Sentencia judicial sienta histórico precedente para consulta previa

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Una reciente sentencia del Poder Judicial que respalda el derecho a la consulta previa en el proceso legislativo está provocando una serie de reacciones por parte de organizaciones sociales y del mismo Congreso. Así la representante, Ruth Luque, ha informado que en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología, ha solicitado que se priorice el debate sobre el procedimiento para que el Congreso cumpla con la consulta previa antes de aprobar leyes que les afecten directamente.

Con ello la parlamentaria busca que el cuerpo legislativo implemente la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima a fines de enero pasado, que exige al Congreso de la República el cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, acuerdo suscrito por Perú, del que se desprende el derecho a la consulta previa; y con ello, que implemente el derecho a “la consulta previa de leyes que impactan en los derechos de los pueblos indígenas”.

Dicha sentencia fue notificada el último 26 de enero a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y a la Confederación Nacional Agraria (CNA), que impulsaron la acción legal que le dio origen.
El dictamen judicial establece que el Parlamento debe debatir con carácter de urgencia en el próximo Pleno ordinario o extraordinario el Proyecto Ley Nº 005-2016/CR, que modifica el reglamento del Congreso de la República para incorporar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre medidas legislativas que les afecten.

El abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco ha valorado la sentencia del Poder Judicial. Si bien opina que es improbable que las fuerzas políticas en el Congreso adecúen el reglamento interno,” ya que se han instalado grupos que responden más bien a mafias con intereses particulares y no representan los intereses generales de la población. No obstante, a futuro bastará esta sentencia para que pueblos cuyo derecho a la consulta sean vulnerados por futuras leyes presenten un recurso de amparo. Lo lógico y deseable sería un cambio del reglamento de funcionamiento legislativo, pero no es indispensable”, sentenció el jurista.

En cuanto a las posibilidades de que esta sentencia tenga que ser implementada por parte del Congreso el abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Helio Cruz, manifestó que el Congreso tiene la responsabilidad de hacerlo, negarse a ello sería negarse a una resolución del poder judicial y con eso seguiría quebrando el orden constitucional. Y añade que los parlamentarios no solo tienen que adecuar el reglamento interno para que las leyes respeten la consulta previa en asuntos que afecten a pueblos indígenas, sino que se debe extender a los actos administrativos, cuando se otorga una concesión minera, “no hay consulta previa, peor aún no hay participación ciudadana, ni transparencia hacia los pueblos que son afectados”.

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Red Muqui presentará estreno del documental “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

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Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.

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Comunidad campesina de Accomarca cuida memoria por los crímenes cometidos por el Estado y enfrenta burocracia por minería informal

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Por: Mayra Zambrano – Área Legal – Red Muqui

Masacre de Accomarca durante el conflicto armado interno

Uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces cometidos por el Estado peruano, y que despertó el repudio nacional e internacional, ocurrió el 14 de agosto de 1985 (Vilcashuamán, Ayacucho), cuando el ejército peruano, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a aproximadamente 69 comuneras y comuneros desarmados, entre ellos ancianos y 28 niños. Según APRODEH (1), en octubre de 1985, la comunidad denunció a Hurtado por el delito de homicidio; sin embargo, el Fuero Militar inició una contienda de competencia frente a la Corte Suprema para poder encubrir sus crímenes. Dicha instancia aplicó en 1995 las leyes de amnistía promulgadas por el dictador Alberto Fujimori. No obstante, debido a la incansable lucha de los familiares once años después, en agosto de 2016, la Sala Penal Nacional condenó a la línea de mando militar que estuvo involucrada en la ejecución extrajudicial de los comuneros de Accomarca a 25 años de prisión. Un fallo que fue calificado como histórico ya que no dejó impune el crimen de lesa humanidad del Estado en contra de su propia población (2).

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, se integraron en la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca (AHIDA), así como en la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del distrito de Accomarca (AFVPDA) (3), quienes mediante actos culturales, han recreado la dolorosa experiencia de la matanza a través de una actuación anual presentada durante el carnaval ayacuchano, con coreografías y canciones testimoniales para seguir exigiendo justicia para las víctimas de la masacre, evidenciando así la desgarradora violencia política y la discriminación sufridas, con la finalidad que las futuras generaciones no las olviden.

Actividad minera sin consulta ni consentimiento previo

Actualmente la histórica comunidad campesina de Accomarca, productora de cultivos de palta, viene afrontando otra problemática: actividades de pequeña minería realizadas por el empresario Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417, en la concesión Huacachina 2016 III, cuyo titular es Edgardo Rojas Anayaipoma. De acuerdo con el expediente de la concesión minera (4), se encontró con las siguientes limitaciones: la existencia del sitio arqueológico “Quilquikucho”, y una zona agrícola parcial. La concesión minera sin embargo, no tomó en cuenta el área restringida del área urbana ni expansión urbana, es decir la existencia de las comunidades superpuestas, tal como la comunidad campesina de Accomarca.


