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Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

Esta semana se darán encuentro en Lima defensores y defensoras ambientales de diversas regiones del país para discutir acerca de las amenazas que afrontan. Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú. 

Ante esta situación, en  el mes de junio se llevará a cabo el primer Encuentro de Defensoras y Defensores, en la que participarán líderes de más de 10 regiones del Perú. Para preparar este importante encuentro, este jueves 5 de mayo tendrá lugar en la capital una reunión de coordinación. En ella se buscará fortalecer la articulación de los defensores a nivel nacional, andino, amazónico y costero. Así mismo, se realizará un balance de las políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos y ambiente.

El Encuentro Nacional de junio tendrá como objetivo principal hacer visibles los riesgos, la persecución y la estigmatización que sufren los defensores a nivel nacional. Esto, debido a que los patrones de violencia sobre las y los defensores continúan siendo mortales, debido principalmente al ingreso de actividades como la minería, la tala, el narcotráfico, entre otras, que amenazan sus territorios ancestrales. Por lo cual, su situación y la de sus familias se vuelve cada vez más peligrosa en las diferentes regiones del país.

La comisión organizadora del encuentro está conformada por las defensoras y defensores de las distintas regiones, que vienen participando de una Campaña Nacional iniciada el año 2021 e impulsada por más de 15 organizaciones e instituciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el importante papel que cumplen. 

Las organizaciones e instituciones que conforman este movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales aseguran que este Encuentro Nacional será espacio de denuncia, de protesta, de propuesta, de movilización e incidencia para que en el más corto plazo las y los defensores encuentren la protección que el Estado debe brindarles frente a las amenazas de actividades económicas legales e ilegales.

El viernes 22 de abril, como parte de la campaña nacional “Defensoras y defensores del Perú”, se realizó un plantón convocado por diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que tenían como objetivo principal exigir justicia por los defensores del medio ambiente asesinados en el Perú. Recordemos que desde el año 2020, hasta la fecha, un total de 17 defensores y defensoras de la Amazonia peruana han sido asesinados en su lucha por la defensa del medio ambiente y su territorio, y contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, entre otras actividades.

Además, el plantón se realizó en el marco del día de la Tierra para representar la importancia que tienen las personas defensoras para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. De esa manera, los colectivos y organizaciones se agruparon, desde las 11 am, al frente del Congreso de la República para exigir las siguientes demandas

  • Justicia para las personas defensoras del medio ambiente asesinadas. En lo que va del año, de enero a abril 5 defensores perdieron la vida por defender el ambiente y sus territorios, y en dos años ya van 17 defensores muertos
  • Que el Congreso de la República apruebe y ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú, a pesar de que ya han transcurrido más de 4 años desde su aprobación, aún no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. 
  • Se exigió al Presidente de la República y ministros aprobar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales e implementarla de forma célebre y oportuna. Ello implica el reconocimiento público de su labor, garantizar el presupuesto público para la implementación del mecanismo intersectorial, y la acción conjunta y coordinada de los ministerios y operadores de justicia para proteger y garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos.
  • Se demandó la importancia de que el gobierno, a través de los ministerios y las instancias respectivas, vigile y fiscalice la actuación de las empresas, en todo lo relacionado con los derechos humanos, y se anulen los contratos de la PNP y las empresas extractivas. Igualmente necesaria es la derogatoria de leyes que avalan el uso de la fuerza pública a cargo de la PNP y FFAA, como la derogatoria de la “Ley del Gatillo fácil” y la prohibición del uso de armas letales en la protesta social. Recordemos que, lamentablemente, en las recientes movilizaciones sociales murieron 6 personas y hubo una decena de heridos, y, hasta la fecha, no hay ninguna investigación ni sanción para los responsables. 
  • Por esa razón, en el plantón también se exigió que el presidente Castillo pida la renuncia inmediata del Ministro del Interior, Alfonso Chavarry.
  • Finalmente, se exigió al Presidente de la República, al Congreso de la República y autoridades del país asumir políticas de emergencia, ante la evidente crisis climática que atravesamos. Señalando que es momento de grandes y radicales cambios en nuestro modo de relacionarnos con el medio ambiente, así como la importancia de regular la explotación desmedida de recursos no renovables,  aprobar una política de ordenamiento territorial y declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca ante la evidente contaminación de las fuentes hídricas para consumo humanos y actividades agropecuarias.

