José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador en temas de comunidades, minería y conflictos sociales.

En el Valle de Tambo no son pocos, es la casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas que ha manifestado que no quiere la actividad minera, posición que ha mantenido durante casi seis gobiernos democráticos y autoritarios, es decir, es un proyecto que no tiene legitimidad. La primera razón es política vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir sobre sus vidas. En efecto, en la consulta popular del 2009 el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo a la actividad minera; en el 2019, diez años después, el 70 por ciento manifestó que no quería la minería en una encuesta realizada por universidades de Arequipa a pedido del gobierno central -resultados que fueron cuestionados por sus contratantes porque no encontraron los resultados favorables que esperaban respecto al proyecto.

El inamovible rechazo ciudadano por más de 15 años ha llevado a una permanente movilización y protesta de los pequeños productores, jornaleros agrícolas y otros sectores, y a una permanente respuesta violenta, represiva y criminalizadora por parte del Estado que ha declarado en sucesivos momentos estados de emergencia y ha desplazado cientos de policías, aparatos de inteligencia, militares y funcionarios del sistema de justicia, como en los conflictos del 2011, 2015, 2019 y 2020. Mientras que la propietaria del proyecto, Southern Copper Perú ha desplegado permanentes acciones, por un lado, de clientelismo y asistencialismo minero ofreciendo empleos temporales, abono, maquinaria agrícola, atención médica gratuita, regalos por el día de la madre y navidad, aniversarios de instituciones, construcción de paraderos, defensas ribereñas, y un largo etcétera. Por otra parte, ha desplegado una estrategia basada en el financiamiento de proyectos a través de obras por impuestos, mecanismo ampliamente usado para legitimar la inversión privada; sumado a cooptación y fragmentación social, creando colectivos que responden a sus intereses, buscando capturar y fracturar las juntas de regantes, influenciando en las elecciones municipales y capturando medios de comunicación y comunicadores a sueldo para crear opinión favorable al proyecto. Estos mecanismos hasta ahora han fallado en el Valle de Tambo, cuyos habitantes han negado la licencia social, lo que ha llevado a Southern a deslegitimar a la inamovible mayoría como “antimineros” “antidesarrollo”, “terroristas mineros” y los ha calificado como la oposición de unos pocos, inventándose, claro está, una supuesta mayoría social que apoyaría el proyecto, ideas recogidas por los medios aliados de la empresa y el gobierno siempre alineado con los intereses empresariales.

La segunda razón de esta inamovible mayoría es la razón económica vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir su desarrollo. En efecto, en el Valle de Tambo más de 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria que involucra a 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros. Agricultura que se desarrolla en 12 mil hectáreas; y a la que se suman la dinámica de la pesca en el mar, la crianza de camarones en el río y el turismo durante el período estival. Esta fuerte estructuración económica y social es la que ha dado base y capacidad de movilización y defensa de un modelo de sociedad que ha vivido por cientos de años sin minería y que busca seguir siendo fuente de vida por la diversidad de alimentos que produce, por los niveles de bienestar que genera a sus ciudadanos y por la sostenibilidad que significa el uso de la tierra para la agricultura. En contraste la explotación minera significaría la contaminación del valle, la depreciación de las tierras, el encarecimiento de la mano de obra y el deterioro progresivo de la salud y los medios de vida.

La tercera razón es la de derechos humanos. La actuación del aparato coercitivo a favor del capital minero en los conflictos y la privatización del uso de la fuerza pública ha dejado nueve fallecidos, más de 400 heridos, miles de agredidos, decenas de procesados y encarcelados injustamente. Mientras que las víctimas no han sido reparados ni atendidos, por el contrario, la impunidad ha imperado, mostrándose una eficacia selectiva del sistema de justicia que se evidencia en el encarcelamiento de exdirigentes que han representado los intereses del valle y que al mismo tiempo mantiene en la impunidad a los integrantes de las fuerzas del orden que han cometido crímenes contra civiles.

No obstante, el reciente cambio de ministro en el sector minero, ha puesto, mediante declaraciones del propio Rómulo Mucho, en el escenario público la supuesta necesidad del proyecto minero Tía María y otros. Sin embargo, más allá del entusiasmo del actual ministro, este proyecto, además de ser inviable socialmente, es inviable políticamente porque se inscribe en un escenario de un gobierno sin mayor legitimidad social y responsable de crímenes de lesa humanidad y violatorio de derechos humanos, que tendría que hacer uso de la fuerza para imponer un proyecto ilegítimo y para el cual Southern tiene millones de razones para no abandonar. Ahora, si bien es cierto que el ministro es un funcionario que agrada al gremio minero y podría impulsar proyectos en tiempos de recesión y déficit fiscal, promueve ante la opinión pública un proyecto que sabe que es inviable, pero que es funcional a su propio juego político de asegurar consultorías, cartera de clientes y/o un puesto gerencial en mundo minero. Lo que reproduce la puerta giratoria tan extendida en el sector, porque la institucionalidad estatal minera es desde hace décadas un incondicional promotor y relacionista público de las empresas mineras, punto de puerta giratoria y espacio de lobby permanente.

En cambio, el ministro, en lugar de estar favoreciendo la imposición de proyectos mineros inviables para mover las agujas del crecimiento, debería promover el cumplimiento de los estándares ambientales de las operaciones mineras, asegurar consultas previas reales, abogar por la reparación de las víctimas de los conflictos, la atención de millones de personas contaminadas por la minería y la explotación petrolera, la eliminación de la devolución de impuestos de las operaciones mineras, y proponer mínimamente reformas como el impuesto a la sobreganancia minera dado que estamos en tiempos de precios altos de los minerales.

(1) LA REPÚBLICA. Tía María: 70% de la población de Valle de Tambo no quiere minería. 18 de agosto del 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2019/08/18/islay-tia-maria-70-de-la-poblacion-de-valle-de-tambo-no-quiere-mineria-martin-vizcarra

Fotografía: Defensoría del Pueblo.

A diez días de la reciente designación de Rómulo Mucho Mamani como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ha descubierto que es, a la vez, fundador y gerente de una empresa que presta servicios a mineras sancionadas por incumplir normas ambientales.

Información develada en la última edición del semanario Hildebrandt en sus trece, según la cual se trata de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. que tiene contratos con la empresa minera Southern Perú, concesionaria del yacimiento arequipeño Tía María paralizado desde el año 2011.

Al revisar la página web de Pevoex Contratistas S.A.C. se observa que aparte de Southern Perú tiene por clientes a Nexa Resources Atacocha S.A.A, Pan American Silver Huaron S.A., Minsur S.A., Buenaventura S.A.A. y Ares S.A.C., que -en total- acumulan 801 infracciones ambientales por un monto de 78 millones 501 mil 038 soles.

El Semanario Hildebrandt en sus trece asegura que Rómulo Mucho fundó dicha empresa en octubre de 2001. Según la página web de la SUNAT, el ahora ministro asumió, desde el 20 de marzo de 2004, el cargo de gerente general de dicha empresa, que brinda servicios de voladura, perforación, movimiento de tierras, recrecimiento de relaves y explotación de minas a tajo abierto. De acuerdo a su cuenta en LinkendIn, aún sigue al frente de Pevoex Contratistas S.A.C.

Sanciones vinculadas al incumplimiemto de obligaciones ambientales

Conforme aparece en la página web del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los motivos por los que dispuso las sanciones a Southern Perú fueron por exceder los Límites Máximos Permisibles (LMP) en las emisiones atmosféricas de la chimenea de gases secundarios del horno Isasmelt. Además por el inadecuado manejo de residuos en el depósito de residuos sólidos domésticos de la Unidad Minera Toquepala. Tampoco evitó ni impidió la disposición de restos de concentrado de cobre sobre el suelo natural, entre otros.

Bladimir Martínez, del equipo del Área Socioambiental de la Red Muqui, interpretó que -por el acumulado de infracciones- cada una de las seis empresas sancionadas afectaron de manera individual, por lo menos en un momento y de forma permanente, el agua, suelo y aire de las poblaciones que viven cerca a sus proyectos. Aunque resalta que aún es necesario realizar más investigaciones al respecto. “Los estudios para determinar la afectación por exposición aún son incipientes y su responsabilidad debe ser probada”, agregó el especialista.

Así también las infracciones de Southern Perú y del resto de las empresas mineras se vinculan con el incumplimiento de sus propios instrumentos (preventivos y correctivos) de gestión ambiental, lo que prueba la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el país, un tema que no es prioritario para el Gobierno a pesar de los casos reportados por las instituciones como el OEFA.

Conflicto de intereses en Tía María

Desde el día que Rómulo Mucho Mamani fue nombrado titular del Minem ha expresado el respaldo del Gobierno por poner en marcha el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú, que “coincidentemente” también forma parte de la cartera de clientes de Pevoex Contratistas S.A.C. En sus inicios tuvo de clientes a Graña y Montero, Queiroz Galvao, JJC Contratistas, Cosapi y Mota Engil, que han sido socias VIP del “Club de la Construcción”. A la lista de clientes actuales se agrega Cerro Verde, Raura, Stracon, Minsur, Hochschild, Antamina y Nexa.

La investigación periodística también revela que “en el 2019 Southern hizo una convocatoria en busca de proyectos para resolver el conflicto social en Tía María. Mucho fue uno de los empresarios que envió una propuesta. Fue descartada”. No obstante, este plan se llamaba Desarrollo Integral del Valle de Tambo, el mismo nombre de la propuesta que ha anunciado para reactivar Tía María hace poco en las entrevistas a medios de comunicación.

Mucho Mamani, autor del libro “Perú, país agrominero”, ha declarado sin tapujos que pondrá en marcha proyectos que no tienen licencia social, y ha nombrado los casos de Río Blanco y Conga. Cabe hacerse la pregunta: ¿aspiraciones como ministro o como gerente general?.

En Valle de Tambo (ámbito del proyecto Tía María), Huancabamba y Ayabaca (perímetro del proyecto Río Blanco), Cajamarca (área del proyecto Conga) las comunidades han rechazado la minería a través de consultas vecinales/populares, movilizaciones y asambleas. Sin embargo, a raíz de la imposición de dichos proyectos mineros en sus territorios han estallado graves conflictos sociales en diferentes momentos que han dejado muertos y heridos.

El director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y abogado de dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velazco, expresó que Rómulo Mucho siempre se ha mostrado a favor de la minería extractiva sin control. “Está con el chip clarísimo que debe salir sí o sí Tía María con efecto de réplica en otros proyectos. Es un acto de provocación (imponer Tía María), el proyecto no cuenta con la licencia social”, refirió.

A la fecha, estimó Velazco, alrededor de cien personas defensoras de derechos humanos han sido criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta en Valle de Tambo desde el 2011.

Finalmente, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, ha destacado que las revelaciones del reportaje liderado por el semanario Hildebrandt en sus trece evidencian el copamiento del gobierno con personajes directamente ligados a la minería, incluso contractual y económicamente, y que estos nexos constituyen abiertos conflictos de intereses de un funcionario público de tal alto nivel.

La reacción del ministro ante el cuestionamiento que al respecto le hace el entrevistador. “¿Usted es peruano o chileno? Porque las preguntas que me hace son de un enemigo del Perú”, lo retratan a cuerpo entero, un lobbista prominero que defiende sus intereses y negocios, que como último recurso apela a la agresión.

El último viernes 16 de febrero se realizó la cuarta sesión de la Comisión Multisectorial Permanente (CMP) aprobada por Decreto Supremo N.º 129-2022-PCM. Esta comisión está encargada de realizar el seguimiento a la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de las entidades de los tres niveles de gobierno; así como, a la implementación del Plan Especial Multisectorial, aprobado por Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM (PEM)

En la comisión mencionada se ha incluido de manera oficial el reconocimiento de un representante de la “Plataforma Nacional de personas afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas” con voz y voto. Recién en diciembre de 2023 fue aprobado el reglamento interno mediante Resolución Ministerial N° 287-2023. Con la aprobación de este reglamento interno se han retomado las tareas de la CMP que tiene la importante tarea de darle seguimiento a la atención integral de las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.

En esta nueva sesión de la CMP se ha logrado aprobar el plan de trabajo de la comisión para el 2024 y se han conformado los subgrupos de trabajo: 1) Ambiente 2) Salud 3) Saneamiento y 4) Institucionalidad. También se ha acordado que cada subgrupo tenga un cronograma de trabajo donde se puedan establecer los compromisos de avances concretos del PEM y la Ley 31189. La Plataforma Nacional de personas afectadas también viene solicitando que se incluyan de manera formal a más representantes de las macro regiones de la Plataforma para garantizar mayor representatividad y participación de las personas afectadas.

En la sesión de la CMP participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, MINAM, MINSA, MINEM, Ministerio de Vivienda, de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, entre otras instituciones. Lo que ha generado preocupación es la ausencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. Dicha institución tiene tareas claves como el “desarrollo de un instrumento metodológico sobre calificación y priorización de zonas afectadas en base al riesgo” y también la “calificación del nivel del riesgo y priorización para la determinación y alcance de la intervención en las zonas afectadas” establecidas en el primer eje sobre GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

Por último, la Plataforma Nacional de Afectados ha pedido que se incluya la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como integrante de la CMP, elemento que no fue previsto en el Decreto Supremo N.º 129-2022-PCM que creó dicha instancia. Por ahora la secretaría técnica de la comisión confirmó que solicitará la participación del MEF en el subgrupo de institucionalidad.

Por: Ing. Ec. Juan Aste Daffós

No pocos escritores, políticos y periodistas repiten en diversos medios de comunicación que “la minería es el sector más importante de la economía peruana” y afirman que “nadie duda de la importancia de la minería peruana” y hablan de distritos, provincias y regiones “mineras” o de “Perú país minero” o “Perú país cuprífero”, adicionalmente señalan que históricamente la minería ha sido un sector clave de la economía peruana. Incluso, los supuestos promotores de la diversificación productiva y la necesidad de una minería responsable se reafirman en la importancia de la minería. Sin embargo, detrás de estas estas afirmaciones está el interés de las corporaciones mineras agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la condescendencia de determinados actores preocupados por ser aceptados como “dialogantes” por la élite política y empresarial minera, el gobierno y los medios de comunicación concentrados que juegan a su favor, y liberarse de ser acusados como ambientalistas “antimineros”.

Empecemos a desmitificar la “importancia” del modelo extractivista minero. Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la palabra importancia es una “cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia.” (1). Como señaló el economista de la Universidad del Pacífico, Bruno Seminario, “la minería ni siquiera en la Colonia fue la actividad más importante del Perú” (video), sino que recién comenzó una expansión limitada desde los años 50 del siglo pasado e incluso en la década de los 90s pasa de los 1,649 millones de dólares USA (1992) a 3,205 millones de dólares (2001), para luego representar más del 60% de las exportaciones totales en 2020 y 2022 con 26,593 millones de dólares y 38,803 millones de dólares respectivamente, producto del ciclo de precios altos de los metales desde el 2003 al 2014 y luego en 2020-2023 del aumento de la demanda, el precio y la producción después de la pandemia. Así fue que la producción del cobre se duplicó en 2012-2016. Este incremento de las divisas impulsó el aumento de las importaciones, y con ello, se acentuó la sustitución de la producción y el descenso de empleos internos (formales) aumentando las economías informal e ilegal, que no son otra cosa que la evidencia de la incapacidad del modelo económico para generar empleo y mayor producción en el país.

En consecuencia, la diversificación productiva o la cada vez menor dependencia de la minería en el marco de un proceso participativo de descentralización es lo más importante para el Perú porque es lo más conveniente, deseable, trascendente y estratégico, y por lo tanto, vital para no seguir destruyendo la producción y el empleo en el país. De lo contrario, se estaría propiciando la ampliación de las economías informal e ilegal y el centralismo en Lima, al aumentar la dependencia de las importaciones y las variaciones del mercado internacional a que nos lleva el modelo extractivista minero, que ha evidenciado ser un modelo económico no sostenible para el Perú. Quienes desean la expansión minera anárquica y sin límites del extractivismo minero son las corporaciones transnacionales mineras porque hoy están intentando asegurarse las ganancias para el mediano y largo plazo en el contexto de un gobierno débil y en el marco de la llamada transición energética. Modelo promovido por las sociedades del norte industrializado y que prevé la descarbonización y el fomento de las energías renovables y de la electromovilidad entre otros. Sin embargo, este modelo que reproduce patrones de consumo ilimitado sigue acelerando la crisis climática y destruyendo el planeta.

Por ello, la minería sí es importante, pero para las empresas transnacionales mineras articuladas a la cadena de producción mundial industrial en los eslabones posteriores (industrias consumidoras de metales) y anteriores (suministradoras) en el mercado internacional. La descarbonización y el uso de energías renovables (transición energética) y la electromovilidad implica una mayor demanda de metales del sur global para satisfacer el consumo del norte global. Por esto y frente a una economía en recesión, aparecen quiénes afirman interesadamente o por desconocimiento que debemos impulsar la expansión minera sin límites “destrabando los proyectos mineros” para conseguir los ingresos suficientes para el desarrollo de las regiones y el país. Algo que no ha ocurrido nunca, menos ahora que la participación de las comunidades y poblaciones locales no tienen autonomía en sus territorios y los gobiernos regionales y locales y el propio gobierno nacional deciden el uso de los recursos sin que ello genere un impacto significativo en la economía interna de cara al futuro. Además, los proyectos mineros con licencia social conseguida con acuerdo previo, no con consulta, tienen períodos de maduración de entre 7 y 10 años en el mejor de los casos.

Sin embargo, en períodos de recesión económica y con un nivel prohibitivo de déficit fiscal, aún con el ingreso tributario minero del 10 por ciento en promedio del total de ingresos tributarios del Estado, que se reducen a 3 por ciento neto de devoluciones, la minería aparece como un aportante significativo. No obstante, la minería es un “mal necesario” en el corto plazo, porque lo deseable es que el Perú dependa cada vez menos de esta actividad extractiva para el mediano y largo plazo, dado su impacto ambiental y social sobre cuencas y poblaciones que afectan estratégicamente la disponibilidad y la calidad de aguas superficiales y subterráneas y la producción agroalimentaria, y por lo tanto, los servicios ecosistémicos y la salud. Además genera informalidad, entendida esta como la incapacidad del modelo económico extractivista minero en generar puestos de trabajo. Empecemos haciendo ordenamiento territorial por provincias y regiones.

