Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con Tranca de Pujupe, por lo que sus habitantes sospechan que las consiguientes perforaciones hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

Intermitentes declaratorias de Estados de Emergencia y abundante evidencia por parte de organismos estatales de altos niveles de contaminación, de importante fuente de agua de al menos 50 mil personas, no han mejorado la situación.

Pobladores expuestos a metales pesados por la contaminación de la cuenca Coata, ingresarán a un paro indefinido desde el 8 de noviembre, debido al incumplimiento de compromisos de remediación de la cuenca y atención de salud a personas con mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas.

Félix Suasaca, presidente del frente de defensa unificado en contra de la contaminación de la cuenca coata, manifestó que la medida de protesta social es para exigir la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al rio Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Roman y Seda Juliaca.

Asimismo, exigirán la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura. De la misma forma, solicitaran la publicación de la resolución suprema 02-2020 PCM que reconoce el plan de acción del gobierno nacional que involucra a los ministerios de salud, energía y minas, ambiente, educación y vivienda.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por varios organismos estatales, entre ellos la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sus muestras evidencian alarmantes concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan ampliamente los Límites Máximos Permitidos y los Estándares de Calidad Ambiental establecidas por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de esta contaminación, el pasado 28 de setiembre, mediante el Decreto Supremos 158-2021-PCM, el gobierno nacional declaró en Estado de Emergencia por un plazo de 60 días, los distritos de Coata, Huata, Capachica de la provincia de Puno y distrito de Caracoto de la provincia de San Roman, región de Puno, por existir peligro inminente de contaminación del agua de consumo humano. Sin embargo y a pesar de que las razones de la polución no han sido subsanadas, el gobierno ha vuelto a levantar el Estado de Emergencia.

Ante esta medida, los dirigentes de frente de defensa de los distritos mencionados, manifestaron estar cansados con las declaratorias de emergencias, mesas técnicas, compromisos y planes de acción, sin resultados favorables para la población afectada por la contaminación. En ese sentido indicaron que no levantarán la medida de fuerza hasta que el presidente Pedro Castillo Terrones y la presidenta del Consejo de Ministros estén presentes en la zona para dar solución definitiva al tema.

Organismos defensores de Derechos Humanos han constado la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa.  No obstante que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha solicitado acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental se inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación demora cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas.

Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales cincuenta mil serían los más afectados ya que viven en la en la zona baja de la cuenca.

Por último, a pesar de que no hay claridad sobre los mecanismos para enfrentar la situación de afectación que ha sido calificada por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) de  Muy Alto Riesgo, las declaratorias de estado de emergencia se han dejado de emitir. A ello se suma que el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente. Para asegurar que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, se requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

Perú ocupa el noveno lugar, entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo.

Defensores/as de derechos humanos y del ambiente del Perú se movilizan a Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario

Las y los defensores denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, la selva, la flora y la fauna.

Durante el 2020, en plena pandemia, 6 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el Perú, según registra el más reciente informe de Global Witness. Este informe señala que, a nivel global, 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020.  El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.

Así mismo, los defensores y defensoras denuncian que en el Perú se vive una situación de criminalización del derecho a la protesta, en la que tanto la Policía como los órganos jurisdiccionales presentan denuncias e investigaciones contra los líderes sociales a fin de someterlos a largos y costosos procesos judiciales, instrumentalizando el derecho penal para desalentar la protesta y estigmatizar a los defensores.

En ese contexto, este 26 de octubre se llevará a cabo una primera reunión en la que se darán encuentro defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima. En esta reunión se discutirá la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia

Al día siguiente, este miércoles 27 de octubre a las 10am se realizará un plantón cultural frente al Ministerio de Justicia, donde se recreará el escenario de violencia a la que defensoras y defensores son sometidos por proteger la tierra. Conoce el evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Campaña «Defensores y defensoras: Proteger a quienes nos protegen»

Esta campaña busca reconocer y reivindicar el papel de defensoras y defensores indígenas del Perú en la defensa de los derechos a la tierra. Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para la sociedad, en medio de nuestra lucha por
el cambio climático. Entérate más de la campaña: https://bit.ly/3G91KA8

Exigen implementación de Nuevo Protocolo para defensores

Por ello, pedimos al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el nuevo Protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, a fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.

Evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Contacto de prensa: José Carlos Zúñiga: 927160871

 

 

La semana pasada ocurrió un lamentable accidente de transporte donde 16 trabajadores de 8 empresas contratistas de la empresa minera Las Bambas perdieron la vida. La empresa minera emitió un comunicado donde señala que las personas fallecidas eran “colaboradores”. Debe quedar claro que, si bien se trataban de trabajadores contratados por empresas tercerizadas, todas estas personas realizaban labores directamente vinculadas a garantizar la producción de la empresa principal, es decir la empresa minera.  No se trata de “colaboradores” sino de trabajadores a los que les corresponden derechos sociales.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

La tercerización es la figura legal que utilizan las empresas para reducir sus costos de producción. Especialmente las empresas mineras, que se basan fuertemente en políticas de competitividad y productividad. La ventaja competitiva es aplicada por las empresas mineras como principio orientador de su gestión y de manejo de sus procesos productivos. Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, como el derecho al trabajo, todas las empresas deberían de actuar con debida diligencia. La “debida diligencia” es un concepto que se introduce desde los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) el 2011. En el marco de estos principios se establece que en base al deber de prevención, las empresas deben actuar con debida diligencia para evitar la violación de los derechos humanos.

La debida diligencia implica que las empresas mineras identifiquen previamente todos los riesgos que sus actividades productivas generan, además es necesario que identifiquen y delimiten los derechos humanos en riesgo. Sin embargo, como es el caso de empresas como Las Bambas, persisten en sus políticas de negación de derechos humanos. Esta es una política común en varias empresas mineras, por ello los sindicatos mineros están en permanente lucha. Es el caso ahora del Sindicato Unificado de los Trabajadores de Atococha, quienes han realizado una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial a su favor que anula el proceso de cese colectivo que aplicó la empresa minera Cerro SAC en Pasco y que afectó a 164 trabajadores y sus familias

El secretario general del sindicato ha informado que la autoridad laboral regional no atiende sus demandas y que esperan una solución de parte del Ministerio de Trabajo. Los ceses colectivos junto a la suspensión perfecta son modalidades que las empresas mineras han utilizado para prescindir de los trabajadores y reducir sus costos de producción. Al igual que en el caso de la tercerización laboral, su objetivo es no tener trabajadores en planilla con derechos reconocidos de forma integral.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

Fuente: Facebook de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos.

Es de suma importancia que el Estado en todos sus niveles pueda implementar un enfoque de derechos humanos en sus políticas de promoción de la economía, ya que la estabilidad de la inversión minera en nuestro país no puede seguir suponiendo recorte de derechos humanos, especialmente derechos de carácter social como el derecho al trabajo. El gobierno actual debe asumir una política en debida diligencia en derechos humanos para fortalecer su potestad de regulación y promover un desarrollo sostenible.

Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

Vivimos una coyuntura complicada. El fujimorismo no quiere aceptar los resultados que darían como ganador al profesor Pedro Castillo con 100% de actas procesadas y buscan la nulidad de 802 actas que representan 200 mil votos. Gran parte de estos votos se encuentran en los pueblos andinos, donde hay  proyectos mineros desarrollándose o buscan imponerse. ¿Por qué las poblaciones que viven en entornos mineros no votaron por Keiko Fujimori que ofreció plata directa del canon y bonos, además de otros ofrecimientos?

Conversamos con tres dirigentes de comunidades, rondas campesinas y Frentes de Defensa que son parte de estos territorios:

El ex presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región de Cerro de Pasco, Kalmex, señaló que uno de los motivos principales de la desconfianza de la población hacia Keiko es que se señala que es accionista de una empresa minera y hasta ahora no deslinda claramente de ello. En Pasco hay más de 10 proyectos mineros y en las dos provincias – Pasco y Alcides Carrión- que concentra estos proyectos, Pedro Castillo ganó con más del 75%.

Otra de las razones que señaló Kalmex es que «los trabajadores mineros y sus familias saben que el sistema crítico de trabajo lo ha impuesto el fujimorismo desde los 90s.  Actualmente laboran 20 días seguidos y descansan una semana. El régimen laboral tiene que cambiar por eso han votado por Pedro Castillo. De 55 años para arriba ya no te reciben en las empresas mineras, y ya no hay jubilación ni nada. Terminas tu contrato y te vas. Este sistema laboral fue impuesto durante la dictadura fujimorista y en estos años desde el Congreso fujimorista, sus parlamentarios no han hecho nada por cambiar esta situación».

«Los parámetros ambientales, la vigilancia ambiental, ¿por qué no se mejoran a nivel del congreso? porque no le interesa al fujimorismo»

¿Las promesas de entrega directa de plata del canon minero no hicieron efecto?

La gente no les cree. Es mentira. El canon ya ni llega.

Algo que no se ha señalado, eso le puedes contar a un limeño que no conoce la mina; por ejemplo: un distrito pequeño, tu sabes que allí esta funcionando la mina, que no paga impuestos, que el canon es una barbaridad, y peor, decir que va a llegar el canon directo a las comunidades campesinas, es ilógico. La gente no atraca.

El fujimorismo ha tenido votos de la selva central en Cerro de Pasco, no es propiamente de la zona minera. Eso también pasa en Junín. Dicen que hay un rechazo a Cerrón, pero el voto histórico de Junín siempre ha tirado para el fujimorismo o el Apra. En Junín siempre el Apra ha tenido congresistas.

En Daniel Alcides Carrión operan Ricoposo, Volcan, Milpu, Nexa, Atacocha, Brocal, Panamerican Silver y Buenaventura.

¿Y como ven ahora que el fujimorismo quiere impugnar las actas?

La gente está un poco apática. Lo de Ollanta, Toledo, todavía persiste esa desafección con la política.

Por su parte, Isaac Huamán, ex dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba de la sierra piurana donde quiere imponerse el proyecto minero chino Río Blanco, y donde Pedro Castillo sacó más del 68%, señala:

Como sabemos a través de las organizaciones de base, de las luchas sociales que se vienen gestando por años, hay un rechazo y exigencias al Estado y las empresas mineras. Cajamarca, Cerro de Pasco, donde están los proyectos mineros, la gente se ha dado cuenta que no siente ese desarrollo del que hablan las transnacionales. Donde hay presencia minera, la gente ha dado el respaldo a Castillo porque habla de rescatar los recursos naturales, que paguen los impuestos que debe ser.

A pesar de los ofrecimientos de Keiko de bonos y canon directo ¿Por qué no logró cambiar su votación?

Es accionista de una empresa minera y la gente no le cree con sus ofrecimientos.

Los diversos gobiernos han querido imponer proyectos mineros acá, pero la razón es que las organizaciones campesinas han dicho a os gobiernos, Congresos, que no queremos minería porque perjudicaría nuestra agricultura, y la gente relaciona que Keiko apoyaría para que se impongan los proyectos mineros.

¿Cómo están viendo el escenario actual?

Un 77% han apoyado en Huancabamba al profesor Pedro Castillo. La gente, las organizaciones decimos que la señora K aduce que tuvo un cierto respaldo con sus candidatos aliados que la apoyaron, que tuvieron votación ahí, pero la gente ha cambiado de voto porque conocen que el fujimorismo desde el Congreso ha petardeado todo en estos años.

Los ciudadanos no van a seguir a un candidato porque sus ex candidatos le respaldan. La gente es libre e independiente para definir sus votos.

¿El fujimorismo ha hecho campaña en su zona?

Sus simpatizantes, congresistas, pero no han hecho campaña fuerte porque las rondan ya tienen una posición de defender sus recursos, por eso la gente no ha apoyado al fujimorismo.

¿Las empresas mineras han jugado un rol en la campaña en su región?

En la primera etapa las empresas mineras apoyaron a Leacano, pero ahora nos hemos dado cuenta que han hecho campaña por Keiko, metiendo temor de que la empresa puede cerrar, que ya no va  haber minería. En Pasco ha habido paneles grandazos y han entregado periódicos.

Finamente, a través de sus encargados de relaciones comunitarias, le decían a las comunidades que ya no habrían proyectos o apoyos si ganase Castillo.

Declaraciones de Luciano Ataucuri, dirigente de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio de las provincias apurimeñas y cusqueñas de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau:

La población sabe que las empresas mineras actualmente están así por el fujimorismo. El fujimorismo con su mayoría congresal han aprobado las leyes en beneficio de las empresas mineras. Las empresas han entrado en los 90s con el fujimorismo y su nueva ley general de minería que les permitió las exoneraciones tributarias, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, etc.

En nada se beneficia la población de la minería. Sacan toneladas de oro, cobre, y no hay responsabilidad del Estado y eso es gracias a quien, gracias al fujimorismo. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Pedro Castillo ha sacado más del 96% de los votos.

¿Y los ofrecimientos de plata directa del canon a las poblaciones?

No hay confianza, sus propuestas eran populistas. Lo que queremos es que debe cambiarse la Constitución para que estas empresas dejen mínimamente el 50% o al menos el 30%, no como ahora que solo dejan el 3%, por eso la gente ha votado así. Encima lo recuperan con la devolución del IGV para que sigan invirtiendo.

Nuestra exigencia también es una nueva Constitución,  para que haya una relación de iguales entre la inversión extranjera y las comunidades. Por ejemplo hay 30 años de minería en Espinar Nosotros hemos puesto en la agenda, yendo al TC, porque quienes han hecho las leyes ha sido la Confiep. Y es justamente la respuesta que ha dado Chumbivilcas con su voto a favor del profesor Castillo que también levanta la nueva constitución.

¿Cómo evalúan la nulidad de actas de Chumbivilcas de parte del fujimorismo?

Hay dos mesas que se han observado en el distrito de Llusco, mañana van a responder contundentemente rechazando esa actividad delictiva del fujimorismo

Las empresas mineras se han movido a favor del fujimorismo, han puesto paneles. Han salido a regalar arroz, azúcar, hacer campañas medica, señalando que si entra Fujimori eso se duplicaría. Lo han hecho con las camionetas de las mismas empresas.

Por: Gladys Huamán /Área de incidencia político legal de Red Muqui

¿Cuál es la situación de las y los defensores ambientales?

Como antecedente, se les reconoce legalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1998, donde se aprueba la “Declaración de los defensores de derechos humanos”, marco internacional para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los defensores/as de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo trabajan a través de medios no violentos para defender o promover los derechos humanos[1]. En estos últimos años se ha conocido casos de defensores/as procesados, hostigados y criminalizados por defender derechos, cuyos procesos judiciales incluso han llegado a espacios internacionales.

Michel Forst[2], el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, después de su visita (del 21 de enero al 03 de febrero de 2020) al Perú y luego de haberse reunido con unos 450 defensores y defensoras señaló: “sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, además emitió la “Declaración de Fin de Misión” en la que expone recomendaciones al Gobierno peruano, entre ellas “poner fin a la criminalización imperante de los defensores”“asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan a sus comunidades”, entre otras. Además propuso 7 principios que se debería tener en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores/as de los derechos humanos, del cual destacamos que el Estado peruano debe “adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos”.

Por ello, nos preguntamos ¿Qué avances tenemos en el Perú en relación a la protección de defensores de derechos humanos?

Desde el gobierno nacional, el 31 de enero del 2018, a través del decreto supremo 002-2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El tercer lineamiento estratégico dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre ellos, de los defensores/as de derechos humanos.
Se planteó “garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de las defensoras/es de derechos humanos”, y como meta al 2021 “Un mecanismo implementado para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos” .  Es decir, ya debería estar implementando el mecanismo. Sin embargo, a pocos meses de culminar el año, aún no se aprueba el protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección.

