Por: Rodrigo Lauracio/ Área de Incidencia Politico Legal – Red Muqui.

Desde el 19 de noviembre se ha puesto en agenda la discusión política del cierre de 4 unidades mineras en el Sur de Ayacucho y con ello la discusión de si es o no necesario reformas en este sector. Está polémica tuvo como su origen en la firma del acta para el retiro y cierre de las unidades mineras de Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa en Ayacucho, entre las organizaciones sociales, las autoridades de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara y la premier Mirtha Vásquez en el sur de Ayacucho.

Este hecho no fue bien recibido por las empresas mineras involucradas como Minera Ares S.A.C., Apumayo S.A.C., y South America Mining Investments S.A.C.; quienes junto a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)  en conferencia de prensa sostuvieron que la firma el acta y las posteriores declaraciones de la primera ministra contravendrían el Estado de Derecho, la seguridad jurídica jurídica y que incluso se estaría asumiendo funciones que no le corresponden y por tanto se constituye la comisión del delito de usurpación de funciones[1]. Estos y otros argumentos fueron sostenidos por las mineras para demandar al Ejecutivo el desconocimiento de los acuerdos firmados en el acta y un proceso de “negociación” para ampliar los plazos de cierre de las cuatro unidades mineras involucradas hasta por 18 años adicionales.

Pero en el centro de este debate no se tomó en cuenta las demandas y denuncias hechas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas dentro del área de influencia minera y de las autoridades locales; al igual que los informes de monitoreo y fiscalización ambiental y de salud humana hechas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud (DIGESA) que ya habían reportado, incluso desde año anteriores, que las calidad de las aguas que discurren dentro del área de influencia de estas cuatro unidades mineras y el medio ambiente, tenían serios impactos que incluso superaban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Esta información no solo tiene una relevancia social y ambiental, sino incluso una legal[2] que podría implicar responsabilidades de naturaleza civil y penal[3] por los daños que pudiera haber causado.

  1. Informes sobre la calidad del agua en las áreas de influencia de las unidades mineras

Tal como publicó el portal periodistico Epicentro, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud elaboró el Informe Nº 2060-2021/DCOVI/DIGESA en donde se concluye que tras el análisis hecho sobre la calidad del agua para consumo humano, 6 centros poblados de Lucanas, 5 centros poblados de Parinacochas y 8 centros poblados de Páucar del Sara Sara, se “evidencia la presencia de arsénico en el agua para consumo humano que excede el límite máximo permisible del Reglamento del Agua para Consumo Humano aprobado con el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA”[4], hallándose sustancias como el arsénico, que son altamente nocivos para la salud humana sobre todo en las madres gestantes y niños.

De la misma forma, la Autoridad Nacional del Agua habría desarrollado monitoreos en diversas zonas del área de influencia de estas unidades mineras, concluyendo en su Informe por ejemplo que “en el ámbito del proyecto Inmaculada, de la empresa minera Ares, se aplicaron dieciséis monitoreos en tres quebradas, de las cuales tras un monitoreo en la Quebrada Languiña en el 2019, se identificó transgresiones a los estándares de calidad del agua por potencial de hidrógeno (ácido) y fósforo total. De los ocho monitoreos en la Quebrada de Patarí, se presentó parámetros no acordes a la normativa ambiental por la presencia de potencial de hidrógeno ácido, fósforo total, aluminio y manganeso. Y siete monitoreos en la Quebrada de Huamancute, en donde se observó transgresiones puntuales a la normativa ambiental por la presencia de potencial de hidrógeno ácido, fósforo y plomo”[5].

Como describe OjoPúblico, “entre los años 2017 y 2018 se detectaron altos niveles de metales pesados en las aguas abajo de la actividad minera de Apumayo, que opera una subsidiaria del Grupo Aruntani; específicamente en la quebrada Huamanoma. De la misma manera, en el riachuelo Itaña Chayocc se encontró aluminio, manganeso, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno y cobalto, en parámetros que “transgredieron los estándares de calidad ambiental para el agua”[6].

Los informes descritos claramente evidencian que hay un nivel de impacto en el medio ambiente, las fuentes de agua y el agua para consumo humano de las diferentes localidades que se ubican dentro del área de influencia de estas 4 unidades mineras; si bien aún no se ha logrado establecer el nexo de causalidad[7] de las compañías mineras con los impactos, queda claro que existen serios indicios de los impactos ambientales que pudieron haber sido causados por las actividades mineras y la inadecuada implementación de los planes de cierres de minas y las remediaciones. De la misma forma, otro estudio que aún no se ha implementado es el análisis y diagnóstico de la presencia de metales pesados (tóxicos) en el cuerpo de los pobladores que se asientan en estas zonas de Ayacucho, ello es de suma importancia para poder identificar el nivel de desmedro en la salud, sobre todo al consumir agua con presencia de arsénico.

  1. El cierre de mina adelantado por impactos en la salud y/o el medio ambiente

A lo largo de estas semanas las compañías mineras involucradas en el caso han ido sosteniendo que los cierres de minas se realizan conforme a los planes presentados, los plazos establecidos en ella pueden ser modificados a petición de parte y negociadas. Ciertamente en la Ley que regula el Cierre de Minas – Ley Nº 28090 no se establece un plazo máximo de los cierres de minas, pues esta depende en estricto de la vida útil de una unidad minera; sin embargo, la modificación de los pazos establecido en plan inicial aprobado[8] solo puede ser modificado (reducido o ampliado), conforme al artículo 9 de la mencionada ley, cuando se modifique el Estudio de Impacto Ambiental o cuando se produzca un cambio en el proceso productivo, siguiendo los criterios y requisitos técnicos exigidos por la autoridad competente, y no como consecuencia de una “negociación”.

Pero el reglamento de la Ley de cierre de minas aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2005-EM, en su artículo 4, regula la potestad que tiene la Dirección General de Minería para ordenar el adelanto del cierre de mina de determinada unidad minera o de sus componentes, cuando esta representa un riesgo inminente a la salud o al ambiente. Conforme a esta disposición, esta medida se aplica independientemente de cualquier otra sanción administrativa, ambiental, penal o de otra materia, que puede estar a cargo de otro organismo del sistema ambiental o jurisdicción.

Artículo 4.- Cierre de minas por riesgos a la salud o el medio ambiente

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior y de las sanciones administrativas o de otra naturaleza que fueren aplicables, en caso de riesgos inminentes a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería podrá requerir al titular de actividad minera que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados o brinde facilidades para ello, según corresponda.

Un elemento crucial en estos casos es el “riesgo inminente”, el cual debe ser entendida como una “contingencia o posibilidad de pérdida o de consecuencias negativas. Supone la posibilidad, con un alto grado de probabilidad, de daños para la salud, el medio ambiente y los bienes, en combinación con la naturaleza y magnitud del daño”[9].  La existencia de un riesgo inminente es el sustento del principio precautorio. El principio precautorio o también llamado “de precaución” o “de cautela” se encuentra estrechamente ligado al denominado principio de prevención. Este exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el deterioro al medio ambiente. Aquel opera más bien ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Es justamente en esos casos en que el principio de precaución puede justificar una acción para prevenir el daño, tomando medidas antes de contar con pruebas de este[10].

Este principio también ha sido recogido en el Ley General del Ambiente – Ley N° 28611, en su artículo VII del Título Preliminar.

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente.

Conforme a las conclusiones dadas Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud en su Informe Nº 2060-2021/DCOVI/DIGESA, también se estaría afectando el derecho fundamental al agua potable de seis centros poblados de Lucanas (Orccosa, Chaviña barrio Nueva Esperanza, Loma, San Antonio – Distrito Chipao, Puquio y San Antonio – Distrito San Pedro), cinco de Parinacochas (Ccolpacucho, Puchica, Ccollpabamba, Quishuarani y Yuracchuasi), y ocho en Paucar del Sara Sara (Pomacocha, Nahua Alta, Pausa, Mirmaca, Alpabamba, Soteca, Colpar y Huallhua)[11]; y con ello el Estado incumpliría lo establecido en el artículo 7-A de la Constitución, y de ser el caso también aplicaría esta responsabilidad en la o las empresas causantes del vertimiento de sustancias nocivas en los cuerpos de agua.

El derecho al agua potable también ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional:

El Tribunal ha sostenido específicamente que «el derecho al agua potable» debido a su II condición de recurso natural esencial se convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de no sólo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la presencia del líquido elemento del individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aun aquellas otras que sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de existencia». (STC N° ° 05713-2015-PA/TC. FJ 2).

Es en mérito a estas disposiciones recogidas tanto en la Ley General del Medio Ambiente como en la Ley de Cierre de Minas, que el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería en el presente caso de las cuatro unidades mineras involucradas, puede iniciar un procedimiento para evaluar y determinar si procede o no un cierre de minas adelantado, debido a los impactos ambientales y a la salud que pudiera causar. A ello se suman las acciones urgentes que deben implementarse para dotar de agua potable en calidad y cantidad a los poblados afectados, mientras el Ministerio de Salud implementa un plan de diagnóstico y atención a las personas afectadas con metales tóxicos.

[1] Gestión. “Cierre de cuatro minas en Ayacucho afectaría 54,000 empleos”, https://gestion.pe/economia/cierre-de-cuatro-minas-en-ayacucho-afectaria-54000-empleos-noticia/

[2] Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-OEFA/C.

[3] Código Penal, Delitos ambientales regulados en el artículo 304 y siguientes.

[4] Epicentro. “Ver las dos caras dela moneda”. https://epicentro.tv/las-dos-caras-de-la-misma-moneda/?fbclid=IwAR2Ti2nVUXsa1P8wieWzy7W_K0_5E0_T-vwCkde7aM_GSjLbR2PQ95nt0eo

[5] Ídem.

[6] OjoPúblico. “Demandas postergadas: la historia detrás de la última crisis minera en Ayacucho”. https://ojo-publico.com/3195/demandas-postergadas-la-reciente-crisis-minera-en-ayacucho

[7] OEFA ha adelantado que para el año 2022 tiene programada realizar estudios de causalidad.

[8] Ley N° 28090, modificado por la Ley 31347Artículo.

Art. 7.- Plazo de presentación de los Planes de Cierre de Minas. El titular de la actividad minera deberá presentar a la autoridad competente el Plan de Cierre de Minas, en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), según corresponda.

[9] Foy, Pierre. 2018. Pág. 229.

[10] Tribunal Constitucional. STC N° N.º 3510-2003-AA/TC. FJ 4.

[11] OjoPúblico. “Demandas postergadas: la historia detrás de la última crisis minera en Ayacucho”. https://ojo-publico.com/3195/demandas-postergadas-la-reciente-crisis-minera-en-ayacucho

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Tras varias semanas de estar en debate, la vacancia presidencial por ahora ha sido desestimada por el Congreso de la República luego de las negociaciones entre algunos partidos con el Ejecutivo, que generaron que no se logre alcanzar los votos para dar admisión al debate y votación final sobre la vacancia al presidente Pedro Castillo. El resultado de la votación fue: 46 a favor, 76 en contra y 4 en abstención. Como se recuerda el pedido fue impulsado por Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Se requería de 52 votos que no llegaron a conseguir, además el motivo de la vacancia no tenia sustento político jurídico ni constitucional, ya que la figura de “incapacidad moral” es demasiado amplia como para vacar por cualquier tema al presidente de la República. Lo que sigue ahora es que el presidente Castillo tiene que corregir muchos de sus errores, sobre todo en la contratación de sus asesores y entorno más cercano, así como transparentar sus decisiones y reuniones, y empezar a trabajar en los cambios que ha prometido en la campaña electoral.

En esa línea, uno de estos temas que el gobierno está impulsando desde el MEF es la reforma tributaria. Durante la semana, también el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, estuvo en el Congreso de la República para insistir con el pedido de facultades tributarias, ya que el plazo límite para aprobar estas reformas vence el 15 de diciembre. Estos días hemos conocido que en las comisiones de Constitución y Economía en el Congreso hay algunos consensos y discrepancias sobre la reforma planteada, uno de estos temas es perfeccionar el régimen fiscal minero, dentro del cual esta el tema de un impuesto especial a las sobre ganancias mineras. Al parecer la presión y el lobby minero en el Congreso está surtiendo efecto, ya que para los gremios mineros no se debería haber ningún cambio en materia tributaria, mucho menos en este momento. Si los gremios mineros y sus aliados insisten en que nada debe cambiar en este sector, los conflictos socioambientales seguirán creciendo, ya que la desconfianza y el rechazo a la actividad minera en las poblaciones afectadas sigue en aumento.

Finalmente, cada 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los derechos humanos, y en ese marco corresponde hoy más que nunca rendir un homenaje a muchos de nuestros hermanos defensores ambientales que fueron asesinados este año, principalmente en la Amazonía del país. Lamentablemente la situación no ha mejorado para ellos, ya que muchas veces son asesinados, perseguidos, criminalizados, hostigados y hasta estigmatizados por defender su territorio y su medio ambiente. En la mayoría de casos sus verdugos siguen libres ya que son personas vinculadas a mafias de la tala ilegal, minería ilegal o el narcotráfico. En el marco del día de los derechos humanos le corresponde al Estado peruano a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura y otros ministerios tomar medidas integrales para protegerlos. En esa línea los invitamos a sumarse y seguir promoviendo la campaña de defensores ambientales denominado: #ProtegeAquienesNosProtegen.

En horas de la tarde de este martes 7 de diciembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chimbote ha revocado la prisión preventiva y ordenado la liberación inmediata de los cinco pobladores de Huarmey detenidos hace un mes, tras las protestas ocurridas el 1 de noviembre en dicho puerto.

Angelo Andree Vilchez Cerna, Luis Rufino Guerrero Virhues, Rufino Juan Tarazona Vega, Adolfo Moreno Rojas y Jehiel Moreno Alejo habían sido detenidos y trasladados a prisión, acusados por el Ministerio Público de haber cometido delitos de violencia contra la autoridad, al oponerse al desarrollo de las funciones de los miembros de la Policía Nacional.

En conversación con Red Muqui, el abogado defensor de los pobladores, Dr. Rommel Colonia Quispe, desestimó esas acusaciones que calificó de injustas y explicó que el tribunal consideró que no había suficiencia de pruebas contra los acusados, por lo que ordenó su liberación, contra el pago de una fianza de 1000 soles y la orden de comparecencias mensuales ante las autoridades. Para el señor Rommel, los hechos se desataron cuando la policía disparó injustificadamente bombas lacrimógenas contra varios centenares de manifestantes que protestaban contra la contaminación causada por la minera Antamina en el puerto de Huarmey. La policía aprovechó el pánico de la gente por los efectos de los gases y detuvo a las personas que no lograron huir del lugar y contra quienes posteriormente formularon las acusaciones señaladas.

La acción penal es interpretada por el abogado de Red Muqui, Rodrigo Lauracio más como una acción de amedrentamiento a través de las herramientas penales antes que la persecución de eventuales desmanes ocurridos durante las protestas.

Desde la Red Muqui saludamos esta decisión que se ajusta a la verdad y la justicia, ya que las imputaciones del Ministerio Público no estaban acompañadas de medios probatorios que vinculen a los cinco pobladores con la comisión de delitos. Debemos resaltar que toda persona tiene el derecho constitucional a la protesta, para cuestionar cualquier actuación del Estado o de actores privados.

Por: Juan Aste Daffós, economista y consultor de Red Muqui

Las empresas mineras vienen obteniendo sobre ganancias 10 años y 4 meses desde que el cobre superó los 3 dólares la libra de cobre del 2006 al 2014 y de agosto 2020 a diciembre 2021. En la actual coyuntura las empresas mineras quieren asegurarse una mayor expansión minera y la rentabilidad futura sin ninguna reforma tributaria y sin consulta a las comunidades, agricultores y poblaciones locales. La ventaja del Perú respecto a otros países como Chile está en que posee la mayor ley del mineral (contenido fino en el mineral de cobre) y el costo de extracción más bajo (0.8 dólares la libra de cobre), debido también al reducido costo de la fuerza laboral y la energía, así como a una regulación ambiental venida a menos desde el 2015. Solo el 2021 la sobreganancia minera superaría los 5,600 millones de dólares.

Frente a coyunturas de precios altos de los metales, las empresas mineras cambian el plan de minado para explotar las zonas de menor contenido fino y mayor costo de extracción, y amplían la capacidad de las plantas procesadoras del mineral tratando más toneladas para producir la misma cantidad de cobre fino, acumulando muchos más millones de toneladas de desmonte y relaves adicionales cada año. Para ello, requieren más agua, explosivos, reactivos y otros insumos, que aumentan la contaminación del aire, aguas subterráneas y superficiales, y suelos, afectando ecosistemas, la economía de la agricultura, pesca y ganadería que ven limitadas sus actividades, la salud y la vida de las poblaciones del entorno social de la actividad minera. Peor aún, cuando se evidencia que la mayoría de planes de cierre no se cumplen porque la garantía es mucho menor que el costo del plan, y por ello, aumentan los pasivos ambientales que deben ser remediados con dinero del Estado o de todos los peruanos.

Simultáneamente, los elevados ingresos dinamizan las inversiones en exploración a través de las empresas junior, generalmente canadienses, y de las propias empresas mineras. Ello supone ganar territorios sin consulta a las poblaciones locales involucradas, que con los años se han ido trasladando en mayor cantidad hacia cabeceras de cuenca en zonas de importante producción agropecuaria que abastece de alimentos a ciudades cercanas e incluso a Lima, generándose un significativo impacto ambiental y pérdidas de ingresos y empleo masivo.

La expansión de la minería informal e ilegal, en particular en períodos de precios altos de cobre y oro principalmente, abre el camino para el posterior ingreso de la minería formal; es decir, son aliados de la misma actividad e igual fin. Sin embargo, en el valle de San Lorenzo, que comprende principalmente a los distritos de Tambogrande y Las Lomas, provincia de Piura, se produce mango, limón y arroz prioritariamente, y no hay minería informal, e incluso cuando una minera junior quiso posicionarse en dicho valle fue rechazada por la población y el alcalde de Tambogrande. La minería informal se halla concentrada irracionalmente en los distritos de Suyo y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

La inexistencia de la consulta a comunidades y poblaciones locales hace que no se realice un análisis del riesgo ambiental, económico y social del proyecto minero frente a las alternativas de vida en los lugares donde el Estado unilateralmente ha entregado concesiones mineras y espera que las empresas obtengan la licencia social mediante el acuerdo previo. Así, la expansión minera ha terminado en muchos casos imponiéndose en los territorios con un marco legal muy permisivo que no conserva ni protege los ecosistemas hídricos, productivos y de bosques, perdiéndose la cuenca y la biodiversidad que alberga un rico material genético, y todo ello con el aval del Estado.

Las reiteradas infracciones ambientales y multas identificadas en la minería por el OEFA en 2011-2014 hizo que un grupo de 20 empresas mineras le abrieran procesos administrativos ante el Indecopi y el poder judicial y pidieran que se le retire el financiamiento (aporte por regulación) a esta entidad supervisora ambiental. Felizmente no lograron. Esta decisión de las mineras es coherente con su posición actual, expresada en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020 – espacio impulsado por la PCM- donde plantean que no haya consulta previa, que se implemente la autorregulación ambiental, y que las autorizaciones se den finalmente a través del silencio administrativo positivo, mientras los estándares de calidad ambiental del agua para riego y del aire para el dióxido de azufre se han ido flexibilizando entre el 2008 y el 2017 permitiendo mayor contaminación e impacto ambiental y en la salud de las personas. Adicionalmente, el Estado y las empresas mineras han imposibilitado u ocultado informes que establecen la relación causa efecto.

A estos hechos hay que señalar condiciones inaceptables, como que la empresa minera siga contratando a una consultora para que le elabore varios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la defienda de las observaciones del Estado, o cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo le otorga derechos de uso de aguas a las mineras sin tomar en cuenta la demanda presente y futura del agua para los planes de vida de las comunidades y poblaciones cercanas, sino que para comprobar la información presentada por la empresa en la línea base del EIA no va a la zona para levantar el inventario de fuentes hídricas de la cuenca donde está el proyecto sino que esta información se la entrega la propia empresa minera. Las estaciones de monitoreo ambiental son determinadas en lugares acordados por la empresa y el Estado, sin la participación de los actores sociales de la localidad directamente involucrados.

El balance hídrico no toma en cuenta la demanda de agua de los proyectos de corto y mediano plazo de las comunidades, productores agrarios y poblaciones locales, y los estudios hidrogeológicos resultan insuficientes porque subestiman el nivel de contaminación de las aguas subterráneas que son las más afectadas por la actividad minera al producir aguas ácidas y recibir las filtraciones del relave aguas abajo de la cuenca. El Estado tampoco verifica en campo el dato del EIA sobre el área de la comunidad utilizada realmente por los proyectos mineros.

Esto significa que las empresas mineras han ido contaminando y comprometiendo más cuencas y producción de la agricultura familiar de cada vez más poblaciones, que con el cambio climático se ha acentuado el estrés hídrico que ya padecen, y por ello, no otorgan licencia social a los proyectos mineros para proteger su agroalimentación y su vida. Esto explica el por qué campesinos y agricultores y poblaciones locales rechazan o piden el retiro de la actividad minera de sus territorios y por qué el ordenamiento territorial participativo con respeto a la autonomía de las comunidades, agricultores y poblaciones locales resulta urgente.

Cabe precisar aquí, que entre el 2015 y 2019 las mineras han estado pagando tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y si se le descuentan las devoluciones de tributos, su aporte sería de solo el 3%, salvo ahora que, con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%. En otras palabras, en el 2021 más del 85% del ingreso neto por tributos no procede de la minería, ocurriendo lo mismo con su aporte al PBI y al empleo directo, que solo es 1.2% de la PEA. Pero si al reducido pago de tributos, se le descuenta el valor del impacto ambiental (ecológico, económico y social) que se pierde, el valor final sería negativo. Esto último es muy importante, porque el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingue.

A manera de colofón, la campaña de algunos diarios para defender la actividad de las empresas mineras como si actuaran ambiental y socialmente de manera responsable, y las comunidades y poblaciones locales fueran vándalos que afectan los ingresos fiscales y las sobreganancias, por lo que solo deben merecer la criminalización de las protestas y no el diálogo, resulta inaceptable. Como también lo son algunas afirmaciones de personas interesadas que hablan en defensa de las empresas mineras sin conocer la realidad de la minería en el Perú.

Mención aparte merece Roque Benavides que, en el caso de la unidad Uchucchacua de Cía de Minas Buenaventura, y en un contexto de precios altos de los metales, pretende que el MINEM le autorice la suspensión de operaciones “por la baja de la ley del mineral”, para luego solicitar el cese colectivo, y de esta manera, desaparecer los sindicatos y reducir el costo de la fuerza laboral y continuar con un nuevo proyecto muy cerca al anterior.

De manera urgente, se requiere descentralizar la gestión ambiental y de los conflictos, realizar ordenamiento territorial e hídrico, garantizar la consulta, la vigilancia ambiental y la salud a las poblaciones, y en general, depender menos de la actividad minera y diversificar la economía.

 

 

 

 

 

Los mitos de la minería «verde», «sostenible» y «climáticamente inteligente» están ganando adeptos en todo el mundo. Las empresas pintan de verde sus actividades mineras y las presentan como la solución a la crisis climática con el fin de atraer inversores. Promueven los factores Ambientales, Sociales, y de Gobierno corporativo (ASG) vendiéndoles a los inversionistas la promesa de que sus proyectos son y serán rentables en las próximas décadas debido a la urgencia de migrar a energías renovables.

Se recalca frecuentemente la escasez y la alta demanda de estos minerales críticos en un esfuerzo por destacar el rol estratégico que desempeñan para proveer estos materiales claves. Lo que no mencionan son los enormes recursos hídricos y energéticos imprescindibles para su obtención y menos las vulneraciones de derechos humanos de las comunidades que habitan esos territorios ni la contaminación que implican esas actividades extractivas. Son ellas, las comunidades indígenas y campesinas, expertas, académicos y activistas que resisten su expansión y quienes afirman que una transición energética que dependa en gran medida de la extracción de nuevos materiales sin que se planteen preguntas clave como:energía para qué, para quién y a qué coste socio-ambiental no hará sino reforzar las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la cual nos encontramos a nivel mundial.

Una iniciativa del proyecto Atlas de Justicia Ambiental con Mining Watch Canadá y en colaboración con 25 comunidades del continente americano sobre igual número de conflictos mineros viene a resaltar este nuevo auge minero. En forma de mapa interactivo presentaron la semana pasada la más reciente actualización del Atlas Global de Justicia Ambiental. Casos que conforman solo un pequeño extracto de la totalidad de disputas entre comunidades y mineras en la región, parte de un proyecto que se propone ir incluyendo otros casos como aquellos que han sido documentados previamente y cuyo análisis abarca geográficamente  la totalidad del planeta.

El boom minero en el continente americano

En nuestro continente, desde las grandes planicies de Estados Unidos hasta la región del Aconcagua en Chile se asemejan las luchas en cuanto a la disparidad de poder al que se enfrentan las comunidades que se oponen a proyectos impulsados por empresas montadas en el boom de la minería “verde” y cuyas explotaciones en los recientes meses han alcanzado valoraciones sin igual gracias al superciclo de precios de minerales. Justamente la demanda por estos elementos, arrancados desde las entrañas de los cerros para hacer viable las “energías limpias” llamadas así por sus dueños, es lo que ha renovado la codicia por cobre, grafito o litio cuya extracción va de la mano de altos impactos en los territorios de quienes los habitan.

Ahora más que nunca están sometidos a una enorme presión. El Banco Mundial estima que para cumplir los acuerdos de la cumbre del Clima de París, cuyo propósito es limitar el calentamiento global en el umbral de 1.5°C , en los próximos treinta años será necesario extraer otras 3000 millones de toneladas de estas materias, lo que equivale a cuadruplicar la actual producción mundial. Mirado con un poco más de detalle, algunos metales como el cobre verían crecer su demanda al doble de su producción actual, en el caso del níquel se necesitaría seis veces lo obtenido actualmente y la demanda del litio se dispararía hasta 13 veces en relación a la extracción reciente.

Pero, ¿ por qué esa fiebre por tantos metales y minerales?

El parque vehicular estimado actualmente es de alrededor de mil millones de unidades que circulan por el mundo. Sus productores prevén ampliar la fabricación, con tal que de aquí al 2030 sean 2,5 mil los coches que se desplazan por calles y carreteras. Movilidades que en el presente ya han transformado a ciudades como Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile o Ciudad de México en intransitables y atochadas megaurbes. Eso sí, los actuales motores de combustión de hidrocarburos serían sustituidos por coches eléctricos y estos requieren seis veces más metales y minerales que los autos convencionales. Así se entiende mejor que la descarbonización del sector del transporte demandarán las mayores cantidades de metales y minerales de la transición energética, sólo superada por aquella requerida para la construcción de las redes eléctricas, Las tecnologías para la generación de energía solar y eólica le siguen en las necesidades materiales.

Cabe aquí la reflexión hecha por el pueblo indígena Shoshone de las grandes planicies en EE.UU que en un reciente comunicado de rechazo al proyecto de mina a tajo abierto “Lithium Nevada Corp” a desarrollarse en su territorio ancestral constató:  “Entendemos que todos debemos estar comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta lucha no puede utilizarse como una excusa más para destruir el territorio indígena. No podemos proteger el medio ambiente destruyéndolo.”

¿Cuáles y de dónde se obtienen?

Veamos primero cuáles son estos insumos y qué rol está asignado para esta región del planeta. Si bien se requieren diversos minerales y metales para la transición energética, los seis principales son: tierras raras, cobalto, grafito, níquel, cobre y litio. Todas las estimaciones apuntan al cobre como uno de los metales de mayor demanda para los actuales planes de transición energética, ya que aproximadamente el 76% de la demanda total de cobre (estimada para 2040) se destinará a la construcción de las redes eléctricas que abastecerán las energías renovables.

Para entender mejor dónde se extraen actualmente estos minerales y dónde es probable que se extraigan en el futuro, es importante tener en cuenta tanto la producción como las reservas actuales. De acuerdo al mencionado estudio, el continente americano tiene una posición estratégica al concentrar los seis minerales críticos, especialmente del litio (concentra casi un tercio de la extracción global actual y casi tres cuartas partes de las reservas mundiales) y del cobre (más de la mitad de la extracción mundial).

Las condiciones de la extracción

La minería a gran escala es una actividad de por sí de gran impacto socio-ambiental y es una de las actividades asociadas al mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo según Global Witness. Los proyectos mineros están aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente frágiles y biodiversas como los salares y la Amazonía sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios, a veces desde hace cientos o miles de años.

A pesar de ser presentados como proyectos mineros “verdes”, la amplia mayoría de esos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales.

Impactos en ecosistemas frágiles y (des)protegidos

A vulneraciones ya conocidas en diferentes lugares se suman riesgos adicionales

Muchos proyectos mineros propuestos y en operación avanzan sobre espacios protegidos y en hotspots de biodiversidad, en la Amazonía ecuatoriana, bosques tropicales, en las zonas glaciares de Perú, en humedales designados por Ramsar como en Argentina o en los salares de Chile.

Impactos sobre el agua

La minería -particularmente la del litio- es una actividad altamente intensiva en el uso de agua que amenaza la calidad y la cantidad de agua disponible para las comunidades y los ecosistemas. Mientras las comunidades se enfrentan a emergencias hídricas, las operaciones mineras pueden superar el uso diario de agua de los habitantes de la región, lo que aumenta la presión sobre regiones ya áridas y pone en riesgo la disponibilidad de agua potable. La minería también es una fuente de contaminación del agua. Para producir una tonelada de litio en el salar de Atacama (Chile), se evaporan 2.000 millones de litros de agua, lo que perjudica considerablemente tanto la disponibilidad de agua como la calidad de las reservas subterráneas de agua dulce.

Perú cuenta con yacimientos de un aproximado de 4.7 millones de toneladas de litio y 56 mil toneladas de uranio. Estos fueron hallados por la empresa canadiense Macusani Yellowcake en la provincia de Carabaya (Puno), en actividades exploratorias que no contaban con ninguna certificación ambiental. El área donde se llevarían a cabo las actividades de la empresa Yellowcake se encuentra en la cabecera de cuenca de los ríos Marcapata, Macusani, Inambari y Phinaya. Esta localización permite entender que la potencial afectación no se limita al espacio de extracción local, sino que también puede alcanzar cuencas hídricas y llegar a afectar especies endémicas o en riesgo de extinción.

¿Qué queda? Residuos mineros

Solo una parte pequeña de lo que se extrae es procesada (con grandes cantidades de agua, metales tóxicos y energía) y considerado un metal valioso, lo que queda son desechos de roca y desechos mineros. A eso se suma que a nivel mundial y de la región se observa una disminución sostenida de las leyes metales de los yacimientos mineros, lo que implica que para la obtención de pequeñas cantidades de metales se utilizan crecientes cantidades de recursos. Esto deja un enorme impacto ambiental debido a los productos metales pesados y tóxicos que tienen que ser tratados a perpetuidad. May Dagher, vocera de la coalición de ciudadanos contra el Proyecto Nuevo Mundo Grafito Matawinie (NMG) ubicado en Quebec Canadá explica que para la fabricación de un auto eléctrico de Tesla modelo S, la batería que reemplaza el motor requiere de 73 kilos de grafito, que  contaminan 1220 litros de agua y producen 4.8 toneladas de residuos de minerales sólidos y emiten 0.4 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces y a pesar de que la estrategia de marketing de NMG presente el proyecto como un ejemplo de minera sustentable, responsable e incluso verde al ser alimentada al 100 por ciento por energías renovables, la realidad es que el tajo abierto proyecta magnitudes de 2.7 km de largo y 240 metros de profundidad desde donde se obtendrán 100 mil toneladas de grafito anuales. En tanto, los depósitos de materiales de desecho ascenderán a 4 millones de toneladas al año o 100 millones de toneladas a lo largo de los 25 años de vida útil del proyecto.Y eso en el centro del mundo industrializado, en una zona donde hasta ahora, empresas y gobierno no tenían necesidad de intervenir. En un paisaje de  lagos y montañas de alto valor por los recursos hídricos y recreativos de una región ecológica altamente sensible que se encuentra entre un parque nacional y otro regional.

Si esto ocurre en el norte global rico e industrializado, no es de extrañar entonces que muchos gobiernos y corporaciones mineras, en su mayoría canadienses y australianas en los casos documentados, estén posicionando la minería como una actividad clave e indispensable para resolver la crisis ambiental impulsando su expansión a territorios cultural y ecológicamente frágiles.

El estudio concluye que el extractivismo global impulsado por la transición energética no es solo ambiental y socialmente injusto, insostenible y violento, sino que está poniendo en riesgo los ciclos hídricos, especies que ya se encuentran al borde de la extinción y ecosistemas sensibles con importantes funciones reguladoras del clima. No hay que desestimar además el efecto acumulativo de los proyectos mineros, pues van minando literalmente las capacidades de resiliencia de estos ecosistemas de importancia vital para la biodiversidad, las posibilidades de cultivar la tierra y mantener el equilibrio del clima.

 

 

Por: Jaime Borda Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Mientras el plan de la vacancia continúa en marcha desde el Congreso de la República por parte de los partidos golpistas, el presidente Pedro Castillo también pone de su parte. Lamentablemente el domingo pasado a través de un programa periodístico se ha revelado que el presidente habría venido sosteniendo reuniones en un domicilio particular en Breña con personajes vinculados a empresas que licitan con el Estado. El presidente Castillo y sus allegados le hacen un flaco favor a la lucha contra la corrupción con estas reuniones poco transparentes y de las que no ha querido dar cuenta en su reciente mensaje a la nación. Todos estos hechos se presentan en un escenario de emergencia en el norte. Como se sabe el pasado fin de semana los pobladores de la región de Amazonas han sufrido un terremoto de 7.5 grados que ha afectado gravemente la vida, las viviendas y carreteras de la zona y que el gobierno esta tratando de atender.

De otro lado, la conflictividad social se mantiene latente en nuestro país, luego de la arremetida de los gremios mineros contra el gobierno y la premier Mirtha Vásquez por el anuncio de cierre de 4 unidades mineras en el sur de Ayacucho, ahora se viene el caso de las Bambas, minera que esta ubicada en la zona denominada como el corredor minero, entre Apurimac y Cusco, quienes el día de hoy han anunciado la suspensión de sus operaciones mineras desde la quincena de diciembre. La minera sostiene que no hay condiciones para seguir operando debido a los constantes bloqueos de las comunidades de Chumbivilcas en la carretera del corredor minero. Como se sabe hasta hace poco se tenia una instalada una mesa de diálogo con las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, esta finalmente no ha logrado a llegar a acuerdos, dado que la minera sostiene que lo que se pide por las comunidades es imposible de cumplir.

Sobre el caso de las Bambas habría que decir que este proyecto tiene una falla de origen por la forma como se han hecho las cosas, ya que el proyecto ha sufrido varios cambios, solo por mencionar que inicialmente el proyecto incluía la construcción de un mineroducto para trasladar el concentrado de cobre y molibdeno y que fue cambiado por una carretera que nadie aprobó, desconociéndose acuerdos anteriores, que tampoco han previsto la mitigación y los impactos ambientales que viene generando el paso de más de 400 camiones diarios en la vía del corredor minero por tres regiones, demás esta decir que la minera firmo una serie de actas y acuerdos con las comunidades impactadas, distritos y provincias de la zona donde se comprometió a dar oportunidades de trabajo y beneficio para estas poblaciones, muchas de las cuales tampoco se ha cumplido del todo. Por tanto, tienen razón las comunidades por reclamar mayor atención del Estado y de una de las mineras más grandes del mundo que no han hecho las cosas bien desde el inicio del proyecto. Decir que hay no condiciones para seguir operando en la zona parece más una estrategia de condicionamiento al gobierno nacional y a las comunidades, en medio de una crisis política, para que finalmente las comunidades desistan de sus demandas y el gobierno termine poniéndose del lado de la empresa en medio de la crisis política por el pedido de vacancia de un sector del congreso y la derecha de nuestro país.

Por primera vez, la Ley de Presupuesto nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022 , se dispone s/. 10 682 505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados; adicionalmente se se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín). Y, finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público; por último, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado, por ello algunos integrantes de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental opinan lo siguiente:

Elsa Benavente de la Asociación Peruana Desarrollo integral Luz de Dios, cuyas siglas son APDI Luz de Dios, señala que hay un gran avance porque es una suma que se aumenta en comparación a lo que se asignó a nivel nacional en el 2021 para tamizajes y atención a pacientes. Ella señala también que a la fecha solo se ha ejecutado el 43.5% del presupuesto total en este rubro, que al 2021 solo era de 2 millones aproximadamente. Agrega “que se tiene el reto se fiscalizar en qué se está gastando el presupuesto asignado, porque haciendo una revisión en el MEF no se logra ejecutar todo el presupuesto y además la mayoría de ese gasto se ha ido en pago de personal. Para el caso de los cinco territorios priorizados, las personas afectadas por metales pesados señalan que no se vienen realizando los tamizajes pertinentes, ahora con el aumento del presupuesto debemos estar vigilantes hasta lograr la atención efectiva de las personas afectadas.”

Jaime Silva del Centro de Cultura Labor-Pasco señala que en el caso de Pasco en los años 2019 y 2020 se asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de soles para atender a afectados y afectadas; sin embargo, no hubieron resultados satisfactorios porque no hubieron mejoras concretas en la calidad de vida de la población. Por ello, ahora señala que el MINSA debe invertir de manera eficiente este presupuesto: “Desde Pasco solicitamos que se debe apuntar al fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, también se necesitan de médicos especializados en toxicología para metales pesados, además que en los casos más graves de niños afectados es necesario llevarlos a otros países para que lleven tratamientos especializados. Por último, es necesario que se amplíe el número de tamizajes en las zonas afectadas para tener diagnósticos claros sobre la situación”.

De igual forma, Miluska Rojas de Red Uniendo Manos, señala que ahora se debe hacer énfasis en coordinar con el MINSA para que el presupuesto llegue a implementarse eficientemente en los territorios, es decir a nivel regional, señala también: “ Se debe incidir en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) para que actué conforme a lo que diga la norma y a la vez que los congresistas hagan seguimiento a esto. También es necesario que se logre la reglamentación de la Ley N° 31189 y tener criterios más apropiados para la priorización en la ejecución del presupuesto y podamos pasar del tamizaje a la atención concreta a la mayor cantidad de afectados y afectadas».

 

 

 

El pasado 13 de noviembre, se promulgó la Resolución Ministerial N° 264-2021-PCM, la cual crea el “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. En consecuencia, esta semana se instalaron 3 mesas de diálogo en la provincia de Cotabambas, Apurímac para que se discutan temas correspondientes a los Subgrupos de Trabajo 1, 3, 4 y 7. En las reuniones participaron representantes del Estado, de la minera MMG Las Bambas y de las comunidades que pertenecen a zonas de influencia del proyecto y que reclaman desde hace años que se atiendan sus demandas vinculadas a diferentes ámbitos, como en el de salud. Sin embargo, en pleno desarrollo inicial de las mesas de diálogo, Las Bambas acaba de anunciar que debido a las protestas en Chumbivilcas, Cusco, reducirán progresivamente su producción hasta mediados de diciembre en que ya no podrán producir, debido a la falta de consumibles claves. Señalan a través de un comunicado que debido a las protestas no pueden hacer ingresar y salir su logística necesaria para continuar con la producción.

Subgrupos de trabajo de la mesa de diálogo de Cotabambas

  • Subgrupo de trabajo 3: Convenio Marco, y grupo 4: Canon Minero

El lunes 29 de noviembre, en la zona de Asaccasi, provincia de Cotabambas, se llevó a cabo la reunión para discutir temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 3 y el N°4, Convenio Marco y Canon Minero, respectivamente.

Con el propósito de fortalecer el diálogo entre las autoridades, dirigentes de la provincia de Cotabambas (región Apurímac) y representantes de la minera Las Bambas, asistieron al espacio de diálogo Eduardo Gonzales Toro, ministro de Energías y Minas; y Gustavo Guerra García, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, estuvieron presentes el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, la congresista por la región Apurímac, Elizabeth Taipe, y la representante de la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Fabiola Alburqueque,

Por parte de los actores locales, participaron el alcalde del municipio de Mara, Willinton Guzmán, y representantes de las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso.

El principal acuerdo al que se llegó fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuirá, para enero del 2022,150 millones de soles de adelanto del canon minero, y otros 150 millones de soles para junio del 2022, con lo que se completará un total de 300 millones de soles.

Asimismo, el MEF presentó un informe que explica la forma en que se distribuirá el canon minero, el financiamiento de los proyectos que tendrán apoyo del Poder Ejecutivo y la ampliación de los recursos para Apurímac, como consecuencia del aumento del Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

Sobre el canon minero, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil exigieron que el MEF transparente la información del cálculo de adelanto del canon minero y de los estados financieros de la empresa minera MMG Las Bambas. Además, exigieron que sea recibido su pedido de condonación de los intereses del capital por adelanto de canon minero al gobierno regional de Apurímac, entre los años 2014 y 2021

Finalmente, con motivo de garantizar la materialización de los compromisos, los dirigentes solicitaron a los funcionarios del gobierno que la PCM emita un Decreto Supremo o resolución ministerial del MEF, que visibilice la implementación del canon minero.

En cuanto al Convenio Marco, la empresa minera Las Bambas reforzó la propuesta de Convenio Marco que presentó el 23 de octubre del año pasado, el cual está enfocado en inversión de proyectos a favor de Cotabambas y Progreso. El MINEM, por su parte, aseguró que el proceso de presentación de propuesta ya se encuentra en su etapa final.

Al terminar la reunión, se acordó que la próxima reunión de ambas partes se realizará en los próximos quince días, con el objetivo de seguir buscando la solución a las diferencias existentes. Vinculado a esto, el titular del MINEM señaló la importancia de trabajar juntos (empresa, comunidades y Estado) para poder sacar adelante el progreso de todas las comunidades involucradas. Por último, se señaló que habrá un cronograma de trabajo para las cuatro mesas instaladas, con temas determinados y que se escuchará la demanda de los pobladores y el ofrecimiento de parte de la empresa minera

  • Subgrupo de trabajo n.° 7: Temas ambientales

El martes 30 de noviembre se instaló el espacio de concertación, cuyos objetivos a tratar son temas ambientales correspondientes al grupo de trabajo N° 7 de la Mesa de Diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. En esta reunión participaron el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, Alfredo Mamani, así como representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por parte de las comunidades, asistieron el alcalde de la provincia de Cotabambas, alcaldes distritales de Coyllurqui y Progreso, asimismo, participaron representantes de la empresa minera Las Bambas.

Los acuerdos que se establecieron fueron que:

  • Se incluirá a las comunidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso en el área de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, un pedido que habían solicitado las comunidades
  • Se informará acerca de cómo la empresa viene atendiendo las mitigaciones de los eventuales impactos ambientales que genera la operación minera
  • Se promoverá la participación ciudadana en temas de evaluación y fiscalización ambiental
  • Por último, se acordó que se evaluará la implementación de un seguro ambiental con el fin de mitigar los posibles impactos

En tanto, los representantes de la empresa minera Las Bambas informaron sobre la situación del proceso de elaboración de la cuarta Modificatoria del estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la cual está a su cargo. Expresaron que el proceso está en fase de monitoreos ambientales y actualización de la línea de base, y se comprometieron a culminarla y presentarla al SENACE para su evaluación.

En ese marco, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Alfredo Mamani, manifestó que la evaluación de la cuarta MEIA “se realizará de manera objetiva, técnica y respetando la normatividad vigente”.

Finalmente, se acordó que la siguiente reunión, para tratar los temas de agenda del subgrupo, será el 16 de diciembre.

  • Subgrupo de trabajo N°1: Justicia y Derechos Humanos

El miércoles 01 de noviembre, en el estadio del Centro Poblado de Pisaccasa, distrito de Mara, Provincia de Cotabambas, se instaló la mesa de diálogo para tratar los temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 1, Justicia y Derechos Humanos. La instancia se creó a fin de dar seguimiento y evaluar la atención y acceso a la justicia, así como la capacitación en derechos humanos para las organizaciones sociales en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En la reunión, se contó con la participación de la directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Zoila Macavilca, con una delegación del Ministerio de Justicia, y los representantes del gobierno nacional. Así mismo, asistieron representantes de los gobiernos locales de Mara, Haquira, Coyllurqui y Cotabambas, y representantes de las organizaciones sociales de base de la Provincia de Cotabambas

Al finalizar la reunión, se definieron una serie de acuerdos entre los presentes. Los acuerdos más importantes logrados fueron que el MINJUS trasladará a la Fiscalía de la Nación los pedidos de remoción, cambios y otra información que compartan las organizaciones de la sociedad civil respecto de los fiscales, en particular de la señora Silvia Guizado, Fiscal Provincial de Tambopata, a cargo de sus procesos judiciales. Además, se acordó que el MINJUS emitirá un informe sobre los estándares internacionales aplicables en el marco de las protestas sociales, a fin de hacer incidencia en la efectuación del Acuerdo Plenario respecto a la criminalización de la protesta, la cual será coordinada y respaldada por la PCM.

Finalmente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil realizaron algunos pedidos que esperan que se discutan en una siguiente reunión. En primer lugar, se pide que se evalúe la aprobación de un Decreto Supremo de Urgencia u otra alternativa normativa que otorgue apoyo económico o un fondo de acción humanitaria a los familiares de las cuatro personas fallecidas en el marco de la protesta social de los años 2015-2016. Además, se pide que la minera Las Bambas comparta las cifras que ha otorgado a los gobiernos locales, conforme al marco normativo del canon minero.

Las Bambas anuncia cierre de producción

Vinculado al caso las Bambas, en la provincia de Chumbivilcas, si bien el martes 30 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el Estado, representantes de minera Las Bambas y de las comunidades de Chumbivilcas, no se logró llegar a un acuerdo, por lo cual, las comunidades decidieron continuar con sus protestas y retomar el bloqueo de las carreteras. Estas acciones de las comunidades se dieron con el objetivo de demandar acuerdos comerciales con la minera y atención al problema de contaminación ambiental que genera el tránsito de una gran cantidad de camiones que circulan por la vía todos los días.

Frente a ello, por medio de una carta emitida este 3 de diciembre, MMG Limited, integrante mayoritario del consorcio propietario de Las Bambas, informó que la empresa minera detendrá la producción de cobre en el yacimiento a mediados del presente mes de diciembre. Se declaró, además que, debido a las continuas acciones de bloqueo y la restricción de la logística de entrada y salida, la minera Las Bambas se ha visto obligada a reducir progresivamente las operaciones de la mina, perdiéndose alrededor de 400 días de producción en Las Bambas desde que se iniciaron los bloqueos, en el año 2016.

Las y los defensoras (es) de derechos humanos y ambiente de diferentes comunidades y organizaciones sociales de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Jaén y Piura fueron parte de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte denominado “Rosa Quedena”; el cual tuvo como finalidad contribuir a visibilizar las acciones que realizan para defender sus derechos individuales y colectivos, la defensa de su territorios y el derecho al medio ambiente. Este proceso formativo se dio en el actual contexto de pandemia, que ha evidenciado la dura realidad y sobre todo las grandes asimetrías sociales, una de ellas es el acceso a medios virtuales y el manejo de estas.

El primer taller fue desarrollado el 27 de octubre, en el que se buscó familiarizar a los participantes con las tecnologías y herramientas virtuales, enfrentando las brechas de desigualdad en el manejo de plataformas como el zoom. El 10 de noviembre, en el segundo taller virtual, colectivamente se hizo un recorrido histórico de los derechos humanos resaltando los avances en los tratados internacionales y el desarrollo interno en los países; sin embargo, su cumplimiento y efectividad es insuficiente. Los participantes reflexionaron sobre la vulneración de los derechos colectivos por las actividades extractivas, afirmaron la importancia de tener en cuenta que sin derechos humanos no hay democracia y es el Estado quien tiene el deber de respetar y hacerlos cumplir.

Este proceso formativo considero un tercer taller de manera presencial en la ciudad de Chiclayo, los días 23 y 24 de noviembre, el cual fue una oportunidad para compartir las problemáticas y elaborar propuestas en la defensa. Los participantes coincidieron en sostener que la labor de los defensores y defensoras se centra en la denuncia de actos como la contaminación de sus ríos, suelos, aire y la afectación a la salud de las personas. Así mismo, compartieron el diagnóstico socio ambiental de sus comunidades, destacando los impactos de la minería en sus territorios, comunidad y cuerpos, e identificaron los derechos que vienen siendo vulnerados.

De la misma forma enfatizaron que, en esta lucha por el respeto a los derechos, la respuesta que reciben desde el Estado y las empresas extractivas es la persecución, agresión física, amenazas e incluso criminalización causándoles detrimentos a nivel personal, familiar, económico, emocional o incluso organizacional. Además, en el caso de las mujeres, resaltaron que son víctimas de tocamientos indebidos, discriminación, acoso y machismo.

También señalaron que la defensa de los derechos conlleva el enfrentar dificultades, en muchos casos no cuentan con seguridad y protección desde el Estado, el acceso a la justicia es nula o lenta, vienen siendo criminalizados y no cuentan con el reconocimiento como defensores. Y las empresas contribuyen en la desorganización, generando corrupción en algunos casos y vienen estigmatizando a las y los defensores de derechos.

Frente a estas situaciones de vulneración y riesgo, sostuvieron la importancia de fortalecer sus capacidades, el establecer espacios de diálogo con las instituciones estatales y empresas, la conformación y consolidación de comités comunales de vigilancia y monitoreo ambiental y la firma de acuerdos con el gobierno y empresas; y la necesidad de que el Estado brinde información oportuna en sus diversos niveles de gobierno, sobre todo en lo relacionado al balance hídrico de las cuencas y las concesiones mineras, las propuestas de alternativas económicas de los gobiernos frente a la actividad extractiva, y la necesidad de la articulación de las y los defensores de derechos a nivel local, regional y nacional.

Dato:

La Escuela de Defensores y Defensoras del Norte “Rosa Quedena”, con los tres talleres formativos sobre derechos humanos ambientales ha sido posible a la articulación de instituciones como la Red Muqui, Grufides, AMAS, Redal, Fedepaz, Natura, Proyecto Amigo, Diócesis de Chulucanas y la Pastoral Social de Vicariato Apostólico.

 

 

 

 

 

En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica1. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles2; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios ocupados por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos3.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente sub registros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

  1. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
  2. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
  3. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
  4. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
  5. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
  6. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

  1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
  2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
  3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
  4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
  5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
  6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
  7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

  1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
  2. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
  3. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
  4. Asociación Arariwa – Perú
  5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
  6. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
  7. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
  8. Bank Information Center – US
  9. Barranquilla+20 – Colombia
  10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
  11. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
  12. Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – CEDIA
  13. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
  14. CONAC-Brasil
  15. Conectar Direitos Humanos – Brasil
  16. CooperAcción – Perú
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
  18. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
  19. Elcena Jeffers Foundation
  20. Florida International University – Estados Unidos
  21. Foro Ecológico del Perú
  22. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
  23. Instituto Aroeira Brava – Brasil
  24. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
  25. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
  26. Instituto Federal do Ceará – Brasil
  27. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
  28. Instituto Madeira Vivo – Brasil
  29. International Rivers – Brasil
  30. Más Integridad MX – México
  31. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
  32. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
  33. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice – ONG
  34. Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
  35. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
  36. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
  37. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU – Perú
  38. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO – Perú
  39. Paz y Esperanza – Perú
  40. Programa Laboral de Desarrollo – PLADES – Perú
  41. Reacción Climática – Bolivia
  42. Red Muqui – Perú
  43. Rede Eclesial Pan-amazônica – REPAM-Brasil
  44. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
  45. UFMT-Brasil
  46. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
  47. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR – Brasil
  48. Universidade Federal do Tocantins – Brasil

  1. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/07/Leticia11.pdf
  2. Explotación forestal, minería e industrias extractivas, agua y represas, cultivos ilegales, agroindustria, entre otras causas de origen económico (Global Witness septiembre 2021). Ver enlace web: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  3. Actualmente el Pacto no ha incluido este diagnóstico dentro de su narrativa.
  4. https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
  5. https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  6. El silenciamiento de los y las defensoras nacen de tácticas como “las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización” (Ver Informe setiembre 2021 de Global Witness, p.10)
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