El 29 y 30 de noviembre se realizó el III Encuentro de Mujeres de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMPMOSQT) con la participación de lideresas provenientes de 13 regiones del país, en Lima.

El objetivo de este evento fue promover el autocuidado, fortalecer la organización y liderazgo de mujeres, así como elegir la primera Secretaría de Mujeres de la Plataforma.

Como parte de sus actividades, se llevaron a cabo talleres de autocuidado, cuidado colectivo y fortalecimiento de la organización a cargo de las facilitadoras Nancy Cifuentes y Gladys Vila.

A través de esta actividad, se viene fortaleciendo la organización interna y participación de las mujeres afectadas por metales en la Plataforma.

Además, OXFAM presentó la investigación “Contaminación por metales pesados en el Perú: Impactos y costos sobre la salud, la economía y el cuidado doméstico”.

Asimismo, se realizó un taller sobre el impacto de metales pesados a cargo de las especialistas Paula Meza y Ana Leyva. Dicha actividad fue acompañada con la presentación de la versión amigable del Plan Multisectorial Especial Para la Atención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM).

Durante el Encuentro, Karla Eroyla fue elegida la primera Secretaria de Mujeres de la Plataforma, representando a la región Cajamarca, y como subsecretaria fue electa Rudy Sajami, representante de Loreto.

“Este encuentro ha sido muy importante especialmente para las mujeres que estamos pasando momentos difíciles en nuestros territorios, afectados por metales pesados, ya que psicológicamente lo pasamos mal y también luchamos por el medio ambiente y en defensa de nuestras comunidades”, señaló Elsa Merma, representante de Espinar, Cusco.

El Encuentro es parte de las actividades programadas en la Semana de Salud Ambiental y Humana coordinada entre la Plataforma Nacional de Afectados y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, que va del 29 de noviembre al 03 de diciembre.

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

Nota elaborada por la institución Aklla Pacha de Chiclayo

En los últimos meses se ha incrementado la violencia y acciones de criminalización contra los directivos y comuneros defensores de Chaparrí en Chongoyape, hecho que respondería a un sospechoso patrón que coincide con anuncios de avances en las negociaciones para la Construcción de la Represa Montería por parte del GORE Lambayeque. Hecho casi corroborado con el reciente anuncio del Gobernador Anselmo Lozano Centurión quien habría expuesto ante el presidente Pedro Castillo la suscripción del convenio interinstitucional entre el MIDAGRI, Proinversión, y el GORE Lambayeque, para la próxima ejecución de la Iniciativa Privada Cofinanciada-IPC “Sistema Hídrico integral del Valle Chancay-Lambayeque”. Es decir, la Presa Montería, con una inversión estimada de unos 700 millones de dólares.

Así, en este contexto la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, representada por su presidente Sr. Edivar Juan Carrasco Vásquez, anuncia que se ha presentado una demanda de amparo, para frenar de una vez por todas el proyecto La Montería, el mismo, que desde que el GORE Lambayeque anunciara propuesta y avances de negociación, solo han traído tráfico de tierras, falsos comuneros, usurpación, agresión, criminalización y muerte a esta emblemática comunidad. Entre los demandados se encuentran el MIDAGRI, el GORE Lambayeque representado por el señor Anselmo Lozano Centurión y al PEOT.

El abogado Marco Chung Ramos de la ONG Aklla Pacha, detalla que “en esta demanda de acción de amparo se solicitó la nulidad de todos los actuales proyectos y la aplicación de la consulta previa, ya que la construcción del Mega Proyecto IPC LA MONTERIA constituiría amenaza inminente para el ACP Chaparrí, ya que pretende construirse en suelo reconocido como Área Natural Protegida por el propio Estado peruano, afectándose así a la más grande reserva ecológica del departamento de Lambayeque”. Además, hace énfasis en que “esta demanda busca proteger a la reserva ecológica que alberga a especies en peligro de extinción como el oso de anteojos”.

 

*Para mayor información contactar: *
Edivar Carrasco – presidente de la Comunidad – 943807937
Marco Chung – asesor legal – 931 773 160 (wsp)

Las organizaciones indígenas y la sociedad civil manifestamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promovida por el Congreso, que promovería la deforestación en la Amazonía peruana, recogida en la autógrafa con los Proyectos de Ley No 649, No 894 y No 2315/2021-CR denominada “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal”. Esta modificación de la ley forestal agudizará la disputa1 por tierras y la violencia contra los defensores de la Amazonía, que se ha cobrado la vida de 14 líderes indígenas desde el 2020.2

El pasado 04 de noviembre del 2022, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó un Dictamen insistiendo en la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) que, entre otras cosas, elimina la obligación de contar con una autorización previa antes de realizar actividades agropecuarias que impliquen retirar los bosques. Esta propuesta ha sido recientemente agendada para su debate en el Pleno del Congreso de la República y se estima pueda entrar a debate en los próximos días.

La junta de portavoces del Congreso de la República en sesión del 23 de noviembre3 ha exonerado del Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (en adelante Comisión de Pueblos) a los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315/2021-CR, autógrafa observada por el Ejecutivo, que propone la ley que modifica la LFFS.

La exclusión del Dictamen de la Comisión de Pueblos, contraviene el acuerdo del Pleno del Congreso de agosto pasado, cuando se debatió la autógrafa de la ley, que mediante cuestión previa envió el proyecto a la Comisión de Pueblos, para recoger sus aportes y analizar el impacto de dicha autógrafa sobre los derechos de los pueblos indígenas así como sobre los bosques y el medio ambiente.

Desde la sociedad civil consideramos necesario que la Junta de portavoces respete el acuerdo del Pleno y se recoja el Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología; la misma que debe consultar a la sociedad civil y expertos los efectos de la propuesta. El debate debe incluir la posición y análisis de los pueblos indígenas, a quienes afectaría directamente la propuesta de norma.

Desde las Organizaciones Indígenas se han emitido numerosos pronunciamientos (AIDESEP, ORPIO, ORAU, ONAMIAP, SERVINDI) en rechazo a esta autógrafa, señalando que la misma debe pasar por el proceso de Consulta Previa Libre e Informada, alertando que se pone en riesgo los territorios indígenas. Instamos a los señores congresistas a considerar que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, fueron consultados ampliamente a los pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua. Los intentos de modificar por insistencia la citada norma, sin tomar en cuenta las preocupaciones de los pueblos indígenas, evidencia la impericia e irrespeto de la vida no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad porque atentar contra la Amazonía es ecocidio y recrudece aún más la crisis climática actual.

Cabe señalar que a la fecha la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente han señalado los riesgos y vicios de la propuesta. La sociedad civil, a nivel nacional e internacional ha compartido varios análisis (DAR, SPDA)4 sobre el impacto de la autógrafa y ha observado la falta de análisis técnico de la misma. Considerando que la pérdida de bosques asciende a 2,774,562 hectáreas en el periodo 2001-20215 es vital que tanto el Ejecutivo y el Legislativo contemplen la magnitud del daño que ocasiona la propuesta de modificatoria. Se agudizarán los problemas de tala ilegal, cambio de bosques a monocultivos, incremento de los cultivos ilícitos – narcotráfico, tráfico de tierras, pérdida de biodiversidad por degradación de ecosistemas, procesos de sabanización, incendios forestales, despojo de tierras de población indígena, conflictos atomizados, ocupación desordenada del territorio por proyectos de conectividad y extractivos de gran escala. Generando gran inseguridad ciudadana, mayor exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos, sobrepasando con creces la capacidad del estado para el control, fiscalización ambiental.

Asimismo, la propuesta del Congreso desconoce los esfuerzos del Ejecutivo en los procesos de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y de zonificación forestal, que coadyuvan a un manejo ordenado del territorio. Según información pública del MIDAGRI6 a la fecha se han aprobado tres resoluciones de dirección general de la DGAAA con fines de titulación en los departamentos amazónicos de San Martín, Loreto, Amazonas y Ucayali que cubren un total de 13 millones de hectáreas clasificadas por su capacidad de uso mayor. Además, respecto a la zonificación, de acuerdo al SERFOR7, si bien el avance del proceso a nivel nacional es de 19.37%; se tienen avances significativos en las cinco regiones amazónicas que concentran mayor área de bosques, la región de San Martín tiene aprobada su zonificación forestal totalmente, Amazonas tiene un avance del 93.71%, Huánuco: 57%, Loreto: 43.24% y Ucayali: 93.71%.

De otro lado, la aprobación de esta modificatoria de la ley forestal, no sólo promovería el avance de la deforestación en la Amazonía peruana y crearía un mal precedente jurídico al otorgar impunidad a grandes empresas que han deforestado la Amazonía ilegalmente durante los últimos años, sino que además pone a nuestro país en riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales suscritos como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI), el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, los compromisos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de Diversidad biológica (CDB), entre otros, para combatir el cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero en el paìs y la protección de nuestra biodiversidad.

Solo el cumplimiento de las políticas nacionales, la legislación nacional y los compromisos internacionales, permitirán el manejo sostenible de las más de 68 millones de hectáreas de bosques, que representan casi el 60% del territorio y que la población presente y futura pueda disfrutar de los diversos servicios ecosistémicos que brindan los bosques, que son la base de la producción de los sectores agropecuarios, forestal y pesquero, además, evitan la dispersión de enfermedades zoonóticas como la COVID-19 y próximas pandemias, y sus impactos sociales y económicos. Un retroceso de esta magnitud en la legislación forestal peruana, no solo perjudicará a los pueblos indígenas y población local amazónica cuya vida depende de los bosques, sino a toda la población en su conjunto, por eso hacemos un llamado al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo y Legislativo a que se continúe con los esfuerzos de fortalecer la gobernanza del sector forestal y que el Congreso archive definitivamente el dictamen de los Proyectos de Ley No 649, No 894 y No 2315/2021-CR.

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1Mongabay Latam. 2017. Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú. Por Yvette Sierra Praeli/, Mongabay Latam. 2018. Tráfico de tierras en Ucayali: funcionarios detenidos por pertenecer a mafia. Por Yvette Sierra Praeli/, Epicentro TV y Proética. 2022. Documental Los Expedientes de la Tala.
2 Ojo Público 2022. Defensores ambientales: La Impunidad somete a los deudos a un duelo eterno.

3 Oficio 1160 – 2022 – 2023 – ADP – D/CR. Carta de la junta de portavoces del Congreso de la República dirigida a la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República .

4 DAR. 2022. Normas que impactan bosques: Análisis de la reciente norma que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Actualidad Ambiental. 2022. Sin sustento técnico: Congreso aprobó propuesta que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
5 Como se sustenta en el Oficio N° 250-2022-PR con las observaciones del Ejecutivo, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático del MINAM el año 2020 se alcanzó las 203,272 hectáreas de pérdida de bosques, representando un incremento del 37% de pérdida de bosques comparando con el año 2019. Ese mismo año también se degradaron más ecosistemas que en cualquier año previo; particularmente las regiones con mayor degradación fueron Loreto (4,549,040.64 ha perdidas), seguido por Ucayali (2,321,331.66 ha perdidas), San Martín (2,256,313.23 ha pérdidas), Madre de Dios (1,645,677.99 ha pérdidas) y Cusco (1,527,004.98 ha perdidas).
6 Resoluciones de Dirección General N°s 300-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N° 410-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N°656-2022- MIDAGRI-DVDIAR-DGAAA.
7 https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1rBWIgdSv6bguI4RaAyMnpnW9myR3t-sB/page/HHh6B

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Suscriben:

  1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
  2. Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI SC
  3. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU
  4. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU
  5. Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya – ORMIPA
  6. Comunidad Campesina de San Pedro de Casta
  7. Comunidad Amalai – Cusco
  8. Institución Nativa Oyate Sonqoyoc
  9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
  10. AnimalDefendersInternational-ADI
  11. AgenciaDeInvestigaciónAmbiental(EIA-EnvironmentalInvestigationAgency)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales
  13. AsociaciónAmazónicosPorLaAmazonía-AMPA
  14. Asociación Nacional Del Centro -ANC
  15. Asociación Marianista de Acción Social – AMAS Marianistas
  16. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Pasco
  17. Asociación de Cosecha y Siembra de Agua (ASYCA) – San Pedro de Casta
  18. AsociaciónArariwa
  19. Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
  20. Asociación ProPurús
  21. AsociaciónProDerechosHumanos–APRODEH
  22. Asociación Tecnología Ecología y Desarrollo – DETEC
  23. AsociaciónparaelDesarrolloyConservacióndelosRecursosNaturalesdelPerú–ACRENAP
  24. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS
  25. Instituto de Defensa Legal – IDL
  26. CASAPERÚ
  27. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  28. Centro Bartolomé De Las Casas – CBC
  29. Centro para el Desarrollo de los Pueblos AYLLU – CUSCO
  30. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP Perú
  31. Centro de Investigación y Educación Popular Alternativa
  32. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
  33. Centro de Culturas Indígenas del Perú CHIRAPAQ
  34. ComisiónEpiscopalDeAcciónSocial-CEAS
  35. Casa del Protector Marcahuasi
  36. CentrodeDesarrolloAgropecuario
  37. CUIDAR
  38. Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL
  39. Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
  40. Centro de Prevención de la Mujer – CPM Micaela Bastidas
  41. CentrodeDesarrolloAndino-CDASISAY
  42. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional – CEPRODEP
  43. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA de Piura
  44. Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
  45. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
  46. CentrodeEstudiosparaelDesarrolloRegional-CEDERdeArequipa
  47. Centro Bartolomé de las Casas de Cusco
  48. Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- CEDEPAS Norte
  49. Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP
  50. Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAPAyacucho
  51. Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
  52. Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción-CICAP
  53. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
  54. Diócesis de Chosica – Departamento de Dignidad Humana
  55. ECODESTiempodeActuar
  56. Fomento de la Vida – FOVIDA
  57. Fondo Socioambiental del Perú
  58. Grupo Pastoral Cuencas Sinodales
  59. Centro de educación y comunicación ILLA
  60. Iniciativa Interreligiosa Para Los Bosques Tropicales – IRI PERÚ
  61. Instituto Del Bien Común
  62. Instituto Runa Pacha – IRUPA
  63. Grupo Género y Economía
  64. Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
  65. Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené
  66. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  67. Movimiento Manuela Ramos
  68. Movimiento Laudato Si Perú
  69. Asociación Paz y Esperanza
  70. Plataforma de Empresas y Derechos Humanos
  71. Red Ambiental Peruana – RAP
  72. Red Muqui
  73. Red Eclesial Panamazónica – REPAM – PERÚ
  74. Red Uniendo Manos Perú
  75. Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir – REDINJUV
  76. Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD
  77. Pastoral Social de Dignidad Humana.
  1. Red Pueblos Indígenas y Ecología Integral
  2. Red Latinoamericana Iglesias y Minería – Nodo Perú
  3. Red Wiphalas / Wiphalas Network
  4. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
  5. RedNacionalDeConservaciónVoluntariaYComunal“AMAZONÍAQUELATE”
  6. Servicios Educativos Rurales (SER)
  7. Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú-SZF
  8. SEDYS Trujillo-Perú- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad.
  9. SociedadPeruanadeDerechoAmbiental-SPDA
  10. Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno
  11. TierrActiva Perú
  12. Tierra Firme
  13. VicariatoApostólicodeIquitos
  14. AsociaciónYunkawasi
  15. Rosa Guillen Velarde DNI 06098186
  16. Josefina Huamán DNI 07242254
  17. GiulianaLarreaAguinaga-40826401
  18. Ramón Rivero Mejía DNI 40684427
  19. Maya Carlina Corminboeuf, antropóloga suiza/boliviana
  20. Gloria E. Sarmiento Valenzuela DNI 22091995
  21. Hugo Che Piu Deza DNI 10726429
  22. Alexis Díaz Limaco DNI 09870846
  23. Rosario Narvàez Vargas DNI 07594485
  24. Lucía Ruiz Ostoic DNI 08767259
  25. Ivan Brehaut Larrea DNI 25738550
  26. Irma Elvira Ganoza Macchiavello. 07831713
  27. Julia Carmen Espinoza Bernal, DNI 25614801
  28. Félix Rojas Orellana DNI 28311915
  29. Isabel Coral Presidenta DNI 09373151
  30. Ibis Fernández Honores – DNI: 07399151
  31. Carmen Valverde Garaban Presidenta DNI 07952336
  32. Carmen Aleman, Directora DNI 08673234
  33. César Ipenza DNI 40287902

La Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el 19 de setiembre pasado presentó su recurso de apelación contra la resolución Nº 624, dentro de los 15 días hábiles que señalaba la norma, pero hasta el momento no tienen respuesta a pesar que ya han transcurrido más de 2 meses. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) señaló que en 30 días iban a resolver las apelaciones de acuerdo a la norma.

Asimismo, el martes 11 de octubre, en declaraciones a los medios de comunicación, la ministra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, señaló que en dos semanas se podría conocer el pronunciamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respecto a las apelaciones que se presentaron por parte de diversas instituciones y organizaciones de agricultores contra la resolución Nº 624, que otorga derechos de uso de agua a favor del proyecto minero Quellaveco de la empresa Southern.

A pesar de esta pasada declaración de la ministra y el plazo vencido, no se sabe en que etapa se encuentran las apelaciones y cómo los miembros del Tribunal las resolverán.

Cabe recordar que, después que la ANA emitiera la Resolución Directoral Nº 0624-2022 en que se le permite a Quellaveco el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, los representantes del valle de Tambo se mostraron en desacuerdo con la decisión y apelaron.

El abogado Ivan Díaz, quien es asesor de las 3 juntas de usuarios del valle de Tambo, señala que él tiene varios procesos en dicho Tribunal y que ya han pasado varios meses y no tienen respuesta alguna. “La ANA dice que una apelación se resuelve en 30 días ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, mire, yo he tenido y tengo procesos en el Tribunal que ya llevan 6 u 8 meses en trámite, no son 30 días, eso lo dirá la norma, pero no es así en la práctica”, precisa el abogado.

Si el Tribunal deniega las apelaciones “vamos a ir todos al proceso contencioso administrativo, ahí también se puede plantear una medida cautelar de suspensión”, dijo.

También se preguntó: ¿por qué la ANA tuvo que comunicar inmediatamente la resolución Nº 624 al Ministerio de Energía y Minas si todavía no quedó consentida porque estaba en apelación?.

Lo que llama seriamente la atención es que el MINEM en base a esta resolución de la ANA, inmediatamente le otorgó a Quellaveco la autorización de la operación comercial, es decir, para que inicie su operación de explotación propiamente dicha. De acuerdo a la información oficial, Quellaveco ya habría realizado hasta hace alguna semanas, dos embarques de concentrado de cobre al extranjero; y curiosamente, el primer cargamento se embarcó el 26 de setiembre, un día después que el MINEM le otorgará la autorización para sus operaciones comerciales.

Tampoco hay explicación alguna sobre el por qué no se instaló la Mesa Técnica que iba a revisar la resolución Nº 624 por parte del Gobierno, tras los acuerdos de la reunión en Lima en que participaron autoridades de la región de Arequipa, de la provincia de Islay, y de la Junta de Usuarios del valle de Tambo. Frente a este hecho, los congresistas por Arequipa, Jaime Quito y María Agüero, le recordaron hace dos semanas al presidente Castillo que cumpla los acuerdos sostenidos con las autoridades y dirigentes.

 

 

 

 

El 16 y 17 de noviembre del presente año, se llevó a cabo el Encuentro de Vigilantes y  Monitores Ambientales, que reunió a más de 40 participantes de las regiones de Cusco, Puno y Apurímac. 

Este encuentro promovió el análisis del contexto internacional y nacional, con la participación  de especialistas de la Global Water Watch de EE.UU e instituciones que acompañan a los  vigilantes y monitores ambientales. Además se intercambiaron experiencias, forma de  organización, metodología y conocimiento para fortalecer el proceso de articulación de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental en la macro región sur y promover propuestas de  políticas públicas reconocidas por el Estado. 

Las participantes de este encuentro, visitaron la cuenca del río Coata para realizar monitoreo ambiental físico-químico en el agua, e identificaron los niveles de contaminación a través de los parámetros de temperatura, pH, oxígeno disuelto, alcalinidad total, dureza total y turbidez.  

Cabe señalar que los vigilantes y monitores ambientales vienen de territorios cuyos recursos hídricos, principalmente cabeceras de cuenca, son afectados por actividades mineras, que cada vez demandan más agua en sus procesos de concentración y producción. En el Perú – donde las actividades extractivas causan impactos sin un adecuado monitoreo por parte del  Estado o las empresas – existen importantes experiencias de vigilancia de la contaminación desde las propias comunidades. Las y los vigilantes y monitores ambientales promueven la calidad del agua, la protección de las cabeceras de cuenca y fuentes de agua de los ríos, lagos y manantes. También son actores en zonas de operación minera, que provoca afectaciones al ambientes y a la salud humana y que limita el acceso al y uso del agua, lo que afecta su derecho a vivir en un ambiente adecuado y saludable. 

Jueves, 17 de noviembre de 2022

 

 

Ser defensor o defensora ambiental representa una labor de mucho riesgo en el Perú, ya que, constantemente, son amenazados, criminalizados, violentados e incluso asesinados por defender el medio ambiente, nuestro territorio y la vida, y esto se da con impunidad y por la ausencia del Estado.

De acuerdo al registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el 2019, se han registrado 30 casos de asesinatos a defensores y defensoras en el Perú. La Amazonía es la región con más defensores/as asesinados por personas vinculadas a actividades ilegales como tala de árboles o invasión de territorios. Pero en otras regiones, los derechos de las personas defensoras son vulnerados y la violencia que sufren es ejercida por parte de actividades de empresas formales y por el propio Estado.

En cuanto al Norte del Perú, según la CNDDHH, la cantidad de ataques que sufren suman más de 700 hasta el presente año, siendo el departamento de Cajamarca en el que se han registrado el mayor número (342 ataques). Otros departamentos en los que se ha registrado una gran cantidad de ataques han sido Piura (156); Áncash (128); y Lambayeque (82).

Una de las principales formas de agresión contra los defensores del medio ambiente en el Perú es la criminalización. En el Norte, concretamente en Lambayeque, ocurrió uno de los últimos hechos de criminalización contra defensores. Y es que defensores y defensoras de la Reserva Ecológica Chaparrí fueron llevados a juicio en el mes de agosto por, supuestamente, haber cometido delitos contra los recursos naturales en la modalidad de “alteración del ambiente o paisaje”. Sin embargo, se considera que la denuncia fue parte de una estrategia de criminalización en contra de los defensores de la zona.

A pesar de la ausencia del Estado, sí existen medidas como el Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos que pueden proteger los derechos de las personas defensoras. El caso del mencionado mecanismo, representa una medida a la cual se puede recurrir cuando las personas defensoras se encuentran en situación de riesgo, sin embargo, esta no cuenta con el presupuesto adecuado para ser implementada, por lo cual, sin un presupuesto adecuado, las personas defensoras seguirán siendo atacadas, criminalizadas, amenazadas y asesinadas.

 

Por esa razón y frente a las constantes amenazas y situaciones de violencia que sufren, defensores y defensoras diferentes regiones del norte del Perú se reunirán el próximo 17 y 18 de noviembre en Chiclayo para participar del II Encuentro Macrorregional del Norte que tendrá como objetivo principal fortalecer las capacidades, promoción y defensa de derechos para las personas defensora/es de derechos humanos.

Otros objetivos que se buscan alcanzar en este encuentro son identificar el marco nacional e internacional para la protección de defensoras y defensores; y fortalecer capacidades sobre vocerías e incidencia a defensoras y defensores de la Macro Norte.

Hacemos un llamamiento a los medios de prensa locales, nacionales e internacionales para visibilizar el evento y las problemáticas que sufren defensores y defensoras en el Perú por proteger el medio ambiente, su territorio y la vida. El día viernes 18 de noviembre se realizará un plantón a las 10:30 am en la Plazuela Elías Aguirre – Chiclayo, y una rueda de prensa para alcanzar el objetivo mencionado

¡Protege a quienes nos protegen!

 

Con la participación de los miembros de la Sociedad Civil de Morococha, gremios y asociaciones con el apoyo de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) y Red Muqui, se llevó a cabo un foro el 26 de octubre en la región de Junín donde se realizó un análisis y balance sobre los posibles avances de la instalación de la Mesa de Diálogo hace 12 años para facilitar y transparentar el proceso de reasentamiento de la población de Morococha como también la firma del Convenio Marco con la empresa minera Chinalco. Los líderes de la sociedad civil expresaron su malestar sobre la inconsistencia y poco avance de la Mesa de Diálogo, dando a conocer que la empresa minera sí está avanzando en su explotación del recurso mineral y  negociando posibles ampliaciones con el Estado para seguir con su explotación de minerales por muchos años más  mientras que la población tiene que salir a buscar oportunidades laborales fuera de la antigua y nueva Morococha, lugar al que fueron desplazados desde el 2012, puesto que no existe el dinamismo económico que existía hasta antes de la llegada de la empresa minera, además de los riesgos ambientales a los que se exponen.

Anteriormente la ciudad tradicional de Morococha tenía mucho dinamismo económico porque los trabajadores mineros de diferentes empresas pasaban por allí antes de ir a su trabajo y también visitaban la ciudad para descansar, luego de su jornada laboral. Sin embargo, hoy la realidad es totalmente diferente. En la antigua Morococha todo está destruido y solo algunas familias resisten al hostigamiento de la minera Chinalco para que dejen sus casas. En lo que era la ciudad, la minera Chinalco pretende ampliar su proyecto minero para extraer más minerales. Y en la nueva Morococha – Carhuacoto- no hay dinamismo económico. Los trabajadores del proyecto minero se alimentan y descansan en el campamento minero y no tienen necesidad de ir a la nueva Morococha, y la mayoría de trabajadores no provienen de la zona. Cuándo la empresa minera inició el proceso de desplazamiento de las casi 1200 familias de la antigua Morococha a la nueva Morococha (Carhuacoto), lo hicieron ofreciendo trabajo a las familias en la empresa minera, una vivienda, generar economía en la nueva ciudad y apoyar al desarrollo del distrito. Cada año, varias familias se mudan a otra ciudad porque en la nueva Morococha no hay actividad económica. Es una ciudad fantasma, relataron los expositores.

Por estos factores, Liliana Angélica Rojas Torres (Coordinadora de la Sociedad Civil del Morococha), Lourdes Valentín Cuba (Representantes de personas vulnerables de Morococha), Iven Cangahuala Dávila (Alcalde del Distrito de Morococha), Alexander Javier Atachahua Ursua (Presidente de la JVC Duvas) exhortaron la celeridad del proceso de la firma del Convenio Marco con la empresa minera, y la intervención oportuna de las instituciones públicas competentes, emitiendo un pronunciamiento para que se dignifique la calidad de vida de los pobladores priorizando lo aspectos económicos, sociales y ambientales para impulsar el anhelado desarrollo del distrito, a través del Convenio.

Entre otros acuerdos firmados, exigen la anulación de la denuncia constitucional realizada por la empresa minera Chinalco a los dirigentes y pobladores del distrito de Morococha. Asimismo, demanda la reactivación económica inmediata del distrito.

Por lo que requieren una reunión con suma urgencia con el presidente Pedro Castillo Terrones y ministerios involucrados en las distintas problemáticas generadas.

Debemos resaltar que en el evento realizado el pasado 26 de octubre hubo una concurrencia masiva de la población, dando espacio a un trabajo articulado y organizado entre los distintos gremios, sociedad civil, población de la Antigua Morocha y participación del alcalde Distrital. Expresando que no existirá más una población que no este unida y que hará frente a los incumplimientos de parte de la empresa minera.

Pronunciamiento:

Pronunciamiento de la socie… by prensamuqui

En paralelo al CADE, sindicatos, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en general exigen que empresas implementen buenas prácticas y políticas de debida diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos.

 

“Por un diálogo verdadero para salir de la crisis”. Es el lema que reunirá a más de 30 organizaciones en la primera “Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” del 7 al 11 de noviembre en Lima. Esta semana se realizará en las mismas fechas que el CADE Ejecutivos, tradicional encuentro anual que reune a los principales empresarios del país. El objetivo: que se escuchen también las voces de los actores sociales para permitir un diálogo más inclusivo.

 

Entre las organizaciones convocantes de la primera “Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” se encuentran las cuatro centrales sindicales del Perú (CGTP, CUT, CTP y CATP), organizaciones indígenas como Onamiap, ORAU y Fredipco, así como la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos que reúne a más de 20 instituciones y redes.

 

Durante esta semana se presentará los resultados de seis investigaciones sobre casos de afectación a los derechos humanos por parte de actividades empresariales en el país. Entre los casos a presentar se encuentran los derrames de petróleo de Repsol, Petroperú y otras empresas; los conflictos vinculados a empresas mineras como Las Bambas; y las vulneraciones a los derechos laborales en la agroexportación; entre otros. Estas investigaciones se presentarán en un coloquio que tendrá lugar el martes 8 de noviembre por la tarde.

 

Uno de los temas centrales de discusión será la propuesta de una Ley de Debida Diligencia que establezca la obligación de las empresas de actuar oportunamente para prever y evitar posibles afectaciones a los derechos humanos en sus actividades y en las de sus proveedores. Este proyecto de Ley será presentado públicamente por las organizaciones en un foro público el miércoles a las 6:00 p.m. Esta propuesta se enmarca en la tendencia que ya se está marcandoa nivel global con iniciativas similares en Alemania, Suiza y otros países. Además, en el contexto de esta semana las organizaciones que convocan se reunirán con congresistas a fin de que hagan suya la propuesta y sea presentada en el legislativo.

 

Esta primera “Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” culmina el viernes con una reunión -por confirmar- con los gremios empresariales.

 

El dato

El Perú aprobó su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en junio del 2021, tras un largo proceso de diálogo entre los actores sociales, los gremios empresariales y el Estado. Este Plan se enmarca en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. En los últimos años, se viene discutiendo leyes de debida diligencia en diversos países del mundo, así como un Tratado Vinculante sobre el tema que se viene elaborando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 

FECHA: del 7 al 11 de noviembre de 2022

PROGRAMA: https://bit.ly/3fCyDwP

LUGAR: Hotel INNSIDE (Calle Diez Canseco 344, Miraflores)

Con el impulso de la bancada de Podemos y el apoyo de la bancada fujimorista, el Congreso de la República aprobó el jueves 20 de octubre el proyecto de ley 1210/2021-CR que formaliza las invasiones constituidas del 01 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2015 sobre las tierras de las comunidades campesinas.

La iniciativa legislativa aprobada modifica un único artículo de la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, Ley 24657:

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la Ley 24657, Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas

Se modifica el inciso b) del 2 artículo de la Ley 24657, modificado por las leyes 26845 y 27046, en los siguientes términos.

«Artículo 2. El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.

No se consideran tierras de la Comunidad:

  1. b) Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2015, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

El dictamen del proyecto aprobado fue presentado por la Comisión de Vivienda y Construcción. El dictamen no fue discutido en la Comisión de Pueblos Andinos a pesar que se solicitó ello con anterioridad; fue rechazado por mayoría en la sesión plenaria.

El día de la aprobación, la congresista Digna Calle sustentó su Proyecto señalando que con esta ley se beneficiarían a 65 mil familias de Manchay, que actualmente viven sobre tierras campesinas y no pueden acceder a títulos a pesar de vivir varios años allí. Sin embargo, no especificó que con esta modificación se deja abierta la puerta para el despojo de territorios campesinos por traficantes de tierras y poblaciones que necesitan vivienda, que están abandonados por el Estado por no existir una política de vivienda social como en otros países.

La congresista Noelia Herrera Medina de Renovación Popular se mostró de acuerdo con la ley y fue más allá, pidió a la Mesa Directiva poner en agenda su Proyecto de Ley N.° 580, que contempla la titulación automática para posesiones informales en asentamientos humanos.

Reacciones

Para el especialista legal y director ejecutivo de Cepes, Laureano del Castillo, el problema de la modificación de este artículo “es que por esta vía excepcional se vienen haciendo perforaciones al derecho de propiedad comunal reiteradas veces. Una situación de emergencia no puede ser eterna”. Señaló que la modificación de este artículo ya se ha hecho en años anteriores para beneficiar a las invasiones en tierras comunales.

También precisó que en algunos casos son los mismos comuneros, quiénes viendo su interés personal familiar por encima de la comunidad, promueven estas invasiones.

“La perspectiva a futuro será los que los que hayan invadido del 2015 hasta el 2022, también tendrán su artículo modificado para que se legalice su invasión, y así luego hasta el 2040, etc”.

Para la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Huitoto Murui en Amazonas, la ley afecta a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por lo que debió ser objeto de debate con la sociedad y de consulta previa con los pueblos indígenas.

Recuerdan que el artículo 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que es obligación del Estado proteger y titular las tierras indígenas porque estas garanticen la subsistencia de estas poblaciones.

Además, el proyecto cuestionado sería inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible. Estos argumentos fueron enviados mediante una carta al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades para que no se pueda implementar esta ley. En la carta piden que el presidente de la República, Pedro Castillo, observe el Proyecto de Ley y no lo promulgue.

Para el especialista Laureano del Castillo el problema es que estamos en presencia de dos derechos que entran en conflicto: “el derecho de las comunidades campesinas de mantener su territorio y el derecho de los pobladores de tener su casa”. Sin embargo, precisó que se debería hacer una denuncia ante el Tribunal Constitucional amparados en el convenio 169 de la OIT, tal como lo señala la comunidad amazónica en mención.

Tribunal Constitucional reconoce vigencia de tratados internacionales

Para el también especialista legal Juan Carlos Ruiz de IDL, el proyecto de ley aprobado es inconstitucional no solo porque viola lo señalado en el Convenio 169 de la OIT a nivel internacional, sino porque también transgrede la jurisprudencia de la Corte IDH respecto al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Esta jurisprudencia se basa en el caso del pueblo indígena Xucuru vs Brasil, en que la sentencia internacional establece:

  • La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Además, el especialista legal agrega que el derecho de propiedad no prescribe y que ha habido omisión de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas respecto a la modificación de esta ley que trata sobre sus derechos, en este caso al territorio.

Juan Carlos Ruiz agregó que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido anteriormente que el Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional:

 “En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. (STC 00022-2009-PI, f.j. 9)

Finalmente, consultada por Red Muqui, la actual presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo, señaló que emitirán un pronunciamiento rechazando la aprobación de esta ley por el Congreso de la República y exigiendo al gobierno que no promulgue esta ley, además de otras acciones.