Finalmente, luego del plantón se realizó un Tuitazo en las redes sociales desde las 5 pm para continuar exigiendo las demandas señaladas anteriormente. Esto se realizó con los diferentes colectivos, organizaciones e instituciones coordinadoras de la movilización, de manera que los mensajes puedan tener un mayor alcance. Los “hashtags” principales que se utilizaron fueron #JusticiaParaDefensores y #CongresoRatificaEscazú. Este tipo de actividades se continuarán desarrollando con el objetivo de que el Estado escuche las demandas que se exigen para que los derechos de las personas defensoras sean protegidos, así como los del medio ambiente.

La campaña de los defensores y defensoras visibiliza a nivel local, regional y nacional la situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales que son constantemente criminalizadas, violentadas e, incluso, asesinadas.

Por: Beatriz Cortez Sánchez

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el documento sobre “La rentabilidad social” de la minería, donde establece una serie de criterios para su medición. Se señala que estos conceptos han sido expuestos en el libro: «¿Inversión extranjera = desarrollo?» de autoría del propio ministro Iván Merino publicado el 2003. El documento oficial del MINEM señala que “para que esas iniciativas (inversión privada) sean viables deben ofrecer rentabilidad económica al titular del proyecto y rentabilidad social al territorio donde se ejecutarán”, es de resaltar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya ha señalado en sus eventos públicos que ellos ya vienen aplicando el criterio de “rentabilidad social”.

En nota de prensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”. La SNMPE resalta especialmente que se tiene que “construir sobre lo ya avanzado”. La preocupación del principal gremio minero en el Perú es que la actual gestión del MINEM continúe con las reformas y ajustes logrados por influencia de ellos en los últimos años. Debemos recordar que el año pasado, 2020, en plena pandemia, producto del lobby minero se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros  (Decreto Supremo N° 020-2020-EM)  y el Nuevo Reglamento de protección Ambiental para actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 019-2020-EM).

Ahora, con el documento sobre criterios de rentabilidad social publicado por el MINEM, se puede observar de manera muy preocupante, las coincidencias entre la propuesta del ministro Iván Merino y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El documento señala 7 criterios para medir a rentabilidad social: 1) Dinamización de la economía, 2) Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos 3) Nivel y calidad de empleos y salarios 4) Infraestructura local y nacional 5) Tecnología, 6) Distribución del ingreso, estructura del status y poder y 7) Ecosistema y cultura. El documento no solo tiene inconsistencias y grandes vacíos de diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, sino que además se omite el enfoque de derechos humanos y plantea una mirada asistencialista y privatista.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en su informe sobre “Empresas y Derechos Humanos” de 2019 ha señalado que los Estados deben conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el “derecho al desarrollo, (…) se  requerirá, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo(…)» (pág. 35). Agregan que: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.

Por ello creemos pertinente hacer algunos comentarios respecto a los criterios de viabilidad social y económica presentados por el MINEM, ya que estos criterios indefectiblemente deben estar vinculados también a la protección de los derechos humanos.

Comentarios y análisis del Documento de «Rentabilidad Social» del MINEM

Entre varios de los puntos más llamativos, el Eje de “Ecosistemas y culturas” no contiene ni un diagnóstico mínimo del impacto ambiental; solo se reduce a señalar “las modificaciones físicas en el medio ambiente, producto de la acción directa de los proyectos son relativamente fáciles de señalar y evaluar”. Hay un gran vacío en describir el relacionamiento del desarrollo económico local con las condiciones socio-ambientales del territorio. Aquí se omite variables claves como el impacto en la salud humana y ambiental. La rentabilidad social no puede omitir esto, teniendo en cuenta que uno de los principales impactos en la minera es la contaminación del ambiente y sus componentes debido a metales tóxicos.

