¿Qué pasará con el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y con el Protocolo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos?

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El MINJUSDH después de la renuncia de Pedro Grández…

Durante la presente gestión del Dr. Daniel Sánchez, actual Viceministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) priorizó la elaboración del Protocolo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; obligación que había asumido el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2016 frente a las exigencias que veníamos desarrollando desde el movimiento de derechos humanos.

Para ello, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y su director el Dr. Pedro Grández, que recientemente acaba de renunciar; impulsaron un proceso de construcción del protocolo con amplia participación de la sociedad civil.

Es así que en abril del presente año mediante la Resolución Ministerial Nº 0159-2019-JUS, el MINJUSDH aprobó este instrumento; a pesar de no haber contado con la participación activa de otros sectores, como el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este es un instrumento importante como primer paso para crear una política pública para la protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos en el Perú.

Lamentablemente, el instrumento ha sido criticado por diversos sectores de la política nacional, gremios empresariales, y grupos conservadores, que incluso en sus críticas han planteado: ¿debe el Estado apoyar a los activistas antimineros?; y han adelantado que puede “ser aprovechado por una diversidad de personas; entre ellas miembros de organizaciones generadoras de conflictos, que ven en este protocolo una protección a sus actividades”. Incluso se ha etiquetado al Protocolo, como “un subsidio público a la conflictividad social”. En el mes de mayo de 2019, el Ministro del MINJUSDH, Vicente Zevallos, fue citado al congreso por el Congresista de Fuerza Popular, Francisco Villavicencio, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, “con carácter de urgencia”, para responder sobre el citado Protocolo.

Se generó una campaña pública de desprestigio contra el Dr. Grandez, responsable de la Dirección Nacional de Derechos Humanosdel MINJUSDH, que incluyó a prensa de diversos medios de comunicación, y que culminó con su renuncia. Surge ahora la inquietud de cómo se dará continuidad desde el MINJUSDH a la aplicación efectiva del Protocolo frente a las presiones de los grupos de poder económico y político que lo cuestionan y que buscan su no aplicación efectiva.

Asimismo, en la Red Muqui queda la preocupación respecto de la continuidad de otro importante proceso iniciado en la gestión del Dr. Grandez en la Direccion General de Derechos Humanos del MINJUSDH, que es la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Este proceso es estratégico para avanzar hacia la regulación de la responsabilidad de las empresas mineras frente a la vulneración de derechos humanos en el contexto en que realizan dichas actividades económicas, y se llevaba a cabo en el marco de la normativa internacional de los “Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos”, impulsada por las Naciones Unidas, donde se desarrollan conceptos importantes para la regulación de la “debida diligencia” de las empresas y sus “responsabilidades extraterritoriales”.

La RED MUQUI viene participando en estos procesos para la elaboración de dichas herramientas de políticas públicas, a pesar de las dificultades de contar con el poco compromiso de otros sectores del Estado. La renuncia del Dr. Pedro Grandez, quien asumió un compromiso firme por éstas tareas, pese a las infundadas críticas y la campaña de difamación y presión política que ha sufrido por parte de los sectores empresariales mineros, entre otros; nos plantea la preocupación sobre la continuidad en la construcción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos, y la posible ausencia de garantías para un proceso participativo y democrático frente a las injerencias del poder económico y político.

Esperamos que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, y la exigencia a las empresas extractivas, en particular las mineras, de respeto a los derechos de comunidades y poblaciones; sea priorizado por las instituciones del Estado, y en particular por el actual gobierno que debe recuperar su rol garante de derechos de las personas, que son las que deben beneficiarse de la economía, y no estar a su servicio.

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Pronunciamiento: NO a la militarización para abordar conflictos mineros

