Dirigentes de la pesca artesanal, del sindicato de trabajadores pesqueros de Chimbote y Casma, y vecinos y vecinas de esas localidades se encontraban realizando una cadena humana frente al mar de Chimbote, y en la plaza San Martín de Casma, en rechazo a  los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM que otorgan concesiones petroleras frente al mar de Ancash, cuando la policía irrumpió y detuvo a 3 dirigentes sindicales.

Hace una semana realizaron una marcha pacífica por la ciudad y también fueron reprimidos. Esta vez decidieron realizar una cadena humana con la distancia social; sin embargo, la policía nuevamente los reprimió y detuvo a dos personas, uno el dirigente del Sindicato de Pescadores de Chimbote: Julio Ordinola Silipu, y a Jorge chinchay Murillo. Ellos acaban de ser liberados. Sin embargo, el regidor y dirigente del Frente de Defensa de Casma, Guido Flores Luna, sigue detenido tras las protesta en la plaza San Martín de Casma.

Los alcaldes de las provincias del Santa, Casma y Huarmey, congresistas de la república de Ancash ya han señalado en un foro realizado la semana pasada, que se respete la vocación productiva pesquera de la costa peruana y el cuidado ambiental y exigen la anulación de estas concesiones a favor de la controvertida compañía Tullow Oil. En las protestas también participó la ex congresista de Ancash, María Elena Foronda -directora del Instituto Natura de Chimbote, miembro de la Red Muqui-, que en su período congresal junto al ex congresista Manuel Dammert denunció la entrega de los lotes petroleros por el ex presidente PPK en los últimos días de su mandato tras su renuncia por vínculos con la corrupción.

Video de la detención y video de la protesta por el Instituto Natura de Chimbote.

Foto de Vidal Merma

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo.

Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

 


  1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
  2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
  3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
  4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.

El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión

La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

Ver video

Protesta pacífica

Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver VIDEO

En el octavo día de paro, tras la confirmación de 3 heridos de bala por la médico cirujana del Hospital de Espinar, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón; el día de ayer, jueves 23 de julio, las organizaciones de Espinar, los alcaldes distritales y el alcalde provincial, Lolo Arenas, se reunieron y acordaron llamar a la calma a la población para que no haya más heridos producto de la represión policial.

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 22 de julio, durante el día, la policía reprimió fuertemente la protesta que se movilizaba hacia las instalaciones de la empresa minera que se ubica en los territorios de la comunidad Tintaya Marquiri. Y durante la noche del mismo día, la policía ingresó a la capital de la provincia de Espinar, a la ciudad, y reprimió con bombas lacrimógenas, perdigones y balas a los manifestantes.

Acuerdos

Los principales acuerdos de la reunión multisectorial entre los alcaldes y dirigentes sociales, fue la solicitud de una “comisión de alto nivel del poder ejecutivo” con la presencia del premier Cateriano y los ministros de Estado. Como mediador y facilitador de comisión de alto nivel se acordó designar al monseñor de la Prelatura de Sicuani.

Entre los otros acuerdos se señaló que en la comisión se deben tratar los 6 puntos de agenda del Comité de Lucha de Espinar, y se exige el retiro de las fuerzas policiales y militares del territorio de Espinar. Además, se solicita que “el Ministerio Público denuncie a los responsables de la arremetida, violencia de derechos humanos y abusos cometidos hacia la población de Espinar”.

Los pobladores de Espinar señalan que el coronel Vargas pateó en el piso a las personas que viajaban en un camión para apoyar la protesta, que roció alcohol en el cuerpo de las personas y que los militares abusaron sexualmente de las mujeres tocándole las partes de sus cuerpos. Ver video

 

Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas hemos venido advirtiendo de la reactivación de varios conflictos sociales en el país, principalmente los vinculados al tema minero, y como si esto no fuera suficiente, el nuevo premier Pedro Cateriano y su gabinete han señalado que ellos han entrado a destrabar las inversiones mineras para reactivar la economía del país. Ya los gremios mineros habían salido a decir que para atender la actual crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19, proyectos mineros como Tía María en Arequipa tienen que retomarse, y que con Conga en Cajamarca debe revisarse y que debían agilizarse los “tramites burocráticos” para aprobar cuanto antes Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica, ampliación Coroccohuayco en Espinar, entre otros.

Y Espinar es la provincia que ha estado en el foco del conflicto esta semana, como se sabe los pobladores reclaman el uso de los fondos del convenio marco firmado el año 2003 y del cual se desprenden varias clausulas, entre ellos la entrega del 3% de utilidades anuales generadas por la minera Glencore. El alcalde provincial de Espinar, los alcaldes distritales, las organizaciones sociales y la empresa minera Antapaccay han sostenido varias reuniones en las ultimas semanas para ponerse de acuerdo sobre la entrega de este bono solidario a más de 50 mil pobladores de la provincia, el monto acordado inicialmente fue de 1000 soles; sin embargo, en la ultima reunión del 14 de julio la empresa minera de manera unilateral decidido no aceptar este pedido, es más presentaron otro programa denominado “Reactiva Espinar”, todo esto ha generado un malestar comprensible en los pobladores de la provincia.

Luego de agotarse el diálogo, la población ha decidido iniciar un paro indefinido desde el pasado miércoles 15 de julio, y entre el miércoles y jueves de esta semana se han registrado situaciones de represión y violencia contra los pobladores de la ciudad de Espinar, denunciándose varios casos de abuso de derechos humanos por parte de los efectivos policiales y las fuerzas armadas. Hemos podido observar por los medios y las redes sociales, además, el incendio de un camión minero de Las Bambas en circunstancias más que extrañas que tienen que investigarse, ya que desde el gobierno nacional y la empresa minera se busca responsabilizar de estas acciones a los espinarences. Por ello, lo ocurrido en la noche del miércoles 22 de julio en pleno centro de la ciudad de Espinar es más que preocupante, desde mayo del 2012 no se registraban estos de niveles de violencia y de abuso denunciados por la población, inclusive los mismos periodistas han sido atacados por la PNP, también hay denuncias de agresiones sexuales a las mujeres, entre otros. Todos estos hechos tendrán que ser investigados por las autoridades competentes, no se puede pasar por alto estos excesos.

Por lo pronto, las autoridades locales de Espinar, así como los representantes de las organizaciones sociales han llamado al diálogo y piden la presencia del Premier Cateriano. Desde la Red Muqui hacemos un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto ha restablecer el diálogo, así mismo pedimos el cese a la violencia de parte de la PNP y las FFAA, y el pleno respeto por los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Espinar.

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente No. 32645-2013), en segunda
y última instancia, resolvió confirmar la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo por
vulneración al derecho a la consulta previa de la Comunidad Indígena Awajun de Supayacu
(ubicada en la provincia de San Ignacio, Región Cajamarca).

En efecto, como es de conocimiento público, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2018,
el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en primera instancia, ya había declaró fundada la
demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse
afectado su derecho a la consulta previa cuando se autorizó las actividades de exploración del
proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

La Cuarta Sala Civil Superior de Lima señaló que se había acreditado que encontrándose la
Comunidad Indígena Awajún de Supayacu dentro del área de influencia del referido proyecto
minero, existía y existe la obligación por parte del Estado Peruano, de realizar, mediante el MINEN,
un proceso de consulta previa, libre e informada. Por lo cual, al no haberse realizado la misma, se
vulneró el derecho a la Consulta de dicha Comunidad.

Por ello, resolvió que “… se suspende los efectos de la Resolución DirectoralNo. 229-2013-
MEM/DGM, de fecha 6 de noviembre de 2013, emitido por el Director General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas. La suspensión de la fase de exploración del proyecto “Yagku Entsa se
dará en la etapa en que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para
determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos
indígenas que podrían ser afectados, con costos del proceso …”

Al respecto, desde FEDEPAZ, que patrocinamos en este proceso a la Comunidad Indígena Awajún
de Supayacu, expresamos nuestra satisfacción por la expedición de esta histórica sentencia que
ratifica desde el Poder Judicial, el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada de la
que gozan los pueblos indígenas en nuestro país porque el órgano jurisdiccional no sólo le dice al
estado Peruano que debe de cumplir su obligación con la comunidad indígena demandante sino,
también, con otros pueblos que se encuentren en el área de influencia de dicho proyecto minero.

Igualmente, FEDEPAZ exige al Estado Peruano que respondiendo a la razón de ser y espíritu del
Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa, cumpla con implementar una real Consulta
Previa, Libre e Informada, sobre la base de que la misma constituye un diálogo intercultural
respetándose las particularidades de cada pueblo durante dicho diálogo y se abstenga de anunciar
despropósitos como “la consulta preva virtual” que en modo alguno cumplen con los estándares
internacionales de respeto a ese derecho fundamental de los pueblos indígenas en el Perú y en el
mundo.

Finalmente, FEDEPAZ considera, también, que ésta constituye una sentencia histórica, porque se trata del primer proceso judicial con sentencia expedida en última instancia, en la que se declara
fundada una demanda de amparo por violación a la consulta previa en actividades de minería metálica, constituyendo por ello un importante precedente en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas del Perú, especialmente en materia del derecho a consulta previa, libre e informada protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Con el ruego de su difusión, Lima, 22 de julio de 2020

Nota realizada por el Instituto Natura de Chimbote – miembro de la Red Muqui

Una movilización pacífica de organizaciones, gremios y colectivos sociales de la ciudad de Chimbote contra los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM que otorgan concesiones petroleras frente al mar de Ancash, fue duramente reprimida por la Policía Nacional en el centro de la ciudad.

Los marchantes que se desplazaban por las calles de la ciudad fueron interceptados por un convoy de la Policía Nacional, quienes, tras impedirles el paso, intervinieron y detuvieron a dirigentes.

La protesta de hoy se suma a dos exitosos plantones ciudadanos (7 y 16 de julio) y a una Cadena Humana convocada para el próximo 30 de julio, que vienen organizando los sectores sociales y sindicales de la ciudad y que ha convocado a autoridades como los alcaldes de las provincias del Santa, Casma y Huarmey, congresistas de la república, personalidades y expertos de las regiones del norte del país – como la realizada el 8 de julio-, quienes exigen se respete la vocación productiva pesquera de la costa peruana y el cuidado ambiental y exigen la anulación de estas concesiones a favor de la controvertida compañía Tullow Oil.

Detención y represión policial

Los tres detenidos de esta mañana (Eder Smith Guzmán Vásquez, Víctor Utrilla y Einer Méndez Estrada) han sido ya puestos en libertad, no obstante, se registraron incidentes de violencia y represión por parte de la policía según informó la Federación Sindical de Trabajadores de Ancash (FESIDETA) convocantes a la marcha.

Cabe mencionar que el 16 de Julio, durante el plantón ciudadano en la ciudad de Casma, fue detenido José Valdiviezo Bran, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Casma, junto a otros dos manifestantes.

Más acciones

Hoy jueves, 23 de julio, a las 6:00 pm se realizará el Pleno Alternativo Virtual con la Sociedad Civil, organizado por el Frente Macro Norte PESCA SÍ PETROLEO NO y el Instituto Natura, en el que estarán presentes cinco congresistas de la república, representantes de las regiones de Ancash, Lambayeque, Piura y Tumbes, el Alcalde de la Provincia del Santa y representantes de gremios, sindicatos, sociedad civil y colectivos sociales. El objetivo es plantear acciones conjuntas para la incidencia.

El jueves 30 de julio se realizará una CADENA HUMANA en las tres provincias costeras de la región Ancash, liderado por los frentes de defensa, los sindicatos de pescadores y colectivos sociales.

En el octavo día de paro en la provincia de Espinar, región Cusco, en que la población y comunidades de toda la provincia exigen un bono humanitario de 1mil soles para enfrentar la crisis sanitaria, alimentaria y económica, de los fondos destinados del Convenio Marco acordado desde el 2013 entre la empresa minera Glencore Antapaccay, los Frentes de Defensa y las autoridades del Estado; ya van 3 personas heridas en el hospital de la provincia: Oscar Vicente de 17 años; José Amilcar de 16 años; y Wilber Hiyachoque de 26 años.

La población espinarense ha solicitado este bono humanitario y la reformulación del Convenio Marco desde hace dos meses y medio y las autoridades del Estado: alcalde provincial y alcaldes distritales de la provincia lo han aceptado junto a los dirigentes sociales en el Comité de Gestión del Convenio Marco que actualmente tiene 86 millones de soles – de acuerdo a las palabras del alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas- ; sin embargo, la empresa minera no ha asistido a las reuniones y ha mostrado su negativa a que se destine parte de los fondos que da para el bono humanitario.

Frente a ello, la población espinarense convocó a una paralización indefinida desde hace 8 días, debido a que, en palabras de los dirigentes del Comité de Lucha, no se han visto beneficiados por los proyectos de inversión que desarrolla la Fundación Tintaya de la empresa minera Glencore Antapaccay con los fondos destinados al Convenio Marco.

La provincia de Espinar ya tiene más de 35 años de actividad minera, y actualmente hay más de 1000 personas con metales tóxicos en sus organismos de acuerdo a los diversos estudios que ha realizado CENSOPAS (MINSA. No obstante, la contaminación ambiental continúa en la provincia y no se han desarrollado proyectos de envergadura en estos años. En esta pandemia, también se registran hasta ahora 48 trabajadores con Covid-19 de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Lamentablemente el día de hoy ya se registran oficialmente 3 heridos, y ya hay en la zona más de 200 policías y 100 militares que siguen incrementándose. Durante la noche de hoy, miércoles 22 de julio, la PNP ha ingresado también a la ciudad de Espinar y reprimido a los manifestantes. En estos días el conflicto se desenvolvía en medio del territorio de las comunidades Tintaya Marquiri y Coporaque.

Como señala DHSF, que se encuentra en la zona de conflicto: “hasta el momento no hay información oficial sobre detenidos. No obstante, según testigos, la policía presuntamente habría intervino a más de 20 personas. Todo este grupo fue ingresado a un camión. Esto se produjo en el óvalo Cusco, Sicuani y Espinar, al costado del río Salado, aproximadamente a las 6:30 de la tarde”.

Desde la Red Muqui, reafirmamos lo que hemos señalado en un comunicado reciente conjunto con la CNDDHH y Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco: “Exhortamos al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación.

 

Del mismo modo, hacemos un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las OSBs, y a las autoridades locales evitar caer en actos de provocación y de violencia -como los extraños hechos ocurridos el día lunes 20-, así como evitar la exposición y diseminación del Covid-19 a través de las aglomeraciones”.

 

Por: María E. Foronda Farro – Ex congresista de la Republica

El sistema de gestión ambiental en el Perú reconoce el derecho de los pueblos indígenas de poder realizar procesos de consulta previa ante actividades extractivas que podrían poner en riesgo sus derechos territoriales y determinación en el manejo de los recursos y biodiversidad.

La ley marco de Gestión ambiental establece procesos de “participación ciudadana” que han sido instrumentalizados por los sectores como información de proyectos que han sido impuestos y que son la base de los  mas de 200 conflictos socio ambientales vinculados a minería , petróleo, pesca  y actividades extractivas.

La iniciativa que en su momento presente en mi calidad de congresista de la Republica Proyecto de Ley 336/2016-CR) propone reconocer el rol que vienen desarrollando los monitores y vigilantes  ambientales comunitarios  en la detección temprana de los impactos ambientales ( derrames petroleros, vertimiento de efluentes industriales sin tratamiento, depósito de relaves mineros  en cabeceras de cuencas) COMPLEMENTANDO la información que entidades de evaluación y fiscalización ambiental como la OEFA y dependencias de los sectores no registran a tiempo. No las sustituye ni reemplaza; LAS COMPLEMENTA.

Articular a las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental (OVMAS) e integrarlas en el Sistema Nacional de Gestion Ambiental las legitima en el ejercicio de sus funciones y atribuciones para la protección, conservación de sus territorios, dándole sentido real a su participación sea como persona natural o jurídica en las decisiones y políticas que incidan sobre ellas.

Además de presentar propuestas y reportes con los resultados producto de sus acciones de vigilancia y monitoreo ambiental, así como recomendaciones que mejoren el proceso de gestión ambiental dentro de sus territorios a partir del registro de estas ante entidades del Estado como el MINAM.

Permite reconocer el derecho de participación directa de los ciudadanos como parte del marco de GOBERNANZA ambiental en la TOMA DE DECISIONES VINCULANTES, validando la información técnica que ellos proponen en un dialogo horizontal evitando la perversa alianza entre empresa-Estado que solo incide en decisiones inequitativas en temas ambientales, arreglos previos y actos de corrupción, garantizando mayor transparencia y acceso real a la información.

La generación de consensos en ese contexto de crisis permitirá la reducción de conflictos socio ambientales, bajo un sistema de alerta temprana para tomar decisiones OPORTUNAS que garanticen el uso de instrumentos preventivos de gestión ambiental como los EIA que han pasado a ser meros trámites procedimentales con riesgos actuales y futuros sobre ecosistemas frágiles y biodiversidad, además de ahorro para el Estado peruano por “pasivos ambientales” y daños a la salud.

El proceso ha sido producto de talleres realizados con las comunidades de la costa, sierra y selva del país  coincidiendo en la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental  donde el Estado deba proveer las condiciones para una participación ciudadana inclusiva, con equidad y diversidad y cuyas propuestas y acuerdos sean realmente resolutivos.

Guarda además coherencia con la política de estado Nro. 19 cuya visión es de desarrollo sostenible, así como el principio 10 de declaratoria de la Cumbre Mundial del Ambiente que reconoce el derecho de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, esto reforzará nuestra democracia, garantizará el ejercicio real de derechos e incluirá a todos los actores sociales hacia el buen vivir.

Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), la RED MUQUI, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel regional y nacional, ante el inicio del paro indefinido en la Provincia de Espinar (Cusco) por la distribución de un bono humanitario de mil soles con fondos del Convenio Marco para los pobladores de Espinar, manifestamos lo siguiente:

  1. El Convenio Marco es un acuerdo aprobado en el año 2003 entre la empresa minera, el gobierno local y los actores sociales de la provincia de Espinar, y establece un fondo para el desarrollo y necesidades urgentes de las comunidades de la Provincia de Espinar. El uso de los recursos económicos derivados del convenio los decide el Comité de Gestión, y debe implementarse de acuerdo a las demandas y necesidades de la población local y sus comunidades. La profunda crisis generada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país y en Espinar, ha llevado a que el Comité de Gestión del Convenio Marco autorice el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles.
  2. En ese sentido, invocamos a las partes involucradas para que a través del diálogo encuentren los canales adecuados para la implementación de los acuerdos del Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar e integrado por los alcaldes distritales, Frente de Defensa, Federación Unificada de Campesinos de Espinar, AUPE, Cuenca Cañipia, Cuenca Salado y representante de la Compañía Minera Antapaccay.
  3. Exhortamos al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación. Del mismo modo, hacemos un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las OSBs, y a las autoridades locales evitar caer en actos de provocación y de violencia -como los extraños hechos ocurridos el día lunes 20-, así como evitar la exposición y diseminación del Covid-19 a través de las aglomeraciones.
  4. Deploramos que frente a las medidas tomadas por el Comité de Gestión del Convenio Marco, y en pleno contexto de pandemia y crisis, se haya iniciado una campaña de desprestigio a las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, la misma que ha sido desestimada por el Comité. Estos hechos en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Finalmente, como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social, como ocurre en las actuales circunstancias en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar, en este sentido rechazamos cualquier forma de abuso de autoridad, así como de actos de violencia que se puedan desatar.

 

Lima, 20 de julio de 2020