Los mitos de la minería «verde», «sostenible» y «climáticamente inteligente» están ganando adeptos en todo el mundo. Las empresas pintan de verde sus actividades mineras y las presentan como la solución a la crisis climática con el fin de atraer inversores. Promueven los factores Ambientales, Sociales, y de Gobierno corporativo (ASG) vendiéndoles a los inversionistas la promesa de que sus proyectos son y serán rentables en las próximas décadas debido a la urgencia de migrar a energías renovables.

Se recalca frecuentemente la escasez y la alta demanda de estos minerales críticos en un esfuerzo por destacar el rol estratégico que desempeñan para proveer estos materiales claves. Lo que no mencionan son los enormes recursos hídricos y energéticos imprescindibles para su obtención y menos las vulneraciones de derechos humanos de las comunidades que habitan esos territorios ni la contaminación que implican esas actividades extractivas. Son ellas, las comunidades indígenas y campesinas, expertas, académicos y activistas que resisten su expansión y quienes afirman que una transición energética que dependa en gran medida de la extracción de nuevos materiales sin que se planteen preguntas clave como:energía para qué, para quién y a qué coste socio-ambiental no hará sino reforzar las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la cual nos encontramos a nivel mundial.

Una iniciativa del proyecto Atlas de Justicia Ambiental con Mining Watch Canadá y en colaboración con 25 comunidades del continente americano sobre igual número de conflictos mineros viene a resaltar este nuevo auge minero. En forma de mapa interactivo presentaron la semana pasada la más reciente actualización del Atlas Global de Justicia Ambiental. Casos que conforman solo un pequeño extracto de la totalidad de disputas entre comunidades y mineras en la región, parte de un proyecto que se propone ir incluyendo otros casos como aquellos que han sido documentados previamente y cuyo análisis abarca geográficamente  la totalidad del planeta.

El boom minero en el continente americano

En nuestro continente, desde las grandes planicies de Estados Unidos hasta la región del Aconcagua en Chile se asemejan las luchas en cuanto a la disparidad de poder al que se enfrentan las comunidades que se oponen a proyectos impulsados por empresas montadas en el boom de la minería “verde” y cuyas explotaciones en los recientes meses han alcanzado valoraciones sin igual gracias al superciclo de precios de minerales. Justamente la demanda por estos elementos, arrancados desde las entrañas de los cerros para hacer viable las “energías limpias” llamadas así por sus dueños, es lo que ha renovado la codicia por cobre, grafito o litio cuya extracción va de la mano de altos impactos en los territorios de quienes los habitan.

Ahora más que nunca están sometidos a una enorme presión. El Banco Mundial estima que para cumplir los acuerdos de la cumbre del Clima de París, cuyo propósito es limitar el calentamiento global en el umbral de 1.5°C , en los próximos treinta años será necesario extraer otras 3000 millones de toneladas de estas materias, lo que equivale a cuadruplicar la actual producción mundial. Mirado con un poco más de detalle, algunos metales como el cobre verían crecer su demanda al doble de su producción actual, en el caso del níquel se necesitaría seis veces lo obtenido actualmente y la demanda del litio se dispararía hasta 13 veces en relación a la extracción reciente.

Pero, ¿ por qué esa fiebre por tantos metales y minerales?

El parque vehicular estimado actualmente es de alrededor de mil millones de unidades que circulan por el mundo. Sus productores prevén ampliar la fabricación, con tal que de aquí al 2030 sean 2,5 mil los coches que se desplazan por calles y carreteras. Movilidades que en el presente ya han transformado a ciudades como Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile o Ciudad de México en intransitables y atochadas megaurbes. Eso sí, los actuales motores de combustión de hidrocarburos serían sustituidos por coches eléctricos y estos requieren seis veces más metales y minerales que los autos convencionales. Así se entiende mejor que la descarbonización del sector del transporte demandarán las mayores cantidades de metales y minerales de la transición energética, sólo superada por aquella requerida para la construcción de las redes eléctricas, Las tecnologías para la generación de energía solar y eólica le siguen en las necesidades materiales.

Cabe aquí la reflexión hecha por el pueblo indígena Shoshone de las grandes planicies en EE.UU que en un reciente comunicado de rechazo al proyecto de mina a tajo abierto “Lithium Nevada Corp” a desarrollarse en su territorio ancestral constató:  “Entendemos que todos debemos estar comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta lucha no puede utilizarse como una excusa más para destruir el territorio indígena. No podemos proteger el medio ambiente destruyéndolo.”

¿Cuáles y de dónde se obtienen?

Veamos primero cuáles son estos insumos y qué rol está asignado para esta región del planeta. Si bien se requieren diversos minerales y metales para la transición energética, los seis principales son: tierras raras, cobalto, grafito, níquel, cobre y litio. Todas las estimaciones apuntan al cobre como uno de los metales de mayor demanda para los actuales planes de transición energética, ya que aproximadamente el 76% de la demanda total de cobre (estimada para 2040) se destinará a la construcción de las redes eléctricas que abastecerán las energías renovables.

Para entender mejor dónde se extraen actualmente estos minerales y dónde es probable que se extraigan en el futuro, es importante tener en cuenta tanto la producción como las reservas actuales. De acuerdo al mencionado estudio, el continente americano tiene una posición estratégica al concentrar los seis minerales críticos, especialmente del litio (concentra casi un tercio de la extracción global actual y casi tres cuartas partes de las reservas mundiales) y del cobre (más de la mitad de la extracción mundial).

Las condiciones de la extracción

La minería a gran escala es una actividad de por sí de gran impacto socio-ambiental y es una de las actividades asociadas al mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo según Global Witness. Los proyectos mineros están aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente frágiles y biodiversas como los salares y la Amazonía sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios, a veces desde hace cientos o miles de años.

A pesar de ser presentados como proyectos mineros “verdes”, la amplia mayoría de esos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales.

