• El escenario contó con la participación de defensoras, defensores, líderes y lideresas de las comunidades indígenas Quechuas, Aymaras y Kichwas amazónicas.
  • El encuentro se desarrolló en la ciudad de Cusco del 13 al 14 de mayo, contó con la participación del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Calí Tzay, en el marco de una visita académica al Perú.
  • EarthRights International (ERI) organizó el encuentro junto con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), CooperAcción, Aprodeh, Red Muqui, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y Perú Equidad.

Lima, Perú, 17 de Mayo de 2022.- Con el objetivo de exponer la situación de vulnerabilidad que atraviesan los pueblos indígenas en defensa de sus derechos fundamentales en el Perú, el 13 y 14 de mayo, en la ciudad del Cusco, se realizaron conversatorios sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado, la criminalización de las y los defensores indígenas que defienden sus territorios, la situación de las mujeres indígenas en el Perú.

El viernes 13 de mayo se iniciaron las actividades con el conversatorio sobre la situación de las mujeres indígenas en el Perú en el que las líderes representantes de diversas organizaciones territoriales, bases de la organización Nacional ONAMIAP, dieron a conocer la situación que atraviesan y la vulneración de derechos que sufren debido al accionar de empresas extractivas que operan en sus territorios.

La reunión continuó el sábado 14 de mayo con el foro sobre “Consulta y consentimiento previo, libre e informado”, durante el cual se presentaron los casos de las comunidades de Chila Chambila y Chila Pucara del distrito de Juli (Chucuito, Puno) ante el Tribunal Constitucional, así como el de las comunidades de Paccopata y Huini Coroccohuayco (Espinar, Cusco), el caso de la comunidad indígena Tantarcalla (Paruro – Cusco) y el caso del lote 192 en Loreto; asimismo, se presentó el contexto de implementación de la consulta previa desde la perspectiva de las organizaciones de pueblos indígenas.

En horas de la tarde, se retomó la reunión con el foro sobre “Criminalización de los defensores indígenas por la defensa de la tierra y el territorio” en el que se presentaron diferentes casos que dan cuenta de la criminalización, estigmatización y violencia que sufren los y las líderes indígenas en sus territorios ancestrales por la defensa de sus derechos, así como también se presentaron los primeros hallazgos sobre la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos en el Perú.

Desde los diversos pueblos indígenas y las organizaciones que acompañamos sus demandas por la protección y garantía de sus derechos, saludamos y reconocemos la labor del relator y su equipo técnico por darnos la posibilidad, a través de esta visita académica, de exponer algunas de las problemáticas que afrontan los pueblos indígenas andinos y amazónicos del Perú debido a las políticas extractivistas.

Organizó:
– FENAMAD
-ONAMIAP
-PUINAMUDT
-APRODEH
– DHUMA PUNO
-COOPERACCIÓN
-Derechos Humanos sin Fronteras Cusco
– RED MUQUI
– RED MUQUI SUR
– EarthRights International
– Centro de Políticas públicas y derechos humanos EQUIDAD

Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

Una comitiva de 20 autoridades de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, Juli-Puno, llegaron el 27 de abril hasta la ciudad de Lima para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) enmendar la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental. Como se recuerda el pasado 02 de marzo el TC ha desconocido el Convenio 169 de la OIT, señalando que no tiene rango constitucional, por consiguiente, los pueblos indígenas no pueden exigir la consulta previa por medio de una acción de amparo mediante proceso constitucional , además no es un derecho fundamental. La comitiva está siendo acompañada por la Congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en las reuniones que sostendrán con el MINEM, MINCUL y MIDAGRI. Las autoridades originarias tienen en agenda exigir la nulidad de las concesiones mineras, emisión de un informe de reconocimiento a las comunidades aimaras como parte del pueblo indígena aimara y protección al territorio como zona agrícola y ganadera. En una conferencia de prensa desde el Congreso de la República, el día 28 de abril, expondrán su rechazo a la sentencia del TC y a la concesión minera (2000 ha) que el Estado otorgó en el año 2005, sin consulta previa.

