Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023

Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

Organizaciones de base originarias y campesinas de la Macro Sur demandan del Ejecutivo el esclarecimiento y la sanción de los culpables de los crímenes contra las víctimas de la masacre del régimen de Dina Boluarte, perpetrado por la PNP y las FFAA en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, y la reparación individual y colectiva por estos hechos.

Reunidos en la ciudad de Puno, los días 23 y 24 de agosto, representantes de dicha región, además de las de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Tacna, realizaron el Foro Macrosur titulado “Construyendo propuestas de salida a la crisis desde el sur”.

Como resultado de las reuniones de articulación e intercambio de experiencias, representantes de las organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la Fiscalía y al Poder Judicial celeridad en las investigaciones, sanciones a los responsables y retorno de las carpetas fiscales a los lugares donde sucedieron los hechos. Además, demandan particularmente al Ministerio Público que garantice el acceso a la Justicia para las víctimas y que no se obstruyan las investigaciones.

Por otra parte, instan al Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial cesar la persecución a dirigentes, líderes y lideresas, y dejar de criminalizar la protesta social.

En relación al fortalecimiento de la unidad y de la articulación organizacional en los ámbitos locales, regionales y nacionales, plantean generar espacios de formación política desde los territorios. De tal forma, que los pueblos originarios generen nuevas formas de representación política en los espacios regionales, macrorregionales y nacionales en la toma de decisión sobre el destino y futuro del país.

Las organizaciones también reivindican y reconocen el rol protagónico en este proceso de lucha de las mujeres indígenas, que se han movilizado para denunciar los abusos de los Derechos Humanos y recuperar la democracia.

Reiteran su rechazo al extractivismo que identifican como fuente de destrucción de la madre tierra, que contamina las fuentes de agua y acaba con biodiversidad, y afecta gravemente la salud de las personas. Por ello, exigen del Estado efectiva regulación y control ambiental y social de las actividades extractivas para proteger los recursos naturales renovables como fuente de vida de las actuales y futuras generaciones.

En el contexto de crisis climática e hídrica, reclaman al Estado peruano identificar, zonificar y proteger las cabeceras de cuenca, lagos y los ríos de todo tipo de actividades que las impactan negativamente y pongan en riesgo la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, y exigen que se respeten los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios sobre su territorio.

En relación a la situación económica de las comunidades, las y los representantes de las organizaciones denuncian que la pobreza y la falta de oportunidades están empujando a sectores de la población a buscar alternativas de empleo e ingreso en las economías ilegales que dañan el medio ambiente, explotan a la juventud y generan situaciones de violencia. Para contrarrestar este fenómeno exigen del Estado políticas que revitalicen la agricultura campesina, fuente de alimentación popular y de resistencia cultural.

Finalmente, reafirman su compromiso de seguir luchando por un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva Constitución, en la que se reconozcan la existencia, identidades y derechos de los pueblos originarios y campesinos. En palabras textuales del pronunciamiento: “Desde la Macrosur, creemos firmemente que la salida a la crisis pasa por escuchar a las poblaciones organizadas y movilizadas atendiendo sus demandas políticas de adelanto de las elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente”.

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí

El pasado 28 de junio, dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Ayaviri y Cupi, junto a autoridades distritales y de la provincia, llegaron a Lima para exigir acciones inmediatas para la remediación de la cuenca Llallimayo. Sus aguas fueron contaminadas por la empresa minera Aruntani S.A.C, hecho que fue comprobado por el OEFA en el 2017, pero que venía sucediendo desde el 2009 según testimonios de pobladores locales.

La respuesta del régimen fue recibir a la delegación de Llallimayo en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en Lima, en presencia de los viceministros de las carteras de Minas, de Desarrollo Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Construcción y Saneamiento-MVCS; de Salud; así como del ANA, OEFA y AMSAC.

El acuerdo principal de la reunión fue asumido por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes se comprometieron en articular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la integración de S/. 4’611,401 millones de soles para el tratamiento del agua contaminada por Aruntani S.A.C en el proyecto de ley de presupuesto 2024. Para tal fin, el MINEM asumió el compromiso de reunirse con el MEF y evaluar la posibilidad de que el financiamiento sea entregado el 2023. La comprobación del cumplimiento de estos acuerdos debió ser enviada y presentada a los dirigentes y autoridades de la cuenca del Llallimayo el 7 de julio, tal cual figura en el acta de acuerdos de la reunión del 28 de junio.

