Afectados expresan indignación en sus testimonios: «Doctores me mandaron a comprar agua embotellada»

La Plataforma Distrital de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos se reunió el pasado viernes 24 de mayo en un plantón seguido de una conferencia de prensa. Las acciones tenían como objetivo exigir atención integral por parte de la Red Integrada de Salud ante los preocupantes hallazgos sobre la presencia de arsénico en la orina de los pobladores.

Según el último informe de la Red Integrada de Salud de Sánchez Carrión, se encontró arsénico en la orina de 13 personas dosadas, superando los valores de referencia. Estos resultados provienen de exámenes realizados en 2023 a 57 personas de la población, aunque hasta ahora sólo se han recibido los resultados de 32 personas.

La comunidad atribuye estos problemas de salud posiblemente a la actividad minera en zonas como El Toro, Shiracmaca, Coigobamba y Santa Cruz. «Hablamos de todo tipo de minería, grande y pequeña, tenemos niños con metales tóxicos en la sangre», expresó la vocera de la plataforma, Leslie.

Las comunidades movilizadas han solicitado además al MINAM realizar análisis para contrastar los resultados y exigen respuestas del gobierno regional y nacional. «La contaminación no es algo nuevo; es un problema que debimos abordar hace muchos años», afirmó Susan, una de las madres que pertenece a la Plataforma.

Los afectados demandan una acción inmediata, incluyendo extender los exámenes a todos los caseríos y apoyo para el tratamiento de los niños afectados. «Mi hijo de 8 años tiene plomo en la sangre por el agua potable que pasa por la minera. Se enferma constantemente», compartió María.

Una madre, cuya hija fue diagnosticada con altos niveles de metales tóxicos, lamentó la situación: «El médico nos recomendó que mi hija tomara agua mineral como tratamiento, pero ¿cómo podemos costearlo? Somos una familia pobre y no deberíamos ser nosotros quienes asumamos los costos de un problema, cuyos responsables son la minera y el Estado».

La Plataforma reclama transparencia en los resultados y acciones concretas por parte de las autoridades. «Estamos muriendo, exigimos resultados físicos, porque a mí solo me lo dijeron en palabras», reclamó el señor Emiliano, padre de un infante.

La Plataforma Distrital de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos de Huamachuco reiteró su llamado a la prevención, mitigación y atención inmediata de salud de las personas y del ambiente, exigiendo la identificación de las fuentes de contaminación y recursos para el seguimiento de la salud de la población afectada.

Por: José Antonio Lapa Romero

Southern ha tenido y mantiene un comportamiento obsesivo-compulsivo y una inmensa frustración en cuanto al proyecto Tía María se refiere, que ha significado imponer el proyecto desplegando la represión y la coerción estatal; poniendo en funcionamiento una enorme maquinaria de clientelismo y asistencialismo minero, y realizando permanente lobby ante la institucionalidad estatal y representación política. La razón fundamental de su enfermiza insistencia está relacionada con los millones de dólares invertidos por casi dos décadas de proyecto frustrado y los efectos que produciría a la empresa el anuncio de paralización o inviabilidad del proyecto minero en el casino financiero donde cotiza, lo que la fuerza a insistir y a inventar permanentemente una legitimidad inexistente. No obstante, en una muestra de desmemoria, esta transnacional olvida, de manera intencionada y consciente, la extendida violencia sobre los ciudadanos del Valle de Tambo, la violación de los derechos humanos y las heridas aún abiertas; mientras se presenta ante el espacio público nacional e internacional como una empresa responsable socialmente y respetuosa de los derechos humanos.

La afirmación de los funcionarios de Southern de que las «condiciones sociales han mejorado» y que vienen trabajando de manera ardua con la población del Valle de Tambo muestra esta realidad distorsionada que suele presentar al público ingenuo, con la finalidad de construir cierta legitimidad inventada. Porque, lo que sí viene ocurriendo en el Valle de Tambo es la puesta en funcionamiento de la maquinaria de clientelaje y asistencialismo a través de empleos temporales, obras por impuestos, donación de abonos, acceso a cosechadoras de arroz, servicio de fumigación, atenciones de salud y la donación de mochilas para los niños de las escuelas, y regalos en las festividades y un largo etcétera, que busca comprar la voluntad de los ciudadanos; y también, claro está, la maquinaria de cooptación a través de la captura de medios que se intensifica en momentos de mayor oposición y supuestas dirigencias capturadas y alineadas a los intereses de Southern. Es decir, han tejido relaciones mediadas por dinero con el objetivo de seguir inventándose una mayor aceptación del proyecto minero, bajo la denominación de «mejores condiciones sociales».