El día, 29 de abril, participarán del Foro Audiencia “Hablemos de la Consulta Previa a propósito de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Posteriormente las autoridades aimaras se dirigirán a realizar un plantón a las 4pm al frente del Tribunal Constitucional, exigiendo que se resuelva el recurso de subsanación a favor de las comunidades campesinas de Juli y para todos los pueblos indígenas del Perú. También dialogarán con la Defensoría del Pueblo, a fin de exigir que la sentencia del TC que niega la consulta previa sea informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, solicitan que el gobernador regional y los congresistas de Puno encabecen e intercedan en los diálogos que van a sostener con los diferentes ministerios.

El descontento de las comunidades campesinas en las regiones del sur del país se acrecienta día a día. La diferencia ahora es que, una situación muchas veces invisibilizada, como las penurias de la agricultura familiar, ahora encuentra su correlato con las demandas de amplias franjas de la población que han visto aumentar los precios de alimentos, combustible y transporte, sin que la bonanza de los precios por minerales en el mercado internacional les haya favorecido. Así se desprende de numerosas conversaciones que Red Muqui pudo sostener en el marco del VII Encuentro Interregional del Surandino que comprende a los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac y que se desarrolló del 31 de marzo al 1 de abril en la localidad de Chucuito-Puno. Cerca de cincuenta integrantes de organizaciones sociales de base, representantes de comunidades y federaciones campesinas se reencontraron después del receso obligado por la pandemia del Covid-19 y fortalecieron de esta manera los lazos de solidaridad y hermandad entre organizaciones que impulsan cambios en y desde las regiones del sur andino.

Al analizar colectivamente el contexto político, social, económico y ambiental y la situación en sus territorios, se escucha una y otra vez el abandono que sienten por parte del Estado y la sociedad como agricultores familiares que siguen proporcionando más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

Juliana Anchaquiri de la comunidad de Chila Chambillas, lamenta por ejemplo los bajos . precios que obtienen por sus cosechas. “Por arroba de Cañihua, recibimos entre 25 a 30 soles, es lo mismo que recibíamos hace unos años y todo ha subido”. Un valor exiguo si se considera que en los mercados de Lima, ese dinero da para comprar apenas 2 kilos de este cereal. Es decir una diferencia del 600 por ciento entre lo que recibe el productor y el precio que paga el consumidor, que en su mayor parte queda en el bolsillo de comerciantes intermediarios.

También critican los escasos planes gubernamentales de apoyo al agro y siguen sintiendo el desprecio de la sociedad a su labor, tan esencial para poner comida sobre las mesas no solo de sus casas. Elsa Yaver de la misma comunidad que Juliana coincide en que en ningún momento, desde que ella tiene recuerdos la sociedad ha valorado la agricultura y a los campesinos: “En la escuela los profesores nos decían, lo que ustedes hacen no vale nada, tienen que estudiar para ser secretarías”.

Parecida es la apreciación de Milo Huillca de la comunidad de Aresti, distrito Omacha, de la provincia cusqueña de Paruro: “No habría habido comida durante la pandemia si no hubiese sido por los campesinos. Ahora los precios de los insumos para la siembra y cosecha se han disparado, mientras que lo que recibimos por los productos no ha variado. El saco de abono artificial ha subido de 70 soles que costaba hace un año a 270 soles”.

Para revertir esta situación son muchas las voces de los participantes del encuentro que claman por reformular y relanzar la llamada Segunda Reforma Agraria y que conforman un grupo de trabajo para debatir esa posibilidad.

Julián Paucar, presidente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), es una de ellos, que dice sentirse defraudado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, que en muchas comunidades de Cusco recibió más del 90 por ciento de los votos en las elecciones de junio de 2021. Recuerda que, “después nos organizamos para recoger y entregar nuestras propuestas para la 2da reforma agraria en Cusco. Ahora hay que retomar el debate en cada región y homogeneizar la propuesta antes de entregárselas a una nueva instancia que coordine esto a nivel de Viceministerio. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de esta reforma, porque ya que el gobierno ha dejado de hablar de ella.” 

Para unificar estas demandas y darle mayor visibilidad en la instancia el presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco FDCC, Salvador Merma Hilachoque, hace un llamado a qué las demás federaciones de campesinos presentes del Surandino se sumen al paro agrario que tiene programado su federación para el 18 y 19 de abril. Para su realización se están coordinando asimismo con las organizaciones campesinas, de Arequipa, Tacna y Moquegua. En el pliego de demandas exigen al gobierno el cumplimiento de la Segunda Reforma Agraria, así como el incremento del presupuesto para el sector agrícola en un 7%.  Para esta convocatoria los gremios campesinos han planteado propuestas concretas para contrarestar el alza indiscriminada de los insumos agrarios como los fertilizantes.

 

 

 

Muchos otros participantes abogan por avanzar con un proceso constituyente que reemplace la actual Carta Magna impuesta a sangre y fuego por el dictador Alberto Fujimori. Una demanda que finalmente se plasma en el pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil reunidas en el encuentro que abogan por retomar el debate y discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.

Todos ejemplos de la preocupación que existe en las comunidades campesinas e indígenas sobre el rumbo que está tomando el país en momentos de continua crisis política y social.

Pero más allá de estos grandes debates, es la presentación de media docena de mujeres líderes de la comunidad Chila Chambilla la que despierta mayor solidaridad espontánea. Se percibe en los aplausos y en el cariño dispensado la admiración por la lucha de estas comunidades, cuya voluntad pareciera inquebrantable. A pesar de que el Tribunal Constitucional en una sentencia el pasado mes se negara a reconocer la consulta previa como derecho fundamental y con ello denegara el recurso de amparo solicitado por la comunidad. Una medida interpuesta porque la mitad de sus territorios fue concesionada por el INGEMMET a favor de la minera Cemento Sur en 2014 sin consultar a sus habitantes y legítimos propietarios. Son ellas, las líderes presentes en Chucuito-Puno, quienes proclaman que no se dejarán vencer y que unidas con las demás comunidades aymaras de Puno resistirán y marcharán juntos a Cusco y a Lima si fuese necesario también a Lima. Citan como ejemplos el “aymarazo”, cuando las comunidades aymara de la zona sur de Puno iniciaron una huelga indefinida y movilizaciones, con las que finalmente lograron revertir el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.

Y es que las comuneras tienen motivos para defender sus territorios, tal como explica Elsa Yaver, de la comunidad de Chila Chambilla: «La verdadera mina la tiene la comunidad. Tenemos cereales que cosechamos todos los años, tenemos avena, cebada, papa, quinua y cada año tenemos más cañihua,También tenemos ganado; alpacas, llamas, vacunos, chanchos y burros que se alimentan de nuestros pastos dulces y de nuestra agua que es dulce y por eso no dejaremos que entre la minera a contaminar».

 

Las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil provenientes de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno, reunidos en el “VII Encuentro Interregional del Surandino” del 31 de marzo y 01 de abril en la ciudad de Chucuito – Puno, hacemos público nuestra declaración:

 

Que la actual crisis política que atraviesa nuestro país no es de ahora, es histórica y sistémica, y trasciende al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, lamentablemente, debemos denunciar el abandono de la esperanza y de las promesas de cambio que el presidente Castillo ofreció en campaña y por las cuales nuestro Sur andino le dio su amplio respaldo en las últimas elecciones.

Que la pandemia genero pérdida de miles de vidas humanas y una serie de afectaciones integrales, que al día de hoy aún padecemos en nuestras comunidades. Sin embargo, desde nuestros territorios, durante la pandemia, y, actualmente, seguimos produciendo los alimentos para nuestras regiones y el país en medio de una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes en nuestro Perú y en el mundo.

Que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país ha sido reconocido por los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y luego desarrollado por la Ley de consulta previa aprobada (Ley 29785), y posteriormente reglamentado (D.S. 001-2012-MC) y desarrollado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (STC No 00022-2009-PI/TC, 05427-2009-PC/TC).

Que las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli en Puno presentaron una demanda de amparo en el año 2014 contra INGEMMET y el MINEM por la omisión de la consulta previa de las concesiones mineras que se superponían en sus territorios. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia Nro. 03066-2019-PA/TC, donde este máximo órgano de protección de los derechos desconoce el derecho fundamental a la consulta previa como derecho de las comunidades campesinas originarias aymaras y quechuas.

Que la agricultura convencional demostró no ser sostenible, al depender de insumos externos. Que lamentablemente la propuesta de Segunda Reforma Agraria fue abandonada por el gobierno, y la iniciativa conocida no representa una propuesta de seguridad y soberanía alimentaria capaz de responder a la crisis económica y familiar que afronta el mundo, agudizada por los efectos de los recientes conflictos bélicos.

 

Ante esta situación y luego de analizar y debatir estos puntos, queremos manifestar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:

  • Respaldamos la lucha de nuestras comunidades campesinas aymaras Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli, Puno, quienes exigen se respete el derecho a la consulta previa en sus territorios y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce este derecho consagrado en nuestras leyes peruanas e internacionales.
  • Exigimos se retome el debate y se ponga en el escenario público nacional la necesidad de discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.
  • Demandamos también se retome con seriedad y responsabilidad el proceso de la segunda Reforma Agraria, así como la atención al sector productivo agrario, se respete el derecho al agua y la protección de las cabeceras de cuenca en nuestros territorios.
  • Emplazamos al gobierno a cumplir su compromiso con la agricultura familiar y promover una transición a la agroecología, la misma que nos permitirá caminar hacia un Buen Vivir de nuestros pueblos.
  • Instamos al gobierno nacional para que los conflictos socio-ambientales en nuestros territorios, principalmente en zonas mineras, sean resueltos vía el diálogo y de manera pacífica. Por ello, rechazamos las políticas de militarización, el uso de la fuerza y la violencia que se practica desde el Estado. Le recordamos al presidente Pedro Castillo y su premier respetar su compromiso de que “el pueblo no reprime al pueblo”.
  • Demandamos y nos comprometemos a construir una sociedad con igualdad y equidad de género. Trabajamos en ello y con ese fin nos seguiremos organizando. También demandamos al gobierno regional y nacional, políticas que, conscientes de la violencia que sufren nuestras mujeres rurales, campesinas e indígenas, reconozcan y defiendan sus derechos.
  • Exigimos la implementación urgente y adecuada del mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. No podemos seguir tolerando la muerte de nuestros/as hermanos/as defensores/as y que el Estado siga sin mayor acción al respecto. Igualmente señalamos que nos organizaremos para impulsar los procesos de autoprotección en y desde nuestros territorios.
  • Reconocemos la importancia de las juventudes originarias e indígenas en la permanencia y revitalización de las comunidades y organizaciones. Trabajaremos para seguir convocándolas y construir propuestas desde sus propias agendas y visiones.

Por todo lo mencionado y dado la actual situación de crisis que atravesamos,  demandamos al gobierno nacional que se atiendan las demandas de las comunidades campesinas, los agricultores, los transportistas y ciudadanía en general, ya que no solo ha subido el costo vida, si no también las demandas por mayor atención a eduación y salud en nuestros territorios.

Firman:

–   Central Unica Macro Regional de Rondas Campesinas del Sur del Perú – CUMARC

–   Federación Departamental de Campesinos de Cusco – FDCC

–   Federación Departamental de Campesinos de Puno

–   Federación Distrital de Campesinos de Muñani

–    Gloriosa Federación de Campesinas de Paucartambo – Cusco

–    FUDICH – Chamaca  – Cusco

–    FEDEJOP

–    Autoridades originarios de Moho – Puno.

–    Organización de mujeres aymaras – Puno

–    OMABASI – Puno

–    Comunidad Campesina de Chila Chambilla – Juli – Puno

–    AMDETEC – Kana – Cusco

–    Red Muqui

–    CADEP – Jose Maria Arguedas – Cusco.

–    FUCAM – FDCP – Puno

–    ISAIAS – Puno

–    IDECA – Puno

–    CooperAcción

–    DHUMA – Puno

–    CEDEP Ayllu – Cusco

–    IDL

–    Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

–    IDMA – Apurimac

–    FEPROMUC – Apurimac

–    JHUSMAP

–    Red Muqui Sur

–    CBC – Cusco

–    APRODEH – Apurimac

–    YPL Apurimac

Puno, 01 de abril del 2022.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

La Comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará, en el distrito de Morococha ubicado en provincia juninense de Yauli, ha iniciado esta madrugada un paro y bloqueo de carretera de 48 horas, dirigido contra la minera Chinalco, tal como lo había anunciado en los días previos. 

Los manifestantes han cerrado ambos carriles de la carretera central, con piedras, troncos y neumáticos a la altura del kilómetro 147, donde se ubica la comunidad de Pucará.

En conversación con Red Muqui, el secretario interino del Frente de Defensa del distrito de Morococha, Elvis Atachagu, ha explicado que Chinalco ha estado incumpliendo varios compromisos relacionados con el empleo en el distrito.

Según el dirigente, si bien contingentes de la PNP han llegado a la zona, por el momento, la fuerza pública no ha hecho intentos por desbloquear la carretera y no se han registrado episodios de represión,

En conferencia de prensa, los dirigentes de la comunidad explicaron en detalle las demandas hechas y los compromisos incumplidos por parte de la empresa Chinalco. Uno de los detonantes es el despido de tres comuneros que trabajaban para la mina. Una situación que se suma a la continua contratación de personal especializado de otras regiones e incluso de fuera del Perú denuncian los dirigentes y exigen que la empresa brinde capacitación a los comuneros. Con ello los habitantes desean prevenir el potencial despoblamiento de la comunidad, ya que son muchos los jóvenes que abandonan el territorio en busca de estudios y trabajos en otras regiones del país. 

Un incierto futuro laboral y masivos despidos temen los habitantes de las comunidades también por el anunciado cierre de las operaciones mineras de las empresas Austria Duvaz y Pan American Silver. Según informes de prensa el consorcio Chinalco, que explota cobre, plata y molibdeno en su unidad operativa Toromocho, habría rehusado ceder partes de terrenos en su poder para que ambas empresas sigan explotando minerales. A su vez Austrian Duvaz anunció en febrero que paralizaba su operaciones por no llegar a un acuerdo laboral con el sindicato de los trabajadores.

En cuanto a los riesgos de contaminación la comunidad rechaza la venta de la laguna Huascacocha, por parte de Chinalco a la minera Austria Duvaz, para que sea usada como relavera para los desechos mineros que la operación de esta última generó hasta la reciente paralización definitiva de sus operaciones.

En tanto, las comunidades estaban atentas a una posible vía de diálogo, ya que el Ministerio de Energía y Minas había convocado pare este jueves 24 de marzo a una reunión en su sede en Lima, a la que estaban convocados a representantes de la comunidad y el alcalde de La Oroya.

 

Con ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicamos un artículo en el que se describen las dificultades y las discriminaciones que sufren las mujeres que viven en zonas mineras. El artículo se ha realizado gracias a las entrevistas con: 

-Gladys Huaman y Beatriz Cortez, dos representantes del área de incidencia legal de Red Muqui 

-Elsa Merma, dirigente de organización de mujeres de Espinar

-Rocío Silva-Santisteban, abogada, escritora y ex congresista del Perú

Las mujeres y los hombres que viven o trabajan en las zonas mineras de Perú son personas que se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles. Los efectos de la minería suelen provocar que las comunidades sufran la contaminación de sus tierras y aguas, que los agricultores denuncien la pérdida de sus cosechas o que sus animales y niños se enfermen (Cortez). Se podría pensar que los efectos de la minería en las mujeres y en los hombres son los mismos. Sin embargo, hay sutiles diferencias. Cuando se vincula la cuestión del género y la minería, surgen también aquí los problemas observados en la sociedad civil. Pero, sobre todo en las zonas rurales con menos recursos económicos donde hay actividad minera, existe mucho más de eso. El acceso a la participación política, al derecho al trabajo con buenas condiciones laborales, a un medio ambiente limpio y a la igualdad social es casi inexistente. 

Las mujeres se ocupan de los cuidados y contribuyen a la reproducción social, preparan la comida, y cuidan de sus hijos. Por eso, son principalmente las madres las que salen a la calle y se manifiestan por sus derechos: se preocupan por la educación de sus hijos o hijas, la presencia de agua potable y la posibilidad de tener una nutrición saludable. A menudo, son ellas las que se encargan principalmente de la economía familiar. Por esto, hay muchas mujeres que se organizan, y que convocan reuniones para compartir experiencias sobre cómo la minería afecta a sus comunidades y a sus tierras. Quieren informar a la población y difundir sus ideas y observaciones sobre lo que hacen las empresas mineras (Merma). 

No es una cuestión de rutina que una mujer se involucre, que exprese su opinión y que opine. Como informó Elsa de Espinar, las mujeres quieren ser escuchadas y tener voz en igualdad de condiciones que los hombres… Pero, no es así. En las reuniones a nivel local no se permite la participación de una representante de la organización de mujeres en el comité de gestión. Cuando hay reuniones multi-organizacionales les permiten participar, pero formar parte  en las reuniones importantes que deciden también su futuro, decisiones que se toman en el comité de gestión, ahí se les excluye. Así se nota que, cuando se ejerce el poder  las mujeres no están.

Las mujeres que quieren participar no lo tienen fácil por diversas razones. Además de las tareas del hogar, cuidar a los niños y ganar dinero, no hay mucho tiempo (Huaman). Pero aun así quieren ser activas y trabajar por su país y su casa.  El machismo es un factor importante en esto: las tareas no se reparten entre la pareja ni son asumidas por los socios. Entonces, muchas veces no pueden asistir  a reuniones o marchas porque tienen que atender a sus esposos y familias. Otro hecho es que, a menudo las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para ir a las asambleas, porqué su participación en la vida política y pública no forma parte del papel asignado a la mujer en la sociedad (Silva-Santisteban). Tampoco hay espacios para los niños cuando, por ejemplo, se imparten cursos de formación. También es frecuente que las mujeres estén poco representadas cuando asisten a las reuniones, de hecho es más difícil enfrentarse con una opinión diferente. Los hombres dudan de la voz de las mujeres y cuestionan su participación. Cuando un hombre propone algo, como en una asamblea o una marcha, apenas se cuestiona. Además, es difícil para las mujeres trabajar así y unirse a la lucha porqué muchas conversaciones se realizan con un vaso de licor de por medio, o en otras situaciones sociales donde las mujeres normalmente no participan (Huaman). La discriminación también se manifiesta en hablar mal de las mujeres que «sólo están ahí porque quieren dinero». Eso cansa a las mujeres luchadoras, y no es de extrañar que la carga se haga demasiado pesada y algunas dejen de acudir a las reuniones (Merma). 

¿Pero, por qué las mujeres siguen en la lucha y de dónde sacan la energía? Porque se sienten mejor en la comunidad. Intercambiar ideas, reír y llorar juntas, estar ahí para los demás, les ayuda mucho a afrontar sus problemas. También es importante la ayuda y apoyo de otras organizaciones, y el reconocimiento de que están en el camino correcto para defender su tierra, sus cuerpos, la Pachamama y sus territorios (Merma). 

De hecho, las mujeres tienen un vínculo especial con sus territorios y sus comunidades. Por tradición, los varones salen  del hogar por trabajo, mientras las mujeres se quedan en la casa, cuidando a los suyos y a la chacra familiar. De hecho, son ellas quienes resguardan la soberanía alimentaria de la casa y de la comunidad. También a nivel histórico-cultural, en el Perú la naturaleza y la tierra se han asociado a figuras femeninas, como la Pachamama. Además, el territorio es percibido por las mujeres como un espacio íntimo, como si fuera sus propios cuerpos; perciben el territorio como aquello que resguarda la vida. Entonces, defender el territorio es defender el ámbito del cuidado de la vida misma (“Mujeres y Conflictos Ecoterritoriales”, Silva-Santisteban, 2017). Esta conexión especial con el territorio se refleja también en el liderazgo de las mujeres en los conflictos eco-territoriales: ellas basan sus acciones pensando en sus experiencias, en las afectaciones sufridas por sus familias, y en la sociedad en su conjunto. Por estas razones, las mujeres lideresas no monetizan los problemas- en el sentido que evitan aceptar dinero para solucionar los conflictos con las empresas mineras (Silva-Santisteban). Las lideresas son más persistentes en las estrategias de lucha: demandan que las empresas cumplan con sus promesas y, cuando es posible, que remedien  los daños al medio ambiente – no se contentan con la solución más rápida y fácil de aceptar compensaciones económicas (Silva-Santisteban). Sin embargo, hay que repetir que muy pocas  tienen posiciones dirigenciales o son voceras. 

No obstante esa realidad, el vínculo entre mujeres y territorios, junto a sus roles en cultivar la tierra, también pone las mujeres al frente de la realización de alternativas al modelo económico extractivista. La agricultura y la ganadería no solo representan las tradiciones y la historia de muchas áreas rurales, también son la principal fuente económica para sustentar la mayoría de familias que viven en áreas afectadas por la minería (Merma). Las mujeres, que son las principales cuidadoras de la economía familiar, son las primeras en darse cuenta de los efectos ambientales y económicos que las actividades mineras tienen sobre sus familias (Cortez). Por esto, muchas veces son las iniciadoras de actividades que informan a la población sobre el tema de la agricultura como alternativa al desarrollo. En el caso de Espinar, las mujeres tienen reuniones permanentes donde debaten cómo llevar adelante el trabajo de la agricultura, a pesar de las contaminaciones provocadas por la minería. Para llegar a una audiencia más amplia y enfrentar los desafíos de la pandemia, las mujeres de Espinar también han creado un programa radial (Merma, 2022). Sin embargo es de constatar que a pesar de las numerosas acciones que se llevan a cabo a nivel operativo para implementar alternativas al modelo extractivista,  las mujeres a menudo no son consultadas ni escuchadas en las asambleas o en los diálogos sobre este tema (Merma).  

Además de las dificultades que las mujeres enfrentan en sus comunidades, hay que considerar el contexto político actual, que no está solucionando las demandas de las poblaciones rurales afectadas. De hecho, el sector rural campesino es uno de los más golpeados en Perú por el modelo económico extractivista: las poblaciones sufren por la falta de acceso a derechos fundamentales como alimentación, salud, educación y agua (Cortez). Son ellas las más afectadas por estas deficiencias: por sus roles en la soberanía alimentaria, como cuidadoras de la economía familiar, y encargadas del seguimiento de la educación de sus hijos o hijas (Cortez). 

Por eso y otras cuestiones más las comunidades rurales de Espinar saludaron la elección de Pedro Castillo, porque tenían la esperanza de que el nuevo Presidente comenzará a enfrentar  sus necesidades y demandas, siendo él un hermano campesino de provincia, hijo de  campesino dirigente. Nosotros estábamos felices, como que un familiar nuestro hubiera llegado al poder” (Elsa Merma). Lamentablemente, hasta ahora no se han cumplido las promesas hechas durante la campaña política (Cortez). Dentro de las comunidades campesinas hay una división social: entre quienes se sienten traicionados por Castillo, y quienes sostienen que no lo dejan gobernar y que un verdadero cambio necesita más tiempo (Merma). Además, los cambios repentinos de titulares  en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hacen difícil entender cuál es la verdadera agenda de género que tiene el Presidente Castillo.(Silva-Santisteban). 

A pesar de que ahora dicho ministerio esté encabezado por una mujer feminista, es difícil evaluar el verdadero impacto que ella podría tener, si no se implementan reformas económicas con una mirada integral e interseccional destinadas a mejorar la situación de los sectores sociales con menos recursos económicos, especialmente de las mujeres. De hecho, “las políticas económicas están conectadas al tema de educación, salud, con la minería que impacta la sostenibilidad económica de las familias que viven en zonas de influencia minera. Entonces, el tema de género está vinculado al tema económico, y las políticas tienen que tomar en cuenta esta conexión” (Beatriz Cortez). 

Después de analizar los principales desafíos sociales e institucionales que enfrentan las mujeres en contextos mineros, es hora de reflexionar sobre cómo las organizaciones civiles de base pueden visibilizar los roles de las mujeres en la resistencia al modelo extractivista, y qué acciones se pueden tomar para que ellas puedan llegar a roles dirigenciales. Para la escritora, abogada y ex congresista Roció Silva-Santisteban,  son cuatro las acciones principales:

  1. Hacer talleres no solo con mujeres sino también con varones de las comunidades campesinas, para educar directamente sobre la igualdad de género.
  2. Coordinar talleres de género permanentes con todas y todos los miembros de las organizaciones sociales y de las comunidades ubicadas en zonas mineras, para que puedan implementar el enfoque de género en su trabajo diario.
  3. La sociedad civil tiene que tener en consideración las necesidades de las mujeres, para facilitar su participación en los talleres y capacitaciones. Por ejemplo, muchas mujeres no participan en estas actividades porque tienen que estar con sus hijos. Para resolver este problema, las Organizaciones Sociales de Base (OSBs) deberían organizar guarderías en las que los niños puedan permanecer mientras las mujeres participan en los talleres/capacitaciones. 
  4. Para acelerar la implantación de alternativas al modelo económico extractivista, hay que aprender de las experiencias de otros países, conectando estos conocimientos con un enfoque de género que considere las discriminaciones sufridas por las mujeres en Perú.

Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf