Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides

Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial   

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.

La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.

Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fin de semana reciente, el equipo COVID-19 del Hospital Regional de Cusco realizó pruebas de descarte a 70 trabajadores de la empresa minera Hudbay. 3 de estos casos resultaron positivos.

El director del hospital, Félix Hidalgo Ramírez, sostuvo que los tres trabajadores ya cumplen la cuarentena. “En ninguno de los casos se requiere hospitalización debido a que presentan un cuadro estable y asintomático”, señaló a la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco – integrante de la Red Muqui-.

Las pruebas de descarte a los trabajadores se realizaron en el Centro de Salud de Acamana, del distrito de San Jerónimo, antes de que sean trasladados al campamento minero como relevo. “Médicos, enfermeras y biólogos hicieron el triaje, atención médica y la toma de pruebas rápidas, que fueron proporcionadas por la empresa minera”, señala la nota de DHSF.

29 trabajadores con COVID-19 de empresas mineras de Cusco

A estos 3 casos, se suman los 18 casos que confirmó la Red De Salud de Chumbivilcas, tras el reporte inicial de la empresa minera Hudbay, que luego quiso desmentir a través de un comunicado. Con estos tres casos más, ya suman 21 trabajadores con COVID-19 de Hudbay. Y, en la región, suman 29 casos del sector minero, con los 8 trabajadores que dieron positivo, hace unos días, a prueba rápida de la empresa minera Antapaccay.

Es importante resaltar que ahora las empresas mineras están empleando como estrategia, señalar que no tienen casos de coronavirus en sus empresas hasta que no les hagan las pruebas moleculares. Esto pasó con los 18 trabajadores de Hudbay, que dieron positivo a prueba rápida de COVID-19, y que luego la empresa señaló que no tenían a trabajadores confirmados con coronavirus. Sin embargo, la empresa trasladó a estos 18 trabajadores hasta un hotel en Arequipa sin haber coordinado con la Red de Salud de Chumbivilcas y la Dirección Regional de Salud de Cusco.

Familiares preocupados por trabajadores

De acuerdo al contacto que pudimos tener desde Red Muqui con uno de los familiares de los trabajadores que se encuentran en cuarentena en el Hotel Los Andenes de Arequipa, los trabajadores todavía no saben cuándo ESSALUD o el MINSA de Arequipa les van a hacer las pruebas moleculares y atenderlos para que haya un registro oficial desde el Estado y puedan atenderlos si es que la situación de alguno de ellos empeora.

Como lo hizo conocer la Red de Salud de Chumbivilcas (Cusco), la empresa minera reportó que les habían hecho las pruebas rápidas a sus trabajadores, pero la Red de Salud no tuvo ni tiene conocimiento de las marcas de esas pruebas, ni los protocolos sanitarios realizados por la empresa minera.

Solo el médico contratado por la empresa minera de Hudbay es quien periódicamente va a visitar a los trabajadores al hotel para ver cómo siguen. Sin embargo, esto se da por presión de los propios trabajadores y familiares.

DIRESA Cusco convoca a reunión con empresas mineras

Frente a estos hechos que se han denunciado públicamente desde la propia Red de Salud de Chumbivilcas y varias instituciones, la Dirección Regional de Salud ha convocado para este martes 5 de mayo,  a una reunión con los representantes de las empresas mineras que operan en Cusco «para que se constituyan en unidades epidemiológicas informantes, así como para evaluar y verificar que sus planes de contingencia de prevención, control y vigilancia epidemiológica del COVID-19 estén dentro y cumplan con los lineamientos del MINSA y DIRESA Cusco, que incluye nos alcancen la certificación de uso de las pruebas rápidas que están utilizando», señala el comunicado del 03 de mayo de la DIRESA Cusco.

Además, agrega que 2 trabajadores, de los 8 que dieron positivo a COVID-19 de la empresa minera Antapaccay,están en “fase final contagiante”; y precisa que dos clínicas donde la empresa había realizado las pruebas de descarte, no estaban autorizadas por la DIRESA.

Vigilancia

Desde la Red Muqui y sus instituciones miembro, estaremos atentos al desarrollo de esta reunión debido a que la irresponsabilidad de las empresas mineras y del gobierno, que dio facilidades para que la actividad minera se siga desarrollando, han generado que en varias provincias y regiones, los trabajadores mineros contagiados hayan esparcido el virus al no haberse implementado un control sanitario efectivo, con protocolos estrictos de parte del gobierno, y con la debida fiscalización de parte de todos los organismos del Estado.

