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Sociedad Civil peruana apoya que Defensor atienda afectados por industrias extractivas canadienses

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DERECHOS HUMANOS

  • Ello parte del gobierno de Canadá desde la política “Open for justice”

RED MUQUI estuvo entre las organizaciones que respaldaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en decisión de designar -a futuro- a un Defensor de Derechos Humanos que se encargaría de atender a las personas afectadas por compañías petroleras, gasíferas y mineras canadienses en el extranjero.

Es así que la RED MUQUI, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Nacional de Centros (ANC), manifestó su apoyo a esta iniciativa de “Open for Justice” del Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

“La creación de este Defensor permitiría una mejor gestión del impacto de las empresas canadienses en el mundo y brindaría una instancia a las personas afectadas desde sus respectivos países”, enfatizaron las organizaciones peruanas en la carta dirigida a Trudeau.

A ello agregaron que la existencia de una instancia que atienda denuncias de violaciones a los derechos humanos por responsabilidad empresarial en el sector extractivo, significaría un paso fundamental en la ‘justiciabilidad’ internacional de los derechos humanos, además de un efecto positivo en la reputación del sector extractivo canadiense.

Recomendaciones a Canadá

En la misiva, RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC, formularon algunas recomendaciones al gobierno canadiense en torno a esta nueva instancia.

La sociedad civil peruana consideró indispensable que la oficina del eventual Defensor de Derechos Humanos, debe mantener total independencia del gobierno y de las empresas del sector extractivo, cuya participación también debería ser obligatoria.

Asimismo, las organizaciones peruanas comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos, sugirieron que esta oficina posea facultad de investigar las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, así como evaluar que las empresas extractivas cumplan con un conjunto de estándares, de esta manera se podrá determinar si se ha ocasionado el daño alegado.

En otro punto, se exhortó a que se pueda llevar un proceso transparente que incluya la publicación de un informe público final con recomendaciones desde las empresas y el gobierno.  Luego de ello, sería necesario hacer un seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de todas las recomendaciones. A ello se suma la recomendación de prever la posibilidad de que las empresas se vean limitadas en recibir apoyo del gobierno canadienses, en caso de no cumplirlas.

Para todo ello, la sociedad civil peruana indicó que estas recomendaciones se realizar en base al proyecto de ley The Global Leadership in Business and Human Rights Act: An act to create an independent human rights ombudsperson for the international extractive sector, elaborado por Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

Referencias

RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC también dieron cuenta sobre las graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales por parte de las industrias extractivas en nuestra región.

Para ello citaron el estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, que realizó el Grupo de Trabajo sobre Minería y Medio Ambiente en América Latina.

 

En dicho documento se analizaron veinte proyectos extractivos que pertenecían a empresas con casas matrices en Canadá, de ello se constató que, en cuatro de estos, hubo vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo.

Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf

 

Fuente: Carta dirigida al Primer Ministro Justin Trudeau, sobre llamado para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero.

Foto: Thisisinsider.com

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Condiciones del Banco Mundial impactan de nuevo contra medio ambiente y Pueblos Indígenas

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A TRAVÉS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

  • Sociedad Civil exige que borrador del marco de alianza que suscribirá el gobierno peruano, sea público
  • En este periodo de gobierno el BM nuevamente condiciona políticas de Estado a los préstamos que ofrece
  • Transparencia y acceso a la información, seguridad territorial y sector laboral son los más afectados

Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que 65 de los 112 Decretos Legislativos de reactivación económica que el Poder Ejecutivo ha emitido, entre diciembre 2016 y enero de este año, vienen debilitando aún más la institucionalidad ambiental del Estado, tal como sucedió en el gobierno de Ollanta Humala con los “paquetazos ambientales”.

Todo ello ha generado nuevamente un retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, la institucionalidad ambiental, la transparencia y acceso a la información, la seguridad territorial, el derecho al agua, y ha dado paso a la flexibilización de la normativa minera, con la formalización de la minería informal.

