El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales del Norte del país se han reunido en la ciudad de Chiclayo para participar del “Taller – Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales del Norte” este 19 y 20 de mayo. El taller tiene como principal objetivo fortalecer las vocerías y liderazgos de las personas defensoras, y contribuir al fortalecimiento de capacidades de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades afectadas. Así mismo, en el taller, las personas defensoras compartirán sus experiencias de lucha y darán a conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante el avance de actividades extractivas que impactan sus vidas y territorios. 

En este evento promovido por la Red Muqui Norte, Red Muqui Nacional y los defensores de Chaparrí se impulsará la elaboración de una agenda común y estrategias de exigibilidad para la protección de defensores en riesgo y la atención de las legítimas demandas de las comunidades campesinas y marino costeras. Asimismo, se rendirá homenaje a las y los defensores violentados.

Finalmente, es de destacar que el taller es parte de un conjunto de actividades preparatorios para el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales que se realizará en Lima entre el 15 y 16 de junio. Espacio, cuyo propósito es fortalecer las vocerías y liderazgos territoriales de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades que sufren violencia y criminalización por  defender  sus derechos territoriales y su medioambiente. 

 

  • El escenario contó con la participación de defensoras, defensores, líderes y lideresas de las comunidades indígenas Quechuas, Aymaras y Kichwas amazónicas.
  • El encuentro se desarrolló en la ciudad de Cusco del 13 al 14 de mayo, contó con la participación del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Calí Tzay, en el marco de una visita académica al Perú.
  • EarthRights International (ERI) organizó el encuentro junto con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), CooperAcción, Aprodeh, Red Muqui, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y Perú Equidad.

Lima, Perú, 17 de Mayo de 2022.- Con el objetivo de exponer la situación de vulnerabilidad que atraviesan los pueblos indígenas en defensa de sus derechos fundamentales en el Perú, el 13 y 14 de mayo, en la ciudad del Cusco, se realizaron conversatorios sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado, la criminalización de las y los defensores indígenas que defienden sus territorios, la situación de las mujeres indígenas en el Perú.

El viernes 13 de mayo se iniciaron las actividades con el conversatorio sobre la situación de las mujeres indígenas en el Perú en el que las líderes representantes de diversas organizaciones territoriales, bases de la organización Nacional ONAMIAP, dieron a conocer la situación que atraviesan y la vulneración de derechos que sufren debido al accionar de empresas extractivas que operan en sus territorios.

La reunión continuó el sábado 14 de mayo con el foro sobre “Consulta y consentimiento previo, libre e informado”, durante el cual se presentaron los casos de las comunidades de Chila Chambila y Chila Pucara del distrito de Juli (Chucuito, Puno) ante el Tribunal Constitucional, así como el de las comunidades de Paccopata y Huini Coroccohuayco (Espinar, Cusco), el caso de la comunidad indígena Tantarcalla (Paruro – Cusco) y el caso del lote 192 en Loreto; asimismo, se presentó el contexto de implementación de la consulta previa desde la perspectiva de las organizaciones de pueblos indígenas.

En horas de la tarde, se retomó la reunión con el foro sobre “Criminalización de los defensores indígenas por la defensa de la tierra y el territorio” en el que se presentaron diferentes casos que dan cuenta de la criminalización, estigmatización y violencia que sufren los y las líderes indígenas en sus territorios ancestrales por la defensa de sus derechos, así como también se presentaron los primeros hallazgos sobre la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos en el Perú.

Desde los diversos pueblos indígenas y las organizaciones que acompañamos sus demandas por la protección y garantía de sus derechos, saludamos y reconocemos la labor del relator y su equipo técnico por darnos la posibilidad, a través de esta visita académica, de exponer algunas de las problemáticas que afrontan los pueblos indígenas andinos y amazónicos del Perú debido a las políticas extractivistas.