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La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. Si bien respaldamos las medidas del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadana que tanto nos afecta, nos preocupa el anuncio que al respecto ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra en medios de prensa: “si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana”.
  2. Estas declaraciones visibilizan un tema presente desde noviembre 2017, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), y el Ministerio del Interior dictó poco después la Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos.
  3. Los activos críticos nacionales son definidos por el reglamento como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que requieren ser utilizados para satisfacer las necesidades vitales de la Nación (salud, integridad física, seguridad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, etc.). El operador o administrador de un activo crítico es una entidad pública o privada. Cada sector define sus activos críticos, en función de esas necesidades vitales. Son consideradas como tales, la energía y minería y, en consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas define activos críticos, que serían los proyectos mineros, hidrocarburíferos y de electricidad. El propósito de definirlos es gestionar su seguridad, garantizando con ello la intangibilidad o continuidad de sus operaciones,
  4. Lo que quiere decir es que, por esta norma se está brindado seguridad a emprendimientos que no necesariamente tienen una finalidad pública, como ocurre con la minería, y para ello se están utilizando recursos del Estado, proporcionando seguridad a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La pregunta es si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben hacerlo. Consideramos que no.
  5. La finalidad principal de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; y el de las Fuerzas Armadas, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Distorsionar sus funciones constitucionales para beneficiar a privados debilitan la democracia y puede tener consecuencias lamentables, principalmente en zonas de conflictos socio ambientales.
  6. Nos preocupa que se agrave la situación de violación a derechos humanos con la figura de los activos críticos. No debemos olvidar las distorsiones y consecuencias que ha generado en zonas de conflictos mineros, la celebración de convenios de seguridad entre policía y empresa. Consideramos que la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios dando seguridad a empresas mineras es un riesgo ya que están preparadas para otro propósito, el defender al país de una agresión externa. Añadido a ello, nos parece que asumir los costos de la seguridad privada de las empresas con personal y fondos públicos es algo que debería revisarse, más aún cuando el país tiene déficit significativo en servicios públicos.
  7. Los conflictos mineros se producen no por un rechazo sin fundamento de la actividad, sino porque las comunidades y poblaciones que habitan en territorios tratados como zonas mineras, en su mayor parte no son informados debidamente sobre los proyectos mineros, no reciben asesoramiento técnico para comprender la información y tomar una decisión; no reciben apoyo del Estado como garante de sus derechos, que más bien prioriza criminalizar sus protestas y reprimirlas, sin escuchar ni entender sus demandas y propuestas.
  8. En ese sentido, es evidente la presión que algunos empresarios mineros ejercen en el gobierno para que se realice el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de la población que defiende su actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora, y sus modos de vida alternativos. Nos preocupa el riesgo que se cree un “escenario propicio” para aplicar una eventual “militarización”, pese al “diálogo” anunciado por el gobierno.

Invocamos al Presidente de la República a revisar su política para enfrentar los conflictos mineros, a fin de que ésta sea acorde con los derechos humanos, cumpla con las condiciones de un Estado democrático, y no ceda ante la presión del poder económico, priorizando la paz social y el bienestar de todas y todos los peruanos.

Lima, 20 de junio de 2019

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Paro en Caraz exige transparencia y rechaza Estado de Emergencia de Laguna de Parón

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Desde tempranas horas el pueblo de Caraz se encuentra movilizado exigiendo que el presidente Vizcarra derogue el Decreto Supremo N° 114-2019 PCM, publicado el viernes 14 de junio en El Peruano, que declara el “Estado de Emergencia de la Laguna Parón ubicada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, del departamento de Áncash, por peligro inminente ante posible desembalse”.

La decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros de declarar en Estado de Emergencia la Laguna de Parón, se basa en un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua que señala que el nivel del agua de la laguna se encuentra en 4.190,43 metros, por encima de la cota mínima de seguridad que es 4190metros, y que el nivel del agua debería estar en 4185 metros, que es la cota máxima de seguridad para que no haya peligro de algún desborde que termine afectando la vida de las personas de las comunidades aledañas a la Laguna de Parón y al distrito de Caraz en general. Adjuntamos cuadro de la Autoridad Nacional del Agua.

Sin embargo, la comunidad en protesta señala que el interés de las autoridades locales, tanto del agua (ALA), que depende del ANA; como de otros actores, es jugar en pared con la empresa hidroenergética Orazul, para que finalmente el agua sea descargada en beneficio de la empresa. Que anteriormente tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón y perjudicaba a los agricultores de la Comunidad de Cruz de Mayo que también usaban el agua que venía de la laguna; hasta que el 2008 las comunidades se organizaron y recuperaron el control de la Laguna.

Dato: En ese entonces la empresa hidroenergética Orazul realizaba irregulares y grandes descargas de agua, poniendo en peligro la sostenibilidad de la Laguna y perturbando el delicado ecosistema del Parque Nacional Huascarán en general, del que es parte la Laguna.

