Desde la madrugada del viernes 3 de abril, más de 50 trabajadores de la empresa contratista ATC de Antamina, vienen exigiendo que Antamina les facilite la realización de las pruebas de descarte de Covid-19, debido a que tomaron conocimiento del reporte público de la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre el trabajador minero que dio resultado positivo de Covid 19 el 31 de marzo, quien pertenece al mismo campamento en el que laboran: Yanacancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

Trabajadores bloquean ingreso a comedor

Los trabajadores fueron a buscar al gerente de la empresa minera desde tempranas horas para plantear sus exigencias, pero al no ser recibidos bloquearon el ingreso al comedor exigiendo respuesta de algún representante de la empresa. Posteriormente salió el superintendente de seguridad de Antamina y frente a las exigencias señaló que la empresa entiende la preocupación de los trabajadores, pero “muchas cosas se han mentido acá. Todos los que estamos acá no tenemos un síntoma de nada. Estamos bien, respiramos bien”. Frente a estas declaraciones los trabajadores dijeron: ¡NO! y señalaron que eso era falso.

El superintendente de Antamina continuó con su discurso señalando que el médico no estaba presente en ese momento para dar información sobre la prueba de descarte de Covid-19, y que él estaba presente para resolver las cosas de manera tranquila y que “la gente que quiera ir a trabajar, pueda trabajar, y si ustedes no lo quieren hacer están en su derecho y esperen una respuesta del departamento médico. (…) “Si queremos vamos al hall y el médico vendrá y les explicará la situación, sino yo voy también con mascarilla para hablar con ustedes y no me contagie nada. Un resfriado es muy diferente a estar con el covid19. Cuanta gente ha trabajado acá y tose; eso no quiere decir que estemos a punto de irnos todos a una pandemia a morir”.

Campamento minero continúa desarrollando labores

Enseguida un trabajador señaló que están trabajando todos los días, incluido de noche, y eso es un peligro para el contagio, porque todos transitan en el campamento y ya hubo un caso de Covid-19. Además, enfatizó que la empresa no les ha dado ninguna información hasta el momento.

Frente a este reclamo, el representante de Antamina señaló que la empresa estaba evacuando a los trabajadores que presentan fuertes resfríos, y que el señor que salió positivo de Covid 19 en Huaraz no había sido la única persona evacuada. “Han salido muchos evacuados de acá y todos han sido negativos”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones los trabajadores respondieron enardecidamente que eso no era cierto.

El representante de Antamina continuó y señaló: “lo mismo que tú respiras acá, yo también lo respiro, cuando yo vaya a las ciudades (..), ¿le vamos a pedir a todos el certificado de si tiene o no Covid-19? Ni saben”.

Esto enardeció más a los trabajadores y tuvo que intervenir otro representante de la empresa Antamina que pidió desarrollar una reunión en un salón de la empresa.

En el tránsito al salón de reuniones los trabajadores seguían exigiendo que se les haga la prueba de descarte de Covid 19 para que vuelvan a casa con sus familias. Hasta ahora la empresa Antamina no emite un comunicado respecto a esta situación y los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores.

VER VIDEO

Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos se pronuncia

Frente al último comunicado del 31 de marzo de la empresa Antamina sobre el trabajador minero con Covid 19; el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos que preside el alcalde de San Marcos, Crhistian Palacios, exigió el mismo día, a través de un pronunciamiento, que la empresa mantenga en aislamiento social a sus trabajadores directos y a los trabajadores de sus empresas contratistas que laboran en sus campamentos.

También solicitaron en el comunicado que la empresa minera entregue una relación de los trabajadores mineros que han salido del campamento minero hacia sus hogares desde el 12 de marzo hasta la fecha. Agregaron que la empresa debe dar seguimiento y realizar descarte de Covid 19 de todas esas personas. En el pronunciamiento finalizan exigiendo que la empresa pare el transporte de su personal a las comunidades y ciudad de San Marcos, así como el apoyo que vienen realizando a comuneros de la zona en el marco de esta crisis para evitar posibles contagios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados en Ancash

Hasta el día de hoy, 3 de abril, la Dirección Regional de Salud de Ancash viene reportando 18 personas con Covid 19.

 

 

El día de hoy, la congresista Mirtha Vasquez y Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, con el respaldo de su bancada, acaban de ingresar el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprimía el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial. El Proyecto de ley de las congresistas mantiene únicamente una parte del artículo 1 de la Ley de Protección Policial, referida a que las y los policías tendrán asesoría y defensa legal gratuita cuando afronten “una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial”. Esta asesoría y defensa legal será realizado por “un Procurador Público Especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú”, tal como lo señala el artículo 6 de la Ley aprobada, en consonancia con lo planteado en el artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 31012 aprobada (Ley de Protección Policial) tiene 6 artículos en total y una disposición complementaria derogatoria.

La congresista Mirtha Vasquez señaló en sus redes sociales que el Proyecto de Ley 4986 busca derogar los artículos inconstitucionales de la “Ley del Gatillo Fácil”, como llaman también a la Ley de Protección Policial. “No podemos retroceder en derechos humanos ni permitir la impunidad con una norma que atenta contra el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza y la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía”, añadió.

Análisis del Proyecto de Ley

El proyecto de Ley de la bancada del Frente Amplio mantiene la esencia del primer párrafo de la Ley de Protección Policial en el artículo 1. y desecha el segundo párrafo del mismo artículo, porque atenta contra el principio de la autonomía judicial, al señalarse que los jueces deben establecer “mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”

Los siguientes artículos que quieren derogarse de la Ley de Protección Policial; el artículo 2 y 3, son declarativos y contradictorios con el artículo 1, 3 y 4, que fundamentalmente plantean que los jueces no pueden “dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” a los policías investigados; y también están “exentos de responsabilidad penal” cuando causen lesiones o muertes en cumplimiento de su función.

Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios.

El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país.

La ONU se pronuncia

Después de recibir la alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones que se pronunciaron en rechazo a la Ley de Protección Policial aprobada, el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunció el día de ayer: “Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”.

Agregó que, “en el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.

El día de ayer, martes 31 de marzo, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de la región Ancash, informó a través de un comunicado que se reportaban dos nuevos casos de personas con coronavirus (Covid-19). Un trabajador de 42 años, perteneciente a una empresa minera de la región, que actualmente se encuentra en una clínica de Huaraz; y una mujer de 43 años de la ciudad de Chimbote, que no presenta síntomas y actualmente se encuentra aislada en su domicilio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este comunicado de la DIRESA, la empresa minera Antamina sacó un comunicado señalando que el trabajador minero es “un trabajador de una empresa contratista, que se encontraba en el campamento de Yanacancha”, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

La empresa señala que el trabajador fue derivado el día 25 de marzo a la clínica San Pablo, en Huaraz, para que le hagan la prueba respectiva, dando positivo el día de ayer. Agrega que “el paciente se encuentra estable y evoluciona de forma favorable”. Asimismo, precisa que el trabajador tuvo interacción directa con 2 personas, que posteriormente fueron aisladas inmediatamente y actualmente no presentan síntomas asociados al Covid-19, “dando una de ellas negativo a la prueba”, y encontrándose la otra persona, “completamente asintomática”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días atrás, el miércoles 18 de marzo, uno de los propietarios de la Compañía Minera Antamina, Teck Resources Limited, había informado que continuarían operando la mina con una fuerza laboral reducida para el mantenimiento de las operaciones críticas, tal como lo disponía el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, en el último comunicado de la empresa Antamina, la empresa no señala cuáles eran las labores específicas que estaba realizando el trabajador que ahora tiene Covid 19.

Tras conocerse estos casos, ahora suman a 13 los infectados con Covid-19 en Ancash. El trabajador minero es el primer caso que se registra en la ciudad de Huaraz.

A este nuevo caso en el sector minero, se suman el caso del trabajador minero de Cerro Verde y el trabajador de las empresas mineras Tinka Resources y Buenaventura, sumando ya 3 personas del sector minero con Covid-19.

Desde la Red Muqui continuamos informando y exigiendo que los trabajadores mineros en general tienen que ser protegidos por el Estado, debido a que actualmente continúan trabajando en diferentes áreas de la cadena de producción minera sin que Sunafil fiscalice las condiciones en las que trabajan, que los expone al contagio de Covid – 19, como lo hemos denunciado en notas informativas anteriores.

 

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Probablemente nadie se esperaba ni imaginaba la dimensión y la afectación del coronavirus (Covid-19) en el mundo y de modo particular en nuestro país. Hemos escuchado desde nuestros espacios más cercanos como el de la familia, el barrio, la comunidad y la organización, que pasada la cuarentena volveremos a la normalidad, y que todo esto quedaría como un mal recuerdo de lo que vivimos. Bueno, esto, como es evidente, no va pasar; y creo que poco a poco estamos asumiendo esa realidad. El Covid-19 se va quedar por un buen tiempo, por lo menos hasta que no haya la cura, tendremos que aprender a convivir de otra forma. Por ahora, es el aislamiento social, el autocuidado y la práctica de la solidaridad, la forma en la que tenemos que vivir.

 

Es en este nuevo escenario, vamos a enfrentarnos a varios desafíos a nivel social, cultural, económico, político, ecológico, entre otros, que va desde lo local hasta lo nacional. Muchos han empezado hablar solamente de la gran crisis económica que se viene post coronavirus, esta es una de las dimensiones de la crisis. El segundo tema a atender es la crisis sanitaria: urge que el gobierno haga una reforma en el sector salud no solo por esta situación adversa, si no por un tema reivindicativo para todos los peruanos y peruanas. La tercera dimensión a mirar es el sector agrario, que durante décadas ha sido postergado por la mayoría de gobiernos de turno, y esto no solo pasa por dar más subsidios o presupuesto a este sector, si no por generar las condiciones necesarias para garantizar esta actividad: ello implica proteger zonas de recarga hídricas, cabeceras de cuenca, entre otros. Garantizar y reconocer la pequeña agricultura familiar rural con un enfoque ecológico es por donde deberíamos empezar.

 

Por otro lado, una situación que nos preocupa es la afectación de derechos en tiempos del Covid-19. El gobierno nacional y el Congreso de la Republica han emitido una serie de normas que le otorgan muchas facultades a los miembros de la PNP y las FF.AA. en el uso de la fuerza en situaciones de emergencia nacional. La ultima norma aprobada por el Congreso, es la mal llamada “Ley de Protección Policial – Ley N° 31012”, que ha generado un gran número de cuestionamientos jurídicos debido a su contenido; ya que ha modificado disposiciones penales y procesales para generar una protección legal de exención de responsabilidad penal para el personal de la PNP y de las FF.AA. quienes en el uso de sus armas de fuego u otros medios de defensa causen lesiones o muerte de personas. Esta norma debe declararse inconstitucional, ya que el mismo Ejecutivo había observado la norma cuando la Comisión de Defensa del Congreso disuelto anterior le solicitó opinión. Por ello, hay que estar atentos y vigilantes en la actuación de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, debido a que ya se han registrado varios casos de abuso de derechos en el presente estado de emergencia.

 

Como decimos, esto recién empieza. En el camino seguramente vamos a encontrar más desafíos que atender. Por lo pronto, hay que estar informados y tratar de mantener la calma y afianzar nuestros lazos familiares, así como el de solidaridad entre peruanos y peruanas.

El sábado 28 de marzo del presente año, se acaba de publicar la mal llamada “Ley de Protección Policial – Ley N° 31012”, que abre la puerta a múltiples situaciones de impunidad frente a posibles daños a la vida e integridad de las personas. Esto se agrava porque en la actualidad nos encontramos en una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por el Covid 19, donde los miembros de la Policia Nacional del Perú (PNP), así como las Fuerzas Armadas, se encuentran bajo control del orden público interno.

A continuación, les presentamos el análisis de cómo fue aprobada la norma desde el Congreso disuelto anterior; las implicancias jurídicas y sociales de la norma, y la vulneración de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

Finalmente, la publicación contiene un cuadro resumen de las normas emitidas en materia del control del orden público interno en el marco del estado de emergencia por el Covid-19 y los derechos que afectan.

 

Análisis de la inconstituci… by prensamuqui on Scribd

Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país:

1.- Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable.

2.- Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas.

3.- Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad.

4.- Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas.

26 marzo 2020

Firmas:

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos
Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte – ORPIAN-P
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT
Comunidad Nativa Nazareth Amazonas
Comunidad Nativa Umukai Amazonas
Comunidad Nativa Wachapea Amazonas
Comunidad Nativa Pakun Amazonas
Centro Poblado de Paragsha Pasco
Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE)
Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar
Frente Callao Dignidad
Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua
Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac
Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri
Comuneros de San Antonio Huarochiri
Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca
Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio
Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno
Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH
Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo
Consejo Regional de la Mujer Huancayo
Comunidad de Óndores Junin
Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO
CONAMOVIDE Tarma
Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya
FEMUCARINAP Chanchamayo.
Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín
Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya
Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
Junta de Usuarios de Riego Mantaro
La Pastoral Social del Vicariato de Jaén
La Red Huamachuco
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Red por una Globalización con Equidad – RedGe
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Red Muqui
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
CooperAcción
Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF
Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Earthrights International – ERI
Oxfam en Perú
APRODEH
AIDA
Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS
Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA
Red Uniendo Manos Perú
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
Proyecto Amigo La Libertad
Forum Solidaridad Perú
FEDEPAZ
CADEP Ayacucho
REDAD Piura
Instituto Natura Ancash
Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
GRUFIDES Cajamarca
Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud

Por: Juan Aste Daffós                                                      

En el Perú hoy, la emergencia por el Coronavirus o Covid19 tiene dos factores que van a determinar el impacto económico, social y ambiental. El primero es la desaceleración de la economía mundial, en particular de China, EEUU y Europa; y el segundo, es el efecto de las medidas aplicadas por la emergencia en salud pública decretada por el gobierno peruano para enfrentar el Coronavirus (Covid19) y la respuesta de la población, las instituciones, las comunidades, los trabajadores, los agricultores, las empresas y las organizaciones sociales en general.

La producción industrial China cayó 13,5% en enero – febrero 2020. La más baja en los últimos 30 años, mientras el consumo interno y la inversión en máquinas y equipos se redujo en un 24,5% y el desempleo aumento de 5.2% a 6.2% de enero a febrero, entendiéndose que la recuperación de su economía no será en pocos meses en la medida que depende de sus más importantes socios: EEUU y Europa; los que no reactivarán sus economías pronto debido al manejo no adecuado de la emergencia por el Covid19. Esta situación presenta precios a la baja de los minerales en el corto plazo, con lo que se afectará la disponibilidad de divisas en el Perú ya que la minería aporta con el 60% del ingreso por exportaciones, ejerciendo una presión para la devaluación y la inflación, subiendo el costo de vida, por lo que el banco central afrontará la situación soltando dólares al mercado.

Sin embargo, la minería tiene una contribución muy baja al financiamiento del presupuesto público, debido a que el ingreso de tributos internos neto de devoluciones que recibe el Estado peruano de la actividad minera es solo del 3.0% en 2015-2019 y constituye el 2.6% de las exportaciones mineras en el mismo período.

El Impacto de la Emergencia por el COVID 19 en la economía peruana

En la actual situación, es difícil establecer la magnitud de la desaceleración de la economía en el Perú, pero sí se puede afirmar que el impacto de la disminución de la demanda de los productos y servicios de exportación, en particular de minerales y el turismo, por parte de China y otros países, será menor en importancia que las consecuencias de las medidas de emergencia; principalmente porque hoy no se sabe cuál es el avance de los resultados ni por cuánto tiempo más se va a mantener el aislamiento social, aunque ya tenemos una prórroga de 13 días más hasta el 12 de abril y, por lo tanto, se prevé un impacto mucho más significativo de la emergencia en la economía que de un shock externo temporal.

En la emergencia actual por el Coronavirus, el impacto de un shock externo temporal será menor que la desaceleración y la recesión interna porque esta afecta a los más pobres y a los informales que viven el día a día y son la mayoría del país, así como a las asociaciones de productores, cooperativas y las micro y pequeñas empresas que usan el crédito y tendrán problemas con la cadena de pagos; a diferencia de los especuladores de siempre que se benefician subiendo los precios de los productos de primera necesidad y las mascarillas en medio de la emergencia. El control de precios y facilidades reales para pagar las deudas son dos demandas que el gobierno tiene pendientes.

Sin embargo, en el manejo de los recursos para atender la emergencia no se evidencia un plan de corto plazo que permita aumentar sustancialmente el gasto público en salud postergando el criterio de la austeridad fiscal por el de salvar la vida de las personas. Es claro que los infectados aumentan y los fallecidos también, pero aún estamos a tientas, aunque asumiendo medidas más radicales, pero se requiere de la cooperación internacional que maneja el tema de salud, como son los casos de los gobiernos de China y Cuba.

La otra cara, está en la reducción del impacto ambiental, pero no por acción sino por omisión, al disminuir al mínimo el transporte y la emisión de gases y generarse un aire menos insalubre en las ciudades; pero no ocurre lo mismo con la actividad minera como se verá más adelante.

La Minería y la Emergencia por el COVID 19

El viernes 20 de marzo el presidente Vizcarra afirmó que no había sido “presionado” por la Confiep para permitir que las empresas mineras operen normalmente desde la extracción del mineral hasta su embarque en el puerto en plena emergencia por el Covid19. Y señaló que “algunas (unidades mineras) tienen operación remota porque están lejos, donde está la mina, y está confinada. El concepto de estas unidades es de aislamiento social, con lo que cumplen la norma”.

Luego el presidente Vizcarra completó su argumentación diciendo que las compañías que estén trasgrediendo la norma al permitir la libre entrada y salida de sus trabajadores serán sancionadas, siempre que no hayan dispuesto garantizar la presencia únicamente del personal mínimo requerido para el normal funcionamiento de las operaciones. (Véase diario Gestión del 23 de marzo 2020).

En resumen, para el presidente Vizcarra, las operaciones mineras remotas o aisladas socialmente cumplen la norma y pueden funcionar normalmente sin ser sancionadas una vez que hayan garantizado trabajar con el personal mínimo requerido. Sin embargo, el aislamiento social en un campamento no se da en condiciones de funcionamiento normal de las actividades mineras, cualquiera que sea su ubicación; porque los trabajadores van y vienen de sus ciudades de origen o residencia, ya que laboran bajo los sistemas de 20 días de trabajo por 10 días de descanso en que comparten con sus familiares (20*10) o también utilizan el 14 * 7.

De esta manera, el primer ministro Zevallos ha quedado desairado porque el lunes 16 de marzo precisó, que todas las actividades, incluidas la minería y la agroexportación, quedaban paralizadas al igual que todas las actividades económicas del país, con la excepción de las actividades esenciales vinculadas a los centros de abastecimiento de alimentos, energía, medicinas (farmacias), y hospitales. (Véase el diario “La República” del 16 marzo 2020). Esta declaración del primer ministro fue corregida el mismo lunes 16 de marzo por la presidenta de la Confiep, María Isabel León, en declaraciones a Patricia del Río de RPP, donde afirmó que las mineras no podían parar y que aún estaba por concertarse un acuerdo en la reunión con la ministra del MINEM ese mismo lunes.

Oh sorpresa, al día siguiente, martes 17 de marzo, la ministra de energía y minas, Susana Vilca Achata, emite un comunicado en el que se señalaba que el MINEM había obtenido la conformidad del MEF a la propuesta de actividades mineras y conexas que estaban exceptuadas de paralización en la emergencia nacional, de acuerdo al literal l del numeral 4.1 del artículo 4 del DS 044-2020-PCM, a través del oficio N° 059-2020-EF/10.01 del MEF del mismo día 17 de marzo, dado por la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi. Todo el mismo 17 de marzo 2020: ¡¡que rapidez cuando se trata de los intereses mineros!!

Veamos que dice el literal l, numeral 4.1 del artículo 4 del D.S. N° 044-2020-PCM que rubrica el Primer Ministro Zeballos:

“l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.”

Pero, ¿cuáles son las actividades esenciales en la actividad minera, sea de minería subterránea o de tajo abierto? He aquí el comunicado del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) del 16 de marzo 2020 que informa que entre las actividades esenciales a mencionar están:

  • Control de la operatividad del sistema de suministro de energía, que a su vez genera estabilidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
  • Funcionamiento a plena capacidad de las plantas de tratamiento de aguas industriales.
  • Control de la estabilidad física, que incluye el pleno funcionamiento de los sistemas de drenaje, actividades de estabilidad y monitoreo de las presas de relaves.
  • Funcionamiento a plena capacidad de los sistemas de drenaje, ya sea en minas subterráneas o a tajo abierto.
  • Plena operatividad de los sistemas de ventilación en minas subterráneas.
  • Vigilancia a capacidad plena de los almacenes de explosivos e insumos químicos fiscalizados.

Luego, el 19 de marzo, el IIMP saluda el comunicado y el oficio 059 del MEF y añade dos insumos para el tratamiento de aguas industriales (cal viva y peróxido de hidrógeno) y dos para el sostenimiento de minas subterráneas (cemento y agregados de construcción).

Pero el comunicado del MINEM se refiere a “operaciones críticas” y no a actividades esenciales, señalando que la aprobación de las excepciones de paralización se daba “a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente, en los siguientes términos:

Actividad minera y otras actividades conexas, que incluye: explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados”.

Luego el comunicado del MINEM señala las disposiciones que cumplirán las empresas mineras durante la cuarentena, y determina que trasladen al personal indispensable propio y de contratistas para realizar sus “operaciones críticas”, que cumplan con las medidas de emergencia, monitoreo y seguridad, y que con sus hospitales y clínicas privadas, cumplan con “el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, contener y mitigar el contagio del COVD 19, en el marco de las acciones de control sanitario”.

Y, al final el comunicado del MINEM, remarca, que de acuerdo a los numerales 8.3 y 9.3 del DS 044-2020-PCM de emergencia por el Coronavirus, “los titulares mineros se encuentran facultados para continuar con el transporte de concentrados de minerales, metal refinado, cátodos, doré, y otros, carga y mercancías y actividades conexas para asegurar las operaciones y el ciclo logístico.” En otras palabras, las empresas mineras pueden realizar todas sus actividades desde la extracción del mineral hasta el puerto de embarque.

Las “operaciones críticas”, solo están referidas en el actual marco legal cuando se trata del funcionamiento de los “Activos Críticos Nacionales” y así lo precisa la propia presidenta de la Confiep, María Isabel León, cuando en la nota de prensa de Perú 21 del 25 de marzo 2020 titulada “Confiep afirma que pedido para que mineras puedan seguir operando “fue malentendido» y señala que “se trataba de cubrir activos críticos que necesitaran un stock mínimo de personal, dentro del cumplimiento de garantías de salud y seguridad para ellos».  Pero ¿una, varias o todas las unidades mineras pueden ser consideradas un “Activo Crítico Nacional”?

La respuesta es NO, porque de acuerdo al D.S. N° 106-2017-PCM, los llamados “Activos Críticos Nacionales” están definidos como “aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación o destrucción de dichos activos no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación.” Es decir, solo pueden ser “Activos Críticos Nacionales”, por ejemplo, un puerto de embarque o un aeropuerto de importancia nacional o la infraestructura del Sistema eléctrico interconectado nacional para la transmisión de energía para el país.

Esto nos lleva a la pregunta: ¿la minería es una actividad de interés nacional y, en consecuencia, puede ser considerada como un Activo Crítico Nacional? Si para la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería la respuesta es afirmativa, entonces siempre las empresas mineras realizarán sus actividades normalmente desde la extracción de minerales hasta el puerto de embarque y salida del Perú.

¿Que se puede concluir?  

La emergencia por el Covid 19 y otras epidemias o pandemias que vendrán, refuerzan la necesidad de que el Estado con la participación de las poblaciones organizadas en sus territorios haga respetar su autonomía y la soberanía sobre los bienes naturales y no naturales, así como, que sea garante de un ambiente sano para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Tiene que haber una visión más integral y territorial frente al Covid19.

Se requiere un plan de salud pública y un presupuesto mucho mayor para enfrentar el Covid19; desde la superación de esta emergencia en el corto plazo, el ingreso a la etapa del control del virus hasta la fase de aplicación de la vacuna identificada, y pensando en las emergencias similares que surgirán en los próximos 10 años. Esto supone aumentar sustancialmente el gasto público en salud, sin la restricción de la austeridad fiscal.

Se deben priorizar las actividades sostenibles que diversifiquen y dinamicen la economía interna de las regiones desde organizaciones de interés colectivo que persigan el buen vivir y permitan superar las limitaciones de la dependencia de la exportación minera, que en definitiva no es una actividad de interés nacional o por encima de las demás.

La actividad minera no debe ser considerada una operación crítica o de interés nacional y, por lo tanto, no se debe considerar a la unidad minera como un Activo Crítico Nacional. Deben salvaguardarse los derechos, la salud y la vida de los trabajadores mineros y sus familias asegurando que cumplan con el aislamiento social, garantizando condiciones de protección de la salud a los trabajadores que laboran en actividades esenciales, bajo la supervisión de Sunafil.

Los compromisos de colaboración entre los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe, Asia, Europa, EEUU y otros países del mundo para enfrentar esta pandemia y otras, que de seguro vendrán en el futuro cercano, conjuntamente con los efectos del cambio climático, se puede convertir en uno de los escenarios donde ya nada será igual después de la emergencia del COVID 19.  Hoy se requiere con urgencia de la cooperación internacional que maneja el tema de salud, como son los casos de los gobiernos de China y Cuba.

 

ANEXO: ¿La minería no debe parar porque es de «interés nacional»?

 

Completamente falso, la minería solo aportó el 3% del total de ingresos tributarios internos neto de devoluciones del Estado Peruano para 2015-2019, su aporte al PBI es similar, su efecto multiplicador en la minería es cada vez más débil y el estudio para 1960-2011 «Hacia un desarrollo inclusivo. El caso del Perú», Cepal, OIT,2014, concluye que la economía peruana “ha pasado de un modelo primario exportador semindustrial a uno primario exportador y de servicios» (pág. 40 del estudio) y mientras el IPE (2017) y Macroconsult (2012), financiados por la sociedad nacional de minería, concluyen en sus estudios que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 9 y 4 empleos indirectos, respectivamente, mientras en Chile, la International Copper Association (ICA) realizó el estudio “Impacto Económico y Social de la Minería del Cobre en Chile” para 1990-2016 y concluyó que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 3.7 empleos indirectos. Creemos más en la seriedad de los estudios en Chile que los estudios pagados por los propios dueños de las minas en el Perú. En empleo directo, la minería solo aporta con el 1.1% de la PEA para 2012-2019. O sea, genera muy poco empleo directo e indirecto, siendo un 67% eventuales de contrata y de preferencia son de regiones distintas a las que realizan su trabajo. En realidad, su principal aporte es que las exportaciones mineras son el 60% del ingreso por exportaciones y sirven para disponer de dólares para las importaciones, afectando cada vez más a los productores nacionales y a la generación de empleo e ingresos, sin contar el valor del impacto ambiental, económico y social que causan en su entorno. Si la minería genera pocos puestos de trabajo directos e indirectos, aporta muy poco en tributos, la disponibilidad de divisas fomenta el circulo vicioso de la dependencia de las importaciones y no asume el valor del impacto ambiental que genera, matando biodiversidad, ríos, la producción y el empleo, así como afectando irreversiblemente a los trabajadores mineros y a la población de su entorno en el Perú, ¿sabes para lo que sirve la minería en Perú, además de favorecer a las transnacionales y a las productoras mundiales de tubos para construcción, cables, autos, computadoras y otros?, para que abandonemos el impulso del turismo ecológico, arqueológico y vivencial, que dinamizan la producción agroalimentaria, los productos de la medicina natural, y la gastronomía, asociados con todos los servicios de transporte y hotelería y el comercio que ello implica, generando empleo masivo en asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, y otras formas de organización colectiva de la producción.

 

Al caso reportado el día de ayer por la empresa minera Cerro Verde en Arequipa; se suma el segundo caso de un trabajador minero con covid-19 en Pasco, que actualmente se encuentra en la ciudad del Callao.

Este segundo caso confirmado, se trata de un trabajador del proyecto minero de exploración Ayawilca de la empresa minera Tinka Resources y Buenaventura, que comparten el accionariado del proyecto minero de zinc.

A través de un comunicado dirigido el 25 de marzo por el gerente general de la empresa Tinka Resources al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, la empresa señaló que el trabajador de “mantenimiento” presentó problemas respiratorios en el campamento minero y al pasar por el tópico del campamento, “se dispuso inmediatamente la evacuación vía la ambulancia destacada en campamento con dirección a una de las entidades del sector salud ubicadas en la ciudad de lima, ciudad donde domicilia nuestro trabajador”. Enseguida, en el comunicado, la empresa señala que el mismo sábado 21 de marzo, “el trabajador fue llevado al hospital San José del Callao – hospital que le corresponde en virtud a su domicilio- donde le realizaron la prueba de isopado para detección del covid-19”.

A los 3 días de habérsele realizado la prueba al trabajador, este informa que la prueba del Covid-19 había arrojado resultado positivo, como se lee en el comunicado.

Además, en el comunicado, la empresa señala que el trabajador tuvo contacto con otros trabajadores del proyecto minero entre el 9 y el 21 de marzo, que estuvo presente trabajando en el campamento minero. Debido a ello, la empresa, agrega, ha tomado las medidas del caso para resguardar la salud de los trabajadores y personas de las comunidades aledañas, al suspender el ingreso y salida de nuevo personal de la empresa.

Asimismo, la empresa alerta a las personas de las comunidades del distrito de Pillao que hayan tenido contacto con los trabajadores de la empresa en esas fechas, a que realicen la cuarentena de forma absoluta tal como lo recomienda el Ministerio de Salud para evitar posibles contagios en la provincia Daniel Alcides Carrión y en toda la región de Pasco.

 

Otro caso de Covid-19 en Pasco

El día de hoy, viernes 27 de marzo, la Dirección Regional de Salud de Pasco (DIRESA), mediante conferencia de prensa, anunció el caso de una señora que llegó de Lima a Pasco el 21 de marzo, a la comunidad de Tapu, que se encuentra al frente del proyecto minero Ayawilca, y pertenece también a la provincia Daniel Alcides Carrión. El representante de la DIRESA Pasco, agregó, que 3 personas de la familia de la señora están en aislamiento y hasta ahora no presentan síntomas. Durante la conferencia de prensa el representante de la DIRESA no se pronunció sobre el caso del trabajador minero que tiene Covid-19, que actualmente se encuentra en el Callao.

Gobierno debe fiscalizar actividades mineras

Como es de conocimiento público, el gobierno, a través del MINEM con el respaldo del MEF dio luz verde el martes 17 de marzo para que la actividad minera continúe desarrollando sus actividades en: “explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de mineral por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformado”.

Posteriormente, aunque el presidente Vizcarra señaló el viernes 20, que solo se permitiría el desarrollo de actividades mineras confinadas y remotas; esto no viene siendo acatado por todas las empresas de la cadena productiva de minerales, tal como lo hemos venido denunciando estos días. Asimismo, la Federación de Trabajadores Mineros también ha denunciado lo mismo a través de sus redes sociales y en una carta dirigida al presidente Vizcarra.

Desde la Red Muqui señalamos que es fundamental que el gobierno fiscalice las actividades mineras para no seguir teniendo más noticias de trabajadores contagiados de Covid 19. Ver pronunciamiento.

Volcan y otras empresas siguen operando

El Centro Labor de Pasco, institución miembro de la Red Muqui, también denuncia que Volcán, que está en proceso de transferencia a la empresa de capitales canadienses Cerro de Pasco Resources, viene realizando sus actividades con normalidad, empleando nuevas estrategias como el desplazamiento de sus trabajadores en buses y carros para que entren directamente a las unidades mineras y ya no lo hagan caminando como lo hacían anteriormente. Así como Volcan, también continúan trabajando las empresas: Brocal, Huarón y Animon.

La empresa minera Cerro Verde, que opera cerca a la ciudad de Arequipa, acaba de reportar el primer caso de Covid 19 en el sector minero. Se trata de un funcionario del área administrativa de la empresa que ha tenido contacto con algunos trabajadores de la empresa, como se lee en el comunicado.

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos hecho público; desde la Red Muqui, plataforma que agrupa a 29 instituciones en el país, hemos exigido al gobierno, a través de un pronunciamiento el 18 de marzo, que se garantice la salud pública de las personas antes que los intereses privados de la minería.

“Operaciones críticas” del MINEM

Como ya es de público conocimiento, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado el martes 17 con el aval del Ministerio de Economía, en el que señaló que las empresas mineras podían desarrollar “operaciones críticas” en la actividad minera. Sin embargo, en el desarrollo del comunicado, el Ministerio da luz verde a todas las actividades mineras que las empresas de toda la cadena productiva desarrollan con normalidad: “explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de mineral por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformado”.

 

 

 

 

 

Asimismo, en el comunicado del MINEN se señala que serán las empresas quienes definan el personal indispensable para realizar las actividades operativas señaladas.

Mensaje de Vizcarra

Durante estos días, también, el viernes 20, el presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que las actividades operativas que realicen las empresas mineras deben ser “confinadas y remotas. Nadie entra, nadie sale”. Sin embargo, los sindicatos de trabajadores mineros, la Federación de Trabajadores Mineros, y trabajadores no sindicalizados, han estado denunciando estos días que los trabajadores se encuentran trabajando con normalidad en varias empresas mineras; más de 12 horas en el caso de los trabajadores de las empresas concentradoras y exportadoras de minerales ubicadas en el puerto del Callao (PERUBAR e IMPALA), denunciando que sus jefes, que trabajan desde casa, se amparan en el comunicado del MINEM y no en lo dicho por el presidente Vizcarra.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación porque SUNAFIL no está fiscalizando las actividades de las empresas mineras y las empresas que se encuentran en toda la cadena productiva; y se continúa exponiendo a los trabajadores y sus familias a que se contagien del Covid19.

La agricultura familiar es la clave para erradicar el hambre y pandemia del Coranovirus

Por: Juan Edwin Alejandro Berrospi / Red Muqui

 

El surgimiento del nuevo brote de coronavirus (COVID-19), que ha sido declarado como pandemia, ha golpeado fuertemente a la economía global[1], y tiene inmovilizados a todo el mundo para detener su expansión mundial con cierre de fronteras, estados de emergencia, cuarentena y aislamiento social. En el Perú, el gobierno ha declarado el estado de emergencia por quince días y tiene paralizado la mayoría de las actividades económicas excepto las actividades extractivas como la minería[2] y la agroexportación;[3] ambos están exceptuados del alcance del decreto de emergencia. Indudablemente, el Covid_19, al igual que otros virus (gripe aviar H5N1, gripe porcina H1N1 y la enfermedad de la vaca loca). guardan relación con el sistema extractivista- agroexportador y de explotación de los recursos naturales como un negocio para concentrar la producción de alimentos y beneficiar a unos cuantos.

Los más vulnerables al Covid-19 son las mujeres, niños y ancianos del campo

En los últimos 30 años, las industrias extractivas en el Perú han entrado en una etapa de expansión minera que, junto a la agroexportación, han incrementado las desigualdades en las zonas rurales y están degradando a gran velocidad nuestra naturaleza con la ocupación de territorios, deforestación, contaminación ambiental, agotamiento de fuentes de agua y uso exagerado de agroquímicos. Incluso en estos tiempos de pandemias, la minería continúa operando con normalidad; poniendo en grave riesgo la salud de las familias y comunidades que trabajan la agricultura familiar, porque los trabajadores mineros provienen de las ciudades y pueden transmitir fácilmente el Covid-19, y los más vulnerables son las mujeres, niños y ancianos del campo que no tienen ni siquiera una mascarilla para protegerse de este virus.

La problemática de los productores agropecuarios

Con la construcción de los grandes proyectos de irrigación e hidroenergéticos destinados para la agroexportación (Majes Sihuas II, Olmos, Chavimochic, Alto Piura, entre otros), y proyectos mineros a gran escala, se está afectando a los territorios y recursos naturales donde trabajan miles de familias la agricultura familiar. El 15% del territorio nacional se encuentra concesionado para la minería, y las principales cuencas hidrográficas del país están sufriendo los graves impactos ambientales y sociales. Según el ministerio de Energía y Minas existen más de 8,448 pasivos ambientales que pone en peligro la producción de alimentos. Por lo tanto, como país deberíamos establecer políticas para evitar la degradación ambiental y proteger a la agricultura familiar, dado que los niveles de vida empezarán a declinar en el 2030 si no se toman las medidas inmediatas[4].

Por otro lado, la situación de pobreza y extrema pobreza de los pequeños agricultores se viene agudizando cada día. Por ejemplo, Cajamarca, que es una región eminentemente minera, es la más pobre del país (37.4 a 46.3% de la población afectada),[5] seguido de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. El pequeño subsidio de 380 soles que viene otorgando el gobierno por la cuarentena del Covid-19 no les llegará a todas las familias de las comunidades y pueblos indígenas que trabajan la agricultura familiar. Simplemente porque el sistema de identificación de hogares en condición de pobreza y extrema pobreza es muy precario e insuficiente.

 

Importancia de la agricultura familiar para enfrentar el Covid-19

En esta crisis del Covid-19, la agricultura familiar ha jugado un rol fundamental en el abastecimiento de los mercados con el 70% de los alimentos orgánicos y de calidad para la alimentación de más de 30 millones de peruanos, incluso muchas familias continúan trabajando en sus chacras para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Lamentablemente, continúa siendo el sector más excluido, invisibilizado y maltratado por el gobierno que no valora el gran esfuerzo que realiza para sostener la canasta familiar.

Ante esta situación, es urgente que se implemente la política de agricultura familiar garantizando el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales e impulsar el proceso de ordenamiento territorial con enfoque agroecológico para garantizar el trabajo de más de 2.3 millones de peruanos y peruanas que trabajan la agricultura familiar. Asimismo, se debe garantizar la disponibilidad permanente de agua para la producción de alimentos, conservación de ecosistemas y el rescate los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas que históricamente han producido sus alimentos en sistemas agroecológicos.

Además, se requiere importantes recursos económicos y mayor presupuesto público para garantizar la producción de alimentos orgánicos y evitar pérdidas en sus cosechas por diversas situaciones críticas que vienen afrontando en esta emergencia del Covid-19. Seguramente, también, se suscitarán otros fenómenos naturales producto del cambio climático, que requerirán una atención inmediata del gobierno.

En estos tiempos de pandemia, y tras el inicio de la declaratoria de emergencia para contener la propagación del coronavirus (COVID-19), diversos mercados elevaron los precios de alimentos como el limón que llegó a costar hasta s/.10 el kilo y la arveja verde s/.3.73 (ver gráfico 2). El ingreso diario de alimentos al mercado mayorista de Lima se está reduciendo en un 13%, tal como lo registró el Ministerio de Agricultura con el ingreso de 6,573 toneladas de productos en promedio de los últimos cuatro martes,[6] y la tendencia al alza en el precio de los productos es inminente dada la situación precaria de los canales de comercialización (productor, acopiador, transportista, mayorista, distribuidor, minorista y consumidor).

 

Por ello, el gobierno debería trabajar en emitir normas que faciliten los canales de comercialización de sus productos para fortalecer los mercados locales y proteger a las familias que trabajan la agricultura familiar respetando sus modos de vida, sus costumbres, su territorio, sus comunidades y a sus pueblos indígenas. El Estado peruano debería asumir la responsabilidad como garante de derechos de proteger y atender las demandas de los pequeños agricultores.

 

 

[1] Instituto Peruano de Economía – IPE – 2020

[2] El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 059-2020-EF/10.01 del 17 de marzo de 2020, otorgó conformidad a la propuesta que incluye en la relación de actividades exceptuadas previstas en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM al sub sector minero, a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente

[3] Sergio Castillo Gerente General de la Asociaciones de productores de Cítricos del Perú, señala que no hay interrupción en el proceso productivo y las operaciones de importación y exportación de mercancías no se encuentran restringidas ni limitadas, así como insumos como pesticidas o sustratos. Marzo 2020

[4] Fondo mundial para la Naturaleza – WWF

[5] Instituto de Estadística e informática – INEI, Evolución de pobreza monetaria 2007 – 2018

[6] Sistema de Información de abastecimiento y precios del Ministerio de Agricultura – Minagri 24 marzo 2020.