El año 2016 mediante Resolución Directoral N° 037 – 2016 – OEFA/DS, se constató la existencia de dos pozas dentro de la unidad minea Arasi (ubicada en la cuenca Llallimayo) que contenían sedimentos finos; determinándose a partir de estas últimas la afloración de agua con un valor de pH de 3,78 (característica acida) que discurría superficialmente por el suelo hacia la quebrada Lluchusani. Es de esta forma que el gobierno, mediante sus instituciones correspondientes, evidenció la contaminación que habría impactado negativamente en la vida de los pobladores locales desde hace muchos años atrás.

El mismo año se resolvió ordenar una medida preventiva contra Aruntani S.A.C, ordenando la paralización inmediata de las pozas con geotextil hasta obtener la certificación ambiental, así como detener por completo la descarga de agua ácida que discurría hacia la quebrada Lluchusani. Asimismo, se ordenó a Aruntani S.A.C colectar y tratar el agua ácida producto del afloramiento detectado en sus componentes dentro de su unidad minera; además, también se dictaminó que Aruntani debería adoptar medidas de remediación respecto al suelo sobre el cual el agua ácida discurrió hasta la quebrada Lluchusani[1], remediación que no pareciera haber tenido frutos.

A pesar de las múltiples evidencias de contaminación, Aruntani S.A.C no cumplió con ejecutar la medida preventiva ordenada en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 037-2016-OEFA/DS consistente en el retiro inmediato de la tubería de polietileno ubicada en la poza de homogenización que discurría hasta el río Chacapalca[2], con pH ácido proveniente de la zona Andrés, determinándose entonces el “alto riesgo de daño sobre la flora y fauna acuática aguas abajo de dicha instalación”[3]; daño que no tardaría en exterminar la fauna acuática de los ríos receptores.

La información sobre la contaminación provocada por Aruntani S.A.C es abundante a la actualidad, inclusive el 2019 la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, ordenó la paralización definitiva de las operaciones de la unidad minera Arasi. Sin embargo, aún en agosto del 2021 la coloración rojiza de los ríos provenientes de lo que antes fue la unidad minera Arasi, sigue tan viva como en las fotografías de los años pasados; lo que indudablemente nos hace cuestionar la actuación del gobierno peruano cinco años después de demostrar la contaminación provocada por Aruntani S.A.C, que por cierto continúa manteniendo concesiones mineras en diferentes partes del Perú. Además, los avances para lograr una remediación idónea de los ríos impactados negativamente parecieran depender de una mesa de diálogo de tres componentes y una declaratoria de emergencia ambiental; que como es bien sabido, son de larga duración y escasa eficiencia. Esto mientras los pobladores locales sufren día a día el avance del tinte rojizo que, a su paso, pareciera exterminar lo que toca.

[1] Resolución Directoral N° 037-2016-OEFA/DS-MIN

[2] Resolución Directoral N° 009-2007-OEFA/DS

[3] Resolución Directoral N° 037-2016-OEFA/DS-MIN, página 08.

Irma Zafra es miembro de las rondas campesinas femeninas de Bambamarca en Cajamarca, tiene 35 años y desde los 13 años es rondera. También participa en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que es la articulación nacional de personas afectadas en su salud por metales pesados a causa de la actividad extractiva. Irma se encuentra muy preocupada por la continua expansión de la actividad minera en su región, Cajamarca, especialmente en Hualgayoc, que tiene más de 30 años de impactos ambientales y a la salud humana, debido a la explotación minera y la falta de remediación de los pasivos ambientales mineros.

En el año 2017 se realizaron monitoreos del agua de consumo humano en las localidades de Coimolache Alto, Reservorio El Mirador, Pilancones, Tahona Alta, La Jalquilla, Bambamarca, Chugur, El Chencho, Ramírez y Pampa Grande, pertenecientes a la provincia Hualgayoc, cuyos resultados superan los ECAS para metales pesados: Aluminio, Plomo y Cadmio. (Fuente: DIRESA/DESA)

Cajamarca es la segunda región con el mayor número de pasivos ambientales mineros (PAM). La población de la provincia de Hualgayoc viene atravesando desde hace varios años un grave problema de contaminación por metales pesados. En el año 2012 se realizó un tamizaje a cargo del Ministerio de Salud, confirmándose en los resultados la presencia de arsénico, cobre, plomo, etc. Pero estos resultados fueron ocultados hasta marzo del 2015, que según CENSOPAS (Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Salud): la información no se dio a conocer debido al conflicto por el proyecto minero Conga.[1]