Impactos en ecosistemas frágiles y (des)protegidos

A vulneraciones ya conocidas en diferentes lugares se suman riesgos adicionales

Muchos proyectos mineros propuestos y en operación avanzan sobre espacios protegidos y en hotspots de biodiversidad, en la Amazonía ecuatoriana, bosques tropicales, en las zonas glaciares de Perú, en humedales designados por Ramsar como en Argentina o en los salares de Chile.

Impactos sobre el agua

La minería -particularmente la del litio- es una actividad altamente intensiva en el uso de agua que amenaza la calidad y la cantidad de agua disponible para las comunidades y los ecosistemas. Mientras las comunidades se enfrentan a emergencias hídricas, las operaciones mineras pueden superar el uso diario de agua de los habitantes de la región, lo que aumenta la presión sobre regiones ya áridas y pone en riesgo la disponibilidad de agua potable. La minería también es una fuente de contaminación del agua. Para producir una tonelada de litio en el salar de Atacama (Chile), se evaporan 2.000 millones de litros de agua, lo que perjudica considerablemente tanto la disponibilidad de agua como la calidad de las reservas subterráneas de agua dulce.

Perú cuenta con yacimientos de un aproximado de 4.7 millones de toneladas de litio y 56 mil toneladas de uranio. Estos fueron hallados por la empresa canadiense Macusani Yellowcake en la provincia de Carabaya (Puno), en actividades exploratorias que no contaban con ninguna certificación ambiental. El área donde se llevarían a cabo las actividades de la empresa Yellowcake se encuentra en la cabecera de cuenca de los ríos Marcapata, Macusani, Inambari y Phinaya. Esta localización permite entender que la potencial afectación no se limita al espacio de extracción local, sino que también puede alcanzar cuencas hídricas y llegar a afectar especies endémicas o en riesgo de extinción.

¿Qué queda? Residuos mineros

Solo una parte pequeña de lo que se extrae es procesada (con grandes cantidades de agua, metales tóxicos y energía) y considerado un metal valioso, lo que queda son desechos de roca y desechos mineros. A eso se suma que a nivel mundial y de la región se observa una disminución sostenida de las leyes metales de los yacimientos mineros, lo que implica que para la obtención de pequeñas cantidades de metales se utilizan crecientes cantidades de recursos. Esto deja un enorme impacto ambiental debido a los productos metales pesados y tóxicos que tienen que ser tratados a perpetuidad. May Dagher, vocera de la coalición de ciudadanos contra el Proyecto Nuevo Mundo Grafito Matawinie (NMG) ubicado en Quebec Canadá explica que para la fabricación de un auto eléctrico de Tesla modelo S, la batería que reemplaza el motor requiere de 73 kilos de grafito, que  contaminan 1220 litros de agua y producen 4.8 toneladas de residuos de minerales sólidos y emiten 0.4 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces y a pesar de que la estrategia de marketing de NMG presente el proyecto como un ejemplo de minera sustentable, responsable e incluso verde al ser alimentada al 100 por ciento por energías renovables, la realidad es que el tajo abierto proyecta magnitudes de 2.7 km de largo y 240 metros de profundidad desde donde se obtendrán 100 mil toneladas de grafito anuales. En tanto, los depósitos de materiales de desecho ascenderán a 4 millones de toneladas al año o 100 millones de toneladas a lo largo de los 25 años de vida útil del proyecto.Y eso en el centro del mundo industrializado, en una zona donde hasta ahora, empresas y gobierno no tenían necesidad de intervenir. En un paisaje de  lagos y montañas de alto valor por los recursos hídricos y recreativos de una región ecológica altamente sensible que se encuentra entre un parque nacional y otro regional.

Si esto ocurre en el norte global rico e industrializado, no es de extrañar entonces que muchos gobiernos y corporaciones mineras, en su mayoría canadienses y australianas en los casos documentados, estén posicionando la minería como una actividad clave e indispensable para resolver la crisis ambiental impulsando su expansión a territorios cultural y ecológicamente frágiles.

El estudio concluye que el extractivismo global impulsado por la transición energética no es solo ambiental y socialmente injusto, insostenible y violento, sino que está poniendo en riesgo los ciclos hídricos, especies que ya se encuentran al borde de la extinción y ecosistemas sensibles con importantes funciones reguladoras del clima. No hay que desestimar además el efecto acumulativo de los proyectos mineros, pues van minando literalmente las capacidades de resiliencia de estos ecosistemas de importancia vital para la biodiversidad, las posibilidades de cultivar la tierra y mantener el equilibrio del clima.

 

 

Por: Jaime Borda Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Mientras el plan de la vacancia continúa en marcha desde el Congreso de la República por parte de los partidos golpistas, el presidente Pedro Castillo también pone de su parte. Lamentablemente el domingo pasado a través de un programa periodístico se ha revelado que el presidente habría venido sosteniendo reuniones en un domicilio particular en Breña con personajes vinculados a empresas que licitan con el Estado. El presidente Castillo y sus allegados le hacen un flaco favor a la lucha contra la corrupción con estas reuniones poco transparentes y de las que no ha querido dar cuenta en su reciente mensaje a la nación. Todos estos hechos se presentan en un escenario de emergencia en el norte. Como se sabe el pasado fin de semana los pobladores de la región de Amazonas han sufrido un terremoto de 7.5 grados que ha afectado gravemente la vida, las viviendas y carreteras de la zona y que el gobierno esta tratando de atender.

De otro lado, la conflictividad social se mantiene latente en nuestro país, luego de la arremetida de los gremios mineros contra el gobierno y la premier Mirtha Vásquez por el anuncio de cierre de 4 unidades mineras en el sur de Ayacucho, ahora se viene el caso de las Bambas, minera que esta ubicada en la zona denominada como el corredor minero, entre Apurimac y Cusco, quienes el día de hoy han anunciado la suspensión de sus operaciones mineras desde la quincena de diciembre. La minera sostiene que no hay condiciones para seguir operando debido a los constantes bloqueos de las comunidades de Chumbivilcas en la carretera del corredor minero. Como se sabe hasta hace poco se tenia una instalada una mesa de diálogo con las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, esta finalmente no ha logrado a llegar a acuerdos, dado que la minera sostiene que lo que se pide por las comunidades es imposible de cumplir.

