Comunidad de San Francisco de Pucará en Morococha bloquea carretera para protestar contra Chinalco

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La Comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará, en el distrito de Morococha ubicado en provincia juninense de Yauli, ha iniciado esta madrugada un paro y bloqueo de carretera de 48 horas, dirigido contra la minera Chinalco, tal como lo había anunciado en los días previos. 

Los manifestantes han cerrado ambos carriles de la carretera central, con piedras, troncos y neumáticos a la altura del kilómetro 147, donde se ubica la comunidad de Pucará.

En conversación con Red Muqui, el secretario interino del Frente de Defensa del distrito de Morococha, Elvis Atachagu, ha explicado que Chinalco ha estado incumpliendo varios compromisos relacionados con el empleo en el distrito.

Según el dirigente, si bien contingentes de la PNP han llegado a la zona, por el momento, la fuerza pública no ha hecho intentos por desbloquear la carretera y no se han registrado episodios de represión,

En conferencia de prensa, los dirigentes de la comunidad explicaron en detalle las demandas hechas y los compromisos incumplidos por parte de la empresa Chinalco. Uno de los detonantes es el despido de tres comuneros que trabajaban para la mina. Una situación que se suma a la continua contratación de personal especializado de otras regiones e incluso de fuera del Perú denuncian los dirigentes y exigen que la empresa brinde capacitación a los comuneros. Con ello los habitantes desean prevenir el potencial despoblamiento de la comunidad, ya que son muchos los jóvenes que abandonan el territorio en busca de estudios y trabajos en otras regiones del país. 

Un incierto futuro laboral y masivos despidos temen los habitantes de las comunidades también por el anunciado cierre de las operaciones mineras de las empresas Austria Duvaz y Pan American Silver. Según informes de prensa el consorcio Chinalco, que explota cobre, plata y molibdeno en su unidad operativa Toromocho, habría rehusado ceder partes de terrenos en su poder para que ambas empresas sigan explotando minerales. A su vez Austrian Duvaz anunció en febrero que paralizaba su operaciones por no llegar a un acuerdo laboral con el sindicato de los trabajadores.

En cuanto a los riesgos de contaminación la comunidad rechaza la venta de la laguna Huascacocha, por parte de Chinalco a la minera Austria Duvaz, para que sea usada como relavera para los desechos mineros que la operación de esta última generó hasta la reciente paralización definitiva de sus operaciones.

En tanto, las comunidades estaban atentas a una posible vía de diálogo, ya que el Ministerio de Energía y Minas había convocado pare este jueves 24 de marzo a una reunión en su sede en Lima, a la que estaban convocados a representantes de la comunidad y el alcalde de La Oroya.

 

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Mujeres en zonas mineras: luchadoras e incorruptibles

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Con ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicamos un artículo en el que se describen las dificultades y las discriminaciones que sufren las mujeres que viven en zonas mineras. El artículo se ha realizado gracias a las entrevistas con: 

-Gladys Huaman y Beatriz Cortez, dos representantes del área de incidencia legal de Red Muqui 

-Elsa Merma, dirigente de organización de mujeres de Espinar

-Rocío Silva-Santisteban, abogada, escritora y ex congresista del Perú

Las mujeres y los hombres que viven o trabajan en las zonas mineras de Perú son personas que se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles. Los efectos de la minería suelen provocar que las comunidades sufran la contaminación de sus tierras y aguas, que los agricultores denuncien la pérdida de sus cosechas o que sus animales y niños se enfermen (Cortez). Se podría pensar que los efectos de la minería en las mujeres y en los hombres son los mismos. Sin embargo, hay sutiles diferencias. Cuando se vincula la cuestión del género y la minería, surgen también aquí los problemas observados en la sociedad civil. Pero, sobre todo en las zonas rurales con menos recursos económicos donde hay actividad minera, existe mucho más de eso. El acceso a la participación política, al derecho al trabajo con buenas condiciones laborales, a un medio ambiente limpio y a la igualdad social es casi inexistente. 

Las mujeres se ocupan de los cuidados y contribuyen a la reproducción social, preparan la comida, y cuidan de sus hijos. Por eso, son principalmente las madres las que salen a la calle y se manifiestan por sus derechos: se preocupan por la educación de sus hijos o hijas, la presencia de agua potable y la posibilidad de tener una nutrición saludable. A menudo, son ellas las que se encargan principalmente de la economía familiar. Por esto, hay muchas mujeres que se organizan, y que convocan reuniones para compartir experiencias sobre cómo la minería afecta a sus comunidades y a sus tierras. Quieren informar a la población y difundir sus ideas y observaciones sobre lo que hacen las empresas mineras (Merma). 

