LA FURIA DEL YAKU: El riesgo de desborde de los relaves mineros de Tamboraque

,

Redacción: Area Socioambiental – Red Muqui

 

El 22 de marzo se celebra el día mundial del agua para crear conciencia en la humanidad. Sin embargo el Perú actualmente enfrenta una situación grave por las altas temperaturas, lluvias torrenciales y desbordes de los ríos y quebradas que fueron causados por el ciclón Yaku que afectó no solo al norte del país, sino a la propia ciudad de Lima y sus poblaciones asentadas en los márgenes de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

¿Qué es el Yaku?,  

Yaku es el nombre que proviene de la palabra quechua “agua” y la furia que desató el ciclón en el mes del agua, que consiste en una tormenta de rápida rotación que se transforma en un fenómeno climático muy peligroso, ha dejado al menos 61 muertos, alrededor de 12.000 personas sin hogar y más del 49 mil afectados, según cifras de Defensa Civil. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Senamhi sostiene que se trata de un inusual ciclón de características tropicales no organizado. Es decir, se trata de un sistema de baja presión de giro en sentido horario asociado al calentamiento de la temperatura superficial del mar y a la segunda banda de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) que influye en las lluvias extremas, especialmente en la cuencas medias de la vertiente del pacifico generando el incremento de caudales y activación de quebradas.

 

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) señala que el ciclón Yaku contribuye a la intensificación de las lluvias en la costa norte y parte de la costa centro, al transportar humedad del océano y complementarse con el aire húmedo proveniente de la Amazonía.

Cuáles son los riesgos?

Lamentablemente nuestras principales fuentes hídricas se encuentran amenazadas por el acelerado aumento de la población y la creciente demanda de las actividades económicas como la minería. A ello se le une el cambio climático, lo que está poniendo en peligro la existencia de nuestros manantiales, puquiales, bofedales, páramos, glaciares, lagunas, riachuelos y las aguas subterráneas. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) existen más de 21 ríos contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, relaves mineros. A ello se le suman los pasivos ambientales mineros que afectan directamente a las principales cuencas hidrográficas del país. Los niveles de contaminación se incrementan y el calentamiento global por los gases de efecto invernadero derrite los glaciares que abastecen de agua a las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca, lo que genera una grave crisis ambiental.

El riesgo de desborde de los relaves mineros  de Tamboraque

Los deslizamientos, los huaycos, las intensas lluvias y la activación de quebradas generados por el ciclón del Yaku han puesto en un inminente riesgo de desborde los relaves mineros de Tamboraque. Dichos relaves con alto contenido de residuos tóxicos están ubicados al costado del río Rímac, lo que genera un peligro inminente para la ciudad de Lima.

El problema principal, es que no existe una adecuada planificación para el tratamiento de los relaves mineros. Una eventual contaminación del caudal no solo impactaría en la población que vive en la cuenca del río (provincia de Huarochirí), sino en gran parte del departamento de Lima. Esta corriente es la principal fuente de abastecimiento de agua potable. En el año 2019, Sedapal advirtió que la tercera fuente de contaminación del río Rímac estaba vinculada con relaves mineros (1).

Relaves mineros de Tamboraque

 

/por

ALERTA | Racismo Judicial: Desalojo de comunidad campesina en Paruro – Cusco

,

La comunidad campesina de Tantarcalla se ubica en el sector de Marccura, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, departamento de Cusco. Las actividades que realizan las comunidades campesinas de la zona giran principalmente alrededor de la agricultura y la ganadería, con lo cual logran subsistir. En una decisión que está causando un amplio rechazo en la sociedad, el Poder Judicial determinó hace algunos días que este 24 de marzo se desaloje a los comuneros para restituir el predio a los supuestos propietarios legítimos, sin tomar en cuenta los más de cien años de existencia de la comunidad, así como su arraigo cultural y originario. De acuerdo con la abogada de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), Karina Baca Gómez, quien también acompaña el caso, este hecho es un delito de lesa humanidad, ya que afecta los derechos fundamentales de la comunidad, la desarma y les despoja de su territorio con el cual tienen un nexo cultural.

El conflicto se inició cuando la comunidad campesina comenzó el procedimiento administrativo de titulación efectuada por el proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Cusco, mediante el cuál logró la adjudicación de 218 hectáreas pertenecientes al predio rústico Mallma Alto. Ante esta situación, Luis Gustavo Paz Vizcarra, supuesto heredero del predio rústico en mención, interpuso una demanda de nulidad del título de propiedad otorgada a la Comunidad Campesina de Tantarcalla, ante el Primer Juzgado Mixto de Santiago en Cusco. El juez del tribunal, Peña Mendoza, declaró fundada la demanda, la que fue ratificada por todas las instancias judiciales correspondientes. 

Este hecho conllevó a una última resolución que autoriza el desalojo, la ejecución forzada y la entrega física del predio a través del uso de maquinaria pesada para derribar las casas de los comuneros. Además, en la resolución se solicita el apoyo de un total de mil efectivos policiales y se advierte a las comunidades aledañas que no interfieran con la diligencia, de lo contrario podrían detenidos e investigados por la Fiscalía Penal Provincial de Paruro. Asimismo, se recomienda la presencia de ambulancias y bomberos, en caso de que estalle la violencia entre las fuerzas del orden y los comuneros.

Ante este sombrío panorama la abogada Baca Gómez expresó que “decídase o no desalojar a la población el 24 de marzo, trataremos de llevar el caso a la corte internacional, ya que más allá del caso de esta comunidad que ha tenido que enfrentar una juicio por más de 15 años, no es el único caso similar de intención de despojar a comunidades de la zona de su propio territorio en el Perú, con la misma argumentación.  Se les ha imputado por delito de usurpación”. Además, la letrada explicó que al tratarse de comunidades indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, el Estado tiene la responsabilidad de establecer medidas de protección de sus derechos fundamentales, algo que se ha obviado para favorecer a hacendados y a traficantes de tierras.

Desde Red Muqui se exhorta al Poder Judicial de Cusco a que adopte un enfoque intercultural y de derechos humanos adecuado, ya que la comunidad campesina originaria ya venía utilizando el predio de una manera pacífica y continua, sin problema legal alguno. Además, la organización rechaza de plano la violencia que se podría generar a razón de la ejecución de desalojo que cobraría un alto costo social y humanitario. De acuerdo al análisis de Red Muqui, la sentencia representa una violación internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas que involucra la responsabilidad del Estado peruano ante los organismos internacionales.

/por

Día Mundial del Agua: ¿Cómo va la protección del derecho al agua en zonas mineras?

,

Elaboración: Mayra Zambrano y Beatríz Cortéz

En el marco del Día Internacional del Agua, desde Red Muqui elaboramos un breve balance sobre las principales normas que regulan la protección del derecho al agua frente al extractivismo y cambio climático. El escenario actual de post-pandemia  es bastante complejo en Perú, entre la crisis económica, la crisis política y de grave violaciones de derechos humanos, se desarrolla también una grave crisis climática que viene afectando especialmente a las comunidades campesinas altoandinas producto de las sequías y la falta de agua; así como a la población costera producto de las lluvias y el Ciclón Yaku.

La industria minera necesita ingentes cantidades de agua para su funcionamiento, principalmente agua superficial pero también agua subterránea. Por el bombeo hacia y el desagüe desde las minas, pueden suceder diversos cambios a nivel freático, del caudal de los manantiales y alteraciones en la calidad del agua (1) lo que en la práctica puede conllevar a graves impactos socio-ambientales en el territorio. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) -Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es la entidad encargada de habilitarles a las empresas mineras el acceso al agua, mediante la licencia de uso de agua para operaciones mineras. Sin embargo, actualmente, la ANA entrega directamente derechos de uso de agua a las empresas mineras y no consulta a las comunidades campesinas sobre el uso de las aguas en sus territorios, lo que genera una vulneración de sus derechos territoriales como pueblos indígenas. Esto implica que el uso productivo del agua para fines mineros tenga prioridad frente al uso primario del agua de los pueblos indígenas. Recordemos que, el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es prioritario sobre cualquier otra clase o tipo de uso.

Por ello, a través de la  Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático y su posterior reglamentación mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, se logró definir un camino de capacidades adaptativas frente a las consecuencias inminentes del cambio climático, cuyo objetivo radica especialmente en la anticipación y reducción de riesgos probables. En ese sentido, debido a la alta vulnerabilidad de las unidades hidrográficas (2) y la situación de los pueblos indígenas, las medidas de adaptación aplicadas deben tener en cuenta el enfoque intercultural que revalorice los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales. De esta manera, trabajar horizontalmente con los pueblos originarios es una opción necesaria y urgente para adecuarnos a las nuevas condiciones climáticas que podrían acarrear inseguridad alimentaria e hídrica a nivel nacional. 

Por otro lado, en julio de 2021 se aprobó el  Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI que desarrolla el marco metodológico para la delimitación, identificación y zonificación de cabeceras de cuenca, esto a partir de la Ley N° 30640 que en 2017 modificó la Ley de Recursos Hídricos para lograr la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Sin embargo, hasta la fecha no existen avances en los procesos de zonificación de las cabeceras a nivel nacional. En diciembre de 2021, en el Sur de Ayacucho diversas organizaciones y comunidades se levantaron en protesta exigiendo la paralización de cuatro unidades mineras propiedad de las Mineras Ares, Apumayo y SAMI SAC, esto debido a la afectación de los recursos hídricos de la zonas por la presencia de metales pesados (3). Para atender la situación, la PCM instauró una mesa de diálogo, uno de cuyos compromisos fue la zonificación de las cabeceras de cuenca. Pese a ello, dicho compromiso de protección nunca se materializó y los cronogramas de cierre de minas no se respetaron, por el contrario en 2022, la Minera Ares solicitó la prórroga del plazo de explotación.

Al respecto, se concluye que los proyectos extractivos y la consecuente aceleración de los efectos del cambio climático impactan principalmente en los medios de vida de los pueblos indígenas, debido a su dependencia a la agricultura familiar y sus fuentes de agua. Por ello, es necesario que la normativa sobre recursos hídricos se enfoque en la capacidad de mitigación y adaptación frente al cambio climático, teniendo en cuenta los factores externos de presión económica que pueden ocasionar contaminación de las unidades hidrográficas. Además, es necesario que se modifique el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) para que se garanticen los derechos de las comunidades campesinas y se evalúe la eficacia del Marco metodológico sobre identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca y se fortalezca la rectoría del MIDAGRI por sobre los objetivos de otros ministerios productivistas como el Ministerio de Energía y Minas.

 

ANEXOS:

1 Tovar, Jorge A.  El agua subterránea en el medio ambiente minero y su importancia en los cierre de mina. 

2 Perú cuenta con tres tipos de regiones hidrográficas: Pacífico (abarca el 21,8% del territorio con 62 cuencas), Amazonas (74,6% del territorio con 84 cuencas) y Titicaca (3,6% del territorio con 13 cuencas). Además de 34 cuencas transfronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.

3 Mediante el despacho de la Congresista Ruth Luque, se pudo tener acceso a la copia del Informe N° 863-2022/DCOVI/DIGESA de la DIGESA-MINSA donde se concluye que de acuerdo al Informe N° 007- 2021-GRA-GG-GRDS-DRSA-DSA-JBA de la Dirección de Salud de Ayacucho existen evidencias de exposición a arsénico de los habitantes de 19 centros poblados de las provincias de la zona Sur de Ayacucho.

/por

Misión Internacional de DDDHH constata graves violaciones que podría llevar a la justicia internacional

,

Juristas del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento constataron en su visita al Perú, que incluyó entrevistas en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco además de Lima, graves vulneraciones a los derechos humanos, como aquellos referidos a la vida y la libertad, así como detenciones arbitrarias y tratos crueles.  

Camilo Pérez Bustíos, director ejecutivo del Gremio Nacional de Abogados en Estados Unidos y quien presidió esta comitiva, cuya visita culminó el miércoles con una conferencia de prensa, calificó estos hechos como repudiables, e instó al Poder Judicial y al Ejecutivo a que avancen decididamente en las investigaciones aplicando las leyes que rigen en el país, en el ámbito de los derechos humanos y que impidan que los responsables queden en la impunidad.

La Misión, integrada, a parte de Pérez Bustíos, por Verónica Peralta Piña (México), Vivian Lagrava Flores (Bolivia), José Antonio Foronda (Perú), Julio da Silveira Moreira (Brasil), Edwin Gil Cárdenas (Colombia) y Sarita Gómez Castellanos (Colombia), resaltó el crucial rol de la justicia, para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias sean respetadas en su derecho a la verdad, que reciban un trato digno y reparación, sabiendo que no podrán ser reparados hechos que implican la pérdida de familiares, heridos de gravedad o los daños sicológicos sufridos.

María Elena Foronda, directora del Instituto Ambientalista Natura, una de las organizaciones que coordinó la visita de la Misión Internacional de Observación lamentó que incluso instancias del Estado que tienen como función velar por los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo hablen de fallecidos durante las protestas en comunicados públicos, en casos que han constituido al menos homicidios calificados.

Precisamente en relación al trato que le está dando el Estado a los crímenes cometidos en estas semanas de convulsión social, al ser consultada la misión si tuvo la posibilidad de reunirse con algún representante de la Fiscalía de Derechos Humanos e interculturalidad, el abogado y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Antonio Foronda, explicó que se habían entrevistado con el titular de la Fiscalía en Juliaca quien ante las preguntas y planteamientos de los juristas internacionales dejó entrever que están investigando estos casos como simples delitos comunes, siendo que las masivas violaciones a los derechos humanos observados podrían llegar a ser tipificados como delitos de les humanidad y peor aún como de genocidio o de etnocidio. Un trato similar al que le está dando frente a estos hechos la Fiscalía en Lima. 

El secretario ejecutivo de Red Muqui, otra de las organizaciones que apoyó la visita de la misión junto a Natura y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jaime Borda expresó que lo vivido en el país en las últimas semanas representa un siguiente nivel en cuanto al uso de prácticas de violencia y abuso de la fuerza en una política que ya lleva 15 a 18 años, en los que sucesivos gobiernos han decretado una y otra vez Estados de Emergencia y han recurrido a la criminalización, estigmatización y terruqueo de una parte de la población campesina y que habita regiones donde se han desarrollado conflictos socio ambientales. Algunos casos especialmente emblemáticos se refieren a proyectos mineros entre los que se encuentran Espinar, Cotabambas, Conga o Tía María en el Valle de Tambo.

“No es de extrañar entonces que las Fuerzas Especiales (de la PNP) DINOES, que ha estado presente en los conflictos donde ha habido muertos, heridos, gente criminalizada y estigmatizada, sean los mismos que hayan estado en la masacre que ha habido en Juliaca. Esta narrativa de desconocer las demandas, del complot que habría otras fuerzas oscuras, ilegales e informales detrás de las movilizaciones es el mismo relato que habíamos escuchado durante anteriores gobiernos”, manifestó Jaime Borda.

Lo que sí va cambiando es la posibilidad de llevar estos casos a la jurisdicción internacional. Ya que como lo expuso Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, hay una preocupación mundial por lo que está paasando en el país, ya que los derechos humanos no son un tema de un solo lugar, una región determinada, sino que afcetan al mundo.

Por eso Camilo Pérez Bustillos, abogado y docente de la Universidad de Dayton (EEUU), subrayó que entre las diversas expresiones de la incidencia internacional, en las que trabajarán los juristas una vez de regreso a sus países de origen, está la posibilidad de llevar a instancias internacionales de justicia casos emblemáticos de las graves violaciones y patrones de conducta identificados en su visita al país.

/por

ALERTA LEGISLATIVA – análisis del proyecto de ley de organizaciones de usuarios de agua

, , ,

El 23 de enero de 2023, la Mesa Directiva del Congreso de la República remitió la resolución legislativa del PL N° 1768 (“Ley que regula las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos”) aprobada en Pleno el 28 de diciembre de 2022. Sin embargo, esta fue observada el 13 de febrero por el Ejecutivo que la devolvió con algunas sugerencias a la Comisión Agraria. A continuación, un análisis técnico – normativo de la iniciativa legislativa:

  • A nivel de fortalecimiento institucional y de acceso a la información

La autógrafa de ley plantea que la Autoridad Nacional del Agua realice el primer registro nacional de organizaciones de agua de acceso público, con información detallada de sus miembros, usuarios de agua y que sea actualizada de forma periódica. Asimismo, aborda la problemática de la transparencia de decisiones de la ANA, obligándola a notificar, a través de medios idóneos, a las organizaciones de usuarios de agua sobre la valoración de su opinión respecto del reconocimiento de las comisiones y comités. Por otro lado, propone otorgar a las organizaciones de usuarios de agua el reconocimiento por parte de instituciones públicas vinculadas al sostenimiento de las actividades agrarias.

  • Sobre la Asamblea General y Consejo Directivo

Una novedad es la composición de la asamblea general como máximo órgano de gobierno de las organizaciones de usuarios de agua, excluyendo la constitución de usuarios de agua por un solo sector hidráulico, lo que permite la participación de usuarios de agua de varios sectores hidráulicos. Un aspecto crítico, sin embargo, es el quórum propuesto, porque en primera convocatoria señala que participe al menos el 50% de los usuarios y a la segunda, se podrá sesionar con los usuarios hábiles asistentes. Ello podría acarrear problemas a la hora de convocar a las organizaciones de usuarios de agua a elecciones democráticas, ya que no respeta los porcentajes de participación de la Ley N° 30157 y su Reglamento. Otro dato interesante es que la elección del consejo directivo da un giro riguroso, al imponer un solo representante usuario no agrario, es decir, los representantes mineros ya no podrán ser cuatro, como lo dice la ley actual.

  • Derechos de los usuarios de agua

Si bien los derechos mencionados en la proposición de ley están sujetos al incumplimiento de responsabilidades del Estado, es pertinente señalar que lo mencionado en la resolución legislativa aprobada hace énfasis en la necesidad de contar con información real, actualizada y de forma rápida, pero también explicita la necesidad de acceder al suministro de agua como otras grandes industrias, problemas de larga data que afectan a los usuarios de agua.

  • Participación en la gestión multisectorial 

Resalta la participación de los usuarios de agua, quienes podrán participar de la gestión multisectorial y usos sostenibles de los recursos hídricos, en forma directa o personal, o en forma institucional a través de las organizaciones de usuarios de agua; atribuyéndoles participar directamente en las sesiones de la asamblea, con voz y voto, inclusive interviniendo en la toma de decisiones, pero también pudiendo participar en los equipos y/o mesa de trabajo constituidas por acuerdo de la asamblea general o el consejo directivo. Por esto último, sería posible que los usuarios de agua no solo cumplan las disposiciones establecidas en la Ley N° 29338, sino también puedan participar de forma institucional en la toma de decisiones referidas, por ejemplo, al ordenamiento territorial, zonificación ecológica y construcción de otros instrumentos relacionados a la gestión multisectorial y desarrollo sostenible de sus zonas de intervención, inclusive podrían generar opinión sobre las actividades económicas que podrían representar un riesgo sobre la sostenibilidad de sus zonas de intervención.

También es pertinente destacar que los usuarios de agua podrían participar de forma institucional en las mesas de diálogo entre actores en conflicto, siempre y cuando estén constituidas por acuerdo de la asamblea general o consejo directivo. Por ejemplo, en la cuenca Llallimayo en Puno, los usuarios de agua participan en mesas de diálogo entre poblaciones locales, Estado y Aruntani S.A.C, pero no de forma institucional, algo que cambiaría con esta ley.

  • Falta a los principios administrativos en la gestión pública

La falta de uso de principios administrativos se ve reflejada en la ampliación hacia todas las organizaciones de usuarios de la función de “desarrollar proyectos o colaborar en su desarrollo, en armonía con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca”, que en la Ley actual reconoce solo a la Junta de Usuarios de Agua. Algo que podría conllevar a una superposición de funciones con los distintos niveles de gobierno y también entre usuarios del agua. Otro punto es el tema de las sanciones administrativas, las cuales quedan sujetas a una interpretación vaga y libre sobre su imposición. De acuerdo al Reglamento de la Ley 30157, la exactitud taxativa y legal de ellas solo se puede encontrar en la tipificación de sanciones del Decreto Supremo Nº 001-2009-AG. Del mismo modo, el Programa de Fortalecimiento es un indicativo de cómo las organizaciones quieren seguir sumando esfuerzos para consolidarse, pero ello no sería posible si es que ese Programa no cuenta con tiempos y recursos definidos, ya que la iniciativa legislativa exige que sea de manera permanente. Por último, ningún artículo, inciso, disposición complementaria final o transitoria de la ley determina una exoneración del pago de tributos, ya que el Congreso de la República no está facultado para ello, una decisión que se consulta y refrenda con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para ver la Autógrafa de Ley, click aquí. 

/por

La violencia estatal en Perú y el papel de la minería canadiense

, , ,

La siguiente nota fue escrita por Kirsten Francescone y publicada originalmente en Canadian Dimension. La Dra. Kirsten Francescone es profesora adjunta de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Trent y ex Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada. (traducción por Red Muqui)

El 18 de enero de 2023, mientras miles de peruanos protestaban en las calles de Lima contra la crisis política que vive el país, el embajador canadiense Louis Marcotte se reunía con el ministro peruano de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Las protestas se mantienen desde diciembre, cuando el presidente populista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, una decisión política que fue rechazada casi inmediatamente por las bases sociales que lo habían elegido. Los manifestantes han sido enfrentados con detenciones generalizadas y una brutal violencia por parte de las fuerzas del orden. Según el autor Yves Engler, desde que la ex vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder (medida apoyada por el gobierno canadiense), la representación del país norteamericano se ha reunido con numerosos funcionarios peruanos de alto nivel de una manera inédita.

Desde que Boluarte asumió la presidencia, las movilizaciones han estallado en todo el país. Aunque difieren en la diversidad de sus demandas, coinciden en cuatro puntos principales: la convocatoria de nuevas elecciones generales para 2023, el cierre del Congreso, la dimisión de Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Pero estas reivindicaciones políticas inmediatas tienen profundas raíces históricas. Como afirmó un conjunto de ONGs del país andino, el movimiento masivamente respaldado por los ciudadanos del sur y de las regiones periféricas nace de un sentimiento de indignación ante un sistema político y económico altamente racista y discriminatorio. Desde Puno, epicentro de las protestas y de la extrema represión policial, delegaciones de comuneros viajaron a Lima para exigir reformas políticas y soluciones a los pasivos ambientales tóxicos que han contaminado sus fuentes de agua con metales pesados lo que conlleva altos niveles de toxinas (muchas de los cuales se han detectado en los organismos de niños). Las causas (de esta contaminación) son, salvo algunas excepciones, los cursos de agua de estas comunidades que han sido afectados por la actividad minera e industrial.

La embajadora Marcotte tuiteó varias fotos de la reunión, aprovechando la ocasión para promover la minería como beneficio para las comunidades y para expresar el apoyo canadiense a la delegación peruana que asistirá próximamente a la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), en Toronto del 5 al 8 de marzo. Cada año, la mayor convención minera del mundo atrae a decenas de miles de expertos del sector, directivos de empresas y representantes gubernamentales para hablar de las tendencias del sector y promover la expansión de la minería, sin preocuparse demasiado por el consentimiento de los más afectados, incluido Perú.

Al momento de la reunión entre la representación canadiense y el titular del MINEM, Lima estaba paralizada por las manifestaciones que pedían nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Sólo unos días antes, 17 personas habían muerto a manos de la policía en las ciudades de Juliaca y Puno. En los días siguientes a la reunión, la casa de estudios superiores más antigua del país y del continente, la Universidad Nacional Mayor San Marcos, fue asaltada por vehículos blindados de la policía. Cientos de estudiantes y manifestantes provenientes de zonas rurales fueron detenidos, desnudados, agredidos y privados de sus derechos. Según los informes, en los últimos meses han muerto 59 personas -en su inmensa mayoría civiles de origen indígena y ciudadanos de zonas rurales y periurbanas– a manos de una fuerza policial desenfrenada. Es poco probable que el embajador hubiera podido desplazarse por la ciudad sin observar la represión y la violencia policial.

Durante años, MiningWatch Canada y el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP según sus siglas en inglés), junto con organizaciones como Red Muqui, Cooperacción, Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco (DHSF) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), han documentado los numerosos daños causados por la gran minería de origen canadiense a las comunidades rurales, así como la violencia policial que suele acompañar la imposición de estos proyectos. Si bien las protestas actuales en Perú no tienen que ver explícitamente con la extracción de recursos, los reclamos por una nueva Constitución que aborde la exclusión sistemática y a menudo violenta de los pueblos indígenas, campesinos y rurales del sistema político económico, así como la herencia de despojo y contaminación de tierras, sí están vinculados a siglos de extractivismo. Por ello, los tuits del embajador deben situarse en un contexto de siglos de violencia colonial y décadas de violencia poscolonial, que se han ejercido en función de la extracción de recursos contra las comunidades.

La embajada canadiense podría haber aprovechado el momento para denunciar públicamente la violencia policial e insistir en que se protejan los derechos de los manifestantes peruanos. En vez de ello, Marcotte optó por promover más inversiones mineras canadienses en el país y fomentar la PDAC 2023, donde un espacio nombrado como «Día de Perú» promete discutir «oportunidades en el contexto de potenciar las virtudes de la industria minera peruana y superar las fallas que han frenado su dinamismo en los últimos años». Las prioridades de Canadá en Perú no pueden ser más claras.

La importancia económica de la minería canadiense en Perú

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú, Canadá fue el tercer inversor más importante en el desarrollo de minas en 2021. Sus empresas invirtieron más de 8 mil millones de dólares en 10 proyectos, lo que representa el 15 por ciento de la inversión total en construcción de minas en el país. Además fueron el segundo actor más importante en lo que respecta a la exploración (lo cual no es sorprendente, dado que las empresas canadienses suelen centrarse en la prospección y exploración), representando el 28 por ciento de la inversión total en exploración, con 165 millones de dólares gastados en 21 proyectos.

Empresas del país norteamericano también operan minas en Perú. Hudbay Minerals, con sede en Toronto, explota la mina Constancia; Pan American Silver, con sede en Vancouver, explota las minas Shahuindo y La Arena; y Teck Resources’, también con sede en Vancouver, explota la mina Antamina, con una participación del 22,5 por ciento en el proyecto. Antamina es la mina más grande de Perú, situándose entre las 10 primeras extractoras del mundo en términos de volumen, y es el productor individual más importante de cobre, plata y zinc del país. En 2021, dejó más de 6 mil millones de dólares en ventas y casi 3 mil 700 millones en ganancias brutas.

Canadá también ocupa un lugar destacado en términos de importación de metales y minerales peruanos. Del valor total de las exportaciones de minerales peruanos en 2021, Canadá fue el tercer importador mundial más importante después de China y la India, con un 6,5 por ciento de las exportaciones totales. Esta importancia se hace aún más clara cuando se considera el oro, ya que Canadá fue el segundo mayor importador de oro peruano. Las importaciones canadienses representaron más de 3.000 millones de dólares en 2021, algo menos del dos por ciento del PIB de Perú en ese mismo año.

Sin embargo, cuando se trata de hacer declaraciones sobre las atroces violaciones de los derechos humanos en el país, la posición de Canadá ha sido tibia. Sumó su firma a la declaración más reciente de la OEA sobre la crisis política en el país andino, una declaración diluida que asigna la culpa y la responsabilidad, tanto a los manifestantes como al gobierno de Perú, como si fueran actores equiparables. El gobierno canadiense sigue repitiendo como un loro esta postura, incluso cuando casi todas las víctimas de los últimos meses han sido civiles asesinados por el uso indiscriminado de la violencia policial. Por parte de la misma Policía Nacional que ha firmado contratos para proporcionar seguridad a las empresas mineras canadienses.

Contratos privados con la policía

Cuando las empresas mineras canadienses se ven envueltas en un conflicto con las comunidades locales fuera de Perú, a menudo dependen de esbirros o fuerzas paramilitares para reprimir la protesta. En Perú, las empresas se benefician de la protección policial y la impunidad aprobadas por el Estado. Las empresas pueden firmar contratos de servicios directamente con la Policía Nacional de Perú, y se permite a los agentes de policía trabajar fuera de servicio para empresas de seguridad privada mientras utilizan bienes del Estado, como armas, uniformes y municiones. Las fuerzas del orden tienen garantizadas la inmunidad penal en caso de que hieran mortalmente algún manifestante. Tienen autorización para utilizar munición real y disparar a matar. Y lo han hecho.

Las empresas mineras también se benefician de las crecientes medidas de seguridad de sus activos. Según fuentes locales, la mina Constancia de Hudbay y las operaciones de Las Bambas de MMG han sido fortificadas, con el pretexto de «prevenir ataques a los campamentos mineros«, una protección proporcionada de hecho por el Estado que sirve para consolidar el dominio de estas empresas en las regiones donde operan.

La violencia no sólo se utiliza contra la población rural en los bloqueos o durante las marchas masivas. Según diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y peruanas, es una práctica habitual que amenaza la integridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y les impide ejercer sus derechos. Como señala un informe de EarthRights International, «la existencia de estos contratos [de seguridad con la policía] crea un escenario hostil que pone en riesgo los derechos humanos». Como ha demostrado la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con sede en Cusco, a través de varios estudios de impacto ambiental y social relacionados con la mina Constancia de Hudbay, estos contratos no sólo permiten la violencia estatal explícita, sino que forman también el telón de fondo de la intimidación y las amenazas raciales y de clase contra los líderes comunitarios, para prevenir que se pronuncien justamente en contra de estos contratos.

Promoción de la minería canadiense en el PDAC

Durante la convención PDAC del año pasado, la Comisión Episcopal Peruana de Acción Social (CEAS) escribió una carta abierta a los delegados de la conferencia expresando que, contrariamente a las promesas hechas por el Embajador Marcotte y otros, la minería «no ha traído la prometida mejora en la calidad de vida» para la mayoría de las comunidades en las zonas mineras. Por el contrario, constató, «ha provocado corrupción y contaminación ambiental y ha vulnerado los derechos de las personas a la vida y a la salud, dejando un reguero de conflictos sociales, enfermedades e incluso la muerte».

Estos daños no son menores: la contaminación de tierras agrícolas y cursos de agua en torno a la mina Quiruvilca de Pan American Silver; la criminalización de los líderes comunitarios o el despojo de tierras debido a la contaminación ambiental en Shahuindo; la violación de la autodeterminación indígena y el derecho a un medio ambiente limpio en torno a la mina de litio y uranio propuesta por Plateau Energy, proyecto encima del cual se encuentra el glaciar tropical más importante de la región; el recorte en los beneficios económicos que generan las comunidades más afectadas por las operaciones mineras, y mucho más.

Sin embargo, la embajada canadiense en Perú tiene un historial de ignorar las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente afectados por los proyectos mineros canadienses en el país, llegando incluso a pasar por alto las preocupaciones de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, que fue detenida en 2017 por la policía peruana mientras proyectaba un documental en comunidades quechuas afectadas por la mina Constancia de Hudbay. Moore, a quien posteriormente se le prohibió volver a entrar al país y que fue etiquetada como una amenaza para la seguridad nacional, es el centro de un reciente informe del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). Un estudio que ahonda sobre el papel de las embajadas canadienses en la priorización de los intereses de las empresas mineras de su país contraviniendo sus propios lineamientos políticos y compromisos asumidos con respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos.

Sin duda, la embajada de Canadá en Perú seguirá trabajando junto al Ministerio de Energía y Minas peruano para promover más inversiones mineras en el país. Pero debe quedar claro: cuando la embajada elige promover la minería en Perú durante el PDAC, lo hace a sabiendas de lo que estas actividades significan realmente para las personas que se enfrentan a continuas amenazas, intimidación y violencia explícita patrocinada por el Estado.

/por

Voceros y voceras de los defensores de DD.HH. de Perú evalúan la actual crisis y plantean acciones a futuro

,

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el pasado 20 y 21 de febrero, se realizó la reunión de voceros y voceras de las macroregiones Centro, Sur, Norte y Amazonía de defensoras de la campaña. En este evento, en el que participaron defensores de diferentes regiones del país (Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Junín, Apurímac, Puno, y Amazonas),

El evento inició informando sobre el contexto actual en sus regiones, las movilizaciones y las actividades realizadas como voceros y voceras defensoras del ambiente. Esto ha sido fundamental ya que, como red articulada de defensores, es fundamental que se conozcan sus realidades, problemáticas, entre otras.

Defensores, como Rosa de Piura, han señalado que el material y las capacitaciones brindadas por las organizaciones les han servido mucho para continuar informando a sus comunidades, para fortalecer sus mecanismos de autoprotección, y conocer sus derechos.

En zonas como la Amazonía, actualmente, tratan de callar a los dirigentes y generan miedo cuando apresan a uno. Sobre esto, se señaló que la actuación de la policía y las FFAA en las recientes movilizaciones ha sido un uso abusivo de la fuerza, y esto se ha comprobado porque los proyectiles han sido encontrados en la cabeza, espalda y por encima del tórax. Se consideró que lo que se debe buscar es evitar la impunidad de los policías, militares y establecer las responsabilidades políticas.

Como un segundo momento clave de la reunión, los representantes de las organizaciones del Grupo Impulsor y los voceros y voceras defensoras, realizaron una evaluación de las acciones y de las diferentes etapas de la campaña hasta la fecha.

Se coincide que se ha logrado fortalecer el auto-reconocimiento como defensores y defensoras ambientales, esto es fundamental ya que impulsa más la labor que realizan y se autoidentifican como actores que cumplen una labor importante en la protección de la vida. Asimismo, se han logrado visibilizar la situación de los defensores/as y sus demandas en espacios internacionales.

Los voceros y voceras defensoras señalaron que, a lo largo de la campaña, han logrado fortalecer sus capacidades y conocimientos a través de encuentros y talleres realizados en diferentes regiones, lo cual les ha permitido articularse mejor como defensores a nivel nacional, y poder tener más herramientas para autoprotegerse, ante la ausencia del Estado.

Si bien los y las participantes hicieron evidentes algunas debilidades de la campaña como consolidar más la articulación con organizaciones en los territorios; estas debilidades se pueden superar y contrarrestar con oportunidades que se han presentado gracias a las acciones y al trabajo que se ha venido realizando, como el compromiso que ha aumentado de organismos internacionales de derechos humanos para con los defensores; y el trabajo continuo con gobiernos locales y regionales para visibilizar la importancia de la labor de defensores a nivel regional y nacional.

Además de las oportunidades que también coinciden con las del grupo impulsor, los voceros y voceras defensoras consideraron al apoyo de medios de comunicación alternativos como un aliado fundamental para visibilizar sus voces y articular con más actores sociales y políticos. Asimismo, ven al hecho de que se den nuevas Elecciones, una oportunidad de cambio y salida de la crisis social, institucional y política.

Como un siguiente momento, los voceros y voceras del Centro acordaron realizar acciones para fortalecer la campaña y visibilizar sus demandas. Voceros de la Macrorregión Centro, se comprometieron a buscar tener más presencia en medios de comunicación como la radio para visibilizar sus demandas y la vulneración de los derechos humanos y ambientales, y fortalecer la red de defensores.

En cuanto al Sur, se realizarán talleres de capacitación en políticas ambientales para una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, y se solicitará la activación del Mecanismo de Protección para personas defensoras.

En cuanto a la Macrorregión Norte, diseñarán mini-campañas en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre la vulneración de derechos humanos y ambientales, sobre todo la criminalización, como en el caso de defensores de Chaparrí-Lambayeque; también convocarán reuniones con autoridades locales y regionales, así como con los frentes de defensa y rondas campesinas de sus zonas. Otra acción es la articulación con asociación Ecoaliados ADEADSEC – Sechura.

Finalmente, en cuanto a la Amazonía, se estableció que se coordinarán para la realización de más talleres de fortalecimiento para sensibilizar sobre la vulneración de derechos a través de espacios de radios locales; coordinar un segundo taller de defensores ambientales de la Amazonía. Asimismo, coordinar reuniones que visibilicen las afectaciones al medioambiente, como en el distrito de Imaza, Bagua.

La campaña, así como las organizaciones que la conforman, se han comprometido a seguir luchando contra las amenazas actuales que sufren las personas defensoras, ya que en el contexto actual de crisis que se vive en el país, ha habido un incremento de asesinatos, amenazas, estigmatización, criminalización y discriminación contra defensores de derechos humanos y ambientales.

“Protege A Quienes Nos Protegen”.

Imágenes del evento:

/por

Uso desmedido de la prisión preventiva como castigo social a manifestantes

,

Por Mayra Zambrano Huarcaya

 

Las protestas sociales han sido una muestra evidente del descontento e indignación por la toma de poder de Dina Boluarte, quien desde el 7 de diciembre de 2022 ha intentado controlar la situación de crisis sistemática a través de decretos supremos que “justifican” estados de emergencia[1] y militarización en muchas zonas del país, mayoritariamente en el sur andino. Es así que, los manifestantes han salido a las calles para ejercer su legítimo derecho a la protesta social exigiendo un nuevo orden democrático; sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a la población y respondió usando excesiva, letal y criminalmente la fuerza a través de la policía y el ejército. Tomando como triste desenlace la muerte de 59 personas[2] y miles de heridos, quienes aún están a la espera de adecuadas medidas de reparación y justicia; así también hubo múltiples arbitrariedades e irregularidades en las detenciones policiales, siendo una constante la discriminación, estigmatización, criminalización y sobre todo, los múltiples requerimientos de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.

 

Es importante recordar que la prisión preventiva[3] es una medida cautelar, personal, no punitiva y excepcional que se utiliza para privar de la libertad a una persona que pueda escapar u obstaculizar el proceso penal en curso. Actualmente esta herramienta legal está siendo sobreutilizada para mandar a la cárcel a personas que no cuenten con arraigo laboral, domiciliario y/o familiar, sin tomar en cuenta las circunstancias económicas y origen étnico de los procesados, tornándose en un instrumento represivo, racista y discriminatorio.

 

Los principales afectados son las personas en condición de pobreza que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática[4] representan las personas de la sierra rural con un 44.3% a nivel nacional. Además, las mismas estadísticas reflejaron que el 44,5% de ese sector participó en el mercado laboral como trabajadores independientes, el 33,2% como obreros y empleados, el 19,4% como trabajadores familiares no remunerados, el 1,5% trabajadores del hogar y solo el 1.3% como empleadores. Asimismo, de acuerdo con datos cuantitativos – actualizados hasta noviembre de 2022 – del Sistema de Información de Estadísticas Penitenciarias[5], se contabilizaron 90 214 internos, de los cuales 34 198 representaban a los procesados sin sentencia firme, es decir el 37.9% del total cuenta con prisión preventiva, resultando en una mayor hacinación poblacional de 49 196 personas de exceso en establecimientos penitenciarios (más del 200%). Es decir, los manifestantes del sur que han sido detenidos en el marco de las protestas que no cuenten con una residencia permanente o vivan en comunidades indígenas alejadas o no tengan un trabajo dependiente, pueden llegar a ser víctimas de la arbitrariedad de la aplicación de este instrumento legal, generando como fatal consecuencia la vulneración a los principios de  proporcionalidad, presunción de inocencia y libertad personal.

 

Por otro lado, otra preocupación de la aplicación de la prisión preventiva se centra en la posible presión de los medios de comunicación y la sociedad hacia los jueces y juezas, ya que la prensa puede llegar a escribir titulares alarmistas, tal como: “Juez deja libre a terrorista”. Esa afirmación repercute en la opinión pública y se cuestiona la integridad de los jueces por no “condenar” a los imputados; es así que, faltaría que la prensa especifique que se trata solo de una etapa del proceso y no de una liberación definitiva porque podría ocasionar confusión en la población.  Un ejemplo claro de la presión por los medios de prensa, de la sociedad y hasta de la misma Oficina de Control de la Magistratura-OCMA, es el del Juez Mollinedo. En el contexto del Baguazo, la Sala que presidía Mollinedo revisó la apelación de primera instancia que dictaminó prisión preventiva en contra de 4 pobladores indígenas awajún procesados por el presunto asesinato de 12 policías en la base de PetroPerú. De modo que, él revocó la medida y en su lugar aplicó la comparecencia con restricciones, teniendo en cuenta una interpretación jurídica intercultural, pero días después, el diario Correo publicó en su portada el titular: “¡Masacre impune! No hay ningún detenido por la cruel tortura y cobarde asesinato de 12 policías en base de Petroperú a manos de nativos. El juez Hugo Mollinedo increíblemente liberó a 4 sospechosos”. La gente empezó a dudar de la ética jurídica del juez y poco tiempo después, la OCMA inició un proceso  disciplinario en contra de Mollinedo por haber variado la medida de prisión preventiva por comparecencia restrictiva.[6]

 

Una noticia reciente que resaltó en las redes sociales es la de Richard Camala (22), Ferdinan Huacanqui (33), Redy Huamán y Joel Hivallanca (20), jóvenes de la comunidad originaria de Cuyo Grande que asistieron a la manifestación el 31 de enero en Pisaq y fueron detenidos arbitrariamente por la Policía; posteriormente, procesados por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Vacaciones de Cusco que pese a los argumentos de la defensa técnica sobre el arraigo de los jóvenes como parte del padrón de la comunidad campesina y no contar con ningún antecedente penal, confirmó una medida desproporcionada de 9 meses de prisión preventiva y actualmente ellos se encuentran injustamente en el Penal de Quencoro.

 

En conclusión, a través de las resoluciones de prisión preventiva se estaría normalizando la discriminación por nivel socioeconómico y origen étnico, colocando a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad derivándose en un exponencial hacinamiento en las cárceles a nivel nacional por la sobrepoblación de los procesados sin sentencia firme.  Por otra parte, es crucial resaltar la necesaria imparcialidad de los jueces y juezas para que se realice un correcto proceso legal porque encerrar en prisión a una persona inocente y privarle de su proyecto de vida no es un juego, tiene efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables para el procesado; de esta manera, los jueces deberán evitar influencias externas, aplicar medidas coercitivas alternativas  y tener un debido enfoque intercultural y de derechos humanos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

 

[1] Decreto Supremo Nº 139-2022-PCM, Decreto Supremo N° 143-2022-PCM , Decreto Supremo N°009-2023-PCM y Decreto Supremo N° 018-2023-PCM.

[2] Lista de víctimas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ver en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FPGkzmWrXiX9ZYijdk71vJCKJFLtme3fwSJgqOdBUM/edit#gid=0

[3] Determinada en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

[4] Evolución de la Pobreza Monetaria 2010-2021. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2021/Pobreza2021.pdf

[5] Reporte de Población Penal Intramuros por Situación Jurídica y Reporte de Situación Actual de la Capacidad de Albergue y Sobrepoblación. Ver en:https://siep.inpe.gob.pe/form/reporte

[6] La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada? Instituto de Defensa Legal. pp 103-105. Disponible en: https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20131108_01.pdf

/por

Criminalizan y acosan a dirigentes aymaras y delegaciones que viajan a Lima

,

Las delegaciones de diversos distritos aymaras que se encuentran viajando desde Puno a Lima en el marco de las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, vienen siendo criminalizadas y hostigadas por la policía, quienes les vienen haciendo el control de identidad y revisando sus pertenencias más de 12 veces en lo que va el recorrido.

Cuando los ciudadanos aymaras reclaman por estas intervenciones continuas, la policía les señala que está prohibido el pase de “grupos” y los amenaza señalando que tienen orden de detener a los protestantes. Cuatro buses están en camino a Lima y estos días partirán más buses desde Puno. Un ciudadano aymara relató a la red portal de Juliaca que primero los forman, los hacen esperar un largo rato, revisan sus cosas, no encuentran nada malo y luego vuelven a revisar. La policía nos grita diciendo: “no deben llevar hondas, huaracas, ni whipalas’.

Como se recuerda, el 9 de enero se realizó la masacre de Juliaca, en que 21 personas fueron asesinadas, algunas de ellas no estaban protestando y fue asesinada una menor de edad.

El lunes, 30 personas de Madre de Dios fueron retenidas 4 horas en la comisaría de Abancay, Apurímac, cuando estaban dirigiéndose hacia Lima. Esa delegación ya se encuentra en Lima.

Orden policial

El 22 de febrero se emitió un documento de la División de Seguridad de Penales de la PNP (DIVSEPEN) que criminaliza a los dirigentes y organizaciones sociales de los distritos de Puno: Pomapata, Yunguta, Sepita, por tomar la decisión de protestar en Lima, señalando que “muy probablemente se reúnan con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”.

En el comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la DIVSEPEN, se indica al dirigente Edgar Chura Mamani del Frente de Defensa del Sur y Recursos Naturales de Puno, por supuestamente haber encabezado la reunión en que las organizaciones de los distritos señalados tomaron la decisión de viajar a Lima para continuar con las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que les devuelva el poder sobre los recursos naturales que están en sus territorios, como el litio.

Al dirigente mencionado, se suman el informe de la Dirección de Inteligencia de la PNP que se hizo público a inicios de enero, en que se señalan como supuestos organizadores violentistas a los dirigentes Lucio Ccallo Ccallata de Ilave, así como a Reynaldo Villahermosa, secretario general del SUTE de la provincia de Puno; a Félix Suasaca del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata;Amador Núñez, Orlando Sanga, Alex Pilco y Marcela Gonzales.

El documento policial en mención cierra con la siguiente orden: “Los jefes de los departamentos de la DIVSEPEN PNP (División de Seguridad de Penales), teniendo presenta la información precedente adoptarán las acciones y las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia, a efectos de hacer de conocimiento a la totalidad del personal bajo su mando para que extremen las medidas de seguridad durante el desplazamiento en zonas de conflicto”.

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, estos son actos de criminalización de la protesta, debido a que se sindica a dirigentes y organizaciones como si fueran criminales, amenazándolos para que no puedan ejercer su libre derecho a la protesta como manda la Constitución.

El abogado de Puno, César Quispe, agrega que la actual acción policial de intervenir a las delegaciones que se encuentran viajando es una grave violación a derechos humanos, a la libertad de tránsito y el derecho a la paz, como está establecido en la Constitución. Precisa que esto ocurrió también la primera vez que viajaron delegaciones de Puno a Lima durante el mes de enero.

 

/por

Familiares de 21 víctimas de la masacre en Juliaca denuncian que investigaciones están paralizadas

,

Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves 23 de febrero, la reciente conformada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, realizó una conferencia de prensa en que narraron los hechos de violencia que vivieron ese trágico día, y que hasta ahora la prensa nacional no ha dado a conocer.

Además, en palabras de uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz, denunciaron que las investigaciones en Puno están paralizadas: «Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados».

El otro abogado César Quispe, señaló que han requerido a la Fiscalía la apertura de la investigación a los jefes de los operativos y, principalmente, contra el oficial Juan Manuel Herrera, que debe responder “por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero en la ciudad de Juliaca”. Los 3 abogados a cargo de la defensa legal de las víctimas, exigen la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región, debido a que las investigaciones están en una Fiscalía común sin especialistas a cargo.

En el turno de los familiares de las víctimas, el hermano del médico asesinado, Raúl Samillán, señaló entre lágrimas que su hermano acudió al llamado de auxilio de los brigadistas porque había bastantes manifestantes heridos y porque los brigadistas también estaban siendo reprimidos. “Acudí al hospital y los dos pisos estaban llenos de heridos y sangre en el piso, era doloroso. Eso no ha salido en la prensa (..). Tal vez nunca se me borre de mi memoria la imagen de los muertos en el hospital», señaló el familiar.

Por otro lado, Julia Paccsi, herida con un perdigón en el cuello, señaló: «salí a ayudar a la gente con un balde de agua y vi que los helicópteros estaban disparando, casi encima de la gente, y me pegué a la pared para protegerme y en eso sentí que algo me impactó cerca al cuello. La gente me dijo que estaba sangrando. Quise ir al hospital inmediatamente, pero la gente señaló que la policía estaba deteniendo a las personas que llegaban al hospital”.

Agregó que se fue caminando buscando un centro de salud y llegó a una clínica y como no tenía dinero no la quisieron atender. Recién al día siguiente fue al hospital, pero le señalaron que no tenían especialistas en tratamiento de cuellos y cabeza. Julia precisó que nunca la trasladaron a Arequipa, como decían algunos doctores de Juliaca, y viajó a Lima para conseguir una mejor atención a sus dolencias.

Por su parte, el padre de la menor de 17 años que murió producto de la represión policial por un proyectil de arma de fuego, sin ser parte de la protesta, señaló que su hija quería ser psicóloga y le arrebataron ese sueño. “Lucharé hasta alcanzar justicia”.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre la reparación económica de 50 mil soles ofrecida por el gobierno a los deudos de las víctimas; Raúl Samillán, señaló que ningún monto de dinero les va a devolver la vida de sus familiares.

Ante otra pregunta de la prensa, sobre la propuesta de amnistía para policías y militares, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que es una medida desesperada de algunos congresistas para generar impunidad, “pero no hay amnistías para violaciones de derechos humanos y tarde o temprano la justicia prevalecerá”.

Foto de los 3 abogados de las víctimas del 9 de enero en Juliaca

 

/por