Así, la negada legitimidad y “mejores condiciones sociales” se ha vuelto a evidenciar en un reciente sondeo (inicios de mayo), realizado en los distritos de Cocachacra, La Punta y Dean Valdivia, según el cual el 94 por ciento de los encuestados no quiere el proyecto porque va a destruir la agricultura y va a contaminar el agua y las personas del valle, 4 por ciento está a favor y un 2 por ciento no opina. La respuesta de más de 300 entrevistados muestra una línea de continuidad con los resultados de la consulta popular del 2009 cuando el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo al proyecto minero de Southern.

Es decir, hay un amplio y diverso sector social cuya postura es inamovible y que se resiste a la minera, a pesar de la debilitada representación social, fruto de la criminalización y la violencia desplegada por el Estado.
Entonces, los anuncios de Southern de iniciar operaciones los próximos meses porque tienen “mejores condiciones” que han trabajado “duramente”, esto constituye una realidad inventada y abre el escenario para un potencial conflicto en un valle que continúa resistiendo y esperando justicia frente a la impunidad y la violencia producida contra sus ciudadanos durante casi dos décadas de enfermiza insistencia por parte de la empresa y el Estado, que hasta ahora ha olvidado su rol de garante de derechos y ha afirmado su rol de promotor de los intereses mineros. Esto se ha intensificado con el actual ministro de Energía y Minas y el Ejecutivo en general, en un escenario de precios altos de los minerales que los empuja a intentar sacrificar nuevos territorios en el Perú.

Frente a los pactos de impunidad y corrupción de las élites, planteamos un Pacto Eco-Social e Intercultural del Sur para acabar con el abuso, el autoritarismo y la depredación de la naturaleza

Cusco, abril 2024
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El Pacto Eco-social e Intercultural del Sur nació en un escenario adverso para los pueblos de Nuestra América. La crisis climática y la contaminación ambiental impactan cada vez más en los territorios, afectando cosechas, secando fuentes de agua y destruyendo ecosistemas. Se observa un aumento en el empobrecimiento y la instalación de pactos de impunidad y corrupción en los gobiernos. Mientras tanto, persiste la violencia de los estados y los extractivismos, a la vez que surgen nuevos autoritarismos y aumenta la presencia de redes transnacionales del crimen organizado en toda la región.

Estamos siendo testigos del avance progresivo del colapso de nuestros ecosistemas, regímenes democráticos y eventualmente nuestros modos de vida. Las élites y sistemas políticos no ofrecen soluciones reales, por el contrario, profundizan esta crisis civilizatoria. Frente a todo esto, el Pacto Eco-social e Intercultural del Sur plantea la urgente necesidad de una transición eco-social e intercultural justa y popular para salir del colapso inminente, que pueda generar una sociedad y economía más equitativa, democrática y en armonía con la naturaleza y todos los seres no humanos.

Este año nos reunimos en el Perú para solidarizarnos con las luchas de sus pueblos, especialmente del sur andino, contra los pactos de corrupción e impunidad del gobierno asesino de Dina Boluarte y sus aliados que actualmente controlan al país. Para aprender de sus perspectivas y propuestas para construir una América Latina más justa.

A propósito de nuestra reunión anual, que se llevó a cabo en Lima, Cusco, y Espinar en el Perú, compartimos nuestros sentires y pensares:

Admiramos profundamente a las comunidades y pueblos de Puno, Cusco y del Sur Andino más amplio, quienes han dado un ejemplo de dignidad, sabiduría y fuerza para defender y darle sentido a la democracia en el Perú. Nos sumamos a su exigencia de justicia ante la brutal violencia estatal enraizada en el racismo y la corrupción, con la cual se reprimió el levantamiento del 2022/23. Sabemos que este movimiento por justicia y dignidad continúa y que su llamado a construir un país democrático y plurinacional está vivo en las autoridades ancestrales, Mallkus, Jilaqatas y Mama Tallas, en las comunidades, colectivos y organizaciones, que hoy son un signo de esperanza para el Perú.

Conocimos la grave situación del territorio K´ana en la provincia de Espinar (Cusco), donde después de más de treinta años de gran minería se han acumulado graves impactos a la salud, la naturaleza, el agua; por lo tanto, en los proyectos de vida de la población. Consideramos que Espinar no puede Creesperar más a la sanación y reparación de sus vidas, cuerpos y territorios devastados por el extractivismo minero: es urgente, que el gobierno peruano declare la emergencia sanitaria e implemente las medidas adecuadas para ello. Nos solidarizamos con el pueblo de Espinar que día a día lucha y resiste a la arremetida minera. Un pueblo que no ha tenido más opción que convivir con una actividad transnacional que opera con mucha impunidad en sus territorios.

Nos solidarizamos con Olivia Bisa, la Presidenta del Gobierno Territorial Autónomo del Pueblo Chapra, con Elsa Merma, dirigente de las Mujeres K´ana, con las mujeres aymara y quechua de Puno, criminalizadas y atacadas de distintas formas por su lucha por la vida y los territorios de sus pueblos. Vemos, como son las mujeres las que enseñan el horizonte de cambio y defienden el futuro de nuestros territorios. Como Bisa y Merma, cientos de dirigentes y liderazgos colectivos, alrededor del Perú (y de la región) son amenazados, acosados, criminalizados, estigmatizados y violentados por los actores del poder, por su compromiso de lucha por la vida y los territorios de sus pueblos. Exigimos respeto y cuidado para todes elles, guardianes de nuestro futuro y la casa común.

En nuestro encuentro aprendemos y celebramos también las victorias, la resiliencia y resistencia de los pueblos. En la Amazonía peruana se vienen construyendo los Gobiernos Territoriales Autónomos de los Pueblos Amazónicos, y se ha logrado el reconocimiento de los derechos del Río Marañón a ser protegido frente a la contaminación. En Islay y Cajamarca la gente sigue resistiendo a los proyectos mineros enarbolando los gritos “Agua Sí, Oro No” y “Agro Sí, Mina No”. Alrededor del país están creciendo movimientos feministas y ambientalistas que reclaman cambios de fondo. En el sur del Perú las identidades originarias, pese a toda la violencia y el racismo vivido, se siguen revitalizando y hacen posible sentipensar una buena vida desde el lazo comunitario.

Mientras tanto, en Ecuador ganó el “Sí a la vida” en el referendo para el petróleo del Yasuní, abriendo la posibilidad de pensar y realizar la sanación y reparación de los territorios y comunidades afectadas por esta actividad. Vemos cómo el pueblo argentino se defiende del asalto a sus condiciones de vida de parte del gobierno de Milei. En Colombia el gobierno de Petro junto con las organizaciones sociales está defendiendo el país como Potencia Mundial para la Vida, reconociendo los derechos del campesinado y los territorios campesinos agroalimentarios, mientras busca con aciertos y desaciertos el camino hacia una transición energética justa

Consideramos que en estos ejemplos, desde los territorios, se defienden y se construyen transiciones ecosociales, justas y populares a favor de los derechos humanos, de la naturaleza, de los animales, de la justicia social y del Buen Vivir para todos y todas. En Latinoamérica Abya Yala hoy se abren grietas que posibilitan la subversión de los sistemas de dominación y que posibilitan transformaciones para sostener los tejidos de la vida.

A la vez, estos procesos vivos hacen parte de nuevos pactos con la vida y con la naturaleza. Requerimos hoy un Pacto Ecosocial e intercultural que permita transformaciones políticas de fondo para salir del extractivismo, crear una democracia eco-social y plurinacional, fortalecer las autonomías y la autodeterminación de los pueblos, asegurar el cuidado de la vida como centro de nuestras sociedades, fortalecer la soberanía alimentaría y alternativas económicas, reconocer y ampliar los derechos de la naturaleza, e impulsar una integración regional basada en la justicia, la soberanía y la autonomía de los pueblos.

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Cusco, abril de 2024

Por una Latinoamérica en defensa de la naturaleza: Expertos en temas medioambientales arriban a Perú para participar en Foro Internacional

En América Latina, la crisis climática y la contaminación ambiental tienen un impacto cada vez mayor en los territorios, afectando las áreas de cultivo y sus cosechas, secando las fuentes naturales de agua y destruyendo el ecosistema. Para abordar la problemática de lo que está aconteciendo en el Perú y en otros países de la región, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, organizará el Foro ‘Crisis Climática, Extractivismos y Conflictos Sociales’, que contará con la participación de destacados expertos, expertas y defensores ambientales de Latinoamérica, el 9 y 10 de abril, en Lima y Cusco.

El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur plantea la necesidad de una transición socio-ecológica justa y popular que pueda generar una sociedad y economía más equitativa, democrática y en armonía con la naturaleza y los animales. Busca una transformación hacia el bienestar de todos y todas. El pacto está integrado por activistas, defensores ambientales e investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, quienes afianzan lazos y alianzas en la búsqueda de alternativas para el bienestar colectivo.

El evento se realiza en Perú al ser elegido sede para la Asamblea Anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, evento destinado a compartir perspectivas, trazar directrices de acción y fortalecer la colaboración de quienes forman parte del Pacto. En el foro expondrán: Breno Bringel (Brasil), Esperanza Martínez (Ecuador), Edgardo Lander (Venezuela), José De Echave y Olivia Bisa (Perú).

Para promover espacios de diálogo y reflexión crítica sobre la crisis climática, los extractivismos y los conflictos sociales en América Latina, el foro internacional presencial será en Lima, el martes 9 de abril, a las 6:00 p.m. en el Hotel Carrera, ubicado Jr. León Velarde N° 123 – Lince. La participación es abierta al público y a las diversas organizaciones sociales. Las inscripciones se realizan en: https://forms.gle/LEkiJmGsmpQRwv4n6

DATOS:

– Breno Bringel, sociólogo, activista y editor. Es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil e investigador sénior de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus libros más recientes está «Social Movements and Politics during Covid-19» (con Geoffrey Pleyers, Bristol UP, 2022). Es impulsor del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de varias iniciativas de investigación-acción.

