Un violento intento de desalojo sufrieron ayer por la tarde comuneros del Ayllu Sallawi de la Comunidad Indígena PUMAMARCA del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac a manos de fuerzas policiales. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa numerosas mujeres y hombres heridos, en lo que habría sido una acción para desalojar a comuneros de una zona que es estancia de la comunidad dedicada a la ganadería.

La represión a manos de un contingente de varios cientos de policías contra un grupo no mayor de 50 comuneros que cuidan sus animales y ocupan allí temporalmente viviendas provisorias, dejó al menos seis heridos y se reporta un detenido. No ha quedado claro si la PNP logró su cometido de desalojar a los comuneros ya que alertada, la comunidad envió más integrantes a la zona. Al parecer la policía habría destruido o quemado numerosas chozas en acciones que se prolongaron hasta el anochecer.

Aún no está claro cuál es el motivo del intento de desalojar este territorio y quién habría solicitado esta acción que no fue notificada previamente a la directiva actual de la comunidad ha declarado uno de sus integrantes que fue contactado por Red Muqui.

En una zona aledaña se encuentra otra parte del territorio de la misma comunidad que en 2011 fue vendida a la empresa MMG Las Bambas en una venta hecha por una directiva anterior y que los actuales dirigentes consideran ilegítima y por ello habían planteado la renegociación. Al no llegar a acuerdo con la empresa se creó una mesa de diálogo con la participación de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora no ha dado frutos.

En algunos informes de prensa se habla de que en dicha zona en disputa,la comunidad o parte de ella viene desarrollando minería informal.

Lea aquí un informe más detallado publicado por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú: https://conflictosmineros.org.pe/2024/05/31/casi-una-decena-de-heridos-deja-represion-a-dos-conflictos-en-las-bambas-por-tierras-y-agua/

Las declaraciones coincidentes entre representantes del Ejecutivo en boca del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por medio de su titular Rohel Sánchez y el vicepresidente de finanzas de la empresa Southern Copper Perú, Raúl Jacob por reactivar a toda costa el proyecto minero Tía María ubicado en el valle de Tambo en la provincia de Islay de Arequipa también está reanimando la resistencia de la población local a la instalación minera en su territorio, ya que amenaza los ecosistemas y la producción agrícola del valle.

Entre los primeros se encuentra el espacio Lomas de Cachendo declarado en 2018 como Ecosistema Frágil por Decreto Supremo, pese a lo cual el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ese mismo año le cedió mediante resolución a Southern 49,5 hectáreas de este territorio como concesión por un plazo de 21 años para su proyecto Tía María. Desde entonces, la gran mayoría de población local, que vive de la agricultura, espera que se revierta esta decisión y se proteja así un ecosistema que se destaca según el estudio realizado en 2016, por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) perteneciente al Ministerio de Agricultura, por la presencia de especies de baja resiliencia, es decir que carecen de capacidades para retornar a su estado original cuando sufren alteraciones.

Sin embargo, hacia 2019 el conflicto entre los intereses mayoritarios de la población, que mediante una consulta popular realizada en 2009 rechazó por más del 96 por ciento el proyecto Tía María, y la empresa minera quedó en compás de espera para un momento político más propicio, desde el punto de vista de los intereses empresariales, como explica el abogado de la organización de derechos humanos FEDEPAZ, David Velazco.
Esa coyuntura política esperada, al parecer, la vieron llegar los dueños de Southern con la llegada del régimen de Dina Boluarte, que desde el año pasado ha estado emitiendo declaraciones para reiniciar una multimillonaria inversión, que promete refinar 120 mil toneladas de cobre al año y crear entre cuatro y nueve mil puestos de trabajo durante su construcción, puestos que se reducirán a no más de 600 trabajadores directos, una vez instalada la infraestructura para sus operaciones.

Ante la arremetida del Ejecutivo por imponer proyectos mineros tan ampliamente rechazados como Río Blanco en Piura o en este caso Tía María, los representantes empresariales se han sumado inmediatamente. Raúl Jacob, representante de la empresa que busca explotar dos yacimientos, La Tapada y Tía María ubicados en la margen derecha del río Tambo del distrito de Cocachacra, expresó hace unos días que las condiciones sociales habrían mejorado después de años de protestas que detuvieron el desarrollo del proyecto, que, según el propio titular del Minem, Rómulo Mucho, aún carece de licencia social para avanzar,

Por ello los habitantes de Cocachacra y demás distritos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto se están organizando nuevamente y el 5 de junio realizarán una asamblea popular en la Plaza San Francisco de la ciudad en la que decidirán los pasos a seguir, para mostrar con su presencia en movilizaciones su rechazo al deseo de reinicio de la explotación de cobre, expresado por el Ejecutivo y el gremio minero. Declaraciones a las que se ha sumado el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, que ante la pregunta sobre su opinión acerca de Tía María respondió: “Arequipa es una región minera y hay que impulsar esos proyectos”.

Para llamarle la atención sobre su responsabilidad como autoridad regional en resguardar el medio ambiente, especialmente de zonas que han sido declaradas como Ecosistemas Frágiles tal como es el caso de Lomas de Cachendo, una delegación del valle de Tambo le ha entregado este miércoles una carta en la que le recuerdan las disposiciones legales que obligan al Estado a proteger estos espacios.

El exdirigente y vocero de la zona, Roger Chirapo incluso plantea que la carta con los fundamentos legales sea certificada ante notaría y en caso de que el gobierno regional no responda a los requerimientos en un plazo de siete días hábiles, presentar un proceso de acción de cumplimiento ante el Poder Judicial para hacer cumplir el Decreto Supremo de 2018 que incluyó a las Lomas de Cachendo en la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”. En 2020, el Decreto Supremo Nro. 007 del Ministerio de Agricultura aprobó un protocolo para gestionar y proteger estos ecosistemas, asignando responsabilidades específicas al GRA.

De esta forma, mediante movilizaciones y acciones ante la Justicia, los más de veinte mil agricultores y sus familias, que viven gracias a los frutos que les brindan el valle de Tambo y el río del mismo nombre, hasta ahora libre de gran extracción minera, pretenden aumentar la presión social y obtener respuestas políticas adecuadas a sus necesidades. En el pasado reciente, su determinación de proteger sus fuentes de vida fue respondida con extrema violencia por parte del Estado, que dejó un saldo de siete muertos, decenas de heridos y numerosos dirigentes sociales perseguidos criminalmente por la fiscalía. Tal vez por ello, por representar un símbolo reconocido de resistencia a la imposición de proyectos extractivos, en los últimos días han recibido días muestras de solidaridad de otras regiones del país, como de Puno. Aquí se está realizando el quinto encuentro nacional de monitores y vigilantes ambientales, que durante la jornada del jueves realizaron un plantón en la ciudad y gritaron consignas a favor de la agricultura y en contra del proyecto Tía María.

Por el momento, la resistencia manifestada parece haber hecho reflexionar al Grupo México, casa matriz de Southern, sobre su estrategia para lograr la explotación minera y ha salido a matizar las palabras de su ejecutivo Jacob. En una aclaración de mediados de semana han dicho que si bien considerarían positivo el inicio de obras de la minera antes de fines de año, “dicha construcción empezará en el momento que se considere más adecuado, pues no tiene fecha determinada”.

Por área socioambiental
Red Muqui

Finalmente después de una larga lucha, los pobladores de la cuenca del río Lurín han logrado que el Congreso de la República apruebe el proyecto de Ley 3431 / 2022 – CR que declara de “interés nacional la protección, conservación y recuperación de los ecosistemas de la Cuenca hidrográfica del río Lurín y la mejora de los servicios ecosistémicos de dicha cuenca”. El texto, en su artículo único, establece la declaratoria de interés nacional, así como la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible de la cuenca, tal como el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín y del Grupo de Trabajo Multisectorial de la Cuenca del río Lurín.

El río Lurín amenazado por las actividades extractivas

El río Lurín se encuentra contaminado no solo por el vertimiento de residuos sólidos, desagües domésticos, agroindustria y el crecimiento acelerado de la población, sino también por las actividades extractivas ubicadas en las cabeceras de cuenca, donde nacen las aguas. En la parte alta y media se encuentra una gran cantidad de pasivos ambientales mineros, el territorio está concesionado para la minería y el crecimiento de su expresión informal ha puesto en peligro a este caudal, del que dependen las poblaciones ubicadas en las riberas del río y del sur de la ciudad de Lima.

Por otro lado, la parte baja (Valle de Lurín) se encuentra amenazada por intereses económicos que estarían usando el suelo con fines comerciales e industriales. Aparte, de la contaminación ambiental, que aumenta la fragilidad del territorio ante potenciales fenómenos climáticos como el recientemente vivido “niño costero” o el temporal Yaku que hacia fines de 2022 azotó el norte del Perú, se ha puesto en riesgo el valor paisajístico del Valle de Lurín y el patrimonio arqueológico Santuario Arqueológico de Pachacámac.

A pesar de la situación descrita, el Valle del río Lurín todavía es considerado uno de los últimos pulmones verdes del sur de Lima Metropolitana. Saludamos esta iniciativa, que se propone proteger y conservar su biodiversidad, esencial para contrarrestar el cambio climático y garantizar la sostenibilidad de las poblaciones asentadas en sus riberas.

La gesta ciudadana para proteger el río Lurín
Es importante resaltar la gesta ciudadana encabezada por el Frente de Defensa del Agua de la Cuenca Lurín ( FEDAC-L) que ha trabajado desde hace muchos años de manera participativa para que el río sea declarado de interés nacional y sujeto de derechos, acción que fue apoyada por la congresista Ruth Luque para presentar un proyecto de ley. A este esfuerzo se sumaron diversos grupos de ciudadanos, comunidades, municipalidades y pobladores de toda la cuenca que son testigos del estado vulnerable en que se encuentra el río.

Efectivamente en estos espacios han participado diversas organizaciones de toda la cuenca, aproximadamente unas sesenta, desde las comunidades de la parte alta (Tupicocha, San Damian, etc), la parte media ubicado en la comunidad de Antioquia y Cieneguilla, y las poblaciones de la parte baja del Valle de Lurín que han representado proporcionalmente los 10 distritos que conforman la cuenca.

En la zona baja de la cuenca del río, desde siempre se ha presentado la colmatación de la corriente, que consiste en la acumulación de sedimentos en su lecho.

Por otra parte se está destruyendo la biodiversidad de las riberas con la tala de árboles y arbustos con su diversidad de cañaverales. Entre ellos las especies de carrizo y molle que tienen la propiedad de conservar agua lo que ha llevado a la desaparición de los humedales, pese a lo cual aún se carece de un estudio ambiental.

Los desafíos ambientales en la cuenca
La protección y conservación de la cuenca del río Lurín tiene el propósito de preservar y cuidarlo, además de frenar su deterioro ambiental. La conservación de su espacio también es importante por los inmensos bancos de diversidad genética, que nos proporcionan esenciales servicios ambientales: agua para la población y energía, también genera alternativas de desarrollo sostenible como el turismo.

En esa línea, las poblaciones de la cuenca necesitan tener acceso al agua como un derecho humano. Sin embargo, los problemas de su escasez causados por la crisis climática y la contaminación ambiental está afectando a las poblaciones. A ello se suma el incremento de los proyectos inmobiliarios en la zona baja, lo que está poniendo en riesgo la disponibilidad de agua en las zonas media y alta.

Las organizaciones sociales y las poblaciones tienen un creciente interés por la conservación de los recursos naturales, lo que falta es un mayor compromiso de las autoridades del gobierno central y el desarrollo de capacidades en los ámbitos subnacionales. Existe, además, una propuesta y una experiencia de trabajo que fortalece la democracia; nos referimos a los comités de gestión, que han avanzado en desarrollar un instrumento de medición de la participación que puede ser utilizado por otras instancias de gestión participativa y que se propone:
– Cuidado y protección de la biodiversidad
– Regular la actividad y el impacto del ser humano en espacios naturales para su preservación o restauración
– Captar el exceso de CO2 atmosférico
Regulación del clima
– Conservación de reservas de agua
– Mantenimiento de la fertilidad de los suelos
– Fuente de alimento y de materias primas
– La finalidad es asegurar la conservación de las fuentes de agua y de sus bienes asociados en beneficio de la población y de las actividades productivas en el ámbito territorial de la cuenca.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2288660-3

Por: Mayra Zambrano – Área de Incidencia Político-Legal

El gobierno de Dina Boluarte, a través de la cooptación de esferas de poder y acuerdos encubiertos con empresas, ha estado empeñado en favorecer intereses privados, flexibilizando y acelerando la “tramitología» ambiental, sin considerar la participación ciudadana ni la de los pueblos indígenas u originarios. Esta situación ha debilitado el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual se ha visto afectado por múltiples modificaciones, incluyendo el Reglamento de la Ley del SEIA. En este sentido, desde la Red Muqui presentamos la síntesis de las normas que conforman el paquetazo antiambiental.

Una serie de modificaciones con una dirección inequívoca que comenzó el 30 de mayo de 2023 con la publicación del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM y que aprobó el “Cronograma de Transferencia de Funciones en materia de fiscalización ambiental de los subsectores Transportes, Vivienda y Construcción, Saneamiento, Comunicaciones, Salud, Defensa, Justicia, Educación y Cultura al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA”, el cual detalla en su cuarta disposición complementaria final la suspensión del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. Este PUPCA es una herramienta que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) estaba aplicando para mejorar la predictibilidad en los procesos de certificación debido a que permitía estandarizar las etapas, plazos y requisitos de diez procedimientos administrativos, como la clasificación de proyectos, el plan de participación ciudadana, la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificatorias, los informes técnicos sustentatorios, entre otros. De esta manera, se había superado el rudimentario y obsoleto esquema que dispersaba sectorialmente las funciones ambientales y que no transparentaba la cartera de proyectos promovidos y aprobados desde cada ministerio, actuando como juez y parte.

El 28 de noviembre de 2023, se publicó la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM que aprueba la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM. Este proyecto introduce la posibilidad de presentar los Planes Ambientales Detallados (PAD), una figura creada en 2019 para adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la respectiva certificación ambiental. Los PAD incorporan estos impactos identificados que no cuenten con su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Aún cuando esta figura no guarda relación con el cierre de minas, se logró quitar una importante competencia al SENACE que ahora queda bajo la tutela del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Por otra parte, el proyecto normativo restringe el mecanismo de participación ciudadana, al excluir del mismo el requisito de entregar el Plan de Cierre a las autoridades regionales y locales. Además, se excluye el mismo título de «Participación Ciudadana» como uno de los componentes de evaluación de los planes de cierre de minas, manteniendo como única obligación la publicación de anuncios mediante radioemisoras y diarios.

El 30 de diciembre de 2023, se emitió el Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, mediante el cual se aprueban disposiciones complementarias para la implementación del artículo 21 de la Ley N° 30230, así como modificaciones a otras normativas. Entre ellas destaca, que ya no se requiere obtener el permiso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para llevar a cabo estudios del patrimonio en los monitoreos de vigilancia y control asociados a los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados dentro del área de influencia. Asimismo, indica la creación de comisiones de profesionales que, en lugar de desempeñarse en entidades con opinión vinculante, serán destacados en el SENACE. En paralelo a estos cambios, el MINEM legaliza operaciones del sector hidrocarburos y eléctrico realizadas sin certificación ambiental previa, a través de la aplicación de un instrumento de regularización correctiva PAD.

El gobierno continuó la ofensiva desreguladora, el 12 de abril de 2024, con la publicación de la Resolución Ministerial N.° 126-2024-MINAM, proyecto de Decreto Supremo que busca apartar de SENACE el “esquema de articulación” con las entidades técnicas opinantes en los procesos de evaluación de los EIA. Con esta propuesta normativa, se excluye al SENACE de la posibilidad de identificar cuáles son esos proyectos de inversión a priorizar, tarea que recae en las autoridades sectoriales. Por otro lado, elimina la autorización previa por parte de SERFOR o IMARPE para temas de recursos marinos, estableciendo que los titulares de proyectos de inversión obtengan sus autorizaciones mediante un procedimiento de aprobación automática, hasta que el MINAM actualice la guía para la elaboración de la Línea Base en el Marco del SEIA. Otra modificación tiene que ver con los títulos habilitantes, que podrán ser renovados a través de un procedimiento de aprobación automática, advirtiendo que cualquier verificación al cumplimiento de los títulos vigentes puede realizarse solo mediante mecanismos posteriores. Con esta propuesta, se elimina la posibilidad que tienen las autoridades para evaluar previamente si las condiciones físicas que motivaron en un primer momento la emisión del título habilitante, se mantienen en el tiempo.

Por último, el 04 de mayo de 2024 se publica el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM que modifica artículos del Reglamento de la Ley del SEIA (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM). En concreto, modifica el artículo 51 e incorpora el artículo 53-A. Destaca la pérdida de competencia del SENACE para definir cuáles serían los proyectos de inversión priorizados para utilizar el llamado “esquema de articulación”, como ya se había previsto con la Resolución Ministerial N.° 126-2024-MINAM. Este esquema permitía al SENACE y a las entidades opinantes, coordinar entre sí para la emisión de opiniones técnicas en los procesos de evaluación de los EIA. Con esta propuesta normativa, se excluye al SENACE de la posibilidad de identificar cuáles son esos proyectos de inversión a priorizar (y que requieren ser evaluados bajo el esquema de articulación), dándole mayor poder a los ministerios para aprobar EIA sin una visión integral, multisectorial ni transparente.

Frente a todo lo expuesto y teniendo en cuenta el regresivo debilitamiento del SEIA, desde la Red Muqui, rechazamos la búsqueda de aceleración de proyectos mineros bajo el concepto de «destrabe», que solo tiene como objetivo impulsar la inversión mediante la reducción de plazos, sin participación ciudadana y de los pueblos indígenas. Los temas de gestión ambiental deben ser abordados con precaución, ya que pueden entrar en conflicto con los derechos humanos de la población cercana a las empresas mineras; asimismo la falta de rigurosidad en los EIA podría exponer a la población aledaña a riesgos de contaminación por metales pesados u otras sustancias tóxicas. En este sentido, exigimos un fortalecimiento integral del SEIA sin que se generen presiones desde el Ejecutivo y Legislativo para debilitarlo mediante procedimientos administrativos acelerados, ya que favorecen únicamente a los gremios empresariales.

Frente a los pactos de impunidad y corrupción de las élites, planteamos un Pacto Eco-Social e Intercultural del Sur para acabar con el abuso, el autoritarismo y la depredación de la naturaleza

Cusco, abril 2024
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El Pacto Eco-social e Intercultural del Sur nació en un escenario adverso para los pueblos de Nuestra América. La crisis climática y la contaminación ambiental impactan cada vez más en los territorios, afectando cosechas, secando fuentes de agua y destruyendo ecosistemas. Se observa un aumento en el empobrecimiento y la instalación de pactos de impunidad y corrupción en los gobiernos. Mientras tanto, persiste la violencia de los estados y los extractivismos, a la vez que surgen nuevos autoritarismos y aumenta la presencia de redes transnacionales del crimen organizado en toda la región.

Estamos siendo testigos del avance progresivo del colapso de nuestros ecosistemas, regímenes democráticos y eventualmente nuestros modos de vida. Las élites y sistemas políticos no ofrecen soluciones reales, por el contrario, profundizan esta crisis civilizatoria. Frente a todo esto, el Pacto Eco-social e Intercultural del Sur plantea la urgente necesidad de una transición eco-social e intercultural justa y popular para salir del colapso inminente, que pueda generar una sociedad y economía más equitativa, democrática y en armonía con la naturaleza y todos los seres no humanos.

Este año nos reunimos en el Perú para solidarizarnos con las luchas de sus pueblos, especialmente del sur andino, contra los pactos de corrupción e impunidad del gobierno asesino de Dina Boluarte y sus aliados que actualmente controlan al país. Para aprender de sus perspectivas y propuestas para construir una América Latina más justa.

A propósito de nuestra reunión anual, que se llevó a cabo en Lima, Cusco, y Espinar en el Perú, compartimos nuestros sentires y pensares:

Admiramos profundamente a las comunidades y pueblos de Puno, Cusco y del Sur Andino más amplio, quienes han dado un ejemplo de dignidad, sabiduría y fuerza para defender y darle sentido a la democracia en el Perú. Nos sumamos a su exigencia de justicia ante la brutal violencia estatal enraizada en el racismo y la corrupción, con la cual se reprimió el levantamiento del 2022/23. Sabemos que este movimiento por justicia y dignidad continúa y que su llamado a construir un país democrático y plurinacional está vivo en las autoridades ancestrales, Mallkus, Jilaqatas y Mama Tallas, en las comunidades, colectivos y organizaciones, que hoy son un signo de esperanza para el Perú.

Conocimos la grave situación del territorio K´ana en la provincia de Espinar (Cusco), donde después de más de treinta años de gran minería se han acumulado graves impactos a la salud, la naturaleza, el agua; por lo tanto, en los proyectos de vida de la población. Consideramos que Espinar no puede Creesperar más a la sanación y reparación de sus vidas, cuerpos y territorios devastados por el extractivismo minero: es urgente, que el gobierno peruano declare la emergencia sanitaria e implemente las medidas adecuadas para ello. Nos solidarizamos con el pueblo de Espinar que día a día lucha y resiste a la arremetida minera. Un pueblo que no ha tenido más opción que convivir con una actividad transnacional que opera con mucha impunidad en sus territorios.

Nos solidarizamos con Olivia Bisa, la Presidenta del Gobierno Territorial Autónomo del Pueblo Chapra, con Elsa Merma, dirigente de las Mujeres K´ana, con las mujeres aymara y quechua de Puno, criminalizadas y atacadas de distintas formas por su lucha por la vida y los territorios de sus pueblos. Vemos, como son las mujeres las que enseñan el horizonte de cambio y defienden el futuro de nuestros territorios. Como Bisa y Merma, cientos de dirigentes y liderazgos colectivos, alrededor del Perú (y de la región) son amenazados, acosados, criminalizados, estigmatizados y violentados por los actores del poder, por su compromiso de lucha por la vida y los territorios de sus pueblos. Exigimos respeto y cuidado para todes elles, guardianes de nuestro futuro y la casa común.

En nuestro encuentro aprendemos y celebramos también las victorias, la resiliencia y resistencia de los pueblos. En la Amazonía peruana se vienen construyendo los Gobiernos Territoriales Autónomos de los Pueblos Amazónicos, y se ha logrado el reconocimiento de los derechos del Río Marañón a ser protegido frente a la contaminación. En Islay y Cajamarca la gente sigue resistiendo a los proyectos mineros enarbolando los gritos “Agua Sí, Oro No” y “Agro Sí, Mina No”. Alrededor del país están creciendo movimientos feministas y ambientalistas que reclaman cambios de fondo. En el sur del Perú las identidades originarias, pese a toda la violencia y el racismo vivido, se siguen revitalizando y hacen posible sentipensar una buena vida desde el lazo comunitario.

Mientras tanto, en Ecuador ganó el “Sí a la vida” en el referendo para el petróleo del Yasuní, abriendo la posibilidad de pensar y realizar la sanación y reparación de los territorios y comunidades afectadas por esta actividad. Vemos cómo el pueblo argentino se defiende del asalto a sus condiciones de vida de parte del gobierno de Milei. En Colombia el gobierno de Petro junto con las organizaciones sociales está defendiendo el país como Potencia Mundial para la Vida, reconociendo los derechos del campesinado y los territorios campesinos agroalimentarios, mientras busca con aciertos y desaciertos el camino hacia una transición energética justa

Consideramos que en estos ejemplos, desde los territorios, se defienden y se construyen transiciones ecosociales, justas y populares a favor de los derechos humanos, de la naturaleza, de los animales, de la justicia social y del Buen Vivir para todos y todas. En Latinoamérica Abya Yala hoy se abren grietas que posibilitan la subversión de los sistemas de dominación y que posibilitan transformaciones para sostener los tejidos de la vida.

A la vez, estos procesos vivos hacen parte de nuevos pactos con la vida y con la naturaleza. Requerimos hoy un Pacto Ecosocial e intercultural que permita transformaciones políticas de fondo para salir del extractivismo, crear una democracia eco-social y plurinacional, fortalecer las autonomías y la autodeterminación de los pueblos, asegurar el cuidado de la vida como centro de nuestras sociedades, fortalecer la soberanía alimentaría y alternativas económicas, reconocer y ampliar los derechos de la naturaleza, e impulsar una integración regional basada en la justicia, la soberanía y la autonomía de los pueblos.

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Cusco, abril de 2024

Una delegación de dirigentes del Frente de Defensa del río Ronquillo se ha reunido en Lima con organizaciones defensoras de derechos humanos y han logrado ser recibida por el viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez el viernes 19 de abril.
Víctor Cueva Chilón, el presidente de la Junta de Administradoras y Saneamiento (JASS) de San José de la Coila Rosa Mayo y secretario del Frente de Defensa ha expuesto en la sede de Red Muqui la preocupante situación que están viviendo los habitantes de Cajamarca y otros zonas cuyo abastecimiento de agua depende del mencionado río.

Como grave antecedente de la actividad aurífera que se pretende expandir, en este caso al distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, Cueva apunta a la experiencia que ha sufrido la población de la capital departamental homónima con la empresa Yanacocha. Explotación que ha hecho desaparecer el río Grande que abastecía alrededor del 70 por ciento de la población de la ciudad y que ahora depende del bombeo de aguas de la empresa una vez recicladas del proceso de extracción del oro.

A fines de 2022, la empresa cerró las compuertas de las tuberías de las aguas destinadas a la población. Los motivos se desconocen hasta hoy, pero especialistas suponen que el corte, que duró cuatro días, se puede haber debido a un episodio de contaminación.
Para evitar que se repita la historia y salvaguardar la calidad del agua del río Ronquillo, cuya cabecera de cuenca se halla amenazada por el proyecto aurífero Colpayoc, y que abastece al 30 por ciento de la población de la ciudad de Cajamarca y a otros distritos en su recorrido, el Frente de Defensa junto con diversas organizaciones sociales se están organizando y desarrollando manifestaciones y otras acciones para alertar sobre la falta de licencia social y parar este riesgoso proyecto en el distrito de Chetilla.

Actuales avances del proyecto minero

Un área mucho más extensa que las 18 hectáreas cedidas por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, y donde la empresa Colpayoc ya ha desplegado su maquinaria para realizar trabajos de exploración, como explica el dirigente y ex alcalde de Chetilla, Antonio Soto, parte de la delegación de dirigentes sociales que se ha reunido en Lima con funcionarios del MINEM. El dirigente explica que el área cedida por una parte de la ex dirigencia de la cooperativa, en forma intransparente y por eso cuestionada, es una fracción ínfima de una área total de 1445 hectáreas que forman parte del proyecto de estudio y donde se emplazan numerosos ojos de agua, manantiales y otras fuentes hídricas que se verían inexorablemente impactadas. “La empresa habla de 18 hectáreas para tranquilizar a la opinión pública, pero ese es solo el área inicial donde harán veinte perforaciones, después ellos irán avanzando a otras áreas para hacer más trabajos de exploración en una zona mucho más amplia”.

La gente de la zona tiene claro que la zona impactada finalmente será toda una cuenca hidrográfica.
Por eso el Frente de Defensa que agrupa a Juntas Administradoras, Rondas Campesinas, Canales de Regantes y Tenientes Gobernadores ha logrado movilizar a miles de habitantes. Uno de los hitos en las movilizaciones se produjo el domingo pasado con más de cuatro mil manifestantes, después que la población se enterara que la empresa ya está avanzando con maquinarias pesadas en la exploración.
La minera lejos de buscar el diálogo con las organizaciones respondió con disparos la visita de una delegación de organizaciones que subieron al lugar de la concesión minera ubicada en el distrito de Chetilla, cerca de los centros poblados de Peña Blanca, Alto Chetilla, Las Quinuas, Chalhua y Quinuayoc.

Así lo denuncia Antonio Soto que aclara que la violencia y el amedrentamiento es ejercida especialmente contra los y las dirigentes sociales y defensores ambientales. La agresión sufrida por Jovita Dilas Cabrera ha alcanzado notoriedad pública recientemente. Integrante del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, la lideresa fue golpeada y amenazada el pasado 28 de marzo, cuando grupos de vigilantes de la empresa se enfrentaron a manifestantes contra el proyecto minero. Jovita Dilas es una de las voces que ha venido alertando durante años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino.

Crédito de la foto: Chilcaloma

En una contundente muestra de rechazo a las concesiones mineras en su territorio, 87 comunidades de la provincia de Vilcashuamán en Ayacucho han paralizado actividades y bloqueado caminos, en un paro de 48 horas que se está realizando desde hoy martes 9 y se extenderá hasta mañana.

Emiliano Bellido Quispe, presidente de la comunidad de Colpapampa en el distrito de Vilcashuamán afirmó que los habitantes rechazan totalmente las concesiones mineras en el distrito de Vischongo y respaldan a los pueblos afectados en la zona sur del distrito como Pomacocha, Umaro y Pariamarca.

Esta paralización se desarrolla como respuesta a la creciente preocupación de los habitantes de Viscochongo ante la proliferación de proyectos mineros en cabeceras de cuenca, los cuales, según afirman, se quieren imponer sin consultar a sus habitantes y representan una amenaza para numerosos ojos de agua, manantiales y obras de regadío, con lo cual se pone en riesgo el medio ambiente, la salud de la población y el bienestar de las comunidades locales.

Se espera que durante estas 48 horas de paralización, las actividades cotidianas en Viscochongo se vean considerablemente afectadas, con el cese de labores en comercios, escuelas y demás instituciones públicas y privadas. Asimismo, ya se están realizando movilizaciones y manifestaciones pacíficas en las principales calles y plazas del distrito.

Las comunidades de Viscochongo han hecho un llamado a las autoridades regionales y nacionales para que atiendan sus demandas y detengan la expansión de las actividades mineras en la zona.

En un pronunciamiento del Comité de Lucha Pro-Agrario del 5 de abril se afirman las principales demandas de los comuneros: la cancelación de concesiones mineras, el reconocimiento del derecho de propiedad del suelo y subsuelo para las comunidades campesinas, la declaración de intangibilidad de las cabeceras de cuenca, la asignación prioritaria de presupuesto para el desarrollo de sistemas de irrigación, presupuesto para forestación, mejora de las vías de comunicación, la creación de un centro de innovación tecnológica, entre otras.

Este paro de 48 horas representa un hito en la lucha de las comunidades de Vilcashuamán por el reconocimiento de su voz y su derecho a decidir sobre el futuro de su territorio, y con su demanda de seguridad jurídica para las comunidades campesinas – concepto usualmente usado por las empresas a la hora de invertir en los países del sur global al exigir seguridad jurídica para sus inversiones – marca un precedente en la lucha contra la extracción irresponsable de recursos naturales en el Perú.
A fines del año pasado una protesta similar estalló en Huanta, y desde el 2019 existen protestas similares aún latentes en el sur de Ayacucho.

Por: Nury García, directora del Proyecto Amigo y miembro del Consejo Directivo de la Red Muqui

El 8 de marzo es un día más de movilización militante, en que expresamos una posición política de denuncia respecto del modo en que las mujeres seguimos siendo explotadas, oprimidas, violentadas y asesinadas por el sistema de dominación patriarcal. Al mismo tiempo, es un día de reafirmación y acuerdamiento en nuestras apuestas de transformación de las relaciones sociales, en que la recuperación del vínculo vital con la naturaleza es tan urgente como necesario. Esto implica reconocer que somos territorios-vida, que somos parte de una misma raíz con la naturaleza; que el aire, el agua, la tierra no tienen dueños; que no somos cosas, menos mercancías.

La defensa de los territorios-vida nos reta a conjugar diversas resistencias contra el entramado del patriarcado y el capitalismo extractivista y colonial, como lo es la megaminería, que arrasa con millones de vidas explotadas o negadas, que solo porta muerte. El extractivismo y el feminicidio se necesitan para invadir, despojar, destruir, oprimir, y contaminar la vida toda. El orden social imperante explota no solo el trabajo, sino la naturaleza, los bienes comunes, los territorios y los cuerpos de las mujeres. Para reproducirse necesita que perdamos las posibilidades de autonomía, de soberanía y subsistencia de los pueblos, la convivencia comunitaria y la osadía de soñar otros mundos posibles, plenamente humanos, poniendo el cuidado de la vida en el centro.

La violencia sobre los cuerpos feminizados y la violencia sobre los territorios es simultánea, no hay una sin la otra. No puede haber jerarquías porque la lucha es una sola. Como nos enseñan las hermanas del movimiento indígena: el ecocidio, el feminicidio y el epistemicidio, son parte de una misma matriz civilizatoria que es “terricida”. Bastaría con escuchar a los 10 millones de personas afectadas con metales tóxicos, a las compañeras defensoras asesinadas, a las huérfanas de dignidad y deseo de futuro.

Hay un reto en este día de memoria de nuestras luchadoras, compañeras guerreras, revolucionarias: aproximarnos y reforzar los lazos con los movimientos de resistencia que intentan y logran ir más allá de la denuncia sobre las injusticias de género y las injusticias ambientales y buscan una transformación radical, abordar sus causas, aquello que permite la reproducción de un sistema cuyo único objetivo es la ganancia y bienestar de unos a costa de la muerte hasta el planeta mismo. Desafío, entonces, el de conjugar nuestro horizonte y caminar emancipatorio por la sostenibilidad de la vida; la defensa de nuestros cuerpo-territorios; el cuidado de la casa común; y la ética del don, de la reciprocidad y solidaridad.

Por eso, hoy es un día más de lucha, el de las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas y de los movimientos de la Tierra que florece (Abya Yala). Desde tiempos ancestrales somos aire, agua, tierra, sol y luna; y vamos sembrando y pariendo territorios, la vida, los ríos, las montañas, las retamas y cantutas. Desde siempre, y hoy también, seguimos siendo Cañi, Comunidad.

Por: Área Socioambiental de la Red Muqui

Ante la crisis política persistente y el anuncio de más expansión minera por el actual Gobierno a costa de los derechos humanos y ambientales, las condiciones de desventaja de las mujeres se acentúan cada vez más. Dado que en este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M) y a la vez el Día Mundial del Agua (22M), nos preguntamos: ¿Cuáles son las perspectivas de las mujeres defensoras del agua? ¿Cuáles son los desafíos para ellas en el cuidado del agua y la vida? y ¿Cuáles son sus deseos y visiones a futuro?

Desde la Red Muqui consideramos necesario recoger los testimonios de mujeres defensoras que viven en contextos mineros, ya que son ellas quienes defienden y cuidan el agua y, por lo tanto, la vida. Al mismo tiempo, muchas veces enfrentan mayores desventajas por su condición de ser mujeres y, además, rurales e indígenas. A pesar de estas desigualdades interseccionales y la violencia que estas constituyen, es necesario resaltar su gran aporte al cuidado de la vida.

A continuación, se presentan los testimonios de dos mujeres dirigentas: la primera es Regina Mamani Flores, presidenta del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos y Naturales de la Cuenca de Llallimayo del Distrito de Umachiri de la región de Puno. En la zona donde vive existen dos empresas mineras ubicadas en cabecera de cuenca y ambas ocasionan la contaminación de las fuentes de agua. La segunda mujer es Victoria Fernández Gamboa, presidenta de La Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia Santiago de Chuco de La Libertad. A pesar de la distancia geográfica entre ellas, los desafíos en su lucha personal y política se convergen.

En la actual situación política ambas mujeres no se sienten representadas por el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte y, al no sentirse representadas, carece la esperanza de tener el respaldo político en sus luchas por la defensa de sus cabeceras de cuenca, de sus fuentes de agua, de sus quebradas, sus riachuelos. Según Regina, la contaminación de estas fuentes de agua tienen varias consecuencias socioambientales y económicas:

“Las personas y animales consumen el agua, regamos nuestros pastos cultivados con el agua contaminada porque no tenemos otra fuente de agua limpia, por ende se nos está ocasionando daños a nuestra salud con metales pesados y enfermedades desconocidas, afecta a nuestros animales en su salud, disminución en su producción de leche, carne, quedando también tierras eriazas, causando la destrucción de la fauna y flora existente; todos estos problemas que ocasiona la gran minería afecta a nuestra economía familiar, unidad familiar, afecta la salud humana y animal, bajo rendimiento escolar de nuestros hijos, unión comunal, fragmentación del diálogo con las autoridades políticas, arraigo territorial, empatía y cuidado de la naturaleza, vulneración de nuestros derechos humanos a gozar de un ambiente saludable, derecho al agua, derecho a la protesta pacífica.”


En la defensa del medio ambiente en condiciones donde la coalición autoritaria gobierna el país y reina la impunidad, Victoria manifiesta lo siguiente:

“Ahora más que nunca con este gobierno que se ha dedicado específicamente a negociar con empresas privadas, empresas mineras, no le interesa la vida. […] Yo por ejemplo pertenezco a un comité provincial de monitores ambientales que hacemos vigilancia ambiental. Podemos hacer nuestra parte: vamos, evaluamos la calidad de agua, tenemos el historial, pero igual a nosotros no nos creen, nosotros somos un obstáculo para ellos, pero hoy por hoy siempre tenemos que ser perseverantes porque nosotros defendemos prácticamente nuestras cabeceras de cuenca y vamos a continuar en eso defendiendo nuestras cabeceras de cuenca porque para nosotros defender el agua es defender la vida.”

En esta línea Regina resalta:
“Entre una mujer y el agua existe un vínculo genuino y fuerte, pues ambos somos fuentes de vida; somos nosotras las primeras víctimas del deterioro ambiental, pero también somos las protagonistas en la defensa, conservación y preservación del medio ambiente; somos nosotras quienes lideramos las luchas en defensa del agua y medio ambiente en contra de las mineras extractivas que contaminan nuestra Pachamama.”

Entonces, es evidente que las mujeres tienen una perspectiva única en cuanto a la importancia del cuidado y la defensa del agua, debido a que, por sus roles como madres y administradoras del hogar, son ellas las que sufren los mayores impactos negativos cuando se reduce la calidad o cantidad de agua en las comunidades.

Más aún, tanto Regina como Victoria constatan la ausencia de articulación y el respaldo político de las autoridades comunales, locales, provinciales, regionales y nacionales a las mujeres rurales indígenas cuando denuncian las afectaciones socioambientales que pueda tener la actividad minera en sus territorios. La mayoría de las veces no son escuchadas ni apoyadas, más bien sufren violencia e injusticia al cuidar el medio ambiente.

Más allá de los desafíos de las mujeres defensoras del agua, el deseo para el futuro de Victoria tiene una mirada bastante política:
“Vale la pena soñar: Al futuro […] quisiéramos tener de repente un movimiento, una institución, un movimiento político, organizarnos un grupo de mujeres peruanas de todas las regiones donde específicamente defendamos la problemática de la mujer, tener mujeres independientes, mujeres empoderadas, mujeres que defiendan sus derechos de ella y de las demás.”

Para Regina como mujer indígena afectada por la actividad minera, a pesar de los desafíos prevalece la esperanza:
“Nosotras como mujeres, madres, seguimos y seguiremos en la lucha frente a todo acto que pretenda destruir nuestra madre tierra, estaremos de pie para proteger nuestras comunidades, territorios, agua, pues todos somos Fuente de vida. En mi zona nosotros conjuntamente con la población estamos en la búsqueda de que el Estado se haga cargo de la remediación de la Cuenca de Llallimayo, buscamos que se pueda construir una planta de tratamiento de aguas ácidas, para de alguna forma limpiar el agua.”

A partir de estas visiones políticas de las mujeres defensoras y acciones específicas como la remediación de las cuencas, estamos convencidos de que podemos construir una sociedad en la cual todas las mujeres vivan libres de todo tipo de discriminación, violencia, desigualdad y afectación a su salud y vida. En esta línea, desde la Red Muqui, a través de nuestras instituciones asociadas, acompañamos a organizaciones de mujeres en varias regiones del país en la construcción de agendas, las cuales recogen sus demandas y necesidades específicas para la incidencia política. Además, en escuelas de capacitación lideresas, dirigentas y voceras de comunidades y poblaciones afectadas por la minería fortalecen sus procesos de lucha y defensa de sus derechos individuales y colectivos. Y son mujeres como Victoria y Regina que habitan en territorios afectados por el extractivismo, y lideran con el ejemplo de resistencia y valentía. Queremos agradecerles a ellas por compartir sus testimonios con nosotr@s.

José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador en temas de comunidades, minería y conflictos sociales.

En el Valle de Tambo no son pocos, es la casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas que ha manifestado que no quiere la actividad minera, posición que ha mantenido durante casi seis gobiernos democráticos y autoritarios, es decir, es un proyecto que no tiene legitimidad. La primera razón es política vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir sobre sus vidas. En efecto, en la consulta popular del 2009 el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo a la actividad minera; en el 2019, diez años después, el 70 por ciento manifestó que no quería la minería en una encuesta realizada por universidades de Arequipa a pedido del gobierno central -resultados que fueron cuestionados por sus contratantes porque no encontraron los resultados favorables que esperaban respecto al proyecto.

El inamovible rechazo ciudadano por más de 15 años ha llevado a una permanente movilización y protesta de los pequeños productores, jornaleros agrícolas y otros sectores, y a una permanente respuesta violenta, represiva y criminalizadora por parte del Estado que ha declarado en sucesivos momentos estados de emergencia y ha desplazado cientos de policías, aparatos de inteligencia, militares y funcionarios del sistema de justicia, como en los conflictos del 2011, 2015, 2019 y 2020. Mientras que la propietaria del proyecto, Southern Copper Perú ha desplegado permanentes acciones, por un lado, de clientelismo y asistencialismo minero ofreciendo empleos temporales, abono, maquinaria agrícola, atención médica gratuita, regalos por el día de la madre y navidad, aniversarios de instituciones, construcción de paraderos, defensas ribereñas, y un largo etcétera. Por otra parte, ha desplegado una estrategia basada en el financiamiento de proyectos a través de obras por impuestos, mecanismo ampliamente usado para legitimar la inversión privada; sumado a cooptación y fragmentación social, creando colectivos que responden a sus intereses, buscando capturar y fracturar las juntas de regantes, influenciando en las elecciones municipales y capturando medios de comunicación y comunicadores a sueldo para crear opinión favorable al proyecto. Estos mecanismos hasta ahora han fallado en el Valle de Tambo, cuyos habitantes han negado la licencia social, lo que ha llevado a Southern a deslegitimar a la inamovible mayoría como “antimineros” “antidesarrollo”, “terroristas mineros” y los ha calificado como la oposición de unos pocos, inventándose, claro está, una supuesta mayoría social que apoyaría el proyecto, ideas recogidas por los medios aliados de la empresa y el gobierno siempre alineado con los intereses empresariales.

La segunda razón de esta inamovible mayoría es la razón económica vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir su desarrollo. En efecto, en el Valle de Tambo más de 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria que involucra a 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros. Agricultura que se desarrolla en 12 mil hectáreas; y a la que se suman la dinámica de la pesca en el mar, la crianza de camarones en el río y el turismo durante el período estival. Esta fuerte estructuración económica y social es la que ha dado base y capacidad de movilización y defensa de un modelo de sociedad que ha vivido por cientos de años sin minería y que busca seguir siendo fuente de vida por la diversidad de alimentos que produce, por los niveles de bienestar que genera a sus ciudadanos y por la sostenibilidad que significa el uso de la tierra para la agricultura. En contraste la explotación minera significaría la contaminación del valle, la depreciación de las tierras, el encarecimiento de la mano de obra y el deterioro progresivo de la salud y los medios de vida.

La tercera razón es la de derechos humanos. La actuación del aparato coercitivo a favor del capital minero en los conflictos y la privatización del uso de la fuerza pública ha dejado nueve fallecidos, más de 400 heridos, miles de agredidos, decenas de procesados y encarcelados injustamente. Mientras que las víctimas no han sido reparados ni atendidos, por el contrario, la impunidad ha imperado, mostrándose una eficacia selectiva del sistema de justicia que se evidencia en el encarcelamiento de exdirigentes que han representado los intereses del valle y que al mismo tiempo mantiene en la impunidad a los integrantes de las fuerzas del orden que han cometido crímenes contra civiles.

No obstante, el reciente cambio de ministro en el sector minero, ha puesto, mediante declaraciones del propio Rómulo Mucho, en el escenario público la supuesta necesidad del proyecto minero Tía María y otros. Sin embargo, más allá del entusiasmo del actual ministro, este proyecto, además de ser inviable socialmente, es inviable políticamente porque se inscribe en un escenario de un gobierno sin mayor legitimidad social y responsable de crímenes de lesa humanidad y violatorio de derechos humanos, que tendría que hacer uso de la fuerza para imponer un proyecto ilegítimo y para el cual Southern tiene millones de razones para no abandonar. Ahora, si bien es cierto que el ministro es un funcionario que agrada al gremio minero y podría impulsar proyectos en tiempos de recesión y déficit fiscal, promueve ante la opinión pública un proyecto que sabe que es inviable, pero que es funcional a su propio juego político de asegurar consultorías, cartera de clientes y/o un puesto gerencial en mundo minero. Lo que reproduce la puerta giratoria tan extendida en el sector, porque la institucionalidad estatal minera es desde hace décadas un incondicional promotor y relacionista público de las empresas mineras, punto de puerta giratoria y espacio de lobby permanente.

En cambio, el ministro, en lugar de estar favoreciendo la imposición de proyectos mineros inviables para mover las agujas del crecimiento, debería promover el cumplimiento de los estándares ambientales de las operaciones mineras, asegurar consultas previas reales, abogar por la reparación de las víctimas de los conflictos, la atención de millones de personas contaminadas por la minería y la explotación petrolera, la eliminación de la devolución de impuestos de las operaciones mineras, y proponer mínimamente reformas como el impuesto a la sobreganancia minera dado que estamos en tiempos de precios altos de los minerales.

(1) LA REPÚBLICA. Tía María: 70% de la población de Valle de Tambo no quiere minería. 18 de agosto del 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2019/08/18/islay-tia-maria-70-de-la-poblacion-de-valle-de-tambo-no-quiere-mineria-martin-vizcarra

Fotografía: Defensoría del Pueblo.