Pronunciamiento a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos

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DENUNCIAMOS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ POR EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

La sociedad civil del sur andino y del Perú abajo firmantes, conformada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, entre otras, nos dirigimos a la comunidad internacional defensora de derechos humanos para señalar lo siguiente:

Primero. – El 9 de enero en Juliaca -Puno, se produjo el asesinato de otros 18 ciudadanos peruanos y peruanas. Y el 11 de enero último, el asesinato de otro peruano en Cusco. El Estado en lugar de proteger el derecho fundamental a la vida, la ha transgredido nuevamente. Con las 6 muertes de Apurímac, 10 de Ayacucho, 2 de Arequipa, 3 de Junín y 3 de La Libertad, suman al menos 43 peruanos/as asesinados/as o ejecutados extrajudicialmente. A ello se suma el crimen contra la vida de un efectivo de la PNP en Juliaca.

Segundo. – A estas muertes responsabilidad del Estado se suman los más de 600 heridos, en su gran  mayoría civiles, pero también efectivos policiales. A ello se debe agregar la situación de personas detenidas arbitrariamente que sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos, así como el allanamiento de domicilios, reglaje contra dirigentes sociales, instituciones de derechos humanos y congresistas y la intervención en locales de partidos políticos y organizaciones sociales. Igualmente se ha denunciado la presencia de policías vestidos de civiles, conocidos como ternas, quienes efectuaron detenciones arbitrarias. Todo ello, en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que ha producido diversos crímenes de lesa humanidad.

Tercero. – La presidenta Dina Boluarte ha reiterado que “no entiende qué piden los manifestantes”. Por el contrario, les acusa de azuzadores y terroristas, estigmatizando sus reclamos. Las demandas de las peruanas y peruanos movilizados en el sur y las regiones del país en su conjunto si bien son diversas, son claras y nacen de la indignación frente a un profundo malestar y cuestionamiento al modelo de representación política y económica. Las movilizaciones coinciden en 4 puntos importantes: el adelanto de nuevas elecciones generales para el 2023; el cierre del Congreso; la asamblea constituyente para una nueva Constitución; y ahora la RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte.

Cuarto. – A esta miopía política de la presidenta y al negacionismo represivo del Premier y del Consejo de Ministros a través de las fuerzas policiales y militares, expresada la noche del 9 de enero desde el Palacio de Gobierno, se suma la implementación de una arquitectura normativa, que instrumentaliza el derecho penal con el objetivo de criminalizar el derecho a protestar y opinar, y que busca limitar la libertad de asociación. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de esto, al operar conjuntamente como se volvió a constatar al otorgarse el voto de confianza al gabinete Otárola, responsable de las violaciones a derechos humanos descritos en los párrafos anteriores.

En este contexto de abierta vulneración de derechos y crímenes de lesa humanidad en nuestro país, SOLICITAMOS el pronunciamiento a la comunidad internacional de derechos humanos y a las instancias supranacionales que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos y la democracia. De esa forma apoyar en el cometido de salvaguarda de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas que hoy ejercen su derecho a la protesta. Solicitamos, a su vez, que la comunidad internacional incida ante el Estado peruano para conformar con urgencia y celeridad una Comisión independiente de Investigación que esclarezca las responsabilidades por las muertes de las 42 personas, que lamentablemente, incluye a menores de edad.

Perú, 12 de enero del 2023.

 

– Red Muqui

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno, Perú)

– Centro Bartolomé de Las Casas – CBC – Cusco

– Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF – Cusco

– Asociación de Mujeres Sinchi Warmi

– GRUFIDES – Cajamarca

– Centro de Cultura Popular Labor – Pasco

– Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD – Piura

– Asociación Nación Quechua – Qichwa Ayllu

– CooperAcción

– Instituto de Estudios de las Culturas Andinas- IDECA – Puno

– Instituto Ambientalista Natura – Ancash

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – La Libertad

– Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico – Huñuq Mayu – Ayacucho, Apurimac.

– Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) “José María Arguedas” – Cusco

– Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP, Ayacucho

– PROYECTO AMIGO – La Libertad

– VECINOS PERÚ

– Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH – Lima

– Red Uniendo Manos Perú

– Red Muqui Sur

– Casa del BienEstar Acobamba

– Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios

– Asociación mujeres emprendedoras Lircay, Huancavelica

– Asociación Tarpurisunchis – Apurimac

– Colectivo Santiaguinos en Acción

– Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

– Red Iglesias y Minería – Nodo Perú

– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

– Promoción «Amauta» 1991 – Colegio Emblemático César Abraham Vallejo Mendoza

– Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Siguen más firmas individuales…

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Dina Boluarte y ministros suman nuevas denuncias penales por manifestantes asesinados y heridos

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular de la PCM Alberto Otárola y un grupo de ministros han sido denunciados hoy por la congresista Ruth Luque ante la Fiscalía de la Nación por homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en contra del gobierno en las últimas semanas que han dejado a 45 personas muertas y más de un centenar de heridos.

La denuncia responsabiliza a los miembros del Poder Ejecutivo por las muertes y heridos registrados en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca. En una publicación en sus redes sociales posterior a la acción judicial la representante de Cusco exigió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe actuar con urgencia en defensa de la vida e integridad.

Hay que recordar que Luque también presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y miembros de su gabinete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por infracción a la Carta Magna y homicidio calificado.

La denuncia penal de la congresista se suma a otra acción similar contra la mandataria por los delitos de crimen organizado, genocidio y homicidio calificado entre otros, que presentaron durante esta jornada abogados del estudio Quiroz de Juliaca.

La demanda presentada en dicha ciudad también alcanza como autores mediatos al presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, a los ministros de defensa y del Interior, Jorge Chávez y Víctor Rojas, respectivamente y a Carlos Bravo Jefe de la Macro Región Policial de Puno.

En los fundamentos de la acción penal los abogados demandantes exponen “que el actuar delictivo de las fuerzas del orden expresa el modus operandi en el actual contexto de conflicto, pues no son acciones aisladas sino esas muertes se producen con similar propósito a las ocurridas en las ciudades de Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, entre otros; es decir, estas acciones son planificadas y dirigidas, con el claro objetivo de causar las muertes…”

Según expresan en la denuncia “….nada puede justificar que el Estado cometa GENOCIDIO, HOMICIDIO CALIFICADO y otros, cause las muertes de ciudadanos, bajo ningún contexto». De acuerdo a las pruebas aportadas se evidencia según los letrados que la acción represiva tiene como objetivo claro  “desaparecer las manifestaciones, y dejar como lección a la población del poderío estatal organizado”.

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Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se pronuncia sobre los sucesos en protestas en Puno

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La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de la Región Puno, y de la provincia de San Román, tras la confrontación entre pobladores y las fuerzas del orden ocurrido en inmediaciones del aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en los días  6 ,  7 y 8 de enero del presente en la que resultaron innumerables ciudadanos y policías heridos, expresamos lo siguiente:

PRIMERO.- Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, para que moderen su intervención en las acciones disuasivas, actuando de manera proporcional y razonable;   hacia los ciudadanos y ciudadanas; así mismo, a respetar la labor de los periodistas que cubren la información de  los hechos.

SEGUNDO.-Invocamos a los manifestantes para  que la protesta social transcurra de manera pacífica, como ejercicio de un derecho fundamental. Nuestro deber como ciudadanos es cuidar y respetar los bienes privados y públicos; así como el respeto a  los derechos de las personas que no están en las movilizaciones.

TERCERO.-  Es necesario que contribuyamos  en la defensa de la vida, facilitemos la circulación  de las ambulancias y personal de salud para que cumplan con su labor de proteger  a la población, de igual manera el paso de los bomberos que acudan en auxilio de los ciudadanos, evitando el lanzamiento de piedras. Asimismo, invocamos a la responsabilidad de los padres y madres de familia a no exponer a sus hijos menores de edad en zonas de alta convulsión social por los riesgos que puede implicar para su integridad física y psicológica.