Según el reporte de inversiones en proyectos de exploración minera del Ministerio de Energía y Minas, Cajamarca es la región de la Macro Norte del país que concentra los proyectos de exploración más grandes. Tenemos el proyecto Michiquillay de Southern Perú, el Galeno de Lumina Copper y La Granja de Río Tinto Minera[2], aparte de los proyectos que ya se encuentran en fase de construcción de mina y en explotación . Así mismo, el Observatorio de Conflictos Mineros señala que en Cajamarca continúa el proceso de expansión minera debido a que ocupa el primer lugar a nivel nacional en la cartera de inversión minera, lo que trae consigo también la activación de diversos conflictos.[3] Es bastante preocupante que a pesar de los impactos que ha causado la minería en la zona, la actividad minera siga avanzando sin que los daños previos se hayan reparado integralmente. La expansión minera ineludiblemente seguirá impactando con mayor contaminación y afectación a la salud humana y ambiental.

Irma, junto a varias compañeras de las rondas campesinas, están estos días en Lima en el Encuentro de la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) planteando su agenda de demandas ante el Ejecutivo. Irma señala que ella ha votado por Pedro Castillo para que no haya más expansión minera en Cajamarca y que se atiendan sus principales derechos, como el derecho al agua y el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencias. Sobre el tema de contaminación ambiental, desde Red Muqui creemos que es primordial que el Ejecutivo priorice dentro de sus acciones lograr de forma efectiva la remediación de los Pasivos Ambientales Minero en Cajamarca y a nivel Nacional. Por otro lado, a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas por Metales Tóxicos; este Plan es un instrumento de política pública que el Estado debe priorizar. Esperamos que el Ejecutivo pueda canalizar adecuadamente las demandas de las organizaciones sociales y que las promesas electorales puedan traducirse en cambios concretos que necesitan las mayorías sociales para lograr un bicentenario de los pueblos, tras 200 años de supuesta independencia del Perú.

 

[1] Agenda de Afectados por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas en Bambamarca- Hualgayoc. Red Muqui. Noviembre 2019. Elaborado por: Nancy Fuentes.

[2] MINEM, Cartera de Proyectos de Exploración Minera. Febrero 2021

[3] 28° Observatorio de Conflictos Mineros en Perú. Reporte Semestral julio 2021. Pág. 32.

El pasado 13 de agosto, la presidencia ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), presidida por Alberto Barandarian Gómez, emitió la resolución Nº 00042 -2021-SENACE/PE desestimando la apelación que presentó el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha contra la aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Toromocho de la empresa Chinalco.

Como es de conocimiento público, el 24 de marzo de 2021, SENACE resolvió desaprobar la MEIA de Toromocho por no haber levantado dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones formuladas por la autoridad nacional de agua (ANA). Ver Documento

Frente a esta decisión, el 16 de abril del presente año la empresa minera Chinalco interpuso un recurso de reconsideración contra dicha resolución directoral del SENACE. La respuesta del SENACE del 03 de junio, mediante la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la minera Chinalco, aprobando la MEIA de Toromocho.

El escenario cambia, cuando el 24 de junio, los representantes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha, que representa a más de 40 familias aún no reasentadas de la antigua Morococha, interpusieron un recurso de apelación contra la resolución directoral solicitando que se revoque dicho acto administrativo, y se reformule declarando infundada la reconsideración de Chinalco o se declare su nulidad. Ver Documento

Sin embargo, haciendo caso omiso al pedido de Chinalco de ampliar por diez días más el plazo para contestar a dicha apelación, el SENACE decidió declarar infundado el recurso de apelación del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha. Para el abogado de las familias de la antigua Morocoha, Carlos Castro, esta medida tomada por el SENACE evidencia una clara parcialización a favor de la empresa minera Chinalco, debido a que no toma en cuenta las afectaciones verificadas en las observaciones presentadas en contra de la MEIA y solo termina remitiéndolas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para su evaluación y posterior sanción si correspondiera por la infracción de normas ambientales.

En palabras del doctor Castro; “el SENACE, como no podía ampliar los plazos prescritos para emitir su resolución definitiva, ha prescindido de la contestación de la minera Chinalco, pero la ha defendido de oficio prácticamente”

Observaciones a la MEIA

Respecto al componente de recursos hídricos, se observó que los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por día (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo de aguas adicionales a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original del 2010, lo cual ocasionaría considerables impactos ambientales.

