Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

Nos ratificamos en defender los derechos de los y las defensores y defensoras de derechos humanos del sur andino. 

¡No más criminalización! ¡Ratificación de Escazú ya! ¡Implementación del mecanismo intersectorial para la protección de defensores y defensoras!

Los días 25 y 26 de mayo del 2022 las y los defensores de la macro región surandina nos reunimos en Cusco para continuar nuestro proceso de autoformación, así como para fortalecer nuestra articulación y organizarnos camino al Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras en Lima el 15 y 16 de junio.

La situación de los defensores y las defensoras ambientales en el sur andino es preocupante, debido a que nos encontramos criminalizados, estigmatizados y hostigados permanentemente por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de Justicia. Así mismo, los defensores y defensoras ambientales sufrimos la contaminación de nuestros territorios, incluyendo recursos indispensables como el agua, el aire y el suelo por parte de las actividades extractivas mineras. Contaminación que afecta también nuestra salud por la presencia de metales tóxicos en nuestros cuerpos, resultado del impacto de los megaproyectos extractivos en nuestros territorios.

En la mayoría de casos los defensores y defensoras nos encontramos indefensos ante la desidia del Estado y su frecuente parcialización a favor de las empresas extractivas. Este sin embargo no atiende su rol garante de derechos y criminaliza a las personas que luchamos por el reconocimiento de nuestro derecho fundamental a la vida, a la salud, a la identidad, a la relación con nuestros territorios y a un ambiente saludable y adecuado para la vida.  

En esa línea, el principal acuerdo del II Taller de defensores y defensoras de la macro región surandina es participar en el Encuentro Nacional de Defensores el 15 y 16 de junio en Lima.

Algunas de las propuestas centrales que llevaremos a este espacio de encuentro, reflexión y movilización y que además hacemos públicas:

  • A nivel internacional, seguir movilizándonos y generando alianzas para la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República que debe servir como marco normativo que permita proteger a las y los defensores en todo el territorio nacional, incluido el sur,  y que asegura los mecanismos de acceso a la información y la justicia para temas ambientales. 
  • A nivel nacional, construir desde las y los defensores una ley nacional de protección de defensores y defensoras ambientales y continuar con la incidencia que permita tener una normatividad favorable que reduzca los riesgos de las y los defensores, acelerando la respuesta del Estado.
  • Sobre el mecanismo intersectorial, luchar por su implementación adecuada a nivel nacional,y aplicar sus protocolos y lineamientos en los distintos sectores del Ejecutivo, con presupuestos y personal que garantice su ejecución. Es fundamental que los diversos ministerios asuman este mecanismo, y en especial el Ministerio del Interior. Por lo que denunciamos cómo viene actuando este sector en los conflictos en los distintos territorios, como ocurrió en las últimas semanas en el caso de la minera Las Bambas en Apurímac.
  • Trabajar un registro de defensores y defensoras a nivel nacional, porque es necesario saber cuántos/as somos y dónde estamos ejerciendo la defensa del territorio, el ambiente y la vida a nivel nacional, reconociéndonos y protegiéndonos. 
  • Necesitamos visibilizar también la importancia y el doble riesgo al que se ven expuestas las compañeras defensoras en los territorios y la importancia de asegurar mecanismos de protección específicos para ellas, que aseguren su derecho a la defensa de la vida digna en sus territorios. 
  • También acordamos seguir haciendo incidencia ante la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de un acuerdo plenario. A fin que se aborde la criminalización a los defensores/as, que señale pautas en el marco  del derecho a la protesta social, defensa del territorio y el medio ambiente y se evite la criminalización de defensores y defensoras. Para que dicha instancia también defina una línea de interpretación jurisprudencial correcta en pro de los derechos humanos. Contraria a las interpretaciones erradas que por ejemplo equiparan el derecho a la protesta al delito de disturbios, extorsión, entorpecimiento de los servicios públicos o secuestro, que son utilizadas para criminalizar la legítima protesta. 

Para finalizar, queremos ratificar que como defensores y defensoras de la macrosur somos parte de la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras, proceso que debe servir para unificar y articular la lucha de las y los defensores a nivel nacional. Para visibilizar nuestras demandas, fortalecer la defensa de la vida en nuestros territorios, y generar redes. Por lo cual, estaremos participando en el gran Encuentro Nacional este 15 y 16 de junio en la ciudad de Lima.

 

Cusco, 26 de mayo del 2022.

 

 

Después de dos días de diálogo de los representantes de las 6 comunidades, iniciado el día martes con el presidente Pedro Castillo y la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y posteriormente el miércoles solo con los ministros y un representante de la empresa minera Las Bambas, cuando parecían haber acuerdos preliminares que debían ser confirmados por las asambleas comunales de los 6 dirigentes; la empresa minera Las Bambas emitió un comunicado señalando que no habían llegado a acuerdos por los pedidos desmedidos de las comunidades.

MMG Las Bambas señala que las exigencias de las comunidades han variado y son incumplibles, debido a que desean acceder a una participación del 50% de las utilidades de la minera, pedido que de acuerdo a su ordenamiento legal vigente no es posible. Precisan que las comunidades hasta ahora no señalan cuáles son las promesas incumplidas de la empresa desde que iniciaron la paralización de la actividad minera.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los dirigentes comunales han señalado que uno de los acuerdos incumplidos es la falta de contratación laboral de integrantes de las comunidades. Otro acuerdo incumplido es la mitigación del impacto ambiental que se genera por el desarrollo de la actividad minera, así como terrenos que nunca se compraron, como lo denunció una comunera de Huancuire frente al premier Aníbal Torres en su visita a Challhuahuacho la semana pasada.

El ministro de Justicia indicó ayer que son 3 las exigencias planteadas por los dirigentes comunales: Incorporación de comuneros a través de una cuota de trabajo en las labores mineras como en otros sectores empresariales, revisar los contratos de transferencia de terrenos para ver si el precio que se pactó es razonable, y el retorno de algunas áreas de terreno en los que ya se ha cumplido con la explotación minera.

El ministro Félix Chero agregó que la propuesta era que se instalen mesas de diálogo en cada comunidad para que se vean directamente las problemáticas y acuerdos incumplidos de la empresa Las Bambas con cada comunidad; sin embargo, tras el comunicado de la minera, ahora el panorama es incierto.

La minera señala en su comunicado que la condición de las comunidades de suspender las protestas cuando la empresa subsane sus incumplimientos es una propuesta inviable porque las comunidades están haciendo nuevos pedidos como el acceder a la utilidades de la empresa minera. Sin embargo, la propuesta del ejecutivo era que las problemáticas se vean comunidad por comunidad. Se espera un comunicado de las 6 comunidades en respuesta al pronuncimiento de la empresa minera.

Finamente el premier Aníbal Torres anunció en la conferencia del Consejo de Ministros que levantarán el estado de emergencia en territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas cuando se recupere la paz social en la zona.

Llueve sobre mojado para Glencore. Así se podrían interpretar los cuestionamientos y sanciones que actualmente enfrenta uno de los mayores consorcios mineros del mundo.
Ayer, martes 24 de mayo, la subsidiaria del gigante de la minería y de comercio de materias prima Glencore Plc ha admitido finalmente delitos investigados desde al menos 2018: el soborno y la manipulación de precios de mercado. Crímenes por los que pagará cerca de US $1.5 mil millones luego de alcanzar acuerdos con la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Brasil. Investigaciones que aún siguen su curso ante la justicia en Suiza y Países Bajos.
De esta manera la compañía ha admitido su responsabilidad en casos en los que llegó a desembolsar hasta US $100 millones para sobornar a funcionarios públicos en hechos de corrupción registrados en Brasil y Venezuela en el continente sudamericano y en Nigeria y la República Democrática del Congo en África. Otras prácticas incluyen la manipulación de los precios de los mercados de gasóleo o diesel en Estados Unidos.
“El soborno formaba parte de la cultura corporativa” afirmó al respecto el fiscal de Manhattan Damian Williams en una conferencia de prensa convocada ayer, donde también se develaron códigos como “diarios” o “chocolates” usados internamente para referirse al pago de sobornos. Cargos y admisión de culpabilidad, por casos que abarcan desde 2007 hasta 2019, que de acuerdo a la agencia de noticias económicas Bloomberg dibujan un cuadro que abarca todo el planeta y que resulta condenatorio, porque muestra cuán lejos ha estado dispuesto a ir la compañía persiguiendo ganancias. La agencia, fundada por Michael Bloomberg, uno de los hombre más ricos del planeta, refuerza esa sentencia al afirmar que Glencore y sus rivales, los mayores exponentes del sector minero, tradicionalmente han operado fuera del foco de los entes reguladores y han estado yendo a países, donde otros han rehuido de ir, con tal de hacer negocios.