Sin embargo, a la fecha el MINEM no lo ha hecho, motivo por el cual mediante Oficio N° 023-2023-FREDERHCULLA/HENZ/P, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo solicita que el MINEM emita una respuesta sobre la fecha de otorgamiento presupuestal. Además reitera su disposición al diálogo que ha evidenciado en reiteradas ocasiones a fin de solucionar la problemática de su cuenca en la que viven más de 20 mil personas en los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri. No obstante, en vista de los reiterados incumplimientos de parte del Ejecutivo, y en caso de no atender a su solicitud anuncian una movilización social masiva e indefinida hasta lograr la remediación por la grave contaminación en la que se se encuentran la cuenca Llallimayo y el lago Titicaca.

1. https://muqui.org/noticias/dirigentes-y-poder-ejecutivo-instalan-la-mesa-de-trabajo-de-la-cuenca-de-llallimayo/
2. Oficio Múltiple N° D000212-2023-PCM-SSGD

Al día siguiente de la celebración de los 202 años de la declaratoria de independencia del Perú por José de San Martín, hay otro hito importante en el país que celebra no sólo la comunidad Cruz de Mayo-Caraz. El 29 de este mes, hace casi quince años, la comunidad campesina logró, después de arduas luchas, recuperar el control sobre la gestión de la laguna de Parón. Ubicada a cerca de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en Huaraz, Áncash, es el depósito natural de agua dulce más importante de la Cordillera Blanca y una de las lagunas de mayor atracción paisajística de esta región.
Con ello la comunidad campesina volvió a priorizar el uso del agua para consumo humano, riego de cultivos y proyectos de turismo sostenible, ya que es ella la que ahora maneja la compuerta y con ello tiene control de su desfogue. Quién, al contrario, resintió el cambio en el mando de las compuertas del esencial líquido fue la empresa hidroenergética Duke Energy Perú, dueña de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato. Precisamente esta central tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón hasta 2008, momento en el que las comunidades se organizaron y recuperaron su control.
Para la generación de energía la empresa depende del caudal del río Santa, uno de cuyos principales tributarios nace en la laguna Parón y consecuentemente con regularidad intenta presionar a la Comunidad Campesina Cruz de Mayo de Caraz, para descargar las aguas de este depósito.
El 14 de julio pasado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso suspender de manera temporal las visitas a este atractivo turístico. De acuerdo a una reciente nota en el diario La República la laguna amenaza con desbordarse debido a las lluvias y al rápido descongelamiento de glaciares, con poptenciales efectos devastadores que podrían impactar en las localidades aledañas, entre ellas la ciudad de Caraz.
Según este artículo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, advirtió el viernes pasado que la laguna habría alcanzado una cota de 4,199.55 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en conversación con Red Muqui, fuentes de la comunidad desmintieron la información de La República – y explicaron que en dicho caso las aguas ya estarían rebalsando las estructuras de contención de la laguna, lo que a simple vista no está ocurriendo. La comunidad, que para su gestión conformó el Comité de Vigilancia y Monitoreo del nivel del agua de la laguna Parón, mide con regularidad el nivel del agua. Según la fuente consultada, la última vez, este se encontraba cerca de los 4190 msnm, precisamente la cota regular del agua que se ha logrado establecer como nivel deseable con los entes encargados, después de diversas movilizaciones y mesas de diálogo con las autoridades competentes.
En realidad, según los conocedores de esta temática, la advertencia de inminentes avalanchas y rebalses es reiterada cada cierto tiempo y los potenciales riesgos son conocidos desde hace años. Lo que se ha repetido también con frecuencia son las alertas de las autoridades y las suspensiones temporales de las visitas de este atractivo turístico, con la siguiente pérdida de ingresos económicos que dejan los visitantes.
Así, a mediados de junio de 2019, el gobierno del presidente Vizcarra decretó el “Estado de Emergencia de la Laguna Parón ubicada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, del departamento de Áncash, por peligro inminente ante posible desembalse”.
La comunidad, por ello, advierte que se trata de un nuevo intento de devolverle a la empresa hidroeléctrica el control de un espacio, que gracias al trabajo comunitario ha recuperado su belleza paisajística. Una realidad que la comunidad trata de compartir con visitantes de este atractivo turístico. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en 2011 valoró además la lucha de la comunidad campesina al otorgarle el premio Nacional de Derechos Humanos «Angel Escobar Jurado».

