En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, todos los 26 proyectos analizados, se han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

En el distrito de Huanza, ubicado en en la provincia limeña de Huarochirí, se está produciendo un desastre medioambiental, que ya ha arrastrado miles de toneladas de relaves mineros altamente tóxicos, a través de la quebrada Conay, por donde discurre un caudal de color plomizo.

El 30 de marzo pasado, después de copiosas lluvias ocurridas en el sector, ocurrió un desprendimiento de proporciones aún no cuantificadas de depósitos de relaves mineros, pero que a simple vista, de quien se acerque a la abandonada explotación minera Huampar, parece gigante. Por eso y para buscar soluciones inmediatas la comunidad de Huanza le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente en abril del presente año (MINAM), que la mencionada zona fuera declarada en emergencia ambiental. Con ello se le habría dado atención inmediata del parte del Estado y tal vez se hubiese podido evitar que la población siguiera usando esas aguas tanto para regadío y otras actividades agropecuarias como para el consumo humano. No obstante las evidencias del desastre, unas 19 comunidades campesinas que se dedican a la ganadería, así como 9 distritos: Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca y Santa Eulalia, han tenido que seguir consumiendo de las fuentes hídricas directamente afectadas. Contaminación que no se detiene en esos lugares, pues el río de la quebrada Conay, llega al río Macachaca, que a su vez confluye con el río Santa Eulalia, uno de dos tributarios del río Rímac, principal afluente de la capital y que provee de agua potable a sus habitantes.

Valle de Santa Eulalia-autor-MuquiZinc, plomo y plata eran los principales minerales extraídos de un socavón que junto a los depósitos de relaves y de desmonte nunca fueron cerrados, tal como lo reconoce el propio Ministerio del Ambiente, que advierte que los relaves “se encuentran sin actividad de cierre y expuestos al ambiente, además que sus taludes y plataformas superiores están erosionados, entre otros aspectos”. Y continúa constatando que “ en otros dos depósitos (ID 13063 e ID 9988) se registraron deslizamientos de relave y arrastre hacia las partes bajas de las quebradas, cuyas aguas van hacia la laguna Antarangra”. 

Iniciada en los años 50 del siglo pasado, las operaciones fueron abandonadas a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, hay una única persona empleada que hace de cuidador de las instalaciones, en su mayoría barracas y galpones desvencijados y gigantescas montañas de desechos tóxicos sobre cuyas partes planas se han formado verdaderas lagunas que ejercen aún más peso y presión sobre estructuras que no cuentan con ningún tipo de soporte físico.

charcos de agua sobre relave minero - autor: MuquiUn bofedal condenado a muerte

Inmediatamente debajo del perímetro de los cerros del venenoso relave, se juntan dos vertientes de agua, los afluentes del río Conay. Uno es el Azulcocha a mano derecha y el otro es el río Piticuli. Por separado, ambas corrientes aparecen con aguas cristalinas. Un panorama que cambia sólo cien metros más abajo, donde se produce la confluencia. Ubicada justo sobre una planicie, donde se encuentra un ecosistema muy particular de las sierras andinas, como explica Edwin Berrospi ingeniero ambiental de Red Muqui y señala con el dedo índice una playa formada por sedimentación de relave arrastrada por el río:  “Acá vemos un atentado contra una inmensa área de un bofedal, un ecosistema único y muy frágil. Es un sistema hidrológico que funciona conjuntamente con sus especies que están dentro de ese ecosistema. Si vamos abajo, vamos a encontrar varios bioindicadores de un bofedal, que determinan que se trata de ese sistema, que es único. Tiene que ver por ejemplo con la ubicación en una planicie, donde el sistema aluvial de arriba viene sedimentando toda la materia orgánica que ha sido transportada por la lluvia. Es un proceso de cientos de miles de años de formación en la que muchas especies se han ido adaptando a lo largo de ese espacio de tiempo, especies que se mantienen acá. Por lo tanto este relave está atentando contra estas especies, que debido a la toxicidad de los elementos que se han vertido van a morir y van a desaparecer”. 

bofedal condenado a muerte - autor: MuquiYa lo hicieron las truchas silvestres que llegaban hasta la parte alta del bofedal, como atestigua Wilson García que, igual que otros comuneros, venía a pescar a esta zona. En tanto, en las piscigranjas ubicadas en las riberas del río Macachaca murieron las truchas que estaban siendo criadas allí. Dos toneladas de truchas muertas, es la cosecha de la contaminación en esos criaderos ahora abandonados.

No serán los únicos animales afectados, asegura García: “Los animales que vemos aquí, las vacas y las llamas, todavía no han muerto, pero en dos, tres meses o en medio año ya van a comenzar a morir. En los 90 cuando hubo otro gran deslizamiento de relaves al río ya vimos una contaminación parecida, a los cuatro meses comenzaron a morir los animales. Era una “flaquera” que les venía, qué químicos habrán sido… Siempre se le ha reclamado a la empresa y nunca ha reconocido, nunca” 

Gabriela Flores, que trabaja para Caritas en Chosica, organización que forma parte de la  mesa de trabajo sobre derrame de relave del pasivo ambiental minero de la quebrada Conay – Huanza,  explica que el bofedal, también es importante por la función de recarga hídrica, “debajo de estas plantas que vemos hay todo un conducto de acuíferos de agua subterránea que beneficia las comunidades que están en la parte baja, es la fuente para que puedan haber puquiales, manantiales y si esto está afectado con metales pesados, finalmente también van a llegar a esos manantiales y puquiales. Retener, filtrar esos elementos es muy difícil de lograr, si no se controla la fuente de la contaminación.

depósitos de relave parcialmentre derrumbados y bofedal-autor:MuquiHerbert Gutiérrez, de Caritas Chosica explica cómo se originó la contaminación más reciente: “La empresa minera Huampar, después de explotar mineral durante unos cuarenta años han dejado sus sedimentos de relave en estos cerros que podemos ver. A fines de marzo se produjeron lluvias fuertes que formaron pozos sobre la parte plana de estos relaves, que no tienen ningún tipo de protección o drenaje de aguas lluvias que se van acumulando encima de ellas. Una bomba de tiempo que en un momento explotó y derrumbó parte del cerro. La comunidad lo vivió porque el agua que consumen, que proviene de este lugar de repente se volvió espeso y de color grisáceo.”

Edwin Berrospi de Red Muqui añade: “No hubo sistema de fiscalización, de control y de manejo de estos relaves, entonces en momentos de gran intensidad de precipitaciones, se ha debilitado toda el depósito, ya que no había ninguna estructura o construcción que le diera estabilidad física, esto se ha derrumbado”.

Wilson García, presidente de la comunidad de Huanza explica que el agua que consumen proviene de un canal de captación que recorre ocho kilómetros desde la toma de agua en el lugar conocido como Cashca, en la parte alta del río Conay y que llega directamente a la comunidad campesina de Huanza. 

Cuando vieron el deslizamiento, lo intentaron atajar abriendo un canal, al ver que esto no ayudaba, porque se seguían jalando los sedimentos, llevaron tubos para hacer una cañería. Y son esos tubos los que están logrando sacar parte del agua para aliviar la carga que se deposita encima del cerro de sedimentos. Es una medida de emergencia, improvisada de la propia comunidad, que trata de contener el derrumbe como puede, sin embargo, parte de los relaves siguen cayendo al río y más aún cuando llueve.

cañería improvisada instalada por comunidad-autor:MuquiOtros daños

Para Edwin Berrospi que visita por primera vez la zona, la gente de la comunidad sabe el daño que les están causando los desechos de la empresa Huanza S.A. “La magnitud del derrumbe parcial de los relaves, es mucho mayor de lo que imaginaba. No solo está contaminando a una cabecera de cuenca del río Rímac, sino que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico de consumo humano para un conjunto de comunidades que están expuestas a ese envenenamiento. Población que consume esas aguas, que no solo tienen una alta acidez, sino también de metales pesados, tanto en su cantidad, intensidad y magnitud que por cada segundo que se vierte se está sedimentando en su lecho”.

En cuanto a los elementos concentrados en los relaves, altamente tóxicos para todas las especies expuestas a ellos, que probablemente se estén vertiendo a los ríos, Berrospi enumera: plomo, arsénico, cadmio y cromo. 

Un socavón oscuro: reflejo de impunidad 

Abandono, desidia, falta de fiscalización, atropello contra las comunidades y la naturaleza e impunidad para los dueños de las empresas, una forma de violencia estructural y concreta. Todo eso se puede observar también en otro pasivo ambiental, que dejaron quienes sacaron provecho de la mina.

