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Minera buenaventura pagó deuda de más de 2 mil millones a la SUNAT, pero ¿mantendrá juicio?

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La empresa minera Buenaventura pagó S/2,134 millones de la deuda acumulada tributaria que tenía del 2007 al 2010. Sin embargo, lo que no ha aclarado la empresa minera es si mantendrá el juicio contra el Estado sobre el pago de esta deuda. Si es que finalmente ganara el juicio, el Estado tendría que devolverle el monto recibido.

La noticia del pago la dio la SUNAT a través de sus redes sociales el 5 de agosto. El monto de S/2,134 millones fue determinado “en procesos de fiscalización del impuesto a la renta de los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010, que comprende, además, las multas respectivas”, precisa en su tuit.

¿Cómo se generó esta deuda de la empresa Buenaventura con el Estado?

El año pasado, el 24 de septiembre del 2020, la empresa minera emitió un comunicado queriendo desmentir que tenían una deuda tributaria pendiente.

En el comunicado, Buenaventura señaló que lo que existía “es una controversia con la SUNAT que se encuentra en proceso ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Esta controversia tributaria se originó entre los años 2007 y 2008 cuando Buenaventura modificó la modalidad de venta del oro con sus clientes, de precios fijos a precios variables. Esta operación significó un gasto importante que afectó los resultados de la empresa y, por lo tanto, afectó también el Impuesto a la Renta a pagar en esos periodos”

En el comunicado señalaron que el monto de la controversia fue de “373 millones de soles, pero que, según la SUNAT, con sanciones e intereses ascendería a 2,083 millones de soles”.

Sin embargo, con el pago realizado hace unos días, la empresa minera Buenaventura estaría aceptando que si existió esa deuda tributaria.

De acuerdo al portal Energiminas, “el 30 de julio pasado, Buenaventura destinó los recursos obtenidos de la emisión de bonos por US$550 millones al pago de la totalidad de la deuda contraída con Sunat”

Para el economista del grupo Justicia Fiscal Perú, Armando Mendoza, el pago de la empresa se habría dado para evitar que sigan subiendo los intereses de la multa, que año tras año estuvieron creciendo, y debido al costo ventajoso en términos de los intereses obtenidos por la emisión de los bonos.

“En algunos casos de empresas deudoras, la acumulación de las multas llega a ser 10 veces más que la deuda original”, señaló el economista.

 

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La oportunidad del Agro en el gobierno de Pedro Castillo

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Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

En medio de tanta crispación política y ante el anuncio público del enfrentamiento que tendremos nuevamente entre el Congreso y el Ejecutivo en los próximos meses, hemos recibido una buena noticia esta semana. Se trata de la aprobación por parte del gobierno de la Ley Nro. 31335, “Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias”, norma que ayudará a brindar servicios relacionados con la actividad agrícola, forestal o ganadera que sus socios realizan, practicando con ellos actos cooperativos. La ley establece además que una cooperativa puede brindar a sus socios abastecimiento de productos y servicios, comercialización, procesamiento, transformación, servicios productivos y postproductivos en general, servicios de valor agregado, financiamiento y asesoría técnica, así como cualquier otro servicio conexo o complementario que coadyuve a la realización de su objeto. La noticia ha sido bien recibida por las comunidades campesinas y los gremios agrarios en el país.

Desde la Red Muqui saludamos la aprobación de esta ley ya que constituye un primer avance para mejorar las condiciones económicas del sector agrario en los últimos años. En esa línea el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maita ha señalado que la norma beneficiará a más de 130,000 familias que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y que actualmente hay 500 cooperativas agrarias y cooperativas comunales de diversas líneas de cultivo o crianza, que involucran a 150,000 familias y 360,000 hectáreas cultivadas. El ministro Maita además ha mencionado que la ley busca incluir a las cooperativas ganaderas y forestales, ya que anteriormente estaban excluidas. El presidente Pedro Castillo, así como el ministro de MIDAGRI han señalado que esta norma se enmarca en lo que se denomina la segunda reforma agraria, y que forma parte de una serie de reformas que se van a plantear para este sector.

Finalmente, un tema que merece especial atención y que fue noticia la semana pasada es la cancelación de una deuda tributaria al fisco peruano por parte de la minera Buenaventura del señor Roque Benavides. El pago de la deuda fue de 2,134 millones de soles, una de las operaciones de pago más grandes efectuadas a la fecha, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Es importante mencionar que la deuda fue pagada una década después y que la empresa se vio obligada a pagarla gracias a un fallo judicial, por lo tanto, no es un aporte ni desprendimiento de buena voluntad de la minera Buenaventura y el señor Roque Benavides, como se pretende hacer creer en algunos medios nacionales. Así como esta empresa minera hay otras tantas que tienen deudas millonarias con la SUNAT y que bien harían en pagar sus deudas aprovechando el precio alto de los minerales en el mercado internacional, recursos que hoy hacen faltan para atender la pandemia y la reactivación económica en el país.

 

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Las millonarias deudas económicas y ambientales de las mineras en el Perú

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Esta semana ha debido ser una de las más grises para los gremios empresariales en el Perú y particularmente para las empresas mineras, debido a que el pasado martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad contra el Decreto Legislativo 1421, que buscaba prescribir más de 9 mil millones de soles en deudas tributarias a la SUNAT, deuda que ahora se mantiene y que deberán pagar un promedio de 158 grandes empresas. Al respecto la presidenta del TC Marienella Ledesma antes de emitir su voto de rechazo a la demanda señaló que: «Las grandes empresas deberán pagar sus impuestos igual que los contribuyentes de este país, sin ninguna distinción» dejando zanjado de esta forma la postura mayoritaria del TC en relación a esta demanda.

 

Al respecto un dato importante sobre este tema es que las grandes empresas mineras concentran el 50% del total de deudas, según el portal Ojo Publico un total de 22 empresas mineras adeudan S/5 mil 76 millones a la SUNAT, dentro de este grupo de empresas mineras tenemos a Las Bambas, Glencore Antapaccay, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Buenaventura, entre otros. El caso de la mina Buenaventura debe ser uno de los más escandalosos, debido a que adeuda a la SUNAT más de 2 mil millones de soles y porque uno de sus dueños, Roque Benavides es un activo empresario minero que siempre esta hablando de las bondades de la minería, sin reconocer los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. Curiosamente el día que se pronuncia el TC sobre la improcedencia de la prescripción de las deudas, el empresario Benavides anunciaba que se inscribía en las filas del partido aprista peruano (APRA). Sin duda no fueron buenas noticias para los gremios mineros lo ocurrido esta semana en el TC. Quizá por ello buscan tener un candidato propio a la presidencia de la República, como parece ser la intención del señor Roque Benavides.

 

Finalmente, las deudas de las empresas mineras no solo son económicas, también tienen deudas e infracciones laborales y ambientales, el portal periodístico Convoca.pe “identificó a 10 empresas mineras que se dedican a la exploración y explotación de metales y que adeudan más de 4,707 millones de soles a la SUNAT, también fueron beneficiadas con la reducción y exoneración de multas ambientales y laborales por más de 11 millones 400 mil soles”. Estas empresas son minera Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, Volcan, Antamina, Southern, Ares y Titán del Perú. Lamentablemente el gobierno del expresidente Ollanta Humala y el congreso de aquel entonces (2014) promovieron normas como la Ley 30230 (paquetazo ambiental) que exoneraban y reducían multas impuestas por OEFA y SUNAFIL a una decena de empresas mineras. Desde la Red Muqui creemos que los gremios mineros y las empresas mineras le hacen un flaco favor al país tratando de evadir sus responsabilidades, cuando es ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia que se requiere responsabilidad y transparencia, algo que al parecer han olvidado algunas empresas mineras.

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