La versión de la comunidad

Red Muqui en comunicación con el dirigente de las rondas campesinas, Carlos Milla, obtuvo la versión de la comunidad, señalando que no han tenido conocimiento del informe técnico que alega el ANA, y que a pesar de que anteriormente han participado de mesas de diálogo, no les hicieron llegar el informe técnico, que se suma a una serie de errores que el Estado ha venido cometiendo desde hace años, al no asumir los compromisos a los que arribaba con las comunidades que se encuentran alrededor de la Laguna de Parón.

El dirigente alega que desde inicios de febrero han querido descargar la laguna, señalando que estamos ante un inminente peligro. “En años anteriores también señalaron lo mismo y la comunidad permitió que se realicen descargas de agua, pero descargaban más de lo acordado. Cuando acordamos descargar a 4185metros, el Estado bajaba hasta 4175metros, perjudicándonos. Hemos tenido varias reuniones pero nunca nos han escuchado y nos han querido imponer que se descargue”.

“En una última oportunidad, con la representación del ex presidente de la comunidad, que fue defenestrado, se propuso en una mesa de diálogo que operadores de la empresa energética Orazul sean parte de la descarga del agua, por ello la comunidad rechazó la actuación del presidente de la comunidad y desconfía de las mesas de diálogo; ahora tenemos un nuevo presidente transitorio”, agregó el presidente de las rondas campesinas, Carlos Milla.

El dirigente también recalcó que el 2010 habían acordado con autoridades del Estado que, para no afectar el turismo, el agua de la Laguna se debía mantener a 4190 metros entre abril y agosto. “Hoy no reconocen eso”, sentenció.

También señaló que la comunidad no se opone a la descarga de la Laguna pero descargar 10 millones de m3 significaría que el agua esté muy por debajo de la cota máxima de seguridad y terminaría afectando al turismo y la agricultura.

Sábado 22 de junio

El dirigente de las rondas campesinas señaló que está formándose el Comité de Lucha provincial con la participación de docentes, agricultores, la junta de regantes, transportistas, etc.

Finalmente añadió que frente al anuncio del gobierno regional, de la reunión de este sábado 22 de junio a la que asistirán altos funcionarios de los ministerios, propondrán que la reunión se lleve a cabo en la Laguna de Parón “para que los profesionales de INDECI y ANA hagan una evaluación directa y señalar la necesidad de que los estudios técnicos se hagan con participación de la comunidad”. Agregó que invitarán al defensor del pueblo para que también pueda hacerse presente en la reunión.

DATO: La zona de la Laguna de Parón, las comunidades aledañas y gran parte del Parque Nacional Huascarán están concesionados a una empresa minera que tiene un proyecto llamado Yanamina. En estudios realizados anteriormente por Red Muqui, en el uso y gestión del agua de la zona, las comunidades señalaron que necesitan mejorar la gestión de agua para que todas las comunidades sean beneficiadas en el uso del agua de la Laguna Parón.

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El paro, las mesas y el pleno agrario: ¿hacia una nueva institucionalidad agraria?

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Columna de opinión del economista Eduardo Zegarra.
Este viernes 14 de junio el Congreso de la República realizará por primera vez un pleno agrario que, hasta donde sabemos, se hace por primera vez en la historia.  Ese día, los congresistas debatirán algunos problemas del sector y aprobarán (esperamos) algunas normas importantes para nuestros agricultores. Cabe decir que la idea del pleno agrario está relacionada al paro agrario del 13 de Mayo convocado por CONVEAGRO y la Junta Nacional de Regantes.  Luego del exitoso paro, el presidente el Congreso, Daniel Salaverry, anunció el Pleno ante el severo llamado de atención de la movilización campesina a las autoridades y la opinión pública sobre el clamoroso abandono en que se encuentran más de 2.5 millones de familias de agricultores y ganaderos a nivel nacional.
Al respecto, conviene retroceder un poco y colocar la actual coyuntura agraria en un contexto histórico más amplio. Recordemos que cuando hace una década se negoció y firmó el TLC con Estados Unidos (gobiernos de Toledo y García) se ofrecieron una serie de políticas y compensaciones para la agricultura familiar, de tal forma que nuestros pequeños agricultores pudieran enfrentar la desproporcionada apertura comercial de nuestro país con la primera potencia agrícola del mundo (y una de las que más subsidia a su agricultura).  Pero luego de firmado el TLC, los sucesivos gobiernos (García, Humala y PPK) siguieron en el mismo piloto automático, rebajando aranceles para promover la importación de alimentos baratos, y sin atender a los graves problemas y necesidades de millones de agricultores familiares.
Las dos reorganizaciones del Ministerio de Agricultura post-TLC se hicieron de espaldas a los agricultores.  Por ejemplo, la reestructuración durante el gobierno de García estuvo orientada a debilitar la capacidad pública para ofrecer servicios a la escala requerida por el pequeño productor; y se concentró en conceptos y visiones abstractas de competitividad que sólo terminarían favoreciendo a la gran agroexportación costeña.  Durante dicho gobierno se redujeron en forma masiva los aranceles a la importación de alimentos, desprotegiendo aún más a nuestra agricultura. Luego, durante el gobierno de Humala, se hizo una nueva reestructuración que convirtió al ministerio en un ente ejecutor de infraestructura de riego, descuidando diversos temas de la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, y sobre todo, el desarrollo de servicios agrarios requeridos por los agricultores.  Pese a que se aprobó una ley de agricultura familiar, ésta nunca tuvo presupuesto.   Finalmente, en el gobierno de PPK las cosas se pusieron aún peor, se quiso quebrar adrede a Agrobanco, y se volvió a reactivar la intención de extender la ley de promoción agraria de Chlimper en favor de las grandes exportadoras que recibieron tierras y agua barata del estado.  En esos diez años nada significativo se hizo en realidad para mejorar la situación de la pequeña agricultura familiar.
Así, luego de una década de olvido y ninguneo, los agricultores peruanos lograron consolidar una plataforma unitaria de demandas entre los dos gremios más importantes, CONVEAGRO y Junta de Regantes, convocando a un paro agrario que puso en jaque no sólo al gobierno de Vizcarra, sino a todo el país que se beneficia de alimentos importados baratos (a veces de dudosa calidad nutricional y alta presencia de transgénicos) a costa del ingreso de los pequeños productores que producen para el mercado interno.  En este contexto, el paro del 13 de Mayo integró demandas en materia de aranceles y ampliación de la franja de precios, mayor financiamiento de Agrobanco, cumplimiento de normas de compras estatales a la agricultura familiar, necesidad de un esquema de financiamiento de la representación agraria (autogravámenes), apoyo a la agricultura familiar y reorganización total del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que hoy es percibido como un ministerio al servicio de los intereses de la gran agroexportación costeña, y cada vez más lejano de los intereses del pequeño productor.
En reacción al paro, el gobierno de Martin Vizcarra creó, mediante un dispositivo legal, cinco mesas de trabajo con los gremios de productores para atender sus demandas en un plazo de dos meses, las que deberán terminar con acuerdos y soluciones concretas.  Luego de idas y venidas, las mesas empezaron a funcionar en la semana del 3 de junio, y en ellas se empiezan a registrar algunos avances iniciales, aunque aún el grueso de las principales demandas no tienen respuestas concretas desde el Ejecutivo.
Dos avances interesantes en las mesas y que queremos resaltar (ya que existe la posibilidad de que se incluyan en el paquete de normas a ser aprobadas este viernes 14 en el pleno agrario) son (i)  reestructuración del ministerio de agricultura para convertirlo realmente en un ministerio al servicio de los pequeños productores familiares del país; y, (ii) creación de una línea de apoyo público a las diversas formas de organización de los productores nacionales en sus formas asociativas y de representación a nivel nacional y por cultivos y crianzas desde el programa AGROIDEAS, un instrumento creado precisamente para compensar por el TLC y que sería extendido por un periodo adicional.
En amplio consenso entre gremios y gobierno, la mesa correspondiente acordó que el ministerio pase a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDA), y que tenga dos viceministerios, uno de agricultura familiar, y el otro de servicios agrarios.  Esta estructura reflejaría una nueva voluntad política para enfrentar en forma directa el histórico olvido agrario, y, si es bien implementado, podría empezar a mejorar sustancialmente la política agraria en favor del campo.
En adición, hay también un consenso básico en que el ministerio inicie un programa de apoyo directo y sostenido a las organizaciones agrarias que enfrentan enormes dificultades de organización y gestión por falta de recursos.  Esta opción no ha podido desarrollarse ya que en la Constitución de 1993 no se consideró la posibilidad de generar fondos de autogravamen.  Mientras se procesa una necesaria reforma constitucional que permita–al igual que en Colombia con sus contribuciones para-fiscales–la existencia del fondos de autogravamen para la agricultura peruana, se ha acordado en las mesas que exista un apoyo público a las organizaciones agrarias para que desarrollen sus capacidades organizativas, comunicacionales y de prestación de servicios a los agricultores.  Esta medida tendría impactos muy importantes para fortalecer la representación y tejido social de nuestros agricultores, quienes enfrentan enormes desventajas para participar e intervenir en las políticas públicas que los afectan (política comercial, de financiamiento, de inocuidad y sanidad, de seguros y servicios agrarios).  De aprobarse esta política en el Pleno Agrario también se habría dado un paso importante par atender las demandas agrarias.
Quedando aún muchos temas por trabajar y atender, lo avanzado hasta ahora es interesante y debe ser bien visto y apoyado por toda la sociedad.  No podemos seguir viviendo de espaldas a la cruda realidad de nuestros agricultores familiares, quienes cada día alimentan cada uno a doce peruanos y peruanas.  Sin una agricultura familiar fuerte y competitiva no hay futuro posible para nuestro país.
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Paro total en Ayabaca, Piura, dice NO a proyecto minero Río Blanco de consorcio chino Zijin

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Desde tempranas horas se han movilizado por trochas y carreteras las diversas comunidades de Huachuma, San Juan, Hualcuy, Curilcas, San Martín, Singoya, Tapal, Yanta, y otras comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, pertenecientes a la región de Piura, en dirección a la la plaza de armas de la provincia de Ayabaca, donde se vienen concentrando todas las delegaciones, incluidas las de otras provincias de la región. Miles de comuneros, ronderos y pobladores de Ayabaca acatan el paro provincial. Todos los colegios y negocios de la provincia cerraron sus establecimientos respaldando la medida de lucha.

 

 

El proyecto minero Río Blanco invertiría 2500 millones de dólares y tendría una producción anual de 200 mil toneladas de cobre metálitco y y 3 000 toneladas de molibdeno metálico. El desarrollo de la mina sería a tajo abierto y se ubicaría sobre los territorios de las comunidades de Yanta, Ayabaca; y Segunda y Cajas, Huancabamba.

Las comunidades de Ayabaca y Huancabamba exigen al gobierno que se respete la decisión de la consulta vecinal realizada el 2007, donde el 95% de la población dijo NO a la minería en sus territorios. También exigen que el gobierno central cierre las oficinas de Río Blanco que opera sin licencia social en la zona. Como es de conocimiento público el 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y son fuente de agua para las comunidades de las provincias mencionadas, así como los bosques de neblina.

La Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca – FEPROCCA, recalcó durante la movilización que el gobierno debe priorizar la inversión en la agricultura y el turismo como modelo de desarrollo económico, antes que insistir con un proyecto minero que nadie respalda.

La dirigente ronderil y actual regidora del distrito Carmen de la Frontera en Huancabamba, Isela Torres Castillo, señaló: “Mi presencia acá es porque soy madre de familia y queremos dejarles a nuestras futuras generaciones un aire puro, el proyecto minero solo trae muerte, pobreza y destrucción… el gobierno debe invertir en proyectos que sean productivos a largo plazo”.

 

Empresa opera sin licencia social

En la actualidad el consorcio minero chino Zijin opera clandestinamente, señalaron en la protesta, debido a que no se conoce la locación de sus oficinas administrativas.

El pasado 31 de octubre del 2018, mediante carta notarial, la municipalidad provincial de Huancabamba notificó a la empresa minera la improcedencia de la expedición de la licencia municipal de funcionamiento para el establecimiento de sus oficinas en Pasaje Centenario N° 111 – Huancabamba.

El argumento central de la Municipalidad fue que la empresa minera no contaba con la declaración jurada de la autorización sectorial respectiva; quiere decir, la autorización del Ministerio de Energía y Minas.

En la actualidad, el alcalde provincial, Ismael Huayama Neira, ex rondero, está denunciado por la empresa minera en el poder judicial por no otorgar la licencia de funcionamiento para que instalen sus oficinas en la provincia.


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Más allá de las Bambas. Perspectivas sobre la actividad minera y conflictos sociales en el Perú.

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En medio del debate sobre la reforma política impulsada por el gobierno de Vizcarra, tras haber recibido el voto de confianza por la mayoría congresal; a marzo del presente año, la Defensoría del Pueblo reporta 73 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera. Este tipo de conflictos representa el 63.5% del total de conflictos sociales en nuestro país. Y muestra no solo estadísticamente la importancia de atenderlos, sino la necesidad de generar un debate público para buscar soluciones integrales a las causas que originan estos conflictos. El peligro de buscar solo soluciones caso por caso como generalmente hacer el gobierno y las empresas mineras, genera que no haya soluciones integrales nacionales, y puedan surgir nuevos conflictos en otros lugares o en los mismos lugares, tras el incumplimiento de acuerdos entre el Estado, la empresa minera y las comunidades.

Por ello, desde la Red Muqui y sus instituciones miembros, realizamos este Foro para dialogar sobre las perspectivas de la minería en el presente y futuro; qué está pasando en los territorios donde la minería está amenazando en entrar sí o sí, como es el caso de Tía María en Arequipa, y en Tambobgrande, Piura, para mencionar algunos casos; y qué lecciones se pueden sacar de lo ocurrido en las Bambas hasta ahora, en que se están desarrollando las mesas técnicas por ejes frente a la problemática social y ambiental denunciada por las comunidades.

Ponentes:

– José De Echave – Economista (CooperAcción)
– Eduardo Cáceres – Filósofo (Aprodeh)
– Rocio Silva – Periodista y abogada
– Ana Leyva – Abogada (CooperAcción) (por confirmar)

 

Lugar: Auditorio Hotel Perú Pacífico Av. Cuba 127, Jesús María

Fecha: Miércoles 12 de Junio de 2019

Hora: 5:30 – 8 y 30pm

Mayor información: bit.ly/2Kwawhh

 

Ingreso Libre.

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Minera ANTA NORTE pretende instalar 23 plataformas de exploración en Cajamarca

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Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.

A la actualidad, en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera, existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar, según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es la provincia con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país. Un total de 1067 pasivos mineros se registran en la provincia; y en toda la región, Cajamarca, se registran 1183 pasivos mineros.

 

Recordemos que en febrero del presente año, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Venta de tierras

La presencia de la empresa minera en la zona se debe también a que el presidente de la ronda campesina de Chugur, vendió ilegalmente varias extensiones de tierra de la comunidad a la empresa minera Anta Norte; por lo cual ha sido denunciado y la junta directiva de la ronda campesina se encuentra en reestructuración, según relataron ronderos de la comunidad.

Según lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

En este contexto, la empresa minera Anta Norte ha solicitado el permiso al ministerio de Energía y Minas para instalar 23 plataformas y efectuar sus exploraciones, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, advirtió el alcalde José Vargas Paredes.

No a la minería

A la actualidad, los pasivos ambientales mineros de la zona el Sinchao, pertenecientes a Chugur, aún no han sido remediados. Según relata Nancy Fuentes, directora de la institución Grufides de Cajamarca, que es parte de la Red Muqui; la información de Activos Mineros SAC – la empresa del Estado para la remediación- hacia la población, es que todavía no inician la remediación de los pasivos ambientales por las condiciones climáticas de la región, pero que ya han planificado el inicio de las operaciones para la remediación.

“Los ronderos y ronderas de la comunidad campesina de Chugur señalan que no quieren más minería, y se han visto sorprendidos de que pretenda ingresar una nueva empresa cuando aún viven con los pasivos ambientales mineros dejados por empresas que ya se fueron abandonaron sus responsabilidades ambientales”, finalizó Nancy Fuentes de Grufides.

Finalmente, como hemos venido informando anteriormente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología se aprobó el dictamen para mejorar la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera; sin embargo, el congresista Olaechea, mediante una maniobra política ha recabado firmas de un dictamen en minoría que impulsó y ha logrando mayoría sin que ello pase por la discusión de la propia Comisión, obviando los importantes elementos que habían sido colocados en el Dictamen anterior.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación frente a este intento de la empresa minera Anta Norte de imponerse en Chugur, Hualgayoc, Cajamarca; y frente a la maniobra del fujimorismo para que la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera no tenga ninguna mejora y sigamos en la misma situación de hace años.

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Pronuciamiento contra la Explotación Minera en Locuto – Tambogrande

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AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
A LAS AUTORIDADES DE LA REGION PIURA
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

La comunidad campesina Apostol Juan Bautista de Locuto, las comisiones de regantes de San Lorenzo, organizaciones agrarias, organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad del distrito de Tambogrande, ante el anuncio del actual gobierno a traves de pro inversión de dar inicio a las operaciones mineras en la zona de Locuto, ubicada a un kilómetro de Tambogrande en la margen izquierda del Rio Piura en el tercer trimestre del presente año, manifestamos lo siguiente:

  1. Respaldar firme y solidariamente, el pronunciamiento publico del alcalde del distrito de Tambogrande ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, en su decidido rechazo a la explotación minera en el caserío (ciudad) de Locuto-Tambogrande.
  2.  Desde nuestras bases ratificar la valides y vigencia de la consulta vecinal del 2 de junio del 2002, fecha en que conmemoraremos y celebraremos este año,  el 17 aniversario de la decisión libre democrática y soberana del pueblo de Tambogrande, que en un 98.5% dijo no a la explotación minera en nuestro distrito.
  3. Repudiamos y rechazamos la actitud autoritaria del gobierno que combinada a una estrategia mercantilizadora de las empresas mineras, pretenden comprar conciencias, engañando a la población con un falso desarrollo con la inversión minera, por que en ningún sitio de nuestra patria donde hay actividad minera hay desarrollo humano.

El valle de San Lorenzo, el pueblo y la margen izquierda de Tambogrande, unidos en una sola fuerza.

“el algarrobo no va”
El comité de coordinación.
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Corte Suprema declara ilegal D.S. 001-2015 del MINEM por violar propiedad comunal

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La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, ha resuelto declarar fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 001-2015-EM por violar el derecho constitucional de las comunidades campesinas de disponer de su territorio comunal, y por violar su derecho a la consulta previa. La acción popular se presentó en el 2015 por representantes de las organizaciones indígenas CNA y ONAMIAP con el acompañamiento legal de la institución FEDEPAZ y el grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de DDHH, del cual forma parte RED MUQUI.

Recordemos que en el 2015 durante el periodo de delegación de facultades que el Ejecutivo solicitó al Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Energía y Minas emitió una serie de normas bajo el argumento de “promover la inversión privada”. Una de estas normas fue el Decreto Supremo 001-2015-EM que desarrolla los requisitos para la concesión de beneficio en un terreno superficial que pertenezca a una comunidad: en su artículo 3.1.1.c.iii establece como uno de los requisitos para este procedimiento la “copia legalizada del acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina que otorga la autorización de uso del terreno superficial a favor del solicitante”.

Esta norma busca simplificar los procedimientos por los cuales los titulares de concesiones mineras acceden al territorio comunal violando los derechos constitucionales de comunidades campesinas y nativas cuya autonomía es reconocida por el artículo 89° de la Constitución Política; y como lo señala el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

SALA SUPREMA CONFIRMA QUE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESO ADMINSITRATIVO ES INCOSTITUCIONAL

La defensa del Ministerio de Energía y Minas argumentó que el artículo 3.1.1.c.iii c, supuestamente no vulnera los derechos de las comunidades campesinas, ya que lo señalado en el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas haría referencia a la expropiación o venta del territorio comunal; lo que implica la pérdida de los derechos de propiedad y no a la concesión de beneficios mineros. Por otro lado, la Sala Superior (segunda instancia) había señalado en su argumentación que de la “interpretación sistémica” de la norma impugnada no se desprendía que la exigencia del requisito de copia certificada de la Junta Directiva afectara la autonomía de la comunidades, puesto que una norma reglamentaria no se puede oponer a una norma constitucional; y se sobreentendía que el requisito de los dos tercios de comuneros calificados se tenía que aplicar. Por esta razón, declaró infundada la demanda; sin embargo la Sala de la Corte Suprema en apelación y última instancia concluyó que la norma impugnada no respeta la Constitución y el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas, señalando lo siguiente: “… el artículo 3° del Decreto Supremo 001-2015-EM tiene como objetivo la simplificación en el trámite para el procedimiento de concesión de beneficio minero-véase el encabezado de la norma- y, por consiguiente propugna evitar un procedimiento complejo y lato. En esa línea, con el fin de alcanzar la referida simplificación administrativa, la norma hace expresa alusión al órgano comunitario que considera es el que puede autorizar directamente el mencionado derecho del solicitante- Junta Directiva- sin que guarde sentido con esta finalidad de la norma que exija como requisito un acta a un órgano comunitario que no contase con la potestad de otorgar la autorización del uso del terreno superficial comunitario”

