Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas pareciera que hemos vuelto a una especie de cierta normalización de las cosas como era antes de la pandemia, ya que los temas de siempre en cuanto afectación de derechos humanos se refiere han vuelto a estar en el centro de la atención. Nos referimos a los últimos hechos registrados contra líderes defensores ambientales, incluido mujeres, en zonas de actividad minera. Nos referimos al caso del señor Ismael Acha de Ayabaca (Piura), quien fuera acuchillado por una comunera la semana pasada por ser critico a la actividad minera y particularmente al proyecto minero Río Blanco en Piura. El segundo hecho ocurrió en la zona conocida como Morococha antigua (Junín) donde se encuentra operando la minera Chinalco y su proyecto Toromocho. Desde hace varios meses, 40 familias de esta zona reciben hostigamientos permanentes de la minera con el apoyo de la PNP. La semana pasada varias mujeres fueron agredidas, golpeadas y detenidas por efectivos policiales por intentar solicitar una reunión con los representantes de la minera Chinalco para atender sus reclamos.

De un tiempo a esta parte no solo están en riesgo la vida de los líderes, dirigentes y defensores/as ambientales de la Amazonía, si no de las zonas andinas donde se encuentran asentadas las actividades mineras. Lamentablemente en lo que va del año ya han sido asesinados varios defensores ambientales, por ello que la preocupación y el riesgo en el que se encuentran estas personas es más que alarmante. Si bien desde el gobierno nacional y en concreto desde el MINJUSDH se han venido aprobando normas y protocolos para garantizar la protección de derechos de los defensores/as, en la práctica esto aún es insuficiente. Recientemente (01 de octubre) se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El gran desafío es que el protocolo y el registro realmente protejan la vida y los derechos de las y los defensores ambientales, que hoy más que nunca se encuentran en situación de riesgo, tal como se viene constatando en los casos mencionados.

Lamentablemente en los últimos 20 años, cuando se habla de desarrollo económico, no se menciona los impactos y los costos de este desarrollo en nuestro país, y particularmente de las actividades extractivas como la minería. A parte de ser uno de los países con mayor conflictividad social en materia socioambiental en Latinoamérica, Perú es donde menos garantías se han brindado a los defensores de derechos humanos y ambientales, solo por mencionar que los casos de las personas muertas en conflictos sociales no han sido investigados ni mucho menos sancionado a los responsables, en este caso a miembros de los efectivos policiales. Por ello, desde Red Muqui insistimos en afirmar que el marco normativo no solo privilegie la actividad extractiva, si no garantice y proteja realmente los derechos las personas impactadas por estas actividades.

 

 

El miércoles 30 de septiembre, alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria aún en ese entonces de la comunidad campesina Yanta, atacó con cuchillo al comunero Ismael Acha, ex dirigente de la comunidad y opositor al proyecto minero Río Blanco.

Lo que inició con agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante y logró herirlo en el brazo, cerca al corazón, tal como se observa en las fotografías que fueron difundidas. Según Alexander Acha, hermano de la víctima que presenció el hecho, el objetivo de la señora era matar a su hermano.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

PNP no actuó

Tras este hecho, inmediatamente la madre de Ismael Acha llamó a la comisaría de la provincia de Ayabaca y se comunicó con el mayor Solis, quien le indicó que personal policial se acercaría al lugar de los hechos. Sin embargo, hasta ahora la PNP no se ha acercado al lugar de los hechos, ni ha ubicado a la agresora.

La madre de familia nos indicó que también se comunicó con el abogado de las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, y que le señaló que llevarían el caso. Sin embargo, días después el abogado le señaló que dejó de trabajar como asesor legal de las rondas campesinas.

Hechos extraños para la madre de familia, quien cree que la empresa minera entró a tallar en estas diligencias que se harían y nunca se implementaron.

Actualmente Ismael Acha se encuentra en Piura recuperándose de los dolores y de los puntos que le colocaron internamente y externamente en el brazo. La médica legista que lo atendió en el Hospital de Sullana no le entregó el certificado médico con el diagnóstico lo realizado completamente, y la familia está a la espera de tener el certificado completo para realizar la denuncia a la Fiscalía.

Sin embargo, frente a la gravedad de la agresión y el intento de asesinato denunciado púbicamente, la Fiscalía debió haber actuado de oficio, pero hasta ahora no ha realizado ninguna acción.

Rondas respaldan a Ismael Acha

Frente a lo sucedido, el 1 de octubre las rondas campesinas de provincia de Ayabaca se reunieron en la sede de la comunidad de Hualcuy y mostraron su respaldo al defensor ambiental Ismael Acha. Asimismo, al siguente día, la comunidad de Yanta cambió de dirigentes, entre las que se encontraba la señora Elvía Majuan, y expresaron su solidaridad con Ismael Acha y su familia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.

En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.

La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”

Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras

Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
  • Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
  • Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.

TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.

La situación de los defensores ambientales sigue agravándose. Con la pandemia del COVID19 todos los canales institucionales se han ralentizado y a ello se suma la falta de intervención del Estado frente a los ataques en contra de los defensores, que en su mayoría provienen de los pueblos indígenas.

Entre los principales móviles de estos ataques, resaltan dos: conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas como la explotación forestal. Solo el 2019, el informe, “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” elaborado por la organización internacional Global Witness, señala que se cometieron 212 crímenes en todo el mundo. Una de las cifras anuales más altas desde que ésta organización comenzó la documentación de estos hechos el 2012.

Durante el 2019, en nuestro país solo se registró el caso de Christian Java Ríos, asesinado a balazos en Urarinas, Loreto. Sin embargo, ese mismo año también fue asesinado Wilbelder Angel Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián, en Ayabaca, Piura. Un ejemplo de que solo se recogen los casos visibles de un problema latente y no se investiga a profundidad las causas de los asesinatos. En ese sentido para Global Witness existiría un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos como consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos.

Perú 2020

Respecto al 2019, el escenario en nuestro país ha empeorado para los defensores. En lo que va del año 2020, han sido asesinados 4 líderes indígenas en la Amazonia peruana. Se trata de: Arbildo Meléndez, en Huánuco; Gonzalo Pío Flores, en Junín; Santiago Vega Chota, en Ucayali; y Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el 01 de octubre la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos.  Según lo manifestado por Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”.

Sobre los casos

El primer asesinato ocurrió el 12 de abril, cuando Arbildo Meléndez, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, fue asesinado de un disparo mientras realizaba labores de pesca.

Según lo manifestado por su esposa, Zulema Guevara Sandoval, desde que asumió el cargo de presidente recibió amenazas como respuesta a su propuesta de impulsar la titulación de territorio comunal, un pedido que no era atendido por más de 20 años desde que la comunidad fue reconocida en 1995. A ello se suma su enfrentamiento contra invasores que pretendían dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca.

Lo llamativo del caso Melendez es que su asesino confesó haberle disparado al confundirlo con un animal mientras ambos se encontraban cazando. Redy Rabel Ibarra Córdova, persona que disparó contra Arbildo Melendez, primero mencionó que Meléndez se había disparado a sí mismo. La fiscal a cargo del caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Huánuco, manifestó que Ibarra fue liberado el viernes 17 de abril. Ello debido a que no había suficientes pruebas para considerar que se trató de un homicidio calificado en grado de alevosía.

Aproximadamente un mes después, el 17 de mayo, Gonzalo Pio Flores, comando Ashaninka de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, es asesinado. Producto del ataque, su esposa Maribel Casancho resultó gravemente herida. Pio Flores, venía trabajando por el reconocimiento jurídico de los territorios comunales y por la protección ante la presencia de actividades de tala ilegal de madera establecidas en el territorio del distrito de Puerto Bermúdez.

Para el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el caso Pío Flores no es aislado ya que ocurre en el contexto de conflicto por la tierra y el territorio en una zona caracterizada por la inexistencia de seguridad jurídica de los territorios indígenas y la presencia de actividades económicas ilegales de deforestación.

Un caso donde la impunidad no solo cae sobre su asesinato sino también sobre el de su padre Mauro Pio Peña quien fue asesinado el 2013 presuntamente por traficantes de madera.

Al igual que el caso anterior, Santiago Vega Chota, comunero de la comunidad nativa Sinchi Roca, fue asesinado en julio de este año. Vega Chota apareció muerto de un disparo en su chacra. Los líderes de la comunidad sufrían constantes amenazas por parte de narcotraficantes. Hasta la fecha no hay mayor información al respecto.

El 13 de julio, asesinaron al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura fueron los autores del crimen.

Los sicarios realizaron 8 disparos contra Noé Suárez, quien fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana.

Finalmente, el 11 de septiembre, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, es asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.

Roberto Carlos quien cultivaba principalmente castaña en la concesión de 842 hectáreas de bosque pertenecientes a su padre, venía registrando invasiones desde el 2012. Desde esa fecha realizó 8 denuncias por deforestación además de las constantes amenazas contra su vida. De esta forma logró convertirse en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por ambientalistas y propietarios de concesiones forestales. El comité lleva años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal e invasiones de terrenos.

Las agresiones en contra de la familia Pacheco eran constantes. En el 2017, Roberto Carlos fue amenazado y golpeado con arma de fuego y machete. Ese mismo año, le pusieron el cañon de un arma en la boca además de destruir sus viene personales. Según lo manifestado por su padre, Demetrio Pacheco, “la única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al defensor del pueblo en madre de dios”.

A estos casos, se suma el último intento de asesinato al defensor ambiental Ismael Acha, el día miércoles 30 de septiembre. Alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria de la comunidad campesina Yanta, se presentó en la parcela de Ismael Acha para agredirlo por su posición frente al proyecto minero Río Blanco.

Las agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante con el objetivo de matarlo, según lo expresado por Alexander Acha, hermano de la víctima.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

Majuan, quien es secretaria de la comunidad campesina Yanta, es acusada por la población de trabajar como promotora de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. Señalan que Elvia Majuan habría estado sobornando a familias de la comunidad para que den su aprobación al proyecto minero. Debido a las medidas de restricción impuestas por la emergencia sanitaria, la comunidad de Yanta aún no ha podido destituir a Elvia Majuan de su cargo.

Todos estos hechos grafican la falta de implementación de leyes, normas y Protocolos desde el Estado para combatir la impunidad con la que se comenten asesinatos de defensores medioambientales. Esto a pesar de la aprobación de la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo” Mar Pérez coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Desde la sociedad civil se ha participado activamente en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2018. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo especial énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en contexto de actividades extractivas mineras.

Abusos de la PNP

Recientemente, el viernes 2 de octubre, mujeres de la Antigua Morococha fueron violentadas por efectivos policiales que lejos de comprender los reclamos de 8 pobladores, decidieron reprimirlas. Lo único que exigían las mujeres y los pobladores era dialogar con representantes de la minera Chinalco frente a los abusos que vienen agravándose en los últimos 2 meses: bloqueo con desmonte de la única vía de acceso y salida a la Antigua Morococha, cortes de agua e intentos de desalojo a las familias que aún viven en la ciudad, por no aceptar ser reasentados en una ciudad: Carhuacoto, que no brinda las garantías para un desarrollo sostenible.

Estos abusos por parte de las fuerzas policiales, no son los únicos cometidos en lo que va del año.  El 22 de julio en Espinar, Cusco, tras los reclamos por parte de los pobladores por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y la reformulación del convenio marco; resultaron heridos 5 pobladores entre los cuales 3 fueron por impacto de bala. En Bretaña, Loreto, entre el 8 y 9 de agosto; 3 indígenas Kukamas fallecieron por impacto de bala tras realizar una protesta donde exigían a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. Además de ello, 11 indígenas resultaron gravemente heridos.

Estos últimos hechos muestran el uso desmedido de la fuerza policial frente a protestas sociales donde pobladores de diversas comunidades han terminado siendo agredidos de forma desmedida.

Otros casos

El 26 de abril, Benjamín Ríos Urimishi, comunero de la comunidad Kipachari, provincia de Atalaya, región Ucayali, fue asesinado en la chacra donde venía trabajando. La única forma de ingresar al lugar del asesinato es mediante una trocha caminando 6 horas o en moto lineal. Benjamín de 25 años de edad fue asesinado delante de su esposa e hijos. Según la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato tendría vinculaciones con el narcotráfico; sin embargo, últimas informaciones indican que el asesinato se dio por asuntos personales.

El miércoles 29 de julio, Lorenzo Wampagkit Yamil, de 54 años,  guardaparque de la reserva comunal Chayu Nain, ubicada en la región Amazonas, es asesinado en su domicilio en Chiriaco, capital del distrito de Imaza, Bagua.

Lorenzo se encontraba de licencia con goce de haber otorgado al amparo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Su trabajo como defensor de la naturaleza se vio opacada por razones que aún se desconocen.

Ambos asesinatos significan igualmente la perdida de personas relacionadas al cuidado y defensa del medio ambiente y no deben quedar impunes.

 

Frente a las constantes acciones de la minera Chinalco y efectivos de la PNP en contra de los habitantes de la Antigua Morococha, el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Distrital de Morococha emitieron un pronunciamiento el día de ayer, lunes 5 de octubre, solidarizándose con las mujeres agredidas, incluida una menor de edad, el reciente viernes 2 de octubre.

Como informamos a través de una nota informativa el viernes pasado, los pobladores, cansados del constante bloqueo de sus vías con desmonte y maquinaria de la empresa –la única salida y entrada que tienen al pueblo-, cortes de agua y luz, y contaminación ambiental; decidieron ir a las instalaciones de la minera para conversar con representantes y buscar una solución. Sin embargo, los trabajadores de la empresa minera con la PNP – cuando llegaron- agredieron a las personas. Ver video.

Chinalco cuestionada

Como resultado de la intervención, dos mujeres y una menor de edad fueron detenidas. Quienes al día siguiente -sábado- fueron liberadas tras permanecer en la Fiscalía de la Oroya.

Al respecto, el Gobierno Regional de Junín, además de reconocer y rechazar las acciones de la empresa minera Chinalco a través de un comunicado, exhortó el “cumplimiento de los ofrecimientos realizados por la empresa Chinalco al distrito de Morococha, así como a la provincia de Yauli”.

Asimismo, exige a la empresa minera y al Estado peruano “una pronta solución a este conflicto que lleva mucho tiempo, en respeto a la ciudadanía que habitó por mucho tiempo la antigua Morococha”.

 

 

 

 

 

 

Por su lado, la Municipalidad Distrital de Morococha, además de lamentar el bloqueo de vías: “único medio de desplazamiento de la población para la realización de actividades económicas, personales y de salud, así como de otras medidas restrictivas instauradas sin previa coordinación con la población”; exhorta, también, a la minera a retomar el diálogo con los pobladores a fin de culminar el proceso de reasentamiento, “con lo cual se evitarán a futuro estos lamentables incidentes, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y la salud e integridad de los pobladores”.

 

 

 

 

 

 

 

Desenlace

Actualmente las 40 familias están abandonadas por el Estado, sin que el gobierno intervenga para parar los abusos de la empresa minera y, además, están a la espera de las respuestas a las observaciones que presentaron al SENACE sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Toromocho de Chinalco, que no los reconoce como pobladores del área de influencia, y omite el impacto ambiental que generará en las aguas subterráneas al usar mayor cantidad de litros de agua por segundo para sus operaciones.

Además, respecto a la participación ciudadana, existe omisión de aplicación de normas relativas a los pueblos indígenas, al existir comunidades campesinas como San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca, que no han sido tomadas en cuenta para la realización de la consulta previa. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Durante estos meses, desde gobierno se ha anunciado que la ampliación del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco, es un proyecto que está en la fase final, listo para empezar a operar. Lo mismo ha ratificado el nuevo ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui.

Además de las observaciones a la MEIA que tiene el proyecto minero, actualmente la empresa no tiene una propuesta de reasentamiento que les sea beneficiosa a las 40 familias de la antigua Morococha, por lo que los pobladores rechazan dejar su tierra.

El 2012, gran parte de la población aceptó el reasentamiento ofrecido por Chinalco en la localidad de Carhuacoto, más conocido como “Nueva Morococha” pero con el transcurrir de los años han abandonado este lugar debido a que el ofrecimiento que hizo la empresa no se cumple: trabajo.

A ello se suma los riesgos de la zona, siendo los más importantes: el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones, los sismos, además de la presencia de dos lagunas que, frente a un fuerte movimiento telúrico, podrían desbordarse.

 

 Observaciones a la MEIA

 

El día de ayer, viernes 2 de octubre a las 9:30 am, pobladores de la Antigua Morococha, cansados del cierre de sus vías de acceso, decidieron ir a las instalaciones de la minera Chinalco para conversar con el objetivo de buscar una solución.

Fueron un aproximado de 8 pobladores que subieron de forma pacifica y que, en un primer momento, lograron conversar con un representante de la empresa. Sin embargo, minutos después de esperar, llegó una camioneta de la PNP con efectivos policiales que fueron directamente a enmarrocar a los pobladores sin dar ningún tipo de razón.

Es en ese preciso momento que uno de los jóvenes solicitó a los policías que se identifiquen y expliquen el por qué de su detención, e inmediatamente comenzó el forcejeo y los reclamos por parte de los pobladores.

Producto de esta intervención abusiva, las señoras Mary Caro y Maritza Rada fueron agredidas físicamente, empujadas y jaloneadas mientras exigían respeto por parte de los policías. Ambas mujeres fueron detenidas junto a una menor de edad de 14 años quien en todo momento grabó a los efectivos policiales cometiendo este abuso de autoridad.

Según lo manifestado por pobladores morocochanos, las mujeres detenidas están siendo acusadas de robo y permanecerán detenidas 48 horas.

Sobre las vías

Para entender por qué los pobladores fueron hasta las instalaciones de la minera se debe tener en cuenta que desde hace dos semanas la empresa minera Chinalco viene bloqueando todas las vías de acceso y salida de la antigua Morococha.

Vías de transito que les permiten abastecerse de alimentos, ir a trabajar y ser utilizadas como rutas de comercio con otras comunidades. Vías que limpiaban con sus propios medios todos los días para movilizarse gracias al apoyo de una sola movilidad ya que ninguna otra quiere brindarles el servicio.

En ese contexto, por iniciativa propia, los pobladores se organizaron para presentar un habeas corpus para garantizar su derecho al libre tránsito. Sin embargo, por varias dificultades hasta la fecha no han podido presentarlo.

El miércoles 28 de septiembre, el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata, Félix Suasaca, hizo público los resultados de la muestra en orina de mercurio y arsénico que le hicieron a 55 personas en febrero, tras acceder al informe de la Dirección General de Salud Ambiental. Dentro de las 34 personas que dieron positivo a la presencia de arsénico y mercurio se encuentran 5 niños.

 

 

En comunicación con Red Muqui, Félix Suasaca, quien también es miembro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, señaló que hizo público este informe, al que accedió de manera informal, para exigir que las autoridades del gobierno central, regional y local, realicen acciones de emergencia con las personas que dieron positivo a la presencia de metales pesados, y las más de 25 mil personas de los distritos de Capachica, Coata y Huata que consumen el agua que proviene de la cuenca del Coata.

Presión social

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata agregó que Ha habido un ocultamiento de casi 8 meses respecto a esta información, que “recién han hecho aparecer con la presión que hemos hecho en Lima con los compañeros de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, cuando la ministra de Salud nos dio una cita hace unos meses y sacamos el compromiso de que enviarían los resultados Puno”.

Tras esta exigencia y las marchas que realizaron en Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno empezó a entregar individualmente los resultados de las muestras sacadas en febrero a las 55 personas, pero no un informe general tal como lo solicitaron los dirigentes.

Exigencias de emergencia

Tras estos últimos hechos, los dirigentes y pobladores pertenecientes al Frente del río Coata se movilizaron y se encadenaron el reciente lunes 28 para exigir que las autoridades tomen acciones que resguarden la salud de todas las personas que estarían afectadas por metales tóxicos, además de las 34 personas que dieron positivo a las muestras.

“Pedimos médicos especializados para atender a personas con metales pesados, la construcción y equipamiento de centros de salud con laboratorios, oficinas, y todos los implementos necesarios para garantizar un tratamiento adecuado. Lamentablemente en todo Puno no existe ningún centro de salud especializado en atención a personas con metales pesados”.

Asimismo, el dirigente agregó que es necesaria la implementación de los proyectos de saneamiento básico del Coata que está en manos del Ministerio de Vivienda.” La gente toma agua del subsuelo. Son 50 mil personas de 4 distritos y también hemos pedido por la salud animal vegetal, que también deben pasar por análisis, además que debe garantizarse un proyecto ganadero vacuno que debe financiar el MINAGRI.

Antecedentes

Desde el 2014 se instaló una mesa técnica de la cuenca del Coata pero los diferentes niveles de gobierno no hicieron nada. La población tuvo que pedir apoyo internacional y a la institución Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) para que realicen análisis del agua. Tras los resultados que confirmaron la contaminación de la cuenca del Coata, y los que luego hizo el MINSA y MINAM confirmando loa contaminación con con cadmio, manganeso, mercurio, boro, arsénico etc; recién el 2018, el gobierno decretó el Estado de emergencia que se ha ido prorrogando cada 3 meses. En estos años el gobierno brindó agua a través de cisternas, pero durante la pandemia hubo una semana que no abasteció de agua.

La contaminación se presume es por la basura acumulada cerca a la cuenca del Coata por más de 30 años y por los pasivos ambientales que suman más de 200 en palabras del dirigente Felix Suasaca, tras observar la información de los pasivos ambientales que registra el MINEM en su web, y que ellos ven directamente en su territorio. Este año el Frente de Defensa subió a la cabecera de cuenca del Coata, y observó que la minera Tacaza está funcionando -pertenece a la empresa Siemsa.

Lo que se viene

El Frente de Defensa de la cuenca del Coata exige que representantes del Ministerio de Salud, Ambiente, Energía y Minas, y Vivienda vayan a la zona e instalen una comisión multisectorial de metales pesados a través de un decreto supremo, que reconozca también la mesa técnica de la cuenca del Coata que viene funcionando desde el 2014. De esta manera esperan que realmente se pueda abordar de manera integral los efectos de la contaminación y garantizar el tratamiento de las personas afectadas.

La institución de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA) ha solicitado mediante una carta a la Defensoría del Pueblo que pueda intermediar para que la Dirección Regional de Salud de Puno pueda brindar el informe detallado de las 55 personas que fueron muestreadas y de las cuales se ha conocido los resultados de manera general.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente hay una denuncia penal contra las autoridades que han actuado de manera negligente durante todos estos años, sin tomar acciones urgentes frente a la contaminación ambiental y humana de las personas que viven alrededor de la cuenta del río Coata, precisó para finalizar el dirigente Felix Suasaca.

 

 

 

El domingo 27 de septiembre se conmemoraron 11 años de la consulta popular realizada en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia de valle de Tambo. Ese 27 de septiembre del 2009, una mayoría abrumadora le dijo sí a la agricultura, pesca artesanal y turismo sostenible; y no a la minería.

En el marco del 11avo aniversario de la consulta, desde Red Muqui se realizó un foro para rememorar ese importante hecho con la participación del economista y especialista en gestión ambiental; Juan Aste Daffós; Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH en Arequipa; y Nico Pareja, agricultor, ex miembro de mesa de la consulta popular del 2009, actualmente enjuiciado por haber sido parte de las protestasen los años anteriores.

Durante el conversatorio, Nico Pareja señaló que en esos tiempos no había la fuerza de las redes sociales como ahora y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la consulta y que participe la mayor cantidad de agricultores y población en general. Recordó que ahora ya no están varios compañeros y compañeras, pero es importante nombrarlos como homenaje por estos 11 años de resistencia. Mencionó a Augusto Pareces, ex dirigente de la Junta de Usuarios que falleció hace aproximadamente un mes.

A su turno, el economista Juan Aste señaló que las poblaciones impulsan las consultas populares en zonas donde hay minería para visibilizar también cuáles son sus alternativas de vida y economías locales. En el caso del valle: la agricultura y pesca artesanal. Asimismo, recalcó que «en el Perú no tenemos ordenamiento territorial, tenemos ordenamiento minero. Necesitamos que el territorio se planifique de acuerdo a las potencialidades de las economías locales sostenibles, que no afectan negativamente al ambiente como la minería».

Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH señaló que el conflicto de Tía María es el que más muertos ha generado en comparación con otros conflictos sociales, y eso debe de investigarse y sancionarse. «Creemos importante que se genere una comisión investigadora de derechos humanos desde el Estado, sobre quiénes mandaron a disparar a los hermanos que han sido asesinados estos años, y también a quiénes han sido perseguidos. No es posible que no haya ningún responsable por lo que ha pasado», precisó.

Los participantes del conversatorio señalaron que la consulta popular fue un hecho muy importante que contó con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y fue impulsado por las municipalidades del valle; a diferencia de la actualidad las normas emitidas por el gobierno y el Congreso recortan la participación ciudadana y no incorporan a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones para la garantía del ejercicio ciudadano a la participación.

Ver VIDEO del conversatorio.

La situación de los pobladores de la Antigua Morococha parece no tener solución, más aún cuando la empresa minera transnacional china, Chinalco, no muestra intención alguna por respetar los derechos humanos de las 40 familias que aún habitan las 34 hectáreas en conflicto.

Hectáreas que son fundamentales para la ampliación del proyecto Toromocho, pero de la que desde el 2018, la empresa minera no puede tomar posesión por la defensa constante de los pobladores de la comunidad de Morococha ubicada en la provincia de Yauli, región de Junín.

Recientemente, dos hechos ocurrieron en estas últimas semanas, tras la presentación de las observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Toromocho ante el SENACE, realizado por los dirigentes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morocha. Por un lado, el bloqueo de las vías de ingreso y salida ocurrido el sábado 12 de septiembre en donde efectivos de la PNP, lejos de impedir dicha acción, salvaguardaron los vehículos de la empresa Chinalco y trataron de desalojar a los propios pobladores.

El segundo hecho se dio el lunes 28 de septiembre a las 9:30 am, cuando varios camiones de la empresa minera decidieron tirar sus desmontes, grandes bloques de piedras, sin comunicar a la población y autoridades, incumpliendo protocolos de seguridad y poniendo en peligro la integridad física de los habitantes que transitan por la carretera ubicada por el ex colegio Ricardo Palma.

Estas acciones realizadas por la empresa se dan a pesar de que el 29 de enero del 2019, el juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió la acción de amparo presentada por los pobladores de la Antigua Morococha contra la minera Chinalco y la empresa estatal Activos Mineros SAC por intento de desalojo y querer destruir las viviendas del casco que forman parte del ornato urbano de la Antigua Morococha, ubicado dentro del predio “Lote Municipio de Morococha”, que hacen parte de las 34 hectáreas en litigio.

Inmersos en luchas diarias donde son hostilizados y amedrentados; los pobladores también sufren la falta de energía eléctrica desde noviembre del 2019 cuando, según lo manifestado por algunos representantes de la comunidad, la empresa Chinalco destruyó la infraestructura eléctrica del pueblo además de intervenir, presentando un reclamo el 26 de marzo del 2019, a la empresa eléctrica Electrocentro para que cese de prestar suministro eléctrico a los hogares que aún habitan ahí.

 

 

Para entender el escenario en el que se siguen desarrollando hechos, es necesario retroceder al año 2017, fecha en la cual el Congreso de la República aprobó dos normas claves.

Todo comenzó el 2017

El 14 de noviembre del 2017 se publicó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ley 30680) que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres.

La segunda norma aprobada fue el reglamento del mismo artículo 49, que excluye a los propietarios de participar en este tipo particular de expropiaciones. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de viviendas en áreas riesgosas con el objetivo de declarar estos lugares como inhabitables.

En este contexto, el 9 de enero del 2018, se nombró a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), que es una compañía del Estado peruano orientada a la remediación ambiental y supervisión de proyectos de minería. El 18 de enero, la gerencia general de AMSAC solicitó, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de Antigua Morococha.

El 14 de febrero, Ricardo Labó, en su condición de viceministro de Energía y Minas, solicitó a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) transferir el terreno de las 34 hectáreas de Morococha a la empresa estatal que presidia (AMSAC) que luego fue destinada al proyecto de ampliación de Toromocho.

De esta forma, las 34 hectáreas pasaron a ser de Chinalco por un pago de 1,8 millones de dólares (5,9 millones de soles).

 

El 27 de febrero, Activos Mineros, a través del gerente general Antonio Montenegro Criado, también envió una carta a la SBN solicitando que se transfieran las 34 hectáreas a su nombre invocando el artículo 49 de la ley para sustentar su pedido de expropiación. Ese mismo día, la Superintendencia resolvió de forma afirmativa dicha expropiación.

Una vez logrado estas maniobras, las 34 hectáreas expropiadas por AMSAC, se transfirieron a la empresa minera Chinalco. Una transferencia que va en contra de lo que señala la ley de expropiaciones (ley 30680) que deja bien en claro que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado, pero nunca un privado.

El 23 de marzo del 2018 se aprobó la ampliación del proyecto Toromocho por el Ministerio de Energía y Minas, en medio de una crisis política donde el actual presidente Martin Vizcarra asumió el mandato tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Pese a todas estas maniobras, en julio del 2018, el Dr. Carlos Castro, abogado representante de los pobladores de la Antigua Morococha, presentó una demanda que fue admitida por el juzgado de Yauli – La Oroya, solicitando la nulidad de la operación entre AMSAC y Chinalco. Hasta el día de hoy el proceso se encuentra vigente y falta una última audiencia para resolver el caso.

Para junio del 2018, la minera Chinalco anunció el inicio de las obras junto al nuevo presidente Martín Vizcarra, quien sentenció este anuncio manifestando, “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”.

Sin embargo, este progreso y desarrollo que señala el gobierno no ha involucrado a los que accedieron al reasentamiento en la “Nueva Morococha”: Carhuacoto, ni mucho menos a los que decidieron no dejar sus hogares en la Morococha Antigua.

Pueblo fantasma

Carhuacoto es un pueblo que, en la actualidad, no representa una oportunidad de desarrollo económico y que muchos de los reasentados siguen abandonando por no tener ingresos estables por la falta de comercio. En palabras de una pobladora de la Nueva Morococha;

“No tenemos trabajo, muchos de los que nos reasentamos en Carhuacoto lo hicimos confiando en la palabra del alcalde y en las promesas de trabajo, pero estamos en crisis. Ninguna autoridad dice nada y nosotros no tenemos cómo producir. Muchos se han ido y han dejado sus casas para alquilarlas, la minera Chinalco no contrata a los pobladores de Morococha y trae gente de afuera, no cumple con su palabra”.

Esta es la situación actual de mujeres y hombres que aceptaron reasentarse y que no encuentran respuestas ni soluciones a la crisis que viven en un pueblo de maqueta inerte.

A ello se suma los riesgos de la zona escogida para la “Nueva Morococha”, siendo los más importantes: el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones, los sismos, además de la presencia de dos lagunas que, frente a un fuerte movimiento telúrico, podrían desbordarse.

Hábeas Corpus para liberar el tránsito

La semana pasada, los pobladores estaban en proceso de presentar un hábeas corpus para que la empresa minera deje de obstruir el tránsito público y deje de tirar piedras como desmonte en la avenida. Los pobladores temen el cierre total de sus vías como estrategia de la minera para expulsarlos de sus propias tierras.

Estos últimos hechos atentan directamente contra el derecho al libre tránsito de los pobladores de la Antigua Morococha quienes, por falta de energía eléctrica, corte de agua y falta de comercio, hacían uso de estas vías para ir a otras comunidades y abastecerse de alimentos, cargar sus equipos o trabajar.

¿Cuál es la respuesta del SENACE frente a las observaciones presentadas al MEIA?

Hasta ahora la única respuesta del SENACE ha sido la referida al cuestionamiento de las familias de Morococha a la participación ciudadana virtual. SENACE ampara la participación ciudadana virtual en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. La aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores. Respecto a las otras observaciones, SENACE señala que las ha transferido a la empresa minera Chinalco para que las pueda responder.

Síntesis de las principales observaciones presentadas a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental – MEIA por el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciado en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

En estas semanas, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República viene debatiendo la ratificación del tratado de Escazú – “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”[1], adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018”.

En los últimos meses este tratado ha generado debates e incluso se han desplegado campañas en contra de su ratificación. Desde los sectores conservadores y económicos  que desarrollan actividades de explotación en el territorio nacional liderados por la CONFIEP, su principal argumento es que, con la ratificación del tratado, el Perú somete su soberanía a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y les resta competencias a nuestros tribunales nacionales (juzgados y Tribunal Constitucional). Pero debemos preguntarnos, ¿cuán cierto es todo esto?, ¿cuál es el objetivo y contenido del tratado de Escazú? o ¿existe alguna otra intención de estos sectores que se oponen a Escazú?.

Debemos empezar, precisando, en primer lugar, que este tratado tiene cuatro pilares principales: i) el acceso a la información ambiental (art. 5 y 6), ii) participación en procesos de toma de decisiones ambientales (art. 7), iii) acceso a la justicia (art. 8), iv) la protección de defensores ambientales (art. 9); la cual se complementa con disposiciones de fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10 y 11), entre otros.

En segundo lugar, la soberanía nacional vista desde el acuerdo de Escazú, no se sobrepone a las competencias y decisiones del sistema administrativo y de justicia nacional. Como tratado promueve el respeto por derechos fundamentales, debido proceso, acceso a la información ambiental, mejora en los mecanismos de participación y acceso a la justicia en caso de daños.

Debemos recordar también que, actualmente, nuestro país, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2] y el Estado Peruano reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema ha sido invocado por diversos ciudadanos y sectores de nuestra sociedad, como los pueblos indígenas/originarios que acuden al ámbito de la justicia internacional por graves violaciones de derechos fundamentales y colectivos, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades extractivas que afectan el ambiente y la salud de las personas.

Los líderes representantes de comunidades, quienes son defensores de derechos humanos y medio ambiente están reconocidas por nuestra legislación, no es un status nuevo, al igual que la necesidad de proteger su labor e integridad.   El protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos aprobada mediante la Resolución Ministerial N°059-2019-JUS es un importante avance en esta garantía, pero aún insuficiente por el riesgo que significa la defensa del medio ambiente ante la degradación y contaminación de territorios de pueblos originarios, ocasionada por actividades extractivas formales e informales. El acuerdo de Escazú no se pronuncia con especificidad sobre actividades informales porque esta constituye delito y es el Estado en su rol protector, quien debe intervenir a través de sus diversos organismos.

Recientemente la Red Muqui fue convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica para dar su punto de vista sobre el acuerdo de Escazú, y en ese marco los miembros de la Comisión en reiteradas oportunidades han señalado que, efectivamente, hace falta mejorar la regulación ambiental o en su defecto aclarar los vacíos que existen;  y que, pese a ello, el Perú sería uno de los países que más ha avanzado en la regulación y protección del medio ambiente; lo cual, desde nuestro punto de vista, no es cierto. En el Perú cada vez más se vienen flexibilizando los estándares ambientales a través de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, quienes procurando “destrabar” proyectos de inversión reducen las garantías y exigencias ambientales.

Esta flexibilización ambiental se dio por ejemplo con el Decreto Legislativo 1500, que dispuso la aplicación de mecanismos virtuales para la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración y aprobación de EIAs. Con medidas como estas el Estado deja de proteger a los derechos colectivos de los Pueblos Originarios. Hechos como este, desencadena demandas, denuncias, movilizaciones provocadas por el propio Estado y aprovechadas por empresas públicas y privadas.

Le tomamos la palabra a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, a fin de que inicie un proceso de revisión de las normas que flexibilizan las normas ambientales y la protección a los miembros de las comunidades.

Finalmente, instamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. El acuerdo de Escazú es un tratado a favor de los intereses de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que todos estos años han venido recibiendo el embate de las actividades extractivas en su territorio. El Congreso debe sincerar bajo que intereses legislan, todavía están a tiempo de hacerlo en favor de la gente.

[1] Acuerdo de Escazú. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

[2] Tratados ratificados por el Perú: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ANEXO.1.RATIFICACIONES.pdf