Así mismo, el documento resalta que el desarrollo del modelo conceptual (información utilizada) y posterior modelo numérico hidrológico no cuenta con la información suficiente y actualizada sobre los niveles de agua subterránea y flujos de entrada y salida del sistema hidrológico, por lo que dichos modelos numéricos han considerado información desfasada para la calibración. A su vez, ésta es limitada debido a que no se tomaron registros de las fuentes de agua subterránea desde el último Estudio de Impacto Ambiental en el 2010.

Las observaciones planteadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), habían sido advertidas a fines de julio del año 2020 en las observaciones presentadas a SENACE por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y la Red Muqui; en ella se advertía que la propuesta de Chinalco iba a requerir aproximadamente 331L/s de agua adicional para sus operaciones. Esta información no fue expuesta de forma clara por Chinalco en su MEIA, ya que actualmente el proyecto minero hace uso de aguas subterráneas (según su EIA 2010), y ahora según su MEIA necesitaban actualizar el estudio y hacer un balance hídrico. Otro dato importante es que Chinalco no consideró hacer un estudio sobre la conectividad hidrogeológica con las principales lagunas de la zona, a pesar de que la ANA ya había declarado en emergencia dichas lagunas.

Finalmente sobre el documento presentado por Chinalco por el que el SENACE aprobó la MEIA del proyecto Toromocho, cabe precisar que no subsana las observaciones realizadas por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha. Como es sabido, la Autoridad Nacional del Agua el 24 de marzo rechazó la MEIA presentada por Chinalco justamente por no resolver 18 de las 25 observaciones. Por otro lado, también indicar que el SENACE aprobó la MEIA del proyecto Toromocho el 6 de junio mientras se llevaba a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú.

Reasentados protestan

El reciente  sábado 21 de agosto los pobladores que aceptaron reasentarse en Carhuacoto (la nueva Morococha) marcharon contra empresa la minera Chinalco por incumplir su compromiso de garantizar trabajo para los pobladores y debido a la falta de actividad económica en un pueblo que en la actualidad carece de comercio y luce como un lugar fantasma.

Ante el reinicio de protestas el lunes 16 de agosto por acuerdo de las siete comunidades de Chumbivilcas: Huascabamba, Cruzpampa y Cancahuani (Ccapacmarca), Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya (Colquemarca), y Huininquiri (Santo Tomás), que estuvieron en paro desde el 23 de julio hasta el 02 de agosto; el día de hoy, miércoles 18 de agosto, las comunidades junto al Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH) levantaron su medida de protesta debido a que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado y dirigió una carta a los dirigentes el día de ayer, 17 de agosto, con la firma del presidente de la PCM, Guido Bellido, en donde señalan que la Mesa de Diálogo se implementará el 21 de agosto a las 10:00am en el distrito de Ccapacmarca, «con la participación de los sectores que han sido solicitados para atender la problemática expresada; la misma que es un paso previo a la instalación de la Mesa de Diálogo a llevarse a cabo el sábado 28 de agosto a las 10:00 horas en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas».

La carta finaliza señalado que en ambas reuniones «se contará con la participación de mi persona, como Presidente del Consejo de Ministros, y se abordarán las demandas planteadas en la carta de la referencia».

La carta de referencia a la que se refiere Guido Bellido, es la carta que le enviaron las comunidades y el FUDICH el 09 de agosto, que, al no tener respuesta, sumado a la no instalación de la mesa de diálogo el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier el 2 de agosto, generó malestar en los dirigentes. A esto se suma que la empresa minera MMG Las Bambas no acudió a las reuniones pactadas previamente con las comunidades, primero el 08 de agosto y luego para el 15 de agosto.

Carta de Guido Bellido a dirigentes de las comunidades

Pronunciamiento de las comunidades

El comunicado de la PCM y la carta del premier fue una respuesta también al pronunciamiento que emitieron los dirigentes de las comunidades agrupados en el FUDICH y el presidente del Frente, quienes hicieron un llamado de atención al premier Bellido debido a la falta de compromiso al no instalar la mesa de diálogo para el 11 de agosto pasado y no haber ninguna comunicación desde la PCM con las comunidades, tal como lo había prometido el 2 de agosto para que las comunidades levanten la huelga.

Asimismo, en el pronunciamiento expresan el rechazo a sus declaraciones respecto a que estarían siendo «engañados y azuzados por abogados». Y precisan que una de sus principales demandas es la «nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa nuestros terrenos y declara como Vía Nacional carreteras comunales», que fue aprobado y publicado el 25 de mayo del 2018, sin el saneamiento legal y la consulta previa a las comunidades. «Todo esto en beneficio de la empresa minera MMG Las Bambas», señala el pronunciamiento.

