El día de ayer, jueves 07 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 ex dirigentes de las protestas que se dieron en 2015 en valle de Tambo. Así mismo, en la misma sentencia, se absolvió a otros 10 dirigentes: Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña y Héctor Herrera Herrera. Además, también se absolvió al abogado de los acusados: Héctor Herrera Herrera. Se debe precisar que otros 3 dirigentes acusados fallecieron estos años; uno de ellos, Augusto Paredes, durante la pandemia.

La defensa de 5 de las 11 personas absueltas  estuvo a cargo de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos. Sobre los agricultores absueltos, FEDEPAZ señala que el Juzgado Colegiado sostuvo, en forma enfática, que si bien existió una organización con vocación de permanencia no se acreditó en el desarrollo del Juicio Oral que dicha organización se haya constituido para fines delictivos, como se acusó al Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT).

Sobre los 3 dirigentes condenados que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT); a Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; a Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, a 12 años y 4 meses de prisión; y a Pepe Julio Gutiérrez, a 18 años de prisión. En el caso de Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, los dirigentes abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín; es decir habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas, integrar el plan criminal y ser parte de la comisión del delito; pero este razonamiento debió de ser probado, lo cual no ocurrió en el presente caso.

El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona.

De otro lado, el Juzgado Colegiado también sostiene haber hallado responsabilidad penal en la comisión del delito de motín. Este delito se comete cuando un grupo de personas se atribuye derechos del pueblo y pretende obligar a un funcionario desarrollar determinada acción. En este caso, las protestas no tenían dicha finalidad; sino por el contrario, estas estaban orientadas a exigir que los funcionarios del sector minero y ambiental cumplan con su obligación funcional de evaluar correctamente los permisos y el cumplimiento de los requisitos para la viabilidad del proyecto minero Tía María. Hecho que es claramente una exigencia democrática, amparada por el derecho a la participación y protesta social.

Es innegable que, durante el desarrollo de las protestas sociales en Tía María se produjeron atentados contra bienes privados y públicos, lo cual constituye delitos sancionados penalmente; pero la responsabilidad y obligación de los órganos de la administración de justicia es individualizar y probar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas, no es argumento suficiente el pretender establecer dicha responsabilidad por el solo hecho de ostentar un cargo de representación o de vocería. Si solo se sanciona por tal condición, se está violando gravemente el principio de presunción de inocencia.

Por último, sobre el caso del señor Pepe Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, en el caso de Pepe Julio Gutiérrez, el ex dirigente de Valle de Tambo, en 2015, a espaldas de la ciudadanía de Valle de Tambo, intentó obtener un beneficio económico personal. Sin embargo, este hecho fue abiertamente rechazado por toda la población del valle. Lamentablemente este acto ha sido utilizado para tratar de deslegitimar la justa protestas de los agricultores, por lo que Pepe Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de participación en el Valle.

Desde Red Muqui nos solidarizamos con los líderes sociales, agricultores del valle de Tambo, que han sido sentenciados con argumentos jurídicos contradictorios, ya que por un lado se libera de responsabilidad penal por los mismos delitos a unos dirigentes y se sentencia a otros, quienes eran los principales dirigentes del Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT). Es evidente que existe un ensañamiento contra algunos dirigentes, criminalizando de esta forma la defensa del agro en el valle de Tambo.

Lamentablemente con esta sentencia, el Juzgado de Arequipa abre un nuevo escenario de reactivación del conflicto social en el valle de Tambo, ya que existe un ambiente de preocupación y tensión en la zona en este momento.

 

 

 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido sentencia en el caso Huillca Paniura y otros, que fue patrocinada por el Instituto de Defensa Legal y APRODEH con la colaboración de la CNDDHH; los demandantes son comunidades campesinas e indígenas (el Frente Único de Defensa de Chalhuahuacho, la Federación Campesina de Mujeres de Chalhuahuacho y la Federación de Jóvenes Paki Waraka) que se han visto permanentemente vulneradas en sus derechos colectivos debido a las declaratorias continuas de Estados de Emergencia preventivo en el corredor minero del sur, especialmente en la región de Apurimac. La estrategia de los sucesivos gobiernos de turno ha sido decretar Estados de Emergencia preventivos que no tienen ningún sustento constitucional, para seguir manteniendo el control de los territorios del corredor minero de sur a costa de la supresión arbitraria de derechos constitucionales.

Recordemos que debido al conflicto social que existe entre las comunidades de Apurímac y la empresa minera Las Bambas, entre 2015 y 2016 ha habido 4 personas fallecidas producto del uso desproporcional de la fuerza por parte de la PNP. En 2016 el comunero Quintino Cereceda murió a causa del impacto en la cabeza de un proyectil disparado por la policía, hasta la fecha no existe delimitación de responsabilidades penales contra los culpables de estos hechos, por el contrario, desde esa fecha se abrieron sendos procesos de criminalización contra dirigentes y comuneros que se sumaron a las medidas de lucha por la defensa de sus territorios y derechos.

Ahora el Tribunal Constitucional en una histórica sentencia, desarrolla criterios jurídicos para que el Ejecutivo pueda decretar los Estados de Emergencia, desarrolla los criterios de: temporalidad, proporcionalidad y necesidad. Sobre el criterio de temporalidad, el TC se basa en los establecido en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que toda medida de suspensión de garantías debe tener una vigencia temporal limitada; sobre el criterio de proporcionalidad y necesidad el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

“Al respecto, debe tomarse en cuenta que aquí no solo se trata de una relación directa e inmediata con el fenómeno que se pretende combatir, sino también que debe analizarse si un estado excepción ya emitido se encuentra o no coadyuvando a resolver esta situación, de tal manera que si dicho hecho persiste, pese a la vigencia del estado de excepción por un plazo determinado, no se encontraría acreditado que guarde relación con las características específicas de fenómeno que se pretende resolver.” Lo que quiere decir el TC es que los gobiernos deben tener en cuenta que los estados de emergencia son medidas excepcionales y que tener un fin legítimo que deben buscar afectar los derechos humanos en la menor medida posible. Con el criterio de necesidad el TC señala la importancia de que el gobierno tenga en cuenta otras medidas distintas a la declaratoria de estados de emergencia, otras medidas que puedan coadyuvar a dar solución al conflicto, ya que los estados de emergencia son medidas de alto grado de impacto y sacrificio sobre los derechos humanos.  Este criterio de razonabilidad- proporcionalidad y de necesidad son complementarios, los criterios desarrollados por el TC son importante para entender que existen otros mecanismos que pueden ayudar a dar solución a los conflictos sociales que no sacrifiquen o vulneren derechos humanos en nombre de la promoción de la inversión privada minera. Es clave poner en el centro la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de dialogo y participación política de los pueblos indígenas de forma oportuna para que ellos mismos decidan su desarrollo económico y social y el destino de sus territorios.

La política de los últimos gobiernos ha sido declarar automáticamente los estados de emergencia utilizándolos de manera arbitraria y sin criterios de razonabilidad acorde a la protección de derechos humanos, el costo para los derechos de las comunidades y organizaciones de territorios como Apurimac en el Corredor Minero del Sur ha sido alto. Consideramos que es importante que los gobiernos deben entender que la protección de las comunidades campesinas no puede seguir siendo sacrificados bajo los argumentos de la “garantía de la paz y el orden público”.

 

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

El 2020 ha sido sin duda el año de la pandemia, de la mayor crisis política, económica y sanitaria que hayamos vivido en las últimas décadas en nuestro país, pero a su vez ha sido el año del despertar ciudadano, de la generación del bicentenario y de una población movilizada, principalmente de jóvenes, que nos han devuelto la esperanza de que nuestro país puede ser diferente, de que no todo está podrido y corrompido, de que los cambios sí son posibles cuando nos organizamos y movilizamos para buscar estos cambios sociales y políticos.

Sin embargo, aun con estos mensajes esperanzadores, los saldos de la pandemia son duros: casi 38 mil fallecidos hasta ahora, miles de personas en UCI, una posible segunda ola de la pandemia, y que viene acompañada con una nueva “cepa”; es decir, la pandemia está lejos de terminar. Y como si esto no fuera poco, en el 2020 se han reactivado los conflictos sociales, y con ello el asesinato de ciudadanos movilizados: jóvenes del #14Noviembre y trabajadores agrícolas en el norte del país (Virú) que perdieron la vida por impactos de bala de la PNP por reclamar sus justos derechos. Hasta el 31 de diciembre del 2020 teníamos un país movilizado que esperaba algún tipo de respuesta del gobierno nacional por los años de abandono sistemático a los sectores más vulnerables de nuestro país

De esta forma empezamos el 2021, y cuando pensamos que las cosas podían ser peores; el presidente Francisco Sagasti el día de ayer hizo un anuncio importante y alentador a la vez, por fin se concretó la compra de un primer lote de vacunas contra la Covid-19 con el laboratorio chino Sinopharm, y el primer envío será en enero. Así mismo se informo de la llegada de otro lote al laboratorio Astrazeneca para el segundo semestre del 2021. Este anuncio llega en un momento muy complejo en nuestro país, y esperamos que genere cierta estabilidad y confianza entre la población y las autoridades nacionales, sobre todo ahora que se confirma la llegada de la segunda ola de la pandemia en nuestro país.

En el año del bicentenario no bastan las reformas o parches parciales, es hora de impulsar cambios de fondo, entre ellos el sistema de justicia, la lucha contra la corrupción, el respeto pleno de los derechos humanos, la reforma de la institución policial (PNP), la gestión oportuna de la conflictividad social, principalmente las derivadas por el sector extractivo minero, entre otros. Este nuevo pacto social se debe hacer con la participación real de la población, de la ciudadanía movilizada, de las comunidades andinas y amazónicas, de los afectados por actividades extractivas, entre otros. Es hora de plantear un momento constituyente para plantear todos estos cambios y que van más allá de las próximas elecciones presidenciales y congresales.

Desde Red Muqui creemos que los cambios y discusiones que se planteen deben ser impulsadas y protagonizadas por las poblaciones movilizadas y afectadas, y no solo con representantes de los gremios empresariales o de algunas autoridades locales, regionales y nacionales como muchas veces pasa. Creemos que estas discusiones mínimamente deben contener la agenda de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, del medio ambiente, la agenda de genero, entre otros. Sabemos que el 2021 será un año movido en términos electorales y de atención a la pandemia, pero no olvidemos estos temas de fondo y sobre todo que el año del bicentenario sea la oportunidad para empezar a cambiar las cosas de verdad.

De acuerdo a la información estadística del gobierno chileno sobre el precio internacional de los minerales, el precio del cobre alcanzó este 6 de enero: los 7,999 dólares la tonelada (3.628 dólares la libra) recuperando el pico de inicios del 2013. ¿Qué implicaría esto para las empresas mineras? Que aumentarán sus ganancias e intentarán superar rápidamente conflictos como el de Las Bambas u otros que explotan cobre y actualmente están con problemas con las comunidades aledañas para sacar su producción mineral. En el caso de Las Bambas, la empresa minera señaló que veían la posibilidad de finalmente construir un mineroducto para que se no siga afectando a las comunidades con el paso de casi 400 camiones que transportan el mineral.

De acuerdo al economista Juan Aste: «habrán mas divisas dedicadas a importar, pero si la economía se vuelve a frenar producto de la segunda ola del coronavirus y la aparición de la nueva cepa, se reducirá el consumo y las importaciones, y no habría presión por dólares y no subiría el tipo de cambio, ni la inflación. El problema es que la gente sigue especulando y acumulando dólares como resguardo frente a la inflación».

Variación del precio del cobre 06 enero 2013 a 06 enero 2021. Se ve como se recupera el nivel de inicios del 2013 encima de 3.6 dólares la libra o casi 8mil dólares la tonelada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado el precio del oro sigue arriba porque el dólar ha disminuido su valor con respecto a las monedas de Asia y Europa; prefieren tener oro que dólares, según el economista Juan Aste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto implicaría que los mineros informales e ilegales y la empresa minera formal Summa Gold querrán continuar explotando oro a la fuerza, destruyendo cultivos, ecosistemas hídricos y de bosques, además de las viviendas y la salud, en casos como el de la minera summa gold en Huamachuco La Libertad, finalizó Juan Aste.

Frente a los Decretos Supremos 027 y 028 publicados recientemente que declaran como necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autoriza a la empresa Nuevo Arcoiris SAC a adquirir 21 derechos mineros dentro de los 50 km de zona de frontera norte en Tambogrande, las autoridades y la población local de Tambogrande a través de una reciente reunión ha rechazado el ingreso de la minera Nuevo Arcoiris y para ello han elegido y juramentado un comité técnico de defensa del valle de San Lorenzo.

El comité elegido será presidido por el alcalde del distrito de Tambogrande, Alfredo Rengifo y estará acompañado por dirigentes agrarios y miembros de la sociedad civil. Como primera acción han acordado reunirse este sábado 19 de diciembre para analizar las acciones que van a desarrollar, entre ellas plantear una movilización y el envío de cartas y documentos al Ejecutivo para que se desista del ingreso y autorización del proyecto minero de Nuevo Arcoiris, y para evitar el posible reinicio de un conflicto social en plena pandemia.

Las autoridades y población organizada han adelantado que de no obtener respuesta alguna por parte del gobierno, todo el pueblo de Tambogrande y el Valle de San Lorenzo tomaran medidas de protesta en contra de la minería.

Como se sabe, el problema radica en los 21 derechos adquiridos que afectarían directamente un total de 16,300 has del distrito, es decir 163 millones de metros cuadrados dentro de los cuales se encuentran 20 centros poblados, más de 1,100 predios agrícolas en producción y canales de irrigación del Valle de San Lorenzo.

A ello se suma lo manifestado por el alcalde Rengifo quien mencionó que dicha decisión de otorgar 21 derechos a la empresa Nuevo Arcoíris no fue consultada al pueblo quienes se enteraron a través de la prensa escrita.

Como se recuerda, la consulta ciudadana hecha en Tambogrande en el 2002 mostró un rechazo de más del 90% de la población a la posibilidad de tener gran minería en la zona cercana al valle. Desde ese momento hasta la actualidad, se reclama por una zonificación ecológica y económica clara que permita zanjar estos debates y aclare qué áreas del país son para minería y cuáles para agricultura

 

El gobierno nacional, mediante Decreto Supremo N° 027-2020-EM, publicado en día feriado hace una semana, ha declarado de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, autorizando a la empresa minera Nuevo Arcoiris SAC, de capitales canadienses, a adquirir y poseer concesiones y derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera en los distritos de Tambogrande y Las Lomas de Piura. Al respecto, desde Red Muqui Norte y Red Muqui Nacional queremos señalar lo siguiente:

1.- El año 2002 la Municipalidad Distrital de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito y más del 98% de la población optó por la agricultura del valle de San Lorenzo que comprende principalmente los distritos de Tambogrande y Las Lomas, y rechazó el riesgo de incorporar la minería en su economía y en su territorio. La empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. pretendía ingresar por la fuerza con sus operaciones mineras; sin embargo, en diciembre del 2003, al no contar con la licencia social y tener serias observaciones técnicas y legales, Centromin Perú resolvió el contrato de opción que tenía con la Minera Manhattan sobre las concesiones mineras y la empresa tuvo que retirarse de Piura y del país el año 2005.

2.- El valle de San Lorenzo es uno de los valles más fertiles y productivos del norte, y es conocido por su sobresaliente producción de mango y limón siendo esta la más importante fuente de ingreso para los agricultores y pobladores de la zona. El estudio “Valor Económico del Valle de San Lorenzo” encargado por la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande, antecedente de Red Muqui en 2001-2002, concluyó que ni la renta que dejarían 30 proyectos mineros en Tambogrande superaría la utilidad neta y el empleo generado por los 8 mil agricultores del valle. Intentar nuevamente autorizar proyectos mineros en una zona agrícola reconocida a nivel nacional es un acto de provocación para la población local y la reactivación de un posible conflicto social en plena pandemia, siendo ademas Piura una de las regiones más golpeadas.

3.- No es nueva la forzada figura legal de emitir un decreto supremo para autorizar proyectos mineros en zonas de frontera en el Perú, cuando la Constitución Política, en su artículo 71, establece que: “dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”, esto por ejemplo debe ser uno de los temas a revisar en la discusión por una Nueva Constitución, que pone en riesgo la seguridad nacional en favor de intereses extranjeros en nuestro país.

4.- El referido  decreto supremo señala que la minera “Nuevo Arcoiris S.A.C., es una empresa peruana que tiene como inversionista a Tesoro Minerals CORP., persona jurídica constituida en Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %”. Si bien el DS es legal, carece de la legitimidad, porque los agricultores, pobladores y comuneros de los distritos de Tambogrande y Las Lomas no fueron informados ni consultados previamente sobre esta decisión.

Finalmente, desde Red Muqui Norte y Red Muqui Nacional exhortamos al gobierno peruano, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Energia y Minas y demás autoridades competentes a revisar y derogar el mencionado decreto supremo, y que en adelante este tipo de decisiones sean informadas y consultadas previamente a las comunidades y población, ya que el riesgo y los impactos sociales, económicos y ambientales que puede generar el ingreso de la actividad minera en el valle de San Lorenzo son incalculables, y éste tipo de normas debe ser un tema de agenda en la discusión por una nueva Constitución.

 

Piura – Lima, 17 de diciembre del 2020.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Durante la pandemia uno de los sectores que más privilegios ha recibido fue el sector minero, no solo porque fue considerada una actividad esencial, si no porque se han emitido una serie de normas para que sigan operando con facilidad, inclusive han recibido los prestamos de Reactiva Perú, aún con todos estos beneficios las empresas mineras han utilizado la suspensión perfecta para en la practica despedir a sus trabajadores y han expuesto a sus trabajadores al contagio de la Covid-19. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros ha señalado que serían más de 12 mil trabajadores contagiados, y a la fecha no hay datos oficiales actualizados del Estado, que ha sido poco transparente en compartir esta información ante la solicitud que diferentes instituciones y medios han realizado. Por denunciar estos abusos los trabajadores sindicalizados han recibido malos tratos, hostigamiento laboral y despidos arbitrarios.

La respuesta de las empresas mineras es más que lamentable, debido a que en los momentos picos de la pandemia han trabajado entre el 50 y 80% de sus operaciones, el precio de los minerales se ha mantenido, inclusive en el caso del oro esta ha aumentado de precio en un 30% en el mercado global; es decir no hay justificación alguna para los ceses y despidos arbitrarios, así como el maltrato en la seguridad y salud de sus trabajadores. Por parte del Estado es clarísimo que el rol de fiscalización a través SUNAFIL es insuficiente y precario, primero porque no existe personal suficiente para fiscalizar y atender todas las denuncias de los trabajadores, y en segundo lugar porque las sanciones no se cumplen o las empresas simplemente no las respetan, y esto no solo pasa en el sector minero, si no en casi todos los sectores, tal como ha pasado con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador.

Recientemente el gobierno de Sagasti ha emitido un Decreto Supremo para declarar de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, en favor de la empresa Nuevo Arcoíris SAC. en Tambogrande Piura, permitiendo que la empresa minera se haga de unas concesiones mineras en el valle de San Lorenzo, un valle agrícola muy fructífero y que en el pasado ya ha rechazado el ingreso de cualquier actividad minera.

Lamentablemente, cuando se trata de garantizar derechos económicos mineros a los empresarios, los gobiernos de turno son muy diligentes con estas autorizaciones y normas; sin embargo, cuando se trata de atender y reivindicar derechos laborales, de salud o de denuncias de contaminación ambiental, la respuesta del gobierno es muy endeble. Desde la Red Muqui nos solidarizamos con las demandas de los trabajadores mineros, pero también advertimos que muchos de estos proyectos mineros vienen generando desde hace mucho tiempo atrás impactos ambientales, a la salud humana, impactos sociales y económicos en las comunidades y poblaciones locales que son irreversibles, y sobre estos temas los sucesivos gobiernos tampoco han hecho mucho.

El 08 de diciembre del presente año, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N° 027-2020-EM – “Declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a empresa minera con inversión extranjera y peruana a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera”, norma por la cual se declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras de la empresa Nuevo Arcoiris S.A.C. en la frontera norte del país en el departamento de Piura.

Dicha empresa está conformada por Tesoro Minerals Corp. (capital canadiense), con un porcentaje de acciones del 99.9996 %; y, Raúl Alfredo Ferreyra Martínez (persona natural peruana), con un porcentaje de acciones de 0.0004 %.

Esta norma autoriza Nuevo Arcoíris S.A.C. para que pueda adquirir 9 concesiones mineras y obtener las autorizaciones correspondientes para el desarrollo del proyecto minero.  Por ende, declara como necesidad pública “la inversión privada en actividades mineras”.

Fuente: El Peruano

Es importante tener presente que, de acuerdo al artículo 71 de nuestra Constitución Política, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, tienen el derecho de poseer y adquirir propiedades en igualdad que los peruanos. Pero esta atribución encuentra una limitación, cuando “los extranjeros pretender adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustibles o fuentes de energía, de manera directa o indirecta, sea de forma individual o en sociedad” dentro de los límites de la frontera del territorio nacional (50 kilómetros de la línea de frontera), solo podrán hacerlo cuando sea declarado de necesidad pública por el Concejo de Ministros.

¿El proyecto minero de Nueva Arcoiris SAC es de necesidad pública?

La empresa Nuevo Arcoiris, a través del DS 027-2020-EM logró que se declare como “necesidad pública” su proyecto de inversión privada y por tanto la autorización de adquisición de 9 concesiones mineras. Pero en el marco de esta atribución que tiene el poder ejecutivo, cabe preguntarnos: ¿Cuáles han sido las razones objetivas y concretas por las cuales se declara de necesidad pública la inversión privada en minería y la adquisición de estas 9 concesiones mineras en la región de Piura? ¿Tal declaración es coherente con los intereses nacionales y locales? ¿Las FFAA están facultadas para emitir este tipo de valoraciones de Estado?

Al remitirnos al Decreto Supremo en cuestión encontramos que el primer argumento para sostener la necesidad pública, es que esta trascendería al interés privado debido y que el desarrollo de las futuras actividades mineras fomentaría el desarrollo y bienestar de las localidades fronterizas, a través de la captación de ingresos como el canon y las regalías mineras y los puestos laborales. Un argumento final es la “opinión favorable que se habría obtenido del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitida mediante Oficio N° 1436 CCFFAA/D-1/UAM del 10 de junio de 2020 del Secretario de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

Para que exista una real necesidad publica de determinada actividad, esta debe satisfacer los siguientes criterios: “lo público no sólo es interés del Gobierno sino interés de toda la comunidad; y debe analizarse y demostrarse en el caso real cómo se concreta la necesidad pública. No basta la simple invocación a este concepto”; como si ocurre cuando se planifica la construcción de una central hidroeléctrica, hospitales, carreteras, etc, que están orientadas a satisfacer necedades básicas. Si trasladamos estas exigencias al Decreto Supremo que analizamos, no se cumpliría debido a que, en principio se hizo un análisis general de los posibles beneficios de una futura actividad minera en esta zona. Recordemos además que las concesiones mineras son derechos expectaticios y no contienen información concreta de las capacidades productivas de un proyecto minero o su rentabilidad y por ende la captación de recursos para el Estado peruano no se pueden determinar con exactitud, y el pago de los derechos mineros por las 9 concesiones mineras no sería una razón suficiente para motivar la necesidad pública.

De otro lado, el informe emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contiene información relacionada a la seguridad nacional; pero no es un análisis concreto relacionado a los beneficios de la actividad minera de Nuevo Arcoíris para el interés nacional o local. La Fuerzas Armadas no son el sector competente para hacer este tipo de valoraciones, sus competencias están dirigidas a los temas de “seguridad nacional”  que no deben estar ligados a la toma de decisiones sobre políticas económicas, ya que no son competentes por criterio de especialidad.

Consideramos que la declaratoria de necesidad pública de la adquisición de 9 concesiones mineras y la aprobación de inversión minera por parte de la empresa Nuevo Arcoíris S.A.C. en la región de Piura, no ha sido emitida con previos estudios concretos que evidencien las ventajas que representaría el desarrollo de este proyecto minero para el país.  Es importante resaltar que la propia población de Tambogrande en junio de 2002 mediante consulta popular convocada por el Municipio de Tambogrande decidió decir no al desarrollo de proyectos mineros en su territorio: el 74% de los tambograndinos participó en ella. De los votantes, más del 95% señaló su oposición al proyecto minero. Las principales razones a esta oposición han sido los graves impactos ambientales, sociales y económicos que generaría a la población local, recordemos que Tambogrande cuenta con 42 mil hectáreas de producción agrícola (mangos, limones y otros), que abastecen el mercado externo e interno, así también existen bosques de algarrobos. El valle brinda empleo permanente a más de 18 mil personas entre productores y trabajadores agrícolas. Y finalmente la emisión de este Decreto Supremo si bien es legal no es legitima, puesto que la población de Tambogrande no fue consultada ni informada sobre esta decisión del gobierno nacional.

Desde el 8 de diciembre los trabajadores de la empresa minera Nexa Resources se encuentran acampando en los exteriores del Congreso, exigiendo solución al cese colectivo de 164 trabajadores, que desde julio no perciben ninguna remuneración económica. Ello a pesar de que la empresa minera recibió un crédito de 10 millones de soles de Reactiva Perú. Más de 600 personas, que es la cantidad aproximada de las familias de los trabajadores despedidos, son los que se ven perjudicados por este cese colectivo.

Tras las protestas reiniciadas el 9 de diciembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación del Río Coata y el Lago Titicaca en las avenidas de Puno, que reunió a más de 500 pobladores afectados de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Chilla; el día de hoy arribaron a la ciudad de Puno los ministros de Salud, Ambiente, Energía y Minas; y Vivienda y Construcción.

Desde que se hizo público en octubre que 34 personas personas tienen arsénico y 2 mercurio – debido a que uno de los dirigentes pudo tener acceso al informe-, las autoridades del ejecutivo y del gobierno regional no han implementado medidas de emergencia para salvaguardad la salud de las personas afectadas y del conjunto de poblaciones que viven alrededor de la cuenca del Coata, que exigen también ser muestreadas para confirmar o descartar que tienen metales tóxicos en sus organismos.

Frente a estos hechos que tienen como antecedentes que el 2017 ya se alertaba la presencia de metales pesados como arsénico, boro, hierro, manganeso, plomo, zing y coliformes fecales, tras el monitoreo ambiental de la calidad del agua y suelo en Coata; y la confirmación el 2018 por la Dirección Regional de Salud de Puno, que informó de la existencia de sustancias tóxicas en los pozos donde la gente usa el agua para prepara sus alimentos; recién el día de hoy, 15 de diciembre del 2020, el ejecutivo llega a Puno con la voluntad de instalar una Mesa Técnica para elaborar un Plan de Acción que ayude e mitigar los impactos negativos que ya generado la contaminación del río Coata.

Reunión

En este momento se está desarrollando la reunión y el dirigente Félix Suasaca señala que han venido a resolver los puntos de la Plataforma y que si no se resuelven los puntos volverán a la protesta indefinida.

Una de las mujeres dirigentas que hizo uso de la palabra, señaló que en su comunidad, que está a 4km del distrito Coata, no hay ningún centro de salud. Ella remarcó, dentro de la Plataforma presentada , que necesitan centros de salud con médicos especializados porque sus hijos no pueden seguir enfermos y, además, que necesitan agua potable no contaminada.

Puntos de la Plataforma

  • Oficializar la Mesa Técnica de la Cuenca del Coata a través de un Decreto Supremo e instalar la Mesa Multisectorial de Salud sobre metales pesados en cuerpo humano y tamizaje al 100% de personas de los distritos de la cuenca del Coata.
  • Aprobación y ejecución de proyectos de centros de salud y equipamiento integral con laboratorios médicos, medicamentos y médicos especializados en metales pesados.
  • Ejecución de obras de saneamiento básico urbano y rural en los distritos afectados de la cuenca del Coata.
  • Inmediata ejecución del proyecto de cadena ganadera vacuno por parte del Ministerio de Agricultura, debido a que el ganado ha sido afectado por la contaminación.
  • Inmediata ejecución de proyectos de descontaminación, recuperación y remediación del río de la cuenca del Coata y lago Titicaca de las zonas afectadas.
  • Cierre y tapado del río Torococha y no más vertimiento de aguas residuales de SEDA Juliaca.
  • Cierre inmediato de las mineras que están operando en la cabecera de cuenca del Coata.
  • Indemnización por daños ambientales y reparación y ampliación de dotación del agua potable mediante cisternas a las poblaciones afectadas.