A través de un pronunciamiento también suscrito por la RED MUQUI, la Sociedad Civil mostró su preocupación por estos impactos y su relación directa con el proceso de Alianza con el Perú 2017-2021, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pronto firmará con el Grupo del Banco Mundial (GBM).

“Esta avalancha normativa no es un gesto aislado, un escenario similar se dio en el gobierno anterior con los llamados paquetazos ambientales. La Ley N° 30230, impulsada por el Banco Mundial como una “acción previa” a la aprobación de un DPL (Préstamos de políticas para el desarrollo, en inglés), ha sido señalada como nociva para la institucionalidad ambiental, ya que implicó el recorte de facultades fiscalizadoras del OEFA”, suscribieron más de 50 organizaciones.

Ya que el GBM está elaborando su Estrategia Marco de Alianza País del Perú, las organizaciones firmantes consideran oportuno alertar sobre los potenciales impactos de los Decretos Legislativos emitidos en los últimos meses, y, sobre todo, exigir que se tenga la oportunidad de conocer públicamente el borrador de esta Alianza, para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer comentar y hacer aportes.

Fórmula sin éxito

Organizaciones de la Sociedad Civil recordaron que flexibilizar los controles socio-ambientales para tener inversiones sostenibles, ha sido un rotundo fracaso, pues La ley N° 30230 que prometía mayor inversión, no ha logrado que el Perú salga del puesto 67 de ranking de competitividad Doing Business desde el año 2011. Esto evidencia que no existe ningún efecto probado sobre la dinamización de las inversiones.

“El rol de la banca multilateral es apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Dónde sí hay indicadores es en el aumento de la conflictividad social, de emergencias ambientales, costos sociales y de la corrupción asociada a la falta de transparencia en grandes proyectos de infraestructura”, se asevera en el pronunciamiento.

Por parte del GBM, es importante el fortalecimiento de procedimientos para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.

En el caso de los Pueblos Indígenas, los más afectados por la Ley N° 30230, se hace necesaria que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos Este proceso debe permitir y garantizar el acceso previo y adecuado culturalmente de la información a ser consultada, en lugar de promover el secretismo que se facilita con el D.L. N° 1353.

Proinversión y APP en la mira

Cabe mencionar que el GBM financió la ley marco de APP (Asociación Público Privada), en el marco del DPL sobre gastos públicos y política de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal, que promueve la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura a través de APP que genera riesgos de déficit fiscal, impactos socio-ambientales, entre otros.

En línea con esta política, el D.L. N° 1251 reforma la legislación de APP y la estructura de ProInversión con la finalidad de acelerar el proceso de promoción de proyectos; los cuales además se rodean de superpoderes de expropiación territorial a cargo de una nueva burocracia la APIP (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) adscrita a ProInversión (que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) creada por D.L. N° 1333.

Es así que la Sociedad Civil proponen que las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para los sectores populares y la precarización laboral, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.

¿Y la Transparencia?

“El GBM debe rendir cuentas en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales, y además debe contar con mecanismos específicos que garanticen la participación y vigilancia de los pueblos indígenas, trabajadores”, consideraron las organizaciones.

Precisamente, la Sociedad Civil cuestionó que el gobierno haya emitido el DL N°1353 que debilita el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el país; cuando el GBM viene apoyando iniciativas internacionales de transparencia en industrias extractivas como el EITI.

“Reconocemos que las inversiones son importantes para el desarrollo del país, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, y no para favorecer a las grandes transnacionales que lucran y corrompen a funcionarios y partidos políticos de gobierno. Por eso no vamos a permitir que se basen en la flexibilización normativa”, exhortaron 52 organizaciones de la Sociedad Civil.

Fuente: Pronunciamiento “Las consultas del Banco Mundial y las reformas neoliberales”

Foto: UM Perú

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RED MUQUI estará en la FIL 2016 junto a organizaciones de la Sociedad Civil

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ESTE 25 DE JULIO

  • Al igual que otras organizaciones, RED MUQUI donará publicaciones al público para dar a conocer su agenda de trabajo

La RED MUQUI participará por primera vez en esta 21 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL LIMA 2016), junto a otras organizaciones de la Sociedad Civil, como parte de la Jornadas de participación de las organizaciones y redes de sociedad civil en la FIL Lima 2016, espacio (stand N° 11) en el que cada día, una organización distinta hará uso del mismo para la presentación de sus últimas publicaciones, así como de las actividades y el trabajo que vienen realizando; de igual modo por medio del diálogo con el público interesado.

Este año, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) ha coordinado la presencia de unas 30 instituciones, entre organizaciones y sindicatos, que trabajan temas como: derechos humanos, pueblos indígenas, minería, educación, género, gestión del territorio y salud. El stand N° 11, asignado a la Sociedad Civil peruana, también será un espacio de diálogo para que cada representante de conocer cómo es que su institución aporta a la generación de políticas públicas y al desarrollo del país mediante resultados sostenibles en la calidad de vida de los peruanos, así como la importancia de las organizaciones Sociedad Civil como agentes claves y garantes de un Estado democrático y plural.

Algunas organizaciones, tal como es el caso de RED MUQUI, obsequiarán libros a los asistentes.  Estas publicaciones tratan diversas investigaciones e informes de casos, sobre conflictos socio-ambientales, comunidades y minería, medioambiente, industria extractiva, temas que forman parte del trabajo que realiza la RED MUQUI.

Otras, ofrecerán –en venta o donación– textos sobre temas como derechos humanos, ética corporativa, globalización, movimientos sociales, ciencias sociales y política, estado y gobernabilidad, género, comunicación política, economía solidaria, entre otros.

Entre los títulos que el colectivo pondrá a disposición de los asistentes de la FIL LIMA 2016, están: Análisis de los Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú (2015), Los Pasivos Ambientales Mineros: diagnóstico y propuestas (2015), Propuesta de políticas públicas para una nueva minería en el Perú (2014), entre otros.

Asimismo, el miércoles 27 de julio, la RED MUQUI presentará la publicación “Las luchas sociales por la tierra en América Latina: Un análisis histórico, comparativo y global”,  raíz del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, que organizó en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad San Marcos y el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica.

DATO

La FIL 2016 se llevará a cabo de 15 al 31 de Julio y estará ubicada en Parque de Los Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María, Lima). El horario de atención al público será desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.

Organizaciones y redes que participan: ANC, CLADEM, Asociación Filomena, CCP, CNA, COEECI, ALDEHUS, COPEME, Fortalecer, PROMUC, Onamiap, Fenmucarinap, CAAAP, AIDESEP, Grupo COP, MOCCIC, RAP, DAR, CGTP, CUT, CAT, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Foro Salud, Grupo Propuesta Ciudadana, Conamovidi, Femocpaalc, CONADES, Grupo Nacional de Presupuesto Público, y el FSP (Foro PanAmazónico).

Foto: Comunicaciones RED MUQUI

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RED MUQUI y CEAS dieron a conocer su trabajo a religiosos interesados en DDHH y medio ambiente

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EN FERIA INFORMATIVA

La RED MUQUI junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), participó en la “Feria informativa sobre Derechos Humanos” que organizó la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) que forma parte de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP).

En este encuentro, que se llevó a cabo el jueves 26 de mayo en el Colegio de Jesús (Pueblo Libre), participaron alrededor de 60 personas, entre religiosas y religiosos, laicas y laicos, que se identifican y conocen los grandes ejes problemáticos del país como: Industria extractivas, Economía ilegal, Migrantes y Trata de personas, Cambio Climático, Corrupción, Ideologías, etc.

El objetivo de esta Feria de organizaciones e instituciones, fue articular posibles trabajos o apoyos en común, así como dar a conocer a los religiosos y laicos, el trabajo que estas organizaciones realizan en distintas parte del Perú, y muchas veces de la mano con instituciones de la iglesia; tal como es el caso de la RED MUQUI que además de CEAS, tiene entre sus miembros a la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) de La Libertad, el Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas (Piura), la Pastoral de la Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (PASSDIH) de Junín, la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca) y la Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco.

