Por: Nury García, directora del Proyecto Amigo y miembro del Consejo Directivo de la Red Muqui

El 8 de marzo es un día más de movilización militante, en que expresamos una posición política de denuncia respecto del modo en que las mujeres seguimos siendo explotadas, oprimidas, violentadas y asesinadas por el sistema de dominación patriarcal. Al mismo tiempo, es un día de reafirmación y acuerdamiento en nuestras apuestas de transformación de las relaciones sociales, en que la recuperación del vínculo vital con la naturaleza es tan urgente como necesario. Esto implica reconocer que somos territorios-vida, que somos parte de una misma raíz con la naturaleza; que el aire, el agua, la tierra no tienen dueños; que no somos cosas, menos mercancías.

La defensa de los territorios-vida nos reta a conjugar diversas resistencias contra el entramado del patriarcado y el capitalismo extractivista y colonial, como lo es la megaminería, que arrasa con millones de vidas explotadas o negadas, que solo porta muerte. El extractivismo y el feminicidio se necesitan para invadir, despojar, destruir, oprimir, y contaminar la vida toda. El orden social imperante explota no solo el trabajo, sino la naturaleza, los bienes comunes, los territorios y los cuerpos de las mujeres. Para reproducirse necesita que perdamos las posibilidades de autonomía, de soberanía y subsistencia de los pueblos, la convivencia comunitaria y la osadía de soñar otros mundos posibles, plenamente humanos, poniendo el cuidado de la vida en el centro.

La violencia sobre los cuerpos feminizados y la violencia sobre los territorios es simultánea, no hay una sin la otra. No puede haber jerarquías porque la lucha es una sola. Como nos enseñan las hermanas del movimiento indígena: el ecocidio, el feminicidio y el epistemicidio, son parte de una misma matriz civilizatoria que es “terricida”. Bastaría con escuchar a los 10 millones de personas afectadas con metales tóxicos, a las compañeras defensoras asesinadas, a las huérfanas de dignidad y deseo de futuro.

Hay un reto en este día de memoria de nuestras luchadoras, compañeras guerreras, revolucionarias: aproximarnos y reforzar los lazos con los movimientos de resistencia que intentan y logran ir más allá de la denuncia sobre las injusticias de género y las injusticias ambientales y buscan una transformación radical, abordar sus causas, aquello que permite la reproducción de un sistema cuyo único objetivo es la ganancia y bienestar de unos a costa de la muerte hasta el planeta mismo. Desafío, entonces, el de conjugar nuestro horizonte y caminar emancipatorio por la sostenibilidad de la vida; la defensa de nuestros cuerpo-territorios; el cuidado de la casa común; y la ética del don, de la reciprocidad y solidaridad.

Por eso, hoy es un día más de lucha, el de las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas y de los movimientos de la Tierra que florece (Abya Yala). Desde tiempos ancestrales somos aire, agua, tierra, sol y luna; y vamos sembrando y pariendo territorios, la vida, los ríos, las montañas, las retamas y cantutas. Desde siempre, y hoy también, seguimos siendo Cañi, Comunidad.

Por: Área Socioambiental de la Red Muqui

Ante la crisis política persistente y el anuncio de más expansión minera por el actual Gobierno a costa de los derechos humanos y ambientales, las condiciones de desventaja de las mujeres se acentúan cada vez más. Dado que en este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M) y a la vez el Día Mundial del Agua (22M), nos preguntamos: ¿Cuáles son las perspectivas de las mujeres defensoras del agua? ¿Cuáles son los desafíos para ellas en el cuidado del agua y la vida? y ¿Cuáles son sus deseos y visiones a futuro?

Desde la Red Muqui consideramos necesario recoger los testimonios de mujeres defensoras que viven en contextos mineros, ya que son ellas quienes defienden y cuidan el agua y, por lo tanto, la vida. Al mismo tiempo, muchas veces enfrentan mayores desventajas por su condición de ser mujeres y, además, rurales e indígenas. A pesar de estas desigualdades interseccionales y la violencia que estas constituyen, es necesario resaltar su gran aporte al cuidado de la vida.

A continuación, se presentan los testimonios de dos mujeres dirigentas: la primera es Regina Mamani Flores, presidenta del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos y Naturales de la Cuenca de Llallimayo del Distrito de Umachiri de la región de Puno. En la zona donde vive existen dos empresas mineras ubicadas en cabecera de cuenca y ambas ocasionan la contaminación de las fuentes de agua. La segunda mujer es Victoria Fernández Gamboa, presidenta de La Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia Santiago de Chuco de La Libertad. A pesar de la distancia geográfica entre ellas, los desafíos en su lucha personal y política se convergen.

En la actual situación política ambas mujeres no se sienten representadas por el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte y, al no sentirse representadas, carece la esperanza de tener el respaldo político en sus luchas por la defensa de sus cabeceras de cuenca, de sus fuentes de agua, de sus quebradas, sus riachuelos. Según Regina, la contaminación de estas fuentes de agua tienen varias consecuencias socioambientales y económicas:

“Las personas y animales consumen el agua, regamos nuestros pastos cultivados con el agua contaminada porque no tenemos otra fuente de agua limpia, por ende se nos está ocasionando daños a nuestra salud con metales pesados y enfermedades desconocidas, afecta a nuestros animales en su salud, disminución en su producción de leche, carne, quedando también tierras eriazas, causando la destrucción de la fauna y flora existente; todos estos problemas que ocasiona la gran minería afecta a nuestra economía familiar, unidad familiar, afecta la salud humana y animal, bajo rendimiento escolar de nuestros hijos, unión comunal, fragmentación del diálogo con las autoridades políticas, arraigo territorial, empatía y cuidado de la naturaleza, vulneración de nuestros derechos humanos a gozar de un ambiente saludable, derecho al agua, derecho a la protesta pacífica.”


En la defensa del medio ambiente en condiciones donde la coalición autoritaria gobierna el país y reina la impunidad, Victoria manifiesta lo siguiente:

“Ahora más que nunca con este gobierno que se ha dedicado específicamente a negociar con empresas privadas, empresas mineras, no le interesa la vida. […] Yo por ejemplo pertenezco a un comité provincial de monitores ambientales que hacemos vigilancia ambiental. Podemos hacer nuestra parte: vamos, evaluamos la calidad de agua, tenemos el historial, pero igual a nosotros no nos creen, nosotros somos un obstáculo para ellos, pero hoy por hoy siempre tenemos que ser perseverantes porque nosotros defendemos prácticamente nuestras cabeceras de cuenca y vamos a continuar en eso defendiendo nuestras cabeceras de cuenca porque para nosotros defender el agua es defender la vida.”

En esta línea Regina resalta:
“Entre una mujer y el agua existe un vínculo genuino y fuerte, pues ambos somos fuentes de vida; somos nosotras las primeras víctimas del deterioro ambiental, pero también somos las protagonistas en la defensa, conservación y preservación del medio ambiente; somos nosotras quienes lideramos las luchas en defensa del agua y medio ambiente en contra de las mineras extractivas que contaminan nuestra Pachamama.”

Entonces, es evidente que las mujeres tienen una perspectiva única en cuanto a la importancia del cuidado y la defensa del agua, debido a que, por sus roles como madres y administradoras del hogar, son ellas las que sufren los mayores impactos negativos cuando se reduce la calidad o cantidad de agua en las comunidades.

Más aún, tanto Regina como Victoria constatan la ausencia de articulación y el respaldo político de las autoridades comunales, locales, provinciales, regionales y nacionales a las mujeres rurales indígenas cuando denuncian las afectaciones socioambientales que pueda tener la actividad minera en sus territorios. La mayoría de las veces no son escuchadas ni apoyadas, más bien sufren violencia e injusticia al cuidar el medio ambiente.

Más allá de los desafíos de las mujeres defensoras del agua, el deseo para el futuro de Victoria tiene una mirada bastante política:
“Vale la pena soñar: Al futuro […] quisiéramos tener de repente un movimiento, una institución, un movimiento político, organizarnos un grupo de mujeres peruanas de todas las regiones donde específicamente defendamos la problemática de la mujer, tener mujeres independientes, mujeres empoderadas, mujeres que defiendan sus derechos de ella y de las demás.”

Para Regina como mujer indígena afectada por la actividad minera, a pesar de los desafíos prevalece la esperanza:
“Nosotras como mujeres, madres, seguimos y seguiremos en la lucha frente a todo acto que pretenda destruir nuestra madre tierra, estaremos de pie para proteger nuestras comunidades, territorios, agua, pues todos somos Fuente de vida. En mi zona nosotros conjuntamente con la población estamos en la búsqueda de que el Estado se haga cargo de la remediación de la Cuenca de Llallimayo, buscamos que se pueda construir una planta de tratamiento de aguas ácidas, para de alguna forma limpiar el agua.”

A partir de estas visiones políticas de las mujeres defensoras y acciones específicas como la remediación de las cuencas, estamos convencidos de que podemos construir una sociedad en la cual todas las mujeres vivan libres de todo tipo de discriminación, violencia, desigualdad y afectación a su salud y vida. En esta línea, desde la Red Muqui, a través de nuestras instituciones asociadas, acompañamos a organizaciones de mujeres en varias regiones del país en la construcción de agendas, las cuales recogen sus demandas y necesidades específicas para la incidencia política. Además, en escuelas de capacitación lideresas, dirigentas y voceras de comunidades y poblaciones afectadas por la minería fortalecen sus procesos de lucha y defensa de sus derechos individuales y colectivos. Y son mujeres como Victoria y Regina que habitan en territorios afectados por el extractivismo, y lideran con el ejemplo de resistencia y valentía. Queremos agradecerles a ellas por compartir sus testimonios con nosotr@s.

José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador en temas de comunidades, minería y conflictos sociales.

En el Valle de Tambo no son pocos, es la casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas que ha manifestado que no quiere la actividad minera, posición que ha mantenido durante casi seis gobiernos democráticos y autoritarios, es decir, es un proyecto que no tiene legitimidad. La primera razón es política vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir sobre sus vidas. En efecto, en la consulta popular del 2009 el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo a la actividad minera; en el 2019, diez años después, el 70 por ciento manifestó que no quería la minería en una encuesta realizada por universidades de Arequipa a pedido del gobierno central -resultados que fueron cuestionados por sus contratantes porque no encontraron los resultados favorables que esperaban respecto al proyecto.

El inamovible rechazo ciudadano por más de 15 años ha llevado a una permanente movilización y protesta de los pequeños productores, jornaleros agrícolas y otros sectores, y a una permanente respuesta violenta, represiva y criminalizadora por parte del Estado que ha declarado en sucesivos momentos estados de emergencia y ha desplazado cientos de policías, aparatos de inteligencia, militares y funcionarios del sistema de justicia, como en los conflictos del 2011, 2015, 2019 y 2020. Mientras que la propietaria del proyecto, Southern Copper Perú ha desplegado permanentes acciones, por un lado, de clientelismo y asistencialismo minero ofreciendo empleos temporales, abono, maquinaria agrícola, atención médica gratuita, regalos por el día de la madre y navidad, aniversarios de instituciones, construcción de paraderos, defensas ribereñas, y un largo etcétera. Por otra parte, ha desplegado una estrategia basada en el financiamiento de proyectos a través de obras por impuestos, mecanismo ampliamente usado para legitimar la inversión privada; sumado a cooptación y fragmentación social, creando colectivos que responden a sus intereses, buscando capturar y fracturar las juntas de regantes, influenciando en las elecciones municipales y capturando medios de comunicación y comunicadores a sueldo para crear opinión favorable al proyecto. Estos mecanismos hasta ahora han fallado en el Valle de Tambo, cuyos habitantes han negado la licencia social, lo que ha llevado a Southern a deslegitimar a la inamovible mayoría como “antimineros” “antidesarrollo”, “terroristas mineros” y los ha calificado como la oposición de unos pocos, inventándose, claro está, una supuesta mayoría social que apoyaría el proyecto, ideas recogidas por los medios aliados de la empresa y el gobierno siempre alineado con los intereses empresariales.

La segunda razón de esta inamovible mayoría es la razón económica vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir su desarrollo. En efecto, en el Valle de Tambo más de 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria que involucra a 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros. Agricultura que se desarrolla en 12 mil hectáreas; y a la que se suman la dinámica de la pesca en el mar, la crianza de camarones en el río y el turismo durante el período estival. Esta fuerte estructuración económica y social es la que ha dado base y capacidad de movilización y defensa de un modelo de sociedad que ha vivido por cientos de años sin minería y que busca seguir siendo fuente de vida por la diversidad de alimentos que produce, por los niveles de bienestar que genera a sus ciudadanos y por la sostenibilidad que significa el uso de la tierra para la agricultura. En contraste la explotación minera significaría la contaminación del valle, la depreciación de las tierras, el encarecimiento de la mano de obra y el deterioro progresivo de la salud y los medios de vida.

La tercera razón es la de derechos humanos. La actuación del aparato coercitivo a favor del capital minero en los conflictos y la privatización del uso de la fuerza pública ha dejado nueve fallecidos, más de 400 heridos, miles de agredidos, decenas de procesados y encarcelados injustamente. Mientras que las víctimas no han sido reparados ni atendidos, por el contrario, la impunidad ha imperado, mostrándose una eficacia selectiva del sistema de justicia que se evidencia en el encarcelamiento de exdirigentes que han representado los intereses del valle y que al mismo tiempo mantiene en la impunidad a los integrantes de las fuerzas del orden que han cometido crímenes contra civiles.

No obstante, el reciente cambio de ministro en el sector minero, ha puesto, mediante declaraciones del propio Rómulo Mucho, en el escenario público la supuesta necesidad del proyecto minero Tía María y otros. Sin embargo, más allá del entusiasmo del actual ministro, este proyecto, además de ser inviable socialmente, es inviable políticamente porque se inscribe en un escenario de un gobierno sin mayor legitimidad social y responsable de crímenes de lesa humanidad y violatorio de derechos humanos, que tendría que hacer uso de la fuerza para imponer un proyecto ilegítimo y para el cual Southern tiene millones de razones para no abandonar. Ahora, si bien es cierto que el ministro es un funcionario que agrada al gremio minero y podría impulsar proyectos en tiempos de recesión y déficit fiscal, promueve ante la opinión pública un proyecto que sabe que es inviable, pero que es funcional a su propio juego político de asegurar consultorías, cartera de clientes y/o un puesto gerencial en mundo minero. Lo que reproduce la puerta giratoria tan extendida en el sector, porque la institucionalidad estatal minera es desde hace décadas un incondicional promotor y relacionista público de las empresas mineras, punto de puerta giratoria y espacio de lobby permanente.

En cambio, el ministro, en lugar de estar favoreciendo la imposición de proyectos mineros inviables para mover las agujas del crecimiento, debería promover el cumplimiento de los estándares ambientales de las operaciones mineras, asegurar consultas previas reales, abogar por la reparación de las víctimas de los conflictos, la atención de millones de personas contaminadas por la minería y la explotación petrolera, la eliminación de la devolución de impuestos de las operaciones mineras, y proponer mínimamente reformas como el impuesto a la sobreganancia minera dado que estamos en tiempos de precios altos de los minerales.

(1) LA REPÚBLICA. Tía María: 70% de la población de Valle de Tambo no quiere minería. 18 de agosto del 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2019/08/18/islay-tia-maria-70-de-la-poblacion-de-valle-de-tambo-no-quiere-mineria-martin-vizcarra

Fotografía: Defensoría del Pueblo.

La comunidad campesina de Huancuire ha manifestado que rechaza el inicio del trabajo de explotación del tajo Chalcobamba, el segundo sitio de explotación que pretende iniciar la empresa minera Las Bambas MMG sin haber resuelto los 14 puntos de una agenda acordada entre la empresa y la comunidad como denuncian los dirigentes a través de un pronunciamiento el pasado 16 de febrero.

Los comuneros han denunciado que la minera está realizando detonaciones (voladuras) muy cerca del centro poblado, pastos y animales, que ponen en riesgo la vida de sus habitantes y pueden estar contaminando las fuentes de agua y el ambiente, de las que dependen las actividades agropecuarias de sus habitantes.

También han expresado que la actual delegación de representantes de la empresa no cuenta con las facultades para tomar decisiones que puedan llevar a la resolución de los conflictos con la comunidad, por lo que reclaman la presencia de los máximos ejecutivos del consorcio, entre ellos su director ejecutivo Liangang Li, hasta el 19 de febrero.

Además requieren la visita de la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, así como de la máxima representante de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con ello ha escalado el conflicto entre la comunidad de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac y la empresa minera, que espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, aumente la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año, un incremento del 25 por ciento, respecto de la actual extracción.

En un comunicado anterior del 10 de febrero la comunidad había manifestado solo sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, pero no habían expresado su rechazo frontal al inicio de operaciones.

Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo de Chalcobamba, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para ampliar la explotación del principal tajo de Ferrobamba. Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según identificó un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros.

Pese a múltiples y graves observaciones que la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( SENACE), el ente estatal ha aprobado la solicitud de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa Antamina para ampliar sus operaciones. Su presidente Víctor Gobitz y otros representantes del sector minero han celebrado la decisión, que supone una inversión de dos mil millones de dólares en los póximos años, ya que extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036.

En cambio, las poblaciones de influencia directa e indirecta que viven en las comunidades aledañas en la provincia de Huari y los habitantes de Huarmey, donde se encuentra la terminal del mineroducto de Antamina, desde donde se cargan los barcos con cobre y zinc, los dos minerales que se obtienen principalmente de la mina, observan que sus preocupaciones fundadas en contínuos impactos ambientales y la desaparición de fuentes de agua no reciben la misma atención por el Estado y la opinión pública.

En septiembre de 2022, Red Muqui había dado a conocer un estudio pormenorizado con una serie de advertencias sobre esta MEIA, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Por ejemplo, para la empresa el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en este estudio, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

La modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental ahora aprobada permitirá incrementar considerablemente la extracción de minerales, a una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción. Con esta certificación ambiental incrementará el procesamiento de dicho mineral desde 175 mil toneladas que obtiene por día actualmente a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Noticia que será recibida como un balde de agua fría también por los habitantes de Huarmey, al menos por aquellos que han estado reclamando desde hace años por los daños a la salud por metales pesados especialmente entre menores.

Las sospechas de la población se dirigen contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar que los casos de afectados por metales pesados en la provincia de Huarmey impacta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para mayor información, puede leer aquí las notas de Muqui sobre esta temática: a) Red Muqui encuentra serias falencias en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Antamina
b) Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

Los miembros de la Red Muqui reunidos recientemente en nuestra asamblea de socios en la ciudad de Lima y ante la continuidad de la crisis política que atraviesa el país compartimos nuestros acuerdos y posicionamiento ante la opinión pública:

– Luego de las masivas protestas sociales que se desarrollaron desde finales de 2022 hasta mediados de 2023 contra Dina Boluarte y el Congreso de la República, el país continúa en un contexto de crisis política, que se agrava por la disrupción climática que afecta la disponibilidad del agua y la temperatura global, sabiendo que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. A esto se suma la recesión económica, con comunidades campesinas y PPII entre las más afectadas en sus modos y medios de vida. Por el contrario, las fuerzas antidemocráticas, antiderechos y autoritarias siguen avanzando, reafirmando el modelo económico extractivista, que impacta gravemente sobre la vida, el territorio y los derechos de nuestros pueblos.
– Por su parte, el Congreso sigue acometiendo para el copamiento institucional, como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, e impulsan leyes a favor de los intereses económicos y empresariales como lo demuestra la aprobación de la nefasta “Ley Antiforestal”, que afecta la Amazonía y los ecosistemas de nuestros bosques a nivel nacional. Así también, se han presentado 17 proyectos de ley a favor de la “formalización” de la minería informal, funcionales al crecimiento de la minería ilegal, sin que se prevean mecanismo de contención para la protección ambiental. No olvidemos que este Congreso también plantea “reformas” al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que significaría un grave retroceso para la defensa de los DDHH en nuestro país.
– En esa misma perspectiva, desde el Ejecutivo, se insiste en imponer proyectos mineros que han sido ampliamente rechazados por la población, como Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Conga en Cajamarca. También el gobierno viene aprobando normas como el D.S N°013-2023-MINAM que refuerza la Ley 30230 y modifica otras normas que debilitan aún más el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para favorecer la extracción minera sin garantizar la protección del ambiente y la salud humana. Además, el MINEM anunció la implementación de la primera fase de la “Ventanilla Única” (D.S. N°017-2023-EM) para simplificar los trámites administrativos del empresariado minero, lo cual implica un grave riesgo para los territorios de los PPII y de agricultores, y con ello de nuestra seguridad alimentaria.

Por ello desde la Red Muqui:

1) Alertamos sobre estas agresivas modificaciones normativas contrarias a los derechos humanos, ambientales y colectivos, ya que demuestran la influencia que tiene el poder de la gran minería, que recibe el respaldo del actual régimen de Dina Boluarte y cuyo nuevo ministro de energía y minas Rómulo Mucho ha señalado que buscarán expandir aún más la gran minería en el país.
2) Rechazamos las iniciativas legislativas que promueven en el Congreso irresponsablemente la minería informal e ilegal, sin tener en cuenta la destrucción del ambiente, la fragmentación de las comunidades, el aumento de la conflictividad social, y que pone en mayor riesgo a defensores y defensoras territoriales y ambientales.
3) Cuestionamos la falacia de la llamada “transición energética”, que, si bien busca que se elimine los combustibles fósiles, plantea como alternativa en beneficio de los grandes intereses económicos, que se profundice el extractivismo de “minerales críticos” como el litio y cobre, siendo nuevamente sacrificados los territorios de las comunidades y los PPII.
4) Nos reafirmamos en la defensa de los bienes comunes, como el cuidado y la protección de las cabeceras de cuenca, los bosques, ecosistemas frágiles y la biodiversidad de nuestro territorio nacional, y a favor de una efectiva protección de los PPII, las economías populares y solidarias como la agricultura familiar, ganadería a pequeña escala, la siembra y cosecha de agua, y el turismo comunitario. Actividades que nos demuestran que desde los territorios existen alternativas económicas desde los pueblos, más allá de la minería.

Finalmente, denunciamos y rechazamos la criminalización, censura y persecución que viven quienes, de manera democrática, expresan su rechazo al régimen de Dina Boluarte, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la PNP y FFAA, que incluye el asesinato de más de 50 personas entre 2022-2023. Nos sumamos al justo reclamo de los familiares de las víctimas que buscan justicia, reparación y no más impunidad en el país.

Lima, 15 de febrero del 2024.

La comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, convocada en asamblea, ha manifestado sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, el segundo tajo que pretende explotar la empresa minera MMG Las Bambas.
Por otra parte han reiterado sus preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de la minera en su conjunto. Así lo señala el comunicado firmado por las autoridades de esta comunidad el 10 de febrero.

Recuerdan el espacio de negociación que abrieron con la minera desde el 28 de junio de 2022, y que tiene al Estado como ente supervisor y facilitador. Y que, según acta del 6 de diciembre de dicho año, tiene como objeto la resolución de 14 puntos de agenda que abordan controversias bilaterales.
Sin embargo, los dirigentes lamentan que hasta ahora ninguno de los puntos de la agenda haya sido zanjado definitivamente hasta ahora. Parte de las demandas se relacionan con la actividad de empresas sectoriales de la propia comunidad de Huancuire, cuya continuidad depende de los acuerdos en torno a los 14 puntos mencionados. Debido a estos desacuerdos, los comuneros rechazan el inicio de los trabajos de operaciones del Tajo Chalcobambas.

Fue en marzo de 2022, que la minera informó la autorización por parte del gobierno peruano del inicio de operaciones de dicho espacio. Según sus propias proyecciones, la empresa espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional.
Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG, una de las mayores extractoras de cobre del país, ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la Cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros. Entre otras cuestiones, que van más allá de la intransparencia en la redacción del estudio, la organización destaca las siguientes falencias:

– La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba (el único que hasta ahora está siendo explotado) en 285.3 hectáreas (de 408.7a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
– No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
– La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
– Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
– No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
– No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
– Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
– Se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
– Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del río Chalhuahuacho, que aparte de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
– También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.

Por estas y otras consideraciones, CooperAcción recuerda que, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.

En el caso de la comunidad campesina de Huancuire, que ha estado en el centro de las acciones de movilización en las últimas semanas, se trata de un pueblo agricultor, productor de papa y chuño, que habita ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la nueva explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos para sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca que abastece todo el distrito de Coyllurqui.

La caricatura de Carlos Tovar, conocido como Carlín, que manifiesta con sátira la corrupción enquistada en la Policía Nacional del Perú (PNP), ha sido motivo de análisis y reflexiones en torno a la libertad de expresión, pero también sobre el actuar de los efectivos policiales que degradan la imagen de su propia institución.
En momentos de conflictividad social vinculada a la minería hemos sido testigos de algunas situaciones generadas por la PNP que ameritan ser recordadas y denunciadas.

1.- Convenios entre la PNP y empresas extractivas mineras para brindar seguridad:
Un informe realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRights International reveló que, entre 1995 y 2018, se suscribieron 138 convenios, de los cuales 29 permanecían vigentes al 2019. Entre las mineras figuraban Antamina, Yanacocha, Las Bambas, Doe Run, Petroperú, Southern Perú, Chinalco, Antapaccay, Hudbay, entre otras.

La Macro Región Policial Cusco ha recibido, durante el 2015 y el 2018, un total de S/4.133.606,86 por parte de la mina Las Bambas. Hasta el momento cinco personas han sido asesinadas producto de la represión policial en estos últimos 14 años de historia. La empresa minera se ubica en Apurímac y Cusco.

2.- En 2015 la PNP intentó sembrar un “miguelito” a un agricultor de Valle de Tambo – Arequipa que protestaba contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation. “Miguelito” es un artefacto artesanal con púas de fierro utilizado para pinchar las llantas de los vehículos.

3.- En 2005 en Huancabamba – Piura agentes policiales secuestraron y torturaron a 33 campesinos que se oponían al proyecto minero Río Blanco, a la fecha no hay ningún policía sancionado.

4.- Coronel de la PNP y otros cinco agentes fueron detenidos en megaoperativo contra la minería ilegal realizado en Otuzco y Trujillo – La Libertad en 2023. El entonces jefe de División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, coronel PNP Arturo Miguel Balta Paredes y cinco suboficiales fueron acusados por apoyar presuntamente y proteger a la organización criminal “La Gran F.A.”

Estos datos y hechos son solo algunos de los muchos casos de mala actuación en los que están involucrados efectivos de la PNP, por tanto la caricatura realizada por Carlos Tovar “Carlin” es solo un reflejo de esta dura realidad. Diversos especialistas coinciden en que la institución policial debe ser reformada, no sólo por los hechos mencionados, sino también por la impunidad con la que actuaron en las masacres de diciembre del 2022 en Ayacucho y Apurímac, y en enero de 2023 en Puno. Aprovechamos para solidarizarnos con Carlin por el hostigamiento y amenaza de denuncia que le ha hecho la Policía Nacional del Perú.

Una reciente sentencia del Poder Judicial que respalda el derecho a la consulta previa en el proceso legislativo está provocando una serie de reacciones por parte de organizaciones sociales y del mismo Congreso. Así la representante, Ruth Luque, ha informado que en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología, ha solicitado que se priorice el debate sobre el procedimiento para que el Congreso cumpla con la consulta previa antes de aprobar leyes que les afecten directamente.

Con ello la parlamentaria busca que el cuerpo legislativo implemente la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima a fines de enero pasado, que exige al Congreso de la República el cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, acuerdo suscrito por Perú, del que se desprende el derecho a la consulta previa; y con ello, que implemente el derecho a “la consulta previa de leyes que impactan en los derechos de los pueblos indígenas”.

Dicha sentencia fue notificada el último 26 de enero a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y a la Confederación Nacional Agraria (CNA), que impulsaron la acción legal que le dio origen.
El dictamen judicial establece que el Parlamento debe debatir con carácter de urgencia en el próximo Pleno ordinario o extraordinario el Proyecto Ley Nº 005-2016/CR, que modifica el reglamento del Congreso de la República para incorporar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre medidas legislativas que les afecten.

El abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco ha valorado la sentencia del Poder Judicial. Si bien opina que es improbable que las fuerzas políticas en el Congreso adecúen el reglamento interno,” ya que se han instalado grupos que responden más bien a mafias con intereses particulares y no representan los intereses generales de la población. No obstante, a futuro bastará esta sentencia para que pueblos cuyo derecho a la consulta sean vulnerados por futuras leyes presenten un recurso de amparo. Lo lógico y deseable sería un cambio del reglamento de funcionamiento legislativo, pero no es indispensable”, sentenció el jurista.

En cuanto a las posibilidades de que esta sentencia tenga que ser implementada por parte del Congreso el abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Helio Cruz, manifestó que el Congreso tiene la responsabilidad de hacerlo, negarse a ello sería negarse a una resolución del poder judicial y con eso seguiría quebrando el orden constitucional. Y añade que los parlamentarios no solo tienen que adecuar el reglamento interno para que las leyes respeten la consulta previa en asuntos que afecten a pueblos indígenas, sino que se debe extender a los actos administrativos, cuando se otorga una concesión minera, “no hay consulta previa, peor aún no hay participación ciudadana, ni transparencia hacia los pueblos que son afectados”.

Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.