Agregan que «desde entonces estamos exigiendo la nulidad de esta norma a consecuencia de ello hemos sido
denunciados, agredidos por la Policía Nacional y somos víctimas de la constante declaratoria de
estado de emergencia militarizando territorios comunales».

Finalmente, precisan que no pretenden que la solución se alargue otros años más; reafirman su respaldo al gobierno de Pedro Castillo, y «exigen que los funcionarios encargados de las funciones del Estado se comprometan con mayor responsabilidad».

Demandas de las comunidades

1. Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales
2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
3. Ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
5. Si las comunidades aceptan vender sus terrenos al MTC, estos deben ser a valores comerciales.
6. No a la criminalización de la protesta.

El día de hoy, desde tempranas horas de la mañana, los dirigentes de las siete comunidades de Chumbivilcas – Huascabamba, Cruzpampa y Cancahuani (Ccapacmarca), Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya (Colquemarca), y Huininquiri (Santo Tomás) – que estuvieron en paro desde el 23 de julio hasta el 02 de agosto, decidieron retomar las protestas en el sector de la comunidad campesina de Huaylla Huaylla, ubicada en el distrito de Livitaca, debido a que hasta ahora no se instala la mesa de diálogo prometida por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y debido a que la empresa minera MMG Las Bambas no acudió a las reuniones pactadas con las comunidades, primero el 08 de agosto, y luego el 15 de agosto.

Ancedentes

Como se recuerda, el 2 de agosto, el presidente de la PCM, Guido Bellido, llegó a la zona de Muyoqorcco en Chumbivilcas para dialogar con las comunidades campesinas que estuvieron en protesta desde el 23 de julio y ofreció instalar una mesa de diálogo el 11 de agosto para iniciar la ruta de solución a las demandas sociales. Tras ese ofrecimiento, las comunidades campesinas suspendieron la protesta y desbloquearon el corredor vial para permitir el paso de los camiones de transporte de concentrado de cobre, de combustibles, de personal y otros de MMG Las Bambas. 60 días fue la tregua que le dieron al gobierno.

En declaraciones a Pulso Regional, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, señaló: “El 29 de julio acordamos con la minera retomar el diálogo para el 8 de agosto, pero no llegaron los representantes, entonces, reprogramamos para reunión para el 15 de agosto, donde tampoco llegaron”, declaró el dirigente.

Agregó que el Ejecutivo tampoco instaló la mesa de diálogo ofrecida para el 11 de agosto. “Las comunidades están predispuestas a dialogar, pero la minera no quiere poner de su parte. El Estado pueda iniciar el proceso de diálogo a la par”, refirió Wilber Fuentes.

El acta no firmada

Un elemento a tener en consideración para el inicio de las protestas es que el acuerdo al que arribaron con el premier el 02 de agosto no está refrendada en un acta firmada, debido a que el premier no firmó el acta que elaboraron las comunidades, y hasta la fecha no hay ningún avance de lo ofrecido por el gobierno.

El 11 de agosto, los dirigentes de las siete comunidades y del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas  enviaron una carta a Pedro Castillo y Bellido solicitando se instale la mesa de dialogo, pero hasta el día de ayer no hubo respuesta desde el gobierno.

Sin embargo, esta mañana tras llegar a la ciudad de Cusco para inaugurar obras junto al ministerio de Agricultura, Víctor Maita, el premier Guido Bellido manifestó que cuenta con informes sobre la presencia de abogados con oscuros intereses que están azuzando a la población “con el cuento” de que recibirán ciertos beneficios económicos, lo que no es cierto.

“No descartamos que estos abogados están trabajando con aquellas personas que hoy quieren desestabilizar este gobierno”, sostuvo de acuerdo al portal Pulso Regional.

El ejecutivo y la empresa minera Las Bambas tienen que resolver las siguientes demandas:

1. Desconocimiento de la R.M. n.° 372-2018-MTC (Mientras no haya saneamiento legal de los terrenos comunales).
2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
3. Ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
5. Si las comunidades aceptan vender sus terrenos al MTC, estos deben ser a valores comerciales.
6. No a la criminalización de la protesta.