Cuando se ingresa al terreno de explotación abandonada, a mano izquierda resalta un cerro rocoso, en el que se abre un socavón con una entrada enmarcada con vigas de madera revestidas de hierro de unos dos metros de altura. En el suelo se ven los restos de rieles, de donde se sacaba el mineral. Lo más llamativo, sin embargo, es un verdadero arroyo que sale a gran presión de las galerías inundadas. Sus aguas también están saturadas de minerales, ya que en los bordes del cauce abundan manchas de metales de óxido ferroso, resultado del proceso de lixiviación, del desprendimiento de las rocas y piedras al interior de la mina como explica Edwin Berrospi: “Hay un contacto con todo lo que han sacado y está saliendo agua ácida de esta mina, otro pasivo ambiental. Aquí se hace visible la ausencia del Estado, no hay una debida fiscalización de parte del Estado, ni supervisión, nada.

Para cerrar esta bocamina, habría que hacer todo un estudio hidrogeológico para entender la complejidad interna cómo están distribuidas las galerías subterráneas. Porque aquí se ve solo un hueco de donde sale agua, pero son muchos lugares inundados que no vemos”.

cocavón abandonado - autor:MuquiEl coordinador del área socio ambiental de Red Muqui es tajante en cuanto a la defectuosa política del Estado: “Antes no había ningún plan de cierre, nada, no les importaba. El resultado de esa negligencia es lo que vemos acá. Sin embargo, los planes de cierre actuales son muy débiles en cuanto a las exigencias. Pero aparte de eso, no hay nadie quien los fiscalice. Quién los hace cumplir… Porque al final todas las operaciones mineras dejan enormes montañas de relaves acumulados que son estos pasivos ambientales, que van a seguir vertiendo aguas ácidas, que van a seguir desprendiendo partes de los relaves acumulados y por lo tanto van a seguir afectando a las comunidades”.

Respuestas inmediatas y cambios estructurales

En respuesta a las necesidades más urgentes, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete – Fortaleza, presentó el mes pasado la propuesta de instalación de 5 kilómetros de tubería, que se conectaría a una toma de agua de uno de los afluentes del río Conay, que se ubica por encima de la zona de relave, la cual servirá como fuente de abastecimiento temporal de agua a los usuarios de la comunidad campesina de Huanza.

rio Conay, toma de agua Chesque - autor: MuquiMás allá de hacer un desvío del caudal para evitar la contaminación del recurso que le llega a la comunidad o al distrito de Huanza, la corriente del Conay seguirá siendo contaminada por los relaves y desembocando sus aguas en los ríos Macachaca, Santa Eulalia y finalmente el Rímac. Por eso, la ingeniera Flores propone que se realicen acciones paralelas, como hacer un encapsulamiento del relave, para que los tóxicos no continúen a la intemperie. Otro aspecto es, lograr una estabilidad física a través de la construcción de gaviones y diques, para evitar otros derrumbes y el contacto directo entre el depósito y el río. 

También es importante tomar muestras de sedimentos que permitan cuantificar el daño que está generando en la parte baja, donde se ubica el bofedal, totalmente destruido y cuyas aguas contaminadas finalmente está llegando a puquios y manantiales en otras áreas. Sin olvidar que a través del viento se distribuye material particulado, que contiene contaminantes arrastrados más allá del curso de los ríos.

A la hora de establecer responsabilidades para Gabriela Flores los culpables de esta contaminación son la minera y el Estado, porque el Estado ha permitido que esto se genere, sin que las instituciones cumplan su función de prevenir y fiscalizar este tipo de daños ambientales o como dice Romina Villanueva, ingeniera agrónoma, también de Caritas Chosica:  “No hay que olvidar que el cierre legal ocurrió en 2002 y por lo tanto estamos en presencia de veinte años de negligencia por parte del Estado. El MINEM y la ANA han realizado inventarios, pero al final eso ha sido todo, no se han hecho los trabajos pertinentes. Están esperando recién hasta que haya este tipo de daños para actuar”.

Por eso Edwin Berrospi exige que “así como los gremios empresariales y mineros siempre hablan de destrabar los requisitos para las inversiones, es hora que la sociedad exija que el Estado destrabe su burocracia para evitar este proceso engorroso, en el que nadie se responsabiliza”.  

Desde una perspectiva más estructural, para impedir que estos abusos se sigan perpetuando, el geólogo Mattes Tempelmann, con vasta experiencia en las afectaciones socio ambientales de la minería en Perú y experto de MISEREOR en Alemania, plantea : “Los costos de remediación, ahí donde pueda existir ese proceso, junto a los costos por las pérdidas materiales, como aquellos causados por la muerte masiva de truchas y los gastos en salud y alimentación que debe enfrentar la sociedad en su conjunto, especialmente la comunidad de Huanza, son costos que la empresa debe incluir dentro de su balance. Es un cálculo que no hace la minera, siempre dicen que la minería es un negocio rentable, pero es solamente rentable porque no se incluyen estos costos que son externalidades que la empresa en cambio traslada hacia la sociedad”. 

Tal vez no sería descabellado exigir que las empresas mineras y el Estado cuantifiquen e internalicen esos costos para calcular la rentabilidad de los proyectos mineros. Sin olvidar que estamos en presencia de más de 8 mil pasivos ambientales, muchos de los cuales se encuentran en el mismo estado de abandono por su antiguos propietarios y no están siendo fiscalizados por el Estado. Una parte considerable se encuentra en cabeceras de cuenca o al borde de los cursos de los ríos más importantes del país. 

Llueve sobre mojado para Glencore. Así se podrían interpretar los cuestionamientos y sanciones que actualmente enfrenta uno de los mayores consorcios mineros del mundo.
Ayer, martes 24 de mayo, la subsidiaria del gigante de la minería y de comercio de materias prima Glencore Plc ha admitido finalmente delitos investigados desde al menos 2018: el soborno y la manipulación de precios de mercado. Crímenes por los que pagará cerca de US $1.5 mil millones luego de alcanzar acuerdos con la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Brasil. Investigaciones que aún siguen su curso ante la justicia en Suiza y Países Bajos.
De esta manera la compañía ha admitido su responsabilidad en casos en los que llegó a desembolsar hasta US $100 millones para sobornar a funcionarios públicos en hechos de corrupción registrados en Brasil y Venezuela en el continente sudamericano y en Nigeria y la República Democrática del Congo en África. Otras prácticas incluyen la manipulación de los precios de los mercados de gasóleo o diesel en Estados Unidos.
“El soborno formaba parte de la cultura corporativa” afirmó al respecto el fiscal de Manhattan Damian Williams en una conferencia de prensa convocada ayer, donde también se develaron códigos como “diarios” o “chocolates” usados internamente para referirse al pago de sobornos. Cargos y admisión de culpabilidad, por casos que abarcan desde 2007 hasta 2019, que de acuerdo a la agencia de noticias económicas Bloomberg dibujan un cuadro que abarca todo el planeta y que resulta condenatorio, porque muestra cuán lejos ha estado dispuesto a ir la compañía persiguiendo ganancias. La agencia, fundada por Michael Bloomberg, uno de los hombre más ricos del planeta, refuerza esa sentencia al afirmar que Glencore y sus rivales, los mayores exponentes del sector minero, tradicionalmente han operado fuera del foco de los entes reguladores y han estado yendo a países, donde otros han rehuido de ir, con tal de hacer negocios.

Valoración que coincide con un reciente estudio de la organización internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, según el cual Glencore Plc presenta el peor historial de violaciones de derechos humanos entre las mineras de metales utilizados en tecnología de energía renovable.
“A nivel mundial, Glencore tiene el peor registro”, señaló el grupo en su “rastreador de minerales de transición” publicado a inicios de mayo. La empresa, subsidiaria de la casa matriz con sede en Suiza, está vinculada al mayor número de denuncias en África, la segunda en el caso de Asia Pacífico y es la tercera con la mayor tasa de denuncias en Sudamérica. Los presuntos abusos atribuidos a todas las empresas van desde ataques a activistas hasta violaciones de las leyes ambientales y reubicaciones forzadas.
Cabe recordar que el año 2013, Glencore se fusionó con la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los mayores grupos productores de cobre a nivel global.
Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial, señalada en numerosos estudios de ser la responsable de la grave contaminación a la que está expuesta la población de Cerro de Pasco.

Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

Las organizaciones sociales y sociedad civil en general nos dirigimos al Poder Ejecutivo, Defensoría del Pueblo y a la opinión pública para señalar lo siguiente:

Primero: El día 27 de abril el Poder Ejecutivo ha publicado el Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM que declara Estado de Emergencia, una vez más de forma inconstitucional y por 30 días, en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, Apurímac. El único fundamento que sustenta esta decisión del Poder Ejecutivo, a decir de la propia norma, son informes policiales no públicos que señalan la presunta comisión de delitos en la zona, contraviniendo así los estándares y principios que ya estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia EXP. N° 00964-2018-PHC/TC. Sentencia en la cual se exige al Poder Ejecutivo que una decisión como la tomada, tiene que ser, primero, de carácter excepcional y, segundo, debidamente motivada. Además que incorpore y describa los criterios de temporalidad, proporcionalidad en la medida y necesidad de la misma.

