En RED MUQUI acompañamos desde el año 2009 a la población organizada del Valle de Tambo en la provincia de Islay en Arequipa en la defensa de sus derechos frente a la imposición del proyecto minero Tía María, y no podemos estar ajenos, una vez más, a las decisiones que toma otro gobierno, ésta vez el del Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto de favorecer la realización del citado proyecto.

Nos referimos a la resolución final del Consejo de Minería, instancia administrativa del Ministerio de Energía y Minas, que finalmente ha declarado improcedentes los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa , la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos, respecto de la Resolución N° 0328 -2019-MINEM-DGM/V de la Dirección General de Minería que aprobó el otorgamiento de la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María.

Reiteramos que el proyecto minero, como lo han previsto especialistas nacionales e internacionales, es un grave riesgo para el Valle de Tambo por el probado impacto que la explotación de los dos tajos abiertos, La Tapada y Tía María, generaría en las fuentes hídricas superficiales y subterráneas; en las actividades económicas agrícolas y agroindustriales del valle; en el empleo a nivel macro regional; y por consiguiente en la salud y medios de vida de las poblaciones del Valle de Tambo y la provincia de Islay.

Lamentamos que no se hayan considerado hasta ahora los antecedentes de 12 infracciones cometidas por la empresa minera Southern Perú en Moquegua por impactos ambientales generados en Ilo, según el Ministerio Público; así como la carta que las poblaciones afectadas en México por el Grupo México, al que pertenece Southern, y que le hicieran llegar al Presidente Vizcarra, informando los graves impactos ambientales y sociales generados por la mencionada transnacional, en que resultaron personas fallecidas y heridas.

Es lamentable que los grupos de poder económico, en particular del sector minero, hayan nuevamente presionado al gobierno, aprovechando la coyuntura política y el impulso del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, para insistir en la realización del proyecto minero. Nuevamente, días después de presentada la “Agenda País 2.0” por la CONFIEP al Presidente Vizcarra, como ocurrió cuando se aprobó en julio la licencia de construcción en cuestión, luego de algunos días de ser presentada dicha agenda en su versión 1.0; es que finalmente se confirma la licencia.

El gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de abordar el problema, dando una solución política y pacífica al conflicto generado por el proyecto minero Tía María. Es su responsabilidad no haberla aprovechado, priorizando su relación con el empresariado y subestimando y atizando con ello la conflictividad, no sólo en Arequipa, sino en toda la macro región sur.

Consideramos que la anunciada intervención preventiva de OEFA en el caso de revisión del EIA del proyecto minero Tía María, si era tal pudo haberse realizado antes y no en éste momento de convulsión social; y en todo caso no va a generar un cambio en la realización o no del mismo, porque sólo podría propiciar una modificación de EIA como ha adelantado Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, pero en la lógica de realizarse el proyecto; que es con lo que no está de acuerdo la población del Valle de Tambo.

Luego de la resolución del Consejo de Minería, lo que si queda claro es que el proyecto minero legalmente ya puede iniciar sus operaciones, pues la exigencia de la “licencia social” tan insistida por el gobierno, no exige una aprobación en particular de la instancia competente; es sólo una exigencia “declarativa”. Es por este tema y otras medidas que el caso Tía María exige la necesidad de una nueva ley general de minería y la revisión de los marcos legales complementarios de los demás sectores involucrados.

El caso también nos plantea la necesidad de ampliar el debate por la protección de nuestras tierras agrícolas productivas a nivel nacional, que sólo ocupan el 6% del territorio nacional, y como en el caso de un Valle tan productivo como el de Tambo no tiene ningún nivel de protección que permita mantener los recursos necesarios para cubrir nuestra canasta familiar.

Finalmente, el caso Tía María es uno de los primeros casos en que ya se ha aplicado la figura de los “activos críticos” con el puerto de Matarani, y con ello la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto social, lo que es un serio riesgo pues se desnaturaliza su función, y se pone en mayor riesgo a una población que ya sufre 10 años continuos de intervención policial y conflicto, con el gran impacto en la salud mental que ello genera en la población.

Pese a la decisión del Consejo de Minería, aún el gobierno del Presidente Vizcarra tiene en sus manos el logro de una salida política y pacífica, y así evitar un avivamiento del conflicto socio ambiental. Recordemos que en setiembre del 2009, en consulta popular realizada en la provincia de Islay, más del 90% de la población ya había decidido priorizar su actividad agrícola rechazando la actividad minera por el riesgo que ésta conlleva.

El distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se encuentra paralizado por los comuneros de todos los centros poblados del distrito. En diálogo con un periodista local, el vicepresidente de la Federación Campesina distrital, Luis Gomez, reunido en la plaza principal con todos los comuneros que se trasladaron caminando y en camiones, señala que la empresa minera Anabi opera cerca de 10 años en la zona y no ha aportado al desarrollo de la comunidad. En un pronunciamiento emitido por los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, la Federación Campesina Distrital de Haquira y las autoridades del gobierno local, denuncian que la cabecera de cuenca del Ccosecmayo viene siendo contaminada por la Unidad Minera UTUNSA de la empresa Anabi y ha afectado a todas las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca. Ello, luego de que la planta de lixiviación que se ubicaba en otra parte sufrió rajaduras y decidieron colocar la nueva planta en la cabecera de cuenca.

Demandas

En el pronunciamiento se lee: “Exigimos el cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Haquira”

Agrega que la empresa minera utiliza las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”, sin haber compensación alguna a la fecha.

El pronunciamiento finaliza demandando que el Estado distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira porque a la fecha ello no se ha dado; y señala que debe haber una reforma total de la ley de minería para que la minería aporte realmente al Perú y las empresas no “saqueen nuestros recursos”.

Paro indefinido

Al finalizar el diálogo, Luis Gómez señaló que están evaluando un paro indefinido debido a que el Estado no toma cartas en el asunto y la empresa no da cara a la población. “Hay malestar no solo en la comunidad sino en distritos aledaños que han manifestado su solidaridad ante los atropellos de la empresa Anabi”, afirmó. Empresa que en el 2018 sufrió una sanción de la OEFA y luego tuvo una resolución favorable para continuar sus operaciones. Precisó que subirían a la cabecera de cuenca donde está operando la empresa para exigir que se retiren.

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El 15 y 16 de octubre tuvo lugar en Satipo el Encuentro Nacional de Protección de Ríos, en el cual participaron líderes de diferentes partes de la Costa, los Andes y la Amazonía del Perú.

La realización de este Encuentro se debe a la preocupación compartida de varias localidades por los riesgos que están amenazando los ríos a nivel nacional. La iniciativa surgió del Foro Social Panamazónico, llevado en Perú el 2017. Las mayores amenazas que han sido identificadas son las actividades extractivas mineras y de hidrocarburos; el proyecto de la Hidrovía amazónica; los agroquímicos utilizados por los monocultivos intensivos; y la falta de una cultura y educación ambiental en gran parte de la población.

Todos estos elementos están contribuyendo en la contaminación de la salud humana y ambiental, y en la inseguridad alimentaria, causada por el deterioro de la calidad del agua y de la salud de los peces. Además, actualmente 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable en nuestro país.

En palabras de Mirtha Villanueva, representante de Cajamarca, “el 60% de las lluvias que caen en Cajamarca son producto de la Amazonía. Hay una interrelación en la naturaleza. Por qué no estarlo los humanos para la defensa de los ríos”, en clara alusión a la necesidad de fortalecer la articulación entre los pueblos hermanos.

Entre los objetivos del encuentro, se logró compartir estrategias para el fortalecimiento local, pero sobretodo el construir una agenda nacional de protección de ríos; logrando una agenda de protección de “ríos hermanos, libres y limpios” basada en un enfoque de interculturalidad y de género.

En la sede del gobierno regional de Cusco se acaba de realizar la conferencia de prensa, en horas de la mañana, en la que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; los alcaldes de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, y Velille; y los dirigentes de las comunidades de Cancahuani, Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu y Tincurca, junto al presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe; exigen al presidente Vizcarra la derogatoria del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM que faculta el Estado de Emergencia que se viene aplicando desde ayer, 16 de octubre, en las comunidades mencionadas, adyacentes a la vía convertida en corredor minero por el Estado para que puedan pasar los más de 600 camiones que transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas desde Apurímac, pasando por Chumbivilcas, Espinar -provincias de Cusco-, hacia el puerto de Matarani en Arequipa. Exigen que se levante el Estado de Emergencia para que pueda darse el diálogo con el gobierno.

“De manera unida estamos acá autoridades gubernamentales, comunales y dirigentes de Frente de Defensa de todo Chumbivilcas para manifestar nuestro total desacuerdo con el Estado de Emergencia. El gobierno tiene que resolver un problema que no lo hemos generado nosotros las autoridades, sino que viene desde años atrás. (..)Hemos visto en carne propia los impactos ambientales y sociales que hay producto de la minería”, señaló el gobernador regional de Cusco, iniciando la conferencia de prensa.

Los comuneros se encuentran en protesta desde hace 26 días debido a la contaminación ambiental que genera el paso de los camiones con minerales, que según ha confirmado la OEFA, está produciendo contaminación del aire y suelo con material particulado. Entre los planteamientos señalados, los dirigentes exigen la recategorización de la vía usada ahora como corredor minero, debido a que es propiedad comunal y nunca se les consultó el cambio de uso de la vía que ellos utilizaban. Decreto Supremo N° 011- MTC-2016 reclasificó los tramos del corredor minero como vía nacional. Exigen, también, que los camiones ya no pasen por sus comunidades.

La palabra de los alcaldes

“En las calles principales transitan nuestros hijos, los colegiales, y ahora ahí se encuentran tanques de guerra. Nos sentimos limitados en nuestros derechos frente a este Estado de Emergencia”, señaló el alcalde del distrito de Ccapacmarca, Richard Leon Vega; lugar donde ayer la policía, resguardada por los militares, reprimió a los manifestantes que bloqueaban la carretera.

A su turno, el alcalde Colquemarca, Henry Romero Palma, señaló que jamás imaginaron la magnitud de los niveles de contaminación que sufren los que viven en el corredor minero. “Son 4 años que hemos vivido esto. Gracias a la movilización de las comunidades, alcaldes y dirigentes se ha logrado la actuación del OEFA que ha demostrado la contaminación existente. Estamos hablando con pruebas”. Finalizó señalando, “hoy tenemos este Decreto Supremo que enfrenta a los peruanos. Exigimos diálogo”.

El Alcalde de Velille, Antonio Toledo, señaló que han sostenido un diálogo por un año con la empresa MMG Las Bambas y hasta ahora no asume ninguna responsabilidad por la contaminación ambiental que genera. “Hemos tomado esta medida de lucha porque nos hemos visto vulnerados a vivir en un ambiente sano”. Agregó, aludiendo al presidente Vizcarra: “¿con este decreto, sr presidente, estamos avalando entonces que la empresa minera siga contaminando; siga matando en vida a nuestros hermanos de Chumbivilcas?. No me parece correcto; yo también soy autoridad, y espero que no nos criminalice”, finalizó.

El alcalde provincial de Chumbivilcas cuestionó el discurso del presidente y los ministros respecto a que la minería trae progreso. “Nuestras comunidades no tienen servicios básicos, no tiene carretera asfaltada; de cada 10 niños, 6 están con anemia. ¿Cómo pueden decir que la minería trae progreso?”, cuestionó.

Cese a la represión

El presidente de la comunidad de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Walter Molina, exigió el cese a la represión del Estado y mencionó diversos artículos de la Constitución que respaldan la lucha emprendida por las comunidades de Chumbivilcas para defender sus derechos: “La Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, sin embargo, nuestras tierras no han sido respetadas y son usadas para la minería.No se ha cumplido la ley de consulta previa tampoco y se prioriza la minería, cuando en la Constitución también se dice que el Estado peruano apoya preferentemente al sector agropecuario. La ley de comunidades campesinas también respalda nuestras denuncias”.

Agregó que, durante la visita del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el 10 de octubre, señalaron a las comunidades que no había criminalización de la protesta y el Estado no reprimía, pero en Paruro ha habido represión. “Una mujer humilde ha perdido su ojo recientemente producto de la represión y tenemos dirigentes enjuiciados; entonces el Estado nos está mintiendo”. Además, culminó el dirigente, “visitaron Ccapacmarca para tener diálogo y acordamos realizarlo para el lunes 21 de octubre, pero nos han mentido. Piden dialogo y luego dan Estado de Emergencia”.

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

15 octubre de 2019

Durante la conferencia de prensa realizada en la mañana del presente día, 4 de octubre, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y tras haber culminado el II Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos realizado el 2 y 3 de octubre en el que participaron más de 50 representantes; los afectados por la presencia de actividades mineras y petroleras de 13 regiones: Ancash, Amazonas, Loreto, Moquegua, Puno, Cusco, Junín, Callao, Cerro de Pasco, Lima, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad; señalaron sus principales puntos de Agenda de exigencias al Estado, para dar solución urgente a los problemas de salud que está derivando en la muerte de personas en los últimos meses, producto de las enfermedades generadas por la presencia de metales tóxicos en los cuerpos de miles de personas de las regiones señaladas. A la actualidad solo un Hospital cuenta con un especialista en toxicología para atender a los afectados de todo el país.