Otro vacío transversal en el documento es que omite que los principales actores sociales en los territorios impactados por la actividad minera son las comunidades campesinas. En el documento publicado no se señala nada sobre los derechos de los pueblos indígenas, solo habla de “grupo de personas” o “grupos marginados o desplazados”. Se omite que el desarrollo de la economía local, está íntimamente vinculado a los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas impactados y en general de las poblaciones asentadas en los diversos territorios. Además, es preocupante la mirada colonialista de creer que los actores sociales en el territorio son meros receptores de “conocimiento”, “capacitaciones” y/o “tecnologías” mineras. El Estado tiene que valorar las propias actividades productivas que ya desarrollan las comunidades y las diversas poblaciones en el país, no solo considerar la actividad minera como única actividad en el territorio impactado, creyendo sin sustento técnico que las empresas mineras podrán desarrollar importantes cadenas productivas a nivel local, porque en todos estos años no lo han logrado.

Por otro lado, el Eje «Empleos y salarios» se centra el análisis en la “productividad” de las empresas mineras por capacitación de “mano de obra”, más no señala nada sobre el estado actual de los derechos laborales y sindicales en el sector minero. Siendo los conflictos por condiciones laborales una problemática latente a nivel nacional. Esto sin entrar al detalle de que la minería no está dando la cantidad de empleos necesarios para generar mayor bienestar y sostenibilidad económica en los territorios donde ingresa.

En la última parte, que es la más importante del documento, se desarrollan 34 preguntas dirigidas especialmente a medir el relacionamiento o impacto económico-laboral de la empresa minera en el territorio. Pero es llamativo que se traten de preguntas para proyectos en funcionamiento, es decir cuando los impactos ya se están dando, y que casi en su totalidad estén formuladas para ser dirigidas al sector empresarial. ¿No se supone que son preguntas para evaluar la viabilidad de los proyectos futuros, de manera previa al funcionamiento de estos? ¿Cómo se puede analizar viabilidad social y económica con preguntas especialmente dirigidas al empresariado y no a las comunidades y poblaciones?

Las preguntas planteadas para evaluar la rentabilidad social están dejando de lado a actores claves en los territorios, además que omiten el enfoque de derechos humanos, solo una de las preguntas hace una referencia muy vaga a normas de la OIT (Organización internacional del Trabajo), pero también tenemos otro tipo de derechos conexos e interrelacionados, de mucha relevancia, como el derecho al agua, la salud, el ambiente, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

El desarrollo no puede seguir siendo medido solo en términos planteados por los grandes inversionistas, sin analizar en concreto las amplias necesidades de la población y comunidades. El gobierno de Pedro Castillo no debe olvidar que tiene un mandato para generar cambios a favor de la vida y la economía del pueblo: para esto el Estado debe reforzar su rol como garante de derechos y regulador económico. Esto es: lograr que las políticas de producción económica sean acordes a la promoción y protección derechos humanos, especialmente los derechos sociales. 

 

El último miércoles 15 de setiembre se realizó el foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El evento tenía como objetivo la discusión sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú, además de informar sobre los hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”.

Por esa razón, se contó con la participación de panelistas de diferentes organismos públicos y privados para generar una discusión desde diferentes visiones y generar las mejores recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú. En el foro participaron la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú; Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia.

Luego de la presentación del evento realizada por Jaime Borda, Secretario General de Red Muqui, comenzó la participación de la embajadora Kate Harrisson quien señaló que la mayoría de los conflictos que se registran en el Perú son conflictos socioambientales, es decir que se generan a partir de la afectación de un recurso natural en la zona, lo cual también genera impactos negativos en las comunidades cercanas. Además, comentó que, si bien el trabajo que realizan las empresas pueden generar impactos positivos, no se debe dejar de lado el deber que tienen de trabajar sin vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas, ni de las personas defensoras ambientales, lo cual es una problemática constante en el país. Sobre lo último, la Embajadora del Reino Unido en el Perú, informa un dato alarmante, y es que “entre el 2020 y el presente, en el país ha habido al menos 10 defensores ambientales que han perdido la vida” buscando defender sus derechos y los del medio ambiente. Por esa razón, como comenta Kate Harrisson, es crucial “fortalecer el apoyo legal de las personas defensoras para que puedan denunciar crímenes en su contra”.

Constantemente, las personas defensoras de diferentes regiones del país sufren de amenazas, estigmatización, criminalización y ataques lo cual afecta sus derechos y su labor de defensa de la tierra y el medio ambiente. Frente a esto, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que hay una extrema inseguridad de las personas defensoras, ya que no se sienten protegidas ni ellas ni sus familias, y esto se refleja en el informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”, presentado en el foro. Informa también que “los riesgos que enfrentan los defensores han subido durante la pandemia, por actividades contra el ambiente legales e ilegales, y por acceso a la tierra”. En cuanto a la inseguridad con la que viven las personas defensoras, comenta que esto se le asocia también al fracaso del sistema de justicia, que no brinda una respuesta a los pedidos de protección ni una solución concreta a la problemática.

Continuando con los resultados obtenidos por el informe realizado por CAFOD, Emily Mulville, representante de la misma organización, completando la información de las anteriores panelistas, señala que el Perú es uno de los países más peligrosos para la defensa del medioambiente, la realidad comprobada en los estudios y datos sobre la problemática que sufren las personas defensoras, “es escandalosa e inadmisible”. Informa, además, que es debido a que existen fuerzas políticas que tienen como objetivo apoderarse de las tierras que se generan los ataques a los defensores y los impactos negativos al medio ambiente. 

Por esa razón, David Velazco, abogado perteneciente a la organización FEDEPAZ, comenta que es fundamental que se reconozca la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en la sociedad, para que se genere un respaldo social, y en el Estado peruano de manera que “integre mecanismos de protección preventivos ante posibles amenazas”. Sin embargo, la atención que brinda el Estado a la problemática a través del diseño de mecanismos de protección es aún insuficiente, lo cual genera que las personas defensoras sigan siendo criminalizadas y se vean obligadas a refugiarse en los Derechos Humanos, establecidos por la ONU, como señala Hilda Torocahua, defensora de Valle del Tambo.

En el foro también se contó con la participación de la congresista Ruth Luque y de Guillermo Vargas, Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia del  MINJUS, con el objetivo de conocer los retos que se plantean desde el Estado para apoyar el trabajo de las personas defensoras y proteger sus derechos. Ruth Luque señaló que existen aspectos estructurales que el Estado debe cambiar para que se priorice la integridad de las personas defensoras y de las comunidades, de manera que, además, se legitime su rol y labor. Para lograr esto, el sistema normativo debe tomar en cuenta las necesidades de los defensores y que el sistema funcione en favor de ellos y ellas, los cuales son, constantemente, asediados por la minería ilegal.

Guillermo Vargas, reconoce la importancia de que el Estado priorice la atención de la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas defensoras. Por esa razón, comenta que el 22 de abril del presente año, se aprobó el mecanismo intersectorial para la prevención de las situaciones de riesgo, en favor de los defensores ambientales.

Si bien se ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, aún hay retos que cumplir para que las personas defensoras puedan realizar su labor en espacios seguros. Por esa razón, como señala Guillermo Vargas, “solo el compromiso del Estado en conjunto y de todos los actores permitirá que sigamos contribuyendo a la defensa de las personas defensoras del ambiente”.

Sin embargo, para brindar una solución concreta a la problemática, es importante que todos los actores sociales estén involucrados en esto, no solo la sociedad civil y el Estado. Velazco señala que es importante que las empresas evidencien su compromiso con las personas defensoras y no elaboren proyectos que generan impactos negativos en el ambiente, de manera que se pueden prevenir las consecuencias negativas que afectan también a las poblaciones cercanas a la zona.

El último martes 07 se llevó a cabo la tercera mesa de discusión del “Ciclo de conversatorios: el Perú del Bicentenario: los problemas actuales de las personas defensoras del ambiente y los territorios”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en colaboración con Asociación SER, CBC, Oxfam, Kené, DAR, DHUMA, IDL y Red Muqui, y fue transmitida por el Facebook de Red Muqui. En esta mesa se abordó sobre la situación de vulneración y formas de resistencia de Defensores Ambientales en el Perú, y se contó con la participación de panelistas pertenecientes a organizaciones sociales y organismos públicos. 

Los defensores y defensoras ambientales son personas que tienen como objetivo principal realizar acciones para proteger los derechos relacionados con el medioambiente, la tierra y su territorio. De esa manera, su trabajo, al tener una importancia vital para el cuidado de nuestros hogares, la protección de estas personas también incumbe a todos y todas. Sin embargo, de acuerdo con Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la labor de los Defensores/as Ambientales viene siendo afectada por diferentes problemas como la constante estigmatización que sufren clasificándolos como ‘anti desarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales; además, sufren de hostilización, agresiones, utilización indebida del derecho e inclusive de la criminalización. A pesar de eso, comenta que hay una ausencia de sanción por los ataques realizados contra estas personas protectoras del ambiente, e incluso, no existe, a la fecha, sentencia alguna por las muertes de defensores ambientales e indígenas en el Perú.

Esto también es complementado por lo señalado por el Secretario General de las Asociaciones de Urbanización y pueblos jóvenes de Espinar, Vidal Merma, quien explica casos de una gran cantidad de defensores ambientales y dirigentes en la provincia de Espinar que reclamaban sus justicia, pero que fueron criminalizados e incluso asesinados por parte de la policía y que, a pesar de que hay evidencias del asesinato, los casos nunca se han visibilizado a nivel nacional e internacional. Además, comenta sobre hechos similares ocurridos en Moquegua en donde las empresas que realizan actividades que afectan el territorio han llegado a asesinar a dirigentes y defensores del medio ambiente. Merma añade que las empresas silencian sistemáticamente a las personas que reclaman justicia, y solo las que cuentan con dinero suficiente, pueden obtenerla, mientras que las que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no pueden pagar un juez.

A raíz de eso, las poblaciones y los/las defensores que sufren constantemente las violaciones de sus derechos, viven con una inseguridad total porque no hay una institución del Estado que pueda brindarles seguridad, y señala que el Ministerio Público no hace su trabajo de administrar justicia, y no hay nadie de parte del Estado que los defienda.

Es importante tomar en cuenta que la criminalización, la violencia ejercida hacia los/las defensores no solo les afecta a ellos/ellas, sino que también afecta a sus familias. Por esa razón, y ante la ausencia del Estado para proteger la labor y los derechos de las personas defensoras del ambiente, surge la necesidad de organizaciones como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), en la que trabaja la panelista Judith Nunta. Esta organización ha diseñado un Programa Mujer Indígena que trabaja con mujeres indígenas, quienes han quedado viudas, por el asesinato de defensores. El programa busca promover el liderazgo femenino y la reivindicación de su rol dentro de las comunidades, federaciones y otras organizaciones de gobierno indígena.

Discutiendo sobre las problemáticas que generan la afectación a los derechos de los defensores y defensoras, Percy Castillo señala que la Defensoría del Pueblo considera que las principales causas de los ataques, amenazas y homicidios a este grupo son los problemas estructurales: actividades ilegales (tala, minería, agroindustria, etc.), falta de titulación de comunidades, falta de presencia estatal, impunidad frente a ataques, y corrupción. El adjunto para los DDHH de la Defensoría del Pueblo señala que mientras no se dé solución a estos problemas, siempre va a haber un marco de amenaza a los/las defensores.

Frente a esto, Vidal Merma comentó que a los problemas estructurales explicados por Castillo, se le debe agregar un problema fundamental, y es el hecho de que el Estado suele priorizar la protección de los capitales extranjeros y la inversión extranjera, por lo cual permite que las empresas transnacionales sigan cometiendo vulneraciones de los DDHH. El hecho de que el Estado y sus instituciones prioricen la generación de recursos económicos frente a los derechos humanos y ambientales, representa una problemática constante para la cual se debe buscar solución desde el Gobierno.