Sobre el caso de las Bambas habría que decir que este proyecto tiene una falla de origen por la forma como se han hecho las cosas, ya que el proyecto ha sufrido varios cambios, solo por mencionar que inicialmente el proyecto incluía la construcción de un mineroducto para trasladar el concentrado de cobre y molibdeno y que fue cambiado por una carretera que nadie aprobó, desconociéndose acuerdos anteriores, que tampoco han previsto la mitigación y los impactos ambientales que viene generando el paso de más de 400 camiones diarios en la vía del corredor minero por tres regiones, demás esta decir que la minera firmo una serie de actas y acuerdos con las comunidades impactadas, distritos y provincias de la zona donde se comprometió a dar oportunidades de trabajo y beneficio para estas poblaciones, muchas de las cuales tampoco se ha cumplido del todo. Por tanto, tienen razón las comunidades por reclamar mayor atención del Estado y de una de las mineras más grandes del mundo que no han hecho las cosas bien desde el inicio del proyecto. Decir que hay no condiciones para seguir operando en la zona parece más una estrategia de condicionamiento al gobierno nacional y a las comunidades, en medio de una crisis política, para que finalmente las comunidades desistan de sus demandas y el gobierno termine poniéndose del lado de la empresa en medio de la crisis política por el pedido de vacancia de un sector del congreso y la derecha de nuestro país.

Por primera vez, la Ley de Presupuesto nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022 , se dispone s/. 10 682 505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados; adicionalmente se se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín). Y, finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público; por último, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado, por ello algunos integrantes de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental opinan lo siguiente:

Elsa Benavente de la Asociación Peruana Desarrollo integral Luz de Dios, cuyas siglas son APDI Luz de Dios, señala que hay un gran avance porque es una suma que se aumenta en comparación a lo que se asignó a nivel nacional en el 2021 para tamizajes y atención a pacientes. Ella señala también que a la fecha solo se ha ejecutado el 43.5% del presupuesto total en este rubro, que al 2021 solo era de 2 millones aproximadamente. Agrega “que se tiene el reto se fiscalizar en qué se está gastando el presupuesto asignado, porque haciendo una revisión en el MEF no se logra ejecutar todo el presupuesto y además la mayoría de ese gasto se ha ido en pago de personal. Para el caso de los cinco territorios priorizados, las personas afectadas por metales pesados señalan que no se vienen realizando los tamizajes pertinentes, ahora con el aumento del presupuesto debemos estar vigilantes hasta lograr la atención efectiva de las personas afectadas.”

Jaime Silva del Centro de Cultura Labor-Pasco señala que en el caso de Pasco en los años 2019 y 2020 se asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de soles para atender a afectados y afectadas; sin embargo, no hubieron resultados satisfactorios porque no hubieron mejoras concretas en la calidad de vida de la población. Por ello, ahora señala que el MINSA debe invertir de manera eficiente este presupuesto: “Desde Pasco solicitamos que se debe apuntar al fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, también se necesitan de médicos especializados en toxicología para metales pesados, además que en los casos más graves de niños afectados es necesario llevarlos a otros países para que lleven tratamientos especializados. Por último, es necesario que se amplíe el número de tamizajes en las zonas afectadas para tener diagnósticos claros sobre la situación”.

De igual forma, Miluska Rojas de Red Uniendo Manos, señala que ahora se debe hacer énfasis en coordinar con el MINSA para que el presupuesto llegue a implementarse eficientemente en los territorios, es decir a nivel regional, señala también: “ Se debe incidir en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) para que actué conforme a lo que diga la norma y a la vez que los congresistas hagan seguimiento a esto. También es necesario que se logre la reglamentación de la Ley N° 31189 y tener criterios más apropiados para la priorización en la ejecución del presupuesto y podamos pasar del tamizaje a la atención concreta a la mayor cantidad de afectados y afectadas».

 

 

 

El pasado 13 de noviembre, se promulgó la Resolución Ministerial N° 264-2021-PCM, la cual crea el “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. En consecuencia, esta semana se instalaron 3 mesas de diálogo en la provincia de Cotabambas, Apurímac para que se discutan temas correspondientes a los Subgrupos de Trabajo 1, 3, 4 y 7. En las reuniones participaron representantes del Estado, de la minera MMG Las Bambas y de las comunidades que pertenecen a zonas de influencia del proyecto y que reclaman desde hace años que se atiendan sus demandas vinculadas a diferentes ámbitos, como en el de salud. Sin embargo, en pleno desarrollo inicial de las mesas de diálogo, Las Bambas acaba de anunciar que debido a las protestas en Chumbivilcas, Cusco, reducirán progresivamente su producción hasta mediados de diciembre en que ya no podrán producir, debido a la falta de consumibles claves. Señalan a través de un comunicado que debido a las protestas no pueden hacer ingresar y salir su logística necesaria para continuar con la producción.

Subgrupos de trabajo de la mesa de diálogo de Cotabambas

  • Subgrupo de trabajo 3: Convenio Marco, y grupo 4: Canon Minero

El lunes 29 de noviembre, en la zona de Asaccasi, provincia de Cotabambas, se llevó a cabo la reunión para discutir temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 3 y el N°4, Convenio Marco y Canon Minero, respectivamente.

Con el propósito de fortalecer el diálogo entre las autoridades, dirigentes de la provincia de Cotabambas (región Apurímac) y representantes de la minera Las Bambas, asistieron al espacio de diálogo Eduardo Gonzales Toro, ministro de Energías y Minas; y Gustavo Guerra García, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, estuvieron presentes el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, la congresista por la región Apurímac, Elizabeth Taipe, y la representante de la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Fabiola Alburqueque,

Por parte de los actores locales, participaron el alcalde del municipio de Mara, Willinton Guzmán, y representantes de las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso.

El principal acuerdo al que se llegó fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuirá, para enero del 2022,150 millones de soles de adelanto del canon minero, y otros 150 millones de soles para junio del 2022, con lo que se completará un total de 300 millones de soles.

Asimismo, el MEF presentó un informe que explica la forma en que se distribuirá el canon minero, el financiamiento de los proyectos que tendrán apoyo del Poder Ejecutivo y la ampliación de los recursos para Apurímac, como consecuencia del aumento del Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

Sobre el canon minero, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil exigieron que el MEF transparente la información del cálculo de adelanto del canon minero y de los estados financieros de la empresa minera MMG Las Bambas. Además, exigieron que sea recibido su pedido de condonación de los intereses del capital por adelanto de canon minero al gobierno regional de Apurímac, entre los años 2014 y 2021

Finalmente, con motivo de garantizar la materialización de los compromisos, los dirigentes solicitaron a los funcionarios del gobierno que la PCM emita un Decreto Supremo o resolución ministerial del MEF, que visibilice la implementación del canon minero.

En cuanto al Convenio Marco, la empresa minera Las Bambas reforzó la propuesta de Convenio Marco que presentó el 23 de octubre del año pasado, el cual está enfocado en inversión de proyectos a favor de Cotabambas y Progreso. El MINEM, por su parte, aseguró que el proceso de presentación de propuesta ya se encuentra en su etapa final.

Al terminar la reunión, se acordó que la próxima reunión de ambas partes se realizará en los próximos quince días, con el objetivo de seguir buscando la solución a las diferencias existentes. Vinculado a esto, el titular del MINEM señaló la importancia de trabajar juntos (empresa, comunidades y Estado) para poder sacar adelante el progreso de todas las comunidades involucradas. Por último, se señaló que habrá un cronograma de trabajo para las cuatro mesas instaladas, con temas determinados y que se escuchará la demanda de los pobladores y el ofrecimiento de parte de la empresa minera

  • Subgrupo de trabajo n.° 7: Temas ambientales

El martes 30 de noviembre se instaló el espacio de concertación, cuyos objetivos a tratar son temas ambientales correspondientes al grupo de trabajo N° 7 de la Mesa de Diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. En esta reunión participaron el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, Alfredo Mamani, así como representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por parte de las comunidades, asistieron el alcalde de la provincia de Cotabambas, alcaldes distritales de Coyllurqui y Progreso, asimismo, participaron representantes de la empresa minera Las Bambas.

Los acuerdos que se establecieron fueron que:

  • Se incluirá a las comunidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso en el área de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, un pedido que habían solicitado las comunidades
  • Se informará acerca de cómo la empresa viene atendiendo las mitigaciones de los eventuales impactos ambientales que genera la operación minera
  • Se promoverá la participación ciudadana en temas de evaluación y fiscalización ambiental
  • Por último, se acordó que se evaluará la implementación de un seguro ambiental con el fin de mitigar los posibles impactos

En tanto, los representantes de la empresa minera Las Bambas informaron sobre la situación del proceso de elaboración de la cuarta Modificatoria del estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la cual está a su cargo. Expresaron que el proceso está en fase de monitoreos ambientales y actualización de la línea de base, y se comprometieron a culminarla y presentarla al SENACE para su evaluación.

En ese marco, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Alfredo Mamani, manifestó que la evaluación de la cuarta MEIA “se realizará de manera objetiva, técnica y respetando la normatividad vigente”.

Finalmente, se acordó que la siguiente reunión, para tratar los temas de agenda del subgrupo, será el 16 de diciembre.

  • Subgrupo de trabajo N°1: Justicia y Derechos Humanos

El miércoles 01 de noviembre, en el estadio del Centro Poblado de Pisaccasa, distrito de Mara, Provincia de Cotabambas, se instaló la mesa de diálogo para tratar los temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 1, Justicia y Derechos Humanos. La instancia se creó a fin de dar seguimiento y evaluar la atención y acceso a la justicia, así como la capacitación en derechos humanos para las organizaciones sociales en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En la reunión, se contó con la participación de la directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Zoila Macavilca, con una delegación del Ministerio de Justicia, y los representantes del gobierno nacional. Así mismo, asistieron representantes de los gobiernos locales de Mara, Haquira, Coyllurqui y Cotabambas, y representantes de las organizaciones sociales de base de la Provincia de Cotabambas

Al finalizar la reunión, se definieron una serie de acuerdos entre los presentes. Los acuerdos más importantes logrados fueron que el MINJUS trasladará a la Fiscalía de la Nación los pedidos de remoción, cambios y otra información que compartan las organizaciones de la sociedad civil respecto de los fiscales, en particular de la señora Silvia Guizado, Fiscal Provincial de Tambopata, a cargo de sus procesos judiciales. Además, se acordó que el MINJUS emitirá un informe sobre los estándares internacionales aplicables en el marco de las protestas sociales, a fin de hacer incidencia en la efectuación del Acuerdo Plenario respecto a la criminalización de la protesta, la cual será coordinada y respaldada por la PCM.

Finalmente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil realizaron algunos pedidos que esperan que se discutan en una siguiente reunión. En primer lugar, se pide que se evalúe la aprobación de un Decreto Supremo de Urgencia u otra alternativa normativa que otorgue apoyo económico o un fondo de acción humanitaria a los familiares de las cuatro personas fallecidas en el marco de la protesta social de los años 2015-2016. Además, se pide que la minera Las Bambas comparta las cifras que ha otorgado a los gobiernos locales, conforme al marco normativo del canon minero.

Las Bambas anuncia cierre de producción

Vinculado al caso las Bambas, en la provincia de Chumbivilcas, si bien el martes 30 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el Estado, representantes de minera Las Bambas y de las comunidades de Chumbivilcas, no se logró llegar a un acuerdo, por lo cual, las comunidades decidieron continuar con sus protestas y retomar el bloqueo de las carreteras. Estas acciones de las comunidades se dieron con el objetivo de demandar acuerdos comerciales con la minera y atención al problema de contaminación ambiental que genera el tránsito de una gran cantidad de camiones que circulan por la vía todos los días.

Frente a ello, por medio de una carta emitida este 3 de diciembre, MMG Limited, integrante mayoritario del consorcio propietario de Las Bambas, informó que la empresa minera detendrá la producción de cobre en el yacimiento a mediados del presente mes de diciembre. Se declaró, además que, debido a las continuas acciones de bloqueo y la restricción de la logística de entrada y salida, la minera Las Bambas se ha visto obligada a reducir progresivamente las operaciones de la mina, perdiéndose alrededor de 400 días de producción en Las Bambas desde que se iniciaron los bloqueos, en el año 2016.

Las y los defensoras (es) de derechos humanos y ambiente de diferentes comunidades y organizaciones sociales de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Jaén y Piura fueron parte de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte denominado “Rosa Quedena”; el cual tuvo como finalidad contribuir a visibilizar las acciones que realizan para defender sus derechos individuales y colectivos, la defensa de su territorios y el derecho al medio ambiente. Este proceso formativo se dio en el actual contexto de pandemia, que ha evidenciado la dura realidad y sobre todo las grandes asimetrías sociales, una de ellas es el acceso a medios virtuales y el manejo de estas.

El primer taller fue desarrollado el 27 de octubre, en el que se buscó familiarizar a los participantes con las tecnologías y herramientas virtuales, enfrentando las brechas de desigualdad en el manejo de plataformas como el zoom. El 10 de noviembre, en el segundo taller virtual, colectivamente se hizo un recorrido histórico de los derechos humanos resaltando los avances en los tratados internacionales y el desarrollo interno en los países; sin embargo, su cumplimiento y efectividad es insuficiente. Los participantes reflexionaron sobre la vulneración de los derechos colectivos por las actividades extractivas, afirmaron la importancia de tener en cuenta que sin derechos humanos no hay democracia y es el Estado quien tiene el deber de respetar y hacerlos cumplir.

Este proceso formativo considero un tercer taller de manera presencial en la ciudad de Chiclayo, los días 23 y 24 de noviembre, el cual fue una oportunidad para compartir las problemáticas y elaborar propuestas en la defensa. Los participantes coincidieron en sostener que la labor de los defensores y defensoras se centra en la denuncia de actos como la contaminación de sus ríos, suelos, aire y la afectación a la salud de las personas. Así mismo, compartieron el diagnóstico socio ambiental de sus comunidades, destacando los impactos de la minería en sus territorios, comunidad y cuerpos, e identificaron los derechos que vienen siendo vulnerados.

De la misma forma enfatizaron que, en esta lucha por el respeto a los derechos, la respuesta que reciben desde el Estado y las empresas extractivas es la persecución, agresión física, amenazas e incluso criminalización causándoles detrimentos a nivel personal, familiar, económico, emocional o incluso organizacional. Además, en el caso de las mujeres, resaltaron que son víctimas de tocamientos indebidos, discriminación, acoso y machismo.

También señalaron que la defensa de los derechos conlleva el enfrentar dificultades, en muchos casos no cuentan con seguridad y protección desde el Estado, el acceso a la justicia es nula o lenta, vienen siendo criminalizados y no cuentan con el reconocimiento como defensores. Y las empresas contribuyen en la desorganización, generando corrupción en algunos casos y vienen estigmatizando a las y los defensores de derechos.

Frente a estas situaciones de vulneración y riesgo, sostuvieron la importancia de fortalecer sus capacidades, el establecer espacios de diálogo con las instituciones estatales y empresas, la conformación y consolidación de comités comunales de vigilancia y monitoreo ambiental y la firma de acuerdos con el gobierno y empresas; y la necesidad de que el Estado brinde información oportuna en sus diversos niveles de gobierno, sobre todo en lo relacionado al balance hídrico de las cuencas y las concesiones mineras, las propuestas de alternativas económicas de los gobiernos frente a la actividad extractiva, y la necesidad de la articulación de las y los defensores de derechos a nivel local, regional y nacional.

Dato:

La Escuela de Defensores y Defensoras del Norte “Rosa Quedena”, con los tres talleres formativos sobre derechos humanos ambientales ha sido posible a la articulación de instituciones como la Red Muqui, Grufides, AMAS, Redal, Fedepaz, Natura, Proyecto Amigo, Diócesis de Chulucanas y la Pastoral Social de Vicariato Apostólico.

 

 

 

 

 

En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica1. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles2; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios ocupados por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos3.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente sub registros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

  1. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
  2. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
  3. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
  4. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
  5. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
  6. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

  1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
  2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
  3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
  4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
  5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
  6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
  7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

  1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
  2. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
  3. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
  4. Asociación Arariwa – Perú
  5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
  6. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
  7. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
  8. Bank Information Center – US
  9. Barranquilla+20 – Colombia
  10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
  11. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
  12. Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – CEDIA
  13. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
  14. CONAC-Brasil
  15. Conectar Direitos Humanos – Brasil
  16. CooperAcción – Perú
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
  18. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
  19. Elcena Jeffers Foundation
  20. Florida International University – Estados Unidos
  21. Foro Ecológico del Perú
  22. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
  23. Instituto Aroeira Brava – Brasil
  24. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
  25. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
  26. Instituto Federal do Ceará – Brasil
  27. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
  28. Instituto Madeira Vivo – Brasil
  29. International Rivers – Brasil
  30. Más Integridad MX – México
  31. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
  32. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
  33. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice – ONG
  34. Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
  35. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
  36. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
  37. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU – Perú
  38. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO – Perú
  39. Paz y Esperanza – Perú
  40. Programa Laboral de Desarrollo – PLADES – Perú
  41. Reacción Climática – Bolivia
  42. Red Muqui – Perú
  43. Rede Eclesial Pan-amazônica – REPAM-Brasil
  44. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
  45. UFMT-Brasil
  46. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
  47. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR – Brasil
  48. Universidade Federal do Tocantins – Brasil

  1. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/07/Leticia11.pdf
  2. Explotación forestal, minería e industrias extractivas, agua y represas, cultivos ilegales, agroindustria, entre otras causas de origen económico (Global Witness septiembre 2021). Ver enlace web: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  3. Actualmente el Pacto no ha incluido este diagnóstico dentro de su narrativa.
  4. https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
  5. https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  6. El silenciamiento de los y las defensoras nacen de tácticas como “las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización” (Ver Informe setiembre 2021 de Global Witness, p.10)
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Luego de casi un año desde que los pobladores de la antigua ciudad de Morococha presentaron una demanda de Habeas Corpus contra la minera Chinalco, el Poder Judicial les dio la razón y reconoce sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “. De esta manera, el juez contradijo lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

Asimismo, con dicha resolución el Poder Judicial también reconoce el derecho al libre tránsito de los pobladores, luego que la minera les cerrara el acceso a sus propias viviendas.

Cuando en el 2012 se inició el proceso de reasentamiento poblacional de la ciudad de Morococha, un grupo de familias no aceptaron las condiciones que daba la empresa para el traslado. Ahí empezó el problema para este grupo poblacional que incluso fue acusado de ilegales y tuvo, durante este tiempo, convivir con la hostilidad de la minera.

Según precisa, Elvis Fuster Calderón, representante del Frente de Defensa de los Intereses de  Morococha, a las familias que se quedaron la minera les cerró el paso y tuvieron que aprender a vivir entre los desechos.

“Las escuelas y numerosas casas han sido reducidas a escombros. Tampoco hay posta médica ni comisaría, y las viviendas que quedan en pie están expuestas a las vibraciones y los cascajos que provocan las explosiones controladas de Chinalco”, comentó.

Para el Dr. Carlos Castro, asesor legal de los pobladores, con la resolución del Poder Judicial se le devolvió los derechos a este grupo poblacional. Incluso resaltó que el juez constato el estado en que vivían los pobladores que se negaron al traslado

“El propio juez ha dicho que se vive en escombros. Han verificado la inexistencia de energía eléctrica, no tienen acceso a la tecnología, se ha verificado que destruyeron las vías de acceso y los mismos pobladores tuvieron que arreglarlo”, dijo el letrado.

Antecedentes

Cuando se inició la etapa de exploración del megaproyecto Toromocho a cargo de la Minera Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminium Corporation of China, se empezó a planificar y diseñar el reasentamiento poblacional de los habitantes del distrito de Morococha puesto que dicha actividad de extracción a tajo abierto y tratamiento inicial de 117,200 toneladas diarias de mineral de cobre y algo de molibdeno se desarrollaría en una extensa área de las microcuencas de Yauli y Huascacocha comprometiendo la salud y la vida de la población de la hoy Morococha antigua.

Para el 2009 se estaba culminando el Estudio de impacto ambiental, en el cual se incluía el Plan de reasentamiento poblacional. Según el estudio de impacto ambiental del proyecto (Knight Piésold, 2009), el reasentamiento era un proceso sumamente necesario, no solo para dar paso a la ejecución del proyecto Toromocho, sino también para salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes del distrito de Morococha. Sin embargo, la empresa minera no viene cumpliendo con lo acordado en su plan ambiental.

Solo cuatro años después de que los primeros vecinos comenzaran a vivir en la Nueva Morococha, el balance del reasentamiento es desalentador y la supervivencia misma del pueblo está en riesgo el aire.

Por otro lado, los que aceptaron el reasentamiento denuncian el incumplimiento de las promesas de la minera y ven inviable seguir en la situación en la que están, por responsabilidad del Estado y la minera en un pueblo moribundo: sin posibilidad de una demanda que sostenga la economía de la ciudad y con muy limitadas oportunidades de trabajo, en una zona principalmente de bofedal y de riesgosa cercanía con las aguas contaminadas que proceden de la laguna Huascacocha, las malas condiciones de salubridad y las posibilidades de un desastre en el territorio donde se ubica la nueva ciudad, sus habitantes la consideran no apta para vivir, y con una población decreciente en retiro.

Entre los incumplimientos de la minera están la construcción de un campamento minero para 500 trabajadores. Estos, según los pobladores, hubieran ayudado al dinamismo de Nueva Morococha.

Según, Juan Aste, consultor de Red Muqui, llama la atención el incumplimiento de Minera Chinalco respecto a sus compromisos en el EIA para lograr el reasentamiento, entre los que está la construcción de un campamento para 500 trabajadores trabajadores en la nueva ciudad, y una demanda de empleo de parte de Minera Chinalco cuyo nivel permita lograr ingresos suficientes para hacer viable la permanencia de la población en Morococha.

Estos incumplimientos tienen un gran efecto en la dinámica económica y social del distrito de Morococha, donde los bienes y mercancías adquiridos por los trabajadores impulsan la actividad económica y contribuyen a generar posibilidades para las alternativas al desarrollo de la población local. Sin embargo, el poco volumen de ventas generadas actualmente diezma el bienestar material de las personas que optan por emigrar a localidades aledañas, reduciendo aún más la dinámica económica del distrito.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lo resuelto por el Poder Judicial no hace más que restablecer los derechos de los pobladores de Morococha, generando posibilidades para lograr un adecuado reasentamiento, previo convenio marco, cuya firma incluye al Estado Peruano como garante de los derechos de la población de Morococha.

“Se necesita una mira en conjunto y un estado que cumpla con sus funciones regulatorias. Si la minera no cumple, el Estado debe hacerlo cumplir”, concluyó la representante de la CNDDHH.

Acciones

Esta tarde, representantes de la población organizada de Morococha acudieron a la PCM a dejar una carta a la Primera Ministra, Mirtha Vásquez, solicitándole reciban a la delegación de Morococha a fin de tratar sobre el restablecimiento de los servicios básicos (salud, educación, y otros), la culminación del reasentamiento, el convenio marco, y sobre la implementación de un plan alternativo al desarrollo de las poblaciones de los distritos de Morococha y Yauli. También se incorporaría la demanda para que se institucionalice el monitoreo y la vigilancia ambiental del territorio con la participación autónoma y protagónica de las comunidades y centros poblados de dichos distritos.

El pasado 19 de noviembre diez comunidades de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, re-iniciaron una protesta y bloqueo del Corredor Minero Sur con el objetivo de denunciar que la compañía minera MMG Las Bambas no ha estado cumpliendo con los compromisos que se habían pactado.

En la reunión realizada en el sector de Ccollana, distrito de Velille, el último viernes 19 para discutir los temas correspondientes al Subgrupo de Trabajo N°2, Evaluación y análisis de las afectaciones ambientales (presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM)), se había acordado que le correspondía a la empresa minera presentar una propuesta económica para las comunidades que son parte de las áreas de interés ambiental y social por la alta contaminación que sufren. Sin embargo, los representantes de la mina llegaron a la reunión sin ninguna propuesta clara de apoyo económico, lo cual fue la razón por la que las 10 comunidades decidieron reiniciar las protestas declarada en el acta de la reunión

Frente a esto, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilder Fuentes, señaló que los bloqueos más fuertes se encuentran en los sectores de: Cruzpampa, Cancahuani, Ahuichanta, Idiopa Ñaupa Hapo, Urinsaya, Lacca Lacca, Yanque Parccobamba, Hatun Ccollana, Huaylla Huaylla y Huininquiri. Además, otra de las demandas de las comunidades de Chumbivilcas es que se las incluya como ‘áreas de interés ambiental’, por lo que recibirían cierto monto como apoyo económico, además de ser partícipes de la cadena de valor a través como proveedores de bienes y servicios a la empresa. Esta última representa una demanda que se había establecido en los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo del mes de octubre y que, sin embargo, la empresa minera Las Bambas aún no cumple.

De esa manera, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, a través de un pronunciamiento, exigió la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, además de los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas, pero también de los altos ejecutivos y funcionarios de la minera en mención, para que se puedan atender las demandas que exigen las comunidades que no están siendo cumplidas por la minera.

 

SEGUNDA REUNIÓN PARA DISCUTIR LAS DEMANDAS

En el quinto día de protesta, el 24 de noviembre en la institución Educativa Huininquiri, se llevó a cabo una segunda reunión entre representantes de la minera MMG Las Bambas y las comunidades manifestantes, además, en la reunión se contó con la participación de funcionarios de la PCM. Cabe resaltar que la reunión fue convocada por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

En esta reunión, la empresa minera presentó una serie de propuestas a las comunidades:

  • Incluir a las comunidades en la cadena de valor con un cupo para 12 unidades para transporte de concentrado, y otros 12 cupos para camionetas y mantenimiento vial de todo el tramo de Chumbivilcas
  • La minera se encargará del mantenimiento del micropavimento, mantenimiento de la carretera de tierra y regado de la vía.
  • Las comunidades de la zona que son afectadas serán consideradas como áreas de interés ambiental y social hasta que presente la cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), lo cual significa que la empresa aportará un presupuesto para proyectos de desarrollo sostenible en cada una de las comunidades.

Sin embargo, las comunidades de Chumbivilcas presentaron una contrapropuesta. En esta exigen que se les consideré un 20% de unidades de transporte de concentrado, un aproximado de 75 unidades y 50 camionetas,

Si bien los representantes de las comunidades aceptaron la propuesta del mantenimiento vial por parte de la minera, no hubo un acuerdo en las demás propuestas, por lo cual se decidió continuar con la protesta hasta que la minera Las Bambas presente una mejor propuesta. Hasta el cierre de esta nota, no se ha establecido una fecha para una futura reunión entre ambas partes.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Finalmente, esta semana se ha oficializado la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. 28 son los congresistas que han firmado esta moción y son de las representaciones de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Estos partidos y sus medios de comunicación aliados han empezado a planificar la vacancia desde el día que ganó las elecciones el profesor Pedro Castillo. Como argumento de la vacancia han presentado la “permanente incapacidad moral” y se sustentan en que se designó a “altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo», «tráfico de influencias en ascensos de las Fuerzas Armadas y en la SUNAT», «Libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas», entre otros. La mayoría de constitucionalistas coinciden en que estas no son causales de vacancia, y por el contrario se trata de una especie de venganza política, con ello ingresamos a otro escenario de crisis nuevamente en el país.

De otro lado, la semana que pasó también ha evidenciado toda la arremetida del gremio empresarial minero en nuestro país. Esto se debe al acta que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, firmó el pasado viernes 19 de noviembre en Cora Cora – Ayacucho. Mediante este se anunció el cierre de 4 minas (Apumayo, Breapampa, Inmaculada, Pallancata) que se encuentran desarrollando actividades en las cabeceras de cuenca del Sur de Ayacucho. Frente a ello, la CONFIEP y la SNMPE han respondido negándose a poner fin a sus actividades de explotación en territorios donde la agricultura y la ganadería son la principal actividad económica para la población. Por el contrario, señalan que se está atentando contra el orden jurídico y el Estado de Derecho. Luego de una presión sin precedentes contra el gobierno de Castillo, la PCM ha debido aclarar que no se va actuar de manera unilateral en los procesos de cierre de minas.

Hace tiempo que no veíamos semejante campaña mediática de los gremios mineros y sus medios atacando a la premier Mirtha Vásquez, señalando que los planes de cierre de minas son instrumentos ambientales “vivos y dinámicos” que se cambian cuando ellos quieren y que no se va permitir ningún tipo de cambio en este sector. Olvidan las empresas mineras que el Estado de Derecho rige para todos, no solo para el sector empresarial, sino también para las comunidades afectadas del sur de Ayacucho que reclaman con justicia atención a sus demandas, ya que los anteriores gobiernos no los ha escuchado. Pedir proteger las cabeceras de cuenca, el medio ambiente, la vida y la salud de las personas en zonas mineras no es una agenda antiminera ni mucho menos oponerse a la inversión privada. Se trata de evaluar los riesgos e impactos que genera esta actividad en la zona y poner por encima de todo la vida y la seguridad de las personas que allí viven. Lamentablemente, no lo ven así un grupo de empresarios, que tampoco están dispuestos a escuchar las voces de la gente que allí vive, y que esta semana no han tenido una opinión o un espacio en los medios nacionales.

