Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

Vivimos una coyuntura complicada. El fujimorismo no quiere aceptar los resultados que darían como ganador al profesor Pedro Castillo con 100% de actas procesadas y buscan la nulidad de 802 actas que representan 200 mil votos. Gran parte de estos votos se encuentran en los pueblos andinos, donde hay  proyectos mineros desarrollándose o buscan imponerse. ¿Por qué las poblaciones que viven en entornos mineros no votaron por Keiko Fujimori que ofreció plata directa del canon y bonos, además de otros ofrecimientos?

Conversamos con tres dirigentes de comunidades, rondas campesinas y Frentes de Defensa que son parte de estos territorios:

El ex presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región de Cerro de Pasco, Kalmex, señaló que uno de los motivos principales de la desconfianza de la población hacia Keiko es que se señala que es accionista de una empresa minera y hasta ahora no deslinda claramente de ello. En Pasco hay más de 10 proyectos mineros y en las dos provincias – Pasco y Alcides Carrión- que concentra estos proyectos, Pedro Castillo ganó con más del 75%.

Otra de las razones que señaló Kalmex es que «los trabajadores mineros y sus familias saben que el sistema crítico de trabajo lo ha impuesto el fujimorismo desde los 90s.  Actualmente laboran 20 días seguidos y descansan una semana. El régimen laboral tiene que cambiar por eso han votado por Pedro Castillo. De 55 años para arriba ya no te reciben en las empresas mineras, y ya no hay jubilación ni nada. Terminas tu contrato y te vas. Este sistema laboral fue impuesto durante la dictadura fujimorista y en estos años desde el Congreso fujimorista, sus parlamentarios no han hecho nada por cambiar esta situación».

«Los parámetros ambientales, la vigilancia ambiental, ¿por qué no se mejoran a nivel del congreso? porque no le interesa al fujimorismo»

¿Las promesas de entrega directa de plata del canon minero no hicieron efecto?

La gente no les cree. Es mentira. El canon ya ni llega.

Algo que no se ha señalado, eso le puedes contar a un limeño que no conoce la mina; por ejemplo: un distrito pequeño, tu sabes que allí esta funcionando la mina, que no paga impuestos, que el canon es una barbaridad, y peor, decir que va a llegar el canon directo a las comunidades campesinas, es ilógico. La gente no atraca.

El fujimorismo ha tenido votos de la selva central en Cerro de Pasco, no es propiamente de la zona minera. Eso también pasa en Junín. Dicen que hay un rechazo a Cerrón, pero el voto histórico de Junín siempre ha tirado para el fujimorismo o el Apra. En Junín siempre el Apra ha tenido congresistas.

En Daniel Alcides Carrión operan Ricoposo, Volcan, Milpu, Nexa, Atacocha, Brocal, Panamerican Silver y Buenaventura.

¿Y como ven ahora que el fujimorismo quiere impugnar las actas?

La gente está un poco apática. Lo de Ollanta, Toledo, todavía persiste esa desafección con la política.

Por su parte, Isaac Huamán, ex dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba de la sierra piurana donde quiere imponerse el proyecto minero chino Río Blanco, y donde Pedro Castillo sacó más del 68%, señala:

Como sabemos a través de las organizaciones de base, de las luchas sociales que se vienen gestando por años, hay un rechazo y exigencias al Estado y las empresas mineras. Cajamarca, Cerro de Pasco, donde están los proyectos mineros, la gente se ha dado cuenta que no siente ese desarrollo del que hablan las transnacionales. Donde hay presencia minera, la gente ha dado el respaldo a Castillo porque habla de rescatar los recursos naturales, que paguen los impuestos que debe ser.

A pesar de los ofrecimientos de Keiko de bonos y canon directo ¿Por qué no logró cambiar su votación?

Es accionista de una empresa minera y la gente no le cree con sus ofrecimientos.

Los diversos gobiernos han querido imponer proyectos mineros acá, pero la razón es que las organizaciones campesinas han dicho a os gobiernos, Congresos, que no queremos minería porque perjudicaría nuestra agricultura, y la gente relaciona que Keiko apoyaría para que se impongan los proyectos mineros.

¿Cómo están viendo el escenario actual?

Un 77% han apoyado en Huancabamba al profesor Pedro Castillo. La gente, las organizaciones decimos que la señora K aduce que tuvo un cierto respaldo con sus candidatos aliados que la apoyaron, que tuvieron votación ahí, pero la gente ha cambiado de voto porque conocen que el fujimorismo desde el Congreso ha petardeado todo en estos años.

Los ciudadanos no van a seguir a un candidato porque sus ex candidatos le respaldan. La gente es libre e independiente para definir sus votos.

¿El fujimorismo ha hecho campaña en su zona?

Sus simpatizantes, congresistas, pero no han hecho campaña fuerte porque las rondan ya tienen una posición de defender sus recursos, por eso la gente no ha apoyado al fujimorismo.

¿Las empresas mineras han jugado un rol en la campaña en su región?

En la primera etapa las empresas mineras apoyaron a Leacano, pero ahora nos hemos dado cuenta que han hecho campaña por Keiko, metiendo temor de que la empresa puede cerrar, que ya no va  haber minería. En Pasco ha habido paneles grandazos y han entregado periódicos.

Finamente, a través de sus encargados de relaciones comunitarias, le decían a las comunidades que ya no habrían proyectos o apoyos si ganase Castillo.

Declaraciones de Luciano Ataucuri, dirigente de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio de las provincias apurimeñas y cusqueñas de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau:

La población sabe que las empresas mineras actualmente están así por el fujimorismo. El fujimorismo con su mayoría congresal han aprobado las leyes en beneficio de las empresas mineras. Las empresas han entrado en los 90s con el fujimorismo y su nueva ley general de minería que les permitió las exoneraciones tributarias, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, etc.

En nada se beneficia la población de la minería. Sacan toneladas de oro, cobre, y no hay responsabilidad del Estado y eso es gracias a quien, gracias al fujimorismo. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Pedro Castillo ha sacado más del 96% de los votos.

¿Y los ofrecimientos de plata directa del canon a las poblaciones?

No hay confianza, sus propuestas eran populistas. Lo que queremos es que debe cambiarse la Constitución para que estas empresas dejen mínimamente el 50% o al menos el 30%, no como ahora que solo dejan el 3%, por eso la gente ha votado así. Encima lo recuperan con la devolución del IGV para que sigan invirtiendo.

Nuestra exigencia también es una nueva Constitución,  para que haya una relación de iguales entre la inversión extranjera y las comunidades. Por ejemplo hay 30 años de minería en Espinar Nosotros hemos puesto en la agenda, yendo al TC, porque quienes han hecho las leyes ha sido la Confiep. Y es justamente la respuesta que ha dado Chumbivilcas con su voto a favor del profesor Castillo que también levanta la nueva constitución.

¿Cómo evalúan la nulidad de actas de Chumbivilcas de parte del fujimorismo?

Hay dos mesas que se han observado en el distrito de Llusco, mañana van a responder contundentemente rechazando esa actividad delictiva del fujimorismo

Las empresas mineras se han movido a favor del fujimorismo, han puesto paneles. Han salido a regalar arroz, azúcar, hacer campañas medica, señalando que si entra Fujimori eso se duplicaría. Lo han hecho con las camionetas de las mismas empresas.

Por: Gladys Huamán /Área de incidencia político legal de Red Muqui

¿Cuál es la situación de las y los defensores ambientales?

Como antecedente, se les reconoce legalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1998, donde se aprueba la “Declaración de los defensores de derechos humanos”, marco internacional para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los defensores/as de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo trabajan a través de medios no violentos para defender o promover los derechos humanos[1]. En estos últimos años se ha conocido casos de defensores/as procesados, hostigados y criminalizados por defender derechos, cuyos procesos judiciales incluso han llegado a espacios internacionales.

Michel Forst[2], el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, después de su visita (del 21 de enero al 03 de febrero de 2020) al Perú y luego de haberse reunido con unos 450 defensores y defensoras señaló: “sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, además emitió la “Declaración de Fin de Misión” en la que expone recomendaciones al Gobierno peruano, entre ellas “poner fin a la criminalización imperante de los defensores”“asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan a sus comunidades”, entre otras. Además propuso 7 principios que se debería tener en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores/as de los derechos humanos, del cual destacamos que el Estado peruano debe “adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos”.

Por ello, nos preguntamos ¿Qué avances tenemos en el Perú en relación a la protección de defensores de derechos humanos?

Desde el gobierno nacional, el 31 de enero del 2018, a través del decreto supremo 002-2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El tercer lineamiento estratégico dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre ellos, de los defensores/as de derechos humanos.
Se planteó “garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de las defensoras/es de derechos humanos”, y como meta al 2021 “Un mecanismo implementado para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos” .  Es decir, ya debería estar implementando el mecanismo. Sin embargo, a pocos meses de culminar el año, aún no se aprueba el protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección.

Al año siguiente (2019) aprobaron desde el Ministerio de Justicia el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Y en octubre de año 2020, crearon el “Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos” y aprueban los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Hace poco, el 22 de abril de 2021, publicaron el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, este mecanismo está constituido por principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, señala el artículo 1° del mencionado decreto.

Este mecanismo contiene además los principios, medidas y procedimientos que deben ser implementados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Interior; Ambiente; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Desarrollo Agrario y Riego.

Otro aspecto fundamental, es que en la primera semana de este mes de Junio debería haberse aprobado el “protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”. Esperamos que puedan pre publicar el texto para que los defensores/as emitan su opinión antes de su aprobación. Es fundamental que este protocolo garantice la protección a los defensores/as de derechos humanos y mucho más en un contexto donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales.

[1] Valiente. Una receta para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú. Amnistía Internacional.

[2] Noticias ONU, 3 febrero 2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1468992

El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.
“Fuimos estafados y engañados. La minera vino con sus asesores y profesionales con un acta listo para que firmemos, donde se comprometían a hacer obras y proyectos al año, darnos trabajo, pero hoy día no se ve nada de eso. (..). La empresa señala a través de un comunicado que ha cumplido en un 88% sus compromisos y eso es falso”, declararon los dirigentes de la comunidad en una conferencia de prensa realizada en Lima el día de ayer 25 de febrero. La delegación de comuneros de Bambamarca llegó el miércoles 24 de febrero a Lima.

Empresa minera responde

Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera respondió el 19 de febrero a través de un comunicado, que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida a un proceso judicial y el “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. Agregan que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. “La venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca”.

Llegada a Lima

Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden y matones de la empresa minera – así lo denuncian los comuneros de Pumamarca-, una delegación de la comunidad arribó el miércoles 24 a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República y posteriormente al Ejecutivo. En la PCM los recibió la Secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, Giselle Huamaní, quien co-facilitó virtualmente la reunión con un representante del Ministerio de Energía y Minas. En la reunión, que duró 5 horas, estuvieron presentes vía teleconferencia los representantes del MINEM, Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno Regional de Apurímac. En un comunicado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, precisan que «reiteran su compromiso de seguir contribuyendo al diálogo entre la comunidad, la
empresa y el Estado, y exhorta a la comunidad de Pumamarca a aprovechar los espacios de diálogo
digital dispuestos por el Gobierno (Resolución de Secretaria de Gestión Social y Diálogo 001/2021-
PCM/SGSD) para continuar trabajando conjuntamente en la solución pacífica de los problemas». Se tiene que precisar que esta última resolución 001/2021-PCM/SGSD virtualiza las mesas de diálogo y enfrenta graves problemas como el de la brecha intercultural, digital y territorial para que los representantes de las comunidades puedan participar democráticamente, respetando sus espacios de deliberación y decisión que se toman por asamblea.

Al día siguiente, el jueves 25, los dirigentes de la comunidad de Pumamarca exigieron a través de una conferencia de prensa que no hubo consulta previa a las comunidades campesinas al momento de la compra-venta. “Las empresas privadas no respetan las leyes, hacen lo que les parece”. Precisaron que luego de la compra-venta de sus terrenos ellos han firmado actas para que esos terrenos sean utilizados para el pastoreo y la agricultura. Y así lo han estado utilizando últimamente hasta que sufrieron el intento de desalojo el 20 de febrero.

Aludiendo a la reunión con el Ejecutivo señalaron: “Queremos que nos devuelvan nuestro terreno, queremos estar en paz. Que nos atiendan nuestras denuncias que hemos ingresado. Que no se pierdan en las oficinas del Estado”, finalizaron los dirigentes en la conferencia.

Actuar de minera Las Bambas en otras comunidades

Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ”la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.

En una nota de prensa emitida por la delegación que llegó a Lima el miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.

Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT con la consulta previa a los pueblos indígenas, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las mismas empresas transnacionales y Estados donde actúan estas empresas.

La situación para los habitantes de la antigua ciudad de Morococha se viene agravando a manos de la minera Chinalco y de efectivos de la PNP.

Tras las observaciones presentadas ante el SENACE el 27 de julio, al proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental, MEIA, correspondiente al Proyecto de Expansión de la unidad Minera Toromocho; el último 12 de Septiembre, en horas de la madrugada, la empresa minera bloqueó con tierra las principales vías de acceso a la ciudad de Morococha Antigua haciendo uso de sus volquetes.

Todo ocurrió sin consentimiento o previo aviso a los pobladores de Morococha; quienes, tras percatarse de lo ocurrido, decidieron organizarse para limpiar una pequeña parte. Sin embargo, efectivos de la PNP llegaron en vehículos para vigilar estas vías de acceso argumentando que se trataba de propiedad privada de la minera Chinalco.

“En horas de la tarde varios efectivos policiales llegaron, no eran efectivos de la comisaria de Morococha y comenzaron a obstaculizar el camino argumentando que nadie podía pasar, y que ya no existe población en la zona de Morococha Antigua, acusando a los pobladores de ser foráneos»

Caída la tarde, efectivos policiales de la localidad se hicieron presentes para interceder y tratar de resolver el problema, logrando el retiro de los volquetes y los otros efectivos policiales. Llegada la noche los pobladores de Morococha Antigua decidieron realizar una vigilia nocturna para impedir que durante la madrugada ocurran más bloqueos. Hasta la fecha no ha habido ningún apoyo efectivo por parte de la municipalidad de Morococha.

La situación de Morococha Antigua

Hay más de 40 familias viviendo en las 34 hectáreas que restan de la antigua ciudad de Morococha. Estas rechazan dejar su ciudad por motivos como la falta de trabajo y oportunidades en la nueva ciudad “Carhuacoto” a la que desplazaron a las otras familias. Se trata de familias que buscan un mejor acuerdo; sin embargo, la minera solo acepta negociar previa reubicación, algo que significa ceder antes de negociar.

Por ello, para los pobladores de Morococha Antigua, éste bloqueo de las vías de ingreso responde a la necesidad de la minera Chinalco de deshacerse de estos últimos pobladores que rechazan reasentarse en Carhuacoto, conocido actualmente como la “Nueva ciudad de Morococha”, ciudad que en la práctica es considerada un pueblo fantasma por la falta de comercio y oportunidades laborales para sus habitantes.

Según lo expresado por un poblador de Morococha Antigua, “la nueva ciudad ha quedado desolada, es un campamento minero, la gente que vive ahí solo vive de trabajos tercerizados. El comercio ha muerto, ha colapsado, ya que la minera no cumplió con lo prometido”.

Además de esta situación, estos últimos pobladores de Morococha no han sido evidenciados en el MEIA por lo que simplemente no existen frente a los ojos de la minera. Lo que constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios en un contexto de constantes embates de afectación social, cultural, económico y de contaminación ambiental.

Empresa Minera y vínculos con la PNP

Otro de los puntos clave es la relación entre la minera Chinalco y la Policia Nacional del Perú. Para los pobladores de Morococha Antigua, la empresa minera mantiene un convenio con la DINOES de la PNP. Dentro de este convenio se mencionan compromisos como el pago a efectivos policiales, seguros de vida y de riesgo, según lo expresado por los pobladores.

Bloqueo de vías de accesos

Hasta el día de hoy siguen bloqueados los accesos, solo han abierto una pequeña entrada para que puedan pasar. Una situación que limita el ingreso a las familias y que no se entiende por parte de los afectados, “esto no ha concluido, no sabemos por qué han hecho esto ya que el tema no está definido, no hay respuesta de ellos (minera) y tampoco nuestras propias autoridades”, tras las observaciones que plantearon los dirigentes a la MEIA de Toromocho.

Hasta la fecha, dos caminos siguen bloqueados y se ha levantado un acta policial el día lunes sobre lo ocurrido el sábado 12. El alcalde ha manifestado que se envió un documento a la minera para proteger los derechos de los pobladores.

Para el abogado, el Dr. Carlos Castro, lo que busca la minera Chinalco es desconocer a los pobladores de las 34 hectáreas de la Morococha Antigua que aún se encuentran amparados por el articulo 1 en la ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo.

“Se trata de dos realidades, una ficcional planteada por la minera Chinalco al no reconocer a estos pobladores dentro del MEIA y otra realidad palpable de ciudadanos peruanos que viven ahí y ven afectados sus derechos humanos”

El abandono por parte de las autoridades municipales, policiales y del estado se hace presente en plena pandemia y crisis política nacional.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE el 27 de julio:

En RED MUQUI acompañamos desde el año 2009 a la población organizada del Valle de Tambo en la provincia de Islay en Arequipa en la defensa de sus derechos frente a la imposición del proyecto minero Tía María, y no podemos estar ajenos, una vez más, a las decisiones que toma otro gobierno, ésta vez el del Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto de favorecer la realización del citado proyecto.

Nos referimos a la resolución final del Consejo de Minería, instancia administrativa del Ministerio de Energía y Minas, que finalmente ha declarado improcedentes los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa , la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos, respecto de la Resolución N° 0328 -2019-MINEM-DGM/V de la Dirección General de Minería que aprobó el otorgamiento de la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María.

Reiteramos que el proyecto minero, como lo han previsto especialistas nacionales e internacionales, es un grave riesgo para el Valle de Tambo por el probado impacto que la explotación de los dos tajos abiertos, La Tapada y Tía María, generaría en las fuentes hídricas superficiales y subterráneas; en las actividades económicas agrícolas y agroindustriales del valle; en el empleo a nivel macro regional; y por consiguiente en la salud y medios de vida de las poblaciones del Valle de Tambo y la provincia de Islay.

Lamentamos que no se hayan considerado hasta ahora los antecedentes de 12 infracciones cometidas por la empresa minera Southern Perú en Moquegua por impactos ambientales generados en Ilo, según el Ministerio Público; así como la carta que las poblaciones afectadas en México por el Grupo México, al que pertenece Southern, y que le hicieran llegar al Presidente Vizcarra, informando los graves impactos ambientales y sociales generados por la mencionada transnacional, en que resultaron personas fallecidas y heridas.

Es lamentable que los grupos de poder económico, en particular del sector minero, hayan nuevamente presionado al gobierno, aprovechando la coyuntura política y el impulso del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, para insistir en la realización del proyecto minero. Nuevamente, días después de presentada la “Agenda País 2.0” por la CONFIEP al Presidente Vizcarra, como ocurrió cuando se aprobó en julio la licencia de construcción en cuestión, luego de algunos días de ser presentada dicha agenda en su versión 1.0; es que finalmente se confirma la licencia.

El gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de abordar el problema, dando una solución política y pacífica al conflicto generado por el proyecto minero Tía María. Es su responsabilidad no haberla aprovechado, priorizando su relación con el empresariado y subestimando y atizando con ello la conflictividad, no sólo en Arequipa, sino en toda la macro región sur.

Consideramos que la anunciada intervención preventiva de OEFA en el caso de revisión del EIA del proyecto minero Tía María, si era tal pudo haberse realizado antes y no en éste momento de convulsión social; y en todo caso no va a generar un cambio en la realización o no del mismo, porque sólo podría propiciar una modificación de EIA como ha adelantado Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, pero en la lógica de realizarse el proyecto; que es con lo que no está de acuerdo la población del Valle de Tambo.

Luego de la resolución del Consejo de Minería, lo que si queda claro es que el proyecto minero legalmente ya puede iniciar sus operaciones, pues la exigencia de la “licencia social” tan insistida por el gobierno, no exige una aprobación en particular de la instancia competente; es sólo una exigencia “declarativa”. Es por este tema y otras medidas que el caso Tía María exige la necesidad de una nueva ley general de minería y la revisión de los marcos legales complementarios de los demás sectores involucrados.

El caso también nos plantea la necesidad de ampliar el debate por la protección de nuestras tierras agrícolas productivas a nivel nacional, que sólo ocupan el 6% del territorio nacional, y como en el caso de un Valle tan productivo como el de Tambo no tiene ningún nivel de protección que permita mantener los recursos necesarios para cubrir nuestra canasta familiar.

Finalmente, el caso Tía María es uno de los primeros casos en que ya se ha aplicado la figura de los “activos críticos” con el puerto de Matarani, y con ello la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto social, lo que es un serio riesgo pues se desnaturaliza su función, y se pone en mayor riesgo a una población que ya sufre 10 años continuos de intervención policial y conflicto, con el gran impacto en la salud mental que ello genera en la población.

Pese a la decisión del Consejo de Minería, aún el gobierno del Presidente Vizcarra tiene en sus manos el logro de una salida política y pacífica, y así evitar un avivamiento del conflicto socio ambiental. Recordemos que en setiembre del 2009, en consulta popular realizada en la provincia de Islay, más del 90% de la población ya había decidido priorizar su actividad agrícola rechazando la actividad minera por el riesgo que ésta conlleva.

El distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se encuentra paralizado por los comuneros de todos los centros poblados del distrito. En diálogo con un periodista local, el vicepresidente de la Federación Campesina distrital, Luis Gomez, reunido en la plaza principal con todos los comuneros que se trasladaron caminando y en camiones, señala que la empresa minera Anabi opera cerca de 10 años en la zona y no ha aportado al desarrollo de la comunidad. En un pronunciamiento emitido por los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, la Federación Campesina Distrital de Haquira y las autoridades del gobierno local, denuncian que la cabecera de cuenca del Ccosecmayo viene siendo contaminada por la Unidad Minera UTUNSA de la empresa Anabi y ha afectado a todas las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca. Ello, luego de que la planta de lixiviación que se ubicaba en otra parte sufrió rajaduras y decidieron colocar la nueva planta en la cabecera de cuenca.

Demandas

En el pronunciamiento se lee: “Exigimos el cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Haquira”

Agrega que la empresa minera utiliza las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”, sin haber compensación alguna a la fecha.

El pronunciamiento finaliza demandando que el Estado distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira porque a la fecha ello no se ha dado; y señala que debe haber una reforma total de la ley de minería para que la minería aporte realmente al Perú y las empresas no “saqueen nuestros recursos”.

Paro indefinido

Al finalizar el diálogo, Luis Gómez señaló que están evaluando un paro indefinido debido a que el Estado no toma cartas en el asunto y la empresa no da cara a la población. “Hay malestar no solo en la comunidad sino en distritos aledaños que han manifestado su solidaridad ante los atropellos de la empresa Anabi”, afirmó. Empresa que en el 2018 sufrió una sanción de la OEFA y luego tuvo una resolución favorable para continuar sus operaciones. Precisó que subirían a la cabecera de cuenca donde está operando la empresa para exigir que se retiren.

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El 15 y 16 de octubre tuvo lugar en Satipo el Encuentro Nacional de Protección de Ríos, en el cual participaron líderes de diferentes partes de la Costa, los Andes y la Amazonía del Perú.

La realización de este Encuentro se debe a la preocupación compartida de varias localidades por los riesgos que están amenazando los ríos a nivel nacional. La iniciativa surgió del Foro Social Panamazónico, llevado en Perú el 2017. Las mayores amenazas que han sido identificadas son las actividades extractivas mineras y de hidrocarburos; el proyecto de la Hidrovía amazónica; los agroquímicos utilizados por los monocultivos intensivos; y la falta de una cultura y educación ambiental en gran parte de la población.

Todos estos elementos están contribuyendo en la contaminación de la salud humana y ambiental, y en la inseguridad alimentaria, causada por el deterioro de la calidad del agua y de la salud de los peces. Además, actualmente 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable en nuestro país.

En palabras de Mirtha Villanueva, representante de Cajamarca, “el 60% de las lluvias que caen en Cajamarca son producto de la Amazonía. Hay una interrelación en la naturaleza. Por qué no estarlo los humanos para la defensa de los ríos”, en clara alusión a la necesidad de fortalecer la articulación entre los pueblos hermanos.

Entre los objetivos del encuentro, se logró compartir estrategias para el fortalecimiento local, pero sobretodo el construir una agenda nacional de protección de ríos; logrando una agenda de protección de “ríos hermanos, libres y limpios” basada en un enfoque de interculturalidad y de género.

En la sede del gobierno regional de Cusco se acaba de realizar la conferencia de prensa, en horas de la mañana, en la que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; los alcaldes de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, y Velille; y los dirigentes de las comunidades de Cancahuani, Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu y Tincurca, junto al presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe; exigen al presidente Vizcarra la derogatoria del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM que faculta el Estado de Emergencia que se viene aplicando desde ayer, 16 de octubre, en las comunidades mencionadas, adyacentes a la vía convertida en corredor minero por el Estado para que puedan pasar los más de 600 camiones que transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas desde Apurímac, pasando por Chumbivilcas, Espinar -provincias de Cusco-, hacia el puerto de Matarani en Arequipa. Exigen que se levante el Estado de Emergencia para que pueda darse el diálogo con el gobierno.

“De manera unida estamos acá autoridades gubernamentales, comunales y dirigentes de Frente de Defensa de todo Chumbivilcas para manifestar nuestro total desacuerdo con el Estado de Emergencia. El gobierno tiene que resolver un problema que no lo hemos generado nosotros las autoridades, sino que viene desde años atrás. (..)Hemos visto en carne propia los impactos ambientales y sociales que hay producto de la minería”, señaló el gobernador regional de Cusco, iniciando la conferencia de prensa.

Los comuneros se encuentran en protesta desde hace 26 días debido a la contaminación ambiental que genera el paso de los camiones con minerales, que según ha confirmado la OEFA, está produciendo contaminación del aire y suelo con material particulado. Entre los planteamientos señalados, los dirigentes exigen la recategorización de la vía usada ahora como corredor minero, debido a que es propiedad comunal y nunca se les consultó el cambio de uso de la vía que ellos utilizaban. Decreto Supremo N° 011- MTC-2016 reclasificó los tramos del corredor minero como vía nacional. Exigen, también, que los camiones ya no pasen por sus comunidades.

La palabra de los alcaldes

“En las calles principales transitan nuestros hijos, los colegiales, y ahora ahí se encuentran tanques de guerra. Nos sentimos limitados en nuestros derechos frente a este Estado de Emergencia”, señaló el alcalde del distrito de Ccapacmarca, Richard Leon Vega; lugar donde ayer la policía, resguardada por los militares, reprimió a los manifestantes que bloqueaban la carretera.

A su turno, el alcalde Colquemarca, Henry Romero Palma, señaló que jamás imaginaron la magnitud de los niveles de contaminación que sufren los que viven en el corredor minero. “Son 4 años que hemos vivido esto. Gracias a la movilización de las comunidades, alcaldes y dirigentes se ha logrado la actuación del OEFA que ha demostrado la contaminación existente. Estamos hablando con pruebas”. Finalizó señalando, “hoy tenemos este Decreto Supremo que enfrenta a los peruanos. Exigimos diálogo”.

El Alcalde de Velille, Antonio Toledo, señaló que han sostenido un diálogo por un año con la empresa MMG Las Bambas y hasta ahora no asume ninguna responsabilidad por la contaminación ambiental que genera. “Hemos tomado esta medida de lucha porque nos hemos visto vulnerados a vivir en un ambiente sano”. Agregó, aludiendo al presidente Vizcarra: “¿con este decreto, sr presidente, estamos avalando entonces que la empresa minera siga contaminando; siga matando en vida a nuestros hermanos de Chumbivilcas?. No me parece correcto; yo también soy autoridad, y espero que no nos criminalice”, finalizó.

El alcalde provincial de Chumbivilcas cuestionó el discurso del presidente y los ministros respecto a que la minería trae progreso. “Nuestras comunidades no tienen servicios básicos, no tiene carretera asfaltada; de cada 10 niños, 6 están con anemia. ¿Cómo pueden decir que la minería trae progreso?”, cuestionó.

Cese a la represión

El presidente de la comunidad de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Walter Molina, exigió el cese a la represión del Estado y mencionó diversos artículos de la Constitución que respaldan la lucha emprendida por las comunidades de Chumbivilcas para defender sus derechos: “La Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, sin embargo, nuestras tierras no han sido respetadas y son usadas para la minería.No se ha cumplido la ley de consulta previa tampoco y se prioriza la minería, cuando en la Constitución también se dice que el Estado peruano apoya preferentemente al sector agropecuario. La ley de comunidades campesinas también respalda nuestras denuncias”.

Agregó que, durante la visita del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el 10 de octubre, señalaron a las comunidades que no había criminalización de la protesta y el Estado no reprimía, pero en Paruro ha habido represión. “Una mujer humilde ha perdido su ojo recientemente producto de la represión y tenemos dirigentes enjuiciados; entonces el Estado nos está mintiendo”. Además, culminó el dirigente, “visitaron Ccapacmarca para tener diálogo y acordamos realizarlo para el lunes 21 de octubre, pero nos han mentido. Piden dialogo y luego dan Estado de Emergencia”.