Lima, 18 de febrero 2024

La comunidad campesina de Huancuire ha manifestado que rechaza el inicio del trabajo de explotación del tajo Chalcobamba, el segundo sitio de explotación que pretende iniciar la empresa minera Las Bambas MMG sin haber resuelto los 14 puntos de una agenda acordada entre la empresa y la comunidad como denuncian los dirigentes a través de un pronunciamiento el pasado 16 de febrero.

Los comuneros han denunciado que la minera está realizando detonaciones (voladuras) muy cerca del centro poblado, pastos y animales, que ponen en riesgo la vida de sus habitantes y pueden estar contaminando las fuentes de agua y el ambiente, de las que dependen las actividades agropecuarias de sus habitantes.

También han expresado que la actual delegación de representantes de la empresa no cuenta con las facultades para tomar decisiones que puedan llevar a la resolución de los conflictos con la comunidad, por lo que reclaman la presencia de los máximos ejecutivos del consorcio, entre ellos su director ejecutivo Liangang Li, hasta el 19 de febrero.

Además requieren la visita de la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, así como de la máxima representante de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con ello ha escalado el conflicto entre la comunidad de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac y la empresa minera, que espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, aumente la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año, un incremento del 25 por ciento, respecto de la actual extracción.

En un comunicado anterior del 10 de febrero la comunidad había manifestado solo sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, pero no habían expresado su rechazo frontal al inicio de operaciones.

Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo de Chalcobamba, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para ampliar la explotación del principal tajo de Ferrobamba. Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según identificó un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros.

El distrito de Huamachuco, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, se ha convertido en un nuevo territorio de operación de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal que actúan cada vez con mayor violencia.

Así lo evidencian los últimos hechos registrados en este año. En enero dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH) fueron secuestrados y agredidos por sujetos armados cuando realizaban labores de inspección en el caserío Coigobamba, en las faldas del Cerro El Toro.

En esta misma zona, en el bosque Polo, el 16 de febrero, una turba atacó a una magistrada de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Trujillo. Similar al primer hecho mencionado, el objetivo fue frustrar las diligencias de las actividades auríferas ilegales en la jurisdicción.

A inicios de febrero, además, se reportó el fallecimiento de una persona a causa del derrumbe de un socavón por la explosión de una carga de dinamita en Coigobamba. Cabe resaltar que desde hace años se limita la entrada a dicha zona por medio de amenazas y agresiones, y cuya violencia va en aumento.

Los últimos sucesos descritos son una prueba de que las acciones ejecutadas por el Ejecutivo son insuficientes para combatir la minería ilegal, que ha tomado por asalto tanto a las autoridades públicas como a las propias comunidades, quienes no solo deben luchar contra el modelo extractivista minero, sino contra la vulneración de sus derechos territoriales y ambientales que proviene también de esta actividad. En Huamachuco opera la minería grande, mediana, artesanal e ilegal, por lo que el territorio prácticamente se encuentra en disputa.

La directora de la institución Proyecto Amigo, Nury García, advirtió que la presencia de la minería ilegal se está extendiendo en otros caseríos y comunidades, además, de otras zonas aledañas, como en Quiruvilca y Cajabamba. “Se trata de una actividad que corrompe y suele encubrir el lavado de activos, y cuya protección se basa en bandas delincuenciales, cuyas desastrosas consecuencias se ven en Pataz. Estas bandas criminales no solo provendrían Trujillo sino también de afuera, como el Tren de Aragua, por ello, la población está muy preocupada», declaró.

Frente a esta situación, García explicó que es necesario una reacción inmediata de las autoridades, en el marco de un plan integral de intervención conjunta, entre el gobierno nacional, regional y local. “En Huamachuco aún estamos a tiempo para erradicar la minería ilegal y que el gobierno entienda que el proceso de formalización de la minería artesanal, tal como se está dando, termina por socavar estos intentos. Este plan debe ir de la mano con un fuerte componente de prevención y de garantizar realmente el derecho de vivir en un territorio sano, social y eco ambientalmente. Teniendo en cuenta la experiencia de Pataz, es factible la intervención en Huamachuco, pues la presencia de la minería ilegal está focalizada y en las zonas donde se expande la misma población la confronta. Sin embargo, el riesgo es cada vez mayor”, finalizó.

Por su parte, el Ejecutivo considera como una solución el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se ha convertido en un mecanismo de impunidad para disfrazar la actividad de mineros ilegales e informales. En Pataz, La Libertad, el proceso de formalización podría tardar hasta 42 años según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, una muestra de que hace falta proponer otras medidas oportunas y eficaces.

Foto: Regional.pe

Pese a múltiples y graves observaciones que la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( SENACE), el ente estatal ha aprobado la solicitud de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa Antamina para ampliar sus operaciones. Su presidente Víctor Gobitz y otros representantes del sector minero han celebrado la decisión, que supone una inversión de dos mil millones de dólares en los póximos años, ya que extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036.

En cambio, las poblaciones de influencia directa e indirecta que viven en las comunidades aledañas en la provincia de Huari y los habitantes de Huarmey, donde se encuentra la terminal del mineroducto de Antamina, desde donde se cargan los barcos con cobre y zinc, los dos minerales que se obtienen principalmente de la mina, observan que sus preocupaciones fundadas en contínuos impactos ambientales y la desaparición de fuentes de agua no reciben la misma atención por el Estado y la opinión pública.

En septiembre de 2022, Red Muqui había dado a conocer un estudio pormenorizado con una serie de advertencias sobre esta MEIA, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Por ejemplo, para la empresa el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en este estudio, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

La modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental ahora aprobada permitirá incrementar considerablemente la extracción de minerales, a una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción. Con esta certificación ambiental incrementará el procesamiento de dicho mineral desde 175 mil toneladas que obtiene por día actualmente a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Noticia que será recibida como un balde de agua fría también por los habitantes de Huarmey, al menos por aquellos que han estado reclamando desde hace años por los daños a la salud por metales pesados especialmente entre menores.

Las sospechas de la población se dirigen contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar que los casos de afectados por metales pesados en la provincia de Huarmey impacta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para mayor información, puede leer aquí las notas de Muqui sobre esta temática: a) Red Muqui encuentra serias falencias en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Antamina
b) Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

La empresa minera Raura del Grupo Breca realiza sus operaciones en un contexto de pasividad por parte del Gobierno en cuanto a control y fiscalización ambiental, situación que ha originado la desaparición de tres lagunas en cabecera de cuenca en la región de Huánuco y en Lima pone en riesgo la cabecera de cuenca del río Huaura.

Lagunas secas en Huánuco

La Red Muqui se comunicó con el alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, quien denunció el drenado de las lagunas Santa Ana, Niño Cocha y Nieve Ucro, y la afectación parcial de otras ocho fuentes hídricas, en Huánuco, entre ellas Tinkicocha, Caballococha y Patarcocha.

El sustento que maneja la autoridad edilicia radica en el inventario hidrológico que elaboró la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual prueba la existencia de las tres lagunas en la zona. “Su desaparición se debe al uso de las aguas de la empresa Raura, por el uso excesivo del recurso hídrico en la explotación minera”, aseguró. La preocupación local se centra ahora en las ocho lagunas que aún sobreviven.

Cuencas afectadas

La empresa minera Raura, ubicada en las cabeceras de dos cuencas hidrográficas, una que fluye en dirección a los ríos Huallaga y el Marañón, y otra que alimenta a la cuenca del río Huaura, la misma que desemboca en el océano Pacífico, opera en medio de glaciares y en toda la cadena de nevados, entre las regiones de Áncash, Huánuco y Lima.

En Huánuco, la cuenca Lauricocha (afluente del río Marañón) es el sustento de 15 mil habitantes que se dedican en su mayoría a la ganadería, agricultura y turismo. Según el alcalde, las aguas están contaminadas. “El sustento legal (que tengo para decir esto) es la penalización que hizo el OEFA en varias fechas durante siete años, por haberse superado los límites de contaminación que han sido fuertes en la cuenca Lauricocha. El monto (sancionado a la empresa Raura) es de 7 millones de soles”, reveló.

A inicios de mes, distintos medios de comunicación regional reportaron la contaminación ambiental en la laguna Tinquicocha (que afectaría a toda la cuenca), jurisdicción del distrito San Miguel de Cauri, tras el rompimiento de una tubería de la empresa Raura.

Denuncian las comunidades

Frente a este hecho, el presidente de la comunidad del mismo nombre del distrito, Pablo Cárdenas Baltazar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco para exigir una investigación por los impactos mineros generados.

A ello se sumaría otra interpuesta por la comunidad Independencia. Así también el gobierno local ha pedido públicamente a las entidades competentes cumplir con fiscalizar permanentemente a dicha empresa que explota minerales polimetálicos como plomo, plata, zinc, cobre y oro (en menor cantidad) en Huánuco y Lima. “No estamos en contra de la minería sino (que pedimos) una minería responsable, (pero) si no hay control permanente, (entonces) paralización total (de la mina)”, añadió el alcalde.

En su defensa, la minera rechazó en un comunicado las declaraciones del alcalde de la provincia de Lauricocha.

Impactos en Lima

Pero el problema tiene otras aristas. La empresa minera se aprovecha del usufructo de territorios ancestrales para ingresar en la zona y ampliar territorialmente sus operaciones, refirió el coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi. “Raura se ha posicionado en territorio ancestral de las comunidades campesinas de Quichas y de Oyón, ambas en la provincia de Oyón, región Lima. Y de la comunidad campesina de Cauri, provincia de Lauricocha, región Huánuco”, explicó.

Foto: Comunidades reunidas cerca a la laguna Shucshapá en 2016

Desde muchos años atrás las comunidades vienen exigiendo el cese de contaminación de la minera Raura y en constantes movilizaciones en contra del vertimiento de las aguas de las operaciones mineras (relaves, desmontes, aguas ácidas, entre otras sustancias químicas) a las lagunas de la zona de Huánuco. El inicio de la construcción del túnel en 1998 para la central hidroeléctrica “Cashaucro” fue aprovechada por Raura para derivar sus aguas ácidas provenientes de las galerías subterráneas hacia la cuenca del río Huaura, región Lima, que terminan en el océano Pacífico. Todo ello con la autorización del Estado peruano.

Por ello, continuó el ingeniero ambiental Alejandro, las aguas que consumen las poblaciones asentadas en toda la cuenca del río Huaura (Quichas, Oyón, Churin, Sayán y todo el Valle del Huaura (zona azucarera) y otras están expuestas a la contaminación producto del vertimiento minero. “Raura ha tenido múltiples sanciones por parte del OEFA y ANA por el incumplimiento de compromisos ambientales”, advirtió. Asimismo, el especialista aseguró que hay un riesgo de desaparición de la laguna Shucshapá (cabecera de cuenca del río Huaura), pues es utilizada por esta minera como sedimentador de sus aguas ácidas.

¿Qué hacer?

El coordinador del Área Socioambiental propuso tres acciones desde un enfoque ambiental y territorial:

Primero, los territorios ancestrales, expropiados por la empresa minera, deberían ser devueltos a las comunidades campesinas.

Segundo, la minera Raura debe remediar los daños ambientales que ha ocasionado no solo en los territorios de las comunidades sino también en los ecosistemas frágiles como son las lagunas que están sirviendo como sedimentador de contaminantes proveniente de sus operaciones mineras con alto contenido de metales pesados.

Tercero, el Estado, a través del OEFA, tiene que realizar una evaluación de parte para verificar los daños ocasionados por el vertimiento minero en las lagunas, luego iniciar un proceso de supervisión y fiscalización inopinada para conocer cuál es el estado de las aguas, suelos y todas las fuentes hídricas.

«Se deben cesar todas las actividades mineras que afectan los ecosistemas frágiles. Está prohibido realizar actividad minera en glaciares porque afecta al equilibrio ecológico y al ecosistema, sobre todo en el contexto de la crisis climática, ¿por qué Raura tiene ese privilegio de estar ubicada en glaciares? Ello acentúa el riesgo de la pérdida de glaciares, terrenos con pastizales y lagunas”, concluyó Alejandro Berrospi.

Foto de portada: Referencial

Los miembros de la Red Muqui reunidos recientemente en nuestra asamblea de socios en la ciudad de Lima y ante la continuidad de la crisis política que atraviesa el país compartimos nuestros acuerdos y posicionamiento ante la opinión pública:

– Luego de las masivas protestas sociales que se desarrollaron desde finales de 2022 hasta mediados de 2023 contra Dina Boluarte y el Congreso de la República, el país continúa en un contexto de crisis política, que se agrava por la disrupción climática que afecta la disponibilidad del agua y la temperatura global, sabiendo que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. A esto se suma la recesión económica, con comunidades campesinas y PPII entre las más afectadas en sus modos y medios de vida. Por el contrario, las fuerzas antidemocráticas, antiderechos y autoritarias siguen avanzando, reafirmando el modelo económico extractivista, que impacta gravemente sobre la vida, el territorio y los derechos de nuestros pueblos.
– Por su parte, el Congreso sigue acometiendo para el copamiento institucional, como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, e impulsan leyes a favor de los intereses económicos y empresariales como lo demuestra la aprobación de la nefasta “Ley Antiforestal”, que afecta la Amazonía y los ecosistemas de nuestros bosques a nivel nacional. Así también, se han presentado 17 proyectos de ley a favor de la “formalización” de la minería informal, funcionales al crecimiento de la minería ilegal, sin que se prevean mecanismo de contención para la protección ambiental. No olvidemos que este Congreso también plantea “reformas” al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que significaría un grave retroceso para la defensa de los DDHH en nuestro país.
– En esa misma perspectiva, desde el Ejecutivo, se insiste en imponer proyectos mineros que han sido ampliamente rechazados por la población, como Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Conga en Cajamarca. También el gobierno viene aprobando normas como el D.S N°013-2023-MINAM que refuerza la Ley 30230 y modifica otras normas que debilitan aún más el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para favorecer la extracción minera sin garantizar la protección del ambiente y la salud humana. Además, el MINEM anunció la implementación de la primera fase de la “Ventanilla Única” (D.S. N°017-2023-EM) para simplificar los trámites administrativos del empresariado minero, lo cual implica un grave riesgo para los territorios de los PPII y de agricultores, y con ello de nuestra seguridad alimentaria.

Por ello desde la Red Muqui:

1) Alertamos sobre estas agresivas modificaciones normativas contrarias a los derechos humanos, ambientales y colectivos, ya que demuestran la influencia que tiene el poder de la gran minería, que recibe el respaldo del actual régimen de Dina Boluarte y cuyo nuevo ministro de energía y minas Rómulo Mucho ha señalado que buscarán expandir aún más la gran minería en el país.
2) Rechazamos las iniciativas legislativas que promueven en el Congreso irresponsablemente la minería informal e ilegal, sin tener en cuenta la destrucción del ambiente, la fragmentación de las comunidades, el aumento de la conflictividad social, y que pone en mayor riesgo a defensores y defensoras territoriales y ambientales.
3) Cuestionamos la falacia de la llamada “transición energética”, que, si bien busca que se elimine los combustibles fósiles, plantea como alternativa en beneficio de los grandes intereses económicos, que se profundice el extractivismo de “minerales críticos” como el litio y cobre, siendo nuevamente sacrificados los territorios de las comunidades y los PPII.
4) Nos reafirmamos en la defensa de los bienes comunes, como el cuidado y la protección de las cabeceras de cuenca, los bosques, ecosistemas frágiles y la biodiversidad de nuestro territorio nacional, y a favor de una efectiva protección de los PPII, las economías populares y solidarias como la agricultura familiar, ganadería a pequeña escala, la siembra y cosecha de agua, y el turismo comunitario. Actividades que nos demuestran que desde los territorios existen alternativas económicas desde los pueblos, más allá de la minería.

Finalmente, denunciamos y rechazamos la criminalización, censura y persecución que viven quienes, de manera democrática, expresan su rechazo al régimen de Dina Boluarte, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la PNP y FFAA, que incluye el asesinato de más de 50 personas entre 2022-2023. Nos sumamos al justo reclamo de los familiares de las víctimas que buscan justicia, reparación y no más impunidad en el país.

Lima, 15 de febrero del 2024.

La comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, convocada en asamblea, ha manifestado sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, el segundo tajo que pretende explotar la empresa minera MMG Las Bambas.
Por otra parte han reiterado sus preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de la minera en su conjunto. Así lo señala el comunicado firmado por las autoridades de esta comunidad el 10 de febrero.

Recuerdan el espacio de negociación que abrieron con la minera desde el 28 de junio de 2022, y que tiene al Estado como ente supervisor y facilitador. Y que, según acta del 6 de diciembre de dicho año, tiene como objeto la resolución de 14 puntos de agenda que abordan controversias bilaterales.
Sin embargo, los dirigentes lamentan que hasta ahora ninguno de los puntos de la agenda haya sido zanjado definitivamente hasta ahora. Parte de las demandas se relacionan con la actividad de empresas sectoriales de la propia comunidad de Huancuire, cuya continuidad depende de los acuerdos en torno a los 14 puntos mencionados. Debido a estos desacuerdos, los comuneros rechazan el inicio de los trabajos de operaciones del Tajo Chalcobambas.

Fue en marzo de 2022, que la minera informó la autorización por parte del gobierno peruano del inicio de operaciones de dicho espacio. Según sus propias proyecciones, la empresa espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional.
Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG, una de las mayores extractoras de cobre del país, ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la Cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros. Entre otras cuestiones, que van más allá de la intransparencia en la redacción del estudio, la organización destaca las siguientes falencias:

– La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba (el único que hasta ahora está siendo explotado) en 285.3 hectáreas (de 408.7a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
– No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
– La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
– Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
– No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
– No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
– Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
– Se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
– Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del río Chalhuahuacho, que aparte de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
– También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.

Por estas y otras consideraciones, CooperAcción recuerda que, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.

En el caso de la comunidad campesina de Huancuire, que ha estado en el centro de las acciones de movilización en las últimas semanas, se trata de un pueblo agricultor, productor de papa y chuño, que habita ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la nueva explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos para sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca que abastece todo el distrito de Coyllurqui.