Desde el 2018 a la actualidad, ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, lo cual se ve reflejado en que, actualmente, se cuenta con el Decreto Supremo 003-2021/MINJUS (Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos). Sin embargo, Mar Pérez, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que aún faltan implementar acciones, como la participación constante de la sociedad civil, para que el mecanismo pueda garantizar la independencia, imparcialidad, y que se den medidas de protección flexibles y acordes a las necesidades reales y concretas de las personas defensoras.

Además, Pérez destaca la lucha de las mujeres defensoras, que, lamentablemente, son víctimas de violencia sexual y de género. Por esa razón, pide que todas las autoridades vinculadas en la problemática se pongan los lentes de género y diseñen herramientas para también proteger las defensoras. Además, señala que se necesita que el protocolo de revisión personal sea modificado para que las mujeres defensoras no sean sometidas en comisaría con la búsqueda de elementos delictivos.

Edgardo Rodríguez, director general de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), respalda las palabras de Mar Pérez, y comentó que el Estado, a pesar de haber dado pasos  significativos para solucionar las problemáticas que afectan a los defensores/as ambientales, estos aún siguen siendo insuficientes y que, así como señala Mar Pérez, se debe buscar solución a los impactos diferenciados en razón de género, dado que se suele olvidar de los contenidos de la afectación especial a las niñas y mujeres que también buscan defender sus derechos.

Por último, según Rodríguez, el esfuerzo para solucionar la problemática y cerrar las brechas tiene que ser uno que comprometa a distintos actores, no solo a las organizaciones defensoras ni a la población, sino a otros actores como a las empresas formales y no formales, lo cual también se está trabajando en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH. Esto es importante, ya que permite concretar el compromiso de las empresas para que tengan respeto y garanticen los derechos de las personas defensoras. Además, agrega la importancia de construir redes de actores que contribuyan a desarrollar un trabajo más articulado entre el Estado y las comunidades cuando ocurran situaciones que vulneran los derechos de las personas y del medio ambiente, ya que, muchas veces, las denuncias llegan tarde por, justamente, la falta de conexiones con autoridades locales o con actores que apoyan hacer llegar las demandas.

Teniendo en cuenta la importancia y los desafíos que aún quedan por enfrentar, les invitamos a participar del foro en cual se presentará el informe regional “Proteger Nuestra Casa Común” el miércoles 15 de septiembre, y en el que participarán diferentes panelistas de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales. En este evento, se informarán los desafíos a los que se enfrentan defensores y defensoras de seis países de Latinoamérica, y se generarán mayores propuestas sobre cómo mejorar el entorno y protección para los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

Este jueves, a pocos días de las elecciones en Perú, especialistas y dirigenta/es indígenas y sindicalistas analizarán las propuestas electorales de los partidos contrincantes Fuerza Popular y Perú Libre, en materia de minería y medio ambiente.

Minería en Debate

En el tramo final de estas elecciones el tema minero se ha puesto en debate. Por un lado Perú libre plantea renegociar contratos y recaudar más impuestos a mineras, y por el otro Fuerza Popular insiste en continuar y profundizar el modelo minero. En ambos casos no se habla con claridad sobre los impactos de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Ante ello, Red Muqui llevará a cabo el Foro denominado “Futuro de la minería y medio ambiente” con la participación de dirigentes, dirigentas y profesionales que analizarán las propuestas de estos dos partidos de la contienda electoral 2021.

Se contará con un panel de destacados especialistas, entre ellos: Jaime Borda, secretario Ejecutivo de Red Muqui, quien estará a cargo de la moderación. José de Echave, doctor en economía y miembro de la ONG CooperAcción – Acción Solidaria para el desarrollo. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui. Así como de Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Edmer Bartolo Santamaría, Secretario de Organización de la Federación nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.

Foro: «Futuro de la minería y medio ambiente»

La cita es este Jueves 03 de Junio a las 5 P.M.

El Foro se trasmitirá en vivo a través del medio de comunicación Wayka y por medio de la página de facebook de Red Muqui.

➡️ Sintoniza la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/34lhm5hqrE?amp=1