Al año siguiente (2019) aprobaron desde el Ministerio de Justicia el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Y en octubre de año 2020, crearon el “Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos” y aprueban los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Hace poco, el 22 de abril de 2021, publicaron el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, este mecanismo está constituido por principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, señala el artículo 1° del mencionado decreto.

Este mecanismo contiene además los principios, medidas y procedimientos que deben ser implementados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Interior; Ambiente; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Desarrollo Agrario y Riego.

Otro aspecto fundamental, es que en la primera semana de este mes de Junio debería haberse aprobado el “protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”. Esperamos que puedan pre publicar el texto para que los defensores/as emitan su opinión antes de su aprobación. Es fundamental que este protocolo garantice la protección a los defensores/as de derechos humanos y mucho más en un contexto donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales.

[1] Valiente. Una receta para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú. Amnistía Internacional.

[2] Noticias ONU, 3 febrero 2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1468992

El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.
“Fuimos estafados y engañados. La minera vino con sus asesores y profesionales con un acta listo para que firmemos, donde se comprometían a hacer obras y proyectos al año, darnos trabajo, pero hoy día no se ve nada de eso. (..). La empresa señala a través de un comunicado que ha cumplido en un 88% sus compromisos y eso es falso”, declararon los dirigentes de la comunidad en una conferencia de prensa realizada en Lima el día de ayer 25 de febrero. La delegación de comuneros de Bambamarca llegó el miércoles 24 de febrero a Lima.

Empresa minera responde

Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera respondió el 19 de febrero a través de un comunicado, que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida a un proceso judicial y el “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. Agregan que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. “La venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca”.

Llegada a Lima

Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden y matones de la empresa minera – así lo denuncian los comuneros de Pumamarca-, una delegación de la comunidad arribó el miércoles 24 a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República y posteriormente al Ejecutivo. En la PCM los recibió la Secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, Giselle Huamaní, quien co-facilitó virtualmente la reunión con un representante del Ministerio de Energía y Minas. En la reunión, que duró 5 horas, estuvieron presentes vía teleconferencia los representantes del MINEM, Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno Regional de Apurímac. En un comunicado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, precisan que «reiteran su compromiso de seguir contribuyendo al diálogo entre la comunidad, la
empresa y el Estado, y exhorta a la comunidad de Pumamarca a aprovechar los espacios de diálogo
digital dispuestos por el Gobierno (Resolución de Secretaria de Gestión Social y Diálogo 001/2021-
PCM/SGSD) para continuar trabajando conjuntamente en la solución pacífica de los problemas». Se tiene que precisar que esta última resolución 001/2021-PCM/SGSD virtualiza las mesas de diálogo y enfrenta graves problemas como el de la brecha intercultural, digital y territorial para que los representantes de las comunidades puedan participar democráticamente, respetando sus espacios de deliberación y decisión que se toman por asamblea.

Al día siguiente, el jueves 25, los dirigentes de la comunidad de Pumamarca exigieron a través de una conferencia de prensa que no hubo consulta previa a las comunidades campesinas al momento de la compra-venta. “Las empresas privadas no respetan las leyes, hacen lo que les parece”. Precisaron que luego de la compra-venta de sus terrenos ellos han firmado actas para que esos terrenos sean utilizados para el pastoreo y la agricultura. Y así lo han estado utilizando últimamente hasta que sufrieron el intento de desalojo el 20 de febrero.

Aludiendo a la reunión con el Ejecutivo señalaron: “Queremos que nos devuelvan nuestro terreno, queremos estar en paz. Que nos atiendan nuestras denuncias que hemos ingresado. Que no se pierdan en las oficinas del Estado”, finalizaron los dirigentes en la conferencia.

Actuar de minera Las Bambas en otras comunidades

Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ”la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.

En una nota de prensa emitida por la delegación que llegó a Lima el miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.

Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT con la consulta previa a los pueblos indígenas, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las mismas empresas transnacionales y Estados donde actúan estas empresas.