La delegación multipartidaria del Parlamento Catalán que han visitado recientemente el Perú en una misión de observación sobre Democracia y DDHH ha constatado graves vulneraciones de derechos fundamentales y han observado con especial preocupación la estigmatización y criminalización de los manifestantes con el calificativo de terroristas.
La comisión integrada por los diputados y diputadas Francesc de Dalmases, Jenn Díaz, Susana Segovia y Carles Riera estuvieron en el país desde el 9 hasta el 14 de julio, tiempo en el que visitaron Apurímac, Puno y Ayacucho donde tomaron contacto directo con familiares de víctimas y diversas autoridades estatales.
También visitaron Ventanilla para conocer la situación un año y medio después del peor derrame de petróleo ocurrido hasta la fecha en la costa peruana causado por la empresa española Repsol en la zona.
La visita se basó en una Declaración aprobada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en Perú.
En su calidad de vocero de la delegación, Carles Riera secretario tercero del Parlamento de Cataluña, calificó de especialmente grave la disminución en la autonomía y separación de poderes del Estado que constataron en su visita, que repercute a su juicio en el ejercicio de la democracia en el país.
La diputada Jenn Diaz que se reunió con familiares de víctimas en Andahuaylas constató actos de racismo, clasismo y discriminación por género – sesgos aplicados por las instituciones estatales y promovidos por importantes medios de comunicación, que a su vez han sido reforzados por grupos de extrema derecha y fascistas, en lo que calificó de proliferación de discursos de odio. Un fenómeno social que se repite a nivel global.
Francesc de Dalmases que visitó la castigada ciudad de Juliaca, relató que en conversaciones con autoridades escuchó que en la represión ejercida por el Ejército y policía hubo más muertos que detenidos, un hecho que habla de la calidad y de las decisiones políticas sobre cómo enfrentar las protestas. Manifestó además que percibió en muchos testigos la sensación de vivir experiencias de actuaciones estatales que parecían superadas con el fin del conflicto armado interno, en lo que constituye, según él, una verdadera regresión democrática.
Susana Segovia, a su vez, lamentó la persistente criminalización de sujetos y actores de la protestas con el uso generalizado y estigmatizante del adjetivo de terroristas (terruqueo).
En relación a la visita que realizaron durante el primer día a Ventanilla para observar los estragos del desastre que dejó el masivo derrame de petróleo del consorcio español Repsol ocurrido en enero del año pasado, los representantes constataron en terreno la damnificación e indefensión de las comunidades de la zona que viven de la pesca y lamentaron la insuficiente respuesta ante las demandas y faltas de medidas de remediación por parte de la empresa y del gobierno.
Todas estas observaciones estarán plasmadas en el informe final de la investigación en elaboración y que será presentado próximamente al Parlamento de Cataluña.

En Perú, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente corren peligro de ser vulnerados en sus derechos e incluso se enfrentan a la amenaza de muerte. Un final que desde el 2020 han tenido al menos 20 defensoras que han sido asesinadas en el Perú, dos en lo que corresponde a este año. La mayoría de las víctimas son personas defensoras de los derechos humanos de las regiones amazónicas, y la mayoría de los ataques se atribuyen a actores vinculados a actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala de árboles, el tráfico de tierras y, crecientemente, el narcotráfico. Mientras que en las regiones andinas y costeras del país, predominan tendencias de criminalización de personas defensoras del territorio, del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinas. Estos últimos casos tienen como protagonistas responsables a las empresas mineras.
Sobre esta situación y las tendencias en el país y en el ámbito internacional se ha dialogado martes pasado en el marco del conversatorio “Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, alcances y desafíos” organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) en Perú en colaboración con el Centro Cultural de España en Lima.
En relación al marco internacional de protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su vínculo con las amenazas que enfrentan sus líderes y lideresas, el ex Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya explicó en su análisis que ha habido importantes avances en el reconocimiento internacional. Sin embargo, lamentó que es a la hora de implementar las herramientas y de acatar la legislación que se registran los mayores retrasos y lo ejemplificó con el caso de la nación maya en Belice. En el histórico caso Cal contra Belice, el Pueblo Maya se presentó ante los tribunales por concesiones otorgadas para la explotación de recursos naturales en su territorio sin su consentimiento. Reclamo que en 2010 fue reconocido por el Tribunal Supremo de Belice y ratificado en 2013. Sentencia que confirmó el título de propiedad de los pueblos maya mopan y ke’ekchi, reconoció el derecho consuetudinario en sus demandas de uso y ocupación tradicional, y confirmó que el título tiene protección legal bajo la Constitución de Belice. A pesar de los años transcurridos el veredicto aún no ha sido implementado en su totalidad explicó el experto internacional en derechos de los pueblos indígenas.
Karen Huere, defensora asháninka, integrante de ONAMIAP y de la Organización de Mujeres Indígenas llamó la atención sobre una forma más sutil que tiene el Estado peruano de apropiarse de territorio y mermar la autonomía de los pueblos indígenas en la Amazonía al presionar a las comunidades en la selva a transformarse en centros poblados a cambio de instalar dentro de sus linderos servicios públicos esenciales como postas de salud o escuelas. Además para el Estado resulta más fácil negociar con centros poblados bien delimitados que con comunidades que habitan y controlan vastos territorios.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui la crisis social y política que está viviendo el país no es nueva en cuanto a la represión y otras formas de persecución que viven las comunidades en conflictos socio ambientales no solo en el corredor minero.
Apunta que el Estado diligentemente denuncia a los dirigentes sociales que levantan la voz, manifestado en casos como el del fallecido dirigente Oscar Mollohuanca en Espinar, pero no persigue a las mineras responsables de tantas vulneraciones a los derechos humanos y ambientales, causa de dichos conflictos.
En su interpelación al Estado cuestionó la contradicción evidente que existe entre la contínua persecución y criminalización de defensores por parte del Estado y en particular de este gobierno encabezado por Dina Boluarte y los autoelogios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en relación al decreto que hace dos años creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Conjunto de medidas que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades.
Un tema que retomó también James Anaya que criticó la creciente tendencia en la región a judicializar a los defensores e intentar acallar, a través de costosos procesos que se extienden durante años, las voces de las comunidades organizadas.
Un síntoma de la escasa voluntad política hacia el reconocimiento de la labor de los defensores de derechos ambientales en Perú es que, a la fecha, el Congreso de la República no ha aprobado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Acuerdo que recoge estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en materia ambiental, lo que favorece las actividades de defensa del medio ambiente en la región de América Latina y el Caribe.

El pasado domingo falleció a los 74 años el destacado y multifacético dirigente social, Augusto Fernando Carrasco Zapata. Nació en el seno de una familia de humildes peones agrícolas en la ciudad de Chulucanas en la provincia piurana de Morropón, que con el inicio de la Reforma Agraria se asienta en el Sector de Malingas perteneciente al distrito de Tambogrande en la provincia de Piura del departamento homónimo. Casado con Fanny Núñez fue padre de Fernando y Amelia Carrasco Nuñez. 

Estuvo ligado desde su niñez a la agricultura campesina por su temprana experiencia familiar y porque estudió en el Instituto Nacional Agropecuario No. 54 de Tambogrande, del que se graduó con el título de Técnico Agropecuario. Después trabajó en FUNDEAL un organismo de la Universidad Nacional de Piura en el que se dedicó entre otros proyectos a combatir la plaga del gusano rosado del algodonero.

Sin embargo, su mayor combate lo libró contra la canadiense Manhattan Minerals Corp. y su pretensión de explotar los yacimientos de oro ubicados en Tambogrande, específicamente en el subsuelo del área urbana de la ciudad, es decir debajo de las casas de sus habitantes. La lucha de los pobladores organizados en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande se tradujo en un paro total de dos días en octubre de 2001 y decantó finalmente en una consulta popular para cuya realización la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal. En el referéndum celebrado en junio de 2002 la opción contraria a la minería, en este rico valle productor de mangos, limones y otros frutos, se impuso con una abrumadora mayoría de más del 93 por ciento. 

Con la experiencia hecha en ese período y habiendo sido cofundador del Movimiento Regional “AGRO SÍ” que ganó el cargo de alcalde municipal, fue elegido regidor durante los períodos 2003 y 2006.

Su experiencia de haber tenido participación destacada en organizar un movimiento social que logró doblegar los poderosos intereses de unos pocos lo llevó a interesarse y ser invitado en otros espacios críticos con el modelo extractivista a nivel nacional y latinoamericano.  

Hacia el final de su vida le fue detectada diabetes y una insuficiencia renal que le obligó a ser sometido a diálisis por muchos años. 

El pasado martes en un sepelio multitudinario la Comisión de Usuarios Regantes, pobladores y compañeros de ruta le rindieron homenaje de despedida a este destacado dirigente social y político.

Desde Red Muqui nos sumamos a este reconocimiento, expresamos nuestro dolor por su partida y les expresamos nuestra solidaridad a su familia.