Listado de la etiqueta: Medio ambiente

Perú incumple tratado internacional que respeta derechos de los pueblos indígenas

,

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

A pesar de que el Perú es un país pluricultural, y que cuenta con más de 50 pueblos indígenas en su los Andes y la Amazonía, que representa aproximadamente el 7% de la población nacional, históricamente, estos pueblos han sufrido constantes vulneraciones a sus territorios y sus derechos por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones territoriales, así como por el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura que no han sido consultadas previamente.

Asimismo, en los últimos 10 años, según datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), basados en informes periodísticos y estatales, se han registrado 26 asesinatos de personas defensoras ambientales. Y aunque el Estado peruano dispuso en el año 2021 de la creación del “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, las amenazas y la impunidad persisten, y no hay eficacia en su implementación.

Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.

Todas estas problemáticas y violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios se sigue dando a pesar de que el Estado peruano se comprometió a defenderlos al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos adscrito a las Naciones Unidas. Este convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

Por esa razón, te invitamos a participar este jueves 09 de noviembre a la presentación del Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT que se realizará en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El informe busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
El documento evidencia un problema histórico de discriminación estructural en el Perú, tal como lo indicó hace 20 años el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyas recomendaciones siguen pendientes y urgentes de abordar.

Por todas las consideraciones expuestas el informe representa un documento actual, debidamente sustentado, que brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado peruano sobre un derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas de Perú. El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc5cfVmwFtYG27PcDyKpjOQKs07ZLB4NlS9DPM1T6M3GxPA/viewform

/por

Relator Especial de la ONU para el derecho al agua destaca en informe alarmante vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático

,

La semana pasada el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54° período de sesiones el informe final de su visita al Perú.

En su recorrido por el país, que se extendió del 1 al 15 de diciembre del año pasado, Pedro Arrojo, economista de formación y experto en gestión de agua, visitó los departamentos de Lima, Ica, Cajamarca, Puno y Loreto. Durante su estadía se reunió con una extensa representación de la sociedad organizada que compartió con él sus preocupaciones y su lucha diaria en defensa de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Allí el Relator Especial pudo conocer de primera mano la alarmante vulnerabilidad hídrica del Perú ante el cambio climático, acrecentada por el modelo de desarrollo extractivista imperante, y las consecuencias devastadoras que la contaminación tóxica de las aguas genera sobre la población.

La destrucción de acuíferos, humedales, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la gran minería, así como las graves afecciones que esta les provoca agrava el impacto sobre la regulación de caudales fluviales que supone la desaparición de los glaciares, lo que dispara la vulnerabilidad de la mayor parte de la población que vive en la franja costera del Pacífico, frente a los crecientes riesgos de sequía y de inundación.

Respecto a la contaminación tóxica, el Relator destaca los datos del propio Ministerio de Salud, según los cuales más de 10 millones de peruanos y peruanas, es decir más del 31 % de la población, sufren riesgo diario de contaminación por metales pesados, metaloides y otros tóxicos, con la demoledora precisión de que el 84 % son niños y niñas.

El relator en su informe también nombra los responsables de tan graves perjuicios para la salud pública, pues destaca que la contaminación procede de explotaciones mineras legales e ilegales activas y de frecuentes vertidos petroleros, pero también de 7.668 pasivos ambientales mineros, y de los 3.231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Concluye el relator: “ Estamos, en suma, ante un proceso de envenenamiento sistemático de gran parte de la población, especialmente en comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que el cambio climático proyecta un futuro hidrológico sombrío para el país”.

Es especialmente preocupante la situación hidrológica del Perú, ya que más del 97 por ciento de las aguas superficiales y de acuíferos subterráneos discurren por la vertiente del Amazonas hacia el océano atlántico y menos del 2 % del total del agua disponible se genera en la vertiente pacífica, con la paradoja que es en la Región Hidrográfica del Pacífico donde se concentra el 65 % de la población y se produce la mayor actividad económica.

En esta tensa situación hídrica que presenta el país, la acción humana agrava la indefensión frente al cambio climático, constata el informe: “El desarrollo de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, además de generar graves problemas de contaminación, deseca y amenaza lagunas, humedales y bofedales en las cabeceras, como ocurrió con la laguna de Yanacocha y las nacientes del Río Grande junto a la ciudad de Cajamarca”.

En efecto, en la región de Cajamarca, el Relator Especial visitó las lagunas y manantiales de Alto Perú de los que dependen varias cuencas hidrográficas. Inquietan al enviado de la ONU las concesiones mineras solicitadas en la zona y la falta de medidas legales para proteger estos ecosistemas. Además, recibió información preocupante sobre el proyecto minero Río Blanco, que afectaría a los bosques de neblina, importantes para regular las aguas de Piura, como reconoce la Autoridad Nacional del Agua y denuncian las comunidades campesinas.

Entre las principales recomendaciones que debería abordar el país para alcanzar el derecho humano al agua potable y el saneamiento, destacan las siguientes:

– Transitar a modelos de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que garantice la participación ciudadana y los derechos de los pueblos indígenas.

– Promover laboratorios independientes con capacidad de análisis y seguimiento de los problemas de contaminación de aguas, al servicio de comunidades y organizaciones sociales.

– En contexto de escasez o de competencia entre usos del agua, deben reservarse las fuentes naturales de mayor calidad al abastecimiento humano.

– Activar la Ley 30640 y establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas.

– Crear el sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

– Implementar mecanismos de reparación para víctimas de contaminación.

– Fortalecer la gestión comunitaria del agua poniendo en valor la agro ganadería y las actividades económicas tradicionales respetando los saberes, las prácticas y la gobernanza comunitaria de los Pueblos Indígenas.

– Acabar con la criminalización de las personas defensoras del agua, por ello el Gobierno debe reconocer el papel de las personas defensoras del agua.

Puede leer el Informe completo del Relator Especial, dando clic AQUÍ

/por

Ejecutivo y SNMPE buscan acelerar procedimientos para extraer más minerales desprotegiendo el ambiente y el agua

El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.

Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.

Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.

Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.

Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.

Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.

/por

SNMPE propone eliminar autoridades ambientales

, , , ,

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

/por

Poder Judicial deja sin efecto pedido de demolición de infraestructura productiva de Chaparrí

,

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundada la oposición a la medida cautelar de no innovar y retirar la infraestructura productiva y de turismo, la cual fue presentada en el 2021 por el procurador de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM), Julio César Guzmán.

La medida presentada tenía como objetivo de demoler la infraestructura eco-turística y agrícola, Ecocamping Racarrumi; así como el canal de agua Majín, ubicado en el centro poblado de ‘El Mirador’, lo que habría afectado irreparablemente la actividad agrícola de más de 300 familias de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape-Lambayeque, cuya principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Además, esta medida fue presentada como parte del proceso en el que se acusa a campesinos defensores del ambiente de Chaparrí de haber sido los autores del delito contra los recursos naturales, figura de alteración del ambiente o paisaje, en agravio del Estado y del Ministerio del Ambiente.

De acuerdo al presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Carrasco Vásquez, los habitantes de la zona han recibido la resolución con gran alegría y agradecimiento. Los comuneros cuestionaban esta medida por las consecuencias que podría generar, ya que, de destruirse la infraestructura del canal Majín y del Ecocamping Racarrumi, hubiese significado un gran retroceso para la economía comunal.

Si bien esta resolución judicial representa una gran noticia para la comunidad, para la Reserva Ecológica de Chaparrí, y para defensores del ambiente, es importante resaltar que la lucha aún no termina y la criminalización contra defensores ambientales no ha cesado. Como muestra de ello, en octubre del presente año se continuará con el juicio oral contra reconocidos líderes campesinos y defensores ambientales de Chaparrí, entre ellos Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Dociteo Tafur Diaz, Américo Laboriano Ramos y Segundo Fabián Culqui Mendoza y Juan de Dios Carrasco Fernández, que podrían enfrentar condenas de hasta cuatro años de prisión.

Recordemos que los comuneros mencionados lograron construir la infraestructura Ecocamping Racarrumi gracias a que ganaron en el 2017 un concurso organizado por el Programa Turismo Emprende promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Por consiguiente, a pesar de la buena noticia que ha representado la resolución de la sala penal, las comunidades de Chaparrí mantienen su preocupación por el peligro constante en el que se encuentran sus líderes campesinos y defensores ambientales. En especial, porque los procesos de criminalización siguen avanzando con nuevas denuncias y presentan un acelerado, tal vez inusual, avance, especialmente desde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Asimismo, las comunidades denuncian la presencia de mineras que pretenden ingresar para realizar estudios de exploración, que se realizarían en territorio protegido de la reserva ecológica, por su tamaño, la más importante de la región Lambayeque.
Por esa razón, los comuneros de Chaparrí anuncian e invitan a la población a unirse a una marcha que se desarrollará el 1 de junio en Chiclayo para crear conciencia de la importancia de los bosques, las reservas ecológicas y de los defensores de los mismos, en un contexto de crisis climática global.

/por

Vigilantes y protectores del agua y la vida se congregan en Ayacucho en el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales

,

Del 22 al 24 de marzo se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, en el cual participaron representantes de diez departamentos del país: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima y Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua.

Durante las acciones desplegadas resalta la visita a la Comunidad Campesina de Santa Fe, donde se apreció la belleza de la laguna Guitarrachayuq ubicada a 4,400 msnm, solo a diez minutos de la comunidad mencionada. La vista de las aguas cristalinas de la laguna se mezclan con los nevados imponentes y un cielo engreídamente despejado.

 

 

A simple vista, el paisaje imponente parece eterno. Sin embargo, esta laguna y otras más de la zona, inclusive nevados y hasta la propia Comunidad Campesina de Santa Fe están en peligro porque se encuentran sobre subsuelo concesionados para la actividad minera, así lo comprobamos a partir de fuentes oficiales.

 

 

Por lo anterior, el rol de los vigilantes y monitores ambientales, para cuidar el agua y las bellezas paisajísticas, es más necesario que nunca, pues los resultados de su labor podrían alertar no solo de amenazas al recurso natural, sino también  podrían alarmar de artilugios legales y administrativos que se estarían moviendo entre sombras para promover un extractivismo feroz, violento y expropiatorio.

Durante los días del encuentro, aguas abajo del Guitarrachayuq, delegaciones de los diez departamentos conformaron grupos de monitoreo para intercambiar experiencias de vigilancia y monitoreo ambiental, y a la vez analizar la calidad del agua en los ríos Supaymayu y Apacheta, mediante los métodos de macroinvertebrados, bacteriológico y fisicoquímico; concluyendo tal cual lo manifiesta un hermano de Puno “estos ríos aún están vivos, debemos cuidarlos y proteger sus nacientes en las montañas”, los resultados de los monitoreos mostrarían que la calidad del agua en ambos ríos son buenas. Sin embargo, si no se establecen medidas y acciones para protegerlas, el medio ambiente y la salud de las personas estarán en peligro.

 

 

Posteriormente, representantes de los diez departamentos iniciaron una sesión de reflexión para construir procesos colectivos de cara a su reconocimiento, involucrando para su análisis temas referidos a un proceso constituyente, adelanto de elecciones y otra gama de expresiones que se encuentran en la declaratoria del evento.

/por

Organizaciones de la región presentan informe ante la ONU para denunciar a empresas chinas que vulneran DDHH

,

En los últimos quince años, ha habido una considerable expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina. Sin embargo, este hecho, enmarcado en el relato de que estas inversiones traerían mayor desarrollo social y económico para los países donde se realizan estas actividades, ha venido acompañado, por el contrario, de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando cinco proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO); Proyecto Minero Río Blanco y el Puerto de Chancay. Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, afectar los derechos de los pueblos indíagenas o bien vulnerar los derechos a la vida, libertad, integridad y reunión pacífica o la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que, organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales de cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (Entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control. 

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Borda expuso sobre dos casos emblemáticos en el norte y centro del país: las empresas mineras Río Blanco Copper y Chinalco, respectivamente. Informó que en el primer caso, desde hace muchos años, el proyecto minero, ubicado en Piura, intenta ingresar al territorio. La población se opone a este proyecto ya que afectaría la conservación de los bosques de neblina y los páramos que entre otros recursos naturales conservan y almacenan las fuentes de agua disponibles en la región. Por esa razón, a través de una consulta vecinal, sus habitantes rechazaron la realización de este proyecto. Sin embargo, la minera ha continuado buscando ingresar al territorio, incluso, usando la fuerza.

En el segundo caso, la empresa minera Chinalco genera grandes afectaciones de derechos humanos y ambientales. Uno de las principales es el reasentamiento forzado, ya que una comunidad entera fue obligada a trasladarse a otro lugar, mientras que parte de la comunidad que se quedó en la zona, vive siendo hostigada y amenazada para que se retire del sitio. Asimismo, Jaime Borda afirma que hay varios compromisos que la empresa y el Estado han incumplido en los últimos años.

Informó también que en ambos casos, se ha omitido la realización de una consulta previa libre e informada, es decir no se ha tomado en cuenta la opinión de la población. Además, la mismas comunidades han realizado denuncias de contaminación en el territorio, sobre todo en el caso de la minera Chinalco.

Finalmente, otro patrón que se ha evidenciado en ambos proyectos es que los dirigentes comunales y organizaciones son denunciados por exigir que la empresa cumpla con su compromiso, y que se respete su derecho a la protesta.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales. Como es el caso de Chile, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, la cual, a pesar de no tener un permiso aprobado, taló ilegalmente árboles de bosque nativo, con el objetivo de construir la central. Afortunadamente, gracias a las denuncias, la empresa ha realizado un alto a esta tala. Sin embargo, continúa en su afán de obtener el permiso de construcción argumentando que el proyecto es de interés nacional.

Otro caso expuesto es el de Colombia, donde hay varias comunidades afectadas por el proyecto de Buriticá que pertenece a la compañía china Zijin. Este proyecto, a través de diferentes acciones como la tala ilegal, afecta el Bosque Seco Tropical (BST), de vital importancia porque forma parte de corredores biológicos de América Latina, y que, con el paso del tiempo, presenta una gran pérdida de biodiversidad, concretamente, el bosque se ha reducido en más del 70 por ciento. Además, diariamente, el proyecto explota más de  cuatro mil toneladas de oro sin control regular, generando contaminación aérea. Un grave problema que afecta la salud de las comunidades de la zona. Y el Estado, como en los demás casos presentados en el informe, apoya el proyecto pese a las vulneraciones.

Además de la vulneración de los derechos ambientales y a la salud de las comunidades, también hay casos en los que los proyectos vulneran los derechos laborales, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Cochabambas, Bolivia, que pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation. En este proyecto las y los trabajadoras/es carecen de condiciones básicas de bioseguridad (limpieza, no tienen servicios higiénicos adecuados), y de derechos básicos laborales. Sumado a esto, la empresa, que busca construir dos centrales hidroeléctricas, ya ha afectado más de 280 hectáreas de bosques pertenecientes a un área protegida.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado Chino, de manera que se planteó que:

  • Es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones
  • Consideramos fundamental que se garantice el acceso a la justicia y se creen mecanismos de reparación integral para las víctimas más allá de sus fronteras
  • Que se generen canales de comunicación. Consideramos fundamental que las embajadas y la misión permanente en Ginebra establezcan un canal oficial de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en las regiones, y que este canal nos permita tener un contacto con las empresas chinas. Esto será de ayuda para evitar los conflictos sociales y ambientales que se dan en torno a los proyectos
  • Se deben crear políticas de cooperación que prohiban a las empresas e instituciones chinas participar en proyectos que afecten ecosistemas frágiles, y abstenerse de operar en territorios de poblaciones vulnerables (comunidades campesinas y pueblos indígenas)

El informe es un medio para buscar que se dejen de vulnerar derechos humanos por parte de las empresas chinas y que los estados, no solo el chino, también aquellos donde se realizan los proyectos, se comprometan a crear medidas de protección de los derechos del medio ambiente, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, que históricamente vienen siendo afectados.

/por

Mujeres de 13 regiones afectadas por metales pesados fortalecen organización

,

El 29 y 30 de noviembre se realizó el III Encuentro de Mujeres de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMPMOSQT) con la participación de lideresas provenientes de 13 regiones del país, en Lima.

El objetivo de este evento fue promover el autocuidado, fortalecer la organización y liderazgo de mujeres, así como elegir la primera Secretaría de Mujeres de la Plataforma.

Como parte de sus actividades, se llevaron a cabo talleres de autocuidado, cuidado colectivo y fortalecimiento de la organización a cargo de las facilitadoras Nancy Cifuentes y Gladys Vila.

A través de esta actividad, se viene fortaleciendo la organización interna y participación de las mujeres afectadas por metales en la Plataforma.

Además, OXFAM presentó la investigación “Contaminación por metales pesados en el Perú: Impactos y costos sobre la salud, la economía y el cuidado doméstico”.

Asimismo, se realizó un taller sobre el impacto de metales pesados a cargo de las especialistas Paula Meza y Ana Leyva. Dicha actividad fue acompañada con la presentación de la versión amigable del Plan Multisectorial Especial Para la Atención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM).

Durante el Encuentro, Karla Eroyla fue elegida la primera Secretaria de Mujeres de la Plataforma, representando a la región Cajamarca, y como subsecretaria fue electa Rudy Sajami, representante de Loreto.

“Este encuentro ha sido muy importante especialmente para las mujeres que estamos pasando momentos difíciles en nuestros territorios, afectados por metales pesados, ya que psicológicamente lo pasamos mal y también luchamos por el medio ambiente y en defensa de nuestras comunidades”, señaló Elsa Merma, representante de Espinar, Cusco.

El Encuentro es parte de las actividades programadas en la Semana de Salud Ambiental y Humana coordinada entre la Plataforma Nacional de Afectados y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, que va del 29 de noviembre al 03 de diciembre.

/por

Ejecutivo y congreso no aprueban presupuesto para la protección de defensores y defensoras ambientales

,

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

/por

Comunidades del norte protestarán en Lima contra mineras que operan sin su consentimiento

, , ,

Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

/por