El compromiso de la PCM

Esta Agenda fue llevada al mediodía a la reunión pactada con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en que el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; se comprometió en preparar la propuesta de Decreto Supremo que sería firmado por el presidente Vizcarra y el premiere Vicente Zeballos, para que se instale la Comisión Multisectorial permanente liderada por la PCM, con participación obligatoria del Ministerio de Salud, Energía y Minas, Ambiente, Transporte y Comunicaciones, Agricultura y Cultura, Vivienda, Inclusión Social, Economía, y Trabajo; para dar solución integral a la problemática de los afectados por metales tóxicos. Prevención, atención especializada en salud, y remediación de los más de 8448 pasivos ambientales en el país; es la demanda de la Plataforma Nacional de Afectados, quiénes también serían parte de la Comisión Multisectorial junto a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, así como la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos regionales. En la reunión también participó la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz.

Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas.

La palabra de los afectados

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, señala que hay 4867 peruanos expuestos a metales pesados, de los cuales el 83.9 % son niños. Sin embargo, para la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, el número de personas expuestas es mucho mayor.

“La política está en crisis; y mientras esperamos eso, nuestros hermanos, hijos e hijas se están muriendo. Hay que ponerse a pensar en la salud de todos. El dolor de cabeza, las ronchas y sangre que salen de la nariz de los niños cuando solea, es una muestra de ello y las mamas no saben qué hacer. ¿A dónde llevar, a quién decir?; si no hay especialistas, medicamentos, ni atención permanente en nuestras localidades”, señaló Teresa Cuñachi durante la conferencia de prensa; quien pertenece a Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua; el lugar en el que se derramaron 3 mil barriles de petróleo el 2016.

Asimismo, Vidal Merma, representante de los afectados y afectadas de la provincia de Espinar, Cusco; señaló durante el II Encuentro: Hay más de 2000 afectados con arsénico en su cuerpo en Espinar. Del 100% no han atendido ni al 2% de los afectados. Han ido médicos a atenderlos y solo les daba paracetamol”.

La problemática más grave se encuentra en Cerro de Pasco, en que según el reporte del Ministerio de Salud al 2018, que aparece en los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, más de 3 mil personas se encuentran expuestas a metales tóxicos. Durante el II Encuentro, Sonia Terrazos, representante de las y los afectados de Cerro de Pasco, señaló: “He traído los análisis de mi hija para que vean que no miento. Quiero que escuchen mi testimonio y que las autoridades hagan algo para atender a los niños. Ya es hora de despertar, compañeros”.

Quien también denunció un hecho gravísimo fue Genaro Aguilar, representante de San Mateo, Lima región: “Lima toma agua con arsénico y eso lo ha aceptado Sedapal cuando nos hemos reunido. Pero nadie sabe esto porque no se difunde”.

El II Encuentro tuvo como objetivo consolidar el proceso de fortalecimiento local y articulación nacional, realizando un balance de las dificultades y avances en los dos años que tiene la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, precisando su Agenda de demandas hacia al Estado, para salir de la crisis de salud ambiental en la que se encuentran en los territorios en los que viven.

Agenda presentada

  1. La Comisión Multisectorial debe ser de naturaleza permanente dado la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú producto del impacto a los miles de ciudadanos que vienen siendo afectados por los metales tóxicos.
  2. Esta Comisión Multisectorial será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y estará encargada de elaborar el informe técnico de fundamentación de la propuesta del Plan Multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y substancias químicas.
  3. Además, esta misma comisión debe estar encargada del seguimiento de la implementación, la evaluación y el cumplimiento del Plan Multisectorial por parte de todos los ministerios de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas.
  4. El enfoque que debe asumir este plan multisectorial tiene que ser para que en los territorios impactados y de riesgo de contaminación se asuma una atención integral y especializada para los afectados y afectadas por metales tóxicos

Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ica: El día de hoy, viernes 20 de setiembre, después de una postergación, reinicia el juicio oral contra el ex alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní, quienes vienen afrontando un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012, exigiendo respeto al medio ambiente a la empresa minera Glencore Xstrata y al Gobierno Nacional. La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012,

El 17 de julio del 2017, el Juez del primer juzgado unipersonal de Ica, absolvió a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, así como a Herbert Huamán y Sergio Huamaní presidente y vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar (FUDIE) los declaró inocentes. La Fiscalía había solicitado 20 años de prisión efectiva, y una reparación civil de 100 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior y el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica apelaron esta sentencia.

Hace más de un año, la Primera Sala de Apelaciones y Flagrancia de Ica, conformado por los magistrados Osmar Albujar De La Roca, José Javier Magallanes Sebastián y el Juez Rafael Fernando Salazar Peñaloza, decidieron declarar nula la sentencia que absuelve a dichos dirigentes cusqueños y ordenaron un nuevo juicio, los argumentos de los jueces fueron que la sentencia de primera instancia no tenía el debido sustento, sin embargo, el Juez en primera instancia si hizo una correcta fundamentación.

Desde las organizaciones de derechos humanos se ha indicado que este proceso judicial seguido a los tres líderes fue injusto desde el principio, ya que no se respetaron principios constitucionales como ser juzgados en su lugar de origen y no en la región de Ica. Por otro lado, no se puede denunciar a dirigentes por ejercer de manera legítima su derecho a la protesta social. Este proceso se ha convertido en un ejemplo simbólico de como el Estado Peruano ha mantenido su política de criminalización de la protesta social.

PERÚ: CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Llamado urgente a no promulgar el proyecto de Ley de Protección Policial

Ginebra, 19 de agosto de 2019

Excmo. Señor Presidente,

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación ante la aprobación, el 24 de julio pasado, de la “Ley de Protección Policial” por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República, al contener elementos que la hacen incompatible con los estándares constitucionales e internacionales que regulan el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. En consecuencia, solicita respetuosamente la observación de la citada norma por parte del máximo responsable del Ejecutivo.

Es motivo de profunda inquietud el hecho que el mencionado texto legal, que tiene como objeto otorgar protección legal a los policías que en el ejercicio de sus funciones hagan uso de sus armas causando lesiones o muertes, incluya una modificación del marco legal vigente, creado precisamente para proporcionar normas y garantías que permitan ejercer cabalmente la función policial.

Así, la eliminación que introduce la mencionada ley del principio de proporcionalidad[1], consagrado en el Decreto Legislativo Nº 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, supondría la desaparición de un requisito indispensable para garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado no actúan de forma arbitraria ni abusiva en el ejercicio de sus funciones. La introducción de esta modificación genera serias dudas alrededor del compromiso del Estado peruano de cumplir con las obligaciones adquiridas con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

Junto con la eliminación del principio de proporcionalidad, en un contexto en el que organismos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han mostrado: su preocupación por el número de personas muertas y heridas como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad en respuesta a las acciones de protesta”, urgiendo al Estado a “[v]elar por que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente el uso de fuerza letal[2], se teme que las disposiciones de la ley destinadas a garantizar la asistencia y protección legal del cuerpo policial, incluyendo medidas destinadas a evitar su detención preventiva, puedan ser interpretadas de forma discrecional y ser usadas para obstaculizar la investigación y sanción de casos de muerte y agresiones debidas al empleo de la fuerza.

Al respecto, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha destacado que “las amplias facultades conferidas a la policía se prestan al abuso en cualquier sociedad, y redunda en interés de todos que dichas facultades estén sujetas a vigilancia constante. Para funcionar correctamente, la policía necesita directrices adecuadas sobre el uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas apropiados”[3].

Teniendo en cuenta lo anterior, la OMCT solicita respetuosamente a su gobierno observar la Ley de Protección Policial, con el fin de garantizar la vigencia de un estado de derecho regido por las normas internacionales sobre la materia, incluyendo la observación cautelosa de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Para obtener más información, por favor contacten con:

·       OMCT: Iolanda Jaquemet / Helena Solà Martín: (+41) 22 809 49 39


[1] “La proporcionalidad determina el grado máximo de la fuerza que se puede emplear para lograr un objetivo legítimo concreto… En el caso de la fuerza letal…, el requisito de la proporcionalidad solo puede cumplirse si la fuerza se emplea para salvar una vida o la integridad física. Por tanto, en el caso de la fuerza letal no se necesita una proporcionalidad ordinaria, sino estricta”, Informe del relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrs. 66 y 67.

[2] Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Perú, CAT/C/PER/CO/7, 18 de diciembre de 2018, párrs. 20 y 21.

[3] Informe del relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párr. 23.