El conflicto socioambiental en Ica

Por: Edwin Alejandro Berrospi / Área Socioambiental de la Red Muqui

El crecimiento económico en el Perú basado en la explotación excesiva de los recursos naturales como los minerales, el petróleo y la agricultura, han generado graves impactos ambientales, sociales y económicos en el país, como se puede apreciar en el último conflicto socioambiental que estallo en violencia en la Región Ica por la explotación laboral de las agroexportadores y los graves problemas con los recursos hídricos. Es decir las empresas agroexportadoras han recibido privilegios del estado (mediante la ley 27360) conocidas como la ley de Promoción Agraria que fue aprobada por el régimen de Fujimori y que permitía obtener extraordinarias ganancias a las agroexportadoras con mano de obra barata, con menos derechos laborales y encima podían ser sub contratadas a través de sérvices. El negocio de las agroexportadoras fue extendida por 10 años más por un congreso fuertemente cuestionado, incluso promulgada por el propio presidente Vizcarra y que finalmente con las protestas que surgieron en Ica esta norma fue derogada por el Congreso de la República

Sin embargo, la derogatoria de esta norma no soluciona el grave problema de la sobre explotación de los acuíferos en el Valle de Ica que afecta seriamente la disponibilidad del agua, la concentración de las tierras por las empresas agroexportadoras y la pobreza de los pequeños agricultores.

El grave problema de sobre-explotación de los Acuíferos en el Perú

Los cultivos de agroexportación del valle de Ica utilizan grandes cantidades de agua para su producción (espárragos, vid,  algodón, etc.) por ello creciente demanda por el recurso hídrico ha generado un grave problema en la disponibilidad de agua subterránea, debido a que se extrae con tecnologías modernas de pozos cada vez más eficientes. La tecnología utilizada por la mayoría de las empresas agroexportadoras es computarizada y con un sistema de riego por macro-aspersión, lo que un campesino o el pequeño productor agrario no podrían tener acceso por el alto costo que implica su adquisición.

La población pobre del valle de Ica es la que más sufre y a veces estas comunidades tienen que sobrevivir con apenas 10 litros de agua por personas.

Actualmente la explotación de los acuíferos es intensiva y a lo largo de varios años ha llevado a una situación de sobrexplotación. Según en inventario de la Autoridad Nacional del Agua, en Ica existen más de 2,880 pozos en tres sistemas de extracción (1840 pozos tubulares, 354 pozos mixtos y 686 pozos de tajo abierto)[1] que explota un promedio de 526 mmc para uso agrícola, y tan solo el 7% para uso doméstico y el 1% para uso pecuario.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reserva explotable en el acuífero de Ica era de 189 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó un volumen de -146 hm3/año, y en 2013-2014 se llegó a una cifra mucho peor. En el caso del Acuífero de Villacurí la reserva explotable era de 63 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó una cifra de -165 hm3/año; y en 2013-2014 la cifra estuvo en -215 hm3/año. Asimismo, la reserva explotable en el acuífero de Lanchas era de 17 hm3/año; y en 2009 se sobreexplotó un volumen de -25 hm3/año; y en 2013-2014 subió a una cifra de -36 hm3/año.

 

 

 

 

El problema de la concentración de tierras para la agro-exportación

Desde la década de los 90´ con el régimen de Fujimori, se inicia el mercado de la tierras como mecanismo para otorgar la seguridad jurídica a los propietarios individuales y mediante el DL 653  “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” muchos empresarios empiezan a comprar tierras en Ica para la agroexportación y es ahí donde se inicia  también la marginación a los pequeños productores agropecuarios y las comunidades campesinas.

En efecto, la concentración de tierras se ha expandido a gran velocidad y por consiguiente la apropiación de las principales fuentes hídricas del Valle con el objetivo de expandir la agroexportación. La propiedad de la tierra es fundamental para ejercer el control del acceso al agua principalmente subterránea como podemos ver entre el periodo (1994 y 2012) la concentración de tierras con más de 500 hectáreas se ha incrementado en más de 347% a favor de grandes empresas agroexportadoras, mientras que los pequeños productores o agricultores familiares con menos de 5 hectáreas se ha reducido en -27.25%.[2]

 

 

 

 

 

Por ello es importante que la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales y el gobierno regional fiscalicen a las grandes empresas agroexportadoras que vienen utilizando de manera indiscriminada los acuíferos y de manera inmediata se debe disminuir la explotación de las aguas subterráneas para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Además desde las organizaciones sociales y la junta de usuarios de riego; así como de las autoridades locales debería conformarse los comités multisectoriales para ejercer una vigilancia y un control estricto de las principales fuentes hídricas.

