El martes 4 de mayo se ha promulgado en el diario El Peruano, la ley para “Fortalecer prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”, firmada por el presidente de La República, Francisco Sagasti, y la presidenta de la PCM: Violeta Bermúdez. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el 31 de marzo del presente año con el aporte de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, y faltaba la promulgación por parte del Ejecutivo si es que no había alguna observación. Desde octubre del 2018 en que se aprobó los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” por el Ministerio de Salud, no había otro avance normativo importante.

Implicancias de la Ley

De acuerdo al artículo 3, esta ley encarga a la “Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud en ejercicio de su función rectora, la definición de los actores y de los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de los sectores competentes, así como en los de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

La coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque, señala que “esto permitirá que no solo haya una acción organizada a nivel multisectorial que contempla a diferentes ministerios, sino que entre los diferentes sectores haya mejores propuestas. Refuerza los canales de comunicación para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y dialogar mejor frente a las políticas nacionales que se vayan aprobando.

Agregó que desde la sociedad civil ahora se podrá argumentar que existe ya una ley para que los gobiernos regionales realicen un plan integral de salud que contemple a las y los afectados por metales tóxicos.

Minsa adecuará protocolos para atención

Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Salud debe elaborar y actualizar “los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”.

Karem Luque precisa que actualmente el Ministerio de Salud tiene guías de diagnóstico clínico con los que los médicos evalúan los síntomas y signos de las personas que estarían afectadas por metales pesados. “La guía más actualizada es la de plomo del 2017. También hay guías para arsénico, cadmio y mercurio”. Agrega que lo que se pide con este artículo, es que estas guías sean actualizadas y sea asumido por todos los profesionales de la salud que van a trabajar en la zona donde hay exposición a metales pesados. “Los médicos deben conocer a detalle estas guías para diagnosticar la enfermedad de los pacientes expuesto a metales pesados”, puntualiza

Crearán Registro de personas afectadas por metales pesados

Otro importante avance de acuerdo a esta ley, es que el Ministerio de Salud implementará y actualizará el “Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, a fin de organizar el sistema de atención sobre esta materia, que brinde mayor conocimiento sobre su incidencia, prevalencia y demás información relevante en cada área geográfica que se produzca, así como los niveles de afectación en la salud”.

Hace unos meses el Ministerio de Salud informó que actualmente “hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país” . Sin embargo, Karem Luque señala que no es un informe detallado para saber cuántas personas expuestas a metales pesados hay en cada provincia y distrito. “La data solo es a nivel regional. Esperamos que con esta ley y su reglamento se pueda tener la data detallada con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en cusco hay 342 660 personas en riesgo de exposición a metales pesados, pero no se dice dónde”.

En el artículo 5, se precisa que el registro se construirá “a partir de la información obtenida en atenciones médicas realizadas, en los establecimientos de salud de los tres niveles de gobierno, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud su conducción y actualización periódica, conforme lo señale el reglamento”.

Financiamiento

Finalmente, sobre el financiamiento, en el artículo 7 de la ley se precisa que no habrá recursos adicionales del Tesoro Público para implementar estas acciones. “La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas”.

Karem Luque señala que los gobiernos regionales deben elevar sus presupuestos, ya que ellos son los que definen los montos a utilizar en el sector salud de su región. “Si tendríamos en cada región una unidad de metales pesados que esté bien equipada, tendríamos mayor seguimiento a los casos de exposición y afectados por metales pesados”.

Finaliza, precisando que sí debería evaluarse un presupuesto especial a nivel nacional porque en los territorios donde ya hay afectados por metales pesados y personas en riesgo de serlo, se sigue impulsando la actividad minera, y por ello debería haber un presupuesto especial para implementar las acciones de mitigación, prevención y atención a los afectados por metales pesados.

Aprobada la ley, el reglamento de la Ley debe ser aprobado dentro del plazo de 90 días calendario, contados a partir del día de hoy, 4 de mayo.

DATO

Actualmente la Comisión Multisectorial Temporal de la que hacen parte representantes de ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer, Producción; 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, vienen elaborando el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Con la ley aprobada, la implementación del Plan Especial Multisectorial tendrá un respaldo jurídico para la prevención, mitigación y atención de la salud de los afectados y afectadas.

 

En la actualidad, de acuerdo al reporte de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, existen más de 80 conflictos sociales en torno a la minería, sea por que las comunidades y poblaciones exigen mayores recursos a las empresas mineras y al Estado para el beneficio de sus pueblos; porque las empresas mineras no se hacen responsables de la contaminación ambiental y a la salud que han generado en el pasado y en la actualidad; y porque hay comunidades y poblaciones que viven de la agricultura y otras actividades económicas locales que rechazan la imposición de proyectos mineros en sus territorios.

Para responder a la pregunta sobre la viabilidad y eficacia de las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para resolver la problemática minera en el Perú, conversamos con dos especialistas: Epifanio Baca, economista del Grupo Propuesta Ciudadana; y Roxana Barrantes, economista y presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Castillo ha señalado que el “70 % de utilidades se tiene que quedar para el país y que las empresas mineras se lleven el 30%. ¿Es viable esa propuesta?

Epifanio Baca:  Suponiendo que Castillo se refiere al porcentaje del Estado que recibe del impuesto a la renta. No es claro en eso. Actualmente el impuesto a la renta es casi el 30% sobre las utilidades de las empresas. Él está planteando llevarlo al 70% y que las empresas se queden con el 30%. Es un planteamiento inviable. Piensa que las empresas tienen contratos con el Estado y ahí está establecido ese pago. Las empresas mineras, como todas las empresas, pagan el impuesto a la renta que está asociado por ley y eso se da para todos los sectores. Y quien define eso es el Congreso no el Ejecutivo. Hay diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, los que pagan las personas naturales y otros impuestos.

Roxana Barrantes: Cualquier cambio con cuanto se queda el Estado sobre el aprovechamiento de recursos mineros tiene que tomar en cuenta a nuestros vecinos  de Colombia y Chile y en qué posición nos dejaría en la atracción de inversión respecto a ellos. La información que manejo, es que la posición del Perú, respecto a lo que se queda el Estado sobre el aprovechamiento minero, es similar a la de Colombia y Chile. Ese no es un factor diferenciador para atraer inversiones en el sector. Si eso se quiere cambiar para aumentar la recaudación del Estado, creo que vamos a perder competitividad y a mediano plazo empobrecernos.

En la actualidad se está dando un alza en el precio de los minerales.

E. Baca: Está empezando un contexto favorable del alza de precios desde fines del año pasado. Eso se va a traducir para una mejora económica del sector y también para los ingresos fiscales que produce para el Estado.

Los impuestos que paga el sector minero en el primer trimestre de este año comparado con los últimos 15 años, está en el pico más alto. Ha superado en el monto del 2011-2012 que eran las cifras récord. Es una señal que con el cobre alrededor de 4 dólares la libra, que es un precio extraordinario y si se mantiene durante varios años, eso va a mejorar las utilidades de las empresas y conceptos que ellos pagan: impuesto a la renta, impuesto especial a la minería y las regalías que pagan.

R. Barrantes: Con el alza de minerales lo que tenemos que hacer es vender. Aumentar niveles de producción con los protocolos sanitarios respectivo y vender lo más que podamos.

¿Y qué propone Keiko Fujimori sobre la recaudación de ingresos en el sector minero?

E. Baca: El planteamiento del fujimorismo es dar facilidades para la inversión. No tiene una propuesta para recaudar más ingresos a través de impuestos. Es lo mismo que la Confiep, «bajemos la tramitología, facilitemos la inversión». Mano dura y cumplimiento de la ley en aquellas zonas donde se bloque la carretera. Llevarán supongo al ejército para que continúen los proyectos mineros.

R. Barrantes: El fujimorismo no tiene metas en minería muy claras al respecto. No tiene nada, solo está pensando en la simplificación administrativa y aumentar el personal para los ministerios del Ambiente y Energía y Minas.

Es importante tener personal capacitado, que trabaje con liderazgo claro, que pueda avanzar en el MINAM y el MINEM y todos los organismos relevantes, pero esa no es la única solución para sacar adelante más proyectos y beneficiarlos de la demanda de recursos mineros que permitan además hacer inversiones en otros sectores de la actividad económica, aumentar la productividad y el desarrollo de la ciencia y tecnología.

Necesitamos un liderazgo claro del Estado para sacar adelante los proyectos. No el Estado que recibe los pedidos administrativos,  sino el Estado que tiene que liderar el desarrollo territorial en las regiones.

¿A qué se debe el alza de los precios en los minerales?

E. Baca: El alza se debe a un factor estructural que tiene que ver con la transición energética a nivel mundial. Esta en marcha el reemplazo de energías fósiles por otras energías y específicamente el cambio más grande es la electro movilidad en los países desarrollados como la China. Significa que están reemplazando los carros que funcionan con gasolina, petróleo, a electricidad. Ese cambio genera una demanda de nuevos minerales como el cobre, litio y piedras raras para las baterías y otros insumos.

El otro factor, más coyuntural, es que la economía china va a crecer este año al 9%, después que su crecimiento cayó a 1-2%, pero no a cifras negativas como en todo el mundo. En una economía como la China, este crecimiento genera una demanda de minerales fuerte.

¿Nuestro país podrá aprovechar esta demanda?

E. Baca: El PBI del sector minero cayó 14% y la producción en términos físicos disminuyó por la pandemia. Han sido afectados en su producción. ¿Este año como será? Dependerá como estará la pandemia. Si el Estado puede controlar la pandemia, ayudará; pero en el Perú no tenemos grandes minas nuevas, tenemos ampliaciones, pequeñas minas como el proyecto Toromocho y mina Justa. No va a haber en estos tres años un aumento significativo como hubo en el 2016 con proyectos mineros como Las Bambas, Ampliación Cerro Verde y junto a ellos Hudbay, Constancia, y Antapaccay en Cusco.

Volviendo a las propuestas de Castillo, ¿es posible la nacionalización del sector minero?

E. Baca: Esas propuestas en el campo minero son difíciles de implementar. Si las empresas no aceptan la renegociación, nacionalizamos señala Castillo, pero eso no tiene pies ni cabezas. El Estado no tiene capacidad de hacer minería actualmente.

El equipo de Castillo lo que quiere es que la minería deje más plata. No tanto están con los temas ambientales, sociales de derechos humanos. Critican fuertemente a las ONGs, las acusan de estar ligadas al imperialismo yanqui.

¿Pero es imposible que el Estado administre empresas mineras?

E. Baca: El Estado actualmente no tiene capacidad para hacer vacunas,  ni para hacer plantas de oxígeno. Tenemos antecedentes en los 70s y 80s en que el Estado administró empresas mineras. Tintaya fue administrada por el gobierno regional de Cusco. En el 87-88, Patria Roja tenia la gobernación y fue un desastre económicamente. Te llevan la eficiencia al piso. No somos Chile. En Chile tienen un consenso de 40 años y la gestión es privada y funciona. Acá no se está planteando esto. Tenemos una institucionalidad débil. Las empresas publicas han sido usadas en el Perú como botines. Por ello, es bien complicado.

Una opción para futuros proyectos mineros, sería que el Estado, que tiene algunas concesiones mineras, señale a las empresas mineras: «yo te voy a concesionar esto pero quiero ser socio». Tendríamos una empresa mixta, donde el Estado es accionista, por ejemplo en un 30%, y de esa manera participa de la renta.

¿Y sobre aumentar la recaudación de impuestos?

E. Baca: No creo que sea posible aumentar la tasa del impuesto del 30%. Si se puede cambiar las regalías, como hizo Humala, que en vez de que este calculado se de sobre la base operativa, sea sobre las rentas. Como actualmente pasa con el proyecto minero Las Bambas, y en otras tres empresas más. La otra manera es el control de elusión fiscal de las empresas mineras a través de la SUNAT, que sea más rigurosa en el control para que las empresas no usen practicas elusivas para declarar menos utilidades.

Sobre las exoneraciones tributarias no son muchas, pero sí hay que retirar de la Constitución de 1993 el anclaje constitucional de los contratos ley de las empresas mineras. No puede estar protegida por la Constitución. Los contratos ley protegían todo antes. Solo deberían proteger ahora el impuesto general a la renta porque cualquier inversionista necesita seguridad a largo plazo para invertir. En el pasado incluía otros beneficios paras las empresas mineras.

¿Y sobre la protección ambiental, el fujimorismo qué plantea?

E. Baca: No van a mejorar el desempeño ambiental del Estado. Mano dura significa eso, mantener las cosas.

R. Barrantes: Keiko dice vamos a articular y hacer una convivencia armónica con la agricultura, pero no dice cómo. Y sobre la criminalización de la protesta no dicen nada. Me cuesta dar información donde no dicen nada.

Pero el fujimorismo señala que aumentarán el personal de calidad para el Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas.

E. Baca: Conocemos al fujimorismo en el sector. Dará facilidades de apoyo al sector. Si para eso hay que bajar leyes ambientales, lo harán. Habrán mayores conflictos y aplicará la represión seguramente. El fujimorismo tiene capacidad operativa para hacer eso. Tiene gente, especialistas para hacer eso.

R. Barrantes: Están pensando que por tener más personal en el MINEM y el MINAM la convivencia va a ser más armónica.

¿Y Castillo y sus propuestas?

E. Baca: Castillo es recontra precario. Esta diciendo que va a suspender todo: Ositrán, la Defensoría del Pueblo, ATU, etc. Pero que tenga capacidad e gobierno para hacer eso , no la tiene. Para hacer eso necesitas aparato político, el ejército a tu lado, y mayoría en el Congreso. Si llegase al gobierno tiene pocas capacidades de hacer las cosas que está planteando.

R. Barrantes: En los planes de gobierno sobre el tema ambiental, Castillo no dice nada.

 

El pasado 22 de abril del presente año, el pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Por ello, desde la Red Muqui señalamos que:

  • Esta ley busca “reconocer legalmente a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros pobladores rurales” e incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, donde su rol principal sería el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Recordemos que la conformación de los CAD se dio de manera excepcional en la época del conflicto armado interno que vivió nuestro país. Esta ley ahora busca fomentar la conformación de los CAD como un organismo paralelo a las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; contraviniendo la autonomía, territorio y jurisdicción especial de estas organizaciones originarias que ha sido reconocido en los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política, al igual que al Convenio 169 de la OIT y otros tratados de derechos humanos; pues, lo que se busca en la práctica es subordinar a estas organizaciones originarias a las Fuerzas Armadas y la PNP.
  • De otro lado, las disposiciones de esta Ley en sus artículos 6 y 8 son de especial preocupación debido a que, en el marco de los Estado de Emergencia decretados por el Poder Ejecutivo (como en los casos de conflictos socio ambientales), los CAD reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol asignado por las FFAA; es decir, impedir las protestas sociales y de ser el caso reprimir las manifestaciones, incluso pudiendo hacer uso de armas de fuego que esta ley les autoriza poder obtenerlas, sea de forma privada o por asignación estatal. Todo esto puede conllevar a fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país, que actualmente ya se encuentran militarizadas por los Estados de Emergencia. Esta ley entonces promueve la militarización y la represión estatal en los territorios.
  • La aplicación plena de esta ley y las conformaciones de los CAD en todo el territorio nacional, supone una potencial violación de los derechos humanos, individuales y colectivos; debido a que estas organizaciones podrían hacer uso indiscriminado de las armas de fuego que se les faculta obtenerlas y la promoción y financiamiento que recibirían desde el Estado. Sobre todo, en contextos de conflictividad social, pues se les facultaría a intervenir bajo pretexto de resguardar el orden interno y la seguridad ciudadana; pues no existe ningún control institucional de su actuación. Así mismo basta recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que, en la época de violencia política, sobre todo en los años 90, los CADs se han resistido a entregar sus armas y existen denuncias de graves atentados a la libertad, a la vida e integridad contra miembros de las mismas comunidades campesinas.

Por todo lo mencionado; desde la Red Muqui hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales, organizaciones indígenas y originarias, comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas a estar vigilantes y levantar su voz de protesta contra esta ley, que pretende socavar los principios democráticos del uso de la fuerza y la autonomía y jurisdicción especial. De la misma forma solicitamos al Poder Ejecutivo observar esta ley por su contenido inconstitucional, como lo ha hecho el MININTER, MINDEF y la Defensoría del Pueblo; y al Congreso de la República archivar esta ley.

Lima, 30 de abril del 2021.

Por: Juan Aste Daffós, economista y analista

Las elecciones del 11 de abril 2021 en el Perú han mostrado casi un 50% de ausentismo y de votos en blanco y viciado que sumaron 10 millones de personas de casi 24 millones de electores hábiles, pasando a la segunda vuelta Pedro Castillo (Perú Libre) de izquierda con 19.1%, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de derecha con 13.4% de los votos válidos. En el congreso, la derecha supera el 70% de los escaños.

Inmediatamente a la primera vuelta, la realidad nos golpea oficialmente con más de 400 muertos promedio diarios por los efectos de la covid 19, que alcanzó un máximo de 433 fallecidos diarios el 17 de abril, 6 días después de las elecciones, a lo que se suma una vacunación de a pocos a la población más vulnerable, unido a los efectos de una economía semiparalizada que han llevado a una mayor pobreza y desigualdad y a la ampliación de las ollas comunes, mientras se han hecho más visibles los problemas en la educación por el limitado acceso a internet de la población escolar.

La encuesta de Ipsos del 15 y 16 de abril para la segunda vuelta, muestra a Pedro Castillo liderando la intención de voto a nivel nacional con un 42% sobre 31% de Keiko Fujimori, que solo supera a Castillo en Lima con 43% frente a 26%. Los estratos socioeconómicos más pobres (D y E) respaldan a Castillo por un amplio margen de 32 y 25 puntos porcentuales sobre Keiko, respectivamente, mientras en los estratos C y B gana Keiko por un margen de 8 y 9 puntos, y en el A de altos ingresos gana Keiko por 35 puntos.

La encuesta de Datum, realizada entre el 16 y 20 abril, amplía la ventaja de Castillo a 15 puntos porcentuales (41 vs 26%), y gana en todas las regiones y en los estratos medio bajo C y pobres D y E, y Keiko gana en los estratos de mayor ingreso A y B. Por edades, Castillo tiene una diferencia a favor de 16-18 puntos en los jóvenes entre 18 y 34 años y también en los mayores de 55 años, aunque en las otras edades también gana el profesor por un margen 10-11 puntos.

La encuesta del IEP (17 al 21 de abril), muestra que la diferencia a favor de Castillo es ahora de 20 puntos porcentuales (41.5 a 21.5%), casi el doble sobre Keiko, ganando en todas las macro regiones, incluida la norte, y solo en Lima hay empate técnico, y se consolida en los estratos C,D y E. Lo más interesante de la encuesta del IEP es que el 62,3% de quienes apoyan a Castillo se consideran de izquierda y el 35,5% de centro mientras que los que votarán por Keiko un 39,5% se identificó con la ideología de derecha y solo un 16.8% de centro.

¿Qué nos dice el resultado electoral del 11 abril 2021?

El resultado expresa un bajo nivel de legitimidad y una polarización de votantes donde pasaron a la segunda vuelta los candidatos de posturas más radicales; de izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre; y de derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con una diferencia de casi 6 puntos porcentuales a favor del primero, pero juntos no alcanzan la tercera parte de los votos válidos (13.8 millones) ni a la quinta parte de los electores hábiles (23.8 millones). Luego están 3 candidatos de derecha entre 9 y 11.6%, la candidata Verónika Mendoza de izquierda con 7.8%, y finalmente hay 10 candidatos desde 6% hacia abajo.

El candidato Castillo logró una votación con mayor concentración en todos los departamentos de la sierra y en particular en el centro y sur del país; incluye a las principales zonas mineras y agropecuarias. Mientras Keiko Fujimori tuvo un mayor respaldo electoral en las zonas más cercanas a la costa, y en particular en el área urbana y en las capitales de los departamentos de la costa norte. En la amazonia, Castillo ganó en Amazonas y Madre de Dios y Keiko en Loreto y Ucayali

A su vez, el Congreso de la República tendrá mayoría de los representantes de los partidos Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, bajo la influencia del fujimorismo, con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) podrían ser bloqueadas.  En cualquier caso, el respaldo a un probable gobierno de Castillo estará en la movilización social, y en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

La población que votó por Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el centro poblado de Puña, Chota (Cajamarca), encontró a un candidato que lo identificaban como uno de ellos, de los que cuestionan la situación de abandono en que el Estado ha dejado la atención de la salud, la educación, el apoyo a la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades, y rechazan a los gobernantes corruptos y a los partidos políticos que solo los buscan en campañas electorales para pedirles el voto, y después pasan a ser los “nadie” de siempre.

La votación por Castillo no solo expresa el rechazo de una población a la situación existente, sino que este se ha encarnado en una persona a quien reconocen como un igual o uno de ellos mismos, mostrando que esta actitud colectiva ha llegado para quedarse.

El apoyo a Keiko viene de los estratos de medios y altos ingresos que no quieren que la situación económica cambie, por quiénes se beneficiaron de las ventajas otorgadas en los 90s por la dictadura de Fujimori, y por las donaciones y obras en apoyo a los sectores populares del país, en el marco de un manejo sin control y corrupto de los recursos del Estado.

Ahora, en medio de la pandemia y una semi parálisis económica, el apoyo a Keiko no solo se lo da la gente que se benefició en los 90s y ha sido influenciada 30 años por el neoliberalismo, sino también por comerciantes y trabajadores informales que creen o han asumido que un gobierno de izquierda significaría la caída total de la economía, afectándolos a ellos y a la clase media, que suponen se quedarían sin trabajo e ingresos.

Lo cierto es que, a más mercado, individualismo, desigualdad, discriminación, corrupción y menos democracia, el voto ha sido por Keiko, y donde hay menos mercado, más economía comunal, interés colectivo, reciprocidad, menos corrupción y más democracia, el voto ha sido para Castillo. Sin embargo, en ambos casos, prima el conservadurismo respecto a los derechos civiles y un sentido autoritario de orden y mano dura.

¿Cuál es el escenario electoral para la Segunda Vuelta?

Las encuestas muestran que Castillo ha seguido ampliando su ventaja a casi el doble que Keiko en intención de voto en todos los departamentos del país y también por edades, y por estratos socioeconómicos. La intención de voto para Castillo está consolidada en las poblaciones de ingresos medios y bajos C, D y E y Keiko solo gana en los estratos de mayores ingresos A y B. “Los de abajo” que votan clamando cambios están con Castillo y “los de arriba”, que quieren que no cambie ni el modelo ni la constitución están con Keiko. La izquierda ha recuperado legitimidad y un espacio político con posibilidades que dependerá de la participación de la población y las organizaciones sociales en las decisiones desde sus territorios y en los diferentes niveles del Estado.

La estrategia de Castillo es presentarse como la única voz autorizada, descartando la voz de Cerrón (secretario general de Perú Libre), y ser un candidato dialogante que buscará consensos con las organizaciones y movimientos sociales y políticos e incluso con organizaciones empresariales, para salir de la crítica situación de la salud y la economía, luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, el poder judicial y empresas como Odebrecht y su círculo de beneficiadas. Para ello, ha moderado sus propuestas, comprometiéndose en respetar los cauces institucionales en el marco de la constitución actual hasta que sea cambiada por una asamblea constituyente.

La estrategia de Keiko es promover que un gobierno de la “izquierda comunista” llevará a la confrontación y la pobreza, desapareciendo a la clase media y a los pobres informales que subsisten con lo que ganan a diario, siguiendo el camino del “Socialismo de Venezuela”, pero también se ha preocupado por declaraciones de Evo Morales por “interferir en las elecciones en el Perú” apoyando a Pedro Castillo, mostrando su preocupación que la gente mire con optimismo el camino de Bolivia.

A raíz de la mayor distancia obtenida por Castillo según todas las encuestas, el conjunto de medios vinculados al grupo El Comercio y otros de la derecha más conservadora están en una campaña abierta contra el candidato Castillo, complementada con paneles publicitarios mostrando que el peligro del comunismo nos llevaría a la pobreza y a seguir el camino de Venezuela. Pero esta campaña está siendo una especie de bumerang. Lo único que evidencia esta campaña es desesperación frente a la subida sostenida de Castillo en las encuestas.

Las propuestas centrales de Pedro Castillo son:

Castillo ha asumido autonomía en la presentación de las propuestas, las que ha moderado, mostrando independencia de Cerrón y Perú Libre, para facilitar el diálogo más amplio con las fuerzas políticas y sociales.

Por la urgencia para afrontar la pandemia, ha propuesto incrementar al 10% el presupuesto de salud al igual que al sector educación, y resulta evidente que la primera medida que implementará será proponer que el Congreso apruebe la realización de un referéndum para el cambio o no de la constitución a través de una asamblea constituyente, que sea integrada por representantes del pueblo y también de los empresarios.

En el marco de una “Economía Popular con Mercado”, propone la nacionalización del gas, petróleo, minería, hidroenergía, y comunicaciones, aunque se ha centrado en la renegociación de contratos como el del gas de Camisea, en el marco de un Estado soberano que fortalezca la economía interna. Sin embargo, ha señalado que los proyectos mineros Conga y Tía María no van y que “habrá minería allí donde la naturaleza y la población lo permitan”. Luego se ha comprometido a llevar adelante una segunda reforma agraria otorgando un mayor presupuesto para el sector.

Asimismo, Castillo propone incorporar las rondas campesinas al sistema nacional de seguridad, articulando esfuerzos con la PNP y las municipalidades; eliminar el sistema de las AFP; establecer un sistema nacional de pensiones, y crear un nuevo banco estatal. Establecer un nuevo sistema de elección del Tribunal Constitucional con participación popular. Sin embargo, presenta un vacío importante en la política y la gestión ambiental y una visión conservadora en cuanto a los derechos civiles, en particular en lo referente a los derechos de la mujer.

Las propuestas de Keiko son:

Generar riqueza, no pobreza y promover la micro, pequeña y gran empresa, sin expropiación ni estatización, en el marco de una economía social de mercado. “No marxismo ni comunismo”. Propone “que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte”; sin embargo, el Perú ha sido llevado “al otro mundo”, producto de las enormes desigualdades y pobreza que la pandemia ha desnudado.

Argumentando que la responsabilidad de la crítica situación económica y social para las mayorías del país es de los gobiernos anteriores y no el de su padre, Keiko propone no hacer cambios en la política económica ni en las prioridades del modelo económico sostenido en la exportación minera y la agroexportación, complementados por los sectores de la construcción, bancos, y comercio y servicios vinculados a las importaciones, que han desplazado producción y empleo peruanos, creciendo la informalidad, la economía ilegal y con ellas la inseguridad. Por ello, se ratifica en la Constitución de 1993 impulsada por A Fujimori.

Como puede verse, las propuestas de Castillo tienen que ver más con la realidad del país y las demandas de la gente, mientras las propuestas de Keiko, salvo el apoyo general a la micro, pequeña y gran empresa, el resto son deseos o principios para identificar o etiquetar a Castillo como “comunista” a fin de verlo como un peligro para el país.

¿Qué propuestas emergen en esta mirada?

La decisión del pueblo de llevar al profesor Castillo al gobierno demanda que el movimiento social y político y las mayorías del país que lo respaldan, no lo dejen solo con su equipo en las decisiones que tomen hasta las elecciones del 06 de junio y luego de estas, sino que el propio Castillo y las organizaciones sociales tienen que exigir la participación popular ahora, y si llega al gobierno, debe hacer lo propio en las decisiones y acciones que lleve adelante desde el Estado. El reto es que las organizaciones sociales asuman protagonismo en la solución de los problemas y la construcción de alternativas, decididas autónoma y democráticamente desde sus territorios e incidan sobre el Estado

En la agenda hoy, la prioridad es salvar las vidas de los peruanos demandando que primero está la salud y la subsistencia de la gente, y no poner por delante la “economía del país” y dejar morir masivamente a la población sin oxígeno ni camas UCI. Para ello, se requiere la participación del Estado y las organizaciones sociales desde sus territorios o barrios, para asumir el trabajo preventivo en salud y la solidaridad con las familias en desgracia, el apoyo a las ollas comunes, y medidas y acciones que garanticen agua, medicinas, atención médica, energía e internet. Esta última, para evitar una mayor pérdida de clases a los escolares.

La lucha contra la corrupción desde los territorios y barrios y en los diferentes niveles del Estado, debe darse demandando transparencia e identificación del corruptor y el corrupto, a fin de mejorar la gestión en las organizaciones sociales y en el Estado, y disponer de más recursos para salud, educación y la vida de las personas. Se debe respaldar la labor de Domingo Pérez y Rafael Vela.

El cambio del modelo económico significa colocar la prioridad en la investigación, y la generación de empleo y producción para la salud, la educación, la agroalimentación, vestimenta y calzado para la economía interna, y dejar la prioridad en la minería, mediante el respeto a las decisiones de las poblaciones locales que optan por una vida sin minería y por la conservación y protección de las nacientes de las cuencas hídricas y los ecosistemas, razón por la cual, los proyectos mineros Conga, Tía María, Río Blanco y El Algarrobo (ex Tambogrande) deben cancelarse. Urge frenar la destrucción que están generando la minería informal e ilegal.

Frente al crecimiento del comercio y servicios en la informalidad en base a productos importados que destruyen empleo y producción estimulados por la disponibilidad de dólares por las exportaciones, se hace urgente revisar las importaciones y eliminar aquellos productos de China e India que ingresan a precios prohibitivos sin cláusulas antidumping que han desplazado del mercado a muchos productores y comerciantes de productos peruanos.

Para el cambio del modelo, debe implementarse una reforma tributaria que elimine exoneraciones, y ataque la evasión y la elusión, y se aplique un ordenamiento territorial e hídrico que regule la expansión minera. Esto debe darse con una política y gestión ambiental que proteja los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y que la amazonia sea liberada de la minería y la tala ilegales, así como, de proyectos que agudizan los efectos del cambio climático.

Vale señalar aquí, que la propuesta de entregar la propiedad del suelo y el subsuelo a las comunidades para que vendan sus territorios o se hagan socias del inversionista minero resultan contraproducentes, porque la decisión de una comunidad puede afectar la vida de otras comunidades de la misma cuenca. Peor aún, cuando después de la venta, el dinero cobrado es gastado rápidamente en la ciudad y las familias quedan convertidas en pobres marginales.

En este sentido, la participación de las comunidades y poblaciones locales en la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario y ciudadano, complementario a la gestión ambiental del Estado y la defensa de los derechos humanos, resultan determinantes. Estas medidas y acciones se deben dar conjuntamente con la defensa y protección de los pueblos indígenas y otros defensores ambientales. En este contexto, se debe respetar el derecho a la protesta social, sin ningún tipo de discriminación por ideas, condición social, origen étnico cultural, sexo y orientación sexual que atenten contra la igualdad de todos los peruanos. La garantía de relaciones interculturales es fundamental para un diálogo con respeto y justicia.

En base a estas líneas de acción es que se propone el inicio de un proceso popular constituyente con la participación democrática de la gente, que aborde el conjunto de temas, partiendo de las tareas en los territorios y barrios y las demandas a los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a las prioridades y particularidades de cada lugar. Aquí cobra mayor sentido la demanda por la descentralización de las decisiones del Estado con participación de la población organizada. A diferencia de las decisiones de arriba a abajo instituidas por el Estado Unitario como herencia colonial, debe asumirse que lo democrático es que las decisiones sean de abajo hacia arriba.

Castillo requiere hoy un disponer de un plan de gobierno y un equipo que, de llegar a la presidencia del Perú, de continuidad al diálogo permanente que ha iniciado con su campaña en la dirección de aportar a fortalecer a un movimiento social activo y participativo. Así, si es elegido presidente del Perú, cualquier bloqueo del congreso o intento de vacancia o llamado a los cuarteles estaría enfrentado a un gobierno y un movimiento social y político de respaldo que los partidos de la derecha y el centro deberán evaluar antes de tomar una decisión de tal magnitud.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En medio de la agitada campaña electoral de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo varios hechos han pasado esta semana en medio de la dramática situación por la que vienen atravesando miles de peruanos y peruanas. Según los datos del MINSA y el SINADEF, esta semana se ha registrado un promedio de 400 muertes diarias, siendo el numero más alto durante la pandemia. Lamentablemente la respuesta del gobierno sigue siendo deficiente y lenta, sobre todo para brindar oxígeno, implementar más camas UCIs, e inclusive en la gestión de las vacunas. Lo más grave es que estos datos de contagios y fallecidos ya no están presentes en los medios y la opinión publica, pareciera que hay una silenciosa complicidad de resignación frente a la situación de abandono y muerte que estamos viviendo.

Sin embargo, en medio de esta situación tan crítica, el día de ayer hemos recibido una buena noticia por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, quien anunció que el Poder Ejecutivo aprobó la creación del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS). La norma salió publicada el día de hoy en el diario oficial El Peruano. La aprobación de esta herramienta tiene como objeto establecer “medidas para garantizar la prevención, la protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades”. La norma, además, tiene un carácter intersectorial, ya que establece obligaciones para los ministerios del Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego.

Desde Red Muqui saludamos la aprobación de este mecanismo, y sobre todo la apuesta que hace el MINJUSDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos en nuestro país. Además de los defensores ambientales asesinados en la Amazonía en los últimos meses, están los casos de hostigamiento, amenazas y criminalización de defensores en la zona andina, sobre todo donde existen grande proyectos mineros. El caso del corredor minero del sur andino es donde uno puede observar estas múltiples afectaciones a los defensores/as, sobre todo contra lideres/as y dirigentes comunales que son críticos a la actividad minera. El desafío ahora será la implementación y puesta en practica de este mecanismo, el escenario no es nada fácil, ya que estamos en un contexto de pandemia y se tienen varias restricciones y, por otro lado, debido a la crisis económica, la situación de riesgo para los defensores/as ha aumentado, tanto en zonas de actividad extractiva legal e ilegal.

El pasado viernes 16 abril, trabajadores de la empresa minera Chinalco iniciaron trabajos de instalación de mallas y cercos perimétricos dentro de la zona de las 34 hectáreas en litigio con los últimos pobladores de la antigua Morococha y dicha empresa minera.

Representantes de la población se acercaron para dar a conocer que no podían realizar ese tipo de trabajos debido a que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no admitió la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco tomando en cuenta el informe técnico elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde indicaron que Chinalco no logró subsanar dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones realizadas en materia de recursos hídricos.

Sin embargo, al llegar efectivos policiales manifestaron que la empresa minera no se encontraba afectando ningún derecho de ningún poblador y por tal motivo podían realizar sus trabajos. Tras una breve discusión con los pobladores continuaron con los trabajos de enmallado.

El día de ayer, martes 20, uno de los pobladores se percató que una de las tuberías de agua había sido rota en medio de los trabajos y reclamó su reparación:

“Si nosotros no estábamos presentes, fácil ni lo reparaban porque lo hicieron porque yo estaba grabando con mi celular, lo que preocupa es que vayan a dañar otras cosas cuando no estemos presentes y no se hagan responsables”

Cabe recordar que todo ocurre en medio del hostigamientos que la empresa minera Chinalco viene desarrollando en contra de las 25 familias que aún viven dentro de las 34 hectáreas; quienes se encuentran preocupadas porque ocurran más daños que no terminen siendo reparados, un temor comprensible si tenemos en cuenta que desde finales del año pasado se han visto afectados los servicios básicos como la electricidad y el agua e incluso la empresa ha limitado el tránsito de las vías a sus domicilios. Motivo por el cual, el Frente de Defensa de Morocoha  interpuso un hábeas corpus el 17 de noviembre pasado para que la empresa desbloquee las vías; sin embargo, el Poder Judicial aún no responde.

Especialistas analizaron problemática en conversatorio «Morococha: un pueblo despojado por la gran minería»

El día de ayer miércoles 21, desde Red Muqui y la Pastoral social y dignidad humana (PASSDIH) en colaboración con el medio digital Wayka se llevó a cabo un conversatorio en el participaron los principales actores sociales de la problemática que se vive en la antigua Morococha. Participaron; el cardenal Pedro Barreto del arzobispado de Huancayo, la Sra. Julia Cuadros, directora de Cooperacción; Elvis Fuster, Presidente del frente de defensa, el Ing. Edwin Alejandro de Red Muqui; y el Dr. Carlos Castro, abogado de los afectados de Morococha.

En ese sentido el Dirigente Elvis Fuster señaló que el gobierno no tiene interés en atender las denuncias de las familias de Morococha que actualmente tienen las vías bloqueadas a sus hogares por parte de la minera Chinalco. Además solicitó al Estado peruano que se cumplan los derechos y compromisos en el estudio de impacto ambiental de la empresa minera Chinalco, la cual busca desconocer a la población dentro del estudio.

Por otro lado, Julia Cuadros de Cooperacción indicó que «estamos viviendo una situación en la que llega una gran cantidad de inversiones extranjeras. En ese contexto, hemos identificado un patrón de violación de derechos de las empresas chinas, ante nuestra falta de institucionalidad». Además, manifestó que en los últimos años la institucionalidad en el Perú se ha flexibilizado y nos ha puesto vulnerables frente a las inversiones extranjeras».

Desde Red Muqui, el Ing. Edwin Alejandro indicó que el desempleo ha tenido un gran impacto en la población. «Cuando la minera llegó, se comprometió en generar 417 puestos de trabajo y reubicar a los pobladores, pero una vez que fueron desplazados a la nueva Morococha, quedaron abandonados. Además en Carhuacoto no hay actividad económica». Cabe señalar que muchos de los reasentados han terminado optando por migrar a otras ciudades debido a la falta de actividad económica en Carhuacoto. En la actualidad muchas de las viviendas que fueron entregadas lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros.

Desde el plano legal, el Dr. Castro manifestó que «La defensa de las 25 familias afectadas en Morococha es urgente. Para que una expropiación sea válida y legítima, esta tiene que respetar el derecho al debido proceso de los titulares, algo que no ha pasado en este caso». Según lo dicho por el Dr. Castro, se denunció en el 2018 la transgresión al derecho de propiedad, debido a que Morococha fue expropiada para entregársela a la empresa minera Chinalco. Por ello se interpuso una acción de amparo que se presentó en el 2018. También se pronunció respecto al Habeas Corpus que se ha interpuesto a la libertad de tránsito por haber desaparecido todo los accesos y vías de comunicación a Morococha, en definitiva, estas personas se encuentran aisladas.

Para ver el conversatorio dale click aquí

Por: Juan Aste Daffós – ingeniero economista especialista en minería                 

En las últimas elecciones del 11 de abril 2021, solo con contar con la votación del extranjero (177,600 votantes y un ausentismo del 80%), en el Perú votaron 17’119,618 votantes, en medio de un ausentismo de 6’663093 de personas; es decir, el 28.02% de los electores hábiles (23’782,711), y un 19.3% del voto blanco y viciado, han pasado a la segunda vuelta, los dos candidatos y partidos que tienen un relativo mayor vínculo, cercanía o reconocimiento de la población local.

Pedro Castillo (Perú Libre), con 19.19% de votos válidos a nivel nacional, ganó principalmente en los departamentos andinos y en las zonas de sierra de las regiones de la costa, pero también en todas las provincias de Moquegua y Tacna. Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 13.36% ha ganado principalmente bajando de las partes altoandinas hacia la costa y en algunas capitales departamentales (Chiclayo, Piura y Tumbes, por ejemplo) y provinciales (provincia Santa y distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote en Ancash), en particular del norte. En la medida que se baja hacia la selva de Ucayali y Loreto la votación ha sido para la derecha.

El mayor ausentismo se ha dado en la selva baja como Amazonas, Loreto, Ucayali y en menor medida en San Martín, junto a los departamentos con importante presencia minera como Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, junto a Piura que no es minera; mientras los departamentos mineros del Sur Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna tienen un bajo nivel de ausentismo.

En la Provincia de Lima ganó Avanza País, Renovación Popular, y Fuerza Popular que obtuvieron mayor votación en los distritos con mayor población y pobreza. En los distritos de Lima, Fuerza Popular ganó en Carabayllo, Ate, Puente Piedra, Villa El Salvador, Villa María de Triunfo; quedó segundo en Independencia, Comas, y San Juan de Lurigancho, y tercera en San Martín de Porres, y San Juan de Miraflores, por citar los de mayor población y pobreza.

La respuesta electoral en favor de Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el Centro Poblado de Puña, ubicado en la provincia de Chota (Cajamarca) representa el respaldo a un representante andino del campo que forma parte de los que  rechazan la situación generada por la corrupción del Estado, el incumplimiento de las promesas de los partidos políticos, la discriminación y el abandono de las poblaciones en el acceso a la salud, la educación, y la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades.

El apoyo a Keiko viene por el lado de la presencia con donaciones y apoyos realizados en los 90s con Fujimori, pero ahora en medio de la pandemia y parálisis económica, su apoyo está en la gente que ha sido bombardeada por el neoliberalismo por 30 años, que cree que un cambio drástico en la economía, como por ejemplo la nacionalización del gas a través de la revisión y cambio del contrato del gas de Camisea; el control de los recursos de cobre, oro y plata; y el apoyo a la agricultura familiar y a la micro y pequeña empresa en las actuales circunstancias, tal como lo plantea Castillo, haría que suba el dólar y la inflación, las empresas decidan postergar sus inversiones, habría fuga de capitales, con la consiguiente reducción del consumo y la inversión; y los dejaría sin trabajo e ingresos que requieren para alimentarse y conservar su salud en medio de la crisis sanitaria y la parálisis de la economía.

En el congreso se vislumbra que más de la mitad de los congresistas será “fujimorista” (Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y parte importante de Acción Popular), con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) en beneficio del pueblo serían bloqueadas por “populistas”.  En cualquier caso, el aval a un probable gobierno de Castillo estará en la calle, en la movilización social, en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

¿Qué resultados se tienen en los departamentos y en las provincias donde hay minería?

En Amazonas y Madre de Dios la población votó mayoritariamente por Castillo. En Madre de Dios, las tres provincias votaron por Castillo; sin embargo, en Amazonas, 5 de 7 provincias votaron por Castillo y en las otras dos, Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza, votaron mayoritariamente por Ollanta y Lescano, respectivamente.

En Piura, en Tambogrande y Las Lomas ganó Keiko como en todo el medio y bajo Piura, pero en Ayabaca y Huancabamba, zona de rondas donde se ubica el proyecto Río Blanco, ganó Castillo; pero el nivel de ausentismo ha sido del 44.14% en Huancabamba y del 60.95% en Ayabaca. Una explicación en Tambogrande es la importante presencia de productores medianos y pequeños y comerciantes ganados por el discurso que un cambio radical de la economía (por parte de la izquierda) sería su desaparición y porque podríamos seguir el camino de Venezuela.

En el departamento de Lambayeque ganó Keiko, ganando en las provincias de Chiclayo y Lambayeque, pero en la provincia de Ferreñafe (6 distritos), Castillo ganó en el distrito de Cañaris, Incahuasi y Pitipo, y perdió en los 3 distritos más cercanos a la costa.

En La Libertad, Castillo ganó 7 de 12 provincias. Estas son Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión, Julcán, Otuzco, y Santiago de Chuco, que son provincias mineras y agrarias, y Virú de la costa vinculada a la lucha de las y los trabajadores de la agroexportación. En la provincia Sánchez Carrión constituida por 8 distritos, Castillo le gana a Keiko en 5 distritos y Keiko le gana a Castillo en 3, aunque en 3 distritos gana Acuña a ambos. En Huamachuco gana Keiko por una diferencia de solo 255 votos (5,931 a 5,676).

En Ancash ganó Castillo en provincias altoandinas y keiko ganó en las provincias de la costa, pero en el agregado departamental ganó Castillo, porque ganó en la mayoría de las 19 provincias de Ancash, en particular en provincias vinculadas a la minería como Bolognesi y Huaraz.

En Junín ganó castillo en 7 de 9 provincias. Perdió en Jauja y Tarma donde ganó Keiko. En las zonas mineras de Chupaca, Chanchamayo y Yauli ganó Castillo.

En Pasco, Castillo ganó en las provincias de Pasco y Daniel Carrión, y en Oxapampa ganó Keiko, pero en el agregado ganó Castillo por casi el triple de los votos a Keiko que llegó segunda.

En todas las provincias de los departamentos de Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, más vinculados a la actividad minera, ganó Castillo. En Puno, salvo la provincia de Puno, donde ganó Lescano, en las 12 provincias restantes del departamento de Puno ganó Castillo.

De los tres distritos de Ilo en Moquegua, solo en el distrito Pacocha, con muy pocos votantes, De Soto ganó con 792 votos, seguido de Lescano (532), López Aliaga (365), Forsyth (219), Verónika (213), Castillo (174), Urresti (112), y el resto tiene menos de 90 votos. En este distrito se ubica la fundición y la refinería de cobre de Southern.

En Arequipa, salvo Caravelí, Castillo ganó en todas las provincias, y en el pequeño distrito Arequipa (centro de la ciudad de Arequipa) ganó De Soto, luego López Aliaga, Lescano y luego Castillo y Verónika. En la provincia de Islay ganó Castillo con el 42.04%, seguido de Acción Popular con 11.97%, Avanza País con 11.16%, y Juntos por el Perú con 7.93%. En el valle de Tambo, la votación fluctuó en favor de Castillo entre un 63% en Dean Valdivia, 53.7% en Cocachacra, 56% en Punta de Bombón y 37.89% en Mejía. En el distrito de Islay Castillo alcanzó el 42.43% y en Mollendo tuvo su nivel más bajo con 28%.

¿Qué propuestas e iniciativas podemos impulsar?

En el actual contexto se acentuó el sentimiento de rechazo a los políticos y los partidos que han manejado el gobierno y el Congreso, al abandono del Estado respecto a los problemas en las regiones, y en menor medida a la corrupción. Se acentuó la interiorización de los sentidos comunes del neoliberalismo, en concreto en la creencia que un gobierno de izquierda afectaría la economía de las micro y pequeñas empresas y de los propios informales y con el tiempo aumentará la pobreza.

Por ello, Keiko propone “generar riqueza, no pobreza” y “promover la micro, pequeña y gran empresa, no expropiarla ni estatizarla” así como que no se cambie la constitución de 1993 al proponer “un modelo de economía social de mercado, no marxismo ni comunismo”. Es decir, Keiko plantea que las cosas queden como están.

Las principales propuestas de Castillo están referidas a la nacionalización del gas y control de recursos como el oro, cobre y plata; realizar un referéndum para una asamblea constituyente que apruebe una nueva constitución que priorice salud y educación; efectuar una segunda reforma agraria; e incorporar las rondas al sistema de seguridad nacional articulándolas con la PNP y el serenazgo de las municipalidades. Lo cuestionable son los derechos civiles, en particular respecto al enfoque de género, aunque la congresista Zaira Arias Berrocal ha aclarado que se trata de un proceso en debate de abajo hacia arriba para establecer la política más adecuada.

Se hace necesario que las instituciones que acompañan a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería puedan aportar en la democratización de las decisiones del Estado; el cambio del modelo extractivista que incluya la nacionalización de los recursos estratégicos, y que se concrete la diversificación económica y los planes participativos de ordenamiento territorial que definan el uso de los recursos en el territorio; el respeto a las consultas vecinales en Tambogrande, en Huancabamba y Ayabaca, en el Valle de Tambo en Arequipa, y en Conga en Cajamarca, y no se concreten proyectos mineros en dichos territorios por considerarse de inminente daño, y por lo tanto, plantear la moratoria y el retiro de concesiones en estos lugares; el impulso a un proceso popular constituyente camino hacia una nueva constitución; prioridad en salud, educación y agricultura familiar dentro de las alternativas al desarrollo desde los territorios.

En lo ambiental, demandar la eliminación del silencio administrativo positivo; conservación y protección de los bosques y los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y con mayor razón tratándose de ANP, incluyendo las ACP. Establecer con claridad que la prioridad en el uso del agua la tiene el consumo humano, la agricultura familiar y la pequeña agricultura. Consultar con las poblaciones locales directamente involucradas en una cuenca y antes del otorgamiento de las concesiones, sobre la incorporación de la actividad minera y el riesgo de sus alternativas de vida

Las alternativas deben partir de la agenda de la Red Muqui, del informe de las críticas y propuestas frente al informe de la comisión para el desarrollo minero sostenible, de los estudios de caso que se hayan realizado y donde existan propuestas concretas.

Finalmente, en este escenario, es fundamental que las instituciones comprometidas con preservar el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería conversen con el profesor Pedro Castillo y su equipo del plan de gobierno.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Pasada la fiebre electoral es hora de mirar con detenimiento lo que se viene para la segunda vuelta. Para muchos el resultado de las elecciones del 11 de abril ha sido sorpresivo, evidencia que los análisis y debates no sirven de mucho a la hora votar. Según los datos oficiales de la ONPE, los resultados señalan como ganador a José Pedro Castillo Terrones de Perú Libre con el 19% de los votos válidos, y en segundo lugar a Keiko Sofía Fujimori Higuchi de Fuerza Popular con el 13,3% de votos. En el tercer lugar se ubica Rafael López Aliaga; en el cuarto lugar, Hernando de Soto; en el quinto lugar, Yhony Lescano; y en el sexto lugar, Verónika Mendoza. Un dato no menos importante es el ausentismo registrado en estas elecciones, casi un 30% de la población no ha salido a votar y, por otro lado, está el dato de que un 18% de la población ha votado en blanco o nulo. Finalmente la suma de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta apenas llega al tercio de los votantes; esto significa que hay una muy baja representatividad y legitimidad en términos de números de cara a la segunda vuelta. De otro lado, los resultados para el Congreso de la República también evidencian que la crisis política podría mantenerse, ya que tendremos nuevamente un Congreso fragmentado y ningún partido tiene una mayoría de más del 50% del total de congresistas. Por ahora se sabe que 10 partidos políticos tendrán un nivel de representación en el Congreso.

Así mismo, estos días estamos asistiendo a algunas discusiones que se han abierto en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, que apelan al insulto y al descrédito de cada candidato. Las expresiones clasistas y racistas abundan en las redes, parece ser que la segunda vuelta se definirá por los antivotos y la polarización que generan ambos candidatos. Desde nuestro punto vista se podría afirmar que ambos tienen apoyo y arraigo popular, pero donde reside la gran diferencia es en los cambios que plantean en materia económica. Para Pedro Castillo de Perú Libre esta discusión pasa por una nueva Constitución en nuestro país; para el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, no se debería hacer ningún cambio, por el contrario ellos buscan afianzar el modelo económico y que no se toque ningún capitulo de la Constitución.

Lo cierto es que en estos momentos hay muchas dudas sobre las propuestas y el plan de gobierno de Pedro Castillo, algo que seguramente él y su partido tendrán que explicar y aclarar durante la campaña en esta segunda vuelta; pero en el caso de Keiko Fujimori tenemos las certezas del gobierno de su padre del que ella formó parte y, sobre todo, el comportamiento que tuvo en las elecciones y su nefasto rol obstruccionista en el Congreso pasado, algo que no olvidamos. Desde Red Muqui creemos que la principal agenda de esta segunda vuelta debe ser la atención a los pueblos más olvidados de nuestro país, no es posible que en medio de una pandemia y de una crisis económica sin precedentes, se siga afirmando que somos un país desarrollado, y que el modelo económico aplicado desde los 90 ha funcionado. Miles de peruanos y peruanas han fallecido durante la pandemia sin poder acceder a oxigeno o a una cama UCI, no podemos seguir viviendo de espaldas a esta realidad.  Ya es hora de atender las demandas de los pueblos.

 

 

No solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina – Huari, Ancash -; Las Bambas – Cotabambas y Grau, Apurímac -; Antapaccay – Espinar, Cusco -; Constanza – Chumbivilcas, Cusco -; Toquepala – Jorge Basadre, Tacna -; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga -en las provincias de Cajamarca y Celendín -; Río Blanco -en Ayabaca y Huancabamba, Piura – ; y Tía María – en la provincia de Islay, Arequipa -.

Proyecto Minero Región Provincia Ganador primera vuelta
Yanacocha – Conga Cajamarca Cajamarca y Celendín Perú Libre (39.9% y 52.6%)
 Zijin – Río Blanco Piura Huancabamba y Ayabaca Perú Libre (47.8% y 36.6%)
Southern – Tía María Arequipa Islay Perú Libre (42.2%)

 

Frente a estos resultados, conversamos con 3 dirigentes de las rondas campesinas, magisterio, y Junta de Usuarios, que han rechazado todos estos años la imposición de los proyectos mineros mencionados.

 

Declaraciones de Isaac Huamán, dirigente rondero de Huancabamba, Piura.

¿Por qué han votado mayoritariamente en las provincias de Ayabaca y Huancabamba por el profesor Pedro Castillo?

En nuestras dos provincias hay comunidades y rondas campesinas que hace mucho tiempo vienen buscando justicia. Esta realidad hace que las organizaciones de base se sientan representadas por Pedro Castillo y se le ha dado un voto de confianza porque es un rondero de su base en Chota – Cajamarca.

Y ahora en segunda vuelta las rondas lo van a respaldar porque se quiere implantar un proyecto minero sabiendo que hubo una consulta vecinal hace años que hasta ahora no se respeta por los gobiernos que hemos tenido, que siempre han querido imponer el proyecto Río Blanco, pero lo hemos rechazado.

¿Cómo tomaron la decisión?

Hubo pequeñas reuniones entre nosotros mismos. En un inicio nuestro representante iba a ser Lescano, pero viendo su plan de trabajo y lo que decía en la radio, analizamos que no era el adecuado. También vimos a Verónika Mendoza, pero analizamos que lamentablemente como mujer no iba a tener respaldo, porque en el Perú hay mucho machismo, por eso optamos por Pedro Castillo finalmente. La gente de Goyo Santos, las bases del MAS, en las provincias han apoyado a Castillo. Tenemos a 2 alcaldes del MAS, uno de Carmen de la Frontera y otro de toda la provincia de Huancabamba.

¿Conocen las propuestas de Pedro Castillo sobre minería?

Conocemos a través de sus comunicados y sus entrevistas, que ha señalado se tiene que consultar a los pueblos donde es viable la minería y dónde no. Y en Huancabamba se ha hecho un estudio en 2002 y no es factible. Pedro Castillo es claro en eso. Ya no mas minería donde hubo consulta y el pueblo la rechaza, y donde no es viable por sus graves impactos ambientales. Esto, además, lo han refrendado los dirigentes provinciales de Perú Libre.

¿Cuál es su evaluación sobre los resultados del fujimorismo?

En el departamento de Piura y la provincia de Ayabaca y Huancabamba, deducimos que el fujimorismo ha tenido apoyo en la votación en nuestras provincias (13% y 14%) por la gente que quiere que el proyecto minero Río Blanco se imponga en la zona, porque acá no hay comités ni dirigentes visibles. Lo que hay son promotores y trabajadores de la empresa minera que quieren convencer al pueblo de que el proyecto minero vaya, a pesar que las municipalidades no les han dado el permiso para que instalen sus oficinas en la provincia y a pesar de no tener la aprobación del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, sabemos que en el centro, el sur, hay problemas sociales, donde las transnacionales no respetan los derechos humanos, a la gente humilde y por esa razón Pedro Castillo ha ganado en 18 regiones del país. El Estado piensa desde siempre que puede pasar por encima de lo que los gremios y las comunidades reclaman.

 

Declaraciones de Marlen Livaque, rondero, dirigente de la Plataforma Insterinstitucional Celendina y secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación de Celendín (BARETRAEC)

¿Qué explicación tiene la votación abrumadora a favor de Pedro Castillo en Celendín?

Todavía no hemos hecho una evaluación colectiva, pero los resultados (52% a favor de Perú Libre) se dan por el abandono de los gobiernos de la derecha que nos han gobernado y siempre nos han olvidado, tratando como la peor cosa a los campesinos.

La ciudadanos están tomando conciencia y sacándonos la venda de los ojos y ya no nos dejamos engañar tan fácil por la derecha. Mas de un 98% de los partidos políticos son delincuentes, no son partidos, son mafias.

Estos señores que parecen educados, llegan solamente para saquear, robar el país. Hernando De Soto, que en algún momento dijo que destrabaría los proyectos como Conga, Tía María, es un ejemplo de ello. Con estos resultados estamos demostrando que cuando el pueblo se une va a haber cambios. En la provincia un maestro ha estado como candidato y ha entrado, se llama Echevarría.

¿Y cuál es su evaluación sobre la candidatura de Keiko Fujimori?

La delincuente de la hija de Fujimori no debe gobernar al país. Ha hecho mucho daño a nuestro país. En Celendín la gente está al tanto de los medios y gracias a la lucha que hemos tenido contra Conga, la gente está despertando cada vez más. Hay mayor conciencia en nuestros ciudadanos.

¿Fue una decisión colectiva el apoyo a Pedro Castillo?

No. Ha sido a nivel individual, pero la mayoría de ronderos y profesores ha votado por Pedro Castillo. Un sector del sindicato y de las rondas también apoyó a Marco Arana y también ha habido gente que ha apoyado a Verónika Mendoza. Tienen propuestas parecidas: Ordenamiento territorial y, por ejemplo, donde hay acuíferos no debe haber minería. Pedro castillo ha señalado que es el pueblo quien debe tomar las decisiones y, por lo tanto, acá ya se ha decidido desde varias provincias: Bambamarca, Cajamarca, y el propio Celendín, que Conga es inviable. También le hemos escuchado decir hoy que Conga y Tía María no irán en su gobierno.

Acá no les queda otra a las transnacionales. Tienen que rendirse, tienen que irse.

Marlen nos cuenta que en la provincia de Celendín solo hay un hospital y no tiene médicos especialistas. «El pueblo ha hecho una colecta y se ha gestionado oxigeno para Celendín, que tiene 100 mil habitantes».

 

Declaraciones de Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo de la provincia de Islay, Arequipa.

¿Por qué Pedro Castillo saca más de 40% de votación en toda la provincia de Islay?

Acá hay una desconfianza generalizada hacia los partidos políticos en general. Al inicio ella tenía bastante aceptación aquí, pero no se supo manejar en estos meses de campaña y luego vino Pedro Castillo, visitó el cementerio donde están nuestros mártires de la lucha contra el proyecto Tía María, y poco a poco fue subiendo con la fuerza del pueblo.

Pedro Castillo como era nuevo, en Arequipa y el sur creció bastante y donde hay presencia minera o donde ha habido conflictos, ha tenido buena votación a diferencia por ejemplo de Loreto, Ucayali, Amazonas, Lima y Callao donde no aparece. Pero aquí y en Tacna, Moquegua, Cusco, aparece, porque hay problemáticas sociales latentes, vinculadas también al sector minero.

A Verónika como ya ha sido congresista,  se le conoce  ya como parte del sistema político de alguna manera. De todas formas, nosotros hicimos firmar a los candidatos un compromiso con el valle de Tambo. A Marco Arana, Pedro Castillo y a Verónika Mendoza, que estuvo un corto tiempo cuando estuvo por acá.

Castillo firmó el acta y dijo hay que aumentarle la aprobación de una nueva Constitución. Esperábamos también a Lescano pero no vino a valle de Tambo, se corrió. Se burló prácticamente del pueblo del valle. Para el Congreso ha salido electa María Agüero, que siempre venía al valle, cuando había y no había huelga junto al Dr Jorge del Carpio. Ella ha sacado buena votación acá.

¿Cómo le fue al fujimorismo en el valle?

Me he sorprendido que hayan votos para el fujimorismo. Es raro que haya habido votos para el fujimorismo. El fujimorismo después del 2000 nunca ha tenido buena votación aquí. Quizá en los 90s en la época de la dictadura sí. Creemos que los operadores de la empresa minera Southern han estado llamando a votar por el fujimorismo.

¿Como evalúan esta 2da vuelta ahora?

Al valle de Tambo no le conviene que gane Keiko Fujimori. Vamos a impulsar una reunión para tomar una postura clara y no permitir su victoria.

En el valle de Tambo, nos comenta Miguel, no hay ningún hospital, se tienen que ir hasta Mollendo donde hay un hospital de Essalud que no tiene la infraestructura adecuada y no tiene oxígeno.

 

A punto de cumplir 200 años de la independencia del Perú, actualmente el estado se encuentra en una gran deuda respecto al derecho a la salud ambiental producto de la promoción indiscriminada y sin regulación de la minería en territorio nacional. Son las comunidades y poblaciones de las zonas más pobres quienes reciben el mayor impacto contaminante de la industria minera, por la contaminación, el aire, el agua o el suelo. Respecto a ello el Ministerio de Salud el año pasado identificó 10 millones de personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas en el país (Informe Especial N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA). La mayoría de esta contaminación es a causa de las industrias   extractivas como la minería, es por ello que desde septiembre de 2020 la PCM viene construyendo el “Plan Especial Multisectorial de atención a personas afectadas por metales tóxicos”, este plan aún no se encuentra aprobado y se espera que puede aprobarse e implementarse de manera efectiva.

De igual forma en el Congreso de la República el 31 de marzo aprobó por unanimidad el Dictamen 21-2017-2018 /CSP-CR, dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 1256/2016 y Ley N° 2740/2017 para Fortalecer la Prevención, Mitigación y Atención de la Salud Afectada por la Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas. Esta ley aún se encuentra esperando ser aprobada por el Ejecutivo Nacional. Entre las principales medidas que establece están:

  1. Enfoque de salud humana y ambiental en políticas públicas
  2. Articulación intersectorial e intergubernamental
  3. Actualizar Protocolos e instrumentos técnicos del MINSA.
  4. Creación del Registro Nacional de personas afectadas en la salud por metales pesados y otras sustancias químicas.

Es importante resaltar que son dos los principales problemas para la implementación efectiva del derecho a la salud ambiental: 1) actualmente no existe una política intersectorial donde los criterios de productividad respondan también criterios de protección de los derechos humanos. Son los Ministerios como Energía Minas, Producción o Economía y Finanzas quienes han venido ordenando las políticas públicas del estado y se han dejado de lado el fortalecimiento de las rectorías de Ministerios como el de Salud y Ambiente.  2) La falta de descentralización política, económica y ambiental.  Actualmente es el gobierno central quien termina decidiendo la aprobación de los proyectos mineros de la gran minería y base al sistema que además sostiene un sistema de evaluación, fiscalización y sanción ambiental debilitado y centralizado.

Los retos de cara al Bicentenario, son que el movimiento social y de derechos humanos pueda lograr poner en el centro la importancia de un desarrollo económico justo es decir que no siga sacrificando la vida de las personas y violando derechos humanos, y para esto es necesario que la gestión de la minería no siga estando en manos  de los privados y sea el Estado que de forma descentralizada , participativa y en base al respeto al ambiente pueda planificar  la producción minera y contener su expansión indiscriminada , para ello es necesario un nuevo marco constitucional que constitucionalice y establezca la más alta jerarquía el derecho a la salud ambiental y derechos sociales conexos.

Queda claro que en el marco de las elecciones generales que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) al ser defensora de la Constitución de 1993 seguirá defendiendo un modelo de desarrollo y expansión minera a costa del derecho a la salud ambiental. Por su parte Pedro Castillo ( Perú Libre) ha dicho que quiere nacionalizar los recursos estratégicos y además propone una Nueva Constitución, esperamos que esta política de nacionalización vaya de la mano con políticas de protección ambiental y atención efectiva de la salud de las miles de personas afectadas por metales tóxicos productos de la industria minera en nuestro país, ya que los derechos no puede seguir esperando más en nombre del desarrollo económico.