Organizó:
– FENAMAD
-ONAMIAP
-PUINAMUDT
-APRODEH
– DHUMA PUNO
-COOPERACCIÓN
-Derechos Humanos sin Fronteras Cusco
– RED MUQUI
– RED MUQUI SUR
– EarthRights International
– Centro de Políticas públicas y derechos humanos EQUIDAD

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

as últimas semanas de abril y las primeras semanas de mayo el epicentro de la conflictividad socioambiental han estado ubicados en el corredor minero del sur, en Cotabambas – Apurimac y el proyecto minero Las Bambas. Al momento los intentos de diálogo por parte del gobierno de Castillo y del Premier Anibal Torres han sido infructuosos. Por un lado el gobierno no cuenta con una política clara de atención a los conflictos y por el otro las comunidades ya no creen en las mesas de diálogo de antaño, debido al incumplimiento de los acuerdos, entre otros cuestionamientos. A esta situación hay que añadirle que este gobierno finalmente ha recurrido nuevamente al uso de la fuerza, la violencia y la represión en la gestión de los conflictos, llegando a declarar nuevamente en “Estado de Emergencia” a las comunidades aledañas al proyecto minero.

Además de esta situación, es importante señalar que hay dos hechos preocupantes que se registra en el caso de Las Bambas y que involucra a la empresa minera. El primero de ellos es lo ocurrido el pasado 27 de abril, cuando, en un intento de desalojo violento de las comunidades de Fuerabamba por parte de la PNP, se hizo pública la presencia de un grupo de personas vestidas con indumentarias de la policía. En un video divulgado por el mismo grupo, señalaban que habían sido contratadas por la empresa para participar en el desalojo de las comunidades. Al respecto, ni la PNP ni la empresa minera se han deslindado de este grupo “parapolicial”. Así mismo, la semana pasada se ha hecho pública nuevamente una denuncia por las redes sociales, donde se señala la presencia de fuerzas de choque denominado los “Iracos” y que habrían sido contratados por la minera Las Bambas. Con el objetivo de contener y desalojar a las comunidades de Fuerabamba y Huancuire si fuese necesario de forma violenta. Al respecto hay audios y varias fotografías que dan cuenta de ello y que fueron desvelados primero por la corresponsal del diario español El Pais Jacqueline Fowks, información  después replicada por varios otros medios.[1]

Estos dos últimos hechos, que involucran a la minera Las Bambas y la PNP, lo que evidencian es que, estamos ante una nueva estrategia del uso de “mercenarios” especializados en el uso de la fuerza, en la gestión de los conflictos mineros con las comunidades .Cuya principal característica es que utilizan “civiles” vestidos de policía, constituyéndose en una especie de grupos “parapoliciales o paramilitares” que actúan sin control y de manera ilegal para reprimir y violentar a las comunidades. Los hechos son graves, dado que operan fuera de la ley para abusar de los derechos humanos, y lo más grave aún es que la empresa minera Las Bambas y la PNP no han negado, ni desmentido su vinculación con estos grupos. Parece que atrás quedaron los estados de emergencia y los convenios entre empresas mineras y la PNP, ya que para ellos estaríamos en otro momento de la conflictividad social, en el que los derechos humanos no son tan importantes.

[1] https://www.pulsoregional.pe/2022/05/13/las-bambas-estaria-contratando-a-mas-parapolicias-para-enfrentar-a-campesinos/

Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

El gobierno ha hecho oídos sordos al reclamo de las seis comunidades que actualmente se encuentran en conflicto con la empresa minera Las Bambas, durante el décimo Consejo de Ministros Descentralizado realizado ayer en Tumbes. Las comunidades habían reiterado en una reunión ayer con funcionarios del Ejecutivo que como condición mínima para iniciar una mesa de diálogo el gobierno levante el Estado de Emergencia decretado el 27 de abril pasado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui por un plazo de 30 días. Los representantes del Ejecutivo señalaron en ese espacio, que la instancia gubernamental facultada para decidir sobre esa materia es el Consejo de Ministros que, reunido en el norte del país, no modificó la medida.
El martes los dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere, Chila y Pumamarca abandonaron el espacio de negociación convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para tratar el conflicto de Las Bambas, por el cual la segunda mayor productora de cobre del mundo ha dejado de operar desde el 20 de abril pasado. La inasistencia de los funcionarios de mayor rango como la del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, abundó en la crispación del ambiente de la reunión porque según los dirigentes los funcionarios de la Comisión de Alto Nivel no tenían poder para tomar decisiones.
Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad campesina Huancuire, expresó que
no están dispuestas a debatir derechos constitucionales reconocidos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal. También subrayó que una de las condiciones básicas para que se inicie el diálogo es que se derogue el Estado de Emergencia, y que no se ha cumplido con los criterios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido para que se decrete tal medida.
Apreciación compartida por el abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, para quien el Ejecutivo en forma inaudita ha planteado negociar en el marco de la vigencia de un Estado de Emergencia sobre los derechos de las comunidades que legítimamente han salido a protestar. El abogado explicó que la declaratoria es inconstitucional porque “un Estado de Excepción implica la supresión de derechos fundamentales y solamente se activa como una medida extrema, cuando el Estado ve comprometida su existencia como tal o (ve) en riesgo el orden democrático. Al no existir ninguna de esas condiciones para declarar un Estado de Excepción, en este caso por el gobierno de Pedro Castillo, es inconstitucional”.
Para dirimir esta cuestión las comunidades han presentado un recurso habeas corpus que según Romualdo Ochoa ha sido admitido por el Tribunal Constitucional. Las comunidades además “hemos presentado las denuncias correspondientes contra los representantes de la minera Las Bambas y los funcionarios del Ministerio del Interior y de la policía por los abusos cometidos”.
Explicó finalmente que el Estado de Emergencia es un intento por criminalizar la protesta social y advirtió que “las denuncias que ingresó la empresa minera no estaban dirigidas contra la responsabilidad individual de ciertos individuos que posiblemente infiltrados hayan podido cometer daños, sino que están dirigidos a los presidentes (de las comunidades), a los asesores, a los líderes de las comunidades para criminalizarlos, para encerrarlos”.

Hay que destacar que el gobierno decretó el Estado de Emergencia el mismo día en que la compañía minera desalojó, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal civil, que confesó haber utilizado accesorios policiales, a los comuneros de Fuerabamba del terreno que le vendieron a la empresa. Al día siguiente, la represión de la policía se dirigió contra integrantes de la comunidad de Huancuire. Entre ambas acciones, se registraron más de una decena de personas heridas, varias de ellas mujeres.

Tras la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire al día siguiente, se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos. Tras esta represión sufrida por estas dos comunidades, otras 4 comunidades afectadas también por la empresa minera Las Bambas decidieron impulsar un pacto de unidad y defensa mutua entre las 6 comunidades: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.

Pacto que se realizaró el día de hoy, 9 de mayo, en Condorwachana, límite entre las comunidades de Pumamarca y Huancuire, en la provincia de Cotabamabas, región Apurímac. El ritual se realizó durante la mañana y conto con la participación de los 6 presidentes comunales de las comunidades en conflicto con la empresa minera Las Bambas.

Los representantes de las 6 comnidades acudieron posteriormente a la reunión propuesta por la comitiva de la PCM, para acordar el inicio de la mesa de diálogo el día de mañana, martes 10 de mayo, poniendo como condición que el lugar de reunión se de en la comunidad de Pumamarca, propuesta que acaba de ser aceptada por la PCM. El 4 de mayo ya había acudido una comitiva de la PCM a Challhuahuacho para intentar desarrollar una mesa de diálogo el pasado 7 de mayo, pero la comitiva fracasó en su intento de iniciar el diálogo sin previamente evaluar el proceso interno de las comunidades que habían sido reprimidas y el proceso de unidad con las otras cuatro comunidades.

La represión ocurrida el 27 y 28 de abril fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha accedido a las peticiones hechas por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire para sentarse a dialogar. En una carta dirigida al premier Anibal Torres estas solicitan como condiciones previas, que cese la criminalización de la protesta, y que el gobierno levante el Estado de Emergencia que promulgó la semana pasada. Además, piden que las reuniones se realicen en el espacio denominado Manantiales donde se han asentado las comunidades desde el inicio de las protestas hace unas tres semanas. Sin embargo, el premier ha contestado que el estado de emergencia se levantará de acuerdo del informe policial que debe señalar que no hay peligro alguno en la zona, y que esa inspección e informe se debe tener estos días.

Debido a la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire, al día siguiente se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos.

La acción fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo. Los comuneros han denunciado a través de las redes sociales que la presencia policial aún es masiva en la zona.

