El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.

Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

Por: Gladys Huamán /Área de incidencia político legal de Red Muqui

¿Cuál es la situación de las y los defensores ambientales?

Como antecedente, se les reconoce legalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1998, donde se aprueba la “Declaración de los defensores de derechos humanos”, marco internacional para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los defensores/as de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo trabajan a través de medios no violentos para defender o promover los derechos humanos[1]. En estos últimos años se ha conocido casos de defensores/as procesados, hostigados y criminalizados por defender derechos, cuyos procesos judiciales incluso han llegado a espacios internacionales.

Michel Forst[2], el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, después de su visita (del 21 de enero al 03 de febrero de 2020) al Perú y luego de haberse reunido con unos 450 defensores y defensoras señaló: “sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, además emitió la “Declaración de Fin de Misión” en la que expone recomendaciones al Gobierno peruano, entre ellas “poner fin a la criminalización imperante de los defensores”“asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan a sus comunidades”, entre otras. Además propuso 7 principios que se debería tener en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores/as de los derechos humanos, del cual destacamos que el Estado peruano debe “adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos”.

Por ello, nos preguntamos ¿Qué avances tenemos en el Perú en relación a la protección de defensores de derechos humanos?

Desde el gobierno nacional, el 31 de enero del 2018, a través del decreto supremo 002-2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El tercer lineamiento estratégico dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre ellos, de los defensores/as de derechos humanos.
Se planteó “garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de las defensoras/es de derechos humanos”, y como meta al 2021 “Un mecanismo implementado para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos” .  Es decir, ya debería estar implementando el mecanismo. Sin embargo, a pocos meses de culminar el año, aún no se aprueba el protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección.

Al año siguiente (2019) aprobaron desde el Ministerio de Justicia el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Y en octubre de año 2020, crearon el “Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos” y aprueban los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Hace poco, el 22 de abril de 2021, publicaron el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, este mecanismo está constituido por principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, señala el artículo 1° del mencionado decreto.

Este mecanismo contiene además los principios, medidas y procedimientos que deben ser implementados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Interior; Ambiente; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Desarrollo Agrario y Riego.

Otro aspecto fundamental, es que en la primera semana de este mes de Junio debería haberse aprobado el “protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”. Esperamos que puedan pre publicar el texto para que los defensores/as emitan su opinión antes de su aprobación. Es fundamental que este protocolo garantice la protección a los defensores/as de derechos humanos y mucho más en un contexto donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales.

[1] Valiente. Una receta para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú. Amnistía Internacional.

[2] Noticias ONU, 3 febrero 2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1468992

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

Este jueves, a pocos días de las elecciones en Perú, especialistas y dirigenta/es indígenas y sindicalistas analizarán las propuestas electorales de los partidos contrincantes Fuerza Popular y Perú Libre, en materia de minería y medio ambiente.

Minería en Debate

En el tramo final de estas elecciones el tema minero se ha puesto en debate. Por un lado Perú libre plantea renegociar contratos y recaudar más impuestos a mineras, y por el otro Fuerza Popular insiste en continuar y profundizar el modelo minero. En ambos casos no se habla con claridad sobre los impactos de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Ante ello, Red Muqui llevará a cabo el Foro denominado “Futuro de la minería y medio ambiente” con la participación de dirigentes, dirigentas y profesionales que analizarán las propuestas de estos dos partidos de la contienda electoral 2021.

Se contará con un panel de destacados especialistas, entre ellos: Jaime Borda, secretario Ejecutivo de Red Muqui, quien estará a cargo de la moderación. José de Echave, doctor en economía y miembro de la ONG CooperAcción – Acción Solidaria para el desarrollo. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui. Así como de Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Edmer Bartolo Santamaría, Secretario de Organización de la Federación nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.

Foro: «Futuro de la minería y medio ambiente»

La cita es este Jueves 03 de Junio a las 5 P.M.

El Foro se trasmitirá en vivo a través del medio de comunicación Wayka y por medio de la página de facebook de Red Muqui.

➡️ Sintoniza la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/34lhm5hqrE?amp=1 

 

 

“La comisión multisectorial se crearía a través de una resolución suprema, la cual esperamos pueda ser emitida en octubre. En ella participarían representantes de la plataforma, la Defensoría del Pueblo y de los sectores involucrados. El objetivo es instalar la comisión en noviembre para empezar a trabajar”, señaló el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, a través de una nota oficial del gobierno el 05 de octubre, tras la reunión sostenida con los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. En ese entonces, los voceros de la Plataforma presentaron una agenda con propuestas para lograr una atención integral que permita atención especializada en salud, prevención para que no haya más afectados y remediación de zonas contaminadas para reducir la exposición a metales tóxicos; entre otras propuestas que involucran a diferentes ministerios del Ejecutivo.

El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros también señaló: “dependerá de nosotros trabajar seriamente para elaborar un plan de trabajo, definir prioridades y abordar los diversos aspectos de este problema nacional”. Sin embargo, ya estamos en el mes de noviembre y a la fecha no hay resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial y tampoco se está en proceso de instalación de la Comisión, señala Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. “Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna explicación del por qué no se avanza con este compromiso asumido por el gobierno”, precisa.

“Nosotros habíamos planificado realizar plantones frente a la PCM y Ministerios, pero por la disolución del Congreso decidimos postergarlo y ahora estamos evaluando retomar esas acciones porque el Gobierno no cumple lo que promete”, agrega Yolanda, quién finaliza enfatizando que el objetivo de la instalación de la Comisión Multisectorial es para que se elabore el Plan Nacional de Atención Integral especializado para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas.

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Presupuesto reducido

De acuerdo a una investigación de Convoca, que cruzó información respecto a la cantidad de afectados por regiones con el presupuesto destinado por el Estado a esas regiones; se visibiliza que el presupuesto actual es menor respecto a los montos invertidos en el 2012 y 2013. Actualmente el presupuesto destinado a la atención a personas expuestas a metales representa el 0.06% del total del presupuesto del sector Salud con 12 millones 258 mil 88 soles.

Mala distribución de recursos

La investigación también muestra que las regiones con mayor cantidad de afectados sufrieron el recorte de presupuesto. “Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre de 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, todas con más de mil afectados en cada departamento. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, el presupuesto de esta región para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados se redujo en más del 75%”, señala el informe de Convoca.

“Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales tan nocivos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Si se revisa las cifras en los últimos siete años, la historia se repite. Entre 2012 y 2018, Pasco recibió para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, 5 millones 180 mil 762 soles (1 millón 702 mil 597 dólares), menos de la mitad de lo que obtuvo el Callao en solo un año, el 2013, con 10 millones 903 mil 849 soles (3 millones 583 mil 423 dólares)”, agrega el informe.

El Informe finaliza señalando que los departamentos amazónicos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas que han sufrido derrames de petróleo y contaminación de la minería informal, son los que reciben menor presupuesto.

A nivel nacional, de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, existen 5135 personas expuestas a metales pesados; sin embargo, la denuncia de miles de personas de diversas comunidades a nivel nacional, que han sido muestreadas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), muestran que el número de afectados por metales tóxicos supera la cantidad de personas expuestas a metales pesados. Ello sin contar a las personas que no han sido muestreadas por CENSOPAS y viven en áreas de influencia directa de las empresas mineras y petroleras.

Afectados sin atención especializada

Desde hace años los afectados por metales tóxicos vienen denunciando que la atención que reciben en los hospitales no es especializada y en los centros de salud tampoco hay medicamentos para los dolores que padecen. A nivel nacional, según el propio Ministerio de Salud, existe solo un especialista en Toxicología. Sumado a ello, los afectados denuncian que las campañas que realiza el Ministerio de Salud en sus localidades no se dan de forma permanente.

¿Sabemos de dónde vienen nuestros productos que consumimos todos los días y cuál es el impacto que tienen en la gastronomía peruana y en nuestras vidas? ¿Sabemos cómo se desarrollan en concreto las experiencias de agricultura familiar en las regiones de nuestro país?

La Red Muqui realizó un Desayuno de Trabajo el miércoles 11 de septiembre en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, confrontando escenarios posibles que tarde o temprano pueden convertirse en una realidad. Alimentar a más de 31 millones de personas con productos autóctonos saludables y de buena calidad va ser el desafío no solo de las generaciones por venir, sino también de nosotros, que habitamos el presente. Con este pensamiento iniciamos nuestra actual campaña y, en este contexto, queremos destacar la importancia de la «Agricultura Familiar».

La importancia de la “Agricultura Familiar”

Gracias a la diversidad de cultivos de la tierra con su pluralidad de climas que aprovechamos desde la época de nuestros ancestros, existe una cantidad de platos peruanos que hacen que la gastronomía de nuestro país sea una de las más ricas y variadas del mundo y América Latina. Pero no solamente para la gastronomía, sino también para la canasta familiar de las y los peruanos, en que la Agricultura Familiar es esencial. Según la FAO, el 70% de los productos alimenticios que se consuman en el mercado nacional son generados por la agricultura familiar. Sin embargo, la importancia de este tipo de agricultura a pequeña escala no ha tenido mayor atención por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

¿Qué pasaría si en los platos emblema de nuestro país, como la pachamanca, comeríamos solo pollo; sin las habas, choclo, papas y camotes que son nutritivos y se cosechan en nuestro país? ¿Qué pasaría si quisiéramos comer papa a la huancaína pero ya no tuviéramos las variedades de papa peruana para disfrutar de este delicioso plato? Quizás en ese momento nos daríamos cuenta de la importancia de los platos que comemos día a día en nuestros país.

A partir de estos pequeños platos de comida, servidos por una cocinera de un comedor popular autogestionario de Comas a las y los agricultores que vinieron de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, y a los periodistas presentes; es que se inició un diálogo sobre la importancia de la agricultura familiar en la sociedad y el Estado, a partir del desarrollo de la agricultura familiar en las regiones mencionadas.

Conociendo las experiencias regionales de agricultura familiar

El objetivo del desayuno fue mostrar a través de las experiencias locales, las alternativas que se practican en diferentes lugares del Perú, a pesar de las dificultades, y así demostrar la importancia de la Agricultura Familiar. En el distrito de Pataypampa, Apurímac, cerca al proyecto minero Las Bambas, “se está logrando cambiar el contexto en el que vivían las comunidades empezando a mejorar el manejo de los recursos naturales que permitió recuperar el agua. Introduciendo el sistema de riego presurizado, la agroforestería, y así logramos la diversidad productiva agropecuaria. Los excedentes vienen siendo vendidos en la feria dominical de la capital provincial (Chuquibambilla)”, señaló el agricultor y representante apurimeño, Victor de la institución de AEDRA – Apurímac.

A su turno, Aurora Portal, agricultora y productora perteneciente al colectivo por la vida y la pachamama de Cajamarca, señaló que sus experiencias y la de sus compañeras mujeres se dio a partir de la resistencia al proyecto minero Conga, que finalmente fue detenido por la población de las comunidades cajamarquinas. Frente a esta victoria, las mujeres se preguntaron: ¿ahora qué hacemos?, y empezaron a producir las tierras de la jalca cajamarquina que se verían perjudicadas por la minería. “De esta manera desarrollamos plantas medicinales, jabones y champús orgánicos, y generamos trabajo para nosotras y para la comunidad que cultiva estas hierbas y plantas. Asimismo, también participamos en ferias para vender nuestros productos y realizamos talleres con comunidades para que produzcan sus tierras tomando nuestro ejemplo”, enfatizó Aurora Portal, junto a Mirtha Villanueva, directora de la institución Grufides – Cajamarca.

Finalmente, Tulia García, directora de CEDAP – Ayacucho, señaló que en Cangallo, lugar afectado por el conflicto armado interno, pudieron “recuperar el rol de la comunidad y el de las pocas familias que seguían cultivando. Fue importante porque se logró proteger las semillas para producir en distintas tierras y ahora realizamos siembra y cosecha de agua para lograr que el agua llegue a las distintas tierras y podamos producir en un contexto de desertificación de glaciares”.

Al finalizar la presentación de las experiencias regionales, y frente a los desafíos de protección y desarrollo de estas experiencias; el especialista y autor del libro: Minería y agricultura en el Perú, Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui; señaló la importancia de estas experiencias regionales que deben tener respaldo nacional desde el Estado y sus políticas públicas. El libro es el resultado de la sistematización de las experiencias regionales presentadas, sumadas a la del Valle del Mantaro, en Junín; y la Quebrada del Chaupihuaranga, en Pasco. En palabras de Edwin Alejandro: “se debe reconocer los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre su territorio para la producción de alimentos».