La experiencia de los últimos años ha comprobado que la declaración y utilización de los estados de emergencia no constituyen un mecanismo idóneo para resolver el conflicto social. Por el contrario, genera un grave escenario para el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la policía y las fuerzas armadas, hechos que lamentablemente ya vienen ocurriendo en este momento en la zona del conflicto.

 Segundo: La empresa minera MMG Las Bambas publicó un comunicado el pasado 14 de abril, señalando que la empresa paraliza sus operaciones debido a que miembros de la comunidad de Fuerabamba ingresaron a la propiedad de la minera por reclamar “supuestos” incumplimientos de compromisos con dicha comunidad. Así mismo, informaron que la comunidad de Choaquere y Chila se sumaron a la protesta, motivo por el cual la empresa ya no podrá continuar produciendo cobre a partir del 20 de abril de 2022.

Al respecto es preciso señalar que NO es la primera vez que MMG Las Bambas suspende sus operaciones. Ya lo hizo en el pasado. Por tanto este anuncio busca presionar al Ejecutivo a fin de que haga uso de la fuerza a través de la intervención de la PNP y las FFAA para militarizar los territorios como ya viene ocurriendo.

Tercero: En el caso del llamado “corredor minero”, particularmente en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en los últimos meses la conflictividad social y ambiental se ha ido complejizando, debido a los impactos socio ambientales del proyecto minero e incumplimiento de diversos compromisos de la empresa MMG Las Bambas. El escenario es de suma preocupación debido a su posible agudización y la falta de una política integral de resolución de conflictos del Ejecutivo, y, la instalación de mesas de diálogo no está coadyuvando a canalizar las justas demandas de la población. Es importante señalar que en el corredor minero hay una serie de afectaciones de derechos como la omisión de la consulta previa, falta de transparencia y acceso a la información en materia ambiental, entre otras demandas que deben ser atendidas en su integralidad.

Por ello, exigimos al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el Estado de Emergencia, garantice la seguridad e integridad de las comunidades campesinas y sus integrantes, así como asegure la vida e integridad de las defensoras y los defensores de territoriales, ambientales y de derechos humanos. Asimismo, exigimos que se implemente una política estatal que considere al diálogo como su instrumento base, para la resolución de los conflictos sociales. Políticas en la que asuman seriamente su rol protagónico el Viceministerio de Gobernanza Territorial,  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, con el objeto de que se garanticen realmente los derechos de los pueblos originarios involucrados.

Apurímac – Cusco – Puno, 27 de abril del 2022.

Firman:

Colectivo de Abogados y Abogadas de Red Muqui Sur

Red Muqui Sur

Red Muqui

Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH

Acción Solidaria el Desarrollo, CooperAcción

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, CEDEP Ayllu.

Instituto del Sur Andino y Acción Solidaria, ISAIAS

Centro Andino de Educación y Promoción, CADEP

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA

Fundación Ecumenica Para el Desarrollo y la Paz, DEFEPAZ

Federación Unificada de Campesinos de Melgar, FUCAM.

Federación Departamental de Campesinos de CuscoFDCC

Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana

Derechos Humanos y Medio Ambiente, DHUMA.

Las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil provenientes de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno, reunidos en el “VII Encuentro Interregional del Surandino” del 31 de marzo y 01 de abril en la ciudad de Chucuito – Puno, hacemos público nuestra declaración:

 

Que la actual crisis política que atraviesa nuestro país no es de ahora, es histórica y sistémica, y trasciende al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, lamentablemente, debemos denunciar el abandono de la esperanza y de las promesas de cambio que el presidente Castillo ofreció en campaña y por las cuales nuestro Sur andino le dio su amplio respaldo en las últimas elecciones.

Que la pandemia genero pérdida de miles de vidas humanas y una serie de afectaciones integrales, que al día de hoy aún padecemos en nuestras comunidades. Sin embargo, desde nuestros territorios, durante la pandemia, y, actualmente, seguimos produciendo los alimentos para nuestras regiones y el país en medio de una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes en nuestro Perú y en el mundo.

Que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país ha sido reconocido por los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y luego desarrollado por la Ley de consulta previa aprobada (Ley 29785), y posteriormente reglamentado (D.S. 001-2012-MC) y desarrollado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (STC No 00022-2009-PI/TC, 05427-2009-PC/TC).

Que las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli en Puno presentaron una demanda de amparo en el año 2014 contra INGEMMET y el MINEM por la omisión de la consulta previa de las concesiones mineras que se superponían en sus territorios. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia Nro. 03066-2019-PA/TC, donde este máximo órgano de protección de los derechos desconoce el derecho fundamental a la consulta previa como derecho de las comunidades campesinas originarias aymaras y quechuas.

