Editorial: Fortalecer la comunidad y la organización para resistir y para defender el futuro de los territorios

Por: Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui

Mientras el país se prepara para una nueva etapa política, todo indica que el extractivismo continuará ocupando un lugar privilegiado en la agenda nacional. Las señales son claras. Durante los últimos años se han aprobado normas que debilitan la institucionalidad ambiental, restringen la participación ciudadana y criminalizan la protesta frente a las afectaciones que sufren las comunidades por los metales pesados y la contaminación de su ambiente. Las últimas normas favorecen la expansión de las actividades extractivas en detrimento de los derechos de las comunidades. A ello se suma un escenario político en el que la gran minería se perfila como uno de los principales pilares del próximo gobierno. El fujimorismo ha sido uno de los principales impulsores de normas que reducen las exigencias ambientales y que han ido debilitando el marco de los derechos ciudadanos, consolidando un modelo de desarrollo que coloca la extracción de recursos por encima de los derechos humanos, la protección de los ecosistemas y la autodeterminación de los pueblos.

Sin embargo, esta historia no comienza hoy. Tampoco termina con un cambio de gobierno. En los territorios existe una memoria que sigue viva, construida por comunidades campesinas, pueblos indígenas, rondas campesinas, organizaciones sociales, trabajadores y personas defensoras que durante décadas han sostenido la defensa del agua, la tierra, los ecosistemas y los derechos colectivos. Esa memoria constituye una de las mayores fortalezas del movimiento social frente a un contexto cada vez más adverso.

Las otras voces

Entre el 24 y el 26 de junio, mientras Lima fue sede del Congreso Mundial de Minería, también se reunieron quienes pocas veces son invitados a los espacios donde se define el futuro del sector. Comunidades afectadas, organizaciones sociales, pueblos indígenas, trabajadores mineros y personas defensoras recordaron que no existe un verdadero debate sobre la minería cuando las voces de los territorios permanecen al margen de las decisiones. Esa fue la esencia del Foro Social Las Otras Voces, un espacio que reivindicó la necesidad de colocar en el centro la democracia, los derechos y la protección de los territorios.

Las preocupaciones expresadas en ese encuentro no son nuevas. Persisten los conflictos socioambientales, continúa la presión sobre las fuentes de agua y se debilitan los mecanismos de protección ambiental y laboral, mientras la minería informal e ilegal sigue expandiéndose al amparo de una débil presencia estatal. Al mismo tiempo, las actividades extractivas avanzan sobre cabeceras de cuenca, territorios indígenas, glaciares, valles agrícolas y ecosistemas estratégicos, sin que el país haya resuelto un ordenamiento territorial que permita definir colectivamente qué actividades son compatibles con la vida y cuáles no.

¿Qué demandas serán escuchadas en un escenario de polarización política?

En este contexto surge una pregunta de fondo. ¿Habrá espacio para que las demandas de las comunidades sean escuchadas en un escenario marcado por la polarización política y la creciente influencia de los intereses extractivos? ¿Existirá voluntad para discutir una nueva gobernanza minera cuando desde distintos sectores del poder se insiste en reducir el debate al crecimiento económico y la inversión?

Estas preguntas no expresan resignación. Expresan la necesidad de mantener una vigilancia permanente y de fortalecer la organización social como condición indispensable para la defensa de los derechos. La experiencia demuestra que los principales avances en materia ambiental, territorial y de derechos humanos no han surgido como concesiones espontáneas del poder político o económico, sino como resultado de la movilización, la articulación entre organizaciones y la persistencia de las comunidades.

La justicia ambiental seguirá siendo una tarea colectiva que solo podrá alcanzarse mediante la organización y la solidaridad

Por ello, el momento actual exige fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales, renovar los espacios de encuentro y construir alianzas más amplias entre comunidades, pueblos indígenas, trabajadores, colectivos juveniles, organizaciones ambientales, academia y sectores comprometidos con la defensa de la democracia y los bienes comunes. En tiempos de fragmentación, la articulación se convierte en una estrategia política indispensable. Ninguna organización podrá enfrentar por sí sola el avance de un modelo extractivo respaldado por reformas legislativas, intereses empresariales y decisiones gubernamentales cada vez más alineadas.

También será necesario mantener viva la memoria de las luchas que han marcado la historia reciente del país. Recordar a quienes defendieron sus territorios no significa permanecer anclados en el pasado. Significa reconocer que las demandas por justicia ambiental, participación efectiva, protección del agua, respeto a los derechos laborales y garantía de los derechos colectivos continúan vigentes. La memoria fortalece la identidad de los movimientos sociales y evita que las mismas vulneraciones vuelvan a repetirse bajo nuevos discursos.

La democracia también se construye desde los territorios

Desde la Red Muqui sostenemos que el futuro del país no puede construirse silenciando a quienes habitan los territorios donde se extraen los minerales. No habrá confianza mientras las decisiones se adopten sin participación efectiva. No habrá transformación si esta profundiza las desigualdades existentes. Tampoco bastará la innovación tecnológica si no se enfrentan las causas estructurales de los conflictos, la contaminación, la precarización laboral y la exclusión de las comunidades de las decisiones que afectan su presente y su futuro.

Las propuestas planteadas por las organizaciones durante el Foro Social constituyen una hoja de ruta para avanzar hacia una gobernanza minera democrática. La participación efectiva de las comunidades, la protección de los ecosistemas y del agua, la garantía de los derechos humanos, una distribución más justa de los beneficios, una respuesta integral frente a la minería ilegal y el fortalecimiento de los derechos laborales no son demandas abstractas: responden a problemas concretos y a necesidades urgentes del país.

Los próximos años probablemente estarán marcados por una nueva ofensiva extractiva. Precisamente por ello será aún más importante fortalecer la organización, ampliar las alianzas, sostener la incidencia política y mantener abiertas las posibilidades de construir alternativas al actual modelo de desarrollo.

La resistencia no consiste únicamente en oponerse. También implica organizarse, imaginar y construir un país donde la democracia se ejerza desde los territorios, donde el bienestar colectivo prevalezca sobre el interés particular y donde las otras voces dejen de ser consideradas marginales para convertirse en protagonistas de las decisiones que definirán el futuro del Perú.