Posteriormente, el especialista y director de CEPES, Laureano del Castillo, señaló la importancia de lo expresado por los agricultores y representantes de las instituciones y la sistematización del libro presentado; señalando que escuchar un discurso como el expresado es esperanzador porque “hemos escuchado experiencias positivas y existe un discurso sobre la agricultura familiar de precariedad. “Hay que mirar la riqueza que tenemos, valorarla, y transformarla también.” Finalizó señalando que en el Congreso ya existen leyes para promocionar los señalado, pero se necesitaría una ley para que se cumplan todas las leyes que ya están aprobadas. El 87% de las unidades agropecuarias son de agricultura familiar y si la política económica sigue privilegiando la agroexportación, que está en manos de pocas empresas; y por otro lado siguen priorizando las actividades extractivas en nuestro país; «¿cómo podrán implementarse los instrumentos y leyes aprobados por el Estado?», problematizó.

Propuestas y Acción

En el marco del lanzamiento de la campaña también se realizó un Foro en el congreso llamado: “Agricultura Familiar y Minería en el Perú”. Participaron representantes del Ministerio de Agricultura, el congresista Marco Arana y los representantes regionales presentes en el desayuno de trabajo; presentando las experiencias regionales de agricultura familiar y las propuestas generales de las instituciones que hacen parte de Red Muqui.

El objetivo de la campaña es presentar propuestas que aporten a la reorientación de las políticas públicas para conseguir el fortalecimiento de la agricultura familiar en zonas donde pueden verse vulneradas por actividades extractivas y el cambio climático. Actualmente se requieren iniciativas de parte del Estado para atender prioritariamente a más de 2.3 millones de peruanos que trabajan en agricultura familiar; que impliquen además de mayor presupuesto, fortalecimiento de la asistencia técnica, créditos a través del Banco de la Nación y el aseguramiento en el acceso a los mercados seguros.

Entre las propuestas a dar a conocer a través de la campaña, se exige la garantía del derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos y el acceso de los productos; la garantía de la disponibilidad y calidad del agua para el desarrollo de la agricultura familiar mediante una política integral que priorice la protección de las cabeceras de cuenca; y promover, reconocer y fortalecer los servicios ambientales ofrecidos por la agricultura familiar y mucho más.

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Red Muqui, que hace parte de la Red Iglesias y Minería en América Latina, y participó en la IV Asamblea General en Buenos Aires el 20-22 de agosto del presente año, comparte la carta emitida por la Asamblea.

CARTA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA

Queridas comunidades amenazadas, criminalizadas, explotadas y devastadas por el extractivismo minero, que resisten esperanzadas.

Reunidas y reunidos en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de agosto de 2019, sesenta laicos y laicas, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores y pastoras, de 10 países de Nuestra América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú) y Reino Unido; compartimos nuestras voces y la rica experiencia que aquí vivimos en estos días a través de esta sentida carta.

Interiorizamos y asumimos como nuestros los dolores, las alegrías y las esperanzas de sus voces, que con fe e intensa fortaleza enfrentan los impactos, cada día más desastrosos, de las actividades extractivas en sus territorios que matan personas y exterminan la naturaleza.

Comprendemos profundamente las formas y las implicaciones globales de la expansión minera en todo nuestro subcontinente, siendo el cambio climático el síntoma terminal del gran daño de este sistema capitalista, neoliberal y depredador. Nos animamos a intercambiar las múltiples resistencias de nuestros pueblos, enraizadas en sus territorios, alentadas en sus culturas y espiritualidades originarias, tradicionales y cristianas. Decidimos y encaminamos acciones de fortalecimiento de estas luchas, sabiendo que de ellas depende también la sobrevivencia de nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, Pachamama.

Iluminadas e iluminados por la Cruz Maya y las místicas indoafroamericanas que nos invitaron a armonizar los caminos del ser humano con los caminos de Dios y su Creación; que nos invitaron a reconocer las luces y sombras de los diferentes puntos cardinales a los que pertenecemos y a cuya tierra nos debemos, queremos decirles que nuestro corazón comunitario se hizo cruz, y se expandió al Oriente y al Poniente, al Norte y al Sur de esta tierra latinoamericana y toda la tierra que somos y que grita.

Profundamente conmovidas, conmovidos, humanizadas y humanizados por las lágrimas del pueblo de Brumadinho y las de su obispo Don Vicente Ferreira, y habiendo honrado cada uno de los nombres de las 272 personas muertas y 20 desaparecidas, los ríos Córrego do Feijão e Paraopeba y toda su biodiversidad, víctimas del crimen cometido por la empresa minera Vale contra esta comunidad.

Asimismo, habiendo hecho memoria de las más de 60 personas asesinadas, las 218 criminalizadas en los últimos 10 años a causa de conflictos mineros y de todos los pueblos en resistencia de América Latina y el Caribe ante este modelo de crecimiento infinito y capitalismo por despojo de los más vulnerables, nos hicimos silencio, indignación, rabia, lágrima, oración y urgencia.

Animadas y animados por el encuentro con las Madres de Plaza de Mayo y su valiente marcha pública que ilumina las marchas de toda Nuestra Casa Latinoamericana y Caribeña; animadas y animados por el abrazo de la Madre Norita Cortiñas que nos invitó a la paciencia persistente, esperanzada y comprometida con la memoria, la justicia y la vida, nos hicimos sentimiento de admiración por todas las comunidades defensoras de los derechos humanos individuales y colectivos, de la tierra, el ambiente y los bienes comunes de Nuestra América. Nos hicimos pasos para caminar a su lado.

Desde la memoria de los mártires latinoamericanos y caribeños, con dolor, fuerza y dignidad, nos hacemos grito: exigimos el esclarecimiento de los asesinatos y masacres hechos por empresas, con omisión o connivencia de gobiernos, contra habitantes de territorios, defensoras y defensores de la Madre Tierra, y contra la biodiversidad, en los diferentes países de la región, y de manera extremamente urgente en Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Recibimos con indignación la noticia de los incendios criminales en la Amazonía liderados por el gobierno Bolsonaro, atentando de manera directa contra la vida del planeta, dado que la Amazonía es la mayor floresta de cuya transpiración depende el clima planetario, no solamente de Sudamérica.

Exigimos el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas de verdad, justicia y re-dignificación. Exigimos a los gobiernos de los distintos países de la región adoptar las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida de defensoras y defensores que se encuentran amenazados y exhortamos a los pueblos a rescatar las garantías para el funcionamiento pleno de la democracia y el ejercicio de sus derechos.

Las acciones prioritarias que planteamos en este contexto nos conducen a la Incidencia de la Red en empresas, Estados y en las Iglesias, a la promoción de la desinversión en minería del Norte Global, y a la acogida dialogante y el intercambio entre eco espiritualidades y al fortalecimiento de las comunicaciones.

Desde nuestro corazón comunitario hecho cruz y abrazo, en solidaridad con las madres latinoamericanas que consuelan y mantienen la marcha por la justicia y la memoria con toda esperanza; hechos paso urgente y grito certero, queremos ratificar que somos uno-una con Ustedes y nuestra Casa Común.

En celebración amorosa, unidas y unidos en la alegría de quienes sabemos que, desde Cristo Jesús, la Vida vence a la muerte y al dolor, haremos de cada lucha una fiesta: ¡para la vida toda y hasta siempre! ¡Que amanezca!

Buenos Aires, 22 de agosto, 2019
IV Asamblea – Red Iglesias y Minería

Misión de Observación de Derechos Humanos llega a Arequipa y Valle de Tambo

La Misión de Observación conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; llegará el martes 23 de julio al Valle de Tambo en Islay para recibir información de la población respecto a la situación de derechos humanos que se vive en la provincia en el marco de la protesta que vienen realizando hace varios días, y frente a los hechos sucedidos el día de hoy, lunes 22 de julio.

Tras sostener reuniones con el jefe policial de la región, Roy William Ugaz, el día de hoy; y posteriormente con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López; la Misión de Observación se trasladará al Valle de Tambo con el objetivo de recibir información de la población, tal como la ha recibido de parte de las autoridades del Estado, en el marco de la elaboración de un Informe sobre la situación del Valle de Tambo en materia de derechos humanos. Informe a presentar a organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En reunión con el jefe policial de la región, que indicó que el operativo policial se encuentra en el marco de garantizar el libre tránsito; la Misión señaló su preocupación sobre el uso indebido de la fuerza con bombas lacrimógenas y el uso de perdigones. Asimismo, informó sobre la detención que habrían sufrido 4 personas durante las protestas, de acuerdo al reporte difundido al mediodía por dirigentes del Valle de Tambo. Al respecto, el jefe policial de la región, tras coordinaciones telefónicas durante la reunión realizada en horas de la tarde; negó la detención de personas en comisarías de la zona y en el cuartel de militares de Chucarapi. Cuartel que han solicitado a las fuerzas armadas en el marco del operativo policial que realizan.

