De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que pertenece al INDECI, 600 toneladas de trucha de las piscigranjas se perdieron el reciente lunes 13 en la zona de Culhuay, provincia de Canta, debido al derrame de zinc tras la volcadura de un camión que trasladaba el mineral de la empresa Servi-Wari. Trabajadores de la empresa intentaron detener el derrame sin mucho éxito. El río de aguas cristalinas rápidamente se volvió gris por la contaminación y está provocando no solo la muerte de truchas sino también la contaminación de las tierras para la agricultura.

En la mañana de lunes, el chofer se habría despistado producto del sueño.  Frente a la alerta de la municipalidad de Comas respecto a una posible contaminación del agua potable que viene de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón; Sedapal se pronunció a través de un comunicado:“En coordinación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón se informó que el derrame de zinc no afecta la producción de agua, ya que la población de los distritos de Lima Norte se abastece en esta época del año, de pozos de agua debido al tiempo de estiaje”

Asimismo, la municipalidad de Carabayllo alertó a los agricultores “a tomar sus previsiones con los canales de regadío de sus cultivos para evitar que puedan ser afectados y contaminados”.

Asimismo, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón anunció también que está realizando el monitoreo de las aguas, así como la OEFA. Frente a los hechos, la Junta de Usuario decidió cerrar temporalmente las compuertas principales de las bocatomas utilizadas para el riego de los cultivos de la zona.

Perú, país de defensores: Basta de asesinarlos
Llegan a Lima más de 70 defensores de todo el Perú ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones.

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. La violencia contra los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel nacional. 

Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestros medios de vida, seguridad alimentaria, tierras ancestrales, fuentes de agua, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática e importantes en nuestra lucha contra el cambio climático. Día a día luchan por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, etc. Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María, y que por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, anuncia la llegada de más de 70 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima este 15, 16 y 17 de junio para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger nuestros territorios naturales,  el agua y la vida.

El espacio que reúne a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima; tiene como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales (DDHA) en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales que han realizado (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generará un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado que garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores convocan a un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, debido a que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras 

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el Mecanismo  para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo, a fin de garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta.


Conoce aquí más sobre este Encuentro aquí: https://bit.ly/3NQ0Lsn
Conoce más sobre las acciones de incidencia aquí: https://fb.me/e/1zmlnuSd2
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Lima, junio del 2022

Ante los recientes hechos de muerte y violencia registrados en la zona denominada como Atico de la provincia de Caraveli – Arequipa, donde se confirmó la muerte de 14 mineros artesanales e informales, aparte de varios heridos y frente al avance de la minería informal e ilegal en el país, desde la Red Muqui queremos señalar a la opinión pública los siguientes puntos:

  • Nuestra solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, así como las personas heridas y afectadas en este lamentable enfrentamiento entre mineros artesanales e informales y donde también estaría involucrado la minera Intigold Mining en la provincia de Caraveli – Arequipa. Esperamos que las autoridades competentes realicen las investigaciones del caso de manera transparente y rápida para determinar a los responsables de estos terribles hechos.
  • El problema de la minería informal e ilegal en el país no es nuevo, tiene larga data y tiene varias aristas, y que van desde no tener información actualizada sobre su magnitud ni sobre su ubicación, hasta el cambio permanente del marco normativo en el proceso de formalización y la falta de una política multisectorial clara por parte del Estado. Si no se aborda de manera integral esta problemática cualquier intento de solución será insuficiente.
  • El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que es el padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que agrupa a las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal en el país, lamentablemente es laxo y poco eficiente. Inclusive es utilizado políticamente por el Congreso, ya que recientemente se ha abierto por tercera vez el registro de formalización, que impide una política seria de formalización para los mineros artesanales e informales en el país.
  • El rol de los Gobiernos Regionales, quienes son los entes competentes para autorizar, supervisar y fiscalizar la pequeña minería, es poco eficiente, dado que no cuentan con recursos económicos y humanos, y en la práctica no realizan ningún tipo de acción al respecto. Lamentablemente no existe una política nacional por parte del MINEM para fortalecer y facilitar este trabajo en las regiones, dejando casi al desamparo a las direcciones regionales de energía y minas.
  • Debido al incremento de los precios de los minerales en el mercado internacional como el cobre y de los metales preciosos como el oro y la plata, en muchas comunidades y regiones del país la minería artesanal, informal e ilegal ha crecido de manera exponencial, afectando la salud de los propios mineros que la trabajan, así como el agua y el medio ambiente donde se desarrolla esta actividad.
  • A nivel nacional es urgente revisar el marco normativo sobre el otorgamiento de concesiones mineras, debido a la superposición de derechos (con actividades forestales, agrícolas, etc.) y debido a la descoordinación entre los gobiernos regionales y el INGEMMET. Igualmente urge identificar aquellos titulares que se hacen pasar por Pasivos Mineros Ambientales cuando deben ser considerados en el Régimen General, porque superan el tamaño de la superficie medido en hectáreas permitidos, entre otros aspectos.

Finalmente, las autoridades regionales y nacionales deben luchar contra la minería ilegal en todas sus modalidades y estas deben ser lideradas por el MININTER, MINJUSDH, el Ministerio Público y otros actores involucrados en esta problemática. La escalada de la violencia vista recientemente en el caso de Atica – Caraveli, Arequipa es el reflejo de lo que podría pasar si no se aborda de manera integral la problemática de la minería artesanal, informal e ilegal en el país.

Lima, 11 de junio del 2022.

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huillca, ha anunciado una tregua de 30 días a la minera MMG Las Bambas para que continúen sus operaciones, mientras se instalan las Mesas de Cumplimiento en cada una de las 6 comunidades en protesta para que se arribe a una solución integral. En este mes se deberá arribar a un cronograma de acciones en cada comunidad que garantice el cumplimiento de acuerdos que le falta implementar a la empresa minera Las Bambas. Este anuncio lo dio en la reunión que sostuvieron hoy con representantes del ejecutivo, Las Bambas y los dirigentes de las otras 5 comunidades en la localidad de Pumamarca.

El dirigente comunero señaló que la tregua se iniciaría el viernes 10 de junio, como muestra de que las comunidades tienen voluntad de llegar a consensos. De esta forma, la empresa podrá reiniciar el transporte de concentrados, aunque se compromete al mismo tiempo a no iniciar la construcción del tajo abierto Chalcobamba, que se encuentra en territorio en disputa con la comunidad de Huancuire.

El representante de Las Bambas, Jing Ivo Zhao, presente en la reunión realizada en la comunidad de Pumamarca señaló que la empresa acepta la tregua de 30 días planteada por las comunidades para el reinicio del transporte de concentrados y se compromete a no iniciar la construcción del tajo Chalcobamba durante este periodo.

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos se ha comprometido a que el gobierno derogue el decreto de Estado de Emergencia que actualmente rige en los dos distritos al que pertenecen las 6 comunidades que han estado protestando y que se forme una comisión técnica que haga seguimiento a las mesas de cumplimiento que se desarrollará en cada comunidad.

Finalmente, en el acta se lee que el gobierno evaluará, en las mesas de cumplimiento, las denuncias generadas en contextos de protesta.

 

El obispo de la Prelatura de Caravelí en Arequipa, Reinaldo Nann, se pronunció frente a la situación de violencia que genera la minería ilegal en su jurisdicción: “En la Mina Calpa no hay ley y la vida no vale nada. Lo único que vale es el oro, que sacan de allí, asociaciones de mineros en proceso de formalización, como se llaman ellos”.

14 muertos es el resultado preliminar de violentos enfrentamientos que ocurrieron el 2 y 3 de junio en una disputa entre dos grupos de mineros artesanales de oro del distrito de Atico en la provincia de Caravelí (Arequipa), según ha informado hoy la Fiscalía.

Según la Fiscalía, otros ocho cuerpos con heridas de bala fueron hallados entre las quebradas del centro minero del distrito de Atico, luego que la semana pasada los policías encontraron siete cadáveres en el mismo sector. El ente investigador no descarta el hallazgo de más muertos, ya que un número indetereminado de personas permanecen desaparecidas.

El motivo de la disputa sería el afán por controlar el territorio donde se encuentran las empresas Atico Calpa y Calpa Renace, en una zona que ha despertado una verdadera “fiebre del oro”.

El obispo señala que hay una empresa minera Intigol que dejó de trabajar allí, aunque sigue en posesión de derechos mineros, “pero no se pone de acuerdo con los mineros informales posesionarios actuales, asociados en varias asociaciones, enfrentados entre sí: principalmente tenemos a la Asociación Atico Calpa y a Calpa Renace, donde trabajan gente de Caravelí. Esta mina está en el desierto entre Atico y Caravelí a unos 40km de distancia de cada uno”.

El obispo también relata que anteriormente hubo un muerto de bala el 2017, otro el 3 de diciembre el 2020 y ahora el 2 de junio.

“Llamo la atención a los pobladores: La vida vale más que la plata y el oro. No podemos seguir matándonos entre hermanos. Debemos encontrar maneras de dialogo, de negociación, con métodos pacíficos para encontrar soluciones justas para todos”, señaló en su testimonio en sus redes sociales publicado el 3 de junio. También agregó que el Estado, la Policía, la Fiscalía y el gobierno regional deben hacer prevalecer la ley para la protección de las personas.
«Debemos encontrar soluciones justas, para que la gente pueda trabajar en paz», finalizó.

 

 

La comunidad campesina de Huancuire ha advertido hoy sobre las declaraciones de un posible desalojo de sus integrantes del área circundante al tajo Chalcobamba en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, que ha hecho esta mañana el general de la PNP y jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa. Además la comunidad ha alertado sobre expresiones del oficial entrevistado por un canal de Televisión, que consideran amenazas directas contra sus asesores legales.

En un comunicado público dirigido al ministro del Interior Dimitri Semanche, el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa solicita al gobierno que aclare las palabras del jefe policial, ya que los dirigentes y el gobierno mantienen conversaciones para reanudar un espacio de diálogo, que permita destrabar la situación en la que se encuentra el conflicto en torno a la minera Las Bambas, que mantiene sus operaciones suspendidas hace casi dos meses.

Señales de distensión y acercamiento que inclusive han provenido de parte de la iglesia, ya que ayer la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer la petición que le hizo llegar el presidente Pedro Castillo en orden de asumir un rol mediador en la disputa que Huancuire, Fuerabamba y otras cuatro comunidades aledañas mantienen con una de las principales productoras de cobre del mundo. Inclusive el Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel Ministerial que llegaría hoy martes al distrito de Challhuahuacho, región Apurímac.

En dicho escenario, las palabras del jefe policial son consideradas contrarias a estas conversaciones que las autoridades comunales han mantenido al más alto nivel en Lima y que incluyó una reunión con el propio mandatario Castillo.

Respecto del desalojo el general Roger Pérez expresó que “estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada” y añadió que “primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos».

En otro momento se refirió a los asesores legales, que por lo demás son personas que desarrollan su trabajo públicamente y han estado presentes en las instancias de diálogo con el gobierno e informó que la Policía ha detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y los azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. Literalmente sus palabras fueron: 

«Ellos pagan a un grupo de asesores que están detrás de ellos, azuzando”. Personas que según el uniformado tendrían principalmente motivaciones económicas. “El fiscal del distrito judicial de Challhuahuacho ya tiene conocimiento, estamos haciendo un trabajo muy profesional y proceder próximamente a su detención”, advirtió.

En respuesta a estas declaraciones vertidas en un programa del canal  RPP, la comunidad de Huancuire ha aclarado que “debemos dejar en claro que la medida de protesta adoptada por nuestra comunidad fue decidida en pleno uso de nuestra autonomía comunal, por afectarse negativamente nuestros derechos colectivos, siendo nuestro asesor un profesional del derecho que únicamente nos acompaña a fin de interponer absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos de intereses”.

Finalmente los representantes de Huancuire han expresado que confían en la honesta voluntad por parte del poder ejecutivo para concertar mediante el diálogo y resolver esta problemática. Por eso consideran las declaraciones de la autoridad policial un caso aislado, aún cuando interpelan al titular del Interior Semanche a que aclare sobre la línea de mando de la política ministerial.

 

Hace 20 años, el 2 de junio de 2002, se realizó una histórica consulta ciudadana en el distrito de Tambogrande perteneciente a la región Piura. La pregunta que respondieron los tambograndinos, fue: ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?. La respuesta del 95.24 % de participantes fue: NO.  27,015 personas dijeron no a la minería de un total de 35 mil personas hábiles para votar. La consulta ciudadana contó con la participación de observadores internacionales, quienes garantizaron la transparencia del profundo acto democrático que se vivió en esa oportunidad como parte de un proceso de lucha para que se haga respetar la voluntad del pueblo.

En 1999, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori había otorgado a la canadiense Manhattan Minerals Corp. la exploración de los yacimientos mineros ubicados en Tambogrande. La dictadura fujimorista ya había impulsado a inicios de los 90s las reformas neoliberales en la economía y el sector minero para facilitar la inversión privada transnacional y expansión minera en todo el país. El proyecto minero Tambogrande de la empresa canadiense, era uno de los varios proyectos dentro de la estrategia de expansión minera en el país.

En ese sentido, la experiencia del pueblo de Tambogrande y su Municipalidad, impulsores de la consulta ciudadana, fue vital porque abrió el camino para que años después otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares, frente a las reformas que se habían dado en el sector minero y el cambio de Constitución de 1993, que no permitían a los pueblos decidir sobre el futuro de su territorio, sino solo enterarse que sus territorios habían sido concesionados a las empresas mineras y extractivas por ser de “interés nacional”. El único mecanismo de participación ciudadana en el sector minero que tenían y tienen hasta ahora los ciudadanos de acuerdo a la ley de minería, es el de participar dando sus recomendaciones para las correcciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la fase de explotación. Nada más.

Para que la consulta ciudadana sea una realidad, la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal el 26 de octubre del 2001 creando un mecanismo de participación ciudadana para recoger la postura de los tambograndinos respecto a asuntos de interés público sobre el desarrollo local. Esta propuesta fue construida por especialistas y abogados de instituciones de la sociedad civil, quienes luego impulsaron la Red Muqui, junto al alcalde de Tambogrande: Alfredo Rengifo.

De esta manera se llevó a cabo la primera consulta vecinal en América Latina para que el pueblo decida si aprueba o no, el desarrollo de un proyecto minero en su territorio.

En ese entonces, ante la confluencia de actores religiosos, sociales, técnicos especialistas, y representantes políticos, se alertó el peligro que traería el proyecto minero en el territorio de Tambogrande. El desarrollo del proyecto implicaba el desplazamiento de la ciudad de Tambogrande, porque el proyecto se iba a ubicar en el centro de la ciudad; la alteración y contaminación del cauce del río Piura; y la afectación y contaminación del valle de San Lorenzo, un valle productor de mangos, limones y arroz, desde la década del 50 en el siglo pasado.

El tambograndino y biólogo Fidel Torres lo recuerda así: “El pueblo participaba en todas las instancias: en las capacitaciones, asambleas, tareas etc. Un pueblo muy organizado, consciente y unido que no permitió el ingreso de la minería”.

La ingeniera agrónoma Marlene Castillo, miembro en ese entonces del colectivo Piura, Vida, Agro, recuerda el liderazgo regional agrario y agroecológico de Godofredo García Baca en las asambleas en el Valle San Lorenzo, en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande, en las Asamblea en Chulucanas y en la lucha puerta por puerta en Tambogrande sobre los riesgos previos a la consulta popular con un trabajo de 200 promotores/as formados por una delegación de especialistas.

Uno de los hitos claves en la unidad y lucha del pueblo de Tambogrande antes de la consulta popular fue el paro total del 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una muestra contundente del rechazo de la población al desarrollo del proyecto minero.

Lamentablemente, un mes después, el 30 de marzo del 2001, asesinaron a uno de los principales líderes de la lucha de Tambogrande, al ingeniero agrónomo Godofredo García. Un encapuchado lo mató cerca de sus campos, cuando estaba viajando en su auto acompañado de su hijo. Este lamentable hecho no se esclareció, pero resultó evidente que el asesinato fue por motivos políticos, por el peligro que representaba Godofredo para el desarrollo de las actividades mineras en la zona.

Otro hecho importante, que recuerda la abogada Ana Leyva, fue cuando la empresa minera Manhattan presentó el diagnóstico de la línea de base y la población realizó varias preguntas que la empresa no supo responder. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la velocidad y dirección de los vientos?. ¿Qué iba a pasar con el agua en una zona donde la comunidad tenía problemas con los recursos hídricos?.

La presentación de la línea base del proyecto es diferente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que nunca se llegó a presentar públicamente en las audiencias que programaron en Tambogrande, la ciudad de Piura y Lima, porque la gente se movilizó y lo impidió. 15 mil piuranos se movilizaron al auditorio de la Universidad Nacional de Piura donde se iba a realizar la la audiencia pública para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, debido a que no se había podido desarrollar en Tambogrande. Lo mismo pasó en Lima, donde más de 50 personas se movilizaron al Colegio de Ingenieros donde la empresa pretendía realizar la misma audiencia.

El ejemplo de Tambogrande para otras consultas populares

La consulta popular en Tambogrande impactó en las provincias de Ayabaca y Huancabamba también de la región Piura. El 16 de septiembre del 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) también se realizó una consulta popular a través de las tres municipalidades distritales para que el pueblo decida sobre el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Para el especialista ambiental y en minería, Juan Aste, quien fue parte del equipo técnico de respaldo a los dirigentes sociales de Tambogrande, la consulta popular con el pueblo movilizado fue el referente y lo tomaron como ejemplo en diferentes territorios del país.

La tercera consulta en nuestro país, se desarrolló en la provincia de Candarave de la región Tacna. La municipalidad provincial consultó el 17 de febrero del 2008 a la población si estaba de acuerdo con el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia; y si aceptaba la extracción de agua para la minería. El pueblo votó por el NO en más del 90%. En la provincia no hay actividad minera, pero la empresa minera Southern Copper extrae agua de los lagos y agua subterránea para el funcionamiento de sus minas en Toquepala y Cuajone.

La cuarta consulta se dio en Tarata, también provincia de Tacna, el 20 de abril del 2008, con la finalidad que el pueblo decida respecto a la orientación económica productiva de la provincia: actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo) o actividades extractivas (minería). El 90% de los participantes eligió la primera opción.

La quinta consulta popular se dio en el valle de Tambo de la región Arequipa, el 27 de septiembre del 2009, donde la población decidió decirle NO al proyecto minero Tía María y la Tapada de la empresa minera Southern Coorporation.

Finalmente, la última consulta popular se realizó en la comunidad quechua de Kañaris el 2012, donde la comunidad rechazó al proyecto minero Kañariaco.

El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana en general tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 31 de la Constitución, en el que sostiene que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en forma individual y colectiva en todos los asuntos públicos y de interés nacional, en espacios políticos, económicos y sociales en general. Al mismo tiempo, en temas específicos en materia ambiental, en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, también se establece que como ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos  en materia ambiental. Y si interpretamos este derecho en conjunto con la ley general del medio ambiente, se establece que tenemos el derecho de participar y contribuir en la gestión y preservación del medio ambiente.

En una interpretación sistemática podemos concluir que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental sea de forma directa o indirecta para preservar el bienestar y el ecosistema para un ambiente sano y adecuado. La forma como se puede generar esa participación ciudadana puede ser a través de diferentes mecanismos y una de estas es la consulta popular, vecinal y/o ciudadana. Para los pueblos indígenas existe el mecanismo específico que es la consulta previa, pero para las personas no indígenas existe el derecho a la participación ciudadana.

La participación ciudadana en el sector minero se concreta, en algunos casos, solo en el momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero es fundamental que las consultas populares desarrolladas por los municipios como un mecanismo de participación política local, tengan carácter vinculante en los procedimientos mineros y para el Ministerio de Energía y Minas.

Para lograr este reconocimiento se debe de modificar la ley de participación ciudadana en materia extractiva y minera, y se deben generar espacios reales de participación para los ciudadanos.

La sociedad civil organizada recuerda hoy la masacre de Bagua, sucedida el 05 de junio del 2009, cuando los pueblos indígenas protestaban contra el gobierno por la aprobación de decretos legislativos que vulneraban diversos derechos colectivos de las comunidades amazónicas. En ese sentido, hacemos nuevamente memoria de esta fecha y recordamos al Estado peruano de la agenda de derechos pendiente que tiene con los pueblos indígenas:

  1. Por un lado, el Estado peruano debe mejorar su sistema de protección a los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos. Así mismo, reclamamos justicia para las víctimas y reparación para sus familias y demandamos mayor eficiencia sobre los mecanismos de protección de víctimas y testigos de la fiscalía para la atención de los y las defensoras indígenas de derechos humanos.
  2. Frente a los constantes derrames de petróleo en la Amazonía y la costa, el Estado peruano debe hacer efectivas acciones de remediación ambiental y reparación a las víctimas de estos crímenes ambientales, pero, además, de sanción a los responsables con la debida implementación de medidas de prevención.
  3. El Estado peruano debe avanzar con la actualización de la Base de datos de comunidades indígenas, incluyendo información socioeconómica, de salud y educación que permita que el Estado y la ciudadanía pueda tomar mejores decisiones respecto a políticas y planes de acción multisectorial para atender a esta población.
  4. Exigimos que el Estado peruano avance con los procesos estancados de titulación y reconocimiento integral de los territorios indígenas, desarrollando una efectiva fiscalización y mayor inversión en recursos para estos fines.
  5. Demandamos que los procesos de Consulta Previa sean realmente previos, libres e informados, garantizando las mejores condiciones para el pleno ejercicio de este derecho con transparencia y sin restricciones.
  6. Que la información de los avances de los grupos de trabajo y mesas técnicas con las poblaciones indígenas desarrollen información pública con informes de avances en base a indicadores medibles y verificables para dar seguimiento efectivo a los acuerdos logrados.
  7. Es necesario garantizar políticas de atención a la mujer indígena, juventud y niñez, con el acceso adecuado a la información específica y el presupuesto que disminuya las brechas existentes.
  8. Exigimos mayor atención al cumplimiento de la Ley N°. 28736 para la protección de los Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI)
  9. Sobre la Trata de Personas y Trabajo forzoso, sobre todo en la Amazonia, afectando a mujeres y jóvenes indígenas, exigimos mayores mecanismos de protección y prevención.
  10. Finalmente, es necesario una mayor atención a los programas de Educación Intercultural Bilingüe y Salud Intercultural, para la formación de profesionales en educación y salud que sean de las propias comunidades y con las competencias, número y equipamiento necesario para la atención básica de estos derechos.

    Amazonia, Ande y Costa peruana, 05 de junio del 2022.

    Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

El día 03 de junio miembros de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas se presentaron ante la Comisión Multipartidaria Investigadora (CMI) de la atención de los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio, y demás metales tóxicos en la sangre, en las zonas mineras de Pasco, en el Congreso de la República. En esta reunión se habló sobre la realidad de las más de 10 millones de personas afectadas por metales tóxicos en el Perú y sobre ello, plantear ciertas demandas y recomendaciones.   

En este encuentro, la plataforma sostuvo a la comisión que, desde el mes de diciembre del 2021, fecha que sé promulgó el Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM que aprueba el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), no ha habido avances de su implementación. Por tal motivo, instaron a la comisión la presencia del Ministerio del Ambiente y de la Presidencia del Consejo de Ministros para que rindan cuentas sobre la implementación urgente del PEM. 

Sumado a lo anterior, solicitaron que se amplíe el ámbito de investigación de la Comisión Multipartidaria investigadora (CMI) para que abarque la contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas producidas por actividades de hidrocarburos y zonas expuestas por estas sustancias. 

Por otro lado, recomendaron que las sesiones y/o reuniones de la comisión se den de manera descentralizadas en las distintas regiones que integran la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales tóxicos y otras regiones expuestas: Huancavelica, Callao, Loreto, Cajamarca, Junín, Puno, Cusco, Ancash, La Libertad, Moquegua, Amazonas, Tumbes, Lambayeque, Ica, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Apurímac, Huánuco, Ucayali, San Martín y Madre de Dios. Y con ello, pidieron que se incorpore a los representantes de la Plataforma Nacional y a la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental como participantes de las sesiones y reuniones de trabajo de la CMI. 

Nota elaborada por Red Uniendo Manos

Declaración de Chaparrí

Por el respeto a las personas defensoras de derechos humanos

Nosotros los defensores y las defensoras de derechos humanos y ambientales del norte del país, reunidos en la Reserva Ecológica de Chaparrí de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape en la región de Lambayeque, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

Somos pescadores/as, comuneros/as, campesinos/as, ambientalistas, activistas y ciudadanos/as de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash que vivimos y protegemos una de las zonas de mayor biodiversidad y que al mismo tiempo presenta algunos de los ecosistemas más frágiles en el Perú, en un contexto en que Naciones Unidas anuncia que la humanidad se encuentra en código rojo por el cambio climático. 

Denunciamos que, debido a nuestro compromiso con la defensa del ambiente, la cultura, la salud, el trabajo y el agua de nuestros pueblos y territorios, venimos siendo acosados/as, criminalizados/as, hostigados/as e inclusive privados/as de nuestra libertad. Acciones que forman parte de una estrategia sistemática para desalentar nuestra labor e imponer las actividades extractivas, que priorizan el lucro, mercantilizando la naturaleza y trastocando nuestra identidad y formas de vida en el norte del Perú.

Se trata de una imposición ilegal, abusiva y arbitraria, que recurre incluso el uso de la fuerza pública a través de las instituciones que deberían garantizar nuestro acceso a la justicia y la salvaguarda de nuestros derechos. Entre ellos el Ministerio del Interior, Ministerio Público y el Poder Judicial,  así como otras instituciones del Estado como el SERFOR, SERNANP, SUNARP, SUNAT, etc.

Denunciamos asimismo fenómenos como la criminalidad organizada y el sicariato que a través de la amenaza y el asesinato de las y los defensores pretenden demoler y destruir toda forma de resistencia u oposición que ejercemos como defensores ante la inacción, complacencia y posible complicidad de funcionarios del Estado.

La expresión de la violencia en nuestro territorio y ambiente contra las y los defensores de derechos humanos y ambientales,  es más evidente en el caso de concesiones y operaciones de actividades extractivas. Que incluyen la extracción de minerales e hidrocarburos, la imposición de proyectos gasíferos e hidráulicos, la ampliación ilegal de la frontera agrícola, la amenaza de invasores a zonas protegidas por el Estado. También se expresan en la vulneración de derechos laborales, la desatención de pasivos ambientales mineros, pesqueros y petroleros, las restricciónes del derecho de la protesta y a la libre determinación.

Esta violencia en escalada contra nosotros y nosotras ha llegado incluso a arrebatar la vida de Napoleón Tarrillo Astonitas en Chaparrí (2017), héroe defensor de los bosques de Chaparrí y otros como Felicita Cherre Garrido, Yrineo Martínez Purihuman y José Jesús Guerrero Becerra asesinados por la defensa de sus territorios en la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas (2016), a los que se suman las muertes de Jorge Muñoz Saavedra defensor de los bosques y el patrimonio cultural de Batangrande (2020), los de Antonio Sánchez Huamán, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y el menor de edad César Merino Aguilar en Cajamarca por el conflicto minero Conga,  entre otros  defensores/as asesinado/as por la defensa del ambiente y la vida que también esperan justicia.

 

Por lo tanto:

Demandamos al Estado peruano: 

El cumplimiento de su rol, de garante del respeto y la salvaguarda de nuestros derechos humanos y ambientales, nuestra seguridad y destierre la política de criminalización de la protesta social y otras formas de violencia, que impiden ejercer nuestro derecho a la defensa de derechos.

Derogar los dispositivos legales que habilitan que la Policía Nacional del Perú sea contratada al servicio de empresas privadas. 

Que se prohíban las declaratorias de estados de emergencia, cuyo propósito es impedir el derecho a la protesta y el derecho a la reunión y organización de las y los defensores de derechos humanos y ambientales. 

Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la mejora del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que incorpore a otros sectores como el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas. Así también es necesario que se asignen presupuestos suficientes para garantizar las medidas de protección para las y los defensores y una estrategia descentralizada que vincule a los gobiernos regionales y locales.  

Requerimos que las empresas privadas y el Estado peruano respeten, protejan y valoren las economías locales y formas de producción comunitarias valiosas e importantes que recogen miles de años de experiencia de convivencia armónica y equilibrada con el ambiente y territorio.

Exigimos el cese inmediato del hostigamiento, la estigmatización y el uso de la violencia en cualquiera de sus formas que pone en riesgo la integridad física, psicológica y seguridad de las y los defensores y organizaciones que asumen la defensa de los derechos humanos y ambientales. Así también que se repare de forma integral a las y los defensores criminalizados/as y perseguidos injustamente y que el Estado desarrolle un programa de defensa legal especializada para las y los defensores criminalizados/as. 

Que el gobierno de Pedro Castillo, elegido democráticamente y por mandato popular cumpla con respetar, proteger y valorar las economías locales y formas de producción comunitarias que recogen miles de años de experiencia de convivencia armónica y equilibrada con el ambiente y territorio. Economías que venimos defendiendo y que el Estado sacrifica en nombre de la promoción de un modelo económico neoliberal y extractivista, por lo cual declaramos la necesidad imperante de cambiar la Constitución Política. 

Los (as) abajo firmantes declaramos nuestra voluntad de articularnos en una red de defensores y defensoras de la macro Norte, con la iniciativa de la campaña nacional de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales que haga viable el ejercicio pleno de nuestro derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano y equilibrado.

Chaparrí, 20 de mayo del 2022.

 

Frente de Defensa Salvemos Chaparrí

Organizaciones Puerto Huarmey

Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape

CVA Campo Alegre

Frente de Defensa de cuenca Río Cajamarquino

FEPUN Norte

Defensores y Defensoras de Choropampa – Cajamarca

CVA de Huancabamba 

CECOBOSQUE Sechura

Defensores y Defensoras de Jaén – Cajamarca