– Esperanza Martínez, activista, bióloga y abogada de Ecuador. Integrante de Acción Ecológica y Oilwatch. Autora de varios libros y artículos. Integrante del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo y del Pacto Ecosocial del Sur.

– Edgardo Lander, sociólogo, investigador y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela.

– José De Echave, doctor en Economía, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú. Se desempeñó como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es cofundador de la institución peruana CooperAcción. Especialista en conflictos mineros.

– Olivia Bisa, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra -que abarca los distritos de Morona y Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto-. Desde diciembre de 2023 ha denunciado amenazas de muerte debido a su oposición a las actividades petroleras y al ingreso de taladores ilegales y narcotraficantes a su territorio.

Lima, 7 de abril de 2024.

Se agradece la difusión y cobertura.

Mayor información:
Carmen Amaro
Telf. 990130250

Por: Nury García, directora del Proyecto Amigo y miembro del Consejo Directivo de la Red Muqui

El 8 de marzo es un día más de movilización militante, en que expresamos una posición política de denuncia respecto del modo en que las mujeres seguimos siendo explotadas, oprimidas, violentadas y asesinadas por el sistema de dominación patriarcal. Al mismo tiempo, es un día de reafirmación y acuerdamiento en nuestras apuestas de transformación de las relaciones sociales, en que la recuperación del vínculo vital con la naturaleza es tan urgente como necesario. Esto implica reconocer que somos territorios-vida, que somos parte de una misma raíz con la naturaleza; que el aire, el agua, la tierra no tienen dueños; que no somos cosas, menos mercancías.

La defensa de los territorios-vida nos reta a conjugar diversas resistencias contra el entramado del patriarcado y el capitalismo extractivista y colonial, como lo es la megaminería, que arrasa con millones de vidas explotadas o negadas, que solo porta muerte. El extractivismo y el feminicidio se necesitan para invadir, despojar, destruir, oprimir, y contaminar la vida toda. El orden social imperante explota no solo el trabajo, sino la naturaleza, los bienes comunes, los territorios y los cuerpos de las mujeres. Para reproducirse necesita que perdamos las posibilidades de autonomía, de soberanía y subsistencia de los pueblos, la convivencia comunitaria y la osadía de soñar otros mundos posibles, plenamente humanos, poniendo el cuidado de la vida en el centro.

La violencia sobre los cuerpos feminizados y la violencia sobre los territorios es simultánea, no hay una sin la otra. No puede haber jerarquías porque la lucha es una sola. Como nos enseñan las hermanas del movimiento indígena: el ecocidio, el feminicidio y el epistemicidio, son parte de una misma matriz civilizatoria que es “terricida”. Bastaría con escuchar a los 10 millones de personas afectadas con metales tóxicos, a las compañeras defensoras asesinadas, a las huérfanas de dignidad y deseo de futuro.

Hay un reto en este día de memoria de nuestras luchadoras, compañeras guerreras, revolucionarias: aproximarnos y reforzar los lazos con los movimientos de resistencia que intentan y logran ir más allá de la denuncia sobre las injusticias de género y las injusticias ambientales y buscan una transformación radical, abordar sus causas, aquello que permite la reproducción de un sistema cuyo único objetivo es la ganancia y bienestar de unos a costa de la muerte hasta el planeta mismo. Desafío, entonces, el de conjugar nuestro horizonte y caminar emancipatorio por la sostenibilidad de la vida; la defensa de nuestros cuerpo-territorios; el cuidado de la casa común; y la ética del don, de la reciprocidad y solidaridad.

Por eso, hoy es un día más de lucha, el de las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas y de los movimientos de la Tierra que florece (Abya Yala). Desde tiempos ancestrales somos aire, agua, tierra, sol y luna; y vamos sembrando y pariendo territorios, la vida, los ríos, las montañas, las retamas y cantutas. Desde siempre, y hoy también, seguimos siendo Cañi, Comunidad.

Por: Área Socioambiental de la Red Muqui

Ante la crisis política persistente y el anuncio de más expansión minera por el actual Gobierno a costa de los derechos humanos y ambientales, las condiciones de desventaja de las mujeres se acentúan cada vez más. Dado que en este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M) y a la vez el Día Mundial del Agua (22M), nos preguntamos: ¿Cuáles son las perspectivas de las mujeres defensoras del agua? ¿Cuáles son los desafíos para ellas en el cuidado del agua y la vida? y ¿Cuáles son sus deseos y visiones a futuro?