El anuncio de la premier Mirtha Vásquez en la comunidad de Cora Cora el pasado viernes 19 de noviembre, de hacer cumplir la programación de cierre de cuatro proyectos mineros, en respuesta a los reclamos de las comunidades en tres provincias del sur de Ayacucho generó molestias en el gremio minero y el conglomerado de empresarios de la CONFIEP. Después ha habido una aclaración de la premier, que muchos comentaristas han interpretado como una media vuelta para esquivar los ataques empresariales. Al menos han sido palabras que intentan matizar algo que los empresarios, por un lado, han hecho ver como un ataque a las inversiones y, las comunidades, por su parte, han asumido como un avance en el reconocimiento de derechos humanos fundamentales.

Por eso, estas últimas agrupadas en el Comité de Lucha Central de Ayacucho Sur Contra la Contaminación Ambiental aseguraron el martes 23 a través de un comunicado que esperan el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos firmados solemnemente en Cora Cora y que incluye la negociación de los plazos y términos del retiro con las empresas y la participación de las comunidades y el cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca. A través del mismo comunicado han advertido, que el paro indefinido se podría reactivar si el Ejecutivo incumple el acta firmada. Un acuerdo que según el mencionado comunicado expresa un paso importante para la solución del conflicto minero ambiental, tras más de 10 años de lucha.

En cuanto al conflicto ambiental el gerente general de la empresa Ares, Ignacio Bustamante, dueña de las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, y a su vez subsidiaria del consorcio de capitales británicos Hochschild Mining plc. afectadas por el anuncio, rechazó rotundamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. “Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera.”,

Prácticas que son cuestionadas justamente por las comunidades que respaldaron el acuerdo de Cora Cora en el manifiesto del mencionado Comité de Lucha del pasado martes: “Las corporaciones mineras se han posicionado sobre yacimientos minerales ubicadas exactamente sobre las cabeceras de cuenca con las consecuencias de graves contaminación de agua”

Para el ingeniero ambiental Edwin Alejandro de Red Muqui, el gran potencial que tiene esta región es la gran cantidad de fuentes hídricas que están ubicadas en estas cabeceras de cuencas en Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. “En la zona hay más de 587 fuentes que están en riesgo por estas actividades extractivas, no sólo por las minas que ya están siendo explotadas y por los proyectos en exploración con perforaciones que se han dado en plena pandemia para examinar el potencial minero dentro del territorio”.

Las comunidades de las tres provincias basan su rechazo en los documentos técnicos de dos entidades oficiales que han analizado la calidad del agua y han encontrado metales pesados. Como resume el medio de investigación periodístico, Epicentro TV, “El primero es un informe técnico del Ministerio de Salud que contiene los resultados de una evaluación realizada al agua que consumen los pueblos del sur de Ayacucho, y el otro, un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, con las conclusiones de varios monitoreos realizados a cuencas, ríos, quebradas y riachuelos ubicados en el ámbito de acción de las mineras”.

Hasta aquí la evidencia. Más difícil, porque requiere de muchos otros estudios, es establecer la causalidad entre la minería y esos metales pesados en las fuentes de agua.

En otra arista de los conceptos en disputa el jefe del gremio empresarial CONFIEP, Oscar Caipo, en la conferencia de prensa del pasado sábado sentenció que el gobierno actuaba “desconociendo el Estado de Derecho y todos sus principios y constituye un atropello a la inversión privada y a la estabilidad del país”. En una afirmación que puede interpretarse como una amenaza hacia el gobierno y que desconoce las atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, el representante de la CONFIEP añadió  que “ la Primera Ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley, asumiendo funciones que por ley corresponden a otras instancias del Estado, sin el mandato legal y competencias para tomarlas”.

Para el abogado Rodrigo Lauracio se podría argumentar también la seguridad jurídica desde el punto de vista de la importancia que tiene el cumplimiento de los planes de cierre para las comunidades afectadas y explica “Al igual que garantizar la seguridad jurídica de las empresas mientras, el Estado también tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos (ambiente, agua, salud, territorio). Cuando una actividad minera pone en riesgo estos derechos, conforme al art. 4 del reglamento de la ley 28090, el Estado puede ordenar su cierre adelantado».

En cuanto al relato del beneficio económico que traería la actividad minera para el país que han reiterado desde el gremio de los empresarios mineros, tanto para las contribuciones al fisco como para la generación de empleo, Juan Aste pone en entredicho esos argumentos. Para el economista  las únicas que ganan principalmente son las empresas mineras, que en un primer momento  solo aportan en tributos entre el 8 y el 10 por ciento del total que recauda el Estado. Sin embargo, y si se descuentan las devoluciones que ese mismo Estado entrega a las mineras, su aporte neto para el periodo 2015 a 1019  fue de apenas el  tres por ciento. Únicamente durante los superciclos de altos precios de los metales, como el que estamos presenciando actualmente, esa proporción aumenta. Así, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha subido al 14.4 por ciento.

Para el economista y consultor de Red Muqui lo que han intentado los empresarios con su tono confrontacional hacia el Gobierno es frenar cualquier acuerdo del Gobierno con las organizaciones sociales.

Según su punto de vista “Se ha llegado casi al punto cero, pero sí se ha abierto un debate que es muy fructífero y que hay que aprovechar para garantizar las condiciones básicas, para que exista la actividad minera en estas cuencas. Creo que ahí hay un elemento clave. Porque si se cierran mal estas minas, como ha ido ocurriendo, es el incremento de los pasivos ambientales (PAM). Estamos en 7668 de estos pasivos ahora. Lo que hay que hacer es evaluar con las comunidades que están en riesgo,  la implementación de estos planes de cierre en esos sitios. Hay una extensa actividad agropecuaria y hay mucha gente que está empleada porque hay una amplia cadena productiva y de comercialización que se extiende de esos tres o cuatro provincias, clave en la zona”.