El gobierno ha aprobado el plan de reactivación económica y la minería se encuentra como prioridad para el desarrollo de este plan; sin embargo, las empresas mineras continúan actuando de manera unilateral en las regiones, y la fiscalización del Estado es muy débil, como se ha visto en el caso de Antamina, Hudbay, y otros casos de empresas mineras que hemos reportado.

254 trabajadores mineros con COVID-19

Aumento de trabajadores con COVID-19 en el sector minero va en aumento. Al reporte que se tenía al 29 de abril de 251 contagiados, ahora la cifra subre a 254 y con las últimas informaciones que hemos podido recabar de parte de los trabajadores de la empresa minera Chinalco, la cifra aumentará mucho más en los próximos días.

 

Al promedia la 1pm del día de ayer, jueves 30 de abril, el convoy de la empresa subcontratista de la empresa minera Las Bambas tuvo un accidente y generó el derrame de material tóxico en el sector de la comunidad de Huininquiri, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. De acuerdo al comunicado de la empresa subcontratista Sol del Pacífico, informan que el operador de la unidad se encuentra bien de salud y fue trasladado al centro de salud más cercano para su evaluación respectiva.

El derrame generó la indignación de los comuneros al presenciar que tractores de la empresa hicieron el recojo de materiales tóxicos sin la presencia de las autoridades de Chumbivilcas, como el fiscal, funcionarios del área de medio ambiente de la municipalidad provincial, etc.

Al reclamar por estos hechos, la policía intervino para retirar a los comuneros. En respuesta a ello, los comuneros han convocado a una asamblea para el día de hoy, y ver qué acciones tomar para que no vuelvan a suceder estos hechos.

OEFA interviene

Tras las denuncias realizada en redes, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó una nota en la que señala que ya se encuentra supervisando el derrame de concentrado sobre la vía y suelo adyacente, ocurrido el día de ayer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregan que el equipo de supervisores del OEFA, «siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud, se encuentra en la zona tomando muestras de suelo, supervisando el área donde ha ocurrido el evento y el posible impacto a los componentes ambientales. Asimismo, se encuentra verificando la implementación del Plan de Contingencia por parte de la empresa responsable, así como las acciones de contención y limpieza de la zona afectada».

Actividad minera tiene permiso del gobierno

Como se tiene conocimiento, a dos días de establecerse el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la solicitud del Ministerio de Energía y Minas, para que la actividad minera pueda desarrollarse con normalidad: Transporte de minerales, explotación minera, construcción de proyectos, plantas de beneficio, etc.

Protocolo minero insuficiente

Casi un mes después, el 15 de abril, ante la denuncia de los trabajadores mineros, debido a los contagios que se iban multiplicando en el sector minero; el Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución con un protocolo para que las empresas mineras implementen medidas sanitarias preventivas para los trabajadores mineros al momento en que se da el traslado del personal. Sin embargo, el protocolo no establece que las empresas realicen las pruebas de descarte de COVID-19 de manera obligatoria y tiene otros vacíos que desde Red Muqui hemos denunciado. Ver informe haciendo clic AQUÍ.

Contagios de COVID-19 en el sector minero

A la fecha ya hay 251 trabajadores mineros contagiados de acuerdo al reporte de las mismas empresas, de las direcciones regionales de Salud y Sunafil. Ver informe AQUÍ.

 

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El día de hoy, jueves 30 de abril, algunos trabajadores de Antamina recibieron la noticia de un trabajador fallecido por COVID-19 en una clínica de Lima. El trabajador del área de operaciones falleció en la madrugada y la noticia la recibieron a tempranas horas del día.

Como se recuerda, Antamina evacuó el 23 de abril a 1500 trabajadores desde el campamento de Yanacancha hacia Lima para que les realicen la prueba de descarte de COVID-19 y hagan la cuarentena en hoteles de la ciudad. Para ese entonces, Antamina ya confirmaba más contagiados, además de los 7 que la DIRESA de Ancash había confirmado días anteriores.

En los días siguientes, Antamina emitió un comunicado el reciente lunes 27 señalando que tenía a 210 trabajadores que hasta esa fecha habían dado positivo a la prueba molecular de covid-19. 17 se encontraban hospitalizados y uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intesivos (UCI).

Frente a este desenlace, la empresa envió un correo a los trabajadores el día de hoy, jueves 30 de abril a las 10 y 24 am, señalando la muerte del trabajador en Lima, pero no especificando que era por Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui, después de llamadas telefónicas al gerente de recursos humanos, pudimos tener una respuesta 5 horas después vía wasap, en que señalaba que por respeto a la familia «no emitirían ningún pronunciamiento al respecto».

En el transcurso de esas horas, llamamos al teléfono de la oficina que registran en su página web, y una voz masculina nos señaló que no podían transferirnos con ningún representante de la empresa porque todo está cerrado hasta que se levante el estado de emergencia.

Los trabajadores están indignados porque la empresa no es transparente con la información respecto a la situación de los trabajadores hospitalizados y evaluados.

Gobierno evade responsabilidad sobre trabajadores

Estos días, desde la Red Muqui hemos denunciado el aumento de contagios en el sector minero, ascendiendo a 251 la cifra total oficial de trabajadores con COVID-19 reportada por empresas, Sunafil, y las DIRESAs, desde que se decretó la cuarentena obligatoria; sin embargo, el gobierno hasta ahora no anuncia ninguna medida correctiva para el sector minero. El día de ayer, miércoles 29 de abril, ante la pregunta de un medio periodístico sobre los protocolos de supervisión que se están realizando a las empresas mineras, poniendo como ejemplo el de Antamina; el ministro de salud, Victor Zamora, señaló que «por la descentralización, son las regiones las encargadas de implementar cada una de las normas y regulaciones que el ministerio estipula».

De esta manera, el gobierno no asume ninguna responsabilidad por lo que viene pasando con la salud de los trabajadores mineros. Cuando fue el gobierno quien permitió que la actividad minera sea parte de las actividades esenciales que pueden funcionar durante el estado de emergencia.

Protocolo de traslado de personal minero en cuestión

Sumado a ello, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, emitió un protocolo de traslado de personal minero que no obliga a las empresas a realizar las pruebas de descarte de COVID-19 para sus trabajadores. Sin embargo, algunas empresas lo están haciendo ante la exigencia de los sindicatos de trabajadores y de instituciones que velan por los derechos humanos; pero no hay fiscalización del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Salud, sobre la calidad de las pruebas que están utilizando, ni de la implementación del protocolo establecido por el MINEM. Ejemplo de ello es lo que hizo la empresa minera Hudbay en Cusco, que solo informó a la Red de Salud de Chumbivilcas sobre los trabajadores que habían dado resultado positivo a la prueba rápida de Covid-19, y que había trasladado a sus trabajadores contagiados hacia Arequipa, sin haber coordinado absolutamente nada con la Red de Salud.

Frente a ello, desde la Red Muqui señalamos que el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

Gobierno debe evaluar paralizar actividad minera

Entonces, frente a situación que ya se está desbordando en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

Ver reporte sobre total de contagiados a la fecha en el sector minero. Hacer clic AQUÍ

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Actualización 29 de abril a las 10pm: Empresa minera Antapaccay emitió un comunicado confirmando lo que señalamos en nuestra nota, a través de la información de uno de los miembros del Comando Covid de Espinar. 8 trabajadores de su empresa dieron positivo a prueba rápida de Covid-19. Señalan que trabajadores se contagiaron fuera de la mina.

Nota original

Tras la última información brindada por el representante de la sociedad civil en el Comando Covid de la provincia de Espinar (Cusco),  Vidal Merma, que confirma 08 casos de COVID-19 de la empresa minera Antapaccay; la cifra total oficial, hasta el día de hoy, asciende a 251 trabajadores mineros contagiados. A los reportes que las propias empresas mineras han dado, ante la presión de los trabajadores y denuncias periodísticas, se suma también el reporte que Sunafil está realizando tras la visita a los campamentos mineros, y los reportes de las direcciones provinciales de salud donde operan las mineras, y los comandos Covid que se han formado en diferentes provincias y regiones del país, con la presencia de militares, gobernadores regionales, representantes de salud y representantes de la sociedad civil.

En estos últimos días, la cifra de contagiados en el sector minero subió estrepitosamente con el informe de Antamina en Ancash, que hasta el lunes ha reportado 210 casos, faltando saber los resultados del resto de trabajadores que también están siendo evaluados. En Cusco, la minera Hudbay pretendió negar 18 casos que había reportado a la Red de Salud de Chumbivilcas, que se pronunció a través de un comunicado. En Arequipa, la minera Bateas emitió un comunicado señalando 06 casos de prueba rápida que luego quiso negar. En Junín, la empresa minera Chinalco emitió un comunicado señalando que tenían un trabajador minero con covid y luego trataron de desmentirlo, pero tras la visita de Sunafil, por exigencia de los trabajadores mineros, se confirmó, hasta el sábado pasado, que habían 4 trabajadores confirmados con Covid-19. El sindicato de trabajadores de Chinalco denuncia que hay más casos pero la empresa no quiere emitir un comunicado oficial hasta ahora.

Por otro lado, los trabajadores de Impala Terminals del Callao, recibieron un comunicado de la empresa la semana pasada en la que señalan que hay 2 trabajadores con covid. Los trabajadores señalan que hay más casos, y que han sido evacuados, pero la empresa no ha vuelto a emitir un comunicado oficial. Esta empresa, que denunciamos los primeros días del estado de emergencia, por no implementar protocolos sanitarios y seguir desarrollando sus labores contra la voluntad de los trabajadores; es una empresa que recibe los minerales que llegan en camiones y tren desde las regiones.

Hace 9 días, el 20 de abril, también se confirmó de parte de la empresa minera Nexa Resources, el caso de un trabajador de una de sus empresas contratistas en el distrito de Yaruyascán, en la provincia de Pasco. La unidad minera se encuentra dentro de la comunidad, por lo que representa un peligro al compartir la misma entrada a la comunidad.

Estos casos se suman a los primeros casos conocidos: minera Cerro Verde: 01 caso; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y los primeros casos que se dieron a conocer de Antamina, que como vemos no estableció las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores, y hoy lidera al sector minero como la empresa con más casos de Covid-19.

8 casos de minera Antapaccay

A continuación se presentan las actas emitidas el día de hoy por la clínica Coylloriti y el centro de salud de Espinar. En la clínica se confirman 7 casos y en en el centro de salud, 1 caso de Covid-19. A estas horas, la empresa minera Antapaccay se encuentra elaborando un comunicado. El Comando Covid de Espinar, Cusco, siguió todas estas diligencias hacia la clínica y el centro de salud para poder resguardar la seguridad de todos los espinarenses y exigir la realización del cerco epidemiológico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de Chinalco

Este es el reporte preliminar que emitió el representante de SUNAFIL tras la visita al campamento minero de Tucto en la región de Junín, tras la solicitud del sindicato de trabajadores mineros de Chinalco. La visita fue realizada el día sábado y Sunafil confirmó hasta ese día 04 trabajadores con Covid-19 que habían sido trasladados a Lima. El sindicato de trabajadores de Chinalco viene denunciando en redes sociales la situación en la que se encuentran los trabajadores, como confirma la Sunafil en su reporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui,  señalamos que «frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales». Ver nuestra editorial completa del día de hoy.

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Estos últimos días hemos tenido finalmente la información y el panorama más completo sobre la situación de los trabajadores mineros contagiados por el Covid-19 por responsabilidad de las empresas del sector minero. Se ha llegado ya a 251 casos confirmados, y que fueron informados por las mismas empresas, así como las autoridades sanitarias regionales y SUNAFIL, aunque se sospecha que son muchos más casos. El día de hoy, recientemente, se acaba de confirmar 08 casos de la empresa minera Antapaccay. En Ancash, Antamina hasta ahora ha reportado 210 casos; en Cusco, minera Hudbay: 18 casos; en Arequipa, minera Bateas: 06 y minera Cerro Verde: 01; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y Nexa Resources: 01 caso; en Junín, minera Chinalco: 04 casos; y en el Callao, la empresa almacenadora de minerales, Impala: 02 casos.

 

Desde la Red Muqui hemos advertido de esta situación desde que se declaró el estado de emergencia, señalamos que la minería no era una actividad esencial, inclusive hemos cuestionado que la minería se haya exceptuado de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que tenemos que empezar a mirar con atención, los protocolos sanitarios para la actividad minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el rol de los entes fiscalizadores en materia laboral, de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores mineros.  Lamentablemente, ante la pregunta de la prensa el día de hoy, sobre los protocolos que deben cumplir las empresas mineras respecto a garantizar la salud de sus trabajadores; el gobierno evadió su responsabilidad respecto a esta situación y, a través del ministro de Salud, traslado la responsabilidad a las direcciones regionales de salud.

 

La aprobación del “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción” es insuficiente, ya que no contempla hacer pruebas rápidas y/o moleculares de COVID-19 a los trabajadores que salen e ingresan de los campamentos mineros. Por ello, el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

 

De otro lado, queda evidenciado ante esta situación de emergencia la precariedad institucional de los entes fiscalizadores y supervisores en esta materia, quiénes deberían velar por hacer cumplir la ley y sancionar a las empresas que infringen estos derechos como son la salud, la seguridad y el trabajo en el caso de los trabajadores para el sector minero. SUNAFIL, las Direcciones Regionales de Salud, entre otros, no han logrado darse abasto para atender estas denuncias que venían de muchas semanas atrás.

 

Entonces, frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

 

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente en 11 regiones del país, frente al manejo de la crisis del Covid-19 por parte del gobierno nacional, y reconociendo los esfuerzos que se vienen haciendo en algunos sectores, queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:

 

1.- Nos preocupa enormemente los impactos que el Covid-19 viene generando en los territorios y la vida de los pueblos indígenas de la amazonía y las comunidades campesinas andinas, cuya postergación histórica continúa también con este gobierno, que no ha tenido la suficiente capacidad para elaborar ni implementar planes de acción para salvaguardar su integridad. En ese sentido, nos sumamos al llamado de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales que se han pronunciado para exigir al gobierno que se tomen medidas urgentes e inmediatas para proteger la vida y la salud de nuestros compatriotas, mucho más en contextos extractivos. Además, instamos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas e integrales, asignando para ello un mayor presupuesto.

 

2.- Durante el tiempo que lleva la cuarentena, los gremios empresariales del país como la SNMPE y la CONFIEP han ejercido una presión política muy fuerte al gobierno nacional para que su sector sea el que menos pierda en esta crisis. Para ello, el gobierno ha emitido una serie de normas que van desde la exceptuación de la actividad minera del Estado de Emergencia, o la reciente norma aprobada que permite la aplicación de la mal llamada “Suspensión Perfecta de Labores” que, en la práctica, permite el despido de los trabajadores, entre otras acciones. Creemos que el derecho a la vida, la salud y al trabajo están por encima de los intereses económicos empresariales. Lamentamos que el gobierno haya cedido a las presiones de las grandes empresas.

 

3.- Llamamos la atención sobre la situación de salud de los trabajadores mineros. Desde la Red Muqui hemos registrado hasta el momento más de 240 trabajadores contagiados por el Covid- 19 en empresas mineras como Antamina, Cerro Verde, Tinka Resources, Nexa Resources, HudBay, Chinalco, Bateas, entre otras, así como la empresa almacenadora de minerales, Impala. Recientemente la empresa Antamina ha emitido un comunicado señalando que ha evacuado a todos sus trabajadores hacia Lima y están realizándoles las pruebas de descarte debido a que hay más trabajadores contagiados. Por ello, insistimos en señalar que la aprobación del protocolo sanitario para los trabajadores mineros es insuficiente. El documento contiene serios vacíos como el hecho de no realizar pruebas de descarte del virus a los trabajadores mineros de forma obligatoria y, además, no se ha tomado en cuenta la opinión de los sindicatos mineros. Éstas y otras medidas omitidas para evitar el contagio en los campamentos mineros y las comunidades locales, es una irresponsabilidad que pone en peligro la vida y la salud de estos peruanos y peruanas.

 

4.- Finalmente, tras la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 10 de mayo, afirmamos la necesidad de tener en cuenta la reciente Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, que conmina a los Estados a “Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras…”.

En ese sentido, la Red Muqui plantea la urgencia de una justa redistribución de la riqueza, que considere la necesaria reforma fiscal. Por ello, nos sumamos a la demanda de un bono realmente universal, que no deje ninguna persona ni familia fuera de la posibilidad de cumplir la cuarentena de forma adecuada y que no sigan pasando situaciones como las que se han presenciado en las últimas semanas: personas y familias enteras intentando volver de la ciudad de Lima a sus lugares de origen, porque ya no cuentan con recursos para sobrevivir en la ciudad, exponiendo su vida y salud.

 

Lima, 27 de abril del 2020.

 

El día de ayer, domingo 26 de abril, la empresa minera de capitales canadiendes, Hudbay, que se encuentra ubicada en la provincia de Chumbivilcas, emitió un comunicado señalando que en su empresa minera no había ningún trabajador con COVID-19. Esto en respuesta a la denuncia que realizó en la mañana del mismo día el alcalde del distrito de Velille, perteneciente a Chumbivilcas, Antonio Toledo, que confirmó que había un primer caso de COVID-19 en la minera Hudbay.

En el comunicado, la empresa minera señala: “En la actualidad no existen casos confirmados de COVID-19 en nuestra Unidad Minera Constancia. Ninguno”.

Luego agregan que decidieron “realizar pruebas rápidas a todo el personal, sin excepción, a pesar de que el gobierno solo realiza esta prueba a quiénes presentan síntomas”.

Luego precisan algo fundamental, en respuesta a la denuncia del alcalde que ya circulaba en redes sociales, “en caso se presente un resultado reactivo en las pruebas rápidas –lo que no significa un resultado positivo de COVID-19-, nuestro protocolo indica que el personal debe ser aislado durante 14 días fuera de la unidad minera, en un hotel en la ciudad de Cusco o Arequipa al que exigiremos cumplir con estrictas reglas de seguridad y salud. Esta situación es reportada al Ministerio de Salud, quien se encarga de coordinar pruebas adicionales o de mayor alcance, en caso se requieran, y serán los únicos autorizados para determinar o concluir si la persona tiene COVID-19 o no”.

Con el contenido del comunicado, la empresa minera Hudbay desmentía la denuncia del alcalde y, además, no precisaba si habían trabajadores en riesgo por Covid-19. Además, en el comunicado solo precisan el protocolo que implementan con sus trabajadores frente al coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Salud de Chumbivilcas se pronuncia

En un comunicado emitido el día de hoy, lunes 27 de abril, la Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas, Micro Red Velille y Micro Red Livitaca, con el respaldo de la Dirección Regional de Salud de Cusco, se pronunciaron señalando que la empresa minera Hudbay les informó que el 23 y 24 de abril realizaron pruebas rápidas de COVID-19 a sus trabajadores, “encontrándose 18 casos reactivos (positivos a primera muestra), de los cuales 01 es natural del distrito de Velille”, señala el comunicado de la Red de Salud de Chumbivilcas, respaldado por la Dirección Regional de Salud de Cusco.

En el comunicado, las entidades de salud de la provincia de Chumbivilcas agregan que, el 25 de abril, la empresa minera Hudbay les informó que “en horas de la mañana, los 18 casos reactivos (positivos a primera muestra), fueron trasladados a la ciudad de Arequipa, para cumplir aislamiento domiciliario”.

Minera Hudbay desacata directivas del Ministerio de Salud

En el comunicado, la máxima autoridad sanitaria provincial, la Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas, señala que “no tienen conocimiento de los protocolos, planes y procedimientos con los cual se rige el sistema sanitario de la empresa Hudbay; a su vez, se desconoce la marca, el registro sanitario, el número de lote, fecha de vencimiento y validez de las pruebas rápidas realizadas, estando a la espera de esta información solicitada según el acta de fecha 25 de abril del presente año”.

Las entidades de salud, además, agregan en el comunicado que ellos no tuvieron conocimiento ni autorizaron el traslado de los 18 trabajadores a Arequipa, quedando bajo la responsabilidad de la empresa las condiciones del traslado y las medidas de bioseguridad que implementaron.

 

Red de Salud de Chumbivilcas realiza cerco epidemiológico

Las tres entidades de salud dependientes de la Dirección Regional de Salud de Cusco (DIRESA), señalan que frente a lo ocurrido ya se encuentran realizando el cerco epidemiológico en la provincia, investigando los posibles contactos que tuvieron los trabajadores de la empresa minera de Hudbay, y monitoreando a todas las personas que arriban a la provincia.

Instituciones se pronuncian

Asimismo, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que hace parte de la Red Muqui, señala que no solo se expone a los trabajadores “sino también a los familiares de estos, así como a las personas que prestan servicios externos como los comerciantes”.

Desde la Red Muqui señalamos que resulta irresponsable y poco transparente la actitud de HudBay que ayer negaron que tengan trabajadores en riesgo frente al COVID-19.

Además, la empresa minera señaló el 20 de marzo en un comunicado que suspenderían sus operaciones: «No obstante la industria minera cuenta con la autorización otorgada por el Gobierno para continuar operando con el personal mínimo indispensable debido a su importancia en la economía nacional; Hudbay Perú ha decidido suspender las operaciones de su unidad minera Constancia -durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia- para salvaguardar la seguridad y salud de nuestros colaboradores, contratistas y comunidades que nos rodean”.

Empresas mineras actúan sin control del Estado

A los 210 casos de Covid-19 confirmados por la empresa minera Antamina en Ancash, que actuó negligentemente con sus trabajadores, amparándose en las facilidades que ha dado el gobierno para que la actividad minera continúe, se suma el caso de esta empresa, Hudbay, que decide qué hacer con sus trabajadores sin coordinar con los órganos encargados a nivel provincial y regional de salud de Cusco, tal como lo señalan las directivas del Ministerio de Salud.