No es una cuestión de rutina que una mujer se involucre, que exprese su opinión y que opine. Como informó Elsa de Espinar, las mujeres quieren ser escuchadas y tener voz en igualdad de condiciones que los hombres… Pero, no es así. En las reuniones a nivel local no se permite la participación de una representante de la organización de mujeres en el comité de gestión. Cuando hay reuniones multi-organizacionales les permiten participar, pero formar parte  en las reuniones importantes que deciden también su futuro, decisiones que se toman en el comité de gestión, ahí se les excluye. Así se nota que, cuando se ejerce el poder  las mujeres no están.

Las mujeres que quieren participar no lo tienen fácil por diversas razones. Además de las tareas del hogar, cuidar a los niños y ganar dinero, no hay mucho tiempo (Huaman). Pero aun así quieren ser activas y trabajar por su país y su casa.  El machismo es un factor importante en esto: las tareas no se reparten entre la pareja ni son asumidas por los socios. Entonces, muchas veces no pueden asistir  a reuniones o marchas porque tienen que atender a sus esposos y familias. Otro hecho es que, a menudo las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para ir a las asambleas, porqué su participación en la vida política y pública no forma parte del papel asignado a la mujer en la sociedad (Silva-Santisteban). Tampoco hay espacios para los niños cuando, por ejemplo, se imparten cursos de formación. También es frecuente que las mujeres estén poco representadas cuando asisten a las reuniones, de hecho es más difícil enfrentarse con una opinión diferente. Los hombres dudan de la voz de las mujeres y cuestionan su participación. Cuando un hombre propone algo, como en una asamblea o una marcha, apenas se cuestiona. Además, es difícil para las mujeres trabajar así y unirse a la lucha porqué muchas conversaciones se realizan con un vaso de licor de por medio, o en otras situaciones sociales donde las mujeres normalmente no participan (Huaman). La discriminación también se manifiesta en hablar mal de las mujeres que «sólo están ahí porque quieren dinero». Eso cansa a las mujeres luchadoras, y no es de extrañar que la carga se haga demasiado pesada y algunas dejen de acudir a las reuniones (Merma). 

¿Pero, por qué las mujeres siguen en la lucha y de dónde sacan la energía? Porque se sienten mejor en la comunidad. Intercambiar ideas, reír y llorar juntas, estar ahí para los demás, les ayuda mucho a afrontar sus problemas. También es importante la ayuda y apoyo de otras organizaciones, y el reconocimiento de que están en el camino correcto para defender su tierra, sus cuerpos, la Pachamama y sus territorios (Merma). 

De hecho, las mujeres tienen un vínculo especial con sus territorios y sus comunidades. Por tradición, los varones salen  del hogar por trabajo, mientras las mujeres se quedan en la casa, cuidando a los suyos y a la chacra familiar. De hecho, son ellas quienes resguardan la soberanía alimentaria de la casa y de la comunidad. También a nivel histórico-cultural, en el Perú la naturaleza y la tierra se han asociado a figuras femeninas, como la Pachamama. Además, el territorio es percibido por las mujeres como un espacio íntimo, como si fuera sus propios cuerpos; perciben el territorio como aquello que resguarda la vida. Entonces, defender el territorio es defender el ámbito del cuidado de la vida misma (“Mujeres y Conflictos Ecoterritoriales”, Silva-Santisteban, 2017). Esta conexión especial con el territorio se refleja también en el liderazgo de las mujeres en los conflictos eco-territoriales: ellas basan sus acciones pensando en sus experiencias, en las afectaciones sufridas por sus familias, y en la sociedad en su conjunto. Por estas razones, las mujeres lideresas no monetizan los problemas- en el sentido que evitan aceptar dinero para solucionar los conflictos con las empresas mineras (Silva-Santisteban). Las lideresas son más persistentes en las estrategias de lucha: demandan que las empresas cumplan con sus promesas y, cuando es posible, que remedien  los daños al medio ambiente – no se contentan con la solución más rápida y fácil de aceptar compensaciones económicas (Silva-Santisteban). Sin embargo, hay que repetir que muy pocas  tienen posiciones dirigenciales o son voceras. 

No obstante esa realidad, el vínculo entre mujeres y territorios, junto a sus roles en cultivar la tierra, también pone las mujeres al frente de la realización de alternativas al modelo económico extractivista. La agricultura y la ganadería no solo representan las tradiciones y la historia de muchas áreas rurales, también son la principal fuente económica para sustentar la mayoría de familias que viven en áreas afectadas por la minería (Merma). Las mujeres, que son las principales cuidadoras de la economía familiar, son las primeras en darse cuenta de los efectos ambientales y económicos que las actividades mineras tienen sobre sus familias (Cortez). Por esto, muchas veces son las iniciadoras de actividades que informan a la población sobre el tema de la agricultura como alternativa al desarrollo. En el caso de Espinar, las mujeres tienen reuniones permanentes donde debaten cómo llevar adelante el trabajo de la agricultura, a pesar de las contaminaciones provocadas por la minería. Para llegar a una audiencia más amplia y enfrentar los desafíos de la pandemia, las mujeres de Espinar también han creado un programa radial (Merma, 2022). Sin embargo es de constatar que a pesar de las numerosas acciones que se llevan a cabo a nivel operativo para implementar alternativas al modelo extractivista,  las mujeres a menudo no son consultadas ni escuchadas en las asambleas o en los diálogos sobre este tema (Merma).  

Además de las dificultades que las mujeres enfrentan en sus comunidades, hay que considerar el contexto político actual, que no está solucionando las demandas de las poblaciones rurales afectadas. De hecho, el sector rural campesino es uno de los más golpeados en Perú por el modelo económico extractivista: las poblaciones sufren por la falta de acceso a derechos fundamentales como alimentación, salud, educación y agua (Cortez). Son ellas las más afectadas por estas deficiencias: por sus roles en la soberanía alimentaria, como cuidadoras de la economía familiar, y encargadas del seguimiento de la educación de sus hijos o hijas (Cortez). 

Por eso y otras cuestiones más las comunidades rurales de Espinar saludaron la elección de Pedro Castillo, porque tenían la esperanza de que el nuevo Presidente comenzará a enfrentar  sus necesidades y demandas, siendo él un hermano campesino de provincia, hijo de  campesino dirigente. Nosotros estábamos felices, como que un familiar nuestro hubiera llegado al poder” (Elsa Merma). Lamentablemente, hasta ahora no se han cumplido las promesas hechas durante la campaña política (Cortez). Dentro de las comunidades campesinas hay una división social: entre quienes se sienten traicionados por Castillo, y quienes sostienen que no lo dejan gobernar y que un verdadero cambio necesita más tiempo (Merma). Además, los cambios repentinos de titulares  en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hacen difícil entender cuál es la verdadera agenda de género que tiene el Presidente Castillo.(Silva-Santisteban). 

A pesar de que ahora dicho ministerio esté encabezado por una mujer feminista, es difícil evaluar el verdadero impacto que ella podría tener, si no se implementan reformas económicas con una mirada integral e interseccional destinadas a mejorar la situación de los sectores sociales con menos recursos económicos, especialmente de las mujeres. De hecho, “las políticas económicas están conectadas al tema de educación, salud, con la minería que impacta la sostenibilidad económica de las familias que viven en zonas de influencia minera. Entonces, el tema de género está vinculado al tema económico, y las políticas tienen que tomar en cuenta esta conexión” (Beatriz Cortez). 

Después de analizar los principales desafíos sociales e institucionales que enfrentan las mujeres en contextos mineros, es hora de reflexionar sobre cómo las organizaciones civiles de base pueden visibilizar los roles de las mujeres en la resistencia al modelo extractivista, y qué acciones se pueden tomar para que ellas puedan llegar a roles dirigenciales. Para la escritora, abogada y ex congresista Roció Silva-Santisteban,  son cuatro las acciones principales:

  1. Hacer talleres no solo con mujeres sino también con varones de las comunidades campesinas, para educar directamente sobre la igualdad de género.
  2. Coordinar talleres de género permanentes con todas y todos los miembros de las organizaciones sociales y de las comunidades ubicadas en zonas mineras, para que puedan implementar el enfoque de género en su trabajo diario.
  3. La sociedad civil tiene que tener en consideración las necesidades de las mujeres, para facilitar su participación en los talleres y capacitaciones. Por ejemplo, muchas mujeres no participan en estas actividades porque tienen que estar con sus hijos. Para resolver este problema, las Organizaciones Sociales de Base (OSBs) deberían organizar guarderías en las que los niños puedan permanecer mientras las mujeres participan en los talleres/capacitaciones. 
  4. Para acelerar la implantación de alternativas al modelo económico extractivista, hay que aprender de las experiencias de otros países, conectando estos conocimientos con un enfoque de género que considere las discriminaciones sufridas por las mujeres en Perú.
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Cerro de Pasco: estudio epidemiológico comprueba daño cerebral causado por la minería

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Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf

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Minera ARES presenta virtualmente Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental para extender proyecto Inmaculada

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Una polémica y cuestionada audiencia se ha desarrollado por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), dependiente del Ministerio del Ambiente. En este espacio que se ha desarrollado de manera virtual la Compañía Minera Ares, subsidiaria del consorcio minero Hochschild Mining, ha presentado la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Inmaculada, ubicada en la provincia de Paucar del Sara Sara en la región Ayacucho.

La minera ha propuesto modificar el plan de minado, a fin de extender la vida útil de la explotación de oro y plata hasta el 2042. Una propuesta que extiende el tiempo de explotación de esta mina, que representa el 60 por ciento del volumen total de producción del grupo Hochschild, en veinte años, ya que el cierre de producción estaba previsto para 2023.

Esta pretendida ampliación es justamente la que causa polémica, ya que el Estado peruano a través de una comisión gubernamental encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió el 19 de noviembre pasado a respetar los planes de cierre de cuatro unidades mineras y terminar de esa manera la operación de las explotación de minerales en las cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho. Uno de los reclamos más sentidos de las comunidades de las provincias de Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. Compromiso solemnemente firmado entre el Estado y las comunidades en la comunidad de Cora Cora para negociar el retiro y el cierre de las mineras Apumayo, Breapampa además de Pallancata e Inmaculada.

En conversación con Red Muqui el presidente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, Rodolfo Ríos, cuestionó además el momento y la forma en la que se desarrolló esta audiencia sobre la Modificación del EIA. En una zona del país que no cuenta salvo contados lugares con una cobertura de red que haga posible participar de un espacio virtual que requiere un servicio de Internet estable y con un mínimo de descarga de datos para que los habitantes de las comunidades lo puedan seguir, este espacio resulta más una artimaña de la empresa para sugerir que ha consultado con la población afectada una posible ampliación temporal de sus operaciones, explica Rodolfo Ríos.

Y es que el consorcio minero tiene prisa por ver aprobada esta pretensión. En diciembre del año pasado, la agencia Reuters informó que Hochschild Mining preveía que el regulador ambiental aprobase en el primer semestre de 2022 ampliar la vida útil de su mina insignia.

Para el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, donde se encuentra una cabecera de cuenca y tres microcuencas y donde se ubica la explotación con el nombre eufemístico “Inmaculada”, después de trece años de explotación en los que la empresa ha engañado a las comunidades este tipo de acciones no hacen más que aumentar la conflictividad en la zona. Y añade que el pueblo, que no ha participado de esta última audiencia, si bien reconoce que estuvieron presentes trabajadores directos y de empresas subcontratadas que no tienen legitimidad ante las comunidades, rechaza tajantemente la posibilidad que la mina extienda el tiempo de sus operaciones.

Ríos recuerda que el gobierno tiene 90 días de plazo que corren desde el acuerdo del 19 de noviembre de Cora Cora para implementar lo suscrito con los comuneros.

En esa ocasión, se acordó además la implementación de un Marco Metodológico para la identificación, Caracterización y Zonificación de las cabeceras de Cuenca en las tres provincias mencionadas.

Estas medidas fueron acompañadas del compromiso para crear una comisión ejecutiva para la negociación del retiro de las cuatro unidades mineras, medida estrechamente relacionada con lo estipulado por los mismos planes de cierre que presentaron las propias mineras en sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental.

Para las mineras hay mucho juego. En el caso de Ares, las acciones de su casa matriz, Hochschild se hundieron en noviembre a mínimos históricos en la bolsa de Londres. Esto se debió a la incertidumbre en torno al futuro de dos de sus tres minas de metales preciosos (Inmaculda y Pallancata), antes de recuperarse luego de que el Gobierno relativizara su postura sobre la extensión de las operaciones de las mismas.

En tanto los comuneros del valle de Huanca Huanca, cuya vida peligra por la explotación minera, observan el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno en atención a la contaminación minera. Así por ejemplo el Ejecutivo se había comprometido a realizar una visita a todas unidades mineras, incluida Inmaculada, hasta el 15 de enero.

Sin embargo, la prometida visita de la comisión ejecutiva no se ha concretado. Para alertar sobre ello el Frente realizará el próximo 11 de marzo la  II Convención de las comunidades y pueblos afectados por la minería en Pauza, Páucar del Sara Sara.

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Relator de la ONU se reunirá con afectados por contaminación de empresas extractivas

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El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y DD. HH, Marcos Orellana ha arribado al Perú para sostener numerosas reuniones y enterarse de primera mano de las diversas vulneraciones a los derechos humanos de la población expuesta a metales tóxicos, hidrocarburos y otras sustancias nocivas en los procesos de extracción de petróleo y de minerales obtenidos en el país. En su primer día, visitará hoy el Lote 192 en la comunidad nativa Nuevo Andoas, ubicada en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, donde se reunirá con los habitantes de dicha comunidad. Orellana, que permanecerá en el Perú del 20 al 26 de febrero, tiene previsto reunirse además, en su paso por la Amazonía peruana, con dirigentes y líderes indígenas del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (PUINAMUDT).

Según los registros de la empresa Pluspetrol del 2015, en el Lote 192 existen más de 2000 sitios contaminados con derrames petroleros, cilindros de tóxicos abandonados, montículos de chatarra y otros. Ninguno de los impactos realizados por la empresa han sido remediados aún. Otro informe de la OEFA sostiene que, entre 2012 y 2013, en el Lote 192 se derramaron hasta 54 barriles de petróleo.

El miércoles 23, el Relator de la ONU, ya de retorno a Lima, tiene programado reunirse con el Subgrupo sobre Derrames Petroleros, con la Mesa Técnica de Salud Humana y Salud Ambiental (MTSAH) y con los voceros y voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas. Ese mismo día, a las dos de la tarde, expondrá en el seminario virtual “La sombra de las extractivas. El derecho a un ambiente sano en contextos de minería y petróleo”, actividad moderada por Oxfam Perú. El viernes 25, el enviado de Naciones Unidas sostendrá reuniones con la Comisión multipartidaria investigadora de la atención a los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre, del Congreso de la República; posteriormente, con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas Andinas (ONAMIAP). Finalizará esa jornada con una reunión con pescadores y representantes indígenas afectados por derrames petroleros en el limeño distrito de Lince.

Como antecedente de esta visita es de destacar que según datos del Ministerio de Salud (MINSA), a nivel nacional más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas se encuentran en situación de riesgo por la exposición de metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en 2021.

Ante esta problemática y la constante lucha de las y los afectados, el 23 de diciembre del año pasado el gobierno publicó el Decreto Supremo No 037-2021-MINAM, referido al «Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas». El decreto establece que los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales articulen e implementen acciones necesarias para reducir el impacto de los metales pesados en la vida de las ciudadanas y ciudadanos afectados.

Finalmente, y debido a la insistencia de las y los afectados, la actual congresista cusqueña Ruth Luque impulsó una disposición complementaria que afecta a la Ley de Presupuesto 2022. Arreglo que beneficia a Espinar (Cusco), Cuninico (Loreto), La Oroya (Junín), Cerro de Pasco y a la cuenca Coata (Puno), con un presupuesto de hasta 30 millones de soles para promover atenciones a la salud de personas contaminadas.

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Comunidades de Ccapacmarca reafirman lucha contra contaminación de minera Las Bambas: marcharán en Cusco ciudad

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Ante diversas señales de presión por parte de la empresa Minera MMG Las Bambas, a las que se ha sumado el gremio del sector minero y autoridades gubernamentales para poner fin a la huelga que mantienen cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estas han anunciado para el jueves 10 de febrero una manifestación en Cusco, para sensibilizar a la población citadina y reafirmar la legitimidad de sus demandas desatendidas por años.

Reunidos en asamblea, los habitantes además resolvieron realizar en Cusco un plantón ante la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad para exigir que se resuelva la Acción Popular presentada por sus abogados. Esta medida plantea anular la resolución ministerial N° 372 -2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y por donde pasan desde entonces los camiones de alto tonelaje de la empresa, transportando el mineral de cobre que se extrae de Las Bambas. Las comunidades exigen además que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.

En concreto los habitantes rechazan la contaminación que provoca el tránsito diario de más de 250 camiones que atraviesan, en el caso de las comunidades directamente afectadas, de día y noche los espacios poblados y afectan a sus moradores y cultivos.

Ante el anunció de la empresa minera MMG Las Bambas, que el lunes advirtió que podría suspender sus operaciones el 20 de febrero, debido a la paralización que mantienen las comunidades de Ccapacmarca desde el 27 de enero, el dirigente campesino e integrante de la Comisión del Comité de Lucha de dicho distrito, Luis Huamani Fuentes, desestimó la posibilidad que la minera paralice completamente la explotación. El ex presidente del Comité Lucha de Chumbivilcas explicó que dicho anunció nunca se ha hecho realidad, ni siquiera cuando la empresa declaró en diciembre pasado la paralización completa de sus actividades. Una medida que la compañía sostuvo hasta fines del 2021, cuando llegó a un acuerdo con algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Según el dirigente comunero, este tipo de anuncio no es más que una acción publicitaria para generar rechazo en la opinión pública hacia las reivindicaciones de las comunidades.

En cambio, afirmó que cuentan con fotografías y otras pruebas que demuestran que, a parte de la interrupción del transporte del mineral, las faenas de explotación en la mina continuaron incluso en los días de la supuesto suspensión de actividades.

Actualmente el bloqueo que mantienen al menos cuatro comunidades de Ccpacmarca impide el transporte de minerales y el suministro de otros bienes desde y hacia la mina en un punto estratégico del corredor minero sur. Estas no forman parte del acuerdo que se firmó con 11 comunidades en diciembre del 2021 a través de una mesa de diálogo liderada por la entonces premier Mirtha Vásquez y que puso fin entonces a otra huelga, en la que otras comunidades buscaban ser proveedoras de la minera y la que se desarrolló durante casi un mes. En esa ocasión, Las Bambas anunció finalmente la paralización de sus operaciones lo que generó duros pronunciamientos por parte del gremio empresarial y minero que llegaron a cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la empresa minera nuevamente deberá interrumpir su trabajo apenas transcurridos 35 días, hecho que sucede en medio de una crisis política, en alusión al reiterado cambio de gabinete del gobierno. Según el gremio minero estas medidas de fuerza que considera ilegales, provocarán mayores pérdidas económicas al país, a las ya registradas en diciembre pasado, en circunstancias que urge impulsar la reactivación económica.

En la misma sintonía ha reaccionado ayer el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, que a través de un pronunciamiento pidió al gobierno, declarar el estado de emergencia el corredor vial por 120 días, lo que le permitiría al ejecutivo despejar la vía a través del uso de la fuerza con la excusa de restaurar el orden.

En el comunicado de prensa Lantarón alega que la posible suspensión de operaciones de MMG Las Bambas afectaría a ocho mil trabajadores directos, y más cuatro mil empleados de empresas proveedoras. Además lamentó la potencial pérdida de casi 2 millones de soles mensuales por concepto de canon minero que recibe la región, de los impuestos que debe pagar la minera.

En cuanto al actuar del gobierno, Luis Huamani se mostró esperanzado en el nuevo gabinete encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien considera un hombre idóneo en el puesto por su preparación y experiencia. Además reiteró que las comunidades de Chumbivilcas siguen apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo, de quien esperan que se desplace a Ccapacmarca junto con sus ministros para iniciar una mesa de diálogo. “Esta vez no vamos a leventar la huelga hasta no encontrar una solución definitiva a nuestras demandas, no vamos a volver a otra huelga, esta es la definitiva”, sentenció.

Es importante recordar que desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

 

 

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Valle de Tambo: organizaciones exigen justicia en vísperas de sentencia de segunda instancia

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En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

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Cajamarca: Levantan paro contra Anta Norte. Gobierno habría prometido suspensión de exploración minera

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Las comunidades campesinas y ronderos de varias provincias de Cajamarca han levantado el paro que mantenía bloqueado desde el pasado lunes 17 de enero el acceso al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte ubicada en el sector Sinchao en el distrito de Chugur en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. 

De acuerdo a las informaciones del diario “La Prensa del Norte” la decisión fue tomada luego que la comisión técnica del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) se comprometió a suspender los trabajos de exploración del mencionado proyecto minero. Compromiso que no ha podido ser confirmado.

El Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, ha informado que la comisión gubernamental se habría comprometido además a declarar la inviabilidad del proyecto Antacori, tal como lo exigen las comunidades que en los pasados nueve días han movilizado a cientos de ronderos de 35 diferentes comunidades que se han alternado en turnos para mantener el paro frente al campamento minero.

Según el mismo dirigente, las comunidades estarán atentas a que no se instalen nuevas plataformas de perforación, ya que la minera hasta ahora habría logrado hacer operar tres de las 24 instalaciones a través de las cuales lleva adelante los trabajos de exploración para detectar las mejores vetas de cobre y oro que busca explotar en la zona.

Parte del acuerdo ahora alcanzado prevé una reunión para el próximo miércoles 9 de febrero entre representantes de las comunidades y del gobierno en el distrito de Chugur, con el fin de buscar la solución al conflicto ocasionado por la empresa minera.

Las informaciones recogidas en los canales de comunicación institucionales del MINEM, dan cuenta del encuentro y también de la suspensión del paro. Sin embargo, el ministerio no menciona que se haya comprometido a ordenar suspender las actividades de exploración del proyecto minero Antacori:

La nota del diario “La Prensa del Norte” consigna que el martes 25 de enero fueron más de cuatro mil los ronderos que presenciaron el arribo de la comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sus integrantes tuvieron que desplazarse directamente al sector denominado «El Sinchao» ante la masiva movilización que demostró que las comunidades resisten la continua contaminación de sus fuentes hídricas, que habría sido causada por los trabajos de exploración del proyecto minero Antacori. Además reclaman por los cientos de pasivos ambientales en la región.

En concreto, los comuneros han denunciado la contaminación del agua de la represa «Aguas Coloradas», y denuncian la muerte de 17 mil truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe el 31 de diciembre. Un análisis hecho por la Municipalidad el 4 de enero de este año, muestra que los niveles de metales pesados en varias cuencas, están mucho más elevados que lo permitido. Pruebas de sangre de niños y adultos en Chugur también demostraron altos niveles de plomo. 

Según testimonios recogidos por la organización ambientalista Grufides para los habitantes de las comunidades, la empresa minera Anta Norte es un peligro, ya que se encuentra en la última cabecera de cuenca con agua limpia de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Chota, que desemboca en Gallito Ciego. Las demás cuencas de la provincia de Hualgayoc ya se encuentran contaminadas desde la llegada de otras empresas mineras en la zona como Gold Fields y Coimolache.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

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Cajamarca: comunidades campesinas de Hualgayoc-Bambmarca y Chota bloquean acceso a proyecto minero Anta Norte

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Por segundo día consecutivo integrantes de comunidades campesinas y ronderos de Bambamarca, Hualgayoc, Chugur y Chota permanecen movilizados, bloqueando el ingreso principal al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte. Las comunidades, que habían anunciado el paro la semana antepasada, exigen de esta forma el retiro de este proyecto minero, cuyos trabajo de exploración estarían contaminando las fuentes hídricas de una cabecera de cuenca.

El dirigente rondero Gilberto Cayotope, en entrevista con el medio Bambamarca TV explicó que las movilizaciones consisten en el bloqueo del acceso a las instalaciones del proyecto Antacori ubicadas en la zona de Sinchao en las cercanías del poblado de Pujupe, distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. En cambio, el dirigente aclaró que la carretera que conecta los poblados de la zona no es objeto de la paralización.

Juan Carlos Pérez, secretario de organización de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Indígenas y Urbanas de Cajamarca reiteró el rechazó de las comunidades de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota a los trabajos de cualquier proyecto minero en cabeceras de cuenca. Además hizo un llamado a las bases ronderas de las provincias de Bambamarca, Chota, Santa Cruz y San Miguel, que son las provincias más aledañas al lugar, a respaldar con su presencia las movilizaciones.

Los dirigentes exigen que la premier Mirtha Vásquez y el titular del Ministerio de Energía y Minas, Eduardo González Toro vayan a Sinchao a dialogar directamente con las bases de las comunidades campesinas y organizaciones mineras y conozcan de primera mano la contaminación del medioambiente causada por la actividad minera. Las comunidades exigen que el gobierno del Presidente Pedro Castillo declare inviable el mencionado proyecto minero.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con la mencionada comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones concatenadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

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Cajamarca: Comuneros de Hualgayoc-Bambamarca y Chota irán a paro exigiendo el retiro de minera Anta Norte

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Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

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