Desde la Red Muqui consideramos necesario recoger los testimonios de mujeres defensoras que viven en contextos mineros, ya que son ellas quienes defienden y cuidan el agua y, por lo tanto, la vida. Al mismo tiempo, muchas veces enfrentan mayores desventajas por su condición de ser mujeres y, además, rurales e indígenas. A pesar de estas desigualdades interseccionales y la violencia que estas constituyen, es necesario resaltar su gran aporte al cuidado de la vida.

A continuación, se presentan los testimonios de dos mujeres dirigentas: la primera es Regina Mamani Flores, presidenta del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos y Naturales de la Cuenca de Llallimayo del Distrito de Umachiri de la región de Puno. En la zona donde vive existen dos empresas mineras ubicadas en cabecera de cuenca y ambas ocasionan la contaminación de las fuentes de agua. La segunda mujer es Victoria Fernández Gamboa, presidenta de La Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia Santiago de Chuco de La Libertad. A pesar de la distancia geográfica entre ellas, los desafíos en su lucha personal y política se convergen.

En la actual situación política ambas mujeres no se sienten representadas por el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte y, al no sentirse representadas, carece la esperanza de tener el respaldo político en sus luchas por la defensa de sus cabeceras de cuenca, de sus fuentes de agua, de sus quebradas, sus riachuelos. Según Regina, la contaminación de estas fuentes de agua tienen varias consecuencias socioambientales y económicas:

“Las personas y animales consumen el agua, regamos nuestros pastos cultivados con el agua contaminada porque no tenemos otra fuente de agua limpia, por ende se nos está ocasionando daños a nuestra salud con metales pesados y enfermedades desconocidas, afecta a nuestros animales en su salud, disminución en su producción de leche, carne, quedando también tierras eriazas, causando la destrucción de la fauna y flora existente; todos estos problemas que ocasiona la gran minería afecta a nuestra economía familiar, unidad familiar, afecta la salud humana y animal, bajo rendimiento escolar de nuestros hijos, unión comunal, fragmentación del diálogo con las autoridades políticas, arraigo territorial, empatía y cuidado de la naturaleza, vulneración de nuestros derechos humanos a gozar de un ambiente saludable, derecho al agua, derecho a la protesta pacífica.”


En la defensa del medio ambiente en condiciones donde la coalición autoritaria gobierna el país y reina la impunidad, Victoria manifiesta lo siguiente:

“Ahora más que nunca con este gobierno que se ha dedicado específicamente a negociar con empresas privadas, empresas mineras, no le interesa la vida. […] Yo por ejemplo pertenezco a un comité provincial de monitores ambientales que hacemos vigilancia ambiental. Podemos hacer nuestra parte: vamos, evaluamos la calidad de agua, tenemos el historial, pero igual a nosotros no nos creen, nosotros somos un obstáculo para ellos, pero hoy por hoy siempre tenemos que ser perseverantes porque nosotros defendemos prácticamente nuestras cabeceras de cuenca y vamos a continuar en eso defendiendo nuestras cabeceras de cuenca porque para nosotros defender el agua es defender la vida.”

En esta línea Regina resalta:
“Entre una mujer y el agua existe un vínculo genuino y fuerte, pues ambos somos fuentes de vida; somos nosotras las primeras víctimas del deterioro ambiental, pero también somos las protagonistas en la defensa, conservación y preservación del medio ambiente; somos nosotras quienes lideramos las luchas en defensa del agua y medio ambiente en contra de las mineras extractivas que contaminan nuestra Pachamama.”

Entonces, es evidente que las mujeres tienen una perspectiva única en cuanto a la importancia del cuidado y la defensa del agua, debido a que, por sus roles como madres y administradoras del hogar, son ellas las que sufren los mayores impactos negativos cuando se reduce la calidad o cantidad de agua en las comunidades.

Más aún, tanto Regina como Victoria constatan la ausencia de articulación y el respaldo político de las autoridades comunales, locales, provinciales, regionales y nacionales a las mujeres rurales indígenas cuando denuncian las afectaciones socioambientales que pueda tener la actividad minera en sus territorios. La mayoría de las veces no son escuchadas ni apoyadas, más bien sufren violencia e injusticia al cuidar el medio ambiente.

Más allá de los desafíos de las mujeres defensoras del agua, el deseo para el futuro de Victoria tiene una mirada bastante política:
“Vale la pena soñar: Al futuro […] quisiéramos tener de repente un movimiento, una institución, un movimiento político, organizarnos un grupo de mujeres peruanas de todas las regiones donde específicamente defendamos la problemática de la mujer, tener mujeres independientes, mujeres empoderadas, mujeres que defiendan sus derechos de ella y de las demás.”

Para Regina como mujer indígena afectada por la actividad minera, a pesar de los desafíos prevalece la esperanza:
“Nosotras como mujeres, madres, seguimos y seguiremos en la lucha frente a todo acto que pretenda destruir nuestra madre tierra, estaremos de pie para proteger nuestras comunidades, territorios, agua, pues todos somos Fuente de vida. En mi zona nosotros conjuntamente con la población estamos en la búsqueda de que el Estado se haga cargo de la remediación de la Cuenca de Llallimayo, buscamos que se pueda construir una planta de tratamiento de aguas ácidas, para de alguna forma limpiar el agua.”

A partir de estas visiones políticas de las mujeres defensoras y acciones específicas como la remediación de las cuencas, estamos convencidos de que podemos construir una sociedad en la cual todas las mujeres vivan libres de todo tipo de discriminación, violencia, desigualdad y afectación a su salud y vida. En esta línea, desde la Red Muqui, a través de nuestras instituciones asociadas, acompañamos a organizaciones de mujeres en varias regiones del país en la construcción de agendas, las cuales recogen sus demandas y necesidades específicas para la incidencia política. Además, en escuelas de capacitación lideresas, dirigentas y voceras de comunidades y poblaciones afectadas por la minería fortalecen sus procesos de lucha y defensa de sus derechos individuales y colectivos. Y son mujeres como Victoria y Regina que habitan en territorios afectados por el extractivismo, y lideran con el ejemplo de resistencia y valentía. Queremos agradecerles a ellas por compartir sus testimonios con nosotr@s.

José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador en temas de comunidades, minería y conflictos sociales.

En el Valle de Tambo no son pocos, es la casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas que ha manifestado que no quiere la actividad minera, posición que ha mantenido durante casi seis gobiernos democráticos y autoritarios, es decir, es un proyecto que no tiene legitimidad. La primera razón es política vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir sobre sus vidas. En efecto, en la consulta popular del 2009 el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo a la actividad minera; en el 2019, diez años después, el 70 por ciento manifestó que no quería la minería en una encuesta realizada por universidades de Arequipa a pedido del gobierno central -resultados que fueron cuestionados por sus contratantes porque no encontraron los resultados favorables que esperaban respecto al proyecto.

El inamovible rechazo ciudadano por más de 15 años ha llevado a una permanente movilización y protesta de los pequeños productores, jornaleros agrícolas y otros sectores, y a una permanente respuesta violenta, represiva y criminalizadora por parte del Estado que ha declarado en sucesivos momentos estados de emergencia y ha desplazado cientos de policías, aparatos de inteligencia, militares y funcionarios del sistema de justicia, como en los conflictos del 2011, 2015, 2019 y 2020. Mientras que la propietaria del proyecto, Southern Copper Perú ha desplegado permanentes acciones, por un lado, de clientelismo y asistencialismo minero ofreciendo empleos temporales, abono, maquinaria agrícola, atención médica gratuita, regalos por el día de la madre y navidad, aniversarios de instituciones, construcción de paraderos, defensas ribereñas, y un largo etcétera. Por otra parte, ha desplegado una estrategia basada en el financiamiento de proyectos a través de obras por impuestos, mecanismo ampliamente usado para legitimar la inversión privada; sumado a cooptación y fragmentación social, creando colectivos que responden a sus intereses, buscando capturar y fracturar las juntas de regantes, influenciando en las elecciones municipales y capturando medios de comunicación y comunicadores a sueldo para crear opinión favorable al proyecto. Estos mecanismos hasta ahora han fallado en el Valle de Tambo, cuyos habitantes han negado la licencia social, lo que ha llevado a Southern a deslegitimar a la inamovible mayoría como “antimineros” “antidesarrollo”, “terroristas mineros” y los ha calificado como la oposición de unos pocos, inventándose, claro está, una supuesta mayoría social que apoyaría el proyecto, ideas recogidas por los medios aliados de la empresa y el gobierno siempre alineado con los intereses empresariales.

La segunda razón de esta inamovible mayoría es la razón económica vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir su desarrollo. En efecto, en el Valle de Tambo más de 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria que involucra a 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros. Agricultura que se desarrolla en 12 mil hectáreas; y a la que se suman la dinámica de la pesca en el mar, la crianza de camarones en el río y el turismo durante el período estival. Esta fuerte estructuración económica y social es la que ha dado base y capacidad de movilización y defensa de un modelo de sociedad que ha vivido por cientos de años sin minería y que busca seguir siendo fuente de vida por la diversidad de alimentos que produce, por los niveles de bienestar que genera a sus ciudadanos y por la sostenibilidad que significa el uso de la tierra para la agricultura. En contraste la explotación minera significaría la contaminación del valle, la depreciación de las tierras, el encarecimiento de la mano de obra y el deterioro progresivo de la salud y los medios de vida.

La tercera razón es la de derechos humanos. La actuación del aparato coercitivo a favor del capital minero en los conflictos y la privatización del uso de la fuerza pública ha dejado nueve fallecidos, más de 400 heridos, miles de agredidos, decenas de procesados y encarcelados injustamente. Mientras que las víctimas no han sido reparados ni atendidos, por el contrario, la impunidad ha imperado, mostrándose una eficacia selectiva del sistema de justicia que se evidencia en el encarcelamiento de exdirigentes que han representado los intereses del valle y que al mismo tiempo mantiene en la impunidad a los integrantes de las fuerzas del orden que han cometido crímenes contra civiles.

No obstante, el reciente cambio de ministro en el sector minero, ha puesto, mediante declaraciones del propio Rómulo Mucho, en el escenario público la supuesta necesidad del proyecto minero Tía María y otros. Sin embargo, más allá del entusiasmo del actual ministro, este proyecto, además de ser inviable socialmente, es inviable políticamente porque se inscribe en un escenario de un gobierno sin mayor legitimidad social y responsable de crímenes de lesa humanidad y violatorio de derechos humanos, que tendría que hacer uso de la fuerza para imponer un proyecto ilegítimo y para el cual Southern tiene millones de razones para no abandonar. Ahora, si bien es cierto que el ministro es un funcionario que agrada al gremio minero y podría impulsar proyectos en tiempos de recesión y déficit fiscal, promueve ante la opinión pública un proyecto que sabe que es inviable, pero que es funcional a su propio juego político de asegurar consultorías, cartera de clientes y/o un puesto gerencial en mundo minero. Lo que reproduce la puerta giratoria tan extendida en el sector, porque la institucionalidad estatal minera es desde hace décadas un incondicional promotor y relacionista público de las empresas mineras, punto de puerta giratoria y espacio de lobby permanente.

En cambio, el ministro, en lugar de estar favoreciendo la imposición de proyectos mineros inviables para mover las agujas del crecimiento, debería promover el cumplimiento de los estándares ambientales de las operaciones mineras, asegurar consultas previas reales, abogar por la reparación de las víctimas de los conflictos, la atención de millones de personas contaminadas por la minería y la explotación petrolera, la eliminación de la devolución de impuestos de las operaciones mineras, y proponer mínimamente reformas como el impuesto a la sobreganancia minera dado que estamos en tiempos de precios altos de los minerales.

(1) LA REPÚBLICA. Tía María: 70% de la población de Valle de Tambo no quiere minería. 18 de agosto del 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2019/08/18/islay-tia-maria-70-de-la-poblacion-de-valle-de-tambo-no-quiere-mineria-martin-vizcarra

Fotografía: Defensoría del Pueblo.

La comunidad campesina de Huancuire ha manifestado que rechaza el inicio del trabajo de explotación del tajo Chalcobamba, el segundo sitio de explotación que pretende iniciar la empresa minera Las Bambas MMG sin haber resuelto los 14 puntos de una agenda acordada entre la empresa y la comunidad como denuncian los dirigentes a través de un pronunciamiento el pasado 16 de febrero.

Los comuneros han denunciado que la minera está realizando detonaciones (voladuras) muy cerca del centro poblado, pastos y animales, que ponen en riesgo la vida de sus habitantes y pueden estar contaminando las fuentes de agua y el ambiente, de las que dependen las actividades agropecuarias de sus habitantes.

También han expresado que la actual delegación de representantes de la empresa no cuenta con las facultades para tomar decisiones que puedan llevar a la resolución de los conflictos con la comunidad, por lo que reclaman la presencia de los máximos ejecutivos del consorcio, entre ellos su director ejecutivo Liangang Li, hasta el 19 de febrero.

Además requieren la visita de la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, así como de la máxima representante de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con ello ha escalado el conflicto entre la comunidad de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac y la empresa minera, que espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, aumente la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año, un incremento del 25 por ciento, respecto de la actual extracción.

En un comunicado anterior del 10 de febrero la comunidad había manifestado solo sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, pero no habían expresado su rechazo frontal al inicio de operaciones.

Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo de Chalcobamba, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para ampliar la explotación del principal tajo de Ferrobamba. Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según identificó un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros.

Pese a múltiples y graves observaciones que la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( SENACE), el ente estatal ha aprobado la solicitud de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa Antamina para ampliar sus operaciones. Su presidente Víctor Gobitz y otros representantes del sector minero han celebrado la decisión, que supone una inversión de dos mil millones de dólares en los póximos años, ya que extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036.

En cambio, las poblaciones de influencia directa e indirecta que viven en las comunidades aledañas en la provincia de Huari y los habitantes de Huarmey, donde se encuentra la terminal del mineroducto de Antamina, desde donde se cargan los barcos con cobre y zinc, los dos minerales que se obtienen principalmente de la mina, observan que sus preocupaciones fundadas en contínuos impactos ambientales y la desaparición de fuentes de agua no reciben la misma atención por el Estado y la opinión pública.

En septiembre de 2022, Red Muqui había dado a conocer un estudio pormenorizado con una serie de advertencias sobre esta MEIA, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Por ejemplo, para la empresa el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en este estudio, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

La modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental ahora aprobada permitirá incrementar considerablemente la extracción de minerales, a una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción. Con esta certificación ambiental incrementará el procesamiento de dicho mineral desde 175 mil toneladas que obtiene por día actualmente a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Noticia que será recibida como un balde de agua fría también por los habitantes de Huarmey, al menos por aquellos que han estado reclamando desde hace años por los daños a la salud por metales pesados especialmente entre menores.

Las sospechas de la población se dirigen contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar que los casos de afectados por metales pesados en la provincia de Huarmey impacta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para mayor información, puede leer aquí las notas de Muqui sobre esta temática: a) Red Muqui encuentra serias falencias en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Antamina
b) Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

Los miembros de la Red Muqui reunidos recientemente en nuestra asamblea de socios en la ciudad de Lima y ante la continuidad de la crisis política que atraviesa el país compartimos nuestros acuerdos y posicionamiento ante la opinión pública:

– Luego de las masivas protestas sociales que se desarrollaron desde finales de 2022 hasta mediados de 2023 contra Dina Boluarte y el Congreso de la República, el país continúa en un contexto de crisis política, que se agrava por la disrupción climática que afecta la disponibilidad del agua y la temperatura global, sabiendo que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. A esto se suma la recesión económica, con comunidades campesinas y PPII entre las más afectadas en sus modos y medios de vida. Por el contrario, las fuerzas antidemocráticas, antiderechos y autoritarias siguen avanzando, reafirmando el modelo económico extractivista, que impacta gravemente sobre la vida, el territorio y los derechos de nuestros pueblos.
– Por su parte, el Congreso sigue acometiendo para el copamiento institucional, como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, e impulsan leyes a favor de los intereses económicos y empresariales como lo demuestra la aprobación de la nefasta “Ley Antiforestal”, que afecta la Amazonía y los ecosistemas de nuestros bosques a nivel nacional. Así también, se han presentado 17 proyectos de ley a favor de la “formalización” de la minería informal, funcionales al crecimiento de la minería ilegal, sin que se prevean mecanismo de contención para la protección ambiental. No olvidemos que este Congreso también plantea “reformas” al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que significaría un grave retroceso para la defensa de los DDHH en nuestro país.
– En esa misma perspectiva, desde el Ejecutivo, se insiste en imponer proyectos mineros que han sido ampliamente rechazados por la población, como Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Conga en Cajamarca. También el gobierno viene aprobando normas como el D.S N°013-2023-MINAM que refuerza la Ley 30230 y modifica otras normas que debilitan aún más el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para favorecer la extracción minera sin garantizar la protección del ambiente y la salud humana. Además, el MINEM anunció la implementación de la primera fase de la “Ventanilla Única” (D.S. N°017-2023-EM) para simplificar los trámites administrativos del empresariado minero, lo cual implica un grave riesgo para los territorios de los PPII y de agricultores, y con ello de nuestra seguridad alimentaria.

Por ello desde la Red Muqui:

1) Alertamos sobre estas agresivas modificaciones normativas contrarias a los derechos humanos, ambientales y colectivos, ya que demuestran la influencia que tiene el poder de la gran minería, que recibe el respaldo del actual régimen de Dina Boluarte y cuyo nuevo ministro de energía y minas Rómulo Mucho ha señalado que buscarán expandir aún más la gran minería en el país.
2) Rechazamos las iniciativas legislativas que promueven en el Congreso irresponsablemente la minería informal e ilegal, sin tener en cuenta la destrucción del ambiente, la fragmentación de las comunidades, el aumento de la conflictividad social, y que pone en mayor riesgo a defensores y defensoras territoriales y ambientales.
3) Cuestionamos la falacia de la llamada “transición energética”, que, si bien busca que se elimine los combustibles fósiles, plantea como alternativa en beneficio de los grandes intereses económicos, que se profundice el extractivismo de “minerales críticos” como el litio y cobre, siendo nuevamente sacrificados los territorios de las comunidades y los PPII.
4) Nos reafirmamos en la defensa de los bienes comunes, como el cuidado y la protección de las cabeceras de cuenca, los bosques, ecosistemas frágiles y la biodiversidad de nuestro territorio nacional, y a favor de una efectiva protección de los PPII, las economías populares y solidarias como la agricultura familiar, ganadería a pequeña escala, la siembra y cosecha de agua, y el turismo comunitario. Actividades que nos demuestran que desde los territorios existen alternativas económicas desde los pueblos, más allá de la minería.

Finalmente, denunciamos y rechazamos la criminalización, censura y persecución que viven quienes, de manera democrática, expresan su rechazo al régimen de Dina Boluarte, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la PNP y FFAA, que incluye el asesinato de más de 50 personas entre 2022-2023. Nos sumamos al justo reclamo de los familiares de las víctimas que buscan justicia, reparación y no más impunidad en el país.

Lima, 15 de febrero del 2024.