La empresa minera Buenaventura pagó S/2,134 millones de la deuda acumulada tributaria que tenía del 2007 al 2010. Sin embargo, lo que no ha aclarado la empresa minera es si mantendrá el juicio contra el Estado sobre el pago de esta deuda. Si es que finalmente ganara el juicio, el Estado tendría que devolverle el monto recibido.

La noticia del pago la dio la SUNAT a través de sus redes sociales el 5 de agosto. El monto de S/2,134 millones fue determinado “en procesos de fiscalización del impuesto a la renta de los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010, que comprende, además, las multas respectivas”, precisa en su tuit.

¿Cómo se generó esta deuda de la empresa Buenaventura con el Estado?

El año pasado, el 24 de septiembre del 2020, la empresa minera emitió un comunicado queriendo desmentir que tenían una deuda tributaria pendiente.

En el comunicado, Buenaventura señaló que lo que existía “es una controversia con la SUNAT que se encuentra en proceso ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Esta controversia tributaria se originó entre los años 2007 y 2008 cuando Buenaventura modificó la modalidad de venta del oro con sus clientes, de precios fijos a precios variables. Esta operación significó un gasto importante que afectó los resultados de la empresa y, por lo tanto, afectó también el Impuesto a la Renta a pagar en esos periodos”

En el comunicado señalaron que el monto de la controversia fue de “373 millones de soles, pero que, según la SUNAT, con sanciones e intereses ascendería a 2,083 millones de soles”.

Sin embargo, con el pago realizado hace unos días, la empresa minera Buenaventura estaría aceptando que si existió esa deuda tributaria.

De acuerdo al portal Energiminas, “el 30 de julio pasado, Buenaventura destinó los recursos obtenidos de la emisión de bonos por US$550 millones al pago de la totalidad de la deuda contraída con Sunat”

Para el economista del grupo Justicia Fiscal Perú, Armando Mendoza, el pago de la empresa se habría dado para evitar que sigan subiendo los intereses de la multa, que año tras año estuvieron creciendo, y debido al costo ventajoso en términos de los intereses obtenidos por la emisión de los bonos.

“En algunos casos de empresas deudoras, la acumulación de las multas llega a ser 10 veces más que la deuda original”, señaló el economista.

 

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

En medio de tanta crispación política y ante el anuncio público del enfrentamiento que tendremos nuevamente entre el Congreso y el Ejecutivo en los próximos meses, hemos recibido una buena noticia esta semana. Se trata de la aprobación por parte del gobierno de la Ley Nro. 31335, “Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias”, norma que ayudará a brindar servicios relacionados con la actividad agrícola, forestal o ganadera que sus socios realizan, practicando con ellos actos cooperativos. La ley establece además que una cooperativa puede brindar a sus socios abastecimiento de productos y servicios, comercialización, procesamiento, transformación, servicios productivos y postproductivos en general, servicios de valor agregado, financiamiento y asesoría técnica, así como cualquier otro servicio conexo o complementario que coadyuve a la realización de su objeto. La noticia ha sido bien recibida por las comunidades campesinas y los gremios agrarios en el país.

Desde la Red Muqui saludamos la aprobación de esta ley ya que constituye un primer avance para mejorar las condiciones económicas del sector agrario en los últimos años. En esa línea el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maita ha señalado que la norma beneficiará a más de 130,000 familias que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y que actualmente hay 500 cooperativas agrarias y cooperativas comunales de diversas líneas de cultivo o crianza, que involucran a 150,000 familias y 360,000 hectáreas cultivadas. El ministro Maita además ha mencionado que la ley busca incluir a las cooperativas ganaderas y forestales, ya que anteriormente estaban excluidas. El presidente Pedro Castillo, así como el ministro de MIDAGRI han señalado que esta norma se enmarca en lo que se denomina la segunda reforma agraria, y que forma parte de una serie de reformas que se van a plantear para este sector.

Finalmente, un tema que merece especial atención y que fue noticia la semana pasada es la cancelación de una deuda tributaria al fisco peruano por parte de la minera Buenaventura del señor Roque Benavides. El pago de la deuda fue de 2,134 millones de soles, una de las operaciones de pago más grandes efectuadas a la fecha, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Es importante mencionar que la deuda fue pagada una década después y que la empresa se vio obligada a pagarla gracias a un fallo judicial, por lo tanto, no es un aporte ni desprendimiento de buena voluntad de la minera Buenaventura y el señor Roque Benavides, como se pretende hacer creer en algunos medios nacionales. Así como esta empresa minera hay otras tantas que tienen deudas millonarias con la SUNAT y que bien harían en pagar sus deudas aprovechando el precio alto de los minerales en el mercado internacional, recursos que hoy hacen faltan para atender la pandemia y la reactivación económica en el país.

 

El reciente martes 10 de agosto durante la mañana, la Comisión Técnica Ambiental del Consejo Municipal Provincial de Huancavelica, acompañados por el congresista huancavelicano Alfredo Pariona, se reunió con el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en su despacho ministerial, e hizo entrega del memorial de las organizaciones sociales de toda la provincia de Ayacucho y del Frente de Defensa Provincial dirigido al presidente Castillo y su gobierno, en donde se expresa el rechazo a la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero de exploración Pukaqaqa Sur por parte del Consejo de Minería que está a cargo de la Dirección General de Minería del MINEN; y se pide que no se autorice el inicio de operaciones del proyecto minero. En la reunión estuvieron también presentes el viceministro de Minas y el director de la Dirección General de Minería.

El memorial finaliza expresando la confianza en que el presidente de la República honrará su palabra de maestro, de que “un proyecto minero que no tenga rentabilidad social, ¡no va!”

Además, la Comisión Técnica Ambiental del Consejo Municipal de Huancavelica, a través de la regidora y especialista ambiental, Elsa Bustamente, sustentó las principales observaciones al desarrollo del proyecto minero, que pone en riesgo de contaminación por arsénico el agua potable que consumen más de 50 mil personas del distrito de Huancavelica y Ascensión, debido a que afectaría la cabecera de cuenca de Callqui que es donde la Planta de Tratamiento de EMAPA Huancavelica capta el agua para potabilizarla y sea de consumo de la población.

Respuesta del ministro

De acuerdo a las declaraciones de la regidora Elsa Bustamente, el ministro señaló que recién se estaba enterando de la problemática y que también escucharía a la empresa minera Nexa Resources que está a cargo del proyecto minero Pukaqaqa Sur. Quizá Nexa podría aclarar algunas dudas a la población, habría señalado el ministro, de acuerdo a lo narrado por la regidora Bustamante.

Finalmente, la Comisión del Consejo Municipal señaló al ministro que la decisión del pueblo es que el mencionado proyecto minero no va y que el gobierno debería apostar por el apoyo a otros tipos de inversión en la provincia como es la siembra y cosecha de agua, de acuerdo a las ordenanzas regionales y provinciales en el marco de la lucha contra el cambio climático, la implementación de la ley de recursos hídricos y el Plan Nacional de Acción Ambiental, en que se precisa que se tienen que proteger las cabeceras de cuenca.

Protección de cabecera de cuenca

La representante de la Comisión Técnica Ambiental de Huancavelica también señaló que han enviado un oficio a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que realice la delimitación de la cabecera de cuenca de Callqui y además sea declarada zona intangible conforme al marco metodológico, priorizándose el agua para consumos humanos en calidad y cantidad. El 9 de julio la Autoridad Nacional del Agua publicó en El Peruano la metodología para la demarcación de las cabeceras de cuenca, pero falta que se establezca los criterios para que una zona pueda ser declarada intangible. La ANA ha señalado que en 3 meses tendrá listo ello.

A nivel de Huancavelica, la subgerencia de Planificación y Ordenamiento Territorial del gobierno regional presentará una propuesta técnica de demarcación de la cabecera de cuenca de Callqui, señaló la regidora provincial de Huancavelica. “Le estamos pidiendo a la universidad de Huancavelica y al Colegio de Ingenieros para trabajar esa delimitación, añadió la regidora y especialista ambiental.

Finalmente, la representante de la Comisión, Elsa Bustamante, señaló que también se reunirán con los representantes de la Comisión de Energía y Minas, Fiscalización y Contraloría, y Pueblos Andinos y Ambiente, de Congreso de la República para hacerles llegar sus observaciones al proyecto minero de exploración Pukaqaqa Sur.

Dirigentes se pronuncian

Los dirigentes sostienen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero en mención es insuficiente para determinar el nivel de impacto que se podría ocasionar con cualquier intervención en esta zona, ya que actualmente las aguas tienen presencia de metales pesado como el arsénico y por ello el Consejo de Minería debió haber rechazado esa DIA; y precisan que los procesos de participación han sido insuficientes e inadecuados, pues se debe permitir la plena y amplia participación de todos los pobladores que pudieran verse afectados.

Finalmente, a través de un video, el secretario general del Frente de Defensa Provincial del Pueblo de Huancavelica recordó el apoyo del pueblo Huancavelica a Pedro Castillo para su victoria presidencial, y precisó que esperan cambios concretos en beneficio de las comunidades y la defensa de sus derechos en Huancavelica frente a la amenaza de este proyecto minero.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

A poco más de una semana de asumir la presidencia de la República, el profesor Pedro Castillo ha tenido que pasar por varios embates políticos, los ataques no solo han venido desde fuera, si no por las propias decisiones que ha ido tomando el presidente en el nombramiento de su gabinete ministerial, entre ellos el cusqueño Guido Bellido y algunos ministros más, así como la demora en la juramentación de Pedro Francke y Aníbal Torres en las carteras de Economía y Justicia. Luego de escuchar un mensaje a la nación muy potente que reivindicó a los pueblos y comunidades más olvidadas del interior del país, el presidente intentó trazar la ruta de su gobierno en temas como la atención a la salud y la pandemia, la reactivación económica, la atención al agro, así como la relación que se va tener con la actividad minera, entre otros.

Sobre los anuncios en relación a la política minera que piensa implementar el presidente Castillo, esta el tema de la “rentabilidad social”, término poco conocido por las comunidades afectadas por la minería, y que por el contrario tienen un contenido más empresarial. Habría que decir que este mensaje no queda claro, porque bajo esta premisa se podría decir que si todo proyecto minero cumple con este criterio podría aprobarse, por lo tanto, proyectos cuestionados como Tía María en Arequipa o Conga en Cajamarca, que no tienen licencia social, eventualmente: ¿podrían implementarse? Desde Red Muqui creemos que esto sería un error en la gestión de Castillo, ya que durante la campaña el presidente ha señalado que estos proyectos no irían. Por ello en estas provincias la gente a votado mayoritariamente por Pedro Castillo.

Siguiendo esta línea de la “rentabilidad social”, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ya ha tenido algunas reuniones con los gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), así como con algunas empresas mineras chinas. El nuevo ministro también ha señalado en un diario de circulación nacional que el proyecto Tía María podría retomarse, algo que ha causado sorpresa en los pobladores del valle de Tambo en Arequipa. Al punto que uno de los congresistas de Perú Libre de Arequipa ha pedido una aclaración al premier y al presidente sobre estas declaraciones. Pareciera que en el tema extractivo minero no habrá grandes cambios o reformas por parte del gobierno de Castillo, por los menos es lo que se evidencia en estas primeras acciones y declaraciones del ministro de Energía y Minas. Esperamos que no sea así y sí haya grandes cambios.

Finalmente, un tema que queremos remarcar en la semana es la atención del gabinete de Guido Bellido al conflicto del corredor minero en Chumbivilcas. Nos parece positivo la tregua momentánea de 60 días que se ha conseguido con las comunidades, sin embargo, este conflicto está lejos de resolverse, ya que las demandas son múltiples y resolver el saneamiento de esta carretera “que nadie aprobó” en las comunidades, va a suponer atender las demandas de todas las poblaciones y comunidades por donde pasa esta vía y no solo en la provincia de Chumbivilcas. Así mismo, la instancia encargada de ver los conflictos sociales en el país como es el viceministerio de gobernanza territorial debe ser repotenciada política y económicamente, lamentablemente el nombramiento de una persona que no conoce este sector no va ayudar a mejorar esto, tal como ha sucedido esta semana. Por el bien del país, esperamos que el gobierno del presidente Castillo haga los correctivos necesarios en este viceministerio y la soluciones a la problemática minera sean integrales y no solo parches como ha venido ocurriendo con los gobiernos anteriores.

 

 

 

Por: Bladimir Martínez – Equipo Técnico de DHUMA-Puno

Los grandes retos en materia ambiental del Perú a los que el presidente electo Pedro Castillo Terrones hizo referencia en su mensaje a la nación el 28 de julio, están ligados intrínsecamente a las actividades mineras y sus impactos en el ambiente.

En las dos últimas décadas, la industria minera peruana ha tenido una presencia importante a nivel mundial, principalmente, porque el Perú es considerado como uno de los principales países productores de minerales. Según la encuesta mundial Mineral Commodity Summaries[1], el Perú cuenta con las mayores reservas de plata a nivel mundial, segundo país con las mayores reservas de cobre y molibdeno; así como cuarto en reservas de plomo. Además, a nivel latinoamericano, ocupa el primer lugar en reservas de plomo, plata y molibdeno, el segundo lugar en reservas zinc, oro y cobre, y el tercer lugar en reservas de estaño[2].