Frente a estos casos, preocupa de suma urgencia que, desde el gobierno, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Energía y Minas, no tengan ningún control sobre las actividades que realizan las empresas mineras, y tampoco haya una decisión firme del presidente Vizcarra frente a estos hechos que cada vez van en aumento.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Frente a las denuncias constantes de los trabajadores mineros y sus familias; del Sindicato de Trabajadores de Antamina; de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros; de instituciones como la nuestra, Red Muqui; y del órgano de prensa Grán Angular, que recientemente publicó que una fuente del Ministerio de Salud le había revelado que Antamina tenía a 200 trabajadores con Covid-19; la empresa minera Antamina acaba de emitir un comunicado en el que señala que tienen 210 trabajadores con Covid-19. “El 87% son asintomáticos. De aquellos con signos asociados con COVID-19, la mayoría muestra síntomas leves. Diecisiete personas reciben atención médica en clínicas, mientras que el resto cumple con sus respectivas cuarentenas”, precisa la empresa.

Antamina agrega que de los 17 trabajadores que se encuentran en clínicas, 16 están estables y en proceso de recuperación, y uno de ellos está en cuidados intensivos.

La empresa sigue haciendo pruebas de descarte

Antamina también señala en su comunicado que continúan aplicando las pruebas moleculares a los demás trabajadores que han sido trasladados a Lima y a otros trabajadores que continúan en el campamento minero realizando las operaciones críticas para el funcionamiento de la mina -«una fuerza laboral mínima”, precisan-.
Del total de 2400 trabajadores que permanecieron en el campamento de Yanacancha en Ancash, se han hecho hasta ahora 600 pruebas moleculares a los trabajadores directos y de las empresas contratistas de Antamina.

Acciones tardías de la empresa

Como es de conocimiento público la empresa Antamina anunció desde el 07 de abril en un comunicado que haría las pruebas de descarte de COVID-19 a todos sus trabajadores; sin embargo, los trabajadores, en su mayoría, recién tuvieron acceso a la realización de la prueba a partir del 22 de abril cuando fueron trasladados a lima para que realicen la cuarentena en hoteles de la ciudad acondicionados para ello. Es importante recordar que Antamina recién anunció su parada estratégica el 13 de abril para evacuar a sus trabajadores, lográndolo hacer una semana después. Antes continuaron exigiéndoles a sus trabajadores que sigan trabajando.

Las acciones que ha tomado la empresa se realizan después de las primeras denuncias y protesta de los trabajadores mineros del campamento de Yanacancha en la provincia de Huari, que desde los primeros días de abril se encuentran exigiendo ser protegidos por el Estado, debido a que la empresa no daba ninguna información después de conocerse que un trabajador minero del campamento dio resultado positivo a la prueba de COVID-19 el 31 de marzo.

Pronunciamiento

Desde la Red Muqui exigimos que  la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres; el Ministerio de Salud; y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca; se pronuncien y señalen que acciones van a tomar frente a la acción negligente de Antamina y otras empresas mineras que ponen en peligro la vida de los trabajadores y de las personas de las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Es urgente que el Estado defienda la vida de los trabajadores y de las personas en general, antes que los intereses económicos del sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

El Centro para el desarrollo de los pueblos – Ayllu CEDEP AYLLU, institución miembro de Red Muqui, desarrolla sus actividades en el sector rural de Cusco impulsando modelos alternativos de buen vivir, principalmente vinculadas al sector agrario.

La humanidad está atravesando una profunda crisis con la presencia del COVID-19 y uno de los sectores más vulnerables en el Perú es el agropecuario y principalmente la pequeña agricultura. Compartimos la entrevista de Gloria Velasco Jauregui al responsable de proyectos Ing. Andrés Loaiza Fernández, sobre las propuestas avanzadas con las comunidades campesinas.

¿Cuál es su opinión sobre el sector agrario en este contexto de pandemia por COVID 19?

Haciendo un análisis de las condiciones actuales de la actividad rural, podemos mencionar que en los últimos diez años se han visto grandes cambios y uno de ellos es que la actividad agropecuaria no es la única que dinamiza el desarrollo de las comunidades campesinas.  Se ha diversificado la economía con la incorporación del turismo, trabajos remunerados, esporádicos y/o informales (minería, construcción, etc.) y la articulación a los mercados; los cuales son actividades que se mueven de acuerdo a las coyunturas.

En el contexto de Pandemia, todas las actividades económicas en nuestro país están paralizadas pero la producción en campo no puede parar; porque el calendario agrícola no espera, la temporada de siembra y cosecha no puede modificarse y las familias productoras siguen trabajando en sus pequeñas parcelas, más aún cuando todas sus otras actividades económicas no están activas. Desde esta perspectiva el papel de las comunidades campesinas para la seguridad alimentaria es fundamental. Sin embargo, el estado de aislamiento en el que nos encontramos puede dificultar el acceso a insumos; como semillas de calidad, para poder producir y responder a las necesidades propias de cada comunidad.