En la reunión de la Misión con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López; señaló que los fiscales que estuvieron en Islay no reportaron algún incidente mayor, y que los fiscales se apersonaron al lugar de los hechos para observar que el libre tránsito sea garantizado. Agregó que es necesario, tras la situación que se vive en Valle de Tambo y Arequipa; se abra el diálogo entre las autoridades nacionales, regionales y locales.

Finalmente, la Misión de Observación de Derechos Humanos y Ambientales señaló a los representantes del Estado con los que sostuvo reunión, que el Estado debe asumir su rol garante de derechos de las personas por encima de intereses económicos y de presiones políticas de grupos interesados en implementar sí o sí el proyecto minero Tía María.

 

Prensa Red Muqui

Contacto en Arequipa: 937412825

En los últimos días la empresa minera Southern ha sido mencionada en diversos medios de comunicación respecto al otorgamiento de la licencia del gobierno para el desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa, pero, nada se ha dicho sobre la protesta del pueblo de la provincia de Candarave, región Tacna; que denuncia que Southern está dejándolos sin agua.

Las comunidades de Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave, todas pertenecientes a la provincia de Candarave en Tacna; se movilizaron masivamente el día de ayer, 1 de julio, en la capital de la provincia, denunciando que la empresa minera de capitales mexicanos, Southern, está dejándolos sin agua al haber secado la laguna de Vizcachas, y al correr el mismo peligro la laguna de Aricota y Suches. Southern tiene licencias de uso del agua de Candarave desde hace 59 años y actualmente lo utiliza para sus proyectos mineros de extracción de cobre de Toquepala – en ampliación- en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Hace algunas semanas, los alcaldes de las comunidades mencionadas realizaron una conferencia de prensa denunciando los atropellos de Southern, pero de parte del Ejecutivo y la empresa no hubo ninguna respuesta. Las autoridades y la población han dado un plazo de 7 días para que el ejecutivo vaya a Candarave a ver su realidadExigen:

  • –          Cancelación de las licencias de uso de agua de Southern.
  • –          Dejar sin efecto la resolución que aprueba el plan director de recursos hídricos en la cuenca de Locumba.
  • –          Retiro de la empresa Southern de Candarave con su oficina de relaciones comunitarias.
  • –          Declaración de emergencia de la cuenca de Locumba.

El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya, señaló que el caudal de recurso hídrico en la provincia disminuyó en más del 60%. “Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos 943 l/s que irrigamos”, declaró. Mientras la empresa minera utiliza 1950 litros por segundo. El uso excesivo de agua por parte de la empresa ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y bofedales en parte del valle, agregó el alcalde.

Por su parte el alcalde de Curibaya, Ernesto Alvarado, recalcó “la alguna Aricota debe tener para cinco años y no hay más y de ahí se seca. En el consejo local hemos declarado en emergencia el recurso, igual se tiene que declarar en la provincia”. La laguna Aricota abastece de agua a los ríos Salado y Callazas.

“Pueblo desierto”

En el pueblo de Curibaya antes habían más de 2 mil familias, ahora solo hay 500 familias viviendo en la comunidad. “Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se está secando todo”, precisó el alcalde. Las actividades que desarrollaban antes, principalmente, eran la ganadería lechera y la cosecha de papa y maíz.

Antecedentes

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta de que la empresa minera otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron iniciar la protesta.

El rol de la Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Frente a los reclamos en años pasados, Southern siempre ha respondido que mensualmente reportan sus operaciones en cuanto al uso hídrico de sus proyectos mineros a la Autoridad Nacional del Agua (ANA); entidad que monitorea el uso del recurso hídrico y el otorgamiento de licencias. Sin embargo, en la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hhídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Algo importante a señalar es que las empresas que solicitan la licencia para el uso del agua, presentan un estudio del recurso hídrico hecho por una consultora que ellos mismos contratan. No es un estudio independiente. Asimismo, la ANA no hace una verificación detallada de cómo va a impactar en las comunidades el uso de los recursos hídricos que se encuentran en esas zonas y que las comunidades y personas también necesitan para sus actividades personales, productivas y económicas.

Propuestas de Red Muqui

  1. Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  2. La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  3. Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  4. Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021