Fuente: Red Muqui

Tal como se puede apreciar en el mapa realizado por la Red Muqui, el territorio de la comunidad se encuentra superpuesto no solo por la concesión en referencia, sino también por ocho más que se encuentran tituladas y tres, aún en trámite (5). Es decir, se incumple el artículo 3 del Reglamento de la Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana – D. S. Nº 008-2002-EM, la cual expresa que una de las limitaciones para los petitorios mineros es la existencia de zonas urbanas o expansión urbana, como es el caso del territorio de la comunidad campesina.

La problemática recae en las actividades informales del operador minero Ismael Medina, quien explota sulfuro de cobre, cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que, sin embargo, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública presentado por el área legal de Red Muqui (6), no entregó el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). Aquí, la indicación textual del INGEMMET: “[..] respecto de los requisitos presentados por los mineros antes citados para la culminación del proceso de formalización minera (entre ellos el IGAFOM) ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, advirtiendo que no se encuentra sistematizado ningún IGAFOM. En tal sentido, no se cuenta con información respecto de los instrumentos ambientales, así como de las opiniones técnicas favorables del SERNANP, ANA, o SERFOR, respecto de la evaluación del IGAFOM”. (subrayado agregado)


Fuente: REINFO
De esta forma, aparentemente la empresa no cuenta con el instrumento de gestión ambiental necesario para el inicio de la explotación minera. Según el punto N° 3 del Informe Técnico N° 35-2023-GRA/GG-DRDE-DREMA-MRJH de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA), el IGAFOM estaba en estado de evaluación por la Ventanilla Única de la Dirección.
Instrumento que fue desaprobado por la DREMA posteriormente y, pese a ello, el operador minero continuó sus actividades de extracción de mineral en el lugar denominado Chamana, zona que no fue incluida en ningún instrumento de gestión ambiental (IGA), el cual solo mencionaba al área de Pichuscucho que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. En otras palabras, mediante el IGAFOM desaprobado -que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales- se pretendió engañar a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y el impacto socioambiental que genera sobre la comunidad campesina.
En ese sentido, la Junta Directiva de la comunidad campesina de Accomarca con el acompañamiento técnico – legal de la Red Muqui, decidió presentar medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del empresario. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello estuvo condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado. Posteriormente, el operador informal presentó el 10 de agosto un recurso de apelación de derecho referido a la resolución mencionada, argumentando razones insuficientes para la paralización de su campamento minero y alegando una vulneración de derechos.

Estigmatización y criminalización de dirigentes comunales de Accomarca

Mediante Acta de Asamblea General la comunidad campesina de Accomarca rechazó unánimemente la explotación minera y determinó que la harían respetar. De este modo, se acordó que el 25 de agosto se iba a realizar el desalojo de la operación minera, lo que llevaron a la práctica en la fecha mencionada. Sorpresivamente, el Ministerio Público respondió a la acción citando el mismo día al presidente y otros comuneros parte de la Junta Directiva de la C.C. Accomarca para una acción preventiva de esclarecimiento de hechos frente a la denuncia del empresario Medina. Se les acusa por el delito de daños contra el patrimonio, tipificado en el artículo 205 del Código Penal (7), porque los comuneros retuvieron temporalmente los bienes de su campamento minero.
Así empieza la estigmatización y criminalización por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán (8); cuyo caso está a cargo de la Fiscal Provincial Jeny Prado, quien abrió una investigación preliminar en contra del presidente Zósimo Sulca Quispe y otros directivos de la comunidad, en agravio del operador informal. La Fiscal los ha citado en reiteradas oportunidades al despacho, a pesar de que el costo de la movilización implica un gasto adicional no previsto por los comuneros, desatendiendo así el principio de interculturalidad que debe ser parte del proceso penal.
A la par, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ayacucho exhorta a la DREMA dar cumplimiento de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM e iniciar investigación preliminar en contra de Ismael Medina por la presunta comisión de delito ambiental – delitos de contaminación, en la modalidad de minería ilegal en agravio del Estado, tipificado en el artículo 307-A del Código Penal. Así, se realizaron múltiples diligencias, entre ellas se puede resaltar un extracto de la copia del acta testimonial de Zósimo Sulca (9), quien expresa textualmente: “quiero agregar que la comunidad de Accomarca no quiere actividad minera, las zonas de Pichuscucho y Chamana son zonas de agricultura y plantaciones frutales”. De este modo, queda expresada la voluntad de la Asamblea basada en las principales actividades económicas que ejercen. Sin embargo, por parte de la explotación minera, no hubo diálogo con resultados suficientes y se siguió extrayendo los recursos minerales sin consentimiento previo ni permiso de uso de terreno superficial por parte de la comunidad campesina.
Por todo lo expuesto, se evidencia una total falta de transparencia, buen gobierno y articulación de la información entre entidades multinivel y la Ventanilla Única instalada en la DREMA. Asimismo, por distintas presiones económicas e intereses políticos del Congreso de la República, se ha venido ampliando y desnaturalizando el acceso al REINFO, ya que luego de 21 años de fracasos normativos, hasta la fecha no se cuenta con una debida formalización integral de la pequeña minería, lo que permite la ilegalidad y se avala la impunidad. Son principalmente las comunidades nativas y campesinas las afectadas por la falta de consulta previa por la entrada de actividades extractivas en sus territorios. Resaltamos la necesidad de un correcto diálogo intercultural y el respeto a la autonomía comunal, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú; así como la Ley N° 24656 y el Pleno 310/2023.

Fuentes bibliográficas:
(1) Más información en: https://www.aprodeh.org.pe/caso-accomarca/
(2) https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/el-caso-accomarca-y-la-judicializacion-de-violaciones-de-derechos-humanos-31-anos-despues/
(3) https://lum.cultura.pe/sites/default/files/publicaciones/PDF/lum_-_memoria_2_-_accomarca_pdf.pdf
(4) https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/sidemcat?CodDM=010104417&TipoDoc=0
(5) https://muqui.org/noticias/ayacucho-comunidad-campesina-de-accomarca-en-riesgo-por-la-presencia-de-pequena-mineria/
(6) Datos obtenidos a partir de accesos a la información: Expediente N° 3489105 del Ministerio de Energía y Minas; Expediente N° 4359528/3508851 del Gobierno Regional de Ayacucho; y, Expediente N° 3490475 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(7) Información recaída en la carpeta fiscal N° 2023-313
(8) https://muqui.org/noticias/alerta-comuneros-de-accomarca-de-ayacucho-son-denunciados-por-productor-minero/
(9) Solicitada a Miguel Angel Guerrero Moscoso, Fiscal Adjunto Provincial de la FEMA de Ayacucho

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Alerta en Madre de Dios por el retorno de la minería ilegal en La Pampa

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De acuerdo con los alarmantes datos de Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP, la minería aurífera ilegal ha retornado en zonas degradadas de La Pampa. Este lugar se ubica dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. Allí se ha incrementado en más del 400 % las infraestructuras mineras respecto al 2021, luego de la denominada “Operación Mercurio” (2019), cuyos resultados se vieron frustrados debido a la pandemia que imposibilitó trabajos de campo y seguimiento a la actividad minera en pozas residuales. Así, en 2021, se identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados, mientras que, en el 2023, se han encontrado 598. Este hallazgo demuestra el retorno peligroso de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

Por otro lado, es importante recordar que uno de los principales impactos que deja la minería ilegal, además de áreas deforestadas, es la generación de pozas residuales donde se concentran sedimentos removidos del suelo y elementos contaminantes utilizados durante la extracción del oro. En ese sentido, se aprecia que, en el año 2021, la gran mayoría de pozas se encontraban inactivas; sin embargo, en el año 2023, la mayoría de estas pasaron a ser pozas activas, incrementándose en un 320 % en tan solo dos años.

Desde Red Muqui, condenamos rotundamente la minería ilegal que, además de generar un impacto negativo sobre el ambiente, conlleva la violación de derechos humanos conexos, vulnera aún más los ecosistemas frágiles y refuerza el despojo y destrucción de los territorios, con grave daño a la vida de las comunidades y población en general.

Fuente: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Crédito de la foto principal: El Comercio

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El proyecto minero Tía María en Valle de Tambo es inviable social y ambientalmente

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Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023

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Ayabaca y Huancabamba: comunidades defienden por 16 años territorio, páramos y bosques de neblina amenazados por Río Blanco

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Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

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Foro de organizaciones de base realizan propuestas desde el sur para salir de la crisis

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Organizaciones de base originarias y campesinas de la Macro Sur demandan del Ejecutivo el esclarecimiento y la sanción de los culpables de los crímenes contra las víctimas de la masacre del régimen de Dina Boluarte, perpetrado por la PNP y las FFAA en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, y la reparación individual y colectiva por estos hechos.

Reunidos en la ciudad de Puno, los días 23 y 24 de agosto, representantes de dicha región, además de las de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Tacna, realizaron el Foro Macrosur titulado “Construyendo propuestas de salida a la crisis desde el sur”.

Como resultado de las reuniones de articulación e intercambio de experiencias, representantes de las organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la Fiscalía y al Poder Judicial celeridad en las investigaciones, sanciones a los responsables y retorno de las carpetas fiscales a los lugares donde sucedieron los hechos. Además, demandan particularmente al Ministerio Público que garantice el acceso a la Justicia para las víctimas y que no se obstruyan las investigaciones.