Como lo señala David Velazco, abogado de FEDEPAZ: “El artículo 3 del Decreto Supremo 0001-2015-EM, es una norma aparentemente legal, pero la constitución exige mayoría calificada en una asamblea para poder disponer del territorio comunal y no un acta de junta directiva de la asamblea. Lo que ha hecho la Corte Suprema es expulsar esta norma inconstitucional del sistema jurídico, por lo cual el Ministerio de Energía y Minas no podrá aplicarla en sus procedimientos.”

GOBIERNOS VIENEN APLICANDO POLÍTICAS DE DESPOJO DE TERRITORIOS COMUNALES

Como lo venimos señalando desde la Red Muqui, el Estado peruano durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, por presión de las empresas mineras y otros intereses; viene aplicando políticas de despojo de territorios a través de simplificaciones administrativas. Lo que hace el Ejecutivo es solicitar delegación de facultades legislativas al Congreso para emitir normas administrativas que violan derechos constitucionales de comunidades campesinas, por lo que se actúa bajo un supuesto manto de legalidad. Otras normas que siguen vigentes y vulneran derechos de comunidades campesinas son la Ley 30230- “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización para inversión del país”-, sobre la cual se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad aún pendiente de fallo. Desde la Red Muqui venimos realizando análisis e informando sobre la ilegalidad de estas normas desde nuestras publicaciones: “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú” y “Normas y políticas públicas que afectas derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016-2018.»

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PCM no demuestra avances para la atención de personas afectadas por metales tóxicos

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En octubre del 2018 el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”. Como ya se había señalado desde la “Plataforma Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos”, esta norma es importante porque es un paso hacia la construcción de una Política Nacional de atención integral a los afectados y afectadas por contaminación con metales tóxicos en contextos de extracción de minerales; sin embargo, a pesar de haber pasado 6 meses de la emisión de esta política sectorial, no se están teniendo avances concretos para salvaguardar el derecho a la salud de las y los afectados.

Como lo viene informando el Ministerio de Salud ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República; este ministerio ha presentado ante la PCM una propuesta de decreto supremo para la conformación de la “Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para proponer el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es así que el miércoles 15 de mayo, los representantes de la Plataforma de afectados que aglutina casos de contaminación de las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Cerro de Pasco, Lima y Amazonas, se hicieron presentes ante la CPAAAAE; el Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud; y la Defensoría del Pueblo, para buscar respuestas concretas de parte del gobierno central ante esta problemática generalizada en el país. Sin embargo, la respuesta de instituciones como la Defensoría del Pueblo muestran que no hay prioridad para una política ambiental específica para el tema de salud ambiental por contaminación por metales tóxicos. El argumento de Alicia Abanto, de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; es que no tienen presupuesto para impulsar un informe defensorial en esta temática, cuando para los afectados por este tipo de contaminación sería un gran respaldo contar con un informe de ésta institución.

Reunión con el MINSA y Congreso

De la reunión con el Viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillan; el Viceministerio se ha mostrado con la predisposición de impulsar una política pública nacional intersectorial y especializada, pero no han mostrado claridad en cómo se va a lograr ello si no se tiene un plan de cómo gestionar el presupuesto para esta política, que si bien tiene alcance nacional también tiene que ver con la función que vienen desarrollando las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) en cada territorio afectado.

Por su parte, la CPAAAAE, a cargo del congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas; a pesar de la ausencia constante de la bancada fujimorista; en función a su rol de control político viene dando seguimiento a la construcción de una política intersectorial que garantice atención efectiva a los afectados y afectadas. La próxima semana con la coordinación de Red Uniendo Manos, CEAS Y Red Muqui, se estará desarrollando la Audiencia Pública temática en Junín con la participación de comunidades y organizaciones afectadas e interesadas.

En palabras de una de las voceras de la plataforma de afectados, Yolanda Zurita: “hemos venido para exigir una atención integral al Ministerio de Salud, con profesionales especializados, con presupuesto asignado por región y Planes de Salud efectivos, así como mecanismos de prevención para que no sigamos expuestos a esta contaminación. Hay regiones como Cerro de Pasco que llevan casi 80 años contaminadas; el