Que la agricultura convencional demostró no ser sostenible, al depender de insumos externos. Que lamentablemente la propuesta de Segunda Reforma Agraria fue abandonada por el gobierno, y la iniciativa conocida no representa una propuesta de seguridad y soberanía alimentaria capaz de responder a la crisis económica y familiar que afronta el mundo, agudizada por los efectos de los recientes conflictos bélicos.

 

Ante esta situación y luego de analizar y debatir estos puntos, queremos manifestar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:

  • Respaldamos la lucha de nuestras comunidades campesinas aymaras Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli, Puno, quienes exigen se respete el derecho a la consulta previa en sus territorios y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce este derecho consagrado en nuestras leyes peruanas e internacionales.
  • Exigimos se retome el debate y se ponga en el escenario público nacional la necesidad de discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.
  • Demandamos también se retome con seriedad y responsabilidad el proceso de la segunda Reforma Agraria, así como la atención al sector productivo agrario, se respete el derecho al agua y la protección de las cabeceras de cuenca en nuestros territorios.
  • Emplazamos al gobierno a cumplir su compromiso con la agricultura familiar y promover una transición a la agroecología, la misma que nos permitirá caminar hacia un Buen Vivir de nuestros pueblos.
  • Instamos al gobierno nacional para que los conflictos socio-ambientales en nuestros territorios, principalmente en zonas mineras, sean resueltos vía el diálogo y de manera pacífica. Por ello, rechazamos las políticas de militarización, el uso de la fuerza y la violencia que se practica desde el Estado. Le recordamos al presidente Pedro Castillo y su premier respetar su compromiso de que “el pueblo no reprime al pueblo”.
  • Demandamos y nos comprometemos a construir una sociedad con igualdad y equidad de género. Trabajamos en ello y con ese fin nos seguiremos organizando. También demandamos al gobierno regional y nacional, políticas que, conscientes de la violencia que sufren nuestras mujeres rurales, campesinas e indígenas, reconozcan y defiendan sus derechos.
  • Exigimos la implementación urgente y adecuada del mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. No podemos seguir tolerando la muerte de nuestros/as hermanos/as defensores/as y que el Estado siga sin mayor acción al respecto. Igualmente señalamos que nos organizaremos para impulsar los procesos de autoprotección en y desde nuestros territorios.
  • Reconocemos la importancia de las juventudes originarias e indígenas en la permanencia y revitalización de las comunidades y organizaciones. Trabajaremos para seguir convocándolas y construir propuestas desde sus propias agendas y visiones.

Por todo lo mencionado y dado la actual situación de crisis que atravesamos,  demandamos al gobierno nacional que se atiendan las demandas de las comunidades campesinas, los agricultores, los transportistas y ciudadanía en general, ya que no solo ha subido el costo vida, si no también las demandas por mayor atención a eduación y salud en nuestros territorios.

Firman:

–   Central Unica Macro Regional de Rondas Campesinas del Sur del Perú – CUMARC

–   Federación Departamental de Campesinos de Cusco – FDCC

–   Federación Departamental de Campesinos de Puno

–   Federación Distrital de Campesinos de Muñani

–    Gloriosa Federación de Campesinas de Paucartambo – Cusco

–    FUDICH – Chamaca  – Cusco

–    FEDEJOP

–    Autoridades originarios de Moho – Puno.

–    Organización de mujeres aymaras – Puno

–    OMABASI – Puno

–    Comunidad Campesina de Chila Chambilla – Juli – Puno

–    AMDETEC – Kana – Cusco

–    Red Muqui

–    CADEP – Jose Maria Arguedas – Cusco.

–    FUCAM – FDCP – Puno

–    ISAIAS – Puno

–    IDECA – Puno

–    CooperAcción

–    DHUMA – Puno

–    CEDEP Ayllu – Cusco

–    IDL

–    Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

–    IDMA – Apurimac

–    FEPROMUC – Apurimac

–    JHUSMAP

–    Red Muqui Sur

–    CBC – Cusco

–    APRODEH – Apurimac

–    YPL Apurimac

Puno, 01 de abril del 2022.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

El anuncio de la flamante presidenta de Honduras Xiomara Castro de poner fin a la minería a tajo abierto en el país centroamericano, ha creado expectativas y dejado a muchos incrédulos más allá de las fronteras de ese país. Sin embargo la mandataria ha hecho algo que a juicio de Pedro Landa, miembro del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería, recoge las demandas de la ciudadanía de los últimos veinte o treinta años, y que además formaba parte del programa electoral de la ahora jefa de Estado.

En efecto el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas difundido el primer día de marzo dice que en atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, «se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano». Además se declara todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispone una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones». Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo».

Landa, también coordinador de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, valora la declaración política del gobierno que ahora debe ser traducida en políticas públicas/procedimientos administrativos y en un marco legislativo que le otorgue una validez jurídica a estos anuncios.

Gremio minero cuestionado por concesiones otorgadas

Debido al agresivo rechazo de la política anunciada por la presidenta Xiomara Castro por parte del gremio minero sumado a la adversa correlación de fuerza en el parlamento, en el que los diputados de los partidos del antiguo régimen, que surgió del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009, tienen una mayoría relativa en el congreso, una de las tareas urgentes para el gobierno, según Landa, es crear una instancia multiactor. Un mecanismo en el que debería participar la ciudadanía, las universidades, el gobierno y representantes de empresas apoyados por una veeduría internacional que le otorgue mayor capacidad fiscalizadora y legitimidad y que revise los requisitos administrativos y los procesos de concesiones otorgadas en los últimos años. Permisos que tienen tal nivel de cuestionamiento e ilegitimidad que incluso han otorgado 42 concesiones mineras en áreas protegidas, en las que la ley prohíbe toda actividad extractiva.

Así por ejemplo y según una investigación de una alianza periodística internacional en la que participó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), una de las principales productoras de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras. Un proyecto de extracción de hierro fuertemente cuestionado por la persecución a los líderes sociales de Guapinol en el municipio de Tocoa que protestaban por el impacto ecológico en sus territorios y en el parque natural Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano.

Cómo se llegó a esta situación de rechazo de la minería

Los hitos, que fueron creando un escenario en el que el fin de la minería a tajo abierto se fue transformando en una reivindicación de amplio soporte social, se fueron desarrollando especialmente desde el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, explica Lander.

Aunque ya durante el gobierno Zelaya, hubo un proceso de amplia participación y discusión ciudadana que preveía crear una Ley de Minería que limitara la posibilidad de crear proyectos mineros y suspendiera el otorgamiento de nuevas concesiones. Proyecto que finalmente se vio frustrado por el golpe de Estado que derrocó a ese gobierno y supuso un duro revés al proceso social que iba tomando forma en ese período.

Para Pedro Landa, uno de los sucesos que marcaron la apuesta extractivista y de despojo de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y garífunas del país ocurrió en 2012, en un hecho que califica de segundo golpe de Estado. Se refiere con ello al 12 de diciembre de ese año, cuando el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados.  Integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia despojados de sus cargos por haber declarado inconstitucional una ley para atraer inversores a través de un mecanismo llamada Ley de Regiones Especiales de Desarrollo para implementar ciudades autónomas y que después fue renombrada como Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Un proyecto de zonas francas impulsado por el Gobierno de Honduras y la élite política y económica, que implica la expropiación y explotación de territorio y recursos naturales, y la suspensión de determinados derechos y garantías constitucionales y por ello resistidas por defensoras y defensores de derechos humanos, que se expresaron repetidamente contra la instalación de las ZEDE. En su momento la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  inició una investigación sobre este proyecto estatal por las persecuciones y asesinatos de líderes de pueblos indígenas y afro hondureños que se le oponían.

Violencia y crímenes contra la ciudadanía desatada

Crímenes que se hicieron comunes durante los años que le siguieron al golpe de Estado y que estaban dirigidos a amedrentar a la población, romper el tejido social y reprimir la oposición a los proyectos de inversión en minería y de infraestructura de generación eléctrica.  El caso más emblemático es el asesinato en 2016 de la activista ambiental y lideresa garifuna, Berta Cáceres, por organizar la resistencia a la construcción de una represa de capitales españoles. Sin embargo, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos es casi inconcebible para un país que oficialmente no estaba en guerra (aunque tal vez sí contra su propia población). En 2017 la organización de defensa de los derechos humanos Global Witness concluyó en su informe anual que “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

En ese entonces, el régimen hondureño, que había sucedido el poder después del golpe de Estado, acumulaba 120 asesinatos. Para el 2020, Honduras había descendido al quinto país más peligroso para defensores del medioambiente y la cifra total de asesinatos en una década desde 2010 llegaba a 180 personas. Muchas de las cuales habían sido previamente criminalizadas por el poder judicial a través de un código penal que persigue a los defensores del territorio en forma análoga a la normativa penal que se aplica por delitos de terrorismo, según Pedro Landa. 

