la empresa minera con el fin de acordar algunas exigencias mínimas en torno al uso y prevención de contaminación del río.

Es de destacar que la mina de cobre a tajo abierto Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Cáceres, operada desde 1976 por el consorcio minero Southern Copper Corporation ha estado provocando impactos acumulativos en la calidad del ambiente, efectos que se han extendido más allá de la zona donde se emplaza la minera. Entre los casos más notorios y trágicos ha destacado la contaminación de niños con metales altamente tóxicos. En 2019 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS) tomó muestras de 80 niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa “Vidal Herrero Díaz”. Los resultados arrojaron la presencia de arsénico y cadmio en el organismo de los menores de hasta veinte veces por encima de los límites considerados permisibles por las autoridades de salud, denuncia el ingeniero Guido Herrera, ingeniero en obras hidráulicas y vecino del sector. Una muy probable causa de esta contaminación está relacionada con el incremento en la producción de mina Cuajone, propiedad de Southern Copper, subsidiaria del grupo México, tercer mayor consorcio minero del mundo a lo largo de estos años. Este aumento en la explotación de cobre ha traído una fuerte presión sobre el acceso al agua en la zona, así como un incremento en la generación de residuos mineros y sus consiguientes pasivos ambientales. Las instalaciones de la unidad minera Cuajone con sus depósitos de desmonte y de residuos tóxicos se encuentra en las inmediaciones del río Torata, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató en febrero de 2019 el deslizamiento de sustancias provenientes de la actividad minera en dicho río.

Ampliación de Cuajone

En cuanto a la preocupación por la definitiva aprobación de la ampliación de la mina Cuajone, es importante recordar que en efecto, a finales de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de dicha unidad minera presentado por Southern Copper. Según DEAR-SENACE la realización de las modificaciones planteadas a través del ITS implica la generación de impactos ambientales, si bien negativos, no considerados significativos. El organismo estatal otorga esa calificación porque la empresa minera contaría con las medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación. No obstante la aprobación del ITS por parte del SENACE, ese procedimiento no constituye un otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que deben contar las operaciones mineras, en este caso Southern Peru Copper Corporation, explica el ingeniero en obras hidráulicas Guido Herrera. Sin embargo, en la práctica el ITS se ha transformado en un instrumento de gestión ambiental express, que es aplicado por las grandes empresas mineras para obviar la participación ciudadana. Esto es especialmente grave si se considera que SENACE no debería eludir la grave situación que afecta la disponibilidad y calidad del agua ya presente en la zona.

 

 

 

 

 

Una polémica y cuestionada audiencia se ha desarrollado por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), dependiente del Ministerio del Ambiente. En este espacio que se ha desarrollado de manera virtual la Compañía Minera Ares, subsidiaria del consorcio minero Hochschild Mining, ha presentado la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Inmaculada, ubicada en la provincia de Paucar del Sara Sara en la región Ayacucho.

La minera ha propuesto modificar el plan de minado, a fin de extender la vida útil de la explotación de oro y plata hasta el 2042. Una propuesta que extiende el tiempo de explotación de esta mina, que representa el 60 por ciento del volumen total de producción del grupo Hochschild, en veinte años, ya que el cierre de producción estaba previsto para 2023.

Esta pretendida ampliación es justamente la que causa polémica, ya que el Estado peruano a través de una comisión gubernamental encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió el 19 de noviembre pasado a respetar los planes de cierre de cuatro unidades mineras y terminar de esa manera la operación de las explotación de minerales en las cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho. Uno de los reclamos más sentidos de las comunidades de las provincias de Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. Compromiso solemnemente firmado entre el Estado y las comunidades en la comunidad de Cora Cora para negociar el retiro y el cierre de las mineras Apumayo, Breapampa además de Pallancata e Inmaculada.

En conversación con Red Muqui el presidente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, Rodolfo Ríos, cuestionó además el momento y la forma en la que se desarrolló esta audiencia sobre la Modificación del EIA. En una zona del país que no cuenta salvo contados lugares con una cobertura de red que haga posible participar de un espacio virtual que requiere un servicio de Internet estable y con un mínimo de descarga de datos para que los habitantes de las comunidades lo puedan seguir, este espacio resulta más una artimaña de la empresa para sugerir que ha consultado con la población afectada una posible ampliación temporal de sus operaciones, explica Rodolfo Ríos.

Y es que el consorcio minero tiene prisa por ver aprobada esta pretensión. En diciembre del año pasado, la agencia Reuters informó que Hochschild Mining preveía que el regulador ambiental aprobase en el primer semestre de 2022 ampliar la vida útil de su mina insignia.

Para el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, donde se encuentra una cabecera de cuenca y tres microcuencas y donde se ubica la explotación con el nombre eufemístico “Inmaculada”, después de trece años de explotación en los que la empresa ha engañado a las comunidades este tipo de acciones no hacen más que aumentar la conflictividad en la zona. Y añade que el pueblo, que no ha participado de esta última audiencia, si bien reconoce que estuvieron presentes trabajadores directos y de empresas subcontratadas que no tienen legitimidad ante las comunidades, rechaza tajantemente la posibilidad que la mina extienda el tiempo de sus operaciones.

Ríos recuerda que el gobierno tiene 90 días de plazo que corren desde el acuerdo del 19 de noviembre de Cora Cora para implementar lo suscrito con los comuneros.

En esa ocasión, se acordó además la implementación de un Marco Metodológico para la identificación, Caracterización y Zonificación de las cabeceras de Cuenca en las tres provincias mencionadas.

Estas medidas fueron acompañadas del compromiso para crear una comisión ejecutiva para la negociación del retiro de las cuatro unidades mineras, medida estrechamente relacionada con lo estipulado por los mismos planes de cierre que presentaron las propias mineras en sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental.

Para las mineras hay mucho juego. En el caso de Ares, las acciones de su casa matriz, Hochschild se hundieron en noviembre a mínimos históricos en la bolsa de Londres. Esto se debió a la incertidumbre en torno al futuro de dos de sus tres minas de metales preciosos (Inmaculda y Pallancata), antes de recuperarse luego de que el Gobierno relativizara su postura sobre la extensión de las operaciones de las mismas.

En tanto los comuneros del valle de Huanca Huanca, cuya vida peligra por la explotación minera, observan el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno en atención a la contaminación minera. Así por ejemplo el Ejecutivo se había comprometido a realizar una visita a todas unidades mineras, incluida Inmaculada, hasta el 15 de enero.

Sin embargo, la prometida visita de la comisión ejecutiva no se ha concretado. Para alertar sobre ello el Frente realizará el próximo 11 de marzo la  II Convención de las comunidades y pueblos afectados por la minería en Pauza, Páucar del Sara Sara.

El pasado 13 de agosto, la presidencia ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), presidida por Alberto Barandarian Gómez, emitió la resolución Nº 00042 -2021-SENACE/PE desestimando la apelación que presentó el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha contra la aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Toromocho de la empresa Chinalco.

Como es de conocimiento público, el 24 de marzo de 2021, SENACE resolvió desaprobar la MEIA de Toromocho por no haber levantado dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones formuladas por la autoridad nacional de agua (ANA). Ver Documento

Frente a esta decisión, el 16 de abril del presente año la empresa minera Chinalco interpuso un recurso de reconsideración contra dicha resolución directoral del SENACE. La respuesta del SENACE del 03 de junio, mediante la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la minera Chinalco, aprobando la MEIA de Toromocho.

El escenario cambia, cuando el 24 de junio, los representantes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha, que representa a más de 40 familias aún no reasentadas de la antigua Morococha, interpusieron un recurso de apelación contra la resolución directoral solicitando que se revoque dicho acto administrativo, y se reformule declarando infundada la reconsideración de Chinalco o se declare su nulidad. Ver Documento

Sin embargo, haciendo caso omiso al pedido de Chinalco de ampliar por diez días más el plazo para contestar a dicha apelación, el SENACE decidió declarar infundado el recurso de apelación del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha. Para el abogado de las familias de la antigua Morocoha, Carlos Castro, esta medida tomada por el SENACE evidencia una clara parcialización a favor de la empresa minera Chinalco, debido a que no toma en cuenta las afectaciones verificadas en las observaciones presentadas en contra de la MEIA y solo termina remitiéndolas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para su evaluación y posterior sanción si correspondiera por la infracción de normas ambientales.

En palabras del doctor Castro; “el SENACE, como no podía ampliar los plazos prescritos para emitir su resolución definitiva, ha prescindido de la contestación de la minera Chinalco, pero la ha defendido de oficio prácticamente”

Observaciones a la MEIA

Respecto al componente de recursos hídricos, se observó que los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por día (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo de aguas adicionales a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original del 2010, lo cual ocasionaría considerables impactos ambientales.

Así mismo, el documento resalta que el desarrollo del modelo conceptual (información utilizada) y posterior modelo numérico hidrológico no cuenta con la información suficiente y actualizada sobre los niveles de agua subterránea y flujos de entrada y salida del sistema hidrológico, por lo que dichos modelos numéricos han considerado información desfasada para la calibración. A su vez, ésta es limitada debido a que no se tomaron registros de las fuentes de agua subterránea desde el último Estudio de Impacto Ambiental en el 2010.

Las observaciones planteadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), habían sido advertidas a fines de julio del año 2020 en las observaciones presentadas a SENACE por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y la Red Muqui; en ella se advertía que la propuesta de Chinalco iba a requerir aproximadamente 331L/s de agua adicional para sus operaciones. Esta información no fue expuesta de forma clara por Chinalco en su MEIA, ya que actualmente el proyecto minero hace uso de aguas subterráneas (según su EIA 2010), y ahora según su MEIA necesitaban actualizar el estudio y hacer un balance hídrico. Otro dato importante es que Chinalco no consideró hacer un estudio sobre la conectividad hidrogeológica con las principales lagunas de la zona, a pesar de que la ANA ya había declarado en emergencia dichas lagunas.

Finalmente sobre el documento presentado por Chinalco por el que el SENACE aprobó la MEIA del proyecto Toromocho, cabe precisar que no subsana las observaciones realizadas por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha. Como es sabido, la Autoridad Nacional del Agua el 24 de marzo rechazó la MEIA presentada por Chinalco justamente por no resolver 18 de las 25 observaciones. Por otro lado, también indicar que el SENACE aprobó la MEIA del proyecto Toromocho el 6 de junio mientras se llevaba a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú.

Reasentados protestan

El reciente  sábado 21 de agosto los pobladores que aceptaron reasentarse en Carhuacoto (la nueva Morococha) marcharon contra empresa la minera Chinalco por incumplir su compromiso de garantizar trabajo para los pobladores y debido a la falta de actividad económica en un pueblo que en la actualidad carece de comercio y luce como un lugar fantasma.

Por: Gladys Huaman / Area de incidencia política y legal de Red Muqui.

 

De camino de Lima a La Oroya o viceversa, por la carretera central, muy cerca al nevado Ticlio se encuentra Morococha, hace 11 años era una ciudad de 5,397 habitantes[1], justo cuando cumplía 103 años de creación como distrito; el Ministerio de Energía y Minas, en diciembre de 2010, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Toromocho” de la Minera Chinalco Perú S.A.[2] Morococha es un distrito en donde diversas empresas venían explotando minerales, pero con este proyecto minero cambiaría radicalmente la vida de los pobladores.

No podemos olvidar, el proyecto Toromocho ha conllevado al reasentamiento involuntario de la población de Morococha a la zona de Carhuacoto, proceso que aún no se culmina debido a un remanente de la población que no la acepta. También ha generado alejarlos de polos económicos, lo que no les permite consolidarse y crecer como ciudad, y los pobladores que aún siguen en la antigua Morococha continúan defendiendo sus derechos. Un reasentamiento que nace por el método de extracción a tajo abierto que emplea la empresa.

Además del reasentamiento, el proyecto de explotación “Toromocho”, ubicado en los distritos de Morococha y Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín, implica un tajo abierto con reserva de cobre y molibdeno, con operaciones de minado por 32 años. Pero, no es solo el tajo, en el resumen ejecutivo elaborado por la empresa encargada de la elaboración del EIA[3], y la misma resolución que aprueba este instrumento ambiental, señalan entre otros componentes lo siguiente:

Componentes Detalles
Tajo abierto Inicia en el cerro Natividad, cuyas dimensiones finales serán 2 400 por 2 300 metros, llegando a alcanzar un cambio topográfico total de 860 m, y llegando hasta una elevación final del tajo de 4 035 m de altitud, aproximadamente.
Dos depósitos de mineral de baja ley Depósito de mineral de baja ley y depósito de mineral de baja ley suroeste. Almacenaran 89 y 96 millones de toneladas de mineral, respectivamente. El mineral apilado en dichos depósitos será beneficiado durante los últimos 4 años de la operación.
Dos depósitos de desmonte de roca Un depósito al oeste del tajo, con una capacidad de almacenamiento de 585 millones de toneladas de desmonte cubriendo un área de aproximadamente 345 ha. El segundo ubicado al sureste del tajo, con una capacidad de almacenamiento de 596 millones de toneladas, cubriendo un área de aproximadamente 235 ha.
Instalaciones de procesamiento El mineral será llevado a la Chancadora primaria ubicada al sur del tajo, luego con fajas transportadoras a la planta concentradora que tendrá la capacidad de procesar 117 200 tpd.

Los relaves producidos por la planta concentradora a razón de 115 676 tpd y serán espesados a 69% de sólidos y dispuestos en el depósito de relaves ubicado en la cuenca de la quebrada Tunshuruco.

Depósito de relaves Depósito de relaves ubicado en la quebrada de Tunshuruco, al término de las operaciones de mina, ocupará la mayor parte de la quebrada. Contendrá 950 millones de toneladas de relaves espesados y cubrirá un área aproximada de 790 ha.

Fuente: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Toromocho, y Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM.

 

En una década, Minera Chinalco Perú S.A. ha logrado modificar su EIA – 2010 hasta en cuatro oportunidades, la última aprobada el 3 de junio de 2021. Surge inmediatamente la pregunta si estas modificaciones son permitidas, evidentemente que sí.  Las modificaciones que se llevaron adelante son:

  • 10 febrero de 2014, aprobado por Resolución Directoral N° 068-2014-MEM-DGAAM, la “Optimización del proceso de beneficio – Implementación de la Planta de Extracción por Solventes y Electro Depositación (S/EW) del Proyecto Toromocho”
  • 29 diciembre de 2015, a través de la Resolución Directoral N° 504-2015-MEM-DGAAM, aprobaron la “Optimización de la ampliación de la Planta Concentradora Toromocho”, incrementando la capacidad de la concentradora en un 20%, aumentando su procesamiento por día de 117 200 tpd a 140 640 tpd”
  • 07 noviembre de 2017, con la Resolución Directoral N° 343-2017-MEM-DGAAM, aprueba la modificación para la “implementación de cambios menores en componentes de la Unidad Minera Toromocho”, con ello habrían ampliado la capacidad de los depósitos de desmonte, reubicación de la tubería de transporte de relaves, entre otros.
  • 03 junio de 2021, mediante Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, se aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD.

Las tres primeras modificaciones fueron a través del “Informe Técnico Sustentatorio (ITS)”[4]. Nos detendremos en la recientemente aprobada, esta modificación solicitada en marzo de 2020 ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, por la empresa Chinalco. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de modificar, por cuarta vez el EIA aprobado el 2010? En el resumen ejecutivo presentado por la empresa señala “El principal objetivo del proyecto de ampliación es aumentar la capacidad de producción de la Unidad Minera Toromocho de 140 640 tdp a 170 000 tpd de mineral de cobre”[5]

¿Qué significa ampliar la capacidad de producción hasta una tasa de 170 000 tpd? En el documento presentado por Chinalco señala que las principales actividades que realizarán con la modificación es reconfigurar algunos componentes, pero incorporan cinco nuevos, tal como lo podemos observar en el cuadro R-2 que se encuentra en el resumen ejecutivo de la MEIA.

 

Cuadro R-2 Actividades que se realizarán como parte de la presente MEIA
# Nombre del Componente Actividad Principal
Área Mina
1 Tajo Reconfiguración
2 Depósito de desmonte oeste
3 Depósito de desmonte este
4 Depósito de mineral de baja ley este
5 Depósito de mineral de baja ley oeste
6 Grifo mina Nuevo componente
7 Polvorín Nuevo componente
8 Nuevo acceso principal Nuevo componente
Área Planta Concentradora
9 Nueva Chancadora primaria Nuevo componente
10 Depósito de suelo orgánico N° 4 Nuevo componente
11 Sistema de suministro de agua cruda Repotenciar
12 Planta concentradora Incorporación de equipos
13 Depósito de desmonte Valle Norte (cantera) Reconfiguración
Depósito de Relaves Tunshuruco
14 Depósito de relaves Reconfiguración
Fuente: Minera Chinalco S.A.

Fuente: Resumen Ejecutivo. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD. Pág. 13.

En marzo de 2021, SENACE a través de la Resolución Directoral N° 052-2021, resolvió desaprobar la modificación del EIA, después de un proceso de meses de evaluación técnica, en base a las observaciones remitidas por las organizaciones y aportes ciudadanos relacionado al recurso hídrico, esto fue evaluado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En octubre de 2020, esta instancia emitió el primer informe con 25 observaciones; en diciembre, después de evaluar la respuesta de Chinalco, emiten el segundo informe con observaciones no absueltas, y en marzo del presente año el ANA emite el informe con opinión técnica no favorable.

Por su parte Chinalco interpuso recurso de reconsideración. En mayo de 2021, la ANA emitió el Informe Técnico N° 029-2021-ANA-DCERH/WQQ, con opinión favorable, con la cual SENACE aprobó la MEIA-2010 del proyecto Toromocho[6].

¿Qué ha cambiado desde las 25 observaciones de la ANA, los informes no favorables y esta reciente con opinión favorable? Merece ser analizado. Otro aspecto que debemos analizar es, con las modificaciones del EIA se viene incorporando nuevos componentes al proyecto aprobado. ¿Qué implica ello?. Esto tampoco ha sido respondido. Lo cierto es que la modificación del EIA del proyecto de Chinalco se da en un escenario de alta inestabilidad política, se aprovecha el contexto para aprobar la modificación de un EIA que la población local cuestiona.

[1] INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

[2] Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM

[3] Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Toromocho. Preparado para Minera Chinalco Perú S.A. Elaborado por Knight Piésold Consultores S.A., noviembre 2009. https://docplayer.es/8450081-Minera-chinalco-peru-s-a-proyecto-toromocho-estudio-de-impacto-ambiental-resumen-ejecutivo.html

[4] “El ITS es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que se utiliza en los casos que sea necesario realizar la modificación de componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuentes con certificación ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que no generen impactos ambientales negativos significativos” Fuente: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=21&idTitular=9274&idMenu=sub9264&idCateg=1729

[5] Resumen ejecutivo. Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 tpd. Minera Chinalco Perú S.A. julio, 2020. Elaborado por Walsh Perú. https://www.chinalco.com.pe/sites/default/files/meia/1.0%20Resumen%20Ejecutivo%20MEIA%20Toromocho.pdf

[6] Resolución Directoral N° 0083-2021-SENACE-PE/DEAR, Informe 00383-2021-SENACE-PE/DEAR

El día de ayer, miércoles 26 de agosto, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental:

  • La participación ciudadana implica una reunión y como en el Estado de emergencia se ha suspendido todo, no hay participación ciudadana, pero para la aprobación de la MEIA se necesita la participación ciudadana porque es un requisito formal de acuerdo a ley. Chinalco señala que hará la reunión de manera virtual y difundirá la información mediante radios y redes sociales. Nosotros señalamos esa omisión en las observaciones.
  • La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental desconoce a pobladores y comunidades de 2 distritos del área de influencia directa: Mororocha y Yauli. En Morococha se encuentra la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará y dentro del distrito de Yauli está la comunidad campesina de Yauli, y Pachachaca y su anexo el barrio san miguel.
  • Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE

A fines de julio, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho de propiedad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas imprecisiones en las que incurrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Con estas observaciones, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín y pobladores locales, afectados por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, buscan que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el proyecto minero; de lo contrario se legitimará la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha.

 

 

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. –

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.