Uso desmedido de la prisión preventiva como castigo social a manifestantes

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Por Mayra Zambrano Huarcaya

 

Las protestas sociales han sido una muestra evidente del descontento e indignación por la toma de poder de Dina Boluarte, quien desde el 7 de diciembre de 2022 ha intentado controlar la situación de crisis sistemática a través de decretos supremos que “justifican” estados de emergencia[1] y militarización en muchas zonas del país, mayoritariamente en el sur andino. Es así que, los manifestantes han salido a las calles para ejercer su legítimo derecho a la protesta social exigiendo un nuevo orden democrático; sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a la población y respondió usando excesiva, letal y criminalmente la fuerza a través de la policía y el ejército. Tomando como triste desenlace la muerte de 59 personas[2] y miles de heridos, quienes aún están a la espera de adecuadas medidas de reparación y justicia; así también hubo múltiples arbitrariedades e irregularidades en las detenciones policiales, siendo una constante la discriminación, estigmatización, criminalización y sobre todo, los múltiples requerimientos de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.

 

Es importante recordar que la prisión preventiva[3] es una medida cautelar, personal, no punitiva y excepcional que se utiliza para privar de la libertad a una persona que pueda escapar u obstaculizar el proceso penal en curso. Actualmente esta herramienta legal está siendo sobreutilizada para mandar a la cárcel a personas que no cuenten con arraigo laboral, domiciliario y/o familiar, sin tomar en cuenta las circunstancias económicas y origen étnico de los procesados, tornándose en un instrumento represivo, racista y discriminatorio.

 

Los principales afectados son las personas en condición de pobreza que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática[4] representan las personas de la sierra rural con un 44.3% a nivel nacional. Además, las mismas estadísticas reflejaron que el 44,5% de ese sector participó en el mercado laboral como trabajadores independientes, el 33,2% como obreros y empleados, el 19,4% como trabajadores familiares no remunerados, el 1,5% trabajadores del hogar y solo el 1.3% como empleadores. Asimismo, de acuerdo con datos cuantitativos – actualizados hasta noviembre de 2022 – del Sistema de Información de Estadísticas Penitenciarias[5], se contabilizaron 90 214 internos, de los cuales 34 198 representaban a los procesados sin sentencia firme, es decir el 37.9% del total cuenta con prisión preventiva, resultando en una mayor hacinación poblacional de 49 196 personas de exceso en establecimientos penitenciarios (más del 200%). Es decir, los manifestantes del sur que han sido detenidos en el marco de las protestas que no cuenten con una residencia permanente o vivan en comunidades indígenas alejadas o no tengan un trabajo dependiente, pueden llegar a ser víctimas de la arbitrariedad de la aplicación de este instrumento legal, generando como fatal consecuencia la vulneración a los principios de  proporcionalidad, presunción de inocencia y libertad personal.

 

Por otro lado, otra preocupación de la aplicación de la prisión preventiva se centra en la posible presión de los medios de comunicación y la sociedad hacia los jueces y juezas, ya que la prensa puede llegar a escribir titulares alarmistas, tal como: “Juez deja libre a terrorista”. Esa afirmación repercute en la opinión pública y se cuestiona la integridad de los jueces por no “condenar” a los imputados; es así que, faltaría que la prensa especifique que se trata solo de una etapa del proceso y no de una liberación definitiva porque podría ocasionar confusión en la población.  Un ejemplo claro de la presión por los medios de prensa, de la sociedad y hasta de la misma Oficina de Control de la Magistratura-OCMA, es el del Juez Mollinedo. En el contexto del Baguazo, la Sala que presidía Mollinedo revisó la apelación de primera instancia que dictaminó prisión preventiva en contra de 4 pobladores indígenas awajún procesados por el presunto asesinato de 12 policías en la base de PetroPerú. De modo que, él revocó la medida y en su lugar aplicó la comparecencia con restricciones, teniendo en cuenta una interpretación jurídica intercultural, pero días después, el diario Correo publicó en su portada el titular: “¡Masacre impune! No hay ningún detenido por la cruel tortura y cobarde asesinato de 12 policías en base de Petroperú a manos de nativos. El juez Hugo Mollinedo increíblemente liberó a 4 sospechosos”. La gente empezó a dudar de la ética jurídica del juez y poco tiempo después, la OCMA inició un proceso  disciplinario en contra de Mollinedo por haber variado la medida de prisión preventiva por comparecencia restrictiva.[6]

 

Una noticia reciente que resaltó en las redes sociales es la de Richard Camala (22), Ferdinan Huacanqui (33), Redy Huamán y Joel Hivallanca (20), jóvenes de la comunidad originaria de Cuyo Grande que asistieron a la manifestación el 31 de enero en Pisaq y fueron detenidos arbitrariamente por la Policía; posteriormente, procesados por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Vacaciones de Cusco que pese a los argumentos de la defensa técnica sobre el arraigo de los jóvenes como parte del padrón de la comunidad campesina y no contar con ningún antecedente penal, confirmó una medida desproporcionada de 9 meses de prisión preventiva y actualmente ellos se encuentran injustamente en el Penal de Quencoro.

 

En conclusión, a través de las resoluciones de prisión preventiva se estaría normalizando la discriminación por nivel socioeconómico y origen étnico, colocando a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad derivándose en un exponencial hacinamiento en las cárceles a nivel nacional por la sobrepoblación de los procesados sin sentencia firme.  Por otra parte, es crucial resaltar la necesaria imparcialidad de los jueces y juezas para que se realice un correcto proceso legal porque encerrar en prisión a una persona inocente y privarle de su proyecto de vida no es un juego, tiene efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables para el procesado; de esta manera, los jueces deberán evitar influencias externas, aplicar medidas coercitivas alternativas  y tener un debido enfoque intercultural y de derechos humanos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

 

[1] Decreto Supremo Nº 139-2022-PCM, Decreto Supremo N° 143-2022-PCM , Decreto Supremo N°009-2023-PCM y Decreto Supremo N° 018-2023-PCM.

[2] Lista de víctimas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ver en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FPGkzmWrXiX9ZYijdk71vJCKJFLtme3fwSJgqOdBUM/edit#gid=0

[3] Determinada en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

[4] Evolución de la Pobreza Monetaria 2010-2021. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2021/Pobreza2021.pdf

[5] Reporte de Población Penal Intramuros por Situación Jurídica y Reporte de Situación Actual de la Capacidad de Albergue y Sobrepoblación. Ver en:https://siep.inpe.gob.pe/form/reporte

[6] La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada? Instituto de Defensa Legal. pp 103-105. Disponible en: https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20131108_01.pdf

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Criminalizan y acosan a dirigentes aymaras y delegaciones que viajan a Lima

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Las delegaciones de diversos distritos aymaras que se encuentran viajando desde Puno a Lima en el marco de las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, vienen siendo criminalizadas y hostigadas por la policía, quienes les vienen haciendo el control de identidad y revisando sus pertenencias más de 12 veces en lo que va el recorrido.

Cuando los ciudadanos aymaras reclaman por estas intervenciones continuas, la policía les señala que está prohibido el pase de “grupos” y los amenaza señalando que tienen orden de detener a los protestantes. Cuatro buses están en camino a Lima y estos días partirán más buses desde Puno. Un ciudadano aymara relató a la red portal de Juliaca que primero los forman, los hacen esperar un largo rato, revisan sus cosas, no encuentran nada malo y luego vuelven a revisar. La policía nos grita diciendo: “no deben llevar hondas, huaracas, ni whipalas’.

Como se recuerda, el 9 de enero se realizó la masacre de Juliaca, en que 21 personas fueron asesinadas, algunas de ellas no estaban protestando y fue asesinada una menor de edad.

El lunes, 30 personas de Madre de Dios fueron retenidas 4 horas en la comisaría de Abancay, Apurímac, cuando estaban dirigiéndose hacia Lima. Esa delegación ya se encuentra en Lima.

Orden policial

El 22 de febrero se emitió un documento de la División de Seguridad de Penales de la PNP (DIVSEPEN) que criminaliza a los dirigentes y organizaciones sociales de los distritos de Puno: Pomapata, Yunguta, Sepita, por tomar la decisión de protestar en Lima, señalando que “muy probablemente se reúnan con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”.

En el comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la DIVSEPEN, se indica al dirigente Edgar Chura Mamani del Frente de Defensa del Sur y Recursos Naturales de Puno, por supuestamente haber encabezado la reunión en que las organizaciones de los distritos señalados tomaron la decisión de viajar a Lima para continuar con las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que les devuelva el poder sobre los recursos naturales que están en sus territorios, como el litio.

Al dirigente mencionado, se suman el informe de la Dirección de Inteligencia de la PNP que se hizo público a inicios de enero, en que se señalan como supuestos organizadores violentistas a los dirigentes Lucio Ccallo Ccallata de Ilave, así como a Reynaldo Villahermosa, secretario general del SUTE de la provincia de Puno; a Félix Suasaca del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata;Amador Núñez, Orlando Sanga, Alex Pilco y Marcela Gonzales.

El documento policial en mención cierra con la siguiente orden: “Los jefes de los departamentos de la DIVSEPEN PNP (División de Seguridad de Penales), teniendo presenta la información precedente adoptarán las acciones y las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia, a efectos de hacer de conocimiento a la totalidad del personal bajo su mando para que extremen las medidas de seguridad durante el desplazamiento en zonas de conflicto”.

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, estos son actos de criminalización de la protesta, debido a que se sindica a dirigentes y organizaciones como si fueran criminales, amenazándolos para que no puedan ejercer su libre derecho a la protesta como manda la Constitución.

El abogado de Puno, César Quispe, agrega que la actual acción policial de intervenir a las delegaciones que se encuentran viajando es una grave violación a derechos humanos, a la libertad de tránsito y el derecho a la paz, como está establecido en la Constitución. Precisa que esto ocurrió también la primera vez que viajaron delegaciones de Puno a Lima durante el mes de enero.

 

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Familiares de 21 víctimas de la masacre en Juliaca denuncian que investigaciones están paralizadas

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Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves 23 de febrero, la reciente conformada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, realizó una conferencia de prensa en que narraron los hechos de violencia que vivieron ese trágico día, y que hasta ahora la prensa nacional no ha dado a conocer.

Además, en palabras de uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz, denunciaron que las investigaciones en Puno están paralizadas: «Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados».

El otro abogado César Quispe, señaló que han requerido a la Fiscalía la apertura de la investigación a los jefes de los operativos y, principalmente, contra el oficial Juan Manuel Herrera, que debe responder “por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero en la ciudad de Juliaca”. Los 3 abogados a cargo de la defensa legal de las víctimas, exigen la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región, debido a que las investigaciones están en una Fiscalía común sin especialistas a cargo.

En el turno de los familiares de las víctimas, el hermano del médico asesinado, Raúl Samillán, señaló entre lágrimas que su hermano acudió al llamado de auxilio de los brigadistas porque había bastantes manifestantes heridos y porque los brigadistas también estaban siendo reprimidos. “Acudí al hospital y los dos pisos estaban llenos de heridos y sangre en el piso, era doloroso. Eso no ha salido en la prensa (..). Tal vez nunca se me borre de mi memoria la imagen de los muertos en el hospital», señaló el familiar.

Por otro lado, Julia Paccsi, herida con un perdigón en el cuello, señaló: «salí a ayudar a la gente con un balde de agua y vi que los helicópteros estaban disparando, casi encima de la gente, y me pegué a la pared para protegerme y en eso sentí que algo me impactó cerca al cuello. La gente me dijo que estaba sangrando. Quise ir al hospital inmediatamente, pero la gente señaló que la policía estaba deteniendo a las personas que llegaban al hospital”.

Agregó que se fue caminando buscando un centro de salud y llegó a una clínica y como no tenía dinero no la quisieron atender. Recién al día siguiente fue al hospital, pero le señalaron que no tenían especialistas en tratamiento de cuellos y cabeza. Julia precisó que nunca la trasladaron a Arequipa, como decían algunos doctores de Juliaca, y viajó a Lima para conseguir una mejor atención a sus dolencias.

Por su parte, el padre de la menor de 17 años que murió producto de la represión policial por un proyectil de arma de fuego, sin ser parte de la protesta, señaló que su hija quería ser psicóloga y le arrebataron ese sueño. “Lucharé hasta alcanzar justicia”.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre la reparación económica de 50 mil soles ofrecida por el gobierno a los deudos de las víctimas; Raúl Samillán, señaló que ningún monto de dinero les va a devolver la vida de sus familiares.

Ante otra pregunta de la prensa, sobre la propuesta de amnistía para policías y militares, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que es una medida desesperada de algunos congresistas para generar impunidad, “pero no hay amnistías para violaciones de derechos humanos y tarde o temprano la justicia prevalecerá”.

Foto de los 3 abogados de las víctimas del 9 de enero en Juliaca

 

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Puno: Entre la movilización y las demandas históricas no atendidas

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Elaborado por: Bladimir Martínez – Ing. Ambiental de la Red Muqui

Epicentro de las protestas en contra del gobierno de Boluarte:

Actualmente, el departamento de Puno continúa siendo epicentro de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, luego de que 17 civiles fueran asesinados con disparos en la espalda y la cabeza el pasado 9 de enero[1] en Juliaca, provincia de San Román, y otras tres personas, que fueron heridas producto de la brutal represión policial, fallecieran en los días siguientes[2], haciendo un total de 20 fallecidos solo en Juliaca.

Sumado a esto, en la provincia de Carabaya, dos personas fueron asesinadas por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), un caso que  involucra nuevamente a la policía[3][4], y en la provincia de El Collao, una persona falleció también por PAF[5], lo que eleva el total de personas fallecidas a 23 en el departamento de Puno; mientras cientos de heridos vienen recuperándose en los diferentes hospitales en la región y otras decenas de personas, que han preferido el anonimato, han reportado haber sido heridas en el transcurso de las protestas. Han preferido mantener en secreto sus identidades y optado por resguardarse en sus viviendas, algunos a pesar de cargar con perdigones en sus cuerpos, por temor a las fuerzas de seguridad que habrían estado merodeando los centros de salud, en actitud percibida como amenaza e intimidación.

Los hechos suscitados desencadenaron que el ambiente en las manifestaciones se tense aún más, y que el pueblo haya decidido convocar marchas de manera permanente. Lo que llevó a que delegaciones de miles de puneños viajaran hasta Lima por casi dos meses para participar de las manifestaciones en la capital y buscar visibilizar sus demandas. A pesar de que las delegaciones han regresado a Puno, manifestaron su intención de continuar con las movilizaciones y planificar su próximo retorno a Lima.

 

Respuesta del gobierno

Tal como señala el informe de Amnistía Internacional, el gobierno de Dina Boluarte estigmatizó a la población movilizada, tildándolos de terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, etc., intentando con ello deslegitimar sus demandas y justificar la sistemática violación de derechos humanos[6]. Este gobierno no comprende la grave crisis histórica de problemas irresueltos, discriminación, racismo y exclusión que aqueja al departamento de Puno desde hace décadas, e inclusive siglos. En cambio, el ejecutivo decreta estados de emergencia[7] para socavar el ánimo de resistencia de la población, siendo Puno la única región que quedó bajo control militar[8].

Además, como lo señaló recientemente el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo después de una visita a diferentes partes del país: “El gobierno de Perú debe abordar el problema del envenenamiento de las aguas con vertidos tóxicos y metales pesados, que quiebra la salud y el derecho al agua potable de 10 millones de peruanos y compromete la salud de las generaciones futuras”[9].

 

Pasivos Ambientales Mineros sin responsables identificados

El departamento de Puno carga con un pasado minero irresuelto y ocupa el tercer lugar en cantidad de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) hasta el 2022.

 

N° Departamento Cantidad de PAM – 2020[1] Cantidad de PAM – 2021[2] Cantidad de PAM – 2022[3]
1 Ancash 1,235 1,221 1,161
2 Cajamarca 1,156 1,156 917
3 Puno 921 916 774

Fuente: Red Muqui a partir de los inventarios nacionales de PAM del MINEM – 2022

Dicha problemática es acompañada por la imposibilidad del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) de identificar a quienes han generado y quienes son responsables de cada PAM tal como se observa en el siguiente cuadro correspondiente a los pasivos registrados durante el 2022. Si bien el número parecería disminuir, aún existen PAM que no fueron inventariados y muchos no cuentan con responsable ni generador identificados, tal como se observa en el siguiente cuadro:

N° Departamento Generador identificado Generador no identificado Cantidad de PAM 2022[1] Responsable identificado Responsable no identificado
1 Ancash 130 1,031 1,161 194 967
2 Cajamarca 174 763 917 712 205
3 Puno 72 702 774 300 479

Fuente: Red Muqui a partir de los inventarios nacionales de PAM del MINEM – 2022

Es pertinente señalar que cuando no se logra identificar quién ocasionó ni quién es responsable de esta fuente de contaminación, y su nivel de riesgo es elevado, el Estado peruano cubre los costos de su remediación[1].

 

Personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas sin tratamiento

Puno ocupa el octavo lugar en población expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas según el MINSA, con un total de 716,246 (58% de la población total)[2] personas expuestas a estas sustancias a diario. Esta cifra incluye niños y niñas tal cual detalla el informe periodístico de Ojo Público, “los niños de los ríos de colores”[3].

 

 

Asimismo, el esfuerzo colectivo de la sociedad civil y el Estado para construir y aprobar el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaoides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas[1] se encuentra estancado, y no ha logrado avances significativos a un año y dos meses desde su aprobación. Por lo que quedan desatendidas millones de personas expuestas a estas sustancias en su vida diaria.

 

Niños y niñas con anemia

Por otra parte, Puno ocupa el primer lugar en casos de niños menores de 3 años con anemia desde el 2016. Un triste lugar que inclusive arrastra desde varios años anteriores[2]. Según reporta el INEI, solo el 2016, 65,301 (75.9%) menores de 3 años tuvieron anemia, el 2020 se registró una ligera baja con 69.4%. Sin embargo, el 2021, durante la pandemia de la Covid-19, esta cifra volvió a subir alcanzando 70.4% de menores con anemia[3], es decir que 7 de cada 10 niños sufren de esta afección en Puno[4]. No se trata de un asunto baladí, ya que a pesar de que se pueda tratar efectivamente la anemia, “los niños con este antecedente presentan, a largo plazo, un menor desempeño en las áreas cognitiva, social y emocional, disminuyendo el desempeño escolar, y la productividad en la vida adulta, afectando la calidad de vida, y en general la economía de las personas afectadas”[5]. Cita un informe, publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en 2017, según el cual más de 65,301 niños y niñas de Puno, cada año, son destinados a un futuro aciago y con limitaciones, situación que no logra solucionarse a pesar de las cifras alarmantes y más de 7 años de tiempo transcurridos sin propuestas de cambio por parte del Estado.

 

Minerales de transición ¿Esperanza o hecatombe?

López Aliaga, un ultraderechista, ultraconservador[6] y actual alcalde de Lima, solicitó hace algunos días, que se declaren zonas francas áreas con potenciales yacimientos de cobre y litio para generar más empleo[7]. Si bien no es el primer político peruano que se pronuncia al respecto, es evidente que su prioridad y la de muchos otros, por sobre la protección de los derechos de las personas, es explotar el litio, pronto y rápido. Situación que se repite una y otra vez desde el hallazgo de la que podría ser la reserva de litio más grande del mundo en el 2017, en la provincia de Carabaya en el departamento de Puno.

Sin embargo, la narrativa planteada por este sector omite por completo las demandas históricas irresueltas de Puno, y sin contar con que el gran descubrimiento de litio estaría superpuesto con depósitos de uranio[8], sustancia radiactiva para cuya extracción aún no existe legislación y aún peor, métodos de explotación a gran escala y de larga data, por lo menos en el Perú. También se olvida y desconoce que las concesiones mineras de los proyectos de litio y uranio están superpuestas y cubiertas en la totalidad de la superficie por el glaciar tropical más grande del mundo, el glaciar Quelccaya[9] y a su vez más del 90 por ciento de su extensión se encuentra dentro del área del Paisaje Arqueológico Pintura Rupestres Corani-Macusani delimitado el 2005 por el Instituto Nacional de Cultura (INC[10]).

Es irresponsable exponer a radiactividad a una población que ya cuenta con más del 70% de niños y niñas menores de 3 años con anemia, y que tiene al 58% de su población expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (que a la fecha no logran una atención integral efectiva), con más de 700 PAM sin generador identificado, y con problemas de sequías ocasionadas por el cambio climático[11]. Si dichos problemas históricos irresueltos no son atendidos por el Estado, la crisis ambiental y social que aqueja a Puno podría acrecentarse.

 

[1] https://www.hildebrandtensustrece.com/ Año 13, N° 623, viernes 17 de febrero de 2023.

[2] https://rpp.pe/peru/puno/se-eleva-a-20-la-cantidad-de-fallecidos-durante-las-protestas-en-juliaca-noticia-1459746

[3] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[4] https://radioondaazul.com/reportan-dos-fallecidos-tras-enfrentamientos-en-macusani/

[5] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[6] https://amnistia.org.pe/noticia/represion-estado-poblacion-indigena-campesina/

[7] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-los-d-decreto-supremo-n-009-2023-pcm-2143247-1/

[8] https://amnistia.org.pe/noticia/represion-estado-poblacion-indigena-campesina/

[9] https://reliefweb.int/report/peru/declaracion-de-final-de-mision-del-relator-especial-para-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-senor-pedro-arrojo-agudo

[10] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[11] http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=13423; R.M. N° 200-2021-MINEM/DM, Aprueban actualización del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros 2021.

[12] https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PAM_2022_RM_A_PUBLICAR2.pdf

[13] https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PAM_2022_RM_A_PUBLICAR2.pdf

[14] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[15] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf

[16] https://ojo-publico.com/3894/los-ninos-los-rios-colores-la-contaminacion-el-titicaca

[17] https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/2583551-037-2021-minam

[18] http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf

[19] https://vigilante.pe/2022/05/27/peru-la-anemia-infantil-aumento-en-15-regiones-del-pais/

[20] https://www.comexperu.org.pe/articulo/7-de-cada-10-ninos-sufre-de-anemia-en-puno

[21] http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000400020; efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo (2017)

[22] https://www.infobae.com/america/peru/2023/01/01/rafael-lopez-aliaga-perfil-del-ultraderechista-que-inicia-su-mandato-como-alcalde-de-lima/

[23] https://gestion.pe/peru/politica/rafael-lopez-aliaga-pide-que-se-promuevan-zonas-francas-de-cobre-y-litio-para-generar-mas-empleo-noticia/

[24] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/litio-minem-y-minera-canadiense-discrepan-sobre-necesidad-de-norma-para-minerales-radioactivos-carbonato-de-litio-noticia/?ref=ecr

[25] https://www.pulsoregional.pe/2022/08/22/quelccaya-un-glaciar-bajo-amenaza-por-concesiones-de-litio-y-uranio/

[26] https://www.pulsoregional.pe/2022/07/18/el-litio-pone-en-riesgo-las-pinturas-rupestres-de-puno/

[27] https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221203-sequ%C3%ADa-en-andes-peruanos-provoca-muerte-de-alpacas-y-obliga-a-declarar-emergencia

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Organizaciones de la región presentan informe ante la ONU para denunciar a empresas chinas que vulneran DDHH

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En los últimos años, la expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina, han aumentado considerablemente. Sin embargo, este hecho, enmarcado en el relato de que estas inversiones irían de la mano de mayor desarrollo social y económico para los países donde se realizan estas actividades, también ha venido acompañado de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando tres proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO). Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, lo cual ha afectado la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que, organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales de cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (Entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control. 

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Borda expuso sobre dos casos emblemáticos en el norte y centro del país: las empresas mineras Río Blanco Copper y Chinalco, respectivamente. Informó que en el primer caso, desde hace muchos años, el proyecto minero, ubicado en Piura, intenta ingresar al territorio. La población se opone a este proyecto ya que afectaría la conservación de los bosques de neblina y los páramos que entre otros recursos naturales conservan y almacenan las fuentes de agua disponibles en la región. Por esa razón, a través de una consulta vecinal, sus habitantes rechazaron la realización de este proyecto. Sin embargo, la minera ha continuado buscando ingresar al territorio, incluso, usando la fuerza.

En el segundo caso, la empresa minera Chinalco genera grandes afectaciones de derechos humanos y ambientales. Uno de las principales es el reasentamiento forzado, ya que una comunidad entera fue obligada a trasladarse a otro lugar, mientras que parte de la comunidad que se quedó en la zona, vive siendo hostigada y amenazada para que se retire del sitio. Asimismo, Jaime Borda afirma que hay varios compromisos que la empresa y el Estado han incumplido en los últimos años.

Informó también que en ambos casos, se ha omitido la realización de una consulta previa libre e informada, es decir no se ha tomado en cuenta la opinión de la población. Además, la mismas comunidades han realizado denuncias de contaminación en el territorio, sobre todo en el caso de la minera Chinalco.

Finalmente, otro patrón que se ha evidenciado en ambos proyectos es que los dirigentes comunales y organizaciones son denunciados por exigir que la empresa cumpla con su compromiso, y que se respete su derecho a la protesta.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales. Como es el caso de Chile, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, la cual, a pesar de no tener un permiso aprobado, taló ilegalmente árboles de bosque nativo, con el objetivo de construir la central. Afortunadamente, gracias a las denuncias, la empresa ha realizado un alto a esta tala. Sin embargo, continúa en su afán de obtener el permiso de construcción argumentando que el proyecto es de interés nacional.

Otro caso expuesto es el de Colombia, donde hay varias comunidades afectadas por el proyecto de Buriticá que pertenece a la compañía china Zijin. Este proyecto, a través de diferentes acciones como la tala ilegal, afecta el Bosque Seco Tropical (BST), de vital importancia porque forma parte de corredores biológicos de América Latina, y que, con el paso del tiempo, presenta una gran pérdida de biodiversidad, concretamente, el bosque se ha reducido en más del 70 por ciento. Además, diariamente, el proyecto explota más de  cuatro mil toneladas de oro sin control regular, generando contaminación aérea. Un grave problema que afecta la salud de las comunidades de la zona. Y el Estado, como en los demás casos presentados en el informe, apoya el proyecto pese a las vulneraciones.

Además de la vulneración de los derechos ambientales y a la salud de las comunidades, también hay casos en los que los proyectos vulneran los derechos laborales, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Cochabambas, Bolivia, que pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation. En este proyecto las y los trabajadoras/es carecen de condiciones básicas de bioseguridad (limpieza, no tienen servicios higiénicos adecuados), y de derechos básicos laborales. Sumado a esto, la empresa, que busca construir dos centrales hidroeléctricas, ya ha afectado más de 280 hectáreas de bosques pertenecientes a un área protegida.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado Chino, de manera que se planteó que:

  • Es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones
  • Consideramos fundamental que se garantice el acceso a la justicia y se creen mecanismos de reparación integral para las víctimas más allá de sus fronteras
  • Que se generen canales de comunicación. Consideramos fundamental que las embajadas y la misión permanente en Ginebra establezcan un canal oficial de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en las regiones, y que este canal nos permita tener un contacto con las empresas chinas. Esto será de ayuda para evitar los conflictos sociales y ambientales que se dan en torno a los proyectos
  • Se deben crear políticas de cooperación que prohiban a las empresas e instituciones chinas participar en proyectos que afecten ecosistemas frágiles, y abstenerse de operar en territorios de poblaciones vulnerables (comunidades campesinas y pueblos indígenas)

El informe es un medio para buscar que se dejen de vulnerar derechos humanos por parte de las empresas chinas y que los estados, no solo el chino, también aquellos donde se realizan los proyectos, se comprometan a crear medidas de protección de los derechos del medio ambiente, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, que históricamente vienen siendo afectados.

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Dictan prisión preventiva a más dirigentes y manifestantes que levantan la voz contra el gobierno

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A dos meses de la asunción de Dina Boluarte a la presidencia del Perú, y la contundente movilización social impulsada desde la macro-región Sur del país, el Estado viene llevando a cabo una agresiva estrategia para criminalizar y detener la protesta social. Como ha señalado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH en su informe de “50 días  de represión en Perú”, presentado el 25 de enero, se reportaban 608 detenciones (sin contar las personas sometidas a control de identidad) y 8 personas con prisión preventiva.  En las últimas semanas el Poder Judicial ha incrementado las medidas de prisión preventiva que restringen gravemente la libertad de manifestantes y dirigentes en varias regiones, lo que agrava la situación de vulneración de derechos humanos. Lo más llamativo es que, la mayoría de personas afectadas por estas medidas son jóvenes comuneros y trabajadores de la agro-exportación de familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como estudiantes universitarios.Los tipos penales que se vienen usando para imputar delitos a los protestantes principalmente son: “disturbios” , “entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos”, “terrorismo” y “organización criminal”.

Cusco

El viernes 3 de febrero se desarrolló la audiencia de cinco jóvenes comuneros de Pisac – Cusco, en la que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco solicitó prisión preventiva contra ellos. Se trata de  Richard Camala Coyo (22 años), Ferdinan Huacanqui Yucra (33 años), Redy Huaman Camala (22 años), Joel David Hivallanca Huaman(20) y Edilberto Huaman Sutta (26 años) quienes permanecen detenidos desde el 31 de enero por la presunta comisión de los delitos contra la Paz Pública en su modalidad de disturbios y delitos contra los medios de transportes y comunicación en su modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

A pesar de que la defensa legal de los detenidos argumentó sobre el arraigo de los jóvenes comuneros detenidos y solicitó que se dicte medidas menos gravosas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Vacaciones de Cusco dictó la medida de prisión preventiva de nueve meses para cuatro de ellos. En tanto, a uno de los imputados, Edilberto Huaman Sutta, se le otorgó el beneficio de comparecencia. El abogado Aroldo Vera Villar, defensa de Edilberto Huamán, señala: “Respecto de mi patrocinado he podido constatar que ha sido una detención arbitraria, injusta y discriminatoria puesto que no había elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado con los hechos que se les venía imputando. Se ha dejado en evidencia el abuso cometido por la policía, puesto que el detenido presentaba lesiones, se ha dejado en evidencia el error y falta de motivación del Ministerio Público, en la cual se ha podido ver que su requerimiento de prisión preventiva no estaba debidamente motivado.”

Ica

En Ica, a finales de enero, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad dictó prisión preventiva por cuatro meses contra siete personas implicadas en el bloqueo de carreteras de la Panamericana Sur por el presunto delito de entorpecimiento al “funcionamiento de servicios públicos y otros”: También se dictó prisión preventiva contra dos personas por el delito de “disturbios”. Las detenciones de los manifestantes se realizó en medio de las protestas y bloqueos de carreteras en la Panamericana Sur, en las zonas conocidas como Expansión Urbana y Barrio Chino. A comienzos de febrero se sentenció a 27 personas por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos. Al respecto previamente, abogados de CODEHICA en conferencia de prensa, declararon que muchas de estas personas han sido detenidas durante la madrugada en sus casas, cuando no había protestas. Explicaron también que la Fiscalía solicita prisión preventiva, cuando estas medidas son extraordinarias y solo cuentan con las declaraciones policiales como pruebas  que han servido como elementos de convicción para imputar.

Ayacucho

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, prosiguió la audiencia de prisión preventiva contra miembros del FREDEPA – Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Piero Giles Gamboa (22), Alex Gómez Falcón (35), Fernando Quinto Cuba (32), Rocío Leandro Melgar (53), Yulisa Gómez Ayala (21), Estefany Alanya Chumbes (31) y Alejandro Manay Pillaca (35), por la presunta comisión del delito de terrorismo. 

Durante la audiencia, el abogado argumentó que no existen elementos de convicción para que el FREDEPA sea catalogado como una organización terrorista, ya que no generan miedo o zozobra a través de la violencia. También señalan que organizarse por la “Asamblea Popular Constituyente” no puede considerarse un delito.. Pese a ello, la Fiscalía solicitó reiteradamente 18 meses de prisión preventiva. El 13 de febrero,en conferencia de prensa impulsada por los familiares de los detenidos de Ayacucho, los abogados de los detenidos denunciaron detenciones arbitrarias y múltiples irregularidades al debido proceso. En audiencia del 15 de febrero el tribunal resolvió dictar prisión preventiva contra seis de los dirigentes detenidos por el plazo de 18 meses.

Lima

El 31 de enero la PNP detuvo en el Callao a Yaneth Navarro Flores de Andahuaylas-Apurímac  y Cirilo Jara Mamani de Cusco, acusándolos de ser presuntos financistas de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Los delitos que se le imputan son de disturbios y de organización criminal. El 7 de febrero, después de una semana de detención de los manifestantes, la Fiscalía pide la medida de prisión preventiva para ellos. La abogada Janet Marin señala que “ el detenido Cirilo Jara y Yanet Mamani no se conocían hasta el momento de la detención, pero ahora he tomado conocimiento que ambos están en la misma carpeta, sindicados no solo por disturbios sino por supuestamente pertenecer a una organización criminal.” Una semana después continuaron las audiencias contra Yaneth y Cirilo, en las que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia resolvió otorgar comparecencia para Cirilo Jara y un pago de 5 mil soles para que afronte la investigación en libertad. A la profesora Yaneth Navarro, en cambio, se le dictó prisión preventiva por el delito de disturbios, señalando que se le investiga por organizar las movilizaciones violentas en Lima y por el intento de la toma del aeropuerto Jorge Chávez. En relación al peligro procesal, la jueza consideró que existe un debilitamiento del arraigo. Los abogados de ambos imputados anunciaron que apelarán esta resolución por considerarla arbitraria.

Puno

En Juliaca a partir del 4 de enero se detuvieron a 16 personas según reporta Radio Pachamama. Desde el Colectivo de Abogados de la ciudad se logró la liberación de todos los detenidos, desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía y anular el requerimiento de medidas de prisión preventiva.

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Observadores internacionales constatan: Subversión del Estado de derecho y crímenes de lesa humanidad

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La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos de Argentina, ha denunciado gravísimas violaciones a los derechos humanos, al concluir el lunes 13 de febrero, su visita de relevamiento de información sobre las protestas y la represión ocurridas desde el pasado 7 de diciembre de 2022 en Perú. 

En la presentación de sus conclusiones preliminares la misión acusó al Estado peruano de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil, a través de asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas en lo que constituyen crímenes de lesa humanidad por lo cual deberá ser investigado.

Las evidencias encontradas

Por una parte constataron el uso de armas de fuego en el asesinato de manifestantes. En muchos de los testimonios y registros recopilados, también se ha hecho evidente la presencia de elementos de civil de las fuerzas de seguridad, a quienes han identificado como «ternas» que se infiltran en las manifestaciones y que inician un conflicto para sobre esa base desatar la represión.

Lo mismo ocurre con las detenciones arbitrarias, en las que la PNP ha obstaculizado el derecho a la defensa, a un debido proceso de quienes son detenidos, obstaculizando también el libre ejercicio de la profesión de los abogados que voluntariamente defienden a muchas de las personas que sufren esas detenciones. Los referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina que integran la misión también constataron la persecución contra las y los dirigentes de diversas organizaciones. En el caso particular de las y los detenidos/as de Ayacucho, pertenecientes al FREDEPA identifican un caso paradigmático de persecución, amedentramiento y de intento de disciplinamiento de organizaciones  sociales, populares, campesinas, de sindicatos, de mujeres que protagonizan las protestas sociales  en el Perú.

En todas estas violaciones a los derechos humanos, los observadores, que han estado presentes en otros conflictos como durante el año antepasado en Colombia, constatan un patrón de conducta por parte de las fuerzas del orden en el transcurso de las protestas de las últimas semanas.

El caso de Juliaca

Los integrantes de esta comitiva, que presentarán el informe final en 15 a 20 días, no sólo estuvieron en Lima, donde presenciaron la marcha del 9 de febrero. También visitaron y se reunieron con algunas víctimas en Juliaca, Ayacucho, Cusco e Ica, algunos escenarios de los hechos más violentos de la represión, que ha dejado más de 48 personas asesinadas por la PNP y efectivos de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Juliaca, las conclusiones de la visita resultaron especialmente drásticas. De acuerdo a los observadores, la ciudad vivió una masacre. Afirman que “el 16 de enero la policía le dio tratamiento de guerra a una población civil que se encontraba indefensa”. Y van más allá al concluir que observan una subversión del Estado de Derecho. “Cuando la Policía Nacional tiene que defender a su población, la ataca sistemáticamente en contexto de protesta o para amedrentar y atemorizar a la población, podemos decir que ha cambiado la finalidad de la función de la policía”, afirman los observadores. Parecido ocurre con la justicia, ya que según la misión esta “persigue a su población en vez de garantizar una justicia reparadora. Por eso decimos que en Juliaca, lo que hemos presenciado a través de los testimonios, se instaló el terror en la población”.

Ayacucho y algunas reflexiones finales

El equipo argentino también relevó información sobre la represión ejercida contra la población el 15 de diciembre pasado en los alrededores del aeropuerto de Ayacucho, cuando militares armados con fusiles asesinaron a diez civiles, algunos de los cuales ni siquiera participaban de las protestas. En este caso les ha parecido particularmente cruel, que los familiares no sólo estén llorando a sus padres o a sus hijos, sino que además tienen que sufrir que les digan que es por su culpa. Por eso exigen el cese de las amenazas a los familiares: “Ya tienen suficiente carga con lo que les ha pasado, como para que más encima le digan: vas a ser la segunda sigues hablando”. Existe ahí lo que se conoce como revictimización de familiares.

Los medios de comunicación han abonado en ese proceso de estigmatización de las víctimas y sus familiares que se vincula con una alta dosis de racismo contra las poblaciones andinas, donde se concentra la mayor parte de las víctimas.

Como recoge el diario argentino Pagina12, para el referente social Juan Grabois integrante de la comitiva y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano “Si no existiera este racismo contra el campesino, el indígena, el pobre, y esta invisibilización de las violaciones más graves de los derechos humanos, sería bastante más difícil para quienes cometen estos delitos, hacerlo. Hay una campaña de estigmatización, de discriminación, de difamación, que profundiza la situación de violencia”.

Finalmente es importante tener presente que por ser delitos de lesa humanidad, estos crímenes no prescriben y pueden juzgarse internacionalmente. Como dijo el abogado Juan Grabois al iniciar la visita a Perú ”es importante que los violadores de derechos humanos sepan que aunque puedan corromper por un tiempo a la justicia de su país, cuando las cosas están debidamente documentadas, a la larga o a la corta, estos crímenes se pagan”.

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Protestas continúan y se suma un asesinato más de joven de 23 años en Apurímac

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Miles de ciudadanos, organizaciones sociales, y comunidades campesinas se siguen movilizando en sus regiones y en el centro de Lima desde la segunda semana de diciembre cuando se instaló el gobierno de Dina Boluarte, rápidamente convertido en dictadura cívico – militar. El día de ayer, jueves 9 de febrero, la represión policial cobró una nueva víctima, nuevamente en la región Apurímac, en la provincia natal de la presidenta Boluarte: Aymares. Se trata de Denilson Huaraca Vílchez de 23 años de la comunidad de Huancabamba, quien estaba protestando y recibió un impacto por proyectil de arma de fuego.

Al joven asesinado, se suman tres heridos de gravedad por impacto de proyectiles y 44 detenidos, entre ellos 7 mujeres.

Por otro lado, en Puno, al conmemorarse un mes de la masacre del 9 de enero, que tuvo como saldo el asesinato de 18 puneños; el día de ayer, nuevamente, la policía reprimió a la población que se encontraba protestando tras la procesión multitudinaria que desarrollaron en los exteriores del aeropuerto de Juliaca. El saldo de la represión fue de 23 personas heridas, entre ellos un menor de 11 años de edad, que se encuentra grave tras un impacto de proyectil en su pierna izquierda. También resultaron heridos otros dos menores de edad.

Asimismo, en la frontera de Puno, en Desaguadero, las comunidades aymaras hicieron retroceder a los militares que querían ingresar a la zona.

En Arequipa, las movilizaciones se desarrollaron con fuerte presencia de organizaciones y ciudadanos que han retomado las protestas, llenando la plaza principal de la ciudad.

En lima, las delegaciones de regiones y los sindicatos afiliados a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) también salieron a movilizarse el 9 de febrero exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para este año 2023 y la consulta popular a través de un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no, una nueva constitución.

Misión internacional de Derechos Humanos llega al Perú

Una misión internacional compuesta por representantes de organismos de derechos humanos de Argentina y dos diputados de dicho país, arribaron el día de ayer a la movilización en el centro de Lima para registrar los abusos policiales e informar a las organizaciones y la ciudadanía, el objetivo de su estadía: recabar denuncias de vulneración de derechos humanos de la ciudadanía y organizaciones desde la instalación del gobierno de Dina Boluarte.

Una parte de la Misión de DDHH se quedarán en Lima para seguir registrando denuncias y otra parte de la delegación está viajando a regiones del sur para recabar mayor información sobre los asesinatos cometidos durante este período de tiempo, que les permitan emitir un informe a nivel internacional sobre la situación de Perú y la vulneración de derechos humanos cometidos por la dictadura.

Gobierno y Congreso no quieren irse

Pese al rechazo mayoritario al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, ninguno de los dos poderes del Estado quiere convocar al adelanto de nuevas elecciones y menos convocar a un referéndum constituyente.

La presidenta Dina Boluarte y su gabinete ministerial dieron un mensaje a la nación el día de hoy, 10 de febrero, y solo hicieron un balance de su gestión y señalaron que van a seguir rechazando a los “minúsculos grupos de violentistas” que hay en el país, que exigen su renuncia, y que van a seguir realizando obras por todo el país.

Por su parte, durante estas semanas, la mayoría congresal rechazó las propuestas de adelanto de elecciones que se presentaron y, ayer, cuando la Junta de Portavoces iba a incluir nuevos proyectos de ley sobre el adelanto de elecciones, la vocera del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, retiró la firma de su bancada y con ello no se alcanzó el quorum mínimo de 66 firmas para que se discuta los proyectos de ley en el Pleno del Congreso.

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Adelanto de elecciones : bancadas congresales buscan quedarse en el poder

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Ayer, la Junta de Portavoces acordó ampliar la agenda del Pleno del Congreso para incluir proyectos de ley sobre adelanto de elecciones generales. Este acuerdo se logró pese a que el miércoles el Pleno suspendió la Agenda de la vigente primera legislatura ordinaria. En el acuerdo inicialmente confluyeron seis grupos parlamentarios que lo suscribieron, con lo cual alcanzó el quórum mínimo de 66 firmas, pero horas después, Elizabeth Medina, vocera del Bloque Magisterial de Concertación Nacional solicitó a la Mesa Directiva que se retire la firma de su bancada; por lo cual, ya no sería viable la ampliación por no contar con el número de firmas necesarias. 

 

 

Fuerza Popular y Podemos Perú han expresado la necesidad del adelanto de elecciones y el recorte del mandato. Mientras que, Perú Libre y Perú Democrático llevan la consigna de nuevas elecciones con referéndum para una Asamblea Constituyente. Por otro lado, Alianza para el Progreso destaca su posición en redes sociales a favor del adelanto de elecciones sin una Asamblea Constituyente, pero aquello no se vio evidenciado en la recolección de firmas del acuerdo de la Junta de Portavoces. Las principales bancadas en oponerse a la reconsideración de la votación para incluir el adelanto de elecciones en la Agenda del Pleno son las bancadas ultraderechistas de Avanza País y Renovación Popular, quienes también han mostrado su rechazo total y contundente a un referéndum constituyente. 

Es de recordar que, anteriormente el Congreso de la República había rechazado en dos ocasiones el adelanto de elecciones para el 2023, a pesar de la crisis sociopolítica que vive el país. La primera vez el 27 de enero, solo alcanzó 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones. Luego el 1 de febrero se logró incluir en la Agenda del Pleno, sin embargo la votación de la representación nacional fue de 54 a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, pese a los intentos, en ambas ocasiones no se logró alcanzar el mínimo de 87 votos que se necesita como requerimiento legal de esta propuesta de reforma constitucional.

En la misma sesión del Pleno, diversas bancadas eligieron sus representantes a la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva: Alfredo Azurín de Somos Perú, José María Balcázar de Perú Bicentenario , Isabel Cortez de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Silvia Monteza de Acción Popular y Elizabeth Medina de Bloque Magisterial. Hoy 10 de febrero se retomará el debate, en el que se priorizarán temas ajenos a la coyuntura. En ese sentido, a través de juegos procesales y demoras del Congreso de la República, un amplio grupo de parlamentarios busca retrasar el debate de elecciones generales y quedarse cómodamente en sus curules hasta el 2026. 

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Las protestas contra Dina Boluarte también paralizan proyectos mineros en el Perú

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Desde el 1 de febrero se han paralizado los trabajos de extracción de cobre de la minera Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho de la provincia apurimeña de Cotabambas. La empresa aduce que la paralización de sus operaciones se debe a la falta de suministro de insumos impedidos de llegar desde diciembre pasado, cuando estalló la crisis política y social. En el marco de las protestas, en las que las comunidades exigen la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, las acciones han incluido continuos bloqueos del corredor vial minero, emprendido en los departamentos de Cusco y Apurímac, y uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país. 

Por la ruta pasa aproximadamente el 20 por ciento de la producción del metal rojo del país que proviene a parte de la mina Las Bambas, propiedad de la compañía de capitales chinos MMG; del proyecto minero Antapaccay situada en la comunidad de Tintaya Marquiri en la provincia cusqueña de Espinar, de la compañía Glencore con casa matriz en Suiza; y la mina Constancia, del consorcio canadiense Hudbay ubicada en el distrito de Livitaca y Chamaca provincia de Chumbivilcas que también pertenece al departamento del Cusco.

Las tres explotaciones han tenido dificultades para transportar sus concentrados de cobre desde inicios de enero debido a los cortes de carreteras, que además han limitado la capacidad de llevar suministros a los campamentos mineros.

A parte del rechazo que ha generado entre la población del sur del Perú en términos generales la vacancia del presidente Castillo y su reemplazo en el cargo por Dina Boluarte por decisión del Congreso, las comunidades en torno a los proyectos mineros desde hace años vienen reclamando por una serie de derechos vulnerados. Así por ejemplo la defensa del territorio comunal que han planteado las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera de Las Bambas, es uno de los ejes del conflicto, ya que estiman que la Resolución Ministerial 372 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018 desconoció sus derechos ancestrales sobre este territorio. Mediante esta normativa sus carreteras comunales fueron transformadas por decreto en vías nacionales para que la empresa cuprífera pudiera transportar en vehículos encapsulados el mineral extraído. 

Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

Los impactos de las protestas van más allá del corredor minero del sur

La producción cuprífera no ha sido la única afectada por los bloqueos. San Rafael, el mayor yacimiento de estaño en Sudamérica ubicado en el departamento de Puno y propiedad de Minsur, suspendió sus operaciones el 12 de enero. La decisión según comunicó la empresa sería una medida de solidaridad con los familiares de las 18 personas asesinadas en los alrededores del aeropuerto de Juliaca durante las protestas en la región altiplánica.

A ello se suma la más reciente suspensión de operaciones mineras del proyecto Julcani situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica anunciada por la compañía Buenaventura el 5 de febrero pasado. De acuerdo a reportes de prensa, un grupo de alrededor de 80 manifestantes tomaron las instalaciones de la mina y bloquearon la carretera que conecta a la ciudad de Lircay. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o actos de violencia.

Macabros hallazgos

Sin embargo, los hechos que han causado especial consternación se vinculan con los incendios causados supuestamente por manifestantes en las instalaciones de la minera de oro Anabi, cuyas unidades Huismarca en Cusco y Utunsa en Cotabambas, Apurímac fueron ocupados violentamente el pasado 20 de enero. La compañía minera informó una semana después del hallazgo de los cadáveres de Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, fallecidos en las instalaciones de su unidad minera Utunsa. La empresa comunicó la recuperación de los cuerpos después de que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitara a la empresa autorización para realizar la búsqueda de los dos comuneros que habían sido reportados como desaparecidos.  

Los comuneros del distrito de Haquira de la provincia apurimeña de Cotabambas reclaman desde hace años, con protestas y bloqueos por la contaminación con cianuro y otras sustancias tóxicas de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producida por la explotación del yacimiento Utunsa que ha afectado a todas las comunidades que se encuentran río abajo.

Es de recordar que el caso de Anabi no es la excepción, tal como se expone más arriba la situación en Las Bambas. La mayoría de estos proyectos mineros paralizados cuentan con serios cuestionamientos por parte de las comunidades y poblaciones locales, ya que los impactos ambientales, sociales y económicos son innegables, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en decenas de mesas de diálogo que se desplegaron en todo el país. Parte importante de las agendas que hoy movilizan a las comunidades y pobladores contra Dina Boluarte, el Congreso de la República y otros entes sectoriales estatales se explican, porque no se han hecho cambios ni reformas en el sector minero en los ultimos 30 años en el Perú.

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