Dictan prisión preventiva a más dirigentes y manifestantes que levantan la voz contra el gobierno

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A dos meses de la asunción de Dina Boluarte a la presidencia del Perú, y la contundente movilización social impulsada desde la macro-región Sur del país, el Estado viene llevando a cabo una agresiva estrategia para criminalizar y detener la protesta social. Como ha señalado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH en su informe de “50 días  de represión en Perú”, presentado el 25 de enero, se reportaban 608 detenciones (sin contar las personas sometidas a control de identidad) y 8 personas con prisión preventiva.  En las últimas semanas el Poder Judicial ha incrementado las medidas de prisión preventiva que restringen gravemente la libertad de manifestantes y dirigentes en varias regiones, lo que agrava la situación de vulneración de derechos humanos. Lo más llamativo es que, la mayoría de personas afectadas por estas medidas son jóvenes comuneros y trabajadores de la agro-exportación de familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como estudiantes universitarios.Los tipos penales que se vienen usando para imputar delitos a los protestantes principalmente son: “disturbios” , “entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos”, “terrorismo” y “organización criminal”.

Cusco

El viernes 3 de febrero se desarrolló la audiencia de cinco jóvenes comuneros de Pisac – Cusco, en la que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco solicitó prisión preventiva contra ellos. Se trata de  Richard Camala Coyo (22 años), Ferdinan Huacanqui Yucra (33 años), Redy Huaman Camala (22 años), Joel David Hivallanca Huaman(20) y Edilberto Huaman Sutta (26 años) quienes permanecen detenidos desde el 31 de enero por la presunta comisión de los delitos contra la Paz Pública en su modalidad de disturbios y delitos contra los medios de transportes y comunicación en su modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

A pesar de que la defensa legal de los detenidos argumentó sobre el arraigo de los jóvenes comuneros detenidos y solicitó que se dicte medidas menos gravosas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Vacaciones de Cusco dictó la medida de prisión preventiva de nueve meses para cuatro de ellos. En tanto, a uno de los imputados, Edilberto Huaman Sutta, se le otorgó el beneficio de comparecencia. El abogado Aroldo Vera Villar, defensa de Edilberto Huamán, señala: “Respecto de mi patrocinado he podido constatar que ha sido una detención arbitraria, injusta y discriminatoria puesto que no había elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado con los hechos que se les venía imputando. Se ha dejado en evidencia el abuso cometido por la policía, puesto que el detenido presentaba lesiones, se ha dejado en evidencia el error y falta de motivación del Ministerio Público, en la cual se ha podido ver que su requerimiento de prisión preventiva no estaba debidamente motivado.”

Ica

En Ica, a finales de enero, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad dictó prisión preventiva por cuatro meses contra siete personas implicadas en el bloqueo de carreteras de la Panamericana Sur por el presunto delito de entorpecimiento al “funcionamiento de servicios públicos y otros”: También se dictó prisión preventiva contra dos personas por el delito de “disturbios”. Las detenciones de los manifestantes se realizó en medio de las protestas y bloqueos de carreteras en la Panamericana Sur, en las zonas conocidas como Expansión Urbana y Barrio Chino. A comienzos de febrero se sentenció a 27 personas por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos. Al respecto previamente, abogados de CODEHICA en conferencia de prensa, declararon que muchas de estas personas han sido detenidas durante la madrugada en sus casas, cuando no había protestas. Explicaron también que la Fiscalía solicita prisión preventiva, cuando estas medidas son extraordinarias y solo cuentan con las declaraciones policiales como pruebas  que han servido como elementos de convicción para imputar.

Ayacucho

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, prosiguió la audiencia de prisión preventiva contra miembros del FREDEPA – Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Piero Giles Gamboa (22), Alex Gómez Falcón (35), Fernando Quinto Cuba (32), Rocío Leandro Melgar (53), Yulisa Gómez Ayala (21), Estefany Alanya Chumbes (31) y Alejandro Manay Pillaca (35), por la presunta comisión del delito de terrorismo. 

Durante la audiencia, el abogado argumentó que no existen elementos de convicción para que el FREDEPA sea catalogado como una organización terrorista, ya que no generan miedo o zozobra a través de la violencia. También señalan que organizarse por la “Asamblea Popular Constituyente” no puede considerarse un delito.. Pese a ello, la Fiscalía solicitó reiteradamente 18 meses de prisión preventiva. El 13 de febrero,en conferencia de prensa impulsada por los familiares de los detenidos de Ayacucho, los abogados de los detenidos denunciaron detenciones arbitrarias y múltiples irregularidades al debido proceso. En audiencia del 15 de febrero el tribunal resolvió dictar prisión preventiva contra seis de los dirigentes detenidos por el plazo de 18 meses.

Lima

El 31 de enero la PNP detuvo en el Callao a Yaneth Navarro Flores de Andahuaylas-Apurímac  y Cirilo Jara Mamani de Cusco, acusándolos de ser presuntos financistas de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Los delitos que se le imputan son de disturbios y de organización criminal. El 7 de febrero, después de una semana de detención de los manifestantes, la Fiscalía pide la medida de prisión preventiva para ellos. La abogada Janet Marin señala que “ el detenido Cirilo Jara y Yanet Mamani no se conocían hasta el momento de la detención, pero ahora he tomado conocimiento que ambos están en la misma carpeta, sindicados no solo por disturbios sino por supuestamente pertenecer a una organización criminal.” Una semana después continuaron las audiencias contra Yaneth y Cirilo, en las que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia resolvió otorgar comparecencia para Cirilo Jara y un pago de 5 mil soles para que afronte la investigación en libertad. A la profesora Yaneth Navarro, en cambio, se le dictó prisión preventiva por el delito de disturbios, señalando que se le investiga por organizar las movilizaciones violentas en Lima y por el intento de la toma del aeropuerto Jorge Chávez. En relación al peligro procesal, la jueza consideró que existe un debilitamiento del arraigo. Los abogados de ambos imputados anunciaron que apelarán esta resolución por considerarla arbitraria.

Puno

En Juliaca a partir del 4 de enero se detuvieron a 16 personas según reporta Radio Pachamama. Desde el Colectivo de Abogados de la ciudad se logró la liberación de todos los detenidos, desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía y anular el requerimiento de medidas de prisión preventiva.

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Observadores internacionales constatan: Subversión del Estado de derecho y crímenes de lesa humanidad

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La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos de Argentina, ha denunciado gravísimas violaciones a los derechos humanos, al concluir el lunes 13 de febrero, su visita de relevamiento de información sobre las protestas y la represión ocurridas desde el pasado 7 de diciembre de 2022 en Perú. 

En la presentación de sus conclusiones preliminares la misión acusó al Estado peruano de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil, a través de asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas en lo que constituyen crímenes de lesa humanidad por lo cual deberá ser investigado.

Las evidencias encontradas

Por una parte constataron el uso de armas de fuego en el asesinato de manifestantes. En muchos de los testimonios y registros recopilados, también se ha hecho evidente la presencia de elementos de civil de las fuerzas de seguridad, a quienes han identificado como «ternas» que se infiltran en las manifestaciones y que inician un conflicto para sobre esa base desatar la represión.

Lo mismo ocurre con las detenciones arbitrarias, en las que la PNP ha obstaculizado el derecho a la defensa, a un debido proceso de quienes son detenidos, obstaculizando también el libre ejercicio de la profesión de los abogados que voluntariamente defienden a muchas de las personas que sufren esas detenciones. Los referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina que integran la misión también constataron la persecución contra las y los dirigentes de diversas organizaciones. En el caso particular de las y los detenidos/as de Ayacucho, pertenecientes al FREDEPA identifican un caso paradigmático de persecución, amedentramiento y de intento de disciplinamiento de organizaciones  sociales, populares, campesinas, de sindicatos, de mujeres que protagonizan las protestas sociales  en el Perú.

En todas estas violaciones a los derechos humanos, los observadores, que han estado presentes en otros conflictos como durante el año antepasado en Colombia, constatan un patrón de conducta por parte de las fuerzas del orden en el transcurso de las protestas de las últimas semanas.

El caso de Juliaca

Los integrantes de esta comitiva, que presentarán el informe final en 15 a 20 días, no sólo estuvieron en Lima, donde presenciaron la marcha del 9 de febrero. También visitaron y se reunieron con algunas víctimas en Juliaca, Ayacucho, Cusco e Ica, algunos escenarios de los hechos más violentos de la represión, que ha dejado más de 48 personas asesinadas por la PNP y efectivos de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Juliaca, las conclusiones de la visita resultaron especialmente drásticas. De acuerdo a los observadores, la ciudad vivió una masacre. Afirman que “el 16 de enero la policía le dio tratamiento de guerra a una población civil que se encontraba indefensa”. Y van más allá al concluir que observan una subversión del Estado de Derecho. “Cuando la Policía Nacional tiene que defender a su población, la ataca sistemáticamente en contexto de protesta o para amedrentar y atemorizar a la población, podemos decir que ha cambiado la finalidad de la función de la policía”, afirman los observadores. Parecido ocurre con la justicia, ya que según la misión esta “persigue a su población en vez de garantizar una justicia reparadora. Por eso decimos que en Juliaca, lo que hemos presenciado a través de los testimonios, se instaló el terror en la población”.

Ayacucho y algunas reflexiones finales

El equipo argentino también relevó información sobre la represión ejercida contra la población el 15 de diciembre pasado en los alrededores del aeropuerto de Ayacucho, cuando militares armados con fusiles asesinaron a diez civiles, algunos de los cuales ni siquiera participaban de las protestas. En este caso les ha parecido particularmente cruel, que los familiares no sólo estén llorando a sus padres o a sus hijos, sino que además tienen que sufrir que les digan que es por su culpa. Por eso exigen el cese de las amenazas a los familiares: “Ya tienen suficiente carga con lo que les ha pasado, como para que más encima le digan: vas a ser la segunda sigues hablando”. Existe ahí lo que se conoce como revictimización de familiares.

Los medios de comunicación han abonado en ese proceso de estigmatización de las víctimas y sus familiares que se vincula con una alta dosis de racismo contra las poblaciones andinas, donde se concentra la mayor parte de las víctimas.

Como recoge el diario argentino Pagina12, para el referente social Juan Grabois integrante de la comitiva y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano “Si no existiera este racismo contra el campesino, el indígena, el pobre, y esta invisibilización de las violaciones más graves de los derechos humanos, sería bastante más difícil para quienes cometen estos delitos, hacerlo. Hay una campaña de estigmatización, de discriminación, de difamación, que profundiza la situación de violencia”.

Finalmente es importante tener presente que por ser delitos de lesa humanidad, estos crímenes no prescriben y pueden juzgarse internacionalmente. Como dijo el abogado Juan Grabois al iniciar la visita a Perú ”es importante que los violadores de derechos humanos sepan que aunque puedan corromper por un tiempo a la justicia de su país, cuando las cosas están debidamente documentadas, a la larga o a la corta, estos crímenes se pagan”.

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Protestas continúan y se suma un asesinato más de joven de 23 años en Apurímac

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Miles de ciudadanos, organizaciones sociales, y comunidades campesinas se siguen movilizando en sus regiones y en el centro de Lima desde la segunda semana de diciembre cuando se instaló el gobierno de Dina Boluarte, rápidamente convertido en dictadura cívico – militar. El día de ayer, jueves 9 de febrero, la represión policial cobró una nueva víctima, nuevamente en la región Apurímac, en la provincia natal de la presidenta Boluarte: Aymares. Se trata de Denilson Huaraca Vílchez de 23 años de la comunidad de Huancabamba, quien estaba protestando y recibió un impacto por proyectil de arma de fuego.

Al joven asesinado, se suman tres heridos de gravedad por impacto de proyectiles y 44 detenidos, entre ellos 7 mujeres.

Por otro lado, en Puno, al conmemorarse un mes de la masacre del 9 de enero, que tuvo como saldo el asesinato de 18 puneños; el día de ayer, nuevamente, la policía reprimió a la población que se encontraba protestando tras la procesión multitudinaria que desarrollaron en los exteriores del aeropuerto de Juliaca. El saldo de la represión fue de 23 personas heridas, entre ellos un menor de 11 años de edad, que se encuentra grave tras un impacto de proyectil en su pierna izquierda. También resultaron heridos otros dos menores de edad.

Asimismo, en la frontera de Puno, en Desaguadero, las comunidades aymaras hicieron retroceder a los militares que querían ingresar a la zona.

En Arequipa, las movilizaciones se desarrollaron con fuerte presencia de organizaciones y ciudadanos que han retomado las protestas, llenando la plaza principal de la ciudad.

En lima, las delegaciones de regiones y los sindicatos afiliados a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) también salieron a movilizarse el 9 de febrero exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para este año 2023 y la consulta popular a través de un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no, una nueva constitución.

Misión internacional de Derechos Humanos llega al Perú

Una misión internacional compuesta por representantes de organismos de derechos humanos de Argentina y dos diputados de dicho país, arribaron el día de ayer a la movilización en el centro de Lima para registrar los abusos policiales e informar a las organizaciones y la ciudadanía, el objetivo de su estadía: recabar denuncias de vulneración de derechos humanos de la ciudadanía y organizaciones desde la instalación del gobierno de Dina Boluarte.

Una parte de la Misión de DDHH se quedarán en Lima para seguir registrando denuncias y otra parte de la delegación está viajando a regiones del sur para recabar mayor información sobre los asesinatos cometidos durante este período de tiempo, que les permitan emitir un informe a nivel internacional sobre la situación de Perú y la vulneración de derechos humanos cometidos por la dictadura.

Gobierno y Congreso no quieren irse

Pese al rechazo mayoritario al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, ninguno de los dos poderes del Estado quiere convocar al adelanto de nuevas elecciones y menos convocar a un referéndum constituyente.

La presidenta Dina Boluarte y su gabinete ministerial dieron un mensaje a la nación el día de hoy, 10 de febrero, y solo hicieron un balance de su gestión y señalaron que van a seguir rechazando a los “minúsculos grupos de violentistas” que hay en el país, que exigen su renuncia, y que van a seguir realizando obras por todo el país.

Por su parte, durante estas semanas, la mayoría congresal rechazó las propuestas de adelanto de elecciones que se presentaron y, ayer, cuando la Junta de Portavoces iba a incluir nuevos proyectos de ley sobre el adelanto de elecciones, la vocera del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, retiró la firma de su bancada y con ello no se alcanzó el quorum mínimo de 66 firmas para que se discuta los proyectos de ley en el Pleno del Congreso.

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Adelanto de elecciones : bancadas congresales buscan quedarse en el poder

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Ayer, la Junta de Portavoces acordó ampliar la agenda del Pleno del Congreso para incluir proyectos de ley sobre adelanto de elecciones generales. Este acuerdo se logró pese a que el miércoles el Pleno suspendió la Agenda de la vigente primera legislatura ordinaria. En el acuerdo inicialmente confluyeron seis grupos parlamentarios que lo suscribieron, con lo cual alcanzó el quórum mínimo de 66 firmas, pero horas después, Elizabeth Medina, vocera del Bloque Magisterial de Concertación Nacional solicitó a la Mesa Directiva que se retire la firma de su bancada; por lo cual, ya no sería viable la ampliación por no contar con el número de firmas necesarias. 

 

 

Fuerza Popular y Podemos Perú han expresado la necesidad del adelanto de elecciones y el recorte del mandato. Mientras que, Perú Libre y Perú Democrático llevan la consigna de nuevas elecciones con referéndum para una Asamblea Constituyente. Por otro lado, Alianza para el Progreso destaca su posición en redes sociales a favor del adelanto de elecciones sin una Asamblea Constituyente, pero aquello no se vio evidenciado en la recolección de firmas del acuerdo de la Junta de Portavoces. Las principales bancadas en oponerse a la reconsideración de la votación para incluir el adelanto de elecciones en la Agenda del Pleno son las bancadas ultraderechistas de Avanza País y Renovación Popular, quienes también han mostrado su rechazo total y contundente a un referéndum constituyente. 

Es de recordar que, anteriormente el Congreso de la República había rechazado en dos ocasiones el adelanto de elecciones para el 2023, a pesar de la crisis sociopolítica que vive el país. La primera vez el 27 de enero, solo alcanzó 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones. Luego el 1 de febrero se logró incluir en la Agenda del Pleno, sin embargo la votación de la representación nacional fue de 54 a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, pese a los intentos, en ambas ocasiones no se logró alcanzar el mínimo de 87 votos que se necesita como requerimiento legal de esta propuesta de reforma constitucional.

En la misma sesión del Pleno, diversas bancadas eligieron sus representantes a la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva: Alfredo Azurín de Somos Perú, José María Balcázar de Perú Bicentenario , Isabel Cortez de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Silvia Monteza de Acción Popular y Elizabeth Medina de Bloque Magisterial. Hoy 10 de febrero se retomará el debate, en el que se priorizarán temas ajenos a la coyuntura. En ese sentido, a través de juegos procesales y demoras del Congreso de la República, un amplio grupo de parlamentarios busca retrasar el debate de elecciones generales y quedarse cómodamente en sus curules hasta el 2026. 

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Las protestas contra Dina Boluarte también paralizan proyectos mineros en el Perú

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Desde el 1 de febrero se han paralizado los trabajos de extracción de cobre de la minera Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho de la provincia apurimeña de Cotabambas. La empresa aduce que la paralización de sus operaciones se debe a la falta de suministro de insumos impedidos de llegar desde diciembre pasado, cuando estalló la crisis política y social. En el marco de las protestas, en las que las comunidades exigen la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, las acciones han incluido continuos bloqueos del corredor vial minero, emprendido en los departamentos de Cusco y Apurímac, y uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país. 

Por la ruta pasa aproximadamente el 20 por ciento de la producción del metal rojo del país que proviene a parte de la mina Las Bambas, propiedad de la compañía de capitales chinos MMG; del proyecto minero Antapaccay situada en la comunidad de Tintaya Marquiri en la provincia cusqueña de Espinar, de la compañía Glencore con casa matriz en Suiza; y la mina Constancia, del consorcio canadiense Hudbay ubicada en el distrito de Livitaca y Chamaca provincia de Chumbivilcas que también pertenece al departamento del Cusco.

Las tres explotaciones han tenido dificultades para transportar sus concentrados de cobre desde inicios de enero debido a los cortes de carreteras, que además han limitado la capacidad de llevar suministros a los campamentos mineros.

A parte del rechazo que ha generado entre la población del sur del Perú en términos generales la vacancia del presidente Castillo y su reemplazo en el cargo por Dina Boluarte por decisión del Congreso, las comunidades en torno a los proyectos mineros desde hace años vienen reclamando por una serie de derechos vulnerados. Así por ejemplo la defensa del territorio comunal que han planteado las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera de Las Bambas, es uno de los ejes del conflicto, ya que estiman que la Resolución Ministerial 372 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018 desconoció sus derechos ancestrales sobre este territorio. Mediante esta normativa sus carreteras comunales fueron transformadas por decreto en vías nacionales para que la empresa cuprífera pudiera transportar en vehículos encapsulados el mineral extraído. 

Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

Los impactos de las protestas van más allá del corredor minero del sur

La producción cuprífera no ha sido la única afectada por los bloqueos. San Rafael, el mayor yacimiento de estaño en Sudamérica ubicado en el departamento de Puno y propiedad de Minsur, suspendió sus operaciones el 12 de enero. La decisión según comunicó la empresa sería una medida de solidaridad con los familiares de las 18 personas asesinadas en los alrededores del aeropuerto de Juliaca durante las protestas en la región altiplánica.

A ello se suma la más reciente suspensión de operaciones mineras del proyecto Julcani situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica anunciada por la compañía Buenaventura el 5 de febrero pasado. De acuerdo a reportes de prensa, un grupo de alrededor de 80 manifestantes tomaron las instalaciones de la mina y bloquearon la carretera que conecta a la ciudad de Lircay. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o actos de violencia.

Macabros hallazgos

Sin embargo, los hechos que han causado especial consternación se vinculan con los incendios causados supuestamente por manifestantes en las instalaciones de la minera de oro Anabi, cuyas unidades Huismarca en Cusco y Utunsa en Cotabambas, Apurímac fueron ocupados violentamente el pasado 20 de enero. La compañía minera informó una semana después del hallazgo de los cadáveres de Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, fallecidos en las instalaciones de su unidad minera Utunsa. La empresa comunicó la recuperación de los cuerpos después de que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitara a la empresa autorización para realizar la búsqueda de los dos comuneros que habían sido reportados como desaparecidos.  

Los comuneros del distrito de Haquira de la provincia apurimeña de Cotabambas reclaman desde hace años, con protestas y bloqueos por la contaminación con cianuro y otras sustancias tóxicas de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producida por la explotación del yacimiento Utunsa que ha afectado a todas las comunidades que se encuentran río abajo.

Es de recordar que el caso de Anabi no es la excepción, tal como se expone más arriba la situación en Las Bambas. La mayoría de estos proyectos mineros paralizados cuentan con serios cuestionamientos por parte de las comunidades y poblaciones locales, ya que los impactos ambientales, sociales y económicos son innegables, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en decenas de mesas de diálogo que se desplegaron en todo el país. Parte importante de las agendas que hoy movilizan a las comunidades y pobladores contra Dina Boluarte, el Congreso de la República y otros entes sectoriales estatales se explican, porque no se han hecho cambios ni reformas en el sector minero en los ultimos 30 años en el Perú.

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Carta abierta al Gobierno y Opinión Pública: DE LA CRISIS POLÍTICA Y DE LA INDIGNACIÓN CIUDADANA

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El Perú vive una larga y cada vez más honda crisis política que nos ha llevado, entre otras cosas, a que, en 6 años, tengamos 6 presidentes de la república, a la casi desaparición de los partidos políticos y su reemplazo por agrupaciones organizadas para elecciones, sin ideario, y que luego de ganarlas, rompen los vínculos con sus electores, actuando a favor de intereses particulares.

La última etapa de la crisis se gestó hace dos años, cuando la clase política buscó desconocer los resultados de las últimas elecciones generales y anular el voto rural, de campesinos y campesinas, y de pueblos indígenas. En ese momento éstos se vieron en la necesidad de marchar a Lima a defender su voto. Luego de ello, la clase política, más conservadora, buscó
sin tregua, desde el Congreso y los medios tradicionales de comunicación, desconocer y debilitar la autoridad del Presidente elegido, con un discurso de alto contenido racista y discriminador.

Al margen de lo que Pedro Castillo hizo mal en el ejercicio del poder, esta población rural e indígena sintió, hasta el final, que no lo dejaban gobernar por razones de su origen campesino. Esa percepción, que tenía muchos elementos de realidad, fue alimentada por Pedro Castillo y Dina Boluarte y otros personajes del gobierno.

En este contexto, Dina Boluarte asumió el poder, sin buscar una comunicación con sus electores, y olvidándose del discurso que había manejado hasta ese momento y de su promesa pública de irse si salía Castillo. Esta situación generó la protesta de quienes se sintieron traicionados.

La situación se agravó cuando, Dina Boluarte, para mantenerse en el poder, dejó sus posturas de cambio social y se alió con los sectores políticos más conservadores (dentro y fuera del Congreso de la República), el sector de medios de comunicación tradicional y las fuerzas del orden. Desde ese momento, implementó medidas represivas muy duras contra las manifestaciones sociales crecientes. Ella y su consejo de ministros, han permitido el uso de armas letales contra los manifestantes y de armas no letales sin el uso reglamentario. De esta manera, hasta el día de hoy, las fuerzas del orden han ocasionado la muerte de más de 50 personas y decenas, sino cientos, de heridos.

Esta opción represiva ha dado lugar a una respuesta violenta de pequeños grupos de manifestantes, que, en vez de ser aislados, han sido utilizados por el gobierno para acusar a todos de violentos, y justificar el uso desmedido de la fuerza contra la ciudadanía.

Estos y otros hechos han llevado al gobierno a perder su legitimidad de origen y convertirse en un gobierno autoritario, que se mantiene en el poder por la fuerza. Simultáneamente, a ello, el Congreso de la República viene aferrándose al poder y de espaldas a la grave situación que enfrentamos, ha venido dando leyes que perjudican a poblaciones en situación de
vulnerabilidad como es el caso de los pueblos en aislamiento voluntario; todo esto y más, en favor del interés de unos pocos.

 

En este contexto, exigimos:
– El cese del uso de la represión indiscriminada contra la población que protesta y el cese
de la persecución a dirigentes, que impide que se tengan interlocutores.
– La renuncia de Dina Boluarte
– Elecciones generales este año 2023.
– Una nueva junta directiva en el Congreso, con credenciales democráticas y de
honestidad, que posibilite las elecciones el 2023.
– El cese de campañas de desinformación y de un discurso racista y discriminador, que
polariza a la población y que revictimiza a los muertos de la población que protesta,
acusándolos de ser los causantes de sus propias muertes. En este caso, los medios de
comunicación masivos deben reflexionar sobre el rol que vienen cumpliendo.
– Atender el derrame de petróleo suscitado en la región Amazonas en el Km. 389+196
Tramo II del oleoducto Nor-peruano, que viene siendo desatendido por el gobierno
central, sin ningún plan de contingencia implementado hasta la fecha. Esta actitud
gubernamental, pone en riesgo la vida, la salud, daños a la naturaleza y sobre todo
representa una muestra más de la discriminación hacia los pueblos indígenas.
– Archivar el Proyecto de Ley N° 3518-2022-CR que atenta directamente contra los
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)
– Archivar la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pondría
en peligro los Bosques de nuestro país.
– Referéndum por una nueva constitución y asamblea constituyente, que entre otras
cosas, debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la
pluriculturalidad del Perú.

 

Firman:
Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el rechazo
y el olvido – CCEFIRO
Asociación Cultural Arena y Esteras
Asociación Servicios Educativos Rurales
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro Loyola Ayacucho
C.N. Centro Arenal, feconarina-orpio.
Colectiva Mujer y Poder
COMISEDH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
Confederación Campesina del Perú.
CPM Micaela Bastidas
Escuela para el Desarrollo
Foro Ciudades para la Vida
FORO SALUD
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
IDPA
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera – Huánuco
Instituto para el Desarrollo Amazónico
Instituto para el desarrollo y la paz amazónica
IPEP-CJS CHIMBOTE
Movimiento Manuela Ramos
Nuevo Perú x Buen Vivir
ORDAU
Paz y Esperanza
Perú EQUIDAD
Proyecto ODS ANCASH
Red Agua Desarrollo y Democracia
Red Iglesias y Minería – Nodo Perú
Red Muqui
Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
Resucita Perú Ahora, Comisión Ecologia Integral
Separ
Vicariato apostólico de Pto. Maldonado
Vicariato Apostólico de San Ramón
Adda Chuecas Cabrera
Amanda Urquia Reina
Ana Sofia Pinedo Taguchi
Ana Sofia Reyes Otiniano
Angelica Amparo González Haro
Angela Vera Chicona
Antonieta Pacheco Jara
Benjamin Bravo Guerrero
César Guillermo Laupa Buitrón
Christian Breustedt
Diana Olaza Aliano
Eduardo Salas Arce
Erick Granados
Estelí Reyes Leyva
Felicita Lourdes Chávez Morey
Filomena Cáceres Vásquez
Francisco Adrianzén Merino
Germán Vargas Farías
Gery Vasquez Cucho
Giovanna Almonacid Ramírez
Gladys Zoraida Guzmán Fernández
Grimaldo Rengifo Vásquez
Héctor Jesús Chunga Morales
Ibis Fernández Honores
Ingrid Guzmán Sota
Javier Azpur
Javier Márquez Meza
Javier Rodolfo Jahncke Benavente
Jessy Chavez Arevalo
Joel Mario Arce Ccompi
John Zander Velarde
Jorge Arboccó Gallardo
José Antonio Espinoza Hernández
José Francisco Esteves Vargas
Jose Luis Carbajal
Josue Fernando Vivanco Jaime
Julio César Ambrosio Mendoza
Julio Rondinel Cano
Leopoldo Zambrano
Livia Marmanillo Aguayo
Liz Farfán Balcarcel
Luis Fernando Arteaga Mendoza
María Alcázar Muñoz
Maria Lourdes Gonzales
Maribel rimarachin saldaña
Miguel Lévano Muñoz
Nélida Baca Soto
Oscar Tomás Vásquez Tapia
Oscar Ugarteche
Pablo Rojas
Pilar Laura Armas Morales
Renán Jesús Villafuerte Rivera
Ricardo Soberón Garrido
Rocío Roxana Trujillo Solis
Rocio Silva Santisteban Manrique
Roger Mendoza Contreras
Romina Stepanie Villanueva Trujillo
Rosa Colchado
Rosa Mendoza García
Rosa Pacheco Condor
Stephany Violeta Cadenillas Solórzano
Victor Paredes
Yeny Mercedes Lope Huanca
Ze Everaldo Vicentello García

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Si Puno no es el Perú ¿de quién es el litio?

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En unas lamentables declaraciones sobre Puno la presidenta Dina Boluarte manifestó que: “Puno no es el Perú”[1]. Esta afirmación, realizada durante una rueda de prensa dirigida a periodistas de la asociación de prensa extranjera ayer se sumó a otras descalificaciones hacia quienes protestan como terroristas, aliados del narcotráfico, de la minería ilegal y de otras economías ilegales[2]. De esta forma, Dina Boluarte y sus ministros buscan desconocer las legítimas demandas detrás de las contundentes movilizaciones de la región altiplánica, acrecentando aún más la indignación y la protesta de las provincias movilizadas hasta el momento en el departamento de Puno.

Lo anterior, se contrapone a los intereses del mismo gobierno, intereses que según el ministro de Económica y Finanzas, Alex Contreras, estarían dirigidos a iniciar el desarrollo de la industria del litio en el país, mediante la creación de una mesa ejecutiva en Puno[3].

Si Puno no es el Perú, entonces de ¿Quién es el litio y a quién le corresponde abordar la problemática social, ambiental, económica y de salud a propósito de la mesa ejecutiva?, sin olvidar que Puno es más que litio, un mineral que aún no se está explotando. En ese marco, es pertinente resaltar que en noviembre de 2017 la empresa Macusani Yellowcake anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de litio en la zona de Falchani, provincia de Carabaya, departamento de Puno[4]. Lugar donde ahora fallecieron dos personas durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes[5] en el marco de las protestas nacionales por la renuncia de Dina Boluarte, asamblea constituyente y cierre del congreso.

Puno no es solo litio y uranio, pero la minería ya ha causado muchos Estragos  

Al 2020 Puno ocupaba el tercer lugar en la lista de regiones que presentan mayor cantidad de Pasivos Ambientales Mineros (PAM)[6]. De los 916 PAM ubicados en el departamento, la mayoría no contaban con información sobre quién los había causado para garantizar su remediación. Existe un correlato entre esas explotaciones abandonadas y la contaminación. Lo que se puede inferir del hecho que diariamente más de 716 mil puneños y puneñas equivalentes al 58 por ciento de la población se en encuentra expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas[7]. Y en otra triste estadística Puno ocupa el primer lugar: En casos de anemia en menores de 6 a 35 meses de edad con el 70.4% de su población infantil[8].

La problemática relacionada con indicadores de salud y remediación de pasivos ambientales son problemáticas recurrentes y sin solución. Ello es fundamental al evaluar los proyectos de litio, cuya explotación se encuentra estrechamente ligada a depósitos de uranio superpuestos[9] con los primeros en el caso de Falchani diferente a aquellos yacimientos ubicados en salares. Al perforar por litio indudablemente se expondría la radiaactividad del uranio. Como si lo anterior no fuera suficiente, las concesiones mineras de uranio y litio se superponen sobre casi la totalidad de las 36,978.6451 Ha que conforman el Paisaje Arqueológico Pinturas Rupestres Corani – Macusani. Por si no bastara con esos problemas, las concesiones mineras para explorar ambos minerales se superponen con cabeceras de cuenca, y con el nevado Quelccaya[10], cuyo glaciar igualmente correrían peligro con esa actividad.

“Puno no es el Perú”, pero somos parte de él, y como en otros departamentos, una vida digna y un ambiente saludable parecen sueños utópicos. Por ello para los puneños y el pueblo de Macusani, Dina Boluarte debe renunciar, y de lo último que debe hablar es de la explotación del litio en este momento y mucho menos cuando en esta provincia han sido asesinados dos compatriotas peruanos por la PNP.

 

Bladimir Martinez DHUMA Puno

 

 

[1] https://canaln.pe/actualidad/dina-boluarte-puno-no-peru-n457691

[2] https://elpais.com/internacional/2023-01-06/el-terruqueo-el-arma-verbal-que-pone-a-los-manifestantes-peruanos-en-la-diana.html

[3] https://gestion.pe/economia/empresas/ate-laive-municipalidad-de-ate-cierra-temporalmente-planta-de-produccion-de-laive-noticia/

[4] http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/informe_litio_en_puno_online.pdf

[5] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/19/paro-en-puno-fallecio-segundo-rondero-herido-de-bala-tras-enfrentamientos-en-macusani-lrsd

[6] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[7] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf

[8] https://www.cmp.org.pe/decano-del-cr-puno-del-cmp-denuncia-incremento-de-casos-de-anemia-en-ninos-de-su-region/

[9] http://siar.minam.gob.pe/puno/ documentos/proyecto-explotacion-litio-puno.

[10] https://diariosinfronteras.com.pe/2022/10/19/litio-amenaza-el-quelccaya-y-petroglifos/

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Terruqueo y persecución de defensores ambientales de Puno

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Las protestas y movilizaciones contra Dina Boluarte y el Congreso de la República están siendo reprimidas duramente por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales, más de 60 personas asesinadas en menos de dos meses de gobierno de Dina Boluarte.  A su vez, el gobierno viene llevando a cabo una feroz persecución contra diversos dirigentes sociales a nivel nacional, esto con el objetivo de castigar y criminalizar a aquellos que lideran las movilizaciones sociales.

 

Es el caso de Félix Suasaca Suasaca del Frente de Defensa del río Coata y del Lago Titicaca en Puno, quien ha sido denunciado penalmente por las protestas convocadas en Juliaca a comienzos de enero de 2023 y que terminaron con la masacre de 19 personas por parte de la PNP. Felix Suasaca denuncia la situación de persecución y criminalización que vive por ejercer su legítimo derecho a la protesta social: “tengo denuncias penales que buscan arrebatarme mi libertad y amedrentarme para que no me siga organizando por mi pueblo (…) y no solo eso, constantemente me viene haciendo reglaje la Dirección Nacional de Inteligencia. Su objetivo es acallar la lucha de los dirigentes indígenas y la voz de Puno” ha señalado recientemente.

 

Suasaca, es un reconocido defensor ambiental contra la contaminación por metales tóxicos en Puno y a nivel nacional, actualmente es el presidente de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.   En las últimas semanas viene siendo difamado por los medios de prensa nacionales como Panamericana. En un reportaje del programa “Panorama” que titula “El origen de la violencia en Puno” lo señala como si fuera miembro de MOVADEF.  Felix Suasaca y Claudio Garcia Choqueluque, que también es de Puno, son dirigentes ambientales que desde hace varios años vienen haciendo defensa activa del medio ambiente en sus territorios y que coinciden en reivindicar la lucha por la Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.

 

Justamente la Asamblea Constituyente es una consigna que caracteriza las plataformas de lucha de las diversas organizaciones sociales en Puno y a nivel nacional, sin embargo, la PNP y la Fiscalías contra el crimen organizado vienen persiguiendo a los dirigentes sociales que reivindican estas demandas. Es el caso de varios miembros Frente de Defensa de Ayacucho quienes están detenidos en Lima y vienen siendo sindicados por organizarse en torno a esta propuesta, lo que atenta contra el derecho a la libertad de expresión de la población movilizada.

 

En el caso de Puno, en las últimas semanas viene siendo el epicentro de la protesta social y actualmente varias de sus delegaciones se encuentran en Lima para hacer sentir su voz de protesta. Varios de sus dirigentes corren el riesgo de ser detenidos y posiblemente encarcelados por ejercer el derecho a la protesta y exigir justicia social. Por todo lo señalado, ponemos en conocimiento a la opinión pública nacional e internacional sobre la persecución y estigmatización que vienen sufriendo los defensores ambientales y la población movilizada en las regiones y en la ciudad de Lima en el contexto de la actual crisis política.

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Policía reprime brutalmente en Ilave/Puno: registros muestran a PNP disparando revólveres

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Al promediar las 15:00 horas del viernes, 20 de enero de 2023, desde un segundo piso, graban a un policía que dispara con lo que parece un revólver en tres ocasiones hacia posiciones donde se encontraban manifestantes, no hacia arriba, sino hacia el cuerpo humano[1], lo que causa indignación y desata un feroz enfrentamiento entre manifestantes y policías. En otro video, algunas horas después, nuevamente otro ciudadano graba a otro policía disparando a personas que transitaban por la plaza mayor de Ilave[2], no manifestantes, sino transeúntes.

El primer hecho, desató un enfrentamiento que lamentablemente culminó con diez personas heridas, de las cuales tres fueron dadas de alta. Sin embargo el ciudadano Isidro Arcata Mamani (62) falleció luego de ser herido por la policía y mientras era trasladado hacia el Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, junto a José Lima, quien luego de una intervención quirúrgica se encuentra estable[3][4].

Durante la noche de ayer, los policías habrían huido de la comisaría en Ilave hacia el cuartel ubicado en el mismo distrito, y durante las primeras horas de hoy, se registraron incendios en dicha unidad policial así como en agencias bancarias y el Ministerio Público[5]. Además se detuvieron alrededor de 12 personas, quienes habrían sido torturadas después que la policía les hubiesen “sembrado” pruebas falsas según abogados locales[6]y5. Al cierre de este informe, mediante un comunicado de la Municipalidad Provincial de El Collao, se asegura que los hechos de violencia ocurridos fueron resultado de los abusos de la Policía en contra de la población aimara que protestaban por la renuncia de Dina Boluarte[7].

 

 

 

 

[1] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/20/protestas-en-puno-captan-preciso-momento-en-que-policia-dispara-en-manifestacion-que-dejo-6-heridos-en-ilave-lrsd/?fbclid=IwAR0OiI_4HpWNFg_xruaNB8tnqC5kUx1W-9M3z0vzzU3b_qCp9ukJiXOlQ48

[2] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3447859932160215/3447859758826899/

[3] https://www.facebook.com/DiresaPunoOficial/photos/a.463788997738690/1329865521131029/

[4] https://www.facebook.com/TEINFORMA/photos/a.1287522794634915/5737070536346763

[5] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448420672104141/3448419658770909/

[6] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448252968787578/3448252825454259/

[7] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/21/protestas-en-puno-un-aymara-muerto-y-7-heridos-en-ilave-tras-dura-represion-policial-lrsd/?fbclid=IwAR3kNuFSXK78WHAGanxnFPpCpWLxMCP10EWIiSJB_QTXdmI1J4SV41Ge4II

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CIDH: protesta social es única forma que tienen pueblos históricamente discriminados para realizar sus demandas

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La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.

La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.

En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado «terriqueo» n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.

En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.

En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.

Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita

 

VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:

Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.

Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.

Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas

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