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Por César Reyna Ugarriza

El dilema del Estado: La protección de derechos humanos y el medioambiente y la promoción de inversiones en el sector extractivo

La participación del Estado en los conflictos se ha caracterizado por la falta de herramientas idóneas, enfoques adecuados y capacitación pertinente de sus funcionarios. Si bien el Estado fue creado para ser garante de derechos fundamentales, este no ha llegado a cumplir esta función a cabalidad. En los últimos años afronta el dilema de proteger derechos humanos y el medioambiente y el de promover inversiones en el sector extractivo para el aprovechamiento de recursos naturales. El Estado se debate entre estos dos extremos, aparentemente irreconciliables, pero no lo son tanto si actuara objetivamente. La presencia del Estado se hace efectiva a través de las actuaciones de ministerios, gobiernos regionales, provinciales y locales, y distintos organismos públicos descentralizados. En muchos casos ha asumido el papel de parte interesada (actor principal con la empresa extractiva y comunidad), mediador o facilitador del diálogo (siempre que las otras partes lo soliciten o estén de acuerdo), observador, supervisor y garante del proceso (en el caso de Defensoría del Pueblo). Dado que el Estado representa la manifestación del poder político en la negociación, debe poner en una balanza los legítimos intereses de las partes, configurando lo que en este trabajo denominamos “el dilema del Estado”, que exige una actuación imparcial, oportuna y predecible de este al momento de ponderar derechos e intereses.

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