Para calmar las tensiones el pasado miércoles una comitiva de la PCM visitó el distrito de Challhuahuacho, pero fracasó en su intento de comprometer la asistencia de los dirigentes comuneros a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para este sábado siete de mayo en un lugar a determinar en la zona.
Lo que sí ha prosperado, en cambio, es el fortalecimiento de la unidad de las comunidades, ya que el jueves se reunieron dirigentes de 6 de ellas que protestan contra la compañía minera: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.
Como resultado de este encuentro acordaron que, de ahora en adelante, las protestas se realizarán de manera articulada entre las seis comunidades, pues coinciden en que la empresa no ha cumplido sus compromisos.

El pacto de las seis comunidades

Como muestra de ello este lunes 9 de mayo las 6 comunidades realizarán un pacto de unidad y defensa mutua. Colocarán un hito – Saywa cada comunidad en el apu Cóndor huachana – dónde las autoridades comunales firmarán el acta de pacto de unidad de defensa mutua y emitirán un comunicado público.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba señala: «si hay lucha lucharemos juntos, si hay cárcel nos encancelarán juntos. Todos nos comprometemos a luchar juntos contra las Bambas y olvido de este gobierno. Hay 4 hermanos que están graves. Un herido de bala y una mujer de 60 años que prácticamente ha perdido el ojo. No es como dice el premier que ella se ha caído. Por lo menos que el gobierno mande su representante para que la vea. Igual un compañero que se ha operado por la fractura de mandíbula que está en el hospital de Cusco. Hemos tenido 11 años de diálogo sin resultados, por ello la comunidad ha decidido recuperar sus tierras dónde opera Las Bambas.

David Huillca, presidente de la comunidad de Chuykuni, señala que se unen a esta medida porque no hay soluciones firmes, sino mecidas, por ello harán el pacto para defenderse ante los abusos de la empresa minera.

Senon Paniura Flores, presidente de la comunidad de Pumamarca, también señala: «Nos encontramos bien engañados, por ello vamos a luchar, vamos a hacer un hito desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde este lunes nunca vamos a separarnos. Nosotros ya no creemos en el Estado y la empresa. Ellos siempre nos han traído a un fracaso. Lucharemos para que nos respeten en estos tiempos y no nos criminalicen.

Finalmente, Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad Chuaquere precisa que «la empresa minera nos ha dado la espalda a las comunidades que en un momento apostamos a la minería. Hemos cedido nuestras tierras para el desarrollo de Challhuahuacho, pero hasta el momento han incumplido, han dividido las comunidades, hemos sido engañados. Por justo derecho queremos que cumplan sus compromisos que han firmado. El Estado nos debe respaldar pero nos ha dado la espalda, mas aún con su estado de emergencia. La empresa ha venido con sus matones y han desalojado a nuestros hermanos de Fuerabamba con balas, han sido masacrados prácticamente.

La mina MMG Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre y pretende expandir sus operaciones a territorios que ancestralmente le pertenecían a la comunidad de Fuerabamba. Según la empresa dichos terrenos fueron vendidos por la comunidad, por lo que ahora serían sus legítimos propietarios. Los comuneros, en cambio, advierten que si bien se firmaron contratos de compra venta y cesión de terrenos, las condiciones establecidas no se habrían cumplido a cabalidad por lo cual han vuelto a ocupar el territorio.

Por otra parte la minera mantiene diversos conflictos, tanto con comunidades aledañas que son zona de influencia directa de sus operaciones, como con otras atravesadas por el corredor vial conocido como corredor minero sur y que antiguamente eran exclusivamente carreteras comunales declaradas unilateralmente por el Estado como carretera nacional. Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

La RED MUQUI y sus miembros a nivel nacional, frente a los recientes sucesos en  Cotabambas – Apurímac, relacionados al proyecto minero Las Bambas y la situación del corredor minero, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:

1) Nos solidarizamos con las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, ubicadas en el ámbito del proyecto minero Las Bambas, quiénes la semana pasada, nuevamente, han sido víctimas de una violenta represión por la PNP y de civiles vestidos de policías, aparentemente contratados por la misma empresa minera. Ésta nueva crisis ha dejado varias personas heridas, mujeres en particular, por lo que nos sumamos desde RED MUQUI a exigir la renuncia inmediata del ministro del Interior: Alfonso Chávarry Estrada y, así mismo, solicitamos que se investigue, esclarezca y sancione la presencia de “para-policías” en la zona. En un Estado de derecho esto es inconcebible.

2) Rechazamos el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y del Ministerio del Interior – MININTER que tratan de justificar el accionar policial, y evidencian un alineamiento del Gobierno con la estrategia que actualmente plantea el gremio empresarial minero, agrupado en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo – SNMPE, quiénes nuevamente exigen represión y el uso de la fuerza policial e incluso militar en las zonas donde se han dictado estados de emergencia para restablecer el orden en los territorios comunales ante el recrudecimiento de los conflictos sociales asociados a la actividad minera. Por ello, exigimos que se levante el estado de emergencia en el corredor minero y se deroguen definitivamente las normas que habilitan la prestación de servicios policiales extraordinarios a las empresas mineras.

3) Advertimos que esta estrategia de los gremios mineros utiliza algunos medios de comunicación nacional y buscan manipular la información que llega a la opinión pública, dando a conocer que hay amenazas de paralización de la actividad minera y menor inversión; que se podría agudizar la crisis económica en las regiones y localidades donde se ubican estos proyectos y con ello retrasar el “crecimiento económico” del país. Con ello, buscan afirmar la imagen de un país sumido en el caos y aumentar así la presión sobre el ya frágil gobierno actual, aun sabiendo que estamos en un super ciclo de precios altos de los minerales en el mercado internacional y del cual las empresas mineras están siendo beneficiadas. Pese a ello se oponen a una política de impuesto a la sobre ganancia minera.

Finalmente, desde la RED MUQUI y sus miembros, consideramos que nos encontramos en un momento en que el gobierno debe priorizar el gobernar para las mayorías sociales del país, considerando la agenda planteada desde los territorios, escuchando las justas demandas de las comunidades y poblaciones que votaron por el cambio, y no reprimiendo o militarizando los territorios, como lamentablemente viene ocurriendo en el corredor minero del sur andino.

 

Lima, 2 de Mayo de 2022.

Desde el año 2003, la comunidad de Tantarcalla, ubicada en el distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, Cusco, viene enfrentando  un juicio a través del cual peligra su hogar. El hacendado Luis Gustavo Paz Vizcarra denunció el título de propiedad del territorio de más de 200 hectáreas en la que se encuentra ubicada la comunidad, reclamando que este es una herencia de sus padres.

Sus representantes, sin embargo, alegan que las familias de Tantarcalla forman parte de una comunidad indígena que ha estado viviendo desde hace más de 100 años en el territorio. En total han sido tres los juicios que han enfrentado y solo el primero fue favorable a la comunidad. La última sentencia dictada por el juez Luis Peña Mendoza falló en contra de la comunidad. El juez dictaminó que las familias deben desalojar la zona de la propiedad adjudicada, ahora, al hacendado Paz Vizcarra.

Como señala la vicepresidenta de la comunidad, Victoria Quispe Castillo, en conversación con Red Muqui, en 1926 fue reconocido el plano de la comunidad e inscrito en registros públicos, oficializando, de esta manera, el título de propiedad de la comunidad sobre ese terreno. Sin embargo, señala que en el proceso de juicio, el hacendado logró anular el título de propiedad de la comunidad, y que, en el 2017, en medio del juicio, inscribe el título de propiedad a nombre suyo.

Además, Victoria Quispe señala que 18 comuneros han sido denunciados por el hacendado por usurpación, por lo cual ahora están pagando una indemnización. “Esto es injusto porque estamos pagando por nuestro propio territorio”, comenta la vicepresidenta.

El pasado 18 de marzo el hacendado llegó a la comunidad con la policía para exigir, de manera pacífica, que se entregue el terreno. Sin embargo, los comuneros lograron que se firme un acta para conseguir tiempo, y con eso tratar de suspender la ejecución de la sentencia. De acuerdo con Victoria Quispe, el abogado querellante sí o sí solicitaba que se desalojara el territorio, a pesar de que en él había niños y ancianos.

Los representantes de la comunidad visitaron   Lima el 29 de marzo y el 18 de abril para poder reunirse con autoridades y denunciar su caso. De acuerdo con Victoria Quispe, los representantes se reunieron con Margot Palacios, de la Comisión de Pueblos Indígenas, con representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y con representantes del Ministerio de Cultura. El objetivo, buscar una solución al problema; y exigir a los representantes del Estado la detención del proceso de desalojo judicial. La respuesta de los funcionarios ha sido que los comuneros tienen que acudir a la para  encontrar  una solución a su angustiante situación.