El evidente conflicto de intereses del nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, en el proyecto Tía María no ha pasado desapercibido en el Congreso de la República que ha aprobado una interpelación en su contra tras el destape periodístico del semanario Hildebrandt en sus treces y las denuncias hechas también por la Red Muqui.

El ministro Romulo Mucho es fundador y gerente de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. que presta servicios a mineras sancionadas por incumplir normas ambientales. Uno de sus clientes es Southern Perú, concesionaria del yacimiento minero Tía María en Valle de Tambo paralizado desde el año 2011. Desde que asumió el cargo, Mucho ha expresado su férreo interés en poner en marcha este proyecto que fue rechazado por más del 97% de la población a través de una consulta vecinal.

La moción de interpelación ha sido presentada por el congresista Jaime Quito bajo el argumento de un presunto conflicto de intereses del dueño de Pevoex Contratistas. El ministro Mucho deberá acudir al Congreso de la República el próximo 25 de marzo luego de ser admitida la moción de interpelación con 62 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

Puedes leer la denuncia completa que hizo Red Muqui sobre Rómulo Mucho, dando clic AQUÍ.

Manuel Quilla Ticona fue uno de los comuneros aymaras que se movilizó hasta Lima en marzo de 2023 para alzar su voz de protesta contra Dina Boluarte y contra el Congreso de la República. Era originario de Huancané en Puno, y haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, derecho a la reunión y libertad de expresión, se organizó junto a sus compañeros para viajar a Lima. El día 14 de marzo de 2023, mientras se encontraba reunido con otras personas en el parque entre Av. España y Av. Garcilazo de la Vega, fue atacado por efectivos policiales, quienes lo golpearon hasta causarle lesiones graves, según el protocolo de necropsia.

Su esposa Mariela Irma Cayo declara que Manuel la llamó en la noche del 14 de marzo explicándole que ese día en la tarde había sido reprimido por la PNP. Al día siguiente, 15 de marzo, se intenta comunicar con su esposo y le responde uno de sus compañeros, quien le informa que Manuel había entrado en crisis por la represión sufrida y que lo había detenido la policía el día anterior. Irma viaja a Lima y el 17 de marzo encuentra a su esposo fuera de la Comisaría de San Andrés, sucio, descalzo, con heridas en las muñecas, una herida en la pierna, moretones en la pierna izquierda y brazos, en la ceja derecha una herida cortante. Irma llevó a su esposo a diversas clínicas y, posteriormente, se trasladaron a su comunidad de Chuquiaguillo en Huancané, donde Manuel ya no podía levantarse de la cama y falleció el 30 de marzo.

Entierro de Manuel Quilla en la Comunidad de Chuquiaguillo en Huancané-02 abril 2023. Foto: Red Muqui

Como ya se señaló en un anterior reporte de Red Muqui, la necropsia realizada concluyó que la causa de muerte de Manuel Quilla fue un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores. FEDEPAZ e ILLARIY, instituciones que llevan la defensa legal, en agosto de 2023 presentaron el caso ante el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP); sin embargo, en noviembre de 2023, dicho equipo remitió el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, cuyas investigaciones se centran en el presunto delito de LESIONES GRAVES con subsecuente muerte y en el delito de TORTURA.

Ampliación de diligencias preliminares

A finales de octubre del 2023, la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima amplió el plazo para desarrollar diligencias preliminares por 60 días, a comienzos de febrero de 2024 la segunda fiscalía volvió a ampliar el plazo, ahora por 40 días.

David Velasco, abogado de FEDEPAZ explica que las diligencias preliminares tienen como objetivo la recopilación de elementos de convicción para la formalización de las investigaciones, por ello, es fundamental que la Fiscalía sea diligente y avance con la obtención de los vídeos y grabaciones de la zona donde ocurrieron los hechos, entre otros elementos. Agrega que este caso se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación- Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para que sea incluido en la carpeta 277-2022 contra Dina Boluarte, donde se realizan investigaciones a los altos mandos del Ejecutivo.

Por su parte, César Quispe Calsín, del Instituto ILLARIY, manifiestra que la Segunda Fiscalía ubicada en Lima, debe tomar en cuenta el elemento intercultural en su investigación, ya que Manuel Quilla era aymara y en su legítimo derecho a la protesta reclamaba por el respeto a su derecho al voto, sufriendo la discriminación y racismo del Estado. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2023 ha señalado: “La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita (a Perú), guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.” (párr. 8)

Luis Enrique Valdivia Calderon, quien es el actual fiscal coordinador del EFICAVIP desde febrero del presente año, fue el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de DDHH y conoce el caso de Manuel Quilla, por lo que la defensa legal de Manuel Quilla espera que el caso pueda ser retomado por el EFICAVIP, debido a que también son hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales de 2022 y 2023, y debe dársele el seguimiento adecuado.

Abogado César Quispe denunciando delito de tortura. Foto: Mano Alzada

Un año sin Justicia

Este 30 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Manuel Quilla, su esposa Irma Cayo, viene realizando acciones para exigir justicia y reparación para su esposo. Irma Cayo señala que para ella y su familia ha sido muy difícil todo este tiempo por el impacto psicológico que ha generado la violencia y discriminación del Estado. Irma señala que el gobierno ha tratado a su esposo como si fuera un delincuente o un terrorista , cuando protestaba por sus derechos:“ Aún no entiendo porqué lo han torturado, por qué tenían que tratarlo así. Yo lo encontré en muy mal estado, luego de haber estado detenido en la Comisaría en Lima. Ya se está acabando el plazo para investigar, tengo que estar preparada para seguir exigiendo justicia incluso en instancias internacionales”.

El domingo 07 de abril se va a realizar una romería y movilización en Huancané en memoria de un año del fallecimiento de Manuel Quilla producto de la violencia policial en Lima. Actividades que se realizarán en coordinación con la Asociación de Familiares de Víctimas y Mártires del 09 de enero, FEDERH, ILLARIY y otras organizaciones sociales e instituciones. Las acciones de memoria son importantes para seguir honrando la lucha de las comunidades aymaras y quechuas que salieron en protesta por reconocimiento político y la defensa de sus derechos frente a un Estado excluyente y racista.

Irma Cayo sosteniendo el retrato de su pareja- 08 de enero de 2024. Foto: Amnistía Internacional

DATO: La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de la protección del derecho a la integridad y a la dignidad personal.

La Comunidad Campesina quechua Juan Velasco Alvarado es una de las tantas unidades comunitarias que viven de la agricultura y ganadería de subsistencia, actividades especialmente difíciles debido a la escasez hídrica, agravada por la crisis climática. Para mayor desdicha se ubica en una de las regiones más codiciadas para la extracción aurífera y de otros minerales del país, específicamente en la provincia Sánchez Carrión del departamento La Libertad. La casi totalidad del territorio comunal ha sido concesionado para la explotación minera, sin que a sus habitantes siquiera le hubiesen informado al respecto.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, es particularmente grave que, la única fuente de abastecimiento de agua de todo el departamento de La Libertad se encuentra en la Reserva del Huaylillas, específicamente en la laguna Huangacocha. A pesar de ello, esta reserva no cuenta con una protección legal como área natural protegida, y solo tenga el reconocimiento, a través de un documento de menor jerarquía legal como es la Ordenanza Regional N° 027 – 2018, que resuelve “Declarar al Huaylillas y Zonas Aledañas como Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica y Patrimonio Cultural y Establecer Medidas Complementarias para la Conservación en el Ámbito Regional”. Pese a ello, este documento es de mucha importancia para la comunidad por la existencia de fuentes de agua para consumo humano y agrícola; así como la flora que se utiliza para desparasitar animales, tratar enfermedades y obtener ingresos familiares adicionales vendiéndolos en el mercado.

Aún más grave es el hecho, que en el territorio de la comunidad se hallan 17 concesiones mineras, de las cuales 14 están tituladas, dos se encuentran en trámite y una está extinta, y que afectan el 99,6% de la comunidad. (Ver mapa anexado). La última concesión otorgada por el INGEMMET fue la del 28 de junio de 2023, a favor de la Sociedad Minera El Futuro II, código de derecho minero N° 30011521, para explorar sustancias metálicas con un total de 900 hectáreas de extensión, que se ubican cerca de las lagunas Verde y Negra.

Este régimen de concesiones mineras superpuestas no solo transgrede la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29785 y la Ordenanza Regional N° 027 – 2018, sino que también ignora los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada (art. 6; art. 15.2), al territorio (art. 13; art. 14), a la autonomía y a la autodeterminación (art. 4), al desarrollo y al proyecto de vida colectivo (art. 2 y 3) y al medio ambiente adecuado (art. 29).

Con el fin de conocer mejor la opinión de la propia comunidad sobre las concesiones mineras y el estado de peligro en el que se encuentran el ambiente y los comuneros, realizamos una entrevista a Policar Sandoval, Presidente de la Comunidad Campesina Juan Velasco Alvarado.

¿Cuáles han sido los impactos de la minería en la comunidad?

“Una empresa [minera] antigua dejó desechos en el Huaylillas, la hemos sacado, ya no está, ahora estamos renovando el terreno para hacerlo sano, estamos buscando una fecha, buscando una maquinaria, y articulación con el consejo, la región y provincia.”

¿Cuáles son las principales actividades de conservación y agricultura que realiza la comunidad de forma sostenible?

“La agricultura es lo principal: siembra de papa, cebada, pino, chocho, haba y la crianza de animales, vacunos y caprinos, vacas, chancho, cuy, gallina, y si la minería entra a la comunidad nos afectaría en esta circunstancia de los criaderos del campo.”

¿Cuáles han sido los cambios más importantes que ha visto a partir de la entrada de PanAmerican Silver?

“De PanAmerican Silver hasta el momento no tenemos ningún apoyo a la comunidad. campesina. Más bien nos están dejando de lado, no quieren considerarnos como de incidencia indirecta, a pesar de que todo su chorreo del botadero escurre a nuestro río que nos divide el río Bado, tanto con la Arena conflictuando a Yamobamba, Choquizonguillo y la Victoria. De este río sacamos nuestro riego en la parte baja, lo que es Yamabamba, y nuestras plantas se siguen afectando, se malogran, pero la empresa dice que no contamina, solo le ha echado la culpa a la empresa San Simón que ya se fue este año. En una entrevista que hemos tenido sobre la invitación en una charla de Impactos Ambientales, nos dicen que se haga responsable San Simón, y yo le expliqué, para el lado de San Simón hay trucha, para el camino de Pan American Silver hacia abajo no hay nada de trucha, además la empresa ha incentivado a un grupito de personas para que firme el convenio que solo ellos están en la influencia directa, pero me opuse, ya que deben considerar a toda la comunidad en el área de influencia de la minería, ya que estamos afectados.”

Sabemos que el 99.6% de la comunidad se encuentra superpuesta por concesiones mineras ¿Qué opina usted sobre eso?

“Que nunca queremos ver estos mineros, nos va a traer atrasos y sequías de agua, no queremos contaminar nuestras lagunas, actualmente tenemos 23 lagunas en nuestra comunidad.”

Ya que me comenta que ustedes no quieren que ingrese la minería, ¿Qué debe hacer el Estado para respetar a las comunidades campesinas y su autodeterminación territorial?

“Lo que queremos es que nos respalden y que nos den el mejor apoyo, y nos brinden adonde podemos presentar nuestras quejas directas, que no queremos ver minerías acá en nuestra comunidad. No queremos que nos dejen de lado, porque quizás somos gente del campo, no tuvimos el soporte técnico y una buena educación, pero vamos a defender a nuestra comunidad como dirigentes comunales, para servir al pueblo.”

Mapa de concesiones mineras y áreas de influencia directa e indirecta de Pan American Silver en la comunidad de Juan Velasco Alvarado | Red Muqui

A una semana de vencerse el plazo de inscripción de operadores mineros de minería artesanal y pequeña minería en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la problemática de la minería informal e ilegal se complica sin que hasta el momento el Gobierno plantee soluciones concretas.

Este lunes se registró una masiva movilización de las delegaciones y bases de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) por las principales calles de Lima y en paralelo en Puno. Esta vez, ciertas bancadas del Congreso de la República y viejos políticos se han “subido al coche” para poner en agenda este tema, el cual ha sido advertido por especialistas y organizaciones como la Red Muqui como complejo ante la débil institucionalidad ambiental en el país.

Cuatro congresistas han presentado en febrero proyectos de ley para derogar el Decreto Legislativo N° 1607 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077 ante las protestas de la Confemin. Si los mineros informales no se inscriben hasta el 20 de marzo ante el Reinfo y siguen operando, se convertirán en mineros ilegales ante la ley y, por ende, serán investigados por el delito de crimen organizado.

Sin embargo, dichas iniciativas legislativas facilitan las condiciones para el avance y la consolidación de la minería ilegal. Por ahora se encuentran en comisión.

En el foro que organizó la Red Muqui el mes pasado, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque, consideró que el Reinfo ha terminado siendo una exoneración penal para quienes deciden seguir el camino de la informalidad, debido a que una vez tramitan el Reinfo, las fiscalías especializadas no pueden realizar acciones de vigilancia, control y fiscalización.

Por tanto, el pedido de los mineros agrupados en la Confemin tampoco brinda una solución a este problema, puesto que piden seguir operando hasta diciembre de este año aún sin haber cumplido con tener la documentación en regla para ello. Es decir, en algún punto la informalidad y la ilegalidad coinciden y conviven.

¿Qué hacer?

Existe una necesidad urgente de implementar políticas públicas de ordenamiento territorial y estrategias integrales que incluya los componentes ambiental, económico, político, social y cultural en el abordaje. Si deseas tener más información, puedes leer la entrevista completa realizada al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, dando clic AQUÍ.

Foto: Intercambio.pe

Diversas organizaciones, encabezadas por las rondas campesinas y juntas recolectoras y de saneamiento de Cajamarca, se han pronunciado inequívocamente en rechazo a las declaraciones del premier Gustavo Adriazén en las que anunciaba el inminente reinicio del megaproyecto minero Conga. Entre otras críticas le han recordado a las autoridades del régimen de Dina Boluarte, que quiere imponer más minería en la región, sin resolver los problemas de la contaminación, de la destrucción de las fuentes naturales de agua, del sufrimiento de cientos de familias envenenadas con metales pesados en Hualgayoc y Choropampa. Destacan, asimismo, el caso de la ciudad de Cajamarca, 70 por ciento de cuyos habitantes está condenado a beber agua bombeada por la minera Yanacocha que destruyó el acuífero del río Grande, como lo constató el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo en 2023 tras visitar la zona.

Igualmente rechazan los anuncios del ministro más minería en el contexto de una nueva explotación como el proyecto Colpayoc, que amenaza la fuente de agua del 30 por ciento de la población restante que se abastecen del Río Ronquillo y por eso es rechazado por las Juntas de Agua y Saneamiento (JASS) y los Comuneros de Chetilla.

Las organizaciones sociales recuerdan las protestas de la población que paralizaron el proyecto en 2011 y la violenta respuesta del Estado que cobró la vida de cinco personas en las provincias de Celendín y Bambamarca. A la vez, reafirman su irrenunciable derecho a vivir en paz, libres de destrucción, corrupción y contaminación.

Por su parte, la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca ya había manifestado ayer su rechazo al proyecto minero Conga, declarando que bajo ninguna circunstancia permitirá su ejecución. A través de un comunicado difundido ayer, la organización subrayó la importancia de proteger las fuentes de agua de la región, un recurso natural prioritario para la población que prima por encima de los intereses mineros.

Los argumentos de las organizaciones sociales no son los únicos en contra. El informe técnico sobre las observaciones y comentarios al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga del año 2010, elaborado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Cajamarca, también advirtió los riesgos ambientales de dicho proyecto minero.

El proyecto Conga, situado en los distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco, en las provincias de Cajamarca y Celendín, se encuentra ubicado sobre las cabeceras de 5 cuencas hidrográficas (Cuenca de la quebrada de Toromacho, Cuenca del Río Alto Jadibamba, Cuenca de la Quebrada Chugurmayo y Cuenca de la Quebrada Alto Chirimayo y Cuenca del Río Chailhuagon). “Con ello se corre el riesgo de desaparecer varios ecosistemas y modificar de tal forma que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

La empresa a cargo del proyecto es la Minera Yanacocha, la cual estaba integrada por Buenaventura, Newmont y la Corporación Financiera Internacional.

El 1 de marzo, a través de la Resolución Ministerial N° 0285-2024-IN se creó el Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio del lnterior, denominado «Grupo de Trabajo Sectorial encargado de la elaboración de los 2Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección y medidas urgentes de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos».

Es necesario precisar que la resolución se enmarca en la exigencia estipulada en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, denominado Mecanismo Intersectorial para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual precisaba que en un plazo no mayor de 30 días hábiles se iba a aprobar un “Protocolo de Actuación para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”, es decir el 3 de junio de 2021 el Ministerio del Interior debía publicarlo; sin embargo, el 14 de abril de 2022 se modificó el Mecanismo a través del Decreto Supremo N 002-2022-JUS, que cambia el nombre del instrumento legal a “Lineamientos de Actuación para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección” y se suprime el plazo, dejando sin atención la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección de los defensores y defensoras en situaciones de riesgo, ya que según el flujograma del Procedimiento de Alerta Temprana, una de las acciones que prevé la Resolución Ministerial es el Plan de Actividades para implementar las medidas de protección o medidas urgentes de protección implementadas por el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución, el Grupo de Trabajo Sectorial puede solicitar información, colaboración, asesoramiento y apoyo a otras entidades públicas, así como a especialistas de instituciones privadas y de la sociedad civil; en ese sentido, resaltamos la oportunidad de articulación con las instituciones que acompañan las labores de defensa de derechos humanos y ambientales, ya que cuentan con aportes técnicos bajo el enfoque territorial e intercultural crítico. Por otro lado, el periodo de vigencia del Grupo de Trabajo es de 90 días hábiles contados a partir de su instalación, es decir para el 13 de junio de 2024 se debería obtener el resultado final: los Lineamientos de Actuación.

Desde la Red Muqui, instamos a las entidades vinculadas del “Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” que puedan articular y velar por una adecuada protección de defensores y defensoras, quienes en su gran mayoría pertenecen a pueblos indígenas u originarios y cuyo riesgo no solo es manera individual, sino también se extiende a su familia. Exigimos que haya una debida transparencia de las acciones del Grupo de Trabajo y puedan convocar a las organizaciones de la sociedad civil para colaborar y aportar en el proceso.

Cuando el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anuncia que pronto habrá buenas noticias en el sector, como lo ha hecho en la recién concluida Convención Minera PDAC 2024 (3-6 de marzo) en Canadá, no sólo se deberían preocupar las comunidades campesinas de cuyos territorios se han apropiado las concesiones mineras, también la amplísima mayoría de habitantes de este país cuyas fuentes de agua nacen en la Cordillera de los Andes y donde se ubican los yacimientos de oro, plata, cobre y otros codiciados metales.

En esta edición de una de las mayores convenciones mineras del mundo, el régimen de Dina Boluarte ha apostado fuerte al enviar no sólo al controvertido titular del Minem, quien -de acuerdo a una investigación de “Hildebrandt en sus trece”- tiene mucho interés en impulsar proyectos mineros como Tía María en el Valle de Tambo y para el cual la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. fundada por Mucho ha prestado servicios igual que para otras mineras sancionadas por incumplir normas ambientales.

Otro de quienes han ido a propagar la imagen de Perú país seguro y pujante para inversiones mineras ha sido el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien ha lamentado que el 90 por ciento del territorio concesionado no se está explotando, sin que mencionara, por supuesto, que la mayor parte de dichas concesiones se superponen con territorios que son hogar, tierra de cultivo y espacios de vida de cientos de comunidades campesinas que durante siglos han cuidado de las cabeceras de cuenca e incluso glaciares (como el caso del nevado Quelccaya amenazado por las concesiones de exploración de litio y uranio otorgadas a la empresa Macusani Yellowcake) de donde se abastece el agua que tomamos en Lima y en las demás ciudades y pueblos del país.

Concesiones otorgadas sin que se le informe y menos se consulte a las comunidades, lo que atenta contra el derecho a la consulta previa, como establece el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
Los ministros han respondido de esta forma al dudoso honor de haber sido designado el Perú este año, una vez más, como país minero patrocinador en la mencionada feria, la principal convención mundial de exploración minera y minería, que se celebra anualmente en el centro de Toronto Canadá.

No es casualidad tanta armonía entre estos dos países cuando de minerales se trata. Según una nota de Viviana Herrera, publicada en Mining Watch Canadá, actualmente operan más de 70 empresas mineras canadienses en Perú. En conjunto, manejan casi 10 mil millones de dólares en activos, lo que equivale al 4,5% del PIB del país andino en 2021. Con la consolidación del régimen de Boluarte, más favorable a la minería, estas empresas están viendo una gran oportunidad.

Incluso, cuando Perú se encontraba en medio de una espiral de crisis política a principios de 2023 y miles de peruanos confrontaban la violencia policial mientras protestaban en las calles, representantes de la embajada del país norteamericano se reunían con asociaciones de la industria minera y funcionarios peruanos para promover el aumento de la inversión minera canadiense en el país. Desde entonces, la sede diplomática no ha hecho más que intensificar su campaña de relaciones públicas en el año transcurrido desde que Boluarte asumió el poder.

Herrera reseña que Louis Marcotte, embajador de Canadá en Perú y Bolivia, ha participado en entrevistas con los medios de comunicación locales para promover la industria y aclamar a Perú como un socio minero estratégico, mientras que la embajada ha desplegado infografías y otros materiales en las redes sociales para describir cómo las empresas mineras canadienses hacen posible la vida en Perú: desde la producción de los metales que componen las baterías y las estructuras de autos eléctricos hasta la extracción de los ingredientes clave en productos que van desde limpiadores domésticos hasta consolas de videojuegos.

Solo para recordar que, en sintonía con esta ofensiva minera en Perú de países como Canadá, en noviembre, el gobierno lanzó el «Plan Unidos», una estrategia multisectorial para el crecimiento económico post pandémico que pretende agilizar los permisos mineros y designa el avance de siete proyectos mineros como prioridades económicas. Ese mismo mes, Boluarte promulgó un decreto ejecutivo para agilizar la concesión de permisos para el uso del agua en la minería, que se suma a varias otras reformas ya en marcha que, según el ministerio de Energía y Minas, pretenden «desbloquear los proyectos mineros y atraer más inversiones».

Porque como dijo Mucho durante su presentación en la convención “estoy seguro que la Cordillera de los Andes nos tiene grandes sorpresas”. Y aunque el ministro no se refería a un hecho que realza la biodiversidad presente en el país, en efecto esta semana se ha informado sobre el descubrimiento de un nuevo ciervo en América, el primer hallazgo de su tipo que se logra en este siglo a nivel planetario: El Pudú de Huancabamba que vive en los bosques de neblina de Piura nos recuerda la importancia de preservar hábitats no sólo imprescindibles para asegurar las fuentes de agua que allí nacen, sino que evidencia la enorme y verdadera riqueza que se halla en el país y el frágil equilibrio que nos une a los humanos con las demás especies vivas del planeta. Una alerta más de lo que significaría imponer el proyecto cuprífero Río Blanco de la empresa china Zijin justamente en esta zona. Una explotación minera impulsado por el régimen autoritario, en los distritos piuranos de Huancabamba, Ayabaca y Carmen de la Frontera, pese al rechazo abrumador de la población, que en consulta vecinal en 2007 le dijo no a la minería.

Por: Nury García, directora del Proyecto Amigo y miembro del Consejo Directivo de la Red Muqui

El 8 de marzo es un día más de movilización militante, en que expresamos una posición política de denuncia respecto del modo en que las mujeres seguimos siendo explotadas, oprimidas, violentadas y asesinadas por el sistema de dominación patriarcal. Al mismo tiempo, es un día de reafirmación y acuerdamiento en nuestras apuestas de transformación de las relaciones sociales, en que la recuperación del vínculo vital con la naturaleza es tan urgente como necesario. Esto implica reconocer que somos territorios-vida, que somos parte de una misma raíz con la naturaleza; que el aire, el agua, la tierra no tienen dueños; que no somos cosas, menos mercancías.

La defensa de los territorios-vida nos reta a conjugar diversas resistencias contra el entramado del patriarcado y el capitalismo extractivista y colonial, como lo es la megaminería, que arrasa con millones de vidas explotadas o negadas, que solo porta muerte. El extractivismo y el feminicidio se necesitan para invadir, despojar, destruir, oprimir, y contaminar la vida toda. El orden social imperante explota no solo el trabajo, sino la naturaleza, los bienes comunes, los territorios y los cuerpos de las mujeres. Para reproducirse necesita que perdamos las posibilidades de autonomía, de soberanía y subsistencia de los pueblos, la convivencia comunitaria y la osadía de soñar otros mundos posibles, plenamente humanos, poniendo el cuidado de la vida en el centro.

La violencia sobre los cuerpos feminizados y la violencia sobre los territorios es simultánea, no hay una sin la otra. No puede haber jerarquías porque la lucha es una sola. Como nos enseñan las hermanas del movimiento indígena: el ecocidio, el feminicidio y el epistemicidio, son parte de una misma matriz civilizatoria que es “terricida”. Bastaría con escuchar a los 10 millones de personas afectadas con metales tóxicos, a las compañeras defensoras asesinadas, a las huérfanas de dignidad y deseo de futuro.

Hay un reto en este día de memoria de nuestras luchadoras, compañeras guerreras, revolucionarias: aproximarnos y reforzar los lazos con los movimientos de resistencia que intentan y logran ir más allá de la denuncia sobre las injusticias de género y las injusticias ambientales y buscan una transformación radical, abordar sus causas, aquello que permite la reproducción de un sistema cuyo único objetivo es la ganancia y bienestar de unos a costa de la muerte hasta el planeta mismo. Desafío, entonces, el de conjugar nuestro horizonte y caminar emancipatorio por la sostenibilidad de la vida; la defensa de nuestros cuerpo-territorios; el cuidado de la casa común; y la ética del don, de la reciprocidad y solidaridad.

Por eso, hoy es un día más de lucha, el de las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas y de los movimientos de la Tierra que florece (Abya Yala). Desde tiempos ancestrales somos aire, agua, tierra, sol y luna; y vamos sembrando y pariendo territorios, la vida, los ríos, las montañas, las retamas y cantutas. Desde siempre, y hoy también, seguimos siendo Cañi, Comunidad.

Por: Área Socioambiental de la Red Muqui

Ante la crisis política persistente y el anuncio de más expansión minera por el actual Gobierno a costa de los derechos humanos y ambientales, las condiciones de desventaja de las mujeres se acentúan cada vez más. Dado que en este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M) y a la vez el Día Mundial del Agua (22M), nos preguntamos: ¿Cuáles son las perspectivas de las mujeres defensoras del agua? ¿Cuáles son los desafíos para ellas en el cuidado del agua y la vida? y ¿Cuáles son sus deseos y visiones a futuro?

Desde la Red Muqui consideramos necesario recoger los testimonios de mujeres defensoras que viven en contextos mineros, ya que son ellas quienes defienden y cuidan el agua y, por lo tanto, la vida. Al mismo tiempo, muchas veces enfrentan mayores desventajas por su condición de ser mujeres y, además, rurales e indígenas. A pesar de estas desigualdades interseccionales y la violencia que estas constituyen, es necesario resaltar su gran aporte al cuidado de la vida.

A continuación, se presentan los testimonios de dos mujeres dirigentas: la primera es Regina Mamani Flores, presidenta del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos y Naturales de la Cuenca de Llallimayo del Distrito de Umachiri de la región de Puno. En la zona donde vive existen dos empresas mineras ubicadas en cabecera de cuenca y ambas ocasionan la contaminación de las fuentes de agua. La segunda mujer es Victoria Fernández Gamboa, presidenta de La Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia Santiago de Chuco de La Libertad. A pesar de la distancia geográfica entre ellas, los desafíos en su lucha personal y política se convergen.

En la actual situación política ambas mujeres no se sienten representadas por el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte y, al no sentirse representadas, carece la esperanza de tener el respaldo político en sus luchas por la defensa de sus cabeceras de cuenca, de sus fuentes de agua, de sus quebradas, sus riachuelos. Según Regina, la contaminación de estas fuentes de agua tienen varias consecuencias socioambientales y económicas:

“Las personas y animales consumen el agua, regamos nuestros pastos cultivados con el agua contaminada porque no tenemos otra fuente de agua limpia, por ende se nos está ocasionando daños a nuestra salud con metales pesados y enfermedades desconocidas, afecta a nuestros animales en su salud, disminución en su producción de leche, carne, quedando también tierras eriazas, causando la destrucción de la fauna y flora existente; todos estos problemas que ocasiona la gran minería afecta a nuestra economía familiar, unidad familiar, afecta la salud humana y animal, bajo rendimiento escolar de nuestros hijos, unión comunal, fragmentación del diálogo con las autoridades políticas, arraigo territorial, empatía y cuidado de la naturaleza, vulneración de nuestros derechos humanos a gozar de un ambiente saludable, derecho al agua, derecho a la protesta pacífica.”


En la defensa del medio ambiente en condiciones donde la coalición autoritaria gobierna el país y reina la impunidad, Victoria manifiesta lo siguiente:

“Ahora más que nunca con este gobierno que se ha dedicado específicamente a negociar con empresas privadas, empresas mineras, no le interesa la vida. […] Yo por ejemplo pertenezco a un comité provincial de monitores ambientales que hacemos vigilancia ambiental. Podemos hacer nuestra parte: vamos, evaluamos la calidad de agua, tenemos el historial, pero igual a nosotros no nos creen, nosotros somos un obstáculo para ellos, pero hoy por hoy siempre tenemos que ser perseverantes porque nosotros defendemos prácticamente nuestras cabeceras de cuenca y vamos a continuar en eso defendiendo nuestras cabeceras de cuenca porque para nosotros defender el agua es defender la vida.”

En esta línea Regina resalta:
“Entre una mujer y el agua existe un vínculo genuino y fuerte, pues ambos somos fuentes de vida; somos nosotras las primeras víctimas del deterioro ambiental, pero también somos las protagonistas en la defensa, conservación y preservación del medio ambiente; somos nosotras quienes lideramos las luchas en defensa del agua y medio ambiente en contra de las mineras extractivas que contaminan nuestra Pachamama.”

Entonces, es evidente que las mujeres tienen una perspectiva única en cuanto a la importancia del cuidado y la defensa del agua, debido a que, por sus roles como madres y administradoras del hogar, son ellas las que sufren los mayores impactos negativos cuando se reduce la calidad o cantidad de agua en las comunidades.

Más aún, tanto Regina como Victoria constatan la ausencia de articulación y el respaldo político de las autoridades comunales, locales, provinciales, regionales y nacionales a las mujeres rurales indígenas cuando denuncian las afectaciones socioambientales que pueda tener la actividad minera en sus territorios. La mayoría de las veces no son escuchadas ni apoyadas, más bien sufren violencia e injusticia al cuidar el medio ambiente.

Más allá de los desafíos de las mujeres defensoras del agua, el deseo para el futuro de Victoria tiene una mirada bastante política:
“Vale la pena soñar: Al futuro […] quisiéramos tener de repente un movimiento, una institución, un movimiento político, organizarnos un grupo de mujeres peruanas de todas las regiones donde específicamente defendamos la problemática de la mujer, tener mujeres independientes, mujeres empoderadas, mujeres que defiendan sus derechos de ella y de las demás.”

Para Regina como mujer indígena afectada por la actividad minera, a pesar de los desafíos prevalece la esperanza:
“Nosotras como mujeres, madres, seguimos y seguiremos en la lucha frente a todo acto que pretenda destruir nuestra madre tierra, estaremos de pie para proteger nuestras comunidades, territorios, agua, pues todos somos Fuente de vida. En mi zona nosotros conjuntamente con la población estamos en la búsqueda de que el Estado se haga cargo de la remediación de la Cuenca de Llallimayo, buscamos que se pueda construir una planta de tratamiento de aguas ácidas, para de alguna forma limpiar el agua.”

A partir de estas visiones políticas de las mujeres defensoras y acciones específicas como la remediación de las cuencas, estamos convencidos de que podemos construir una sociedad en la cual todas las mujeres vivan libres de todo tipo de discriminación, violencia, desigualdad y afectación a su salud y vida. En esta línea, desde la Red Muqui, a través de nuestras instituciones asociadas, acompañamos a organizaciones de mujeres en varias regiones del país en la construcción de agendas, las cuales recogen sus demandas y necesidades específicas para la incidencia política. Además, en escuelas de capacitación lideresas, dirigentas y voceras de comunidades y poblaciones afectadas por la minería fortalecen sus procesos de lucha y defensa de sus derechos individuales y colectivos. Y son mujeres como Victoria y Regina que habitan en territorios afectados por el extractivismo, y lideran con el ejemplo de resistencia y valentía. Queremos agradecerles a ellas por compartir sus testimonios con nosotr@s.

Representantes de la Comunidad Campesina de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, región de Ayacucho, con el acompañamiento técnico y legal de la Red Muqui, se reunieron con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) para exponer la problemática ambiental que enfrentan debido a la presencia de la minería informal en su territorio.

Desde el año 2020, el operador minero Ismael Medina explota sulfuro de cobre dentro de los límites de la comunidad, zonas de Chamana y Pichuscucho, y cerca al río Pampas a pesar de no contar con el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), documento que es aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.

Tampoco tiene la licencia social de los habitantes Accomarca, quienes han rechazado públicamente cualquier tipo de minería que pone en riesgo sus formas y medio de vida a causa de la contaminación ambiental y sonora. El cultivo de palta y frutales diversos es una de las actividades económicas más importantes en el territorio comunal, cuyo recuerdo yace el 14 de agosto de 1985, fecha conmemorativa de una de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno donde fueron asesinados más de 70 comuneros.

La operación minera se encuentra paralizada temporalmente, pero esta situación mantiene bajo tensión a la comunidad, cuya directiva ha sido denunciada por el minero informal Ismael Medina por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, cuando decidieron en asamblea general decomisar las herramientas de este productor minero y el desalojo del campamento en septiembre del año pasado. La decisión de la comunidad se originó a raíz de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, que ordenó la paralización temporal de la actividad minera en la zona denominada Chamana por incumplimiento de compromisos ambientales.

Así pues, el último lunes, lograron reunirse con la presidente de la CPAAAAE del Congreso de la República, Ruth Luque, a quien le solicitaron que apoye en sus demandas dirigidas en gran parte al Gobierno Regional de Ayacucho que puede solucionar esta problemática.

1. Paralización definitiva de la operación minera debido a la contaminación del río y el conflicto socioambiental que se ha generado entre la comunidad e Ismael Medina.
2. Monitoreo de la calidad del agua del río Pampas y suelos agrícolas para determinar si hay presencia de metales tóxicos.
3. Cumplimiento de la Sentencia 310/2023, donde se exhorta que el Congreso de la República, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Cultura puedan adecuar su normativa y así generar una participación ciudadana intercultural en el sector minero, puesto que la comunidad desconocía de la existencia de 8 concesiones tituladas en la zona, mediante la cual se permite la entrada de minería artesanal y pequeña minería.
4. Sesión de trabajo conjunta con la Comisión de Energía y Minas y entidades estatales vinculadas a la problemática.

La parlamentaria se comprometió en solicitar a las autoridades competentes que realicen monitoreo en la salud de la población y calidad de agua, debido a que, desde los inicios de la operación minera, no hubo un adecuado almacenamiento de desechos y otros materiales tóxicos. Además, realizará acciones de articulación con la Comisión de Energía y Minas para atender esta urgente problemática de la minería informal e ilegal.

A esta reunión también participó el congresista Isaac Mita y su asesor. Ambos pidieron información formal a la Red Muqui para que plantee acciones complementarias de incidencia y control político.

Los representantes de la comunidad integrada por el regidor distrital Javier Baldeón Palacios y los dirigentes Zosimo Sulca Quispe, presidente de la comunidad de Accomarca; así también Obdulia Janampa, presidente de la Asociación de Hijos e Hijas de Comuneros de Accomarca (AHIDA) en Lima y Emiliano Quispe, exdirectivo de la AHIDA, expresaron que cualquier tipo de minería atenta contra la salud y el medio ambiente, por lo que exigen la paralización definitiva de la operación minera y la nulidad de las concesiones mineras que se superponen a su territorio.