CUARTO.-  Pedimos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República tomar en cuenta en sus agendas las urgentes demandas de la población del Perú profundo,  expresadas en estos días de paralización y que puedan contribuir  al diálogo y a la pacificación .

QUINTO.- Solicitamos que los operadores de justicia intervengan  en forma oportuna de acuerdo a sus atribuciones en la defensa de los derechos de las personas.

SEXTO.- Invocamos a que el Estado cumpla con su labor de protección garantizando la atención integral de salud de los heridos  hasta su completa recuperación . Así mismo en forma solidaria y humanitaria solicitamos a  la comunidad en general a adherirse   en forma concreta (donación de sangre, apoyo con medicamentos, víveres etc) con los heridos y sus  familiares, y como una posibilidad  a través de la Parroquia  Pueblo de  Dios (Av. Triunfo, 8va cuadra Pueblo joven Revolución,  distrito de San Miguel) y contactarse con los teléfonos  al fijo 051 321849 y al celular 951758900.

¡¡¡La vida es el don más preciado y está en nuestras manos cuidarla y hacerla florecer!!!

Comité Ejecutivo Regional de Puno  y  provincial de San Román.

Puno, 08 de enero del 2023

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Fuero Militar Policial anuncia que no acatará lo señalado por la presidenta Boluarte y no investigará asesinatos de manifestantes

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En medio de la crisis social y política que se vive en el Perú, luego de la vacancia de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte como presidenta de la República, la policía nacional y los militares han seguido reprimiendo las manifestaciones legítimas en las diferentes regiones del país.

De acuerdo a la Dirección Regional de Salud, hasta la fecha, se han registrado 25 asesinatos de manifestantes como consecuencia de los enfrentamientos que han tenido con la policía y fuerza armada en Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho. Asimismo, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre las personas fallecidas, se encuentran 04 menores de edad. Esto es un indicador de la brutalidad con la que ha actuado la policía y el gobierno de Boluarte para reprimir las manifestaciones.

A pesar de los asesinatos, la gran cantidad de personas heridas y las detenciones arbitrarias que realiza la policía, la presidenta ha tomado decisiones que han crispado mucho más el ambiente, como, por ejemplo, la declaración de Estado de Emergencia en el país de una duración de 30 días.

Además, el domingo 18 de diciembre, a través de diferentes medios de prensa, Dina Boluarte anunció que las nueve muertes que dejó la represión por parte de soldados a las protestas del 15 de diciembre en Ayacucho, serán investigadas en un fuero militar, un juicio realizado única y exclusivamente para juzgar delitos de función en los que incurra el Personal Militar y Policial en situación de actividad.

“La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar en el fuero militar. Ninguna muerte es aceptada, y me duele…”, dijo Boluarte en el programa ‘Cuarto poder’.

Esto representa una decisión que  deja impunes los crímenes cometidos de la policía y militares contra el pueblo, porque la vulneración de los derechos humanos cometidas por los militares no puede ser derivadas por la justicia militar, sino tienen que ser juzgadas en un fuero común, lo cual compete a la Fiscalía y al Poder Judicial.

Frente a esta decisión, diferentes especialistas y autoridades criticaron este anuncio, como por ejemplo, la expremier, Mirtha Vásquez quien declaró que esta decisión “es una burla para los familiares de las víctimas” y pidió dejar de criminalizar las manifestaciones a nivel nacional.

Asimismo, la congresista Susel Paredes señaló que las muertes en las protestas son “posibles casos de vulneración de derechos humanos”, por lo que corresponde que sean investigadas por un fuero común.

Diversos especialistas recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los casos de muertes durante protestas contra el Gobierno tienen que ser solo investigados por el fuero común y no por el militar, argumento que pretendía usar el ex-presidente Alberto Fujimori para librarse de la condena por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia también resolvió, en el 2004, que las violaciones de derechos humanos son de competencia exclusiva de la justicia común (Fiscalía y Poder Judicial).