La agricultura y en especial la agricultura familiar con más de dos millones de agricultores familiares necesitan la atención urgente del estado en plena pandemia con políticas públicas claras de protección de las principales fuentes hídricas y el acceso humano al agua, reactivación de agro con mayor presupuesto público entre otras demandas de este importante sector que produce alimento para todos los peruanos y peruanas.

[1] IRHS Inventario de recursos hídricos subterráneo 2009

[2] Censo Agropecuario 1994 y 2012

El martes 8 de diciembre, Red Muqui presentó la investigación: “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en tiempos de la Covid-19 y reactivación económica» en el distrito de Cocachacra del valle de Tambo. Asimismo, el miércoles 9 de diciembre presentó la investigación en la ciudad de Arequipa.

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Por. Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Cada 10 de diciembre conmemoramos el día de los derechos humanos en el mundo entero, debido a que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Y vaya que este año en el mundo entero y en nuestro país los derechos humanos han estado a prueba, no solo por la crisis sanitaria y económica que nos toca vivir, si no porque nos ha tocado defender los DDHH más que nunca. Durante la pandemia el derecho a la salud y a la vida misma ha sido nuestra principal defensa ante la precariedad del sistema de salud pública y el aprovechamiento y el lucro de las clínicas privadas. Miles de familias han exigido al Estado que se cumpla con el deber de garantizar el acceso al derecho a la salud y que se hagan las reformas necesarias en este sector para que todos y todas podamos acceder a ella.

Del mismo modo, durante los últimos meses y semanas hemos asistido a una crisis política y social sin precedentes en nuestro país, llegando a tener inclusive 3 presidentes en una semana; sin embargo, gracias a la población movilizada e indignada hemos logrado revertir de alguna forma la repartija de poder y corrupción en el que están involucrados varios partidos y grupos de poder económico en el país. El costo de esta movilización sin duda ha sido alto, ya que dos jóvenes fueron asesinados (Inti y Bryan), tenemos varios heridos y hubo hasta desaparecidos. Los responsables políticos y directos de estos hechos fueron el inefable congresista Manuel Merino, el gabinete golpista, el ministro del Interior y los miembros de la PNP. Aún a pesar de estos abusos ha quedado claro que el derecho a la movilización, a la protesta social, a la libertad de transito, a la opinión y a disentir son derechos inalienables que toca defenderlos, tal como ha sucedido durante los días de la movilización.

Sin embargo, siendo hoy 10 de diciembre, estamos lejos todavía de tener una sociedad y un Estado que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, ya que en estas últimas semanas pobladores del interior del país se han movilizado para reivindicar sus derechos. Los casos de Ica y Chao en La Libertad (donde también murió un joven) son un ejemplo de ello. Por muchos años los trabajadores agrícolas del sector agroexportador en el país nunca han recibido beneficios y son tratados en condiciones de semi esclavitud. En suma, tenemos un país movilizado. Esta semana los conflictos socioambientales en el sector minero se han reactivado con mucha fuerza, y los reclamos son múltiples: van desde denuncias de contaminación ambiental y de salud humana, rechazo al ingreso de operaciones mineras, hasta el cumplimiento de acuerdos de las mesas de diálogo que el mismo gobierno ha firmado. Lamentablemente en estos casos la represión y la violencia con la que actúa la PNP en los últimos años en contra de los derechos de las comunidades y poblaciones locales es pasado por agua tibia por los medios de comunicación y autoridades nacionales. Pareciera que a veces los derechos no son iguales para todos/as; por lo menos en zonas mineras, donde lo económico se sobrepone a los derechos individuales, colectivos y ambientales.

Durante las últimas semanas nuestro país ha enfrentado una serie de crisis: sanitaria, económica, política, agraria, entre otras; y que han sido acompañadas de movilizaciones y protestas sociales. Algunas se reactivaron ya que habían sido suspendidas debido a la cuarentena a causa de la Covid-19, pero otras han surgido como consecuencias de la crisis que actualmente enfrentamos, entre ellas los conflictos socioambientales.

Hacia noviembre del año 2019, la Defensoría del Pueblo había reportado que en el país existían 126 conflictos de tipo socioambientales, de estos 81 estaban relacionado con las actividades mineras[1]. Después de casi un año, este escenario no ha mejorado mucho, pues en su último reporte de conflicto sociales la Defensoría del Pueblo reportó que actualmente existen 125 casos de conflicto socioambientales de los cuales 77 están relacionadas a actividades mineras[2]. De ambos datos claramente se evidencia que en este año no hay una tendencia al decrecimiento de los casos. Esto puede tener como causa que los mecanismos empleados para la resolución de los conflictos no están siendo efectivos, como lo que ocurre con las mesas de diálogo.

Las mesas de diálogo son espacios que “suelen conformarse a partir de un conflicto social que ha escalado y hecho crisis. Se trata de un espacio político donde acuden los protagonistas del mismo en busca de soluciones al problema que lo motivó. En teoría, se trataría de un espacio donde los actores se conocen, intercambian e incorporan las reivindicaciones de uno en las del otro, tratando de establecer un clima previo de confianza que facilite las ulteriores negociaciones y acuerdos”[3]. Pero más allá de los objetivos con el que lo instituyó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, existen críticas muy duras al incumplimiento de los acuerdos a los que se arriban, lo cual motiva nuevamente el surgimiento de nuevos conflictos.

Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con la población de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), que en los últimos años vienen protestando (el más reciente iniciado el 01 de diciembre del 2020) en contra de MMG Las Bambas y su proyecto minero. Los pobladores locales denuncian que tanto la empresa como el Estado vienen incumpliendo los acuerdos de la mesa de diálogo.

La implementación de las mesas de diálogo ha enfrentado muchos desafíos con cada conflicto, la primera que sale a relucir claramente es que este mecanismo no se encuentra regulado. Esto puede en primer momento representar una oportunidad, pues permitiría una mayor flexibilidad de acuerdo al caso concreto, pero al mismo tiempo genera muchos vacíos al momento de la toma de decisiones o el cumplimiento de acuerdos. De la misma forma, la naturaleza de cada conflicto puede demandar la presencia de diferentes sectores en la mesa de diálogo para la búsqueda de solución a las demandas, pero una falta de articulación interinstitucional para dar una respuesta conjunta e integral es una barrera. Sobre todo, teniendo en cuenta que en muchos conflictos socioambientales relacionados a la minería están presentes las materias de fiscalización ambiental, protección del territorio comunal, consulta previa, monitores de la calidad de agua y suelo, salud humana, proyectos de inversión, entre otros.

Muchas de estas demandas están estrechamente vinculas a derechos fundamentales, no solo los de naturaleza individual sino los colectivos que corresponde a los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución Política y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Las mesas de diálogo en contextos mineros deben constituirse en verdaderos espacios de diálogo democrático e intercultural, con pertinencia cultural, que permitan atender las demandas de las poblaciones a través de la construcción de alternativas en forma conjunta (Estado, empresa y comunidades), y sobre todo debe garantizarse el cumplimiento de los acuerdos en los plazos y términos establecidos. Solo así se podrá recobrar la confianza de la población en la buena fe de los actores involucrados y su compromiso.

Lamentablemente los hechos en los últimos años evidencian que las mesas de diálogo no siempre terminan por resolver los problemas de fondo expresados en la conflictividad social; debido a que se instalan después de la escalada del conflicto, desencadenado pérdidas de vidas y heridos, a las que se suman el incumplimiento de las actas y acuerdos que firman el gobierno y las empresas debido a los plazos y la falta de presupuesto. Finalmente, en ocasiones se percibe erróneamente que las mesas de diálogo son solo para otorgar más dinero a la gente y a las autoridades locales, cuando en realidad los pobladores solo buscan ser escuchados y respetados en su posición. Si bien el dialogo y las mesas de diálogo pueden ser una oportunidad para atender demandas justas de la gente, su incumplimiento puede ser la causa de un nuevo conflicto.

 

 

[1] Defensoría del Pueblo.  REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 189. Pág. 19 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-189-Noviembre-2019.pdf

[2] Defensoría del Pueblo. REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 199. Pág. 18 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-199-septiembre-2020.pdf

[3]  Rodrigo Arce Rojas. Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo y Gestión Territorial Sostenible. SERVINDI. https://www.servindi.org/actualidad/93733

Tras 15 días de protestas en contra de la minera Summa Gold, los pobladores de Shiracmaca en Huamachuco (La Libertad) continúan en paralización. Los reclamos de esta comunidad se centran para que cese la violencia y hostigamiento de la empresa y que se respete su medio ambiente y derecho al acceso al agua.

Durante la marcha pacífica realizada estos días se pudo constatar junto a representantes de la minera Summa Gold que las tuberías de abastecimiento de agua del poblado Shiracmaca se encontraban rotas. Frente a las preguntas realizadas a la abogada de la empresa minera sobre este tema, solo respondió que se realizará la investigación correspondiente al área encargada para dar una respuesta.

Pobladores radicalizarían medidas

Según lo manifestado por los dirigentes, la población de Shiracmaca realizará acciones legales (medidas cautelares) y darán 7 días hábiles para que la empresa minera y las autoridades regionales y nacionales den respuesta y solución a sus pedidos. De no llegar a un acuerdo tomaran medidas más severas bloqueando las carreteras en su totalidad e impedir el ingreso a Huamachuco.

Recordemos que, a raíz del vídeo difundido por las redes sociales donde se observa la violenta agresión por parte de miembros de seguridad de la empresa minera a uno de los dirigentes de la zona, el pueblo de Huamachuco se movilizó para denunciar y rechazar estas acciones y otros abusos cometidos por la minera Summa Gold.

Las comunidades más afectadas por la empresa minera son Shiracmaca, Coigobamba, El Toro y Santa Cruz. En la actualidad sus habitantes sufren las consecuencias de las vibraciones provocadas por las explosiones nocturnas que realiza la empresa minera para extraer el oro de Cerro El Toro.

5 mil afectados y afectadas

Debido a estas explosiones a tajo abierto, más de 5 mil familias se ven afectadas física y mentalmente por la intoxicación con polvo metálico e impurezas que afectan el agua, tierra y aire. A esto se suma las rajaduras ocasionadas en las casas que ponen en peligro latente a los habitantes de estas comunidades. Según lo manifestado por el dirigente de la JASS, Delmer Alva:

“hay una denuncia que estamos haciendo, y en esa denuncia está estipulado los daños que están haciendo a los niños, daños psicológicos y ambientales. Ahora tenemos una población de niños afectados por la violencia, viven con miedo, asustados por los disparos y las explosiones”

El caso más grave es el de la institución educativa IE N°80131 que, según lo manifestado por la consejera regional, Jennifer Catalán, quedó inhabilitado tras colapsar producto de las detonaciones. Por tal motivo los niños del nivel inicial fueron trasladados a aulas prefabricadas.

Sobre las afectaciones de las comunidades, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento del caso e incluso envió el documento Carta de Conclusiones N° 142 – 2020 – DP/OD LA LIB al Sr. Moisés Ruiz Flores, presidente del Frente de Defensa, constatando las acciones realizadas para la fiscalización de las actividades de la minera Summa Gold.

La estrategia de la empresa minera

Lo ocurrido en Shiracmaca grafica cómo opera la minera Summa Gold frente a un hecho que afecta a diversas familias. Dividido en dos sectores: la parte alta y la parte baja, los hogares de Shiracmaca se han visto dañados con resquebraduras por las constantes detonaciones dejándolas en peligro ante posibles colapsos.

Situación que, según lo manifestado por Jennifer Catalán y Moisés Ruiz, llevó a la población a mostrar su rechazo frente a la minera y por lo cual ésta terminó otorgando 850 soles a cada familia afectada. Los únicos que aceptaron el dinero fueron los pobladores de la parte alta, los de la parte baja consideraron el monto irrisorio en relación a todos los daños ocasionados. En el caso de las otras comunidades, no recibieron ningún tipo de compensación económica.

Según lo manifestado por dirigentes de Shiracmaca, por el momento los pobladores de Coigobamba, Santa Cruz y el Toro no apoyarán las manifestaciones en contra de Summa Gold. Sin embargo, han hecho el llamado para que se unan a su lucha por el agua.

Sobre la falta de unidad por parte de las comunidades vecinas, el dirigente Delmer Alva menciona: “internamente los caseríos, ninguno se ha unido a la lucha debido a que la empresa ha movido sus influencias y han negociado. Las otras comunidades están negociando temas de proyectos, obras, y temas económicos con la minera, mañana será un día decisivo para que el pueblo tome el control, para que siga en lucha”

Finalmente, se ha convocado a una asamblea para este viernes 11 de diciembre a las 9 am con el objetivo de definir los puntos de lucha y elaborar un documento para demandar a la empresa minera Summa Gold y a las autoridades locales, regionales y nacionales.

 

Bocamima de pasivo ambiental minero colapsó el día de ayer en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Un video compartido en redes sociales muestra aguas de color naranja emergiendo de una bocamina y bajando al caudal del río Hualgayoc Arascorgue ubicado en el sector Mesa de Plata.

Todo indica que estas aguas contaminadas provienen de un pasivo minero que llevaría años sin ser remediado. Una situación que pone en peligro la salud de muchas comunidades que dependen de los ríos para la irrigación de sus cultivos, además de afectar a los animales que pastorean en la zona.

Según lo manifestado por uno de los pobladores, esta bocamina pertenecería a las empresas mineras Montoya y Colquirrumi que dejaron de operar hace varios años atrás. Según lo manifestado por el poblador:

“Seguramente por las lluvias que ha habido en estos días, posiblemente haya explotado la bocamina y hayan emergido estas aguas contaminadas, lo que muestra que los pasivos ambientales están abandonados acá. es responsabilidad del MINEM y las empresas que en algún momento explotaron con la minería antigua”

Solo en Hualgayoc existen más de mil pasivos ambientales mineros abandonados por la actividad minera.

Pasivos ambientales

De acuerdo al último inventario del MINEM del 2019, existen más de 8,400 pasivos ambientales que no han sido remediados. Situación que es un riesgo latente para la salud de la vida humana y de la que el Ministerio de Energía y Minas, MINSA, MINEM en conjunto con las empresas mineras responsables y autoridades locales deben tomar acciones inmediatas.

Tras comunicarnos con el sr. Eloy Sánchez Leiva, Gerente del Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, mencionó que visitó el lugar afectado para corroborar los hechos. En su visita pudo constatar la emanación de pasivos: “todo indica que la emanación se produjo debido a las fuertes lluvias que hemos tenido, siendo los ríos Llaucano y Hualgayoc los más afectados”

Además, señaló que se ha enviado documentación pidiendo la participación de la OEFA, el ANA y de La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) para tomar acciones al respecto.

Finalmente, indicó que se comunicaran con el MINEM y con Activos Mineros (AMSAC) con el objetivo de remediar los pasivos mineros existentes en Bambamarca.

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El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.

 

 

Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.

Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.

El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.

La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental.  El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.

Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.

[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.

[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020

Desde el sábado 28 de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre se realizó la semana de salud ambiental a cargo de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.

Ver foro nacional e internacional

A través de un pronunciamiento difundido en algunos medios de comunicación el domingo 29 de noviembre, la Junta de Usuarios del valle de Tambo de Arequipa denunció y rechazó que la empresa minera Southern Perú haya estado interviniendo sus canales de riego, valiéndose de la aprobación de 8 agricultores – condicionados a aceptar el proyecto minero- con el objetivo de dividir a la organización, señalando que están mejorando la infraestructura de agua del valle de Tambo.

En el pronunciamiento señalaron que «las actividades de operación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura menor del valle de Tambo, de conformidad con la Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, están a cargo exclusivo de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, quien deberá ejecutarlas en el marco del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (POMDIH) aprobado por la Administración Local de Agua Tambo – Alto Tambo, cuyo incumplimiento de acuerdo a lo dispuesto por el DS° 005-2015- MINAGRI, constituye infracción grave y sanción».

La Junta de Usuarios agrega que Southern pretende introducir programas como «Valle Lindo» para allanar la intervención minera de su proyecto Tía María. Frente a la denuncia de la Junta de Usuarios, Southern ha suspendido su intervención en los canales de riego, pero la Junta exige que intervengan la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Agricultura para que fortalezcan su rol de operadores de la infraestructura hidráulica de acuerdo a las leyes señaladas.

Así mismo, invocan la actuación inmediata del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para que se garantice el Estado de Derecho vulnerado por la empresa minera Southern.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

La crisis está lejos de terminar en nuestro país, esta semana se ha vuelto a reactivar la movilización social, y al día de hoy se reporta una persona fallecida por impacto de bala en el distrito de Chao – La Libertad. Los responsables serían nuevamente los efectivos de la PNP, ni siquiera habíamos terminado de procesar e investigar las muertes de Inti y Bryan, ni muchos menos plantear cambios dentro de la institución policial y hoy tenemos que lamentar nuevamente la pérdida de una vida humana. Que se investigue y se sancione a los responsables directos y políticos sobre estos hechos, entre ellos al mismo ministro del Interior: Cluber Aliaga, quien debería renunciar por decencia.

Las protestas se volvieron a activar esta semana con mucha fuerza al interior del país, los reclamos son múltiples; el lunes, la Central Unica Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (CUNARC), realizó una marcha nacional con todas sus bases para demandar la derogatoria de la sentencia Nro. 468/2020 del Tribunal Constitucional que les quita facultades en la administración de la justicia comunal, así como una nueva constitución, entre otros pedidos. Al mismo tiempo, los trabajadores agrícolas del sector agroexportador en Ica iniciaron una paralización de 72 horas, exigiendo la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (27360) y el Decreto de Urgencia (043-2019). Esta norma ha permitido que por mucho tiempo se cometan una serie de abusos laborales a los trabajadores por parte de las familias y empresas agroexportadoras en Ica y otras regiones del país, laborando en condiciones casi de semi-esclavitud, tal como lo hemos escuchado estos días a través de decenas de testimonios que dan cuenta de ello. Lamentablemente el Congreso y el Ejecutivo se demoran en tomar decisiones y la paralización continua en Ica, y los trabajadores agrícolas de la costa norte del país ya se han sumado a la movilización y ya tenemos una persona fallecida.

Sumado a esta situación de movilización y crisis, la situación en las comunidades y poblaciones afectadas por actividad minera en nuestro país también es crítica, ya que se registran paralizaciones, reclamos y abuso de derechos. Esta el caso de Huamachuco en la Libertad donde un poblador fue violentado con un arma de fuego por trabajadores de la minera Summa Gold, las comunidades denuncian constantes agresiones de la minera y el corte de agua y una serie de afectaciones a sus territorios; así mismo hemos recibido denuncias de abuso y violencia a comuneros de Hualgayoc en Cajamarca por parte la mina Gold Fields. Otro hecho similar también se registró en Mina Calpa en Caraveli – Arequipa donde el enfrentamiento entre mineros informales y la minera Inti Gold habría generado la muerte de una persona y varios heridos. Finalmente, pobladores y comuneros de Challhuahuacho en Cotabambas llevan más de tres días en paralización exigiendo que la mina Las Bambas empiece a aportar el canon minero y que el gobierno cumpla con sus compromisos de desarrollado asumido en años anteriores.

Como podemos ver tenemos una población movilizada en nuestro país, que exige atención y respeto a sus derechos. Las demandas son múltiples, desde la revisión y derogación de normas que permiten estos abusos, hasta reivindicaciones históricas de justicia social a las comunidades y poblaciones más olvidadas del país, entre ellos la discusión de una nueva constitución política para el país. Por ello, desde Red Muqui nos ratificamos en la defensa de los derechos de estas poblaciones movilizadas, como el derecho a la protesta social, no se puede seguir violentando y reprimiendo a los manifestantes como hemos visto recientemente, es momento que el Gobierno y el Congreso atiendan en lo inmediato las legitimas y justas demandas de la población.