Valoración que coincide con un reciente estudio de la organización internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, según el cual Glencore Plc presenta el peor historial de violaciones de derechos humanos entre las mineras de metales utilizados en tecnología de energía renovable.
“A nivel mundial, Glencore tiene el peor registro”, señaló el grupo en su “rastreador de minerales de transición” publicado a inicios de mayo. La empresa, subsidiaria de la casa matriz con sede en Suiza, está vinculada al mayor número de denuncias en África, la segunda en el caso de Asia Pacífico y es la tercera con la mayor tasa de denuncias en Sudamérica. Los presuntos abusos atribuidos a todas las empresas van desde ataques a activistas hasta violaciones de las leyes ambientales y reubicaciones forzadas.
Cabe recordar que el año 2013, Glencore se fusionó con la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los mayores grupos productores de cobre a nivel global.
Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial, señalada en numerosos estudios de ser la responsable de la grave contaminación a la que está expuesta la población de Cerro de Pasco.

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales del Norte del país se han reunido en la ciudad de Chiclayo para participar del “Taller – Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales del Norte” este 19 y 20 de mayo. El taller tiene como principal objetivo fortalecer las vocerías y liderazgos de las personas defensoras, y contribuir al fortalecimiento de capacidades de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades afectadas. Así mismo, en el taller, las personas defensoras compartirán sus experiencias de lucha y darán a conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante el avance de actividades extractivas que impactan sus vidas y territorios. 

En este evento promovido por la Red Muqui Norte, Red Muqui Nacional y los defensores de Chaparrí se impulsará la elaboración de una agenda común y estrategias de exigibilidad para la protección de defensores en riesgo y la atención de las legítimas demandas de las comunidades campesinas y marino costeras. Asimismo, se rendirá homenaje a las y los defensores violentados.

Finalmente, es de destacar que el taller es parte de un conjunto de actividades preparatorios para el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales que se realizará en Lima entre el 15 y 16 de junio. Espacio, cuyo propósito es fortalecer las vocerías y liderazgos territoriales de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades que sufren violencia y criminalización por  defender  sus derechos territoriales y su medioambiente. 

 

  • El escenario contó con la participación de defensoras, defensores, líderes y lideresas de las comunidades indígenas Quechuas, Aymaras y Kichwas amazónicas.
  • El encuentro se desarrolló en la ciudad de Cusco del 13 al 14 de mayo, contó con la participación del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Calí Tzay, en el marco de una visita académica al Perú.
  • EarthRights International (ERI) organizó el encuentro junto con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), CooperAcción, Aprodeh, Red Muqui, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y Perú Equidad.

Lima, Perú, 17 de Mayo de 2022.- Con el objetivo de exponer la situación de vulnerabilidad que atraviesan los pueblos indígenas en defensa de sus derechos fundamentales en el Perú, el 13 y 14 de mayo, en la ciudad del Cusco, se realizaron conversatorios sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado, la criminalización de las y los defensores indígenas que defienden sus territorios, la situación de las mujeres indígenas en el Perú.

El viernes 13 de mayo se iniciaron las actividades con el conversatorio sobre la situación de las mujeres indígenas en el Perú en el que las líderes representantes de diversas organizaciones territoriales, bases de la organización Nacional ONAMIAP, dieron a conocer la situación que atraviesan y la vulneración de derechos que sufren debido al accionar de empresas extractivas que operan en sus territorios.

La reunión continuó el sábado 14 de mayo con el foro sobre “Consulta y consentimiento previo, libre e informado”, durante el cual se presentaron los casos de las comunidades de Chila Chambila y Chila Pucara del distrito de Juli (Chucuito, Puno) ante el Tribunal Constitucional, así como el de las comunidades de Paccopata y Huini Coroccohuayco (Espinar, Cusco), el caso de la comunidad indígena Tantarcalla (Paruro – Cusco) y el caso del lote 192 en Loreto; asimismo, se presentó el contexto de implementación de la consulta previa desde la perspectiva de las organizaciones de pueblos indígenas.

En horas de la tarde, se retomó la reunión con el foro sobre “Criminalización de los defensores indígenas por la defensa de la tierra y el territorio” en el que se presentaron diferentes casos que dan cuenta de la criminalización, estigmatización y violencia que sufren los y las líderes indígenas en sus territorios ancestrales por la defensa de sus derechos, así como también se presentaron los primeros hallazgos sobre la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos en el Perú.

Desde los diversos pueblos indígenas y las organizaciones que acompañamos sus demandas por la protección y garantía de sus derechos, saludamos y reconocemos la labor del relator y su equipo técnico por darnos la posibilidad, a través de esta visita académica, de exponer algunas de las problemáticas que afrontan los pueblos indígenas andinos y amazónicos del Perú debido a las políticas extractivistas.

Organizó:
– FENAMAD
-ONAMIAP
-PUINAMUDT
-APRODEH
– DHUMA PUNO
-COOPERACCIÓN
-Derechos Humanos sin Fronteras Cusco
– RED MUQUI
– RED MUQUI SUR
– EarthRights International
– Centro de Políticas públicas y derechos humanos EQUIDAD

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Las últimas semanas de abril y las primeras semanas de mayo el epicentro de la conflictividad socioambiental han estado ubicados en el corredor minero del sur, en Cotabambas – Apurimac y el proyecto minero Las Bambas. Al momento los intentos de diálogo por parte del gobierno de Castillo y del Premier Anibal Torres han sido infructuosos. Por un lado el gobierno no cuenta con una política clara de atención a los conflictos y por el otro las comunidades ya no creen en las mesas de diálogo de antaño, debido al incumplimiento de los acuerdos, entre otros cuestionamientos. A esta situación hay que añadirle que este gobierno finalmente ha recurrido nuevamente al uso de la fuerza, la violencia y la represión en la gestión de los conflictos, llegando a declarar nuevamente en “Estado de Emergencia” a las comunidades aledañas al proyecto minero.

Además de esta situación, es importante señalar que hay dos hechos preocupantes que se registra en el caso de Las Bambas y que involucra a la empresa minera. El primero de ellos es lo ocurrido el pasado 27 de abril, cuando, en un intento de desalojo violento de las comunidades de Fuerabamba por parte de la PNP, se hizo pública la presencia de un grupo de personas vestidas con indumentarias de la policía. En un video divulgado por el mismo grupo, señalaban que habían sido contratadas por la empresa para participar en el desalojo de las comunidades. Al respecto, ni la PNP ni la empresa minera se han deslindado de este grupo “parapolicial”. Así mismo, la semana pasada se ha hecho pública nuevamente una denuncia por las redes sociales, donde se señala la presencia de fuerzas de choque denominado los “Iracos” y que habrían sido contratados por la minera Las Bambas. Con el objetivo de contener y desalojar a las comunidades de Fuerabamba y Huancuire si fuese necesario de forma violenta. Al respecto hay audios y varias fotografías que dan cuenta de ello y que fueron desvelados primero por la corresponsal del diario español El Pais Jacqueline Fowks, información  después replicada por varios otros medios.[1]

Estos dos últimos hechos, que involucran a la minera Las Bambas y la PNP, lo que evidencian es que, estamos ante una nueva estrategia del uso de “mercenarios” especializados en el uso de la fuerza, en la gestión de los conflictos mineros con las comunidades .Cuya principal característica es que utilizan “civiles” vestidos de policía, constituyéndose en una especie de grupos “parapoliciales o paramilitares” que actúan sin control y de manera ilegal para reprimir y violentar a las comunidades. Los hechos son graves, dado que operan fuera de la ley para abusar de los derechos humanos, y lo más grave aún es que la empresa minera Las Bambas y la PNP no han negado, ni desmentido su vinculación con estos grupos. Parece que atrás quedaron los estados de emergencia y los convenios entre empresas mineras y la PNP, ya que para ellos estaríamos en otro momento de la conflictividad social, en el que los derechos humanos no son tan importantes.

[1] https://www.pulsoregional.pe/2022/05/13/las-bambas-estaria-contratando-a-mas-parapolicias-para-enfrentar-a-campesinos/

Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

Tras la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire al día siguiente, se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos. Tras esta represión sufrida por estas dos comunidades, otras 4 comunidades afectadas también por la empresa minera Las Bambas decidieron impulsar un pacto de unidad y defensa mutua entre las 6 comunidades: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.

Pacto que se realizaró el día de hoy, 9 de mayo, en Condorwachana, límite entre las comunidades de Pumamarca y Huancuire, en la provincia de Cotabamabas, región Apurímac. El ritual se realizó durante la mañana y conto con la participación de los 6 presidentes comunales de las comunidades en conflicto con la empresa minera Las Bambas.

Los representantes de las 6 comnidades acudieron posteriormente a la reunión propuesta por la comitiva de la PCM, para acordar el inicio de la mesa de diálogo el día de mañana, martes 10 de mayo, poniendo como condición que el lugar de reunión se de en la comunidad de Pumamarca, propuesta que acaba de ser aceptada por la PCM. El 4 de mayo ya había acudido una comitiva de la PCM a Challhuahuacho para intentar desarrollar una mesa de diálogo el pasado 7 de mayo, pero la comitiva fracasó en su intento de iniciar el diálogo sin previamente evaluar el proceso interno de las comunidades que habían sido reprimidas y el proceso de unidad con las otras cuatro comunidades.

La represión ocurrida el 27 y 28 de abril fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo.