En muchas provincias del Perú, la gran minería no ha representado una actividad que genera progreso y desarrollo para las comunidades que habitan alrededor de los proyectos, sino todo lo contrario, ha generado perjuicios al medioambiente, a la salud y a la vida de las personas. Miles de pobladores y familias viven sufriendo las consecuencias de esta actividad, y sus voces, además de que no son escuchadas, poco a poco siguen apagándose. Un caso emblemático y que debe de ser atendido urgentemente por el Estado, es el caso de Espinar.

Desde hace décadas, comunidades de Espinar vienen siendo impactadas de forma negativa por la actividad extractiva, en especial, por la actividad de la mina Tintaya y desde el 2012 el proyecto Antapaccay, la cual pertenece a la empresa suiza Glencore. La población de Espinar se encuentra afectada por metales pesados asociados a las zonas de actividad minera. Por esa razón, desde hace más de 40 años los pobladores han venido protestando y exigiendo que se cumplan y respeten sus derechos fundamentales como el acceso a agua limpia, servicios básicos, un ambiente sano y atención médica. Pero las protestas fueron reprimidas con violencia en varias ocasiones, lo que resultó con varios heridos y algunos muertos en los últimos años.

Es así como, la periodista suiza, Nicole Maron, y el periodista peruano y defensor ambiental de Cusco, Vidal Merma, produjeron el documental “La Sangre del Río”, el cual relata el conflicto minero de Espinar. Además, muestra el debate político en Suiza, donde Glencore tiene su sede principal, y exige que los gobiernos europeos y las empresas transnacionales se responsabilicen por el daño que causen en el extranjero.

En base a ello, y con el objetivo de sensibilizar y generar debate sobre el tema de minería en el Perú, con un enfoque a la responsabilidad global para respetar los derechos humanos y el medio ambiente a partir del caso de Espinar en Cusco, las organizaciones Red Muqui, CooperAcción y COMUNDO, con apoyo de los productores, organizan el evento de presentación del documental y conversatorio.

Este evento tendrá lugar el miércoles 28 de setiembre a las 7 p.m. en el Goethe-Institut (Jirón. Nazca 722, Jesús María – Lima). Además de la presentación, se realizará un conversatorio que contará con la participación de Nicole Maron, una de las co-directoras del documental; Ariana Kana, defensora ambiental de Espinar; Jaime Borda, secretario ejecutivo Red Muqui; y Fabiola Yeckting, profesora sociología, UNMSM. Asimismo, se contará con la participación del Especialista en gestión de conflictos socioambientales de la Oficina General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Humberto Cordero Galdós. Finalmente, habrá un espacio de preguntas gracias al cual las y los espectadores podrán realizar consultas sobre el documental a los y las panelistas.

Las defensoras y los defensores estamos siendo objeto de amenazas, estigmatización, persecución, hostigamiento, criminalización y asesinato por nuestra labor en la defensa de nuestros territorios y el medio ambiente.

 

Ser defensor o defensora en el Perú se ha vuelto una labor de alto riesgo. En el último mes, la Defensoría del Pueblo reportó 209 conflictos sociales a nivel nacional y el sur andino registra un alto número de los mismos. En ese escenario, en lo que va del año se han contabilizado 290 heridos y 21 fallecidos. Los defensores y las defensoras hemos ejercido nuestro derecho constitucional a la defensa de la vida, nuestros territorios y del medio ambiente

 

Bajo ese amparo en las últimas semanas, por ejemplo, en nuestros territorios de Espinar, defensores y defensoras se han movilizado  para solicitar respuestas ante las consecuencias de las operaciones mineras en el medio ambiente y la salud de las personas. Lo propio se hizo en Puno, exigiendo el cese a la contaminación del río Coata y el lago Titicaca, así como la criminalización de los defensores del sur andino que protestaron por las modificaciones inconsultas del EIA del proyecto Las Bambas.

 

Estas acciones de movilización se realizan con la finalidad de ser escuchados por el Estado que silencia nuestras demandas y privilegia los proyectos extractivos, que como ya hemos señalado en otros comunicados y pronunciamientos, viene generando impactos negativos como la devastación ambiental, el despojo de nuestras tierras, la pérdida de prácticas ancestrales e incluso criminalización y desprotección de nuestros derechos como defensores y defensoras.

 

Por esta razón, los defensores y las defensoras vemos necesario realizar nuestro III Encuentro Macroregional del Sur Andino para analizar, fortalecer y articular la exigencia del cumplimiento y garantía de nuestros derechos ante la preocupante desprotección que existe. Desprotección que se constata ante el precario informe que hiciera el MINITER ante la CNDDHH sobre los avances en torno a la implementación del Mecanismo Intersectorial que busca proteger nuestros derechos.

 

El III Encuentro de Defensores y Defensoras se realizará los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad del Cusco y estará enfocado en conocer el sistema internacional y regional de protección de derechos humanos y en trabajar mecanismos y capacidades de vocería e incidencia así como un espacio para compartir y enriquecerse de la cultura de cada territorio.

 

Por todo esto hacemos un llamamiento a la prensa a visibilizar nuestra labor en la defensa del medio ambiente, como también nuestras dificultades en el ejercicio de la defensa a los defensores y defensoras ambientales.

 

¡Protege a quienes nos protegen!

 

El pasado 25 de agosto del presente año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña emitió la controvertida Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Este documento dispone entregar 22 millones de metros cúbicos de agua (MMC) de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American, ubicado en la región de Moquegua. Los habitantes del Valle de Tambo y la provincia de Islay, nunca fueron consultados y en su amplia mayoría no están de acuerdo con esta sustracción del recurso hídrico.

Esta decisión de la ANA ha generado una inmediata respuesta por parte de los agricultores y pobladores del Valle de Tambo, de tal manera, que más allá de la acción legal, se vienen implementando una serie de protestas exigiendo la inmediata anulación de la citada resolución. Para el domingo 4 de setiembre la población se auto convocó en una asamblea popular en la histórica plaza San Francisco del distrito de Cocachacra acordando la realización de un paro de 72 desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de setiembre, exigiendo la presencia de congresistas por Arequipa en el lugar y del ministro de agricultura. Ante la nula respuesta de las autoridades, los agricultores y pobladores del Valle de Tambo decidieron iniciar desde el martes 13 de setiembre la huelga indefinida que se han desarrollado activamente hasta el viernes 16 con bloqueos, cerrando el paso de la vía en el sector de La Curva y El Boquerón. Todo indica que la protesta tomará más fuerza a medida que pasan los días ante la indiferencia por parte del gobierno. Se esperaba con expectativa la llegada del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) Andrés Alencastre, algo que fue frustrado con la renuncia del ministro.

El viernes 16 de setiembre, los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, junto con los presidentes de las juntas de usuarios de los mismos distritos y las organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Islay, suscribieron un memorial dirigido al presidente de la república Pedro Castillo. En el documento le exigen la inmediata atención a su demanda y advertirle que si no atiende su pedido será responsable de las consecuencias que vaya a traer este nuevo conflicto.

Para este miércoles 21 de setiembre en la tarde cientos de agricultores están convocados para hacer una evaluación de la acción legal implementada y sobre las acciones sociales que concretarán para hacer escuchar su voz.

Los presidentes de las Juntas de Usuarios: Valle de Tambo-Cocachacra, Punta de Bombón y de la Irrigación Ensenada Mejía Mollendo, en tanto, emitieron un pronunciamiento de rechazo de la referida resolución, que consideran un proceso viciado. Los representantes de los agricultores manifiestan no haber sido escuchados desde el año 2018, cuando manifestaron, ante la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña (AAA), su desacuerdo y rechazo a la pretensión de la empresa Anglo Américan Quellaveco. Sin embargo, la mencionada autoridad, continuó otorgando derechos, de diferentes caudales y diferentes lugares, a lo largo del tiempo.

Por otro lado, tras una reunión con autoridades y dirigentes de la provincia de Islay el miércoles pasado, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez se comprometió a conformar un equipo técnico para evaluar las medidas legales para dejar sin efecto la mencionada resolución directoral del ANA. El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, por su parte, informó que gestiona una reunión con el presidente Pedro Castillo, para realizar una presión política ante la disposición de la Autoridad del Agua.

Pocas personas fuera del centro poblado de Challhuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascacocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización de 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

Durante tres días: 7, 8 y 9 de septiembre; Red Muqui realizó el encuentro nacional presencial de 45 líderes y dirigentes/as de territorios afectados por la minería, como parte de la clausura de la Escuela Nacional de Formación que se desarrolló durante el mes de julio y agosto del presente año, de manera virtual.

Las sesiones de formación que se desarrollaron durante estos 2 meses de formación, comprendieron la construcción de agendas programáticas desde los territorios; conflictos mineros y protección de defensores y defensoras; derechos de las mujeres, jóvenes y futuras generaciones; protección de cabeceras de cuenca y atención a los impactos de metales tóxicos en la salud; agricultura y alternativas al extractivismo minero.

Los dirigentes y dirigentas de 11 regiones: Piura, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Ayacucho, Cusco, Jaén, Arequipa, Puno y Apurímac, se congregaron en Lima para realizar un diagnóstico de la situación extractiva minera en el país y desarrollar estrategias de denuncia e incidencia para revertir la afectación negativa de la actividad  minera en sus territorios.

Asimismo, se capacitaron en herramientas de comunicación social para visibilizar sus problemáticas comunes y propuestas para tener un ambiente saludable y, por lo tanto, resguardar la salud de las personas afectadas por la contaminación con metales tóxicos en zonas de extracción minera.

 

 

 

 

 

 

En la clausura de la 1era Escuela Nacional de Formación de la Red Muqui participaron el periodista Glatzer Tuesta, quién presentó un análisis de la situación política y el rol de los medios de comunicación en la actualidad; y también el economista de Cooperacción, José De Echave, quien presentó una exposición sobre la situación del sector minero en la actualidad, destacando que el precio de los minerales ha vuelto a subir como en los últimos años y que las empresas mineras son las más beneficiadas con estas sobreganancias.

La congresista Ruth Luque también se hizo presente en el encuentro, dando un informe de su gestión como congresista, y explicando la dinámica actual del Congreso, así como las acciones de incidencia que se pueden realizar en el hemiciclo – lugar en el que transitan los congresistas dentro del Congreso-. Resaltó que es importante el trabajo articulado con dirigentes de organizaciones de base y la Red Muqui para lograr modificatorias a leyes adversas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas, poniendo como ejemplo la modificación a la ley de Comités de Autodefensa.

Finalmente, los participantes del encuentro se comprometieron a desarrollar acciones de incidencia en sus territorios y regiones, planteando sus agendas de defensa del territorio y sus derechos individuales y colectivos a los candidatos y sociedad civil en general en el marco de las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el 2 de octubre.

Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Representantes de organizaciones sociales de base de las provincias altas del Cusco y de Apurímac, entre líderes/as y defensores/as ambientales han participado en el taller preparatorio para la instalación del espacio multiactor del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos. El taller se ha desarrollado en la ciudad de Cusco del 31 de agosto al 02 de septiembre, y fue acompañado por la Plataforma Nacional de Empresas y Derechos Humanos y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese marco, el viernes 02 de septiembre, se instaló el espacio de diálogo con participación de la sociedad civil, empresas privadas, el Estado, y organismos internacionales, como parte del proceso de implementación del PNA sobre Empresas y DD.HH. Este diálogo debe conducir a la instalación de la Mesa Multiactor Descentralizado en la ciudad del Cusco. En la instalación de este espacio se han dado a conocer las principales problemáticas en los derechos humanos debido a los impactos de la actividad empresarial. 

Desde Red Muqui creemos importante que el Plan Nacional de Acción se implemente de forma adecuada y se acelere especialmente para la protección de derechos de los pueblos indigenas, derechos ambientales, derecho al acceso al agua y de las personas defensoras de derechos humanos, y del mismo modo se tengan resultados concretos en los avances multisectoriales del PNA, que ha sido aprobado hace más de un año (junio de 2022) y actualmente se encuentran en fase de implementación.

Así mismo, los retos del Plan Nacional de Acción deben estar centrados en el eje ambiental y el de pueblos indígenas, tomando en cuenta los siguientes puntos: 1) Acciones con vinculación multisectorial y transversal a otros ministerios como MINAM, MINJUSDH, MIDAGRI, etc.  2) Transparencia y rendición de cuentas de las empresas mineras respecto a sus compromisos con los DDHH y la debida diligencia y 3) Participación efectiva y diálogo multiactor donde se respete la voz de las comunidades y poblaciones afectadas en sus derechos humanos. Sobre este último punto es donde mayor incidencia vienen haciendo los líderes/as y defensores/as que han participado de los talleres preparatorios previos, sobre todo de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en Cusco y Apurímac.

Desde el año 2002 en el Perú, con la Ley N° 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, se vienen emitiendo diversos dispositivos legales de procesos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que no solo no han culminado hasta la actualidad, sino que se siguen alargando y no han dado mayor solución efectiva a los problemas existentes.

Los mecanismos de formalización minera en el Perú tienen más de veinte años y no han devenido en resultados positivos, haciendo insostenible el proceso lamentable de deterioro de los ecosistemas amazónicos y la consecuente pérdida irreversible de biodiversidad. La actividad minera no ha tenido pausa y cada día se extiende más en diversos territorios vulnerables y no aptos para esas acciones extractivas y contaminantes. De esta manera se sigue afectando severamente las posibilidades de generar oportunidades sostenibles de medios de vida digna y sana, inclusive para las mismas poblaciones que hoy contribuyen a esa situación degradante.

La recurrente ampliación de plazos del proceso, además, no ofrece garantías ambientales ni sociales, porque las autoridades competentes no realizan la fiscalización ambiental adecuada en un escenario de evidente corrupción generalizada, que pareciera extenderse a todo nivel, no solo local sino nacional y en diversas esferas sociales, económicas y políticas. Por ello no se puede ceder ante exigencias de mayor ampliación y flexibilización de la normativa existente, la que debiera ser revisada en el marco de priorizar la protección del ambiente y poblaciones vulnerables.

Cabe señalar que en Madre de Dios el “Corredor Minero” tiene una superficie referencial de 476 897,4 hectáreas y se encuentra localizado en una parte de los distritos Inambari, Huepetuhe, Madre de Dios, Laberinto y Tambopata. Allí se encuentra el sector conocido como La Pampa, contiguo a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que afecta ecosistemas vulnerables, y se superpone a derechos preexistentes de predios agrícolas y concesiones forestales pertenecientes a agricultores, concesionarios forestales y mineros en proceso de formalización. El daño ambiental que ocasiona la minería ilegal es grande porque afecta el paisaje y la salud pública, provoca deforestación, destruye la estructura del suelo, transforma el territorio, contamina las fuentes de agua y profundiza los conflictos sociales. Por otro lado, la minería ilegal en esta zona, genera economías ilegales, nos referimos a la existencia de trata de personas, narcotráfico, entre otras. 

Ante lo expuesto, los abajo firmantes instamos, en particular al gobierno regional de Madre de Dios, y al gobierno nacional, a no dejarse presionar y ceder ante estas preocupantes pretensiones ilegales, que van en contra de todo principio de derechos humanos, ambientales y de gestión sostenible de los ecosistemas.

Aceptar nuevas demandas, tales como reconocer La Pampa como centro poblado sobre derechos preexistentes y la ampliación del “Corredor Minero”, afectaría a la Reserva Nacional Tambopata. Sentaría además precedentes perjudiciales contra la sostenibilidad de los ecosistemas, cuya biodiversidad es fundamental para generar calidad de vida y bienestar para los pueblos indígenas y población en general de Madre de Dios, con quienes debe evaluarse alternativas que les brinden medios de vida respetuosos del ambiente y los derechos. 

 

                                           Cusco, 02  de septiembre de 2022.

 

 

Firman:

Grupo de Trabajo de Mineria Artesanal y de Pequeña Escala de Red Muqui

Centro Bartolomé de Las Casas

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Otuzco – La Libertad

 Ayni Desarrollo

CADEP José María Arguedas

CEDEP AYLLU Asociación Civil Wara

RENADES

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Asociación Arariwa

FEMUCARINAP  

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Federación de Mujeres de Apurímac

Asociación Proyecto amigo de Huamachuco – La Libertad

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

CooperAccion, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) – Cusco

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) – Puno

Instituto Ambientalista  Natura – Chimbote

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) – Cajamarca

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) – Puno

Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura

RED MUQUI

Fundación Ecumenica Para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ – Lima.

 

Después de nueve días de movilización de las comunidades de la provincia cusqueña de Espinar y una jornada de tregua en la que ellas, las autoridades locales, provinciales y la empresa minera Antapaccay Glencore se sentaron a negociar, la tarde del miércoles el Frente Único por la Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) finalmente logró acordar la entrega de un bono de dos mil soles para enfrentar la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

En sesión extraordinaria del Comité de Gestión del Convenio Marco por la Provincia de Espinar se acordó que el bono beneficiará a ciudadanos electores en la provincia de Espinar que hayan nacido en la provincia, beneficio que se extenderá a estudiantes de nivel superior con el mismo lugar de nacimiento, aún cuando estudien en el extrarradio del ámbito administrativo de Espinar.

El financiamiento de este subsidio se realizará a través de los dos últimos aportes a los fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa Antapaccay.

Más allá del bono, que se comenzará a pagar pasadas las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, no fueron resueltos los otros dos puntos del pliego de demandas. Estos se referían a la reformulación del Convenio Marco y a transparentar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto de explotación Antapaccay. 

Este viernes se ha cumplido el quinto día de paralización en la provincia cusqueña de Espinar. Las comunidades demandan la reformulación del convenio marco con la minera Glencore Antapaccay, así como de un bono de 2000 soles por la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

Para entender el trasfondo de este conflicto y entender qué significan las demandas en torno al llamado Convenio Marco hablamos con Oracio Pacori. El director ejecutivo de la organización Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), explica que ha habido una evolución en la conflictividad que se vive en Espinar. 

Mientras que en los años 90’ las comunidades de la provincia discutían cómo se podían beneficiar económicamente de la explotación minera, en la década siguiente, con particular fuerza en 2012, el tema principal pasó a ser la remediación de la contaminación, especialmente de las fuentes de agua. A partir de la pandemia vuelve a estar más presente el tema económico por el impacto que tiene la paralización de la actividad económica con las medidas de confinamiento y la serie de restricciones que impone el gobierno para controlar la pandemia. 

“En resumen se puede decir que al menos desde 2002 para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explica Pacori. 

Recuerda que Espinar no es cualquier provincia, ya que acumula 40 años de convivencia con la minería que arrastran múltiples consecuencias negativas y por otro lado una eventual ampliación de las operaciones llevarían a otros cuarenta años de actividades y nuevos impactos. El tiempo correspondiente al ciclo de vida productivo que se espera explotar, sin contar los pasivos ambientales que va arrojando la minería y que dejarán una herencia tóxica por otros cientos de años. 

El pliego de demandas  

Sin embargo se debe entender según Pacori, que en el trasfondo del conflicto subyace el relacionamiento que existe entre las comunidades y la empresa minera, justamente por el impacto que genera la minera en la vida de los espinarenses.

La plataforma de pedidos que tiene la Plataforma del Comité de Lucha lo plantea claramente, las tres demandas tienen que ver con la presencia de la minera y su actividad extractiva : 

Primera : El bono de 2 mil soles para cada habitante de la provincia con fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa, para hacer frente a los impactos que está dejando la minería. 

Segunda : La reformulación del Convenio Marco. Pacori explica que este pedido tiene que ver con cómo se asignan y priorizan estos fondos para la provincia de Espinar

Tercera : Que se transparente cómo se va a viabilizar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto Antapaccay y el impacto que podría tener en otro ámbito territorial y con otras comunidades en la provincia. Una ampliación que significa asimismo un incremento en las utilidades de la empresa, fondos del Convenio Marco que también se van a incrementar. 

Convenio Marco, conquista que va más allá del beneficio económico

Son, por lo tanto, pedidos, que si bien tienen plazos diferentes, están encadenados entre sí por el convenio marco. Instrumento, que tal como lo explicó hace unos años el fallecido ex alcalde de Espinar e histórico dirigente social de la provincia, Oscar Mollohuanca,  al medio de comunicación terra-justa en 2020, tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa. Una conquista de la población que brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Planteado por el municipio y las comunidades en 1999 en medio de movilizaciones sociales, finalmente se logra firmar con la empresa en 2003. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, algo que no se ha realizado. Estas y otras falencias son las que justifican el reclamo por la reformulación, entendida como el establecimiento de mecanismos de implementación de cada una de las disposiciones, no solamente aquella de índole económica.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora las comunidades no han tenido éxito en avanzar con esta demanda. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el rol paternalista de las empresas que han generado relaciones clientelares de dependencia con las comunidades. En vez de que sean ellas las que administren y gestionen directamente los fondos destinados al desarrollo local, es la minera la que maneja estos recursos a través de la fundación Tintaya. De esa manera ha creado un nuevo poder fáctico de presión, de subordinación y de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense, como sentenció Mollohuanca en la misma publicación.

Para las comunidades que están dentro del área de influencia directa e indirecta de la actividad minera se trata de un proceso conflictivo que se arrastra por los más de cuarenta años que tiene la minería en Espinar. 

El desenlace de las movilizaciones tiene distintos momentos, explica Pacori. La concientización es un proceso que se va produciendo en torno al pliego de demandas del Frente de Lucha y puede desencadenar en algún momento la participación de todas Espinar. Porque la agenda que tiene favorece inmediatamente la vida de los cuarenta mil habitantes que tiene la provincia de Espinar.  

Dádivas para algunos o bienestar para todos

Sin embargo, la empresa ha tejido una poderosa red de aliados, gracias al poder económica que tiene tras de sí, con el segundo mayor consorcio minero del mundo, Glencore, como matriz y con las propias utilidades que genera una explotación que durante la década pasada representó el 10 por ciento de la producción de cobre del Perú. Y así es capaz de financiar publicidad que es transmitida en un 90 por ciento de los medios locales de Espinar que mantienen un vínculo de dependencia con la actividad minera. Las instancias estatales de toma de decisión son otro ámbito al que se han extendido los brazos de la empresa. Uno de ellos es el gobierno local que administra una parte del canon minero. Y por otra parte, esas instancias integran el Comité de Gestión del convenio marco. A ello se suma un proceso de cooptación de algunos dirigentes lo que ha llevado al debilitamiento de ciertas organizaciones sociales. Hay, como constata el sociólogo José Antonio Romero, en declaraciones al medio de comunicación terra-justa en 2020, una descomposición del tejido social. Porque al final, que la minería en Espinar brinda un buen ejemplo, explica Romero, de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio, mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), según el experto que también ha trabajado para DHSF.

Si no es con la zanahoria es con el garrote

Un proceso que despierta claras resistencias, en los crecientes conflictos socio ambientales no sólo en el Perú. Por eso, para Oracio Pacori, las respuestas por parte de las empresas y del Estado se han desplazado hacia la criminalización y represión de la protesta social.  

Con patrones de individualización en los que se persigue a defensores de derechos que se exponen con su labor, tal como se ha visto con la denuncia y amedrentamiento que ha hecho la empresa Antapaccay contra el presidente del Frente de Lucha, Sergio Huamaní. En una carta notarial dirigida esta semana al presidente, la empresa le exige que se retracte de sus denuncias contra Antapaccay que a juicio de los dueños de la minera serían acusaciones falsas.

Derechos Humaos Sin Fronteras lleva un registro, en el que se constata que sólo en último tiempo, han sido tres los defensores y de derechos quienes han sido denunciados por los operadores del consorcio, a través del mecanismo de la querella. Una estrategia, cuyo fin es golpear a las personas que se atreven a encabezar la organización de la protesta y sentar así un precedente ante los ojos de la población, para que nadie se atreva a resistir.

Las proyecciones para el futuro

Oracio Pacori prevé que en un futuro cercano el foco del conflicto se desplazará hacia las afectaciones que tiene la minería, no sólo en un recurso vital como el agua, sino directamente en la salud y la vida de las personas. Y recuerda las evidencias de los diferentes estudios, según las cuales los niveles de exposición que tienen las comuneras y comuneros a los metales pesados son muy altas. 

En lo inmediato el proceso de diálogo de Espinar en el que está involucrado el gobierno central, incluye las negociaciones sobre el convenio marco y la realización de la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco. No obstante, no son una prioridad para un Estado que le da preferencia a la inversión en nuevos proyectos mineros o en la ampliación de otros ya existentes.