Otras leyes para favorecer la minería

Entre otras leyes que fueron pavimentando el camino para facilitar las inversiones para hacerse de los bienes comunes y que fueron generando el caldo de cultivo del descontento está la Ley de Minería de 2013 y que abrió las puertas a un modelo extractivista extremo, tan permisivo que incluso favoreció un fenómeno hasta entonces desconocido: la narco minería. Grupos criminales ligados a sectores financieros que llegaron a gestionar hasta cien concesiones mineras como forma de lavado de dinero, explica Lander. 

La juventud y una nueva conciencia social y ambiental

El hito que, que  al inicio solo parecía una crisis política, que se saldaría con un altísimo grado de represión y violencia y, a pesar de ello, se transformó en tierra fértil donde creciera la semilla de la conciencia, sobre todo de la gente joven, fue la reelección inconstitucional del mandatario Juan Orlando Hernández en 2017. Hay que recordar, que por la mera intención de preguntar en una papeleta electoral por la posibilidad de convocar a la redacción de una nueva constitución, como había anunciado en 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya, los militares avalados por el congreso y con el apoyo tácito de los Estados Unidos secuestraron al presidente una noche de junio de ese año y lo llevaron al exilio.

A partir de ese momento, ocho años después quedó en evidencia, que el régimen se mantendría por la fuerza en el poder, pero ya no lograba concitar, acaso nunca pudo hacerlo, un consenso en torno a un proyecto de desarrollo basado en la extracción de materia prima. Con ello fue perdiendo poder también el gremio minero, cuyas concesiones incluso llegaron a ser cuestionadas por sus pares con inversiones en otros rubros productivos. 

Los que en cambio crecieron en conciencia, social, política y ambiental fueron los niños y jóvenes que habían nacido y crecido durante y después del golpe de Estado y ahora estaban sufriendo en carne propia la represión. Son ellos quienes ya no se creen el cuento, comenta Lander y explica que es ésa generación la que apoya con verdadera beligerancia y presencia en las calles el proceso político encabezado por la presidenta Xiomara Castro y que ahora ha declarado el fin de la minería y la moratoria para todo tipo de actividad extractiva cuyas concesiones deberán ser revisadas. Para llevar adelante esta agenda, que forma parte de su plataforma electoral se deberá apoyar en la sociedad que ha ido reclamando los espacios públicos para sí, a pesar del precio que ha debido pagar por ello. 

Pero Landa observa que incluso entre los empresarios hay cada vez más voces que abogan por una tipo de desarrollo diferente, porque han visto que los proyectos mineros no sólo aumentan las conflictividad social, sino que en estos tiempos de altos impactos ambientales, acelerados por el desastre climático, seguir por ese camino solo exacerba la crisis. En esa línea debe ser entendida, según Landa, la apuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el Acuerdo de Escazú. Un tratado que el organismo apoya, según un comunicado de prensa, “como herramienta fundamental para generar un marco social y ambiental transparente y abierto y basado en una buena relación con las comunidades, sector público y privado”.

Al menos hay entonces un cierto respaldo por parte de actores económicos a estas medidas que trascienden las fronteras del país. Por eso Pedro Landa también prevé que la presidente solicitará la presencia de un nuevo organismo liderado por Naciones Unidas, parecido a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que apoye al Estado en liberarse de estructuras de corrupción y narcotráfico que camparon a sus anchas con el hasta hace pocas semanas presidente Juan Orlando Hernández actualmente en arresto a la espera de un proceso de extradición por cargos de narcotráfico en los EE.UU, y, cuyo hermano menor fue condenado por una corte de Nueva York el año pasado a cadena perpetua por liderar una banda de narcotráfico.

Perspectivas para el Perú

Lo que viene ocurriendo en Honduras respecto a los anuncios en el sector minero por la presidenta Xiomara Castra es sin duda un avance esperanzador, ya que junto a Costa Rica, y en cierta medida El Salvado, que en 2018 prohibió la minería metálica, son los países que se declaran libres de esta actividad en Latinoamérica. Un debate que en el Perú, por el momento, parece imposible, por las condiciones y la dependencia económica que tenemos con este sector, pero sobre todo por el poder político que tienen los gremios mineros, entre otros factores por demás conocidos. Sin embargo, lo ocurrido en Honduras nos dice que tarde o temprano tenemos que transitar a esa discusión, dado que la actividad minera es una actividad finita. Es decir un día los recursos minerales se van a agotar o dejarán de ser imprescindibles. Ojalá que no sea tarde, para los frágiles equilibrios ecológicos de los que dependemos, cuando lleguemos a ese momento. 

Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf