Por: José Antonio Lapa Romero

Southern ha tenido y mantiene un comportamiento obsesivo-compulsivo y una inmensa frustración en cuanto al proyecto Tía María se refiere, que ha significado imponer el proyecto desplegando la represión y la coerción estatal; poniendo en funcionamiento una enorme maquinaria de clientelismo y asistencialismo minero, y realizando permanente lobby ante la institucionalidad estatal y representación política. La razón fundamental de su enfermiza insistencia está relacionada con los millones de dólares invertidos por casi dos décadas de proyecto frustrado y los efectos que produciría a la empresa el anuncio de paralización o inviabilidad del proyecto minero en el casino financiero donde cotiza, lo que la fuerza a insistir y a inventar permanentemente una legitimidad inexistente. No obstante, en una muestra de desmemoria, esta transnacional olvida, de manera intencionada y consciente, la extendida violencia sobre los ciudadanos del Valle de Tambo, la violación de los derechos humanos y las heridas aún abiertas; mientras se presenta ante el espacio público nacional e internacional como una empresa responsable socialmente y respetuosa de los derechos humanos.

La afirmación de los funcionarios de Southern de que las «condiciones sociales han mejorado» y que vienen trabajando de manera ardua con la población del Valle de Tambo muestra esta realidad distorsionada que suele presentar al público ingenuo, con la finalidad de construir cierta legitimidad inventada. Porque, lo que sí viene ocurriendo en el Valle de Tambo es la puesta en funcionamiento de la maquinaria de clientelaje y asistencialismo a través de empleos temporales, obras por impuestos, donación de abonos, acceso a cosechadoras de arroz, servicio de fumigación, atenciones de salud y la donación de mochilas para los niños de las escuelas, y regalos en las festividades y un largo etcétera, que busca comprar la voluntad de los ciudadanos; y también, claro está, la maquinaria de cooptación a través de la captura de medios que se intensifica en momentos de mayor oposición y supuestas dirigencias capturadas y alineadas a los intereses de Southern. Es decir, han tejido relaciones mediadas por dinero con el objetivo de seguir inventándose una mayor aceptación del proyecto minero, bajo la denominación de «mejores condiciones sociales».

Así, la negada legitimidad y “mejores condiciones sociales” se ha vuelto a evidenciar en un reciente sondeo (inicios de mayo), realizado en los distritos de Cocachacra, La Punta y Dean Valdivia, según el cual el 94 por ciento de los encuestados no quiere el proyecto porque va a destruir la agricultura y va a contaminar el agua y las personas del valle, 4 por ciento está a favor y un 2 por ciento no opina. La respuesta de más de 300 entrevistados muestra una línea de continuidad con los resultados de la consulta popular del 2009 cuando el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo al proyecto minero de Southern.

Es decir, hay un amplio y diverso sector social cuya postura es inamovible y que se resiste a la minera, a pesar de la debilitada representación social, fruto de la criminalización y la violencia desplegada por el Estado.
Entonces, los anuncios de Southern de iniciar operaciones los próximos meses porque tienen “mejores condiciones” que han trabajado “duramente”, esto constituye una realidad inventada y abre el escenario para un potencial conflicto en un valle que continúa resistiendo y esperando justicia frente a la impunidad y la violencia producida contra sus ciudadanos durante casi dos décadas de enfermiza insistencia por parte de la empresa y el Estado, que hasta ahora ha olvidado su rol de garante de derechos y ha afirmado su rol de promotor de los intereses mineros. Esto se ha intensificado con el actual ministro de Energía y Minas y el Ejecutivo en general, en un escenario de precios altos de los minerales que los empuja a intentar sacrificar nuevos territorios en el Perú.

Desde hace varios meses se agudiza el agresivo relanzamiento de la gran minería por parte de los gremios mineros y el Ejecutivo, que tiene como principales voceros a los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente. Las medidas y modificaciones normativas apuntan a facilitar la inversión minera, reduciendo a su mínima expresión la institucionalidad ambiental en el país. A ello se suman los anuncios de imponer los proyectos mineros de Río Blanco en Piura, Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. Frente a ello desde la Red Muqui y sus miembros queremos señalar a la opinión pública lo siguiente:

1. Se ha lanzado un nuevo “paquetazo antiambiental” a través del Decreto Supremo Nº 004-2024-MINAM, que se emitió el 02 de mayo de 2024, que modifica e incorpora artículos del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sus objetivos son reducir los plazos del proceso de evaluación y prescindir de las opiniones técnicas de órganos especializados como la ANA, SERNANP y MINCU. Modificaciones que se estaban preparando desde el año pasado y que ahora son proyectadas con más fuerza bajo el argumento de reducir la “tramitología minería”.

2. El Ejecutivo ha estado tomando decisiones irresponsables e incongruentes, ya que con esta desregulación se reactivarán los conflictos socioambientales en los territorios. Nos encontramos en un contexto crítico donde el malestar social se viene acumulando por la falta de respuesta a demandas como el alza del costo de vida, la desprotección del agro, la contaminación por metales tóxicos, entre otros. El gobierno en vez de atender estas demandas de forma integral, lo que hace es desconocer derechos ambientales y colectivos de los pueblos indígenas y comunidades con el fin de favorecer la expansión minera sin límites.

3. En esa línea, estas últimas semanas los gremios mineros y el Ministerio de Energía y Minas vienen insistiendo con la imposición de proyectos mineros que en su momento fueron declarados inviables técnica y socialmente como Río Blanco, Conga y Tía María, e incluso se han atrevido a afirmar que el agro y la minería son actividades complementarias, algo rechazado por las poblaciones locales puesto que ya cuentan con actividades económicas alternativas en sus territorios.

Finalmente, desde Red Muqui nos reafirmamos en la necesidad de respetar la voluntad popular de los pueblos y comunidades que viven de la agricultura y rechazan la minería. No se pueden imponer proyectos mineros tal como se pretende hacer, implementando un andamiaje normativo que facilite la inversión minera a costa del medio ambiente y los derechos humanos. La alianza autoritaria, entre Ejecutivo y Congreso, no cuenta con el respaldo de la población, por el contrario, una gran mayoría ha expresado su deseo de que se vayan todos.

Lima, 24 de mayo del 2024.

Las comunidades campesinas, gremios agrarios, organizaciones sociales y población local de Ayacucho realizan desde hoy un masivo paro agrario de 72 horas. Exigen la anulación de concesiones mineras y rechazan la actividad minera en cabeceras de la cuenca, que pone en peligro la vida, el territorio y el agua.

La movilización se había anunciado semanas atrás ante la nula respuesta del régimen de Dina Boluarte, y después que, el mes pasado, la sociedad civil organizada de la provincia de Vilcashuamán acató un paro de 2 días ante la imposición de proyectos mineros. A fines del año pasado una protesta similar estalló en Huanta y, desde el 2019, existen protestas similares aún latentes en el sur de Ayacucho.

Esta vez, la medida es a nivel regional y las acciones de movilización se concentran en la ciudad de Ayacucho, donde se han suspendido las clases y los locales comerciales han cerrado temporalmente. El paro fue un acuerdo de la asamblea general del Frente de Defensa de Ayacucho en respaldo a la lucha histórica de las comunidades contra el modelo extractivista minero.

Las demandas sociales de la plataforma del paro también plantean el reconocimiento del derecho de propiedad del suelo y subsuelo para las comunidades campesinas y la asignación prioritaria de presupuesto para el desarrollo de sistemas de irrigación. De igual manera, la intangibilidad y conservación de las cabeceras de cuenca, la instalación de una mesa técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la instalación del sistema de gas domiciliario, entre otros puntos. Además, rechazan la gestión del ministro de Energía y Minas, Romulo Mucho Mamani.

El presidente de la comunidad de Colpapampa, Emiliano Bellido Quispe, estimó que alrededor de 3 mil personas se han sumado al paro que culminará este jueves 23 de mayo.

Por ahora no se han registrado acciones represivas contra la ciudadanía movilizada ni se ha pronunciado el régimen de Boluarte.

Con información proporcionada por Huñuq Mayu, institución asociada a la Red Muqui
Crédito de las fotos: redes sociales

En el marco del Pre Foro Social Panamazónico (Pre FOSPA Perú), realizado del 25 al 28 de abril en Tarapoto, organizaciones indígenas y sociales, colectivos, movimientos e instituciones de diferentes regiones del Perú presentan la Declaración Oficial de Pre FOSPA Perú 2024.

A través de este documento, se busca visibilizar la importancia de la protección de la Amazonía, y las principales problemáticas que vienen afectando a los pueblos indígenas y a sus territorios (criminalización, actividades extractivas legales e ilegales). Asimismo, se busca dar a conocer las diversas exigencias, demandas y propuestas consensuadas durante el evento en el que que participaron más de 200 personas con el objetivo de articular agendas para proteger el territorio amazónico y los derechos humanos y la vida.

Los acuerdos y propuestas también contribuirán a la discusión que se realizará en el XI Foro Social Panamazónico Internacional, a realizarse en la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia del 12 al 15 de junio del presente año.

Puedes leer la Declaración Oficial de Pre FOSPA Perú 2024 aquí.

En su empeño por posicionar la narrativa que la minería y agricultura en el Perú son actividades complementarias y se benefician mutuamente, la cabeza del Ministerio de Energías y Minas (Minem), Rómulo Mucho Mamani, ha sumado un nuevo hito el 9 de mayo con una ampliamente difundida visita a la minera Colquisiri en Huaral.

Aquí el ministro destacó la explotación como ejemplo de los efectos positivos de la convivencia armoniosa entre minería y la agroindustria que produce 2 mil toneladas de mandarinas para la exportación en las zonas aledañas a la mina.

Lo que obvió de mencionar Mucho, es que la minera ha sido cliente de su empresa Pevoex Contratistas S.A.C. y, además, que la operación polimetálica María Teresa de la empresa Colquisiri S.A., fundada en 1984, acumula un total de 13 sanciones ambientales por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que suman un total de más de 767 mil soles en multas. Datos obtenidos a través de información pública por el Área Socioambiental de la Red Muqui.

Entre las sanciones referidas a la explotación de plomo, cobre y zinc, ubicada en los distritos de Chancay y Huaral en la limeña provincia de Huaral, destaca una por no haber instalado una manta impermeable requerida en la superficie del muro de contención (aguas abajo) del depósito de relave N° 3. Depósito que, según el organismo de fiscalización, sufrió derrames al pie del talud que llegaron hasta la vía de acceso. Es de resaltar la proximidad geográfica del relave que sufrió los derrames respecto de los cultivos ubicados a tan solo 50 metros de distancia.

Otra de las infracciones preocupantes mencionadas y por las que fue sancionada la empresa se refiere al inapropiado almacenamiento de concentrado de cobre, plomo y zinc en instalaciones que carecían de confinamiento y/o cubierta permanente.

Por su parte, el área socioambiental de Red Muqui al realizar un mapeo de las operaciones mineras y ponerlas en relación con su entorno llega a identificar otros importantes riesgos. Uno se refiere al área de Área de Influencia Indirecta Ambiental (AIIA) de la explotación minera, que abarca alrededor de 400 hectáreas (ha) de zonas agrícolas, terrenos que ante un eventual siniestro en las operaciones u evento meteorológico, etc. podrían ser afectados, igual que la población radicada dentro de 320 ha de zonas urbanas que se encuentran dentro del AIIA.

El hecho de que en las zonas aledañas de las operaciones mineras existan importantes plantaciones de mandarina, monocultivos de un cítrico de exportación no dice nada de la potencial contaminación de tierras agrícolas, las fuentes de agua o posibles impactos en la salud de la población.

Por eso, es importante recordar las últimas protestas de parte de los habitantes de los distritos donde se ubica la minera, que trascendieron en medios de comunicación, datan de octubre de 2021 y contradicen la imagen pulcra y promocionada por la propia compañía de ser un ejemplo por sus elevados estándares internacionales a la hora del cuidado del medioambiente y que mantiene un alto compromiso con la salud y el bienestar de los centros poblados de su entorno. Entonces habitantes de la zona norte de Chancay se manifestaron contra la minera por incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa en 2019 y por la contaminación atribuida a los relaves de la empresa. En entrevista con el medio huaralenlinea.com, el dirigente de los pueblos de la zona norte de Chancay, Roger Mendoza Rojas constató: “Sabemos que consumimos agua contaminada y ni siquiera se nos ha dado a conocer el informe del estudio al respecto, donde se analizó la contaminación del agua, del aire y la contaminación sonora que ocasionan”.

SERVICIOS PRESTADOS A COLQUISIRI

Para precisar la cuestión referente al historial de Colquisiri como cliente de la empresa fundada por el ministro Mucho, los detalles son que Pevoex Contratistas S.A.C. le brindó a la minera servicios de construcción de la presa de relave y movimiento de tierras y obras civiles en la planta de relleno hidráulico cementado en los años 2019 y 2020, respectivamente, según la página web de la empresa de Mucho Mamani.

En febrero de este año, el semanario Hildebrandt en sus trece develó que el alto funcionario público es dueño y gerente de Pevoex Contratistas S.A.C. Empresa que mantiene contratos con la empresa minera Southern Perú, concesionaria del yacimiento arequipeño Tía María paralizado desde el año 2011. A la lista de clientes actuales se agrega Cerro Verde, Raura, Stracon, Minsur, Hochschild, Antamina y Nexa.

LA MINERÍA POR ENCIMA DE LOS DERECHOS Y TERRITORIOS

Los antecedentes aquí recogidos dejan mal parada la experiencia supuestamente ejemplar presentada por el ministro en Huaral. Otro aspecto que ha quedado fuera del foco, es que cuando Mucho promociona el agro (como complemento de la minería) se está refiriendo a la agroindustria dirigida a la exportación. Actividad en la que no está inmersa la agricultura familiar que aporta más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, y que representa el 97% del total de las unidades agropecuarias del total de 2.2 millones existentes en Perú. En aquellos lugares con vigorosa agricultura como principal actividad económica, los valles de San Lorenzo en Piura o el de Tambo en Cocachacra – Arequipa valgan como ejemplos, la población que sabe de los impactos sobre la disponibilidad y calidad de agua, la contaminación y otras afectaciones sociales y económicas inherentes a la minería, por eso hasta ahora ha impedido su ingreso.

Desde la medianoche de este lunes 13 de mayo, pobladores de cuatro comunidades del distrito de Colquemarca (Lacca Lacca, Yanque, Parccobamba y Gran Chico), perteneciente a la provincia de Chumbivilcas, Cusco, han bloqueado la carretera del corredor minero sur como forma de protesta contra la minera MMG Las Bambas y el gobierno peruano por incumplimiento de compromisos con las comunidades mencionadas.

A través del corte de la carretera, que atraviesa decenas de comunidades de Arequipa, Apurímac y Cusco, los pobladores exigen que se cumplan los compromisos, entre ellos la construcción de vías de comunicación, obras de saneamiento básico, de educación y salud. De acuerdo con Fortunato Gallegos Pacheco, representante del Frente Único de Defensa de los Intereses de Colquemarca, el año pasado, la empresa minera MMG Las Bambas instaló mesas de diálogo para establecer acuerdos que beneficien a sus poblaciones, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los acuerdos ha sido cumplido por parte de la empresa. Antecedente que explica el cansancio y la frustración en las comunidades, que, por medio de una asamblea, acordó movilizarse para presionar a la empresa y exigir el cumplimientos de los compromisos pactados.

Además del incumplimiento de los compromisos mencionados, las comunidades también exigen la firma de un convenio marco con la minera y que se declare a las comunidades como zona de influencia directa en la cuarta modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas. Estudio con el que la empresa pretende extender su operación hacia un nuevo tajo denominado Chalcobamba. De acuerdo con el ex dirigente del Comité de Lucha del Corredor Minero de la provincia de Chumbivilcas, Luis Huamaní Fuentes, ninguna de estas exigencias se han cumplido hasta el momento: “lo que se estableció fue que las declararan como zonas de atención especial, lo que implicaba que se les brinde mejoras en los servicios de salud, educación y laborales, sin embargo, esto tampoco se ha cumplido por parte de la empresa Las Bambas.” Huamaní expresa que solo están exigiendo el cumplimiento de sus derechos, y buscan ser actores económicos importantes, ser parte de la cadena de valores de la empresa, pero esto “solo ha quedado en papel”.

Cabe resaltar que, de acuerdo con el representante del Frente Único de Defensa, Fortunato Gallegos, este incumplimiento de acuerdos no solo lo padecen las comunidades del distrito de Colquemarca, sino también comunidades de Capacmarca y Valille. Tanto es así, que comunidades de este último distrito realizaron acciones de protesta contra la empresa minera por la misma razón, falta de incumplimiento de acuerdos, sin obtener hasta ahora resultados favorables.

Si la empresa sigue incumpliendo los acuerdos, Huamaní pronostica que más comunidades se sumen a las protestas, lo que generaría que se extienda el tiempo de movilización acordado previamente. Por su parte, Fortunato Gallegos critica que el Estado peruano no vele por los derechos de las comunidades, mientras que sí apoya y protege a las empresas mineras que vienen ingresando a sus territorios, ante lo cual se ven obligados a protestar. Y resume la experiencia de que a pesar que “el pueblo sale a exigir lo que se acuerda y lo que les corresponde, el gobierno manda a policías”.

Por: Mayra Zambrano – Área de Incidencia Político-Legal

El gobierno de Dina Boluarte, a través de la cooptación de esferas de poder y acuerdos encubiertos con empresas, ha estado empeñado en favorecer intereses privados, flexibilizando y acelerando la “tramitología» ambiental, sin considerar la participación ciudadana ni la de los pueblos indígenas u originarios. Esta situación ha debilitado el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual se ha visto afectado por múltiples modificaciones, incluyendo el Reglamento de la Ley del SEIA. En este sentido, desde la Red Muqui presentamos la síntesis de las normas que conforman el paquetazo antiambiental.

Una serie de modificaciones con una dirección inequívoca que comenzó el 30 de mayo de 2023 con la publicación del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM y que aprobó el “Cronograma de Transferencia de Funciones en materia de fiscalización ambiental de los subsectores Transportes, Vivienda y Construcción, Saneamiento, Comunicaciones, Salud, Defensa, Justicia, Educación y Cultura al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA”, el cual detalla en su cuarta disposición complementaria final la suspensión del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. Este PUPCA es una herramienta que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) estaba aplicando para mejorar la predictibilidad en los procesos de certificación debido a que permitía estandarizar las etapas, plazos y requisitos de diez procedimientos administrativos, como la clasificación de proyectos, el plan de participación ciudadana, la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificatorias, los informes técnicos sustentatorios, entre otros. De esta manera, se había superado el rudimentario y obsoleto esquema que dispersaba sectorialmente las funciones ambientales y que no transparentaba la cartera de proyectos promovidos y aprobados desde cada ministerio, actuando como juez y parte.

El 28 de noviembre de 2023, se publicó la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM que aprueba la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM. Este proyecto introduce la posibilidad de presentar los Planes Ambientales Detallados (PAD), una figura creada en 2019 para adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la respectiva certificación ambiental. Los PAD incorporan estos impactos identificados que no cuenten con su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Aún cuando esta figura no guarda relación con el cierre de minas, se logró quitar una importante competencia al SENACE que ahora queda bajo la tutela del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Por otra parte, el proyecto normativo restringe el mecanismo de participación ciudadana, al excluir del mismo el requisito de entregar el Plan de Cierre a las autoridades regionales y locales. Además, se excluye el mismo título de «Participación Ciudadana» como uno de los componentes de evaluación de los planes de cierre de minas, manteniendo como única obligación la publicación de anuncios mediante radioemisoras y diarios.

El 30 de diciembre de 2023, se emitió el Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, mediante el cual se aprueban disposiciones complementarias para la implementación del artículo 21 de la Ley N° 30230, así como modificaciones a otras normativas. Entre ellas destaca, que ya no se requiere obtener el permiso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para llevar a cabo estudios del patrimonio en los monitoreos de vigilancia y control asociados a los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados dentro del área de influencia. Asimismo, indica la creación de comisiones de profesionales que, en lugar de desempeñarse en entidades con opinión vinculante, serán destacados en el SENACE. En paralelo a estos cambios, el MINEM legaliza operaciones del sector hidrocarburos y eléctrico realizadas sin certificación ambiental previa, a través de la aplicación de un instrumento de regularización correctiva PAD.

El gobierno continuó la ofensiva desreguladora, el 12 de abril de 2024, con la publicación de la Resolución Ministerial N.° 126-2024-MINAM, proyecto de Decreto Supremo que busca apartar de SENACE el “esquema de articulación” con las entidades técnicas opinantes en los procesos de evaluación de los EIA. Con esta propuesta normativa, se excluye al SENACE de la posibilidad de identificar cuáles son esos proyectos de inversión a priorizar, tarea que recae en las autoridades sectoriales. Por otro lado, elimina la autorización previa por parte de SERFOR o IMARPE para temas de recursos marinos, estableciendo que los titulares de proyectos de inversión obtengan sus autorizaciones mediante un procedimiento de aprobación automática, hasta que el MINAM actualice la guía para la elaboración de la Línea Base en el Marco del SEIA. Otra modificación tiene que ver con los títulos habilitantes, que podrán ser renovados a través de un procedimiento de aprobación automática, advirtiendo que cualquier verificación al cumplimiento de los títulos vigentes puede realizarse solo mediante mecanismos posteriores. Con esta propuesta, se elimina la posibilidad que tienen las autoridades para evaluar previamente si las condiciones físicas que motivaron en un primer momento la emisión del título habilitante, se mantienen en el tiempo.

Por último, el 04 de mayo de 2024 se publica el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM que modifica artículos del Reglamento de la Ley del SEIA (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM). En concreto, modifica el artículo 51 e incorpora el artículo 53-A. Destaca la pérdida de competencia del SENACE para definir cuáles serían los proyectos de inversión priorizados para utilizar el llamado “esquema de articulación”, como ya se había previsto con la Resolución Ministerial N.° 126-2024-MINAM. Este esquema permitía al SENACE y a las entidades opinantes, coordinar entre sí para la emisión de opiniones técnicas en los procesos de evaluación de los EIA. Con esta propuesta normativa, se excluye al SENACE de la posibilidad de identificar cuáles son esos proyectos de inversión a priorizar (y que requieren ser evaluados bajo el esquema de articulación), dándole mayor poder a los ministerios para aprobar EIA sin una visión integral, multisectorial ni transparente.

Frente a todo lo expuesto y teniendo en cuenta el regresivo debilitamiento del SEIA, desde la Red Muqui, rechazamos la búsqueda de aceleración de proyectos mineros bajo el concepto de «destrabe», que solo tiene como objetivo impulsar la inversión mediante la reducción de plazos, sin participación ciudadana y de los pueblos indígenas. Los temas de gestión ambiental deben ser abordados con precaución, ya que pueden entrar en conflicto con los derechos humanos de la población cercana a las empresas mineras; asimismo la falta de rigurosidad en los EIA podría exponer a la población aledaña a riesgos de contaminación por metales pesados u otras sustancias tóxicas. En este sentido, exigimos un fortalecimiento integral del SEIA sin que se generen presiones desde el Ejecutivo y Legislativo para debilitarlo mediante procedimientos administrativos acelerados, ya que favorecen únicamente a los gremios empresariales.

Frente a los pactos de impunidad y corrupción de las élites, planteamos un Pacto Eco-Social e Intercultural del Sur para acabar con el abuso, el autoritarismo y la depredación de la naturaleza

Cusco, abril 2024
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El Pacto Eco-social e Intercultural del Sur nació en un escenario adverso para los pueblos de Nuestra América. La crisis climática y la contaminación ambiental impactan cada vez más en los territorios, afectando cosechas, secando fuentes de agua y destruyendo ecosistemas. Se observa un aumento en el empobrecimiento y la instalación de pactos de impunidad y corrupción en los gobiernos. Mientras tanto, persiste la violencia de los estados y los extractivismos, a la vez que surgen nuevos autoritarismos y aumenta la presencia de redes transnacionales del crimen organizado en toda la región.

Estamos siendo testigos del avance progresivo del colapso de nuestros ecosistemas, regímenes democráticos y eventualmente nuestros modos de vida. Las élites y sistemas políticos no ofrecen soluciones reales, por el contrario, profundizan esta crisis civilizatoria. Frente a todo esto, el Pacto Eco-social e Intercultural del Sur plantea la urgente necesidad de una transición eco-social e intercultural justa y popular para salir del colapso inminente, que pueda generar una sociedad y economía más equitativa, democrática y en armonía con la naturaleza y todos los seres no humanos.

Este año nos reunimos en el Perú para solidarizarnos con las luchas de sus pueblos, especialmente del sur andino, contra los pactos de corrupción e impunidad del gobierno asesino de Dina Boluarte y sus aliados que actualmente controlan al país. Para aprender de sus perspectivas y propuestas para construir una América Latina más justa.

A propósito de nuestra reunión anual, que se llevó a cabo en Lima, Cusco, y Espinar en el Perú, compartimos nuestros sentires y pensares:

Admiramos profundamente a las comunidades y pueblos de Puno, Cusco y del Sur Andino más amplio, quienes han dado un ejemplo de dignidad, sabiduría y fuerza para defender y darle sentido a la democracia en el Perú. Nos sumamos a su exigencia de justicia ante la brutal violencia estatal enraizada en el racismo y la corrupción, con la cual se reprimió el levantamiento del 2022/23. Sabemos que este movimiento por justicia y dignidad continúa y que su llamado a construir un país democrático y plurinacional está vivo en las autoridades ancestrales, Mallkus, Jilaqatas y Mama Tallas, en las comunidades, colectivos y organizaciones, que hoy son un signo de esperanza para el Perú.

Conocimos la grave situación del territorio K´ana en la provincia de Espinar (Cusco), donde después de más de treinta años de gran minería se han acumulado graves impactos a la salud, la naturaleza, el agua; por lo tanto, en los proyectos de vida de la población. Consideramos que Espinar no puede Creesperar más a la sanación y reparación de sus vidas, cuerpos y territorios devastados por el extractivismo minero: es urgente, que el gobierno peruano declare la emergencia sanitaria e implemente las medidas adecuadas para ello. Nos solidarizamos con el pueblo de Espinar que día a día lucha y resiste a la arremetida minera. Un pueblo que no ha tenido más opción que convivir con una actividad transnacional que opera con mucha impunidad en sus territorios.

Nos solidarizamos con Olivia Bisa, la Presidenta del Gobierno Territorial Autónomo del Pueblo Chapra, con Elsa Merma, dirigente de las Mujeres K´ana, con las mujeres aymara y quechua de Puno, criminalizadas y atacadas de distintas formas por su lucha por la vida y los territorios de sus pueblos. Vemos, como son las mujeres las que enseñan el horizonte de cambio y defienden el futuro de nuestros territorios. Como Bisa y Merma, cientos de dirigentes y liderazgos colectivos, alrededor del Perú (y de la región) son amenazados, acosados, criminalizados, estigmatizados y violentados por los actores del poder, por su compromiso de lucha por la vida y los territorios de sus pueblos. Exigimos respeto y cuidado para todes elles, guardianes de nuestro futuro y la casa común.

En nuestro encuentro aprendemos y celebramos también las victorias, la resiliencia y resistencia de los pueblos. En la Amazonía peruana se vienen construyendo los Gobiernos Territoriales Autónomos de los Pueblos Amazónicos, y se ha logrado el reconocimiento de los derechos del Río Marañón a ser protegido frente a la contaminación. En Islay y Cajamarca la gente sigue resistiendo a los proyectos mineros enarbolando los gritos “Agua Sí, Oro No” y “Agro Sí, Mina No”. Alrededor del país están creciendo movimientos feministas y ambientalistas que reclaman cambios de fondo. En el sur del Perú las identidades originarias, pese a toda la violencia y el racismo vivido, se siguen revitalizando y hacen posible sentipensar una buena vida desde el lazo comunitario.

Mientras tanto, en Ecuador ganó el “Sí a la vida” en el referendo para el petróleo del Yasuní, abriendo la posibilidad de pensar y realizar la sanación y reparación de los territorios y comunidades afectadas por esta actividad. Vemos cómo el pueblo argentino se defiende del asalto a sus condiciones de vida de parte del gobierno de Milei. En Colombia el gobierno de Petro junto con las organizaciones sociales está defendiendo el país como Potencia Mundial para la Vida, reconociendo los derechos del campesinado y los territorios campesinos agroalimentarios, mientras busca con aciertos y desaciertos el camino hacia una transición energética justa

Consideramos que en estos ejemplos, desde los territorios, se defienden y se construyen transiciones ecosociales, justas y populares a favor de los derechos humanos, de la naturaleza, de los animales, de la justicia social y del Buen Vivir para todos y todas. En Latinoamérica Abya Yala hoy se abren grietas que posibilitan la subversión de los sistemas de dominación y que posibilitan transformaciones para sostener los tejidos de la vida.

A la vez, estos procesos vivos hacen parte de nuevos pactos con la vida y con la naturaleza. Requerimos hoy un Pacto Ecosocial e intercultural que permita transformaciones políticas de fondo para salir del extractivismo, crear una democracia eco-social y plurinacional, fortalecer las autonomías y la autodeterminación de los pueblos, asegurar el cuidado de la vida como centro de nuestras sociedades, fortalecer la soberanía alimentaría y alternativas económicas, reconocer y ampliar los derechos de la naturaleza, e impulsar una integración regional basada en la justicia, la soberanía y la autonomía de los pueblos.

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Cusco, abril de 2024

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

En las últimas semanas estamos asistiendo a varios hechos e iniciativas que vienen promoviendo los gremios mineros y el mismo gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. En resumen, estas iniciativas tienen que ver con acelerar aún más los trámites de aprobación de proyectos mineros a través de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), inclusive el titular de ambiente Juan Castro Vargas ha afirmado que su cartera se va encargar de promover la inversión minera. Con ello queda demostrado que el ministerio del Ambiente en la práctica queda reducido a su mínima expresión renunciando a su rol protector del medio ambiente.

Por otro lado, la semana pasada se ha realizado la nueva edición del AGROMIN 2024 – III Convención Agrominera que ha congregado al empresariado más rancio con un discurso de realidad paralela: la minería y el agro son actividades hermanas y complementarias. Un mensaje que dista de la realidad de las mismas comunidades originarias y poblaciones que conviven con proyectos mineros de envergadura. Los mismos que han originado impactos ambientales, disputa y despojo territorial, problemas irreversibles a la salud y la vida de las comunidades y poblaciones locales asentadas en zonas mineras.

Los casos emblemáticos como Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar y Cajamarca prueban que la minería contamina, arrasa con los recursos naturales y afecta negativamente los modos y medios de vida de las comunidades ubicadas en territorios ancestrales antes de la llegada de las empresas mineras. Por ello, cuando el presidente de Agromin 2024, Augusto Baertl, dice que “esto de ‘agua sí y mina no’ es un anacronismo folklórico que no tiene importancia”, genera la reactivación de los conflictos sociales en territorios donde las comunidades y población local han rechazado legítimamente las actividades extractivas mineras, por ejemplo, Valle de Tambo en Arequipa (Tía María); Huancabamba, Ayabaca y Carmen de La Frontera en Piura (Río Blanco); Sorochuco, Huasmín y La Encañada en Cajamarca (proyecto Conga), y la lista continúa.

La edición Agromin 2024 – III, como era de esperarse, tiene el respaldo del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que ha pasado por un proceso de interpelación del Congreso por su evidente conflicto de intereses con Southern Perú, concesionario del yacimiento Tía María en Arequipa. Como recordamos, el ministro Mucho es dueño de la empresa Pevoex Contratistas y no podría estar menos involucrado, pues también es uno de los fundadores de la Asociación Civil Agrominera del Perú, nada menos que la organizadora del Agromin 2024. El lobby minero y la puerta giratoria de estos funcionarios no solo es cínico, sino que es promovido por el propio régimen de Boluarte.

Sin duda, las reuniones que ha tenido el ministro Mucho con representantes de compañías mineras extranjeras también son una antesala de lo que se viene: imponer proyectos mineros sin licencia social en territorios donde las poblaciones ya tienen otras alternativas económicas de vida. Por otro lado, una narrativa que los gremios mineros vienen incorporando en sus declaraciones es que debemos profundizar la extracción minera “por el bien de la transición energética de los países del norte global”. Por ello, señalan que debemos ampliar ya existentes proyectos e impulsar nuevas explotaciones de cobre, litio, níquel, tierras raras, entre otros. Sin embargo, las evidencias nos muestran que a mayor explotación minera, mayor el daño y la afectación en los territorios.

Los negocios del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho Mamani, y el aprovechamiento de su cargo para beneficio de allegados, parecen no tener fin. Aparte de ser propietario de una empresa que presta servicios a empresas mineras sancionadas ambientalmente, también es uno de los fundadores de la asociación que organizó la III Convención Minera Agromin 2024.

Se trata de la Asociación Civil Agrominera del Perú que fue creada en el año 2018 y – según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)- que lideró como director ejecutivo hasta el 13 de febrero de este año. Coincidentemente el mismo día de su renuncia, Dina Boluarte anunció públicamente su designación como ministro.

Diez días después, el semanario Hildebrandt en sus trece publicó una investigación, reforzada por la Red Muqui, del evidente conflicto de intereses de Rómulo Mucho con el proyecto Tía María de la concesionaria Southern Perú, que es cliente de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C., de propiedad del ministro de Energía y Minas.

LA CONEXIÓN DE LOS ORGANIZADORES CON EL MINEM

Esta convención minera Agromin 2024, donde el empresariado minero busca “lavarse la cara” con el mensaje de que la minería y la agricultura son actividades hermanas y complementarias, es oficializada por el Minem y otros organismos del Poder Ejecutivo, instancias en las cuales la influencia de Mucho Mamani es evidente. Una vez más, se constata la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado. En el pasado también el Minem ha oficializado esta actividad que se realiza desde el año 2018 y en sus tres ediciones, incluida la actual, es organizada por la asociación fundada por el actual titular del Minem.

Flyer oficial de la convención minera Agromin 2024.

Resolución Ministerial N° 410-2019-MINEM

Resolución Viceministerial N° 0040–2023/MINEM-VMM

A fines de marzo, Rómulo Mucho enfrentó una moción de interpelación tras descubrirse que es dueño de Pevoex Contratistas S.A.C., empresa que mantiene contratos con varias empresas mineras (Pan American Silver, Southern Perú, Buenaventura, Raura, Nexa Resources, entre otras); sin embargo, sigue en el cargo debido a que no se alcanzó el quórum en el pleno para destituirlo (23 votos a favor, 49 en contra y 14 abstenciones).

ALIANZA MINEM Y EMPRESARIADO MINERO

Desde hace semanas, desde la cuenta oficial del Minem, se han publicado las reuniones que ha sostenido Rómulo Mucho con diversas compañías mineras extranjeras, entre ellas Río Blanco Cooper, con fines de reactivar el proyecto Río Blanco en Piura. Como se sabe -mediante una consulta vecinal del año 2007- los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, le dijeron NO a la minería. Asimismo, en una conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció un paquetazo para reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de reducir plazos y costos de empresas extractivas.

Foto publicada en la cuenta de X (antes Twitter) del Minem sobre la reunión entre Mucho y el gerente de Río Blanco Copper, Francisco Ismodes. Publicación fue borrada después.

Por otro lado, Augusto Baertl, presidente de Agromin 2024, declaró en esa instancia que “esto de ‘agua sí y mina no’ es un anacronismo folklórico que no tiene importancia. La mayoría de peruanos queremos trabajar, queremos que nuestros recursos se pongan en función”. Una realidad alterna que pretende crear el sector minero frente al rotundo rechazo de las comunidades originarias y poblaciones locales a los proyectos mineros a causa de los impactos ambientales, sociales y culturales existentes en el país, y por las cuales son calificadas como antimineras.

El proyecto minero Tía María también está en la mira del sector empresarial y el Minem, por lo que Agromin 2024 es una manera de presionar por su reactivación. La institución Cedep Ayllu, miembro de la Red Muqui, analizó el mensaje emitido por Augusto Baertl y dirigido al Gobierno en RPP Noticias.

AGROMIN ES UNA RENTABLE PUERTA GIRATORIA

Prácticamente lo mismo ha dicho el titular del Minem sobre el binomio agro y minería, cabe hacerse la pregunta: ¿Aspiraciones como ministro de Dina Boluarte, como empresario minero o como uno de los fundadores de la Asociación Civil Agrominera del Perú? ¿Cuánto ha invertido el Gobierno en la Agromin?

No es necesaria mucha perspicacia para entender que esto favorece a la asociación de Rómulo Mucho en la captación de auspicios y apoyo financiero, si es que no hay una partida del propio ministerio para el financiamiento de esta convención minera.