 

Es así que los religiosos y laicos invitados por la Comisión DDHH/JPIC se pasearon por diferentes estantes para intercambiar experiencias con las organizaciones, además de recibir informes y publicaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil que se hicieron presentes con sus respectivos materiales: Red Pan-amazónica, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Observatorio de los Jesuitas, CEAS, Instituto Bartolomé de la Casas, RED KAWSAY, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Cáritas Perú, la Mesa de Lucha contra la Pobreza , Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDHEP), Movimiento Peruano “Para que no se repita” (PQNSR), RED MUQUI, Religiosos y religiosas en la ONU, y otras agencias internacionales.

DATO:

  • La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP), decidió que es oportuno contar con un espacio de formación en temas sociales, a raíz del Seminario Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación que fue impulsado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosas/os (CLAR), en noviembre del año 2014. Es así que la CRP decidió crear la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e integración (DDHH/JPIC)

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA

Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

Los resultados de la primera vuelta electoral nos colocan ante un escenario complejo para el país. La posibilidad de caer nuevamente en el autoritarismo y la corrupción es un riesgo que los peruanos y peruanas comprometidos con la democracia y la justicia social, no debemos permitir.

El próximo gobierno está obligado a incorporar e implementar las demandas y reivindicaciones que un importante sector de la población depositó en las fuerzas políticas que expresaban un cambio en el modelo económico y la forma de hacer política en el país.

Frente a este escenario, las organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas que suscribimos este emplazamiento, exigimos al candidato de Peruanos Por el Kambio y a la candidata de Fuerza Popular que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, eliminando las persistentes desigualdades que las agobian, en línea con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional.

1. Empleo digno y derechos laborales. 3 de cada 10 trabajadores/as peruanos/as tienen un empleo decente de acuerdo a los estándares de la OIT. 7 de cada 10 trabajan en la informalidad, en empleos precarios. Para promover la generación de empleos de calidad: ¿impulsarán la aprobación de la Ley General del Trabajo reconociendo y adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores? ¿Cuál será el futuro de los regímenes “especiales” que recortan derechos laborales y precarizan el empleo? ¿Se incrementará el salario mínimo para acercarlo al valor de la canasta básica familiar y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios?

2. Inversión en la Gente. Un 30% de peruanos/as no accede a servicios de salud por diferentes barreras. El Estado debe garantizar la provisión universal de servicios públicos de calidad como salud, educación, vivienda y sus servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad). Estos derechos no deben ser privilegios. El gasto público debe priorizar el fortalecimiento de estos servicios. ¿Cómo cumplirán con las metas del Acuerdo Nacional en educación y salud? ¿Cuál será el modelo de salud que implementarán en relación a sus determinantes sociales? ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria, la educación superior y la formación profesional técnica? ¿Cómo asegurarán que las políticas de educación y salud se apliquen con enfoques de género, territorio e interculturalidad? ¿Cómo abordarán la reforma del sistema previsional, sancionando los abusos de las AFPs y fortaleciendo la Seguridad Social?

3. Implementar una profunda reforma tributaria. La recaudación en el Perú, además de ser regresiva (mayor peso de impuestos indirectos que afectan a los consumidores), está por debajo del promedio regional y muy por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. Esta situación no permite financiar servicios públicos adecuados y de calidad. ¿Cómo ampliará la recaudación tributaria para que sea más progresiva (mayor peso de impuestos directos a la riqueza) y transparente? ¿Cómo enfrentará la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas y las fortunas personales? ¿Aplicará la Norma XVI, (cláusula general antielusiva tributaria) suspendida el 2014 por presión empresarial?

4. Fortalecer la gobernanza ambiental y la agricultura familiar. Para facilitar el desarrollo de la gran inversión, el actual Gobierno promulgó los llamados “paquetazos ambientales” debilitando la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de comunidades campesinas y nativas, y amenazando la propiedad de sus territorios. ¿Derogarán o revisarán estas normativas? ¿Qué medidas impulsarán para elevar los estándares ambientales y sociales, y fortalecer a los organismos encargados de implementarlos? ¿Qué plantean para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria? ¿Aprobarán la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Qué compromiso concreto asumirán para incrementar los recursos para la agricultura familiar y campesina? ¿Qué programas dirigirán a la agroecología como respuesta al cambio climático?

5. Implementar los derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la cual se ha agravado en los últimos años debido a políticas que han debilitado el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales. ¿Qué proponen para garantizar la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas? ¿Cómo garantizarán el cumplimiento del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada? ¿Qué proponen para garantizar los derechos territoriales y concluir con la titulación colectiva de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país?

6. Seguridad Ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado se expanden por todo el país, golpeando a diario a miles de familias peruanas. Exigimos tolerancia cero al crimen organizado y políticas de prevención del delito particularmente orientadas hacia adolescentes y jóvenes. Para ello es indispensable una profunda depuración y reorganización de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Frente a las peligrosas e ineficientes propuestas de militarización de las ciudades, exigimos medidas que fortalezcan el rol de los gobiernos locales y regionales en este punto, así como la activa participación de la ciudadanía organizada. ¿Qué opinan los candidatos frente a estas propuestas?

7. Reforma del Estado y descentralización. Vivimos un proceso de recentralización en diferentes aspectos. ¿Cuál es su propuesta para relanzar la descentralización y regionalización iniciada en 2001? ¿Incrementarán el presupuesto de los gobiernos regionales y locales? ¿Se iniciará el proceso de Ordenamiento Territorial, con mecanismos de participación ciudadana para darle valor y determinar los usos de nuestro territorio, evitando generar nuevas vulnerabilidades? ¿Se descentralizarán los programas sociales y se restituirán los mecanismos de participación ciudadana?

8. Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática. Vivimos una crisis generalizada del sistema político que requiere una reforma urgente que vaya a la raíz de los problemas ¿Cuáles serán los componentes centrales de la reforma política electoral que impulsará? ¿Qué medidas

plantea para revertir la creciente captura del Estado por parte de intereses privados? ¿Qué propone para luchar contra la corrupción e implementar la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo se promoverá una democracia paritaria, inclusiva e intercultural, garantizando que la participación ciudadana sea a través de los partidos políticos o espacios de concertación?

9. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Han transcurrido 13 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final, y hasta el momento las heridas que abrió la violencia política persisten. ¿Cuál es su posición respecto de las políticas de reparación establecidas para las víctimas y deudos de la violencia política? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones y procesos dirigidos a esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizar que esos hechos no se repitan?

10. Para garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. ¿Cuál es su posición para garantizar el derecho a la movilización y protesta social sin que sean criminalizados? ¿Apoyarán la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Continuarán con la reparación y registro a las mujeres esterilizadas forzosamente por el Estado en la década del noventa?¿Habrá tolerancia cero para la violencia de género y feminicidio?

Exigimos a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), que se pronuncien sobre estas demandas y expliciten sus propuestas. Las organizaciones y movimientos, ciudadanos y ciudadanas, nos ratificamos con la defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Igualdad.

 

mayo, 2016

 

Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, y Red Muqui.

 

Descargar archivos adjuntos: COMUNICADOsociedadcivil.pdf

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Sociedad Civil y organizaciones sociales a candidatos: No se puede hablar de democracia sin cerrar brechas de desigualdad

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NO HAY DEMOCRACIA SIN IGUALDAD

  • Movimientos sociales de todo el país demandan propuestas concretas que se basen en la democracia y en la lucha contra las desigualdades persistentes.
  • RED MUQUI aportó y suscribió en comunicado público dirigido a candidatos presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de junio, organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas, exigen al candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, y a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas en plena vigencia de la democracia. Los/as representantes de estos grupos sociales coinciden en que no se puede hablar de democracia sin cerrar las brechas de desigualdad persistentes.

“Oficialmente siete millones de peruanos/as viven en situación de pobreza monetaria, muchos de ellos en zonas rurales. Si vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y carencias en el acceso a servicios, el número de peruanos/as pobres es bastante más elevado”, dijo Armando Mendoza, investigador de Oxfam. Mendoza explicó que si bien los programas sociales contribuyeron a reducir la pobreza en los últimos años, no han resuelto las persistentes desigualdades que se expresan en nuestro país en diversas dimensiones como el acceso a servicios básicos y género.

En el caso de los servicios básicos, solo un 30% de peruanos/as accede a la salud por barreras geográficas, culturales o económicas, señaló, Luis Lazo de Foro Salud. Lazo detalló que las brechas de déficit de infraestructura, equipamientos y recursos humanos, genera un abismo entre la necesidad y demanda de la población, y la capacidad de la oferta del sistema de salud vigente. De otro lado, ocho millones de personas en el país no acceden a agua potable.

Sobre los estándares laborales actuales, tres de cada 10 trabajadores peruanos tienen un empleo decente, mientras que siete de cada 10 trabajan en la informalidad y en empleos precarios. Por ello, se exige la aprobación de la Ley General del Trabajo Justa y Democrática, adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores, así como eliminar los regímenes “especiales” vigentes.

Para fortalecer la gobernanza e institucionalidad ambiental, José De Echave, ex viceministro de Ambiente e investigador de CooperAcción identificó como puntos clave la derogatoria de los paquetazos ambientales, la promulgación de la ley de Ordenamiento Territorial, así como el fortalecimiento de la autoridad ambiental y de sus organismos adscritos.

Atender las demandas de los Pueblos Indígenas, fortaleciendo el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales, es una deuda pendiente del Estado.

La violencia contra la mujer es otra problemática desatendida. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Endes 2014), 72% de las mujeres peruanas declaró haber vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con Diana Miloslavich, de Flora Tristán, se requiere continuar con los planes y programas actuales de violencia contra la mujer con mayor presupuesto y voluntad política.

Encarar estás problemáticas es clave para terminar con la desigualdad en nuestro país.

Conoce el comunicado REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales aquí: http://bit.ly/25hwCWC.

Quienes suscriben son: Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, Red Muqui.

DATOS:

  • Actúa.pe es una red de vigilancia de discursos políticos, de información y de propuesta, que impulsa la participación ciudadana electoral bajo un concepto interactivo que conecta a los votantes con los/as candidatos/as.
  • Está formada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, e impulsa un proceso electoral en el cual la lucha contra la desigualdad sea parte fundamental de las propuestas políticas.

 

Fuente / Fotos: Actúa.pe

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Sociedad Civil solicita al nuevo Primer Ministro de Canadá regulación de mineras canadienses que operan en América Latina

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MÁS DE 190 ORGANIZACIONES

  • Justin Trudeau debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos
  • RED MUQUI y AMAS de Otuzco suscribieron esta misiva internacional

Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.

El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina, titulado: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.

Caso del Perú *

En Perú los impactos de la minería canadiense no han sido ajenos, en la mina Lagunas Norte (región La Libertad)  la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) –miembro de la RED MUQUI- realizó, entre 2005 y 2010, un seguimiento que prueba la contaminación, y que cuenta con el acta de aceptación de la empresa firmada por el gerente de asuntos corporativos de Barrick el 15 de febrero 2010. En esta zona se ubican las operaciones de la Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A. (en adelante “Barrick Misquichilca”), la cual realiza una intensa actividad de remoción de tierras para la extracción de oro, así como otras explotaciones mineras.

El seguimiento realizado a la calidad físico-química y biológica del agua en las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro concluyó que existen serios problemas de contaminación. Desde el primer seguimiento de la calidad del agua se ha remitido la información a los dirigentes ronderos y se ha invitado a funcionarios de Barrick Misquichilca. En varias ocasiones los funcionarios de la minera han objetado los resultados que indican contaminación en las cuencas de los ríos.

Los informes producidos por AMAS han sido presentados al Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Lima (OEFA), a la Defensoría del Pueblo en Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad, sin que exista un pronunciamiento formal señalando las medidas eventualmente adoptadas frente a la contaminación

Respecto a consulta previa e informada ** para lograr un acuerdo u obtener el consentimiento es una característica común en los casos en que se afectan tierras indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas o rurales a las que, por su especial vínculo con la tierra y sus particulares formas de vida, se les aplican los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa. Ninguno de los proyectos analizados en el informe fue sometido a un proceso de consulta libre, previa e informada, en búsqueda de un acuerdo o del consentimiento de la población afectada.

En Perú, en el proyecto Las Huaquillas, a pesar del rotundo rechazo de los pobladores y de las autoridades regionales, la empresa minera Huaquillas S.A.C., hizo llegar un ejemplar impreso y otro en un CD de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración las Huaquillas, junto con una carta dirigida a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Directorial N° 169-2013-MEM/AAM de 29 de mayo de 2013, aprobó la declaratoria de Impacto Ambiental categoría I del proyecto. Tales medidas no han sido antecedidas de la consulta libre e informada a las comunidades aledañas a la zona del proyecto.

Entre las organizaciones firmantes, se encuentra la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: Aprodeh, Centro Labor de Pasco, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia -REDADD, CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF Cusco, Derechos Humanos y Medio Ambiente, GRUFIDES, Radio Marañon; en esta carta se reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro.

Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.

VER CARTA

DESCARGAR INFORME

 

(*) Página 23 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

(**) Páginas 76 y 77 del informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”.

Foto: CTSNews.ca

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Sociedad Civil peruana dio informe a relatora ONU sobre situación de derechos de los Pueblos Indígenas

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EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

«Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe «Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015», el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

“Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe exigimos a los Gobiernos firmar y avanzar con los compromisos del Acuerdo de París

Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.

Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:

  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
    Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016-2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.

Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:

  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP22).

Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica «Laudato Si» a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).

Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.

Organizaciones y redes firmantes:

1. Acción Ecológica, Chile

2. Acción por la Tierra, Chile

3. Aclimatando, Argentina

4. Adapt-Chile, Chile

5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México

6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras

7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina

9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú

10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México

11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador

12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú

13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú

14. Centro de Análisis e Investigación, México

15. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador

16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay

17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México

18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala

19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México

20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay

21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)

22. Club Botánico Ambiental, Colombia

23. CO2.cr, Costa Rica

24. Colegio San Bernardino, Colombia

25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina

26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México

27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador

28. Cristianos en Red, Uruguay

29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú

30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia

32. ECOBIO Uruguay

33. Ecoclubes Pergamino, Argentina

34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México

35. Engajamundo, Brasil

36. Familia Espiritual «Carlos de Foucauld», Uruguay

37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina

39. Foro Social Panamazónico, Perú

40. Freshwater Action Network, México

41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela

42. Fundación Biósfera, Argentina

43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia

44. Fundación Myrna Mack, Guatemala

45. Fundación Solar, Guatemala

46. Fundación Terram, Chile

47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina

48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)

49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia

50. Grupo Luna Nueva, Uruguay

51. Grupo Siembra, Perú

52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala

53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana

54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú

55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México

56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile

57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia

58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador

59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala

60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua

61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador

62. Movimiento Ciudadano «Para Que No Se Repita», Perú

63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú

64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia

65. NOA Sustentable, Argentina

66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina

67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú

68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina

69. Pax Christi International, Bélgica

70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia

71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador

72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina

73. Reacción Climática, Bolivia

74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia

75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú

76. Red Muqui, Perú

77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia

78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú

79. Red Uniendo Manos, Perú

80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú

81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay

82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú

83. Viração Educomunicação, Brasil

 

Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj

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Candidatos al Congreso coinciden en propuestas para evitar conflictos sociales y dialogar con pueblos indígenas

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EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de «adelanto social», permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa «propietario firme» para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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