Por otra parte, instan al Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial cesar la persecución a dirigentes, líderes y lideresas, y dejar de criminalizar la protesta social.

En relación al fortalecimiento de la unidad y de la articulación organizacional en los ámbitos locales, regionales y nacionales, plantean generar espacios de formación política desde los territorios. De tal forma, que los pueblos originarios generen nuevas formas de representación política en los espacios regionales, macrorregionales y nacionales en la toma de decisión sobre el destino y futuro del país.

Las organizaciones también reivindican y reconocen el rol protagónico en este proceso de lucha de las mujeres indígenas, que se han movilizado para denunciar los abusos de los Derechos Humanos y recuperar la democracia.

Reiteran su rechazo al extractivismo que identifican como fuente de destrucción de la madre tierra, que contamina las fuentes de agua y acaba con biodiversidad, y afecta gravemente la salud de las personas. Por ello, exigen del Estado efectiva regulación y control ambiental y social de las actividades extractivas para proteger los recursos naturales renovables como fuente de vida de las actuales y futuras generaciones.

En el contexto de crisis climática e hídrica, reclaman al Estado peruano identificar, zonificar y proteger las cabeceras de cuenca, lagos y los ríos de todo tipo de actividades que las impactan negativamente y pongan en riesgo la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, y exigen que se respeten los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios sobre su territorio.

En relación a la situación económica de las comunidades, las y los representantes de las organizaciones denuncian que la pobreza y la falta de oportunidades están empujando a sectores de la población a buscar alternativas de empleo e ingreso en las economías ilegales que dañan el medio ambiente, explotan a la juventud y generan situaciones de violencia. Para contrarrestar este fenómeno exigen del Estado políticas que revitalicen la agricultura campesina, fuente de alimentación popular y de resistencia cultural.

Finalmente, reafirman su compromiso de seguir luchando por un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva Constitución, en la que se reconozcan la existencia, identidades y derechos de los pueblos originarios y campesinos. En palabras textuales del pronunciamiento: “Desde la Macrosur, creemos firmemente que la salida a la crisis pasa por escuchar a las poblaciones organizadas y movilizadas atendiendo sus demandas políticas de adelanto de las elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente”.

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SNMPE propone eliminar autoridades ambientales

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El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

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Ayacucho: Comunidad campesina de Accomarca en riesgo por la presencia de pequeña minería

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La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí

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Puno: Frente de Defensa de Llallimayo anuncia movilizaciones masivas si MINEM continúa incumpliendo acuerdos

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El pasado 28 de junio, dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Ayaviri y Cupi, junto a autoridades distritales y de la provincia, llegaron a Lima para exigir acciones inmediatas para la remediación de la cuenca Llallimayo. Sus aguas fueron contaminadas por la empresa minera Aruntani S.A.C, hecho que fue comprobado por el OEFA en el 2017, pero que venía sucediendo desde el 2009 según testimonios de pobladores locales.

La respuesta del régimen fue recibir a la delegación de Llallimayo en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en Lima, en presencia de los viceministros de las carteras de Minas, de Desarrollo Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Construcción y Saneamiento-MVCS; de Salud; así como del ANA, OEFA y AMSAC.

El acuerdo principal de la reunión fue asumido por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes se comprometieron en articular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la integración de S/. 4’611,401 millones de soles para el tratamiento del agua contaminada por Aruntani S.A.C en el proyecto de ley de presupuesto 2024. Para tal fin, el MINEM asumió el compromiso de reunirse con el MEF y evaluar la posibilidad de que el financiamiento sea entregado el 2023. La comprobación del cumplimiento de estos acuerdos debió ser enviada y presentada a los dirigentes y autoridades de la cuenca del Llallimayo el 7 de julio, tal cual figura en el acta de acuerdos de la reunión del 28 de junio.

Sin embargo, a la fecha el MINEM no lo ha hecho, motivo por el cual mediante Oficio N° 023-2023-FREDERHCULLA/HENZ/P, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo solicita que el MINEM emita una respuesta sobre la fecha de otorgamiento presupuestal. Además reitera su disposición al diálogo que ha evidenciado en reiteradas ocasiones a fin de solucionar la problemática de su cuenca en la que viven más de 20 mil personas en los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri. No obstante, en vista de los reiterados incumplimientos de parte del Ejecutivo, y en caso de no atender a su solicitud anuncian una movilización social masiva e indefinida hasta lograr la remediación por la grave contaminación en la que se se encuentran la cuenca Llallimayo y el lago Titicaca.

1. https://muqui.org/noticias/dirigentes-y-poder-ejecutivo-instalan-la-mesa-de-trabajo-de-la-cuenca-de-llallimayo/
2. Oficio Múltiple N° D000212-2023-PCM-SSGD

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