En respuesta a estos escenarios que se avizoran, se está impulsando acciones para que las familias comuneras sean las que produzcan sus propias semillas, adaptables a los diferentes pisos ecológicos y la recuperación de prácticas ancestrales, porque consideramos que es importante seguir fortaleciendo estas capacidades que permiten afrontar contextos adversos de manera saludable y en armonía con el ecosistema.

En el caso de los cultivos tradicionales andinos; las comunidades campesinas tienen una gran ventaja porque conocen y manejan los germoplasmas de papa, quinua, tarwi, oca, lizas y granos andinos como kiwicha que cuentan con un aporte nutricional alto. Desde el CEDEP Ayllu hemos estado reintroduciendo algunas variedades de papas nativas que estaban en el olvido, ahora se cuenta con “semillas refrescadas” que permitirá a las familias ser “criadores de vida” y junto a los conocimientos y saberes ancestrales para manejar estos cultivos podrán enfrentar los retos venideros.

Otro elemento indispensable para analizar la situación es el cambio climático y como afecta al sector rural. Para enfrentarlo desde el CEDEP Ayllu hemos estado impulsando la “siembra y cosecha de agua” práctica que permite un manejo respetuoso del ecosistema y contribuye a la disponibilidad de agua, tan indispensable para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos. Es preciso que las entidades del Estado tomen en cuenta las experiencias desarrolladas por las comunidades campesinas en el buen manejo de los ecosistemas, por ello considero que aparte dar paliativos como los bonos, el Estado debe invertir en trabajos como estos.

El rol del Estado en el sector rural andino, debe estar fuertemente vinculado a promover el Ordenamiento del Territorio Comunal, lo que permitiría utilizar de mejor manera los recursos comunales, fomentando alternativas colectivas de hacer agricultura, valorando el rol de la autoridad comunal, lo cual ha permitido a las Comunidades subsistir y trascender en el tiempo como instancia de organización, control y gobierno efectivo del territorio en contextos adversos y desarticulados, muchas veces violentados y olvidados. Hoy más que nunca se vuelve vigente el modelo comunal, solidario y reciproco. “Ayni”

¿Qué acciones deben tomar las comunidades campesinas y principalmente la pequeña agricultura para adecuarse a este contexto?

En esta adversidad las comunidades campesinas pueden demostrar esa capacidad que les permitió subsistir a todos los embates durante más de 500 años donde desafiaron grandes problemas políticos, ambientales, climáticos a las cuales las comunidades han enfrentado como sociedades recilientes respondiendo de manera oportuna a los avatares con una adecuada organización y gestión de sus recursos, capitalizando sus conocimientos ancestrales y la capacidad de leer los ecosistemas.

Las comunidades deben aprovechar este gran capital social y organizativo, el potencial genético agrícola, el adecuado uso de sus zonas de producción (zonas de riego, zonas de secano, laymes etc) donde pueden producir todas las especies cultivares para asegurar su alimentación y aprovisionar a los mercados

Desde el CEDEP Ayllu consideramos que es necesario incorporar nuevas tecnologías a la par de seguir recuperando todo el legado histórico de los saberes ancestrales andinos.

 

Con la presencia de los retornantes (personas de las comunidades que Vivian en las ciudades que están regresando

en este contexto por que se quedaron sin trabajo) habrá mayor cantidad de colaboradores que permitir trabajar las tierras de laymes y muyus que han estado abandonadas por falta de mano de obra y la migración que las comunidades han vivido durante los últimos años.

Algunas reflexiones finales

Este estado de aislamiento social obligatorio es un momento de reflexión para valorar lo que somos y los bienes con los que contamos, nos permite ver las oportunidades que se nos presentan.  Es una oportunidad para que las grandes zonas urbanas reconozcan que el valor de la agricultura familiar en el Perú y como siempre aporto a todo a la seguridad alimentaria, respetando a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra que nos da la vida

Necesitamos cambiar no solamente en la gestión de los recursos para sobrevivir como especie, necesitamos hacer un cambio interior, como personas, en nuestras familias en nuestras formas de relacionarnos con nuestros hijos y seres queridos, volver a lo esencial y poner el justo valor a las cosas.

Estos cambios incluyen el respeto y tolerancia a los que piensan distinto, a las mujeres, a los pueblos originarios y los grupos minoritarios. Debemos permitir que las voces de todos y todas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta para probar otras formas de construir nuestro mundo.