Ante la expansión minera: las comunidades responden con sus formas de vida ancestrales practicadas durante siglos de resistencia

Tras más de 30 años de intensa actividad extractiva en los territorios del Perú, los megaproyectos que se presentaron como una oportunidad de desarrollo económico y progreso, hoy son fuente de conflictos, desigualdad, vulneración de los derechos humanos y daños al ambiente y a la salud.

Por ello, es necesario analizar sus impactos y buscar alternativas más sostenibles, reales e interculturales que promuevan los buenos vivires de todas y todos.

La minería a gran escala en este nuevo ciclo de expansión, en su afán por explotar los últimos bienes naturales, tiene un impacto devastador en los ecosistemas, que se comprueba en la creciente deforestación, contaminación del agua y del aire, degradación de suelos y pérdida de la biodiversidad.

Asimismo, las comunidades cercanas a los proyectos mineros están expuestas a diversos riesgos para su salud, como la contaminación por metales pesados que, a la fecha, suma más de 10 millones de personas expuestas, según el Ministerio de Salud, en especial mujeres, niñas, niños y jóvenes. También la contaminación del agua con productos químicos y metales tóxicos puede resultar en enfermedades muy graves.

En ese sentido, las promesas incumplidas y las malas prácticas en las relaciones comunitarias entre empresas y comunidades han llevado al aumento de la conflictividad socioambiental y la violación de los derechos humanos. El derecho a la consulta previa y a la participación en decisiones que afectan sus territorios a menudo es ignorado, dejándolas sin voz ni capacidad para influir en el destino de sus tierras. El desplazamiento forzado y el despojo de tierras también son recurrentes en muchos territorios donde se asientan los proyectos mineros, que llegan a afectar la vida y la cultura de las comunidades.

Frente a estos desafíos, cada vez más comunidades y población organizada son conscientes que sus formas de vida basadas en el concepto de los buenos vivires practicadas durante siglos de resistencia frente al colonialismo son alternativas probadas frente al publicitado y nunca alcanzado “desarrollo” que proponen los proyectos extractivos.

Por ello, muchas comunidades locales impulsan iniciativas para reducir su dependencia de combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales a través de emprendimientos a escala comunitaria. Además, aplican y preservan prácticas ancestrales de agroecología, proyectos de ecoturismo, entre otros que generen ingresos económicos sin dañar el medio ambiente.

La búsqueda de alternativas al extractivismo es un desafío que evidencia la necesidad de repensar el modelo de desarrollo basado en el consumismo y priorizar el respeto por la naturaleza, la salud, la vida y los derechos de las personas. Solo a través de un enfoque integral y participativo podremos construir un futuro sostenible y en armonía con nuestro planeta.

Por lo expuesto, consideramos que es hora de revelar los mitos mineros y caminar hacia una sociedad más justa, solidaria, equitativa y sostenible, que privilegie lo colectivo y la protección de la Pachamama, un mundo donde quepan todos los mundos.

Organizaciones de base originarias y campesinas de la Macro Sur demandan del Ejecutivo el esclarecimiento y la sanción de los culpables de los crímenes contra las víctimas de la masacre del régimen de Dina Boluarte, perpetrado por la PNP y las FFAA en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, y la reparación individual y colectiva por estos hechos.

Reunidos en la ciudad de Puno, los días 23 y 24 de agosto, representantes de dicha región, además de las de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Tacna, realizaron el Foro Macrosur titulado “Construyendo propuestas de salida a la crisis desde el sur”.

Como resultado de las reuniones de articulación e intercambio de experiencias, representantes de las organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la Fiscalía y al Poder Judicial celeridad en las investigaciones, sanciones a los responsables y retorno de las carpetas fiscales a los lugares donde sucedieron los hechos. Además, demandan particularmente al Ministerio Público que garantice el acceso a la Justicia para las víctimas y que no se obstruyan las investigaciones.

Por otra parte, instan al Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial cesar la persecución a dirigentes, líderes y lideresas, y dejar de criminalizar la protesta social.

En relación al fortalecimiento de la unidad y de la articulación organizacional en los ámbitos locales, regionales y nacionales, plantean generar espacios de formación política desde los territorios. De tal forma, que los pueblos originarios generen nuevas formas de representación política en los espacios regionales, macrorregionales y nacionales en la toma de decisión sobre el destino y futuro del país.

Las organizaciones también reivindican y reconocen el rol protagónico en este proceso de lucha de las mujeres indígenas, que se han movilizado para denunciar los abusos de los Derechos Humanos y recuperar la democracia.

Reiteran su rechazo al extractivismo que identifican como fuente de destrucción de la madre tierra, que contamina las fuentes de agua y acaba con biodiversidad, y afecta gravemente la salud de las personas. Por ello, exigen del Estado efectiva regulación y control ambiental y social de las actividades extractivas para proteger los recursos naturales renovables como fuente de vida de las actuales y futuras generaciones.

En el contexto de crisis climática e hídrica, reclaman al Estado peruano identificar, zonificar y proteger las cabeceras de cuenca, lagos y los ríos de todo tipo de actividades que las impactan negativamente y pongan en riesgo la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, y exigen que se respeten los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios sobre su territorio.

En relación a la situación económica de las comunidades, las y los representantes de las organizaciones denuncian que la pobreza y la falta de oportunidades están empujando a sectores de la población a buscar alternativas de empleo e ingreso en las economías ilegales que dañan el medio ambiente, explotan a la juventud y generan situaciones de violencia. Para contrarrestar este fenómeno exigen del Estado políticas que revitalicen la agricultura campesina, fuente de alimentación popular y de resistencia cultural.

Finalmente, reafirman su compromiso de seguir luchando por un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva Constitución, en la que se reconozcan la existencia, identidades y derechos de los pueblos originarios y campesinos. En palabras textuales del pronunciamiento: “Desde la Macrosur, creemos firmemente que la salida a la crisis pasa por escuchar a las poblaciones organizadas y movilizadas atendiendo sus demandas políticas de adelanto de las elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente”.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene en sus manos la aprobación del reglamento interno de la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento a la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

Este documento es de suma importancia para el funcionamiento de esta comisión que, a la vez, vigila la implementación nacional del Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la población expuesta a metales pesados. De acuerdo al Ministerio de Salud, existen 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales pesados en el país. Mientras que, en Paragsha, en Cerro de Pasco, el estudio de Source International, ha demostrado daños al sistema nervioso, intelectual y motriz de los niños. Por tal motivo, se requiere de una pronta respuesta por parte del Ejecutivo.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas, ha enviado la propuesta del reglamento a la PCM, según informó el especialista ambiental Noly Rivero, aunque no ahondó en detalles en cuestiones de fecha. Esa fue su respuesta al ser consultado públicamente por el presidente de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Víctimas de Metales Pesados, Felix Suasaca. Ambos participaron, el viernes último, en el ciclo de documentales sobre impacto de los metales pesados en la salud ambiental y humana, organizado por Centro Labor Pasco, Source International, Red Muqui, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.

Esta Comisión Multisectorial fue creada, el 25 de octubre del año pasado, a través del Decreto Supremo N° 129-2022-PCM. Han transcurrido 10 meses desde entonces. Conforme a esta resolución, dentro de las funciones de la comisión figura realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas y evaluar la implementación del Plan Especial Multisectorial (Resolución Suprema N° 034-2020-PCM).

Además de abordar el estado de dicho reglamento interno, al finalizar la proyección de dos documentales, se analizó el cumplimiento de la Ley para Fortalecer la Prevención, Mitigación y Atención de la Salud Afectada por la Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, Ley N° 31189.

Sobre este punto, el jefe de equipo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Percy Herrera Añazco, dijo que es una tarea pendiente contar con recursos económicos para infraestructura sanitaria, así como tener suficientes toxicólogos. No obstante, consideró que se ha avanzado en la capacitación al personal de salud, evaluación a los pacientes y asistencia técnica a pesar de las evidentes debilidades del sistema de salud.

El reglamento de esta Ley N° 31189 establece un plazo de 90 días hábiles para la creación del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación de Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, fecha que vence el próximo mes de septiembre, por lo cual hay expectativa de la sociedad civil organizada.

Recordemos que, el año pasado, se publicó también la Ley Nº 31565 que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales y los niveles de afectación de los ciudadanos, y declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional; sin embargo, sobre este propuesta no hay muchos avances.

La presentación de los resultados del estudio científico sobre salud ambiental humana de Pasco fue suspendida sorpresivamente por la Comisión multipartidaria investigadora de la atención de los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio, y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú, a dos días de desarrollarse el evento.

De acuerdo al oficio enviado por el presidente de la Comisión Multipartidaria, Idelso García Correa, a las instituciones organizadoras, la cancelación es “por motivos de agenda parlamentaria”. El documento también señala que el congresista comunicará la próxima fecha y hora de reprogramación de la quinta sesión extraordinaria donde iba a presentarse dicho estudio en el Congreso de la República.

La exposición de los resultados de la investigación iba a estar a cargo de la científica ambiental y representante de Source International, Laura Grassi, quien viajó desde Italia exclusivamente para participar del evento (viernes 18 de agosto), pues ella estuvo a cargo del estudio junto al ecologista y naturalista Flaviano Bianchini.

Las instituciones organizadoras de la presentación del estudio son Centro de Cultura Popular Labor Pasco, Red Muqui, Source International, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha, y la Comisión Multipartidaria integrada por los congresistas Idelso García Correa (Alianza para el Progreso), Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Diego Bazán Calderón (Avanza País – Partido de Integración Social), Miguel Angel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), Dávila Pasión Neomias (Bloque Nacional de Concertación Nacional) y María Zeta Chunga Cruz (Fuerza Popular).

Finalmente, desde Red Muqui consideramos que la problemática ambiental y de salud de Pasco amerita ser atendida con prioridad, sobre todo cuando el estudio sobre salud ambiental y humana demostró la afectación a la salud de los niños que viven en Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen por la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno.

Con el objetivo de promover la investigación-acción y discusión desde el diálogo de saberes entre la academia, las universidades y las comunidades afectadas por la minería sobre los temas del extractivismo, sus impactos en los territorios y las alternativas que vienen construyendo, aperturamos la convocatoria al Programa de Investigación sobre Alternativas al Extractivismo en el Perú, dirigido a estudiantes de pregrado y postgrado de universidades públicas priorizando las regiones de Cajamarca, Puno, Cusco, Lima provincias, Piura, Pasco, Junín y Ayacucho.

Enlace para la I sesión virtual de absolución de dudas y consultas

Convocatoria en PDF
Anexos 1
Anexos 2

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a través del Despacho de la congresista Ruth Luque, se invitó a Red Muqui a participar de la Mesa de trabajo titulada “Desafíos para la agenda legislativa 2023 – 2024 de los pueblos indígenas u originarios”. La reunión tuvo la finalidad de recoger, desde las diferentes organizaciones, las principales agendas, problemáticas o propuestas en el marco de la garantía de los derechos humanos y ambientales de los pueblos originarios.

Entre las organizaciones indígenas representantes que hicieron presente su voz resaltó Ketty Marcelo, presidenta de la ONAMIAP; Teresita Antazú, representante de AIDESEP y Rosa Alvarado, secretaria de la CUNARC. Las dirigentas advirtieron su deslinde con el actual gobierno y Congreso por el encubrimiento a los asesinatos de los hermanos y hermanas en el contexto de las movilizaciones sociales en contra del régimen de Dina Boluarte; asimismo, posicionaron sus agendas que subrayan su visión territorial.

Por su parte, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, resaltó la necesidad de priorizar la autonomia y autodeterminación de los pueblos indígenas, debido a la acelerada expansión del extractivismo minero en territorio ancestral, que, pese a no contar con el consentimiento de los pueblos, se promueve como principal actividad económica.

Además enfatizó la discriminación étnico-racial en el contexto de la crisis política, principalmente hacia los pueblos quechuas y aimaras; así como la agenda pendiente de los afectados/as por metales tóxicos. Por su parte, Mayra Zambrano, del equipo del área de incidencia político legal de Muqui, manifestó que debe realizarse una debida fiscalización de las propuestas de flexibilización ambiental sectoriales frente a la cartera de proyectos mineros que deberá contar con un enfoque intercultural y de derechos humanos.

La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí

El jueves 13 de julio, la Red Muqui participó de un taller de intercambio de aprendizajes organizado por las comunidades de las zonas altas y medias del Alto Cunas, desde Yanacancha, Coca, San Juan de Carpa, y San José de Quero.

La comunidad de Alto Cunas enfrenta impactos ocasionados por el reinicio del proyecto minero Azulcocha, cuya operación para extraer zinc fue iniciada a finales de los años 40 por la norteamericana Cerro de Pasco Corporation. Desde entonces operó con diferentes nombres comerciales, afectando ecosistemas y la vida de poblaciones aledañas{1}.

En abril de 2019, la mina Azulcocha pasó a cargo de la nueva empresa peruano-canadiense Sierra Sumaq Rumi. Esto generó una movilización de las comunidades de Alto Cunas contra la mina. Los pobladores reclamaron que ya no querían minas que actúen irresponsablemente con el medio ambiente y las comunidades{2}.
Por ello, desde Red Muqui se resaltó la importancia de identificar y conocer los impactos ambientales generados por diferentes actividades en las comunidades, especialmente aquellas producidas por actividades mineras. Además, se compartió información sobre el Convenio 169 de la OIT, así como el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, instrumentos jurídicos que aportan en la defensa del territorio y la protección de los pueblos originarios. Por último, se comentó la experiencia de autodefensa de otras zonas acompañadas por la red.

Al culminar el taller, los comentarios de los comuneros reflejaron el ánimo de gestionar el agua de acuerdo a sus usos ancestrales y generar acciones de autodefensa contra las actividades mineras. Entre los siguientes pasos para lograr estos objetivos destacan la capacitación de otras comunidades de la zona, la autodeterminación certera frente al extractivismo, así como la promoción de las actividades agrícolas y agropecuarias como principal motor económico del Alto Cunas.

{1}https://ojo-publico.com/3278/el-impacto-la-mineria-las-aguas-altoandinas
{2}https://ojo-publico.com/3278/el-impacto-la-mineria-las-aguas-altoandinas

El pasado 28 de junio, dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Ayaviri y Cupi, junto a autoridades distritales y de la provincia, llegaron a Lima para exigir acciones inmediatas para la remediación de la cuenca Llallimayo. Sus aguas fueron contaminadas por la empresa minera Aruntani S.A.C, hecho que fue comprobado por el OEFA en el 2017, pero que venía sucediendo desde el 2009 según testimonios de pobladores locales.

La respuesta del régimen fue recibir a la delegación de Llallimayo en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en Lima, en presencia de los viceministros de las carteras de Minas, de Desarrollo Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Construcción y Saneamiento-MVCS; de Salud; así como del ANA, OEFA y AMSAC.

El acuerdo principal de la reunión fue asumido por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes se comprometieron en articular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la integración de S/. 4’611,401 millones de soles para el tratamiento del agua contaminada por Aruntani S.A.C en el proyecto de ley de presupuesto 2024. Para tal fin, el MINEM asumió el compromiso de reunirse con el MEF y evaluar la posibilidad de que el financiamiento sea entregado el 2023. La comprobación del cumplimiento de estos acuerdos debió ser enviada y presentada a los dirigentes y autoridades de la cuenca del Llallimayo el 7 de julio, tal cual figura en el acta de acuerdos de la reunión del 28 de junio.

Sin embargo, a la fecha el MINEM no lo ha hecho, motivo por el cual mediante Oficio N° 023-2023-FREDERHCULLA/HENZ/P, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo solicita que el MINEM emita una respuesta sobre la fecha de otorgamiento presupuestal. Además reitera su disposición al diálogo que ha evidenciado en reiteradas ocasiones a fin de solucionar la problemática de su cuenca en la que viven más de 20 mil personas en los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri. No obstante, en vista de los reiterados incumplimientos de parte del Ejecutivo, y en caso de no atender a su solicitud anuncian una movilización social masiva e indefinida hasta lograr la remediación por la grave contaminación en la que se se encuentran la cuenca Llallimayo y el lago Titicaca.

1. https://muqui.org/noticias/dirigentes-y-poder-ejecutivo-instalan-la-mesa-de-trabajo-de-la-cuenca-de-llallimayo/
2. Oficio Múltiple N° D000212-2023-PCM-SSGD