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN:

La presidenta Boluarte también ha recibido el respaldo de autoridades como el ministro de Justicias José Tello, quien se mostró de acuerdo con que los casos de asesinatos deben verse en el fuero militar ya que considera que sí “hubieron excesos”

Sin embargo, el día de hoy, Fuentes de la Justicia castrense señalaron que se oponen a ello y no investigarán las 22 muertes con arma de fuego ocurridas durante la represión de las marchas, porque esto corresponde al fuero común. Esto luego de que el diario La República consultara con fuentes militares

Asimismo, a través de un reciente pronunciamiento, el Fuero Militar Policial (FMP) señaló que no juzgan delitos comunes, previstos en el Código Penal Común, tampoco a civiles y a militares o policías en situación de retiro. El FMP sí investiga y sanciona los delitos de función cometidos por el personal militar y policial en situación de actividad, conforme lo previsto en el Código Penal Militar Policial

Por esa razón, lo que sí señaló es que la Fiscalía Militar Policial investigará a los agentes de las Fuerzas Armadas y de la policía nacional que resulten responsables de delitos de función durante las recientes protestas en el país. El “delito de función” es toda conducta ilícita cometida por un militar y policía en actividad, que atente contra los bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funcionamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Es importante señalar que los asesinatos y vulneraciones de derechos ocurridos en los enfrentamientos deben ser investigados de manera imparcial y objetiva de manera que pueda haber justicia.

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Régimen agrava criminalización de la protesta con allanamiento y retención de campesinos

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Una nueva escalada en el intento de suprimir la protesta social se ha vivido desde tempranas horas de este sábado, cuando una cincuentena de policías han allanado sedes de organizaciones sociales y un partido político para apresar a dirigentes sociales, cuyo delito ha sido haber participado de marchas pacíficas en Lima.

Luego de más de 10 horas retenidos en la sede de la Confederación de Campesinos del Perú, 26 campesinos quechuahablantes de Cusco, Apurimac, Ayacucho y Cajamarca  han recobrado su libertad. La denuncia pública, la oportuna intervención de congresistas y abogados, y la presión de la población han logrado que se les libere.

En la mañana reportes viralizados en redes sociales daban cuenta de violentos allanamientos en las sedes de la Confederación de Comunidades Campesina (CCP) y del partido Nuevo Perú situados a una cuadra del óvalo Bolognesi, en el Cercado de Lima. La operación policial a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) fue encabezada por el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y dejó un saldo de 22 campesinos detenidos, en su mayoría quechuahablantes de las regiones de Apurímac y Cusco. Las personas habían pernoctado en dichas sedes después de haber participado de las protestas que se han desarrollado en los pasados días en la capital del país.

Al comentar el supuesta hallazgo de pasamontañas, machetes y armas hechizas que dejó la acción, realizada sin la presencia de la fiscalía como demanda el ordenamiento jurídico en un debido proceso, la congresista Ruth Luque que se acercó a la sede de la CCP junto a las parlamentarias Sigrid Bazáne e Isabel Cortez denunció la grave lógica de terruquear a las personas:  “Se pretende sobre la base de movilizaciones de la población decir o imponer una lógica de que acá hay terrorismo y eso no lo vamos a permitir. La época de los años 80 pasaron hoy es momento de defender la democracia, los derechos humanos y evitar que la población sea terruqueada. No vamos a permitir intervenciones a organizaciones sociales que se genere violencia y que luego se empiecen a levantar hipótesis de terrorismo”.

La legisladora denunció además que había sido impedida de cumplir su labor de fiscalización y representación, cuando la PNP le negó ingresar a los inmuebles. Recién después de la masiva presencia de medios y transeúntes, se le permitió el ingreso donde constató la ausencia de algún representante de la fiscalía en el operativo. El secretario del partido Nuevo Perú, Enver León denunció que las armas hechizas y machetes, “decomisadas” ,y que en las fotografías de redes sociales aparecen nuevas y todavía con etiquetas y códigos de barra , habían sido “sembradas” por la propia policía.

La parlamentaria Sigrid Bazán, por su parte, rechazó el actuar policial que a su entender no se ciñó a la ley: “Sabemos que estamos en un estado de emergencia que ya de por sí es muy cuestionable y lamentamos que ese estado de emergencia este estado de excusa para vulnerar derechos fundamentales entre ellos el derecho a la defensa lamentamos que la dirigencia el día de hoy no haya tenido ningún tipo de causal, no hay ni una sospecha ni una orden judicial y mucho menos flagrancia en la intervención que se ha hecho el día de hoy”.

La legisladora lamentó que recién el martes se retome en el Pleno del Congreso la discusión sobre el adelanto de elecciones como si el país no viviera una trágica crísis con altísimo número de personas asesinadas. “Nosotros nos avergonzamos de lo que se ha vuelto nuestra institución. Nos avergonzamos de que hoy crean que balear a gente inocente intervenir locales de izquierda, afectar a comunidades campesinas, lo consideran terrorismo y lo consideren un avance a la democracia no hay nada más antidemocrático que esto y la señora Dina Boluarte que hoy gobierna con una junta militar debe responder ante la justicia”.

Estos allanamientos y detenciones, pero en especial los crímenes cometidos en estos días del régimen encabezado por Dina Boluarte ya están llegando a oídos de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En la tarde de este sábado desde Ucayali se ha informado sobre un número indeterminado de civiles heridos a bala disparadas por miembros del Ejército desplegados en el distrito de Huipoca. De pronto la Misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Perú ha hecho un serio llamado al gobierno en su cuenta oficial de Twitter al referirse a este allanamiento en particular: “Recordamos a las autoridades que las limitaciones al #DDHH a la reunión pacífica tienen que ser excepcionales y cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en todo momento”.

 

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ALERTA: Ministerio Público busca criminalizar la protesta social utilizando el delito de crimen organizado

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La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro ha emitido hoy el Oficio  000335-2022-MP-FN-PJFSLIMA por el cual dispone que las fiscalías especializadas en la investigación de crimen organizado de Lima Centro, investiguen los hechos denunciados contra los manifestantes (en el marco de las actuales protestas) como si fuesen cometidos en contextos de delitos de crimen organizado.

Ello supondría que los manifestantes que sean apresados e imputados por la comisión de delitos puedan ser detenidos en forma provisional hasta por 15 días sin intervención del juez, tal como lo estableció la modificación constitucional aprobada mediante Ley No. 30558 (04.11.2017). Esta disposición fiscal hace prever  un incremento en la persecución de las manifestaciones por parte del Ministerio Público, siendo lo más grave que serían denunciados por delitos de crimen organizado. 

En el escrito se urge a los funcionarios públicos “…a realizar intervenciones inmediatas y diligencias urgentes por delitos que pudieran cometerse en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país…”. Una formulación que pareciera de sentido común, perseguir cualquier delito independientemente del contexto en el que se realiza. Sin embargo, para el abogado de FEDEPAZ, David Velazco, esta orden adquiere otro cariz en el marco de las masivas y legítimas protestas sociales que se están desarrollando en este momento en el país, ya que obedece a una lógica de instrumentalizar el derecho penal para perseguir a las defensoras y defensores de derechos humanos imputándoles crímenes que en modo alguno pueden cometer porque no son delincuentes y menos pertenecen a organizaciones criminales. 

Con ello se prejuzga que los delitos que se pudieran cometer se llevan a cabo en contexto de criminalidad organizada, contrariando así el texto aprobado por la propia Fiscalía de La Nación que exige no prejuzgar a defensoras y defensores (Resolución de la Fiscalía de La Nación No.439-2022-MP-FN) en las investigaciones fiscales.

De esa manera, el jurista teme que los persecutores podrían tratar a quienes protestan y son detenidos como autores de delitos en organización criminal. Con ello ya no hay obligación de presentarlos ante un juez en un plazo de 48 horas sino que les pueden aplicar detención preliminar hasta por 15 días sin intervención del magistrado y aprovechar dichos días para «escarmentarlos”.

En su momento la modificación constitucional fue cuestionado por las organizaciones de DDHH porque se preveía que se iba a utilizar contra quienes protestan por decisiones del gobierno que afectan sus derechos fundamentales y que sus organizaciones representativas como Comités de Lucha, Frentes de Defensa, Asambleas Comunales, etc., iban a ser catalogadas arbitrariamente como organizaciones criminales, tal como viene sucediendo en diversos procesos de investigación fiscal y judicial, en torno a la conflictividad social generada por actividades extractivas. 

Ahora y en el contexto de una masiva protesta política y social se hace evidente que la restricción de derechos en algún momento despliega su potencial represivo y podría hacer aún más peligroso salir a defender derechos.

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Mujeres de 13 regiones afectadas por metales pesados fortalecen organización

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El 29 y 30 de noviembre se realizó el III Encuentro de Mujeres de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMPMOSQT) con la participación de lideresas provenientes de 13 regiones del país, en Lima.

El objetivo de este evento fue promover el autocuidado, fortalecer la organización y liderazgo de mujeres, así como elegir la primera Secretaría de Mujeres de la Plataforma.

Como parte de sus actividades, se llevaron a cabo talleres de autocuidado, cuidado colectivo y fortalecimiento de la organización a cargo de las facilitadoras Nancy Cifuentes y Gladys Vila.

A través de esta actividad, se viene fortaleciendo la organización interna y participación de las mujeres afectadas por metales en la Plataforma.

Además, OXFAM presentó la investigación “Contaminación por metales pesados en el Perú: Impactos y costos sobre la salud, la economía y el cuidado doméstico”.

Asimismo, se realizó un taller sobre el impacto de metales pesados a cargo de las especialistas Paula Meza y Ana Leyva. Dicha actividad fue acompañada con la presentación de la versión amigable del Plan Multisectorial Especial Para la Atención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM).

Durante el Encuentro, Karla Eroyla fue elegida la primera Secretaria de Mujeres de la Plataforma, representando a la región Cajamarca, y como subsecretaria fue electa Rudy Sajami, representante de Loreto.

“Este encuentro ha sido muy importante especialmente para las mujeres que estamos pasando momentos difíciles en nuestros territorios, afectados por metales pesados, ya que psicológicamente lo pasamos mal y también luchamos por el medio ambiente y en defensa de nuestras comunidades”, señaló Elsa Merma, representante de Espinar, Cusco.

El Encuentro es parte de las actividades programadas en la Semana de Salud Ambiental y Humana coordinada entre la Plataforma Nacional de Afectados y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, que va del 29 de noviembre al 03 de diciembre.

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Ejecutivo y congreso no aprueban presupuesto para la protección de defensores y defensoras ambientales

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En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

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Comunidad campesina demanda al Estado por impulsar megaproyecto que afectará Área Natural Protegida Chaparrí

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Nota elaborada por la institución Aklla Pacha de Chiclayo

En los últimos meses se ha incrementado la violencia y acciones de criminalización contra los directivos y comuneros defensores de Chaparrí en Chongoyape, hecho que respondería a un sospechoso patrón que coincide con anuncios de avances en las negociaciones para la Construcción de la Represa Montería por parte del GORE Lambayeque. Hecho casi corroborado con el reciente anuncio del Gobernador Anselmo Lozano Centurión quien habría expuesto ante el presidente Pedro Castillo la suscripción del convenio interinstitucional entre el MIDAGRI, Proinversión, y el GORE Lambayeque, para la próxima ejecución de la Iniciativa Privada Cofinanciada-IPC “Sistema Hídrico integral del Valle Chancay-Lambayeque”. Es decir, la Presa Montería, con una inversión estimada de unos 700 millones de dólares.

Así, en este contexto la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, representada por su presidente Sr. Edivar Juan Carrasco Vásquez, anuncia que se ha presentado una demanda de amparo, para frenar de una vez por todas el proyecto La Montería, el mismo, que desde que el GORE Lambayeque anunciara propuesta y avances de negociación, solo han traído tráfico de tierras, falsos comuneros, usurpación, agresión, criminalización y muerte a esta emblemática comunidad. Entre los demandados se encuentran el MIDAGRI, el GORE Lambayeque representado por el señor Anselmo Lozano Centurión y al PEOT.

El abogado Marco Chung Ramos de la ONG Aklla Pacha, detalla que “en esta demanda de acción de amparo se solicitó la nulidad de todos los actuales proyectos y la aplicación de la consulta previa, ya que la construcción del Mega Proyecto IPC LA MONTERIA constituiría amenaza inminente para el ACP Chaparrí, ya que pretende construirse en suelo reconocido como Área Natural Protegida por el propio Estado peruano, afectándose así a la más grande reserva ecológica del departamento de Lambayeque”. Además, hace énfasis en que “esta demanda busca proteger a la reserva ecológica que alberga a especies en peligro de extinción como el oso de anteojos”.

 

*Para mayor información contactar: *
Edivar Carrasco – presidente de la Comunidad – 943807937
Marco Chung – asesor legal – 931 773 160 (wsp)

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Autoridad Nacional del Agua aún no se pronuncia ante apelaciones contra otorgamiento de agua de ríos a Southern

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La Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el 19 de setiembre pasado presentó su recurso de apelación contra la resolución Nº 624, dentro de los 15 días hábiles que señalaba la norma, pero hasta el momento no tienen respuesta a pesar que ya han transcurrido más de 2 meses. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) señaló que en 30 días iban a resolver las apelaciones de acuerdo a la norma.

Asimismo, el martes 11 de octubre, en declaraciones a los medios de comunicación, la ministra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, señaló que en dos semanas se podría conocer el pronunciamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respecto a las apelaciones que se presentaron por parte de diversas instituciones y organizaciones de agricultores contra la resolución Nº 624, que otorga derechos de uso de agua a favor del proyecto minero Quellaveco de la empresa Southern.

A pesar de esta pasada declaración de la ministra y el plazo vencido, no se sabe en que etapa se encuentran las apelaciones y cómo los miembros del Tribunal las resolverán.

Cabe recordar que, después que la ANA emitiera la Resolución Directoral Nº 0624-2022 en que se le permite a Quellaveco el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, los representantes del valle de Tambo se mostraron en desacuerdo con la decisión y apelaron.

El abogado Ivan Díaz, quien es asesor de las 3 juntas de usuarios del valle de Tambo, señala que él tiene varios procesos en dicho Tribunal y que ya han pasado varios meses y no tienen respuesta alguna. “La ANA dice que una apelación se resuelve en 30 días ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, mire, yo he tenido y tengo procesos en el Tribunal que ya llevan 6 u 8 meses en trámite, no son 30 días, eso lo dirá la norma, pero no es así en la práctica”, precisa el abogado.

Si el Tribunal deniega las apelaciones “vamos a ir todos al proceso contencioso administrativo, ahí también se puede plantear una medida cautelar de suspensión”, dijo.

También se preguntó: ¿por qué la ANA tuvo que comunicar inmediatamente la resolución Nº 624 al Ministerio de Energía y Minas si todavía no quedó consentida porque estaba en apelación?.

Lo que llama seriamente la atención es que el MINEM en base a esta resolución de la ANA, inmediatamente le otorgó a Quellaveco la autorización de la operación comercial, es decir, para que inicie su operación de explotación propiamente dicha. De acuerdo a la información oficial, Quellaveco ya habría realizado hasta hace alguna semanas, dos embarques de concentrado de cobre al extranjero; y curiosamente, el primer cargamento se embarcó el 26 de setiembre, un día después que el MINEM le otorgará la autorización para sus operaciones comerciales.

Tampoco hay explicación alguna sobre el por qué no se instaló la Mesa Técnica que iba a revisar la resolución Nº 624 por parte del Gobierno, tras los acuerdos de la reunión en Lima en que participaron autoridades de la región de Arequipa, de la provincia de Islay, y de la Junta de Usuarios del valle de Tambo. Frente a este hecho, los congresistas por Arequipa, Jaime Quito y María Agüero, le recordaron hace dos semanas al presidente Castillo que cumpla los acuerdos sostenidos con las autoridades y dirigentes.

 

 

 

 

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