Sin embargo, el apogeo de la minería en el Perú y su impacto positivo sobre la economía nacional entre los años 2003 y 2012 “han estado acompañados del crecimiento de varias actividades abiertamente ilícitas”. En ese sentido, “[la] tala y la minería ilegal y narcotráfico son algunos de los rubros que se han expandido en diferentes zonas del país, y su influencia ha sido y continúa siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado” [3]. Adicionalmente, se evidencia la proliferación de la minería ilegal cuya expansión está directamente vinculada con el incremento de precio de los minerales o su alta cotización internacional[4].

En el año 2014, el MINAM advirtió que la minería ilegal venía operando en todas las regiones del Perú[5]. En los estudios realizados en los últimos años, se observa que las regiones del país más afectadas por este fenómeno son principalmente las que se encuentran en la Amazonía y la zona andina: Madre de Dios, Cusco, Puno[6].

Dentro de los impactos más graves de esta cancerígena actividad se encuentra la contaminación del agua, especialmente cuando el Perú ocupa un lugar privilegiado en el mundo respecto a la disponibilidad de agua, según lo señalado por las Naciones Unidas, puesto que está ubicado dentro de tres vertientes hidrográficas: Atlántico o Amazonas, que cuenta con el 97,3 % del agua disponible; Pacífico con el 2,2 %; y Lago Titicaca con el 0,6 % del agua; según refiere el informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA “entre las principales fuentes de contaminación se tiene la existencia de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos; así como las toneladas de mercurio arrojadas a los ríos producto de la minería ilegal”[7].

Asimismo, según refiere la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata sobre mercurio en el Perú[8], en el período 1981 y 2003 se degradó el 15,3 % del territorio peruano (19 271 100 has). En esa línea, se estimó que “de continuar este ritmo de degradación, al año 2100, el 64 % del territorio del Perú, estará afectado por procesos de esta naturaleza, lo que incluye a la costa y sierra”.

La contaminación causada por la minería, es una muestra del fracaso de la implementación del Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica Ambiental como medidas de gestión territorial por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ello, se debe reestructurar el procedimiento para incluir la participación de las comunidades originarias, y permitir que estas organicen su territorio bajo su derecho consuetudinario.

Por lo anterior, no solo basta con garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental como lo mencionó el 28 de julio el presidente electo, sino también se debe dotar de herramientas participativas para promover la vigilancia y monitoreo ambiental desde los territorios, especialmente en territorios con actividad minera, para de esta forma potenciar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, el camino hacia la minería sostenible no es la única opción, en cambio se debe promover las alternativas al desarrollo y siembra y cosecha de agua desde los pueblos y para el pueblo.

Por último, si bien el anuncio del presidente Castillo respecto a la creación de instrumentos de gestión para la implementación de un Plan Nacional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas es un anuncio alentador, este debe garantizar que los más de 10 millones de peruanos expuestos a estas sustancias toxicas puedan acudir a atención integra de salud oportuna[9].

 

[1] U.S. Geological Survey (2020). Mineral Commodity Summaries 2020. U.S.: U.S. Geological Survey.

[2] Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2020a). Anuario Minero, 2019. Lima: MINEM.

[3] De Echave, J. (2016). La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. Nueva Sociedad, 263, pp. 131 – 144.

[4] Barba, R. (2020). La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía. Universidad de Navarra. Recuperado de https://www.unav.edu/web/globalaffairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia.

[5] Ministerio del Ambiente – MINAM (2014). MINAM. Esta no es una revista más sobre el medio ambiente. Quién es quién en la minería ilegal. Lima: MINAM.

[6] Rumbo Minero (2019). Madre de Dios, Cusco y Puno son las regiones más afectadas por la minería ilegal en Perú. Rumbo Minero. Recuperado de https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/madre-de-dios-cusco-ypuno-son-las-regiones-mas-afectadas-por-la-mineria-ilegal-en-peru/.

[7] Tipian, P. y Vásquez, L. (2019). Informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA En defensa de nuestros recursos hídricos: Actuación defensorial frente a la gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal. Lima: Defensoría del Pueblo.

[8] Ministerio del Ambiente – MINAM (2020). Evaluación inicial del Convenio de Minamata. Sobre el mercurio en el Perú. Lima: MINAM.

[9] INFORME N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA. Propuesta de modificación de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM mediante la que se crea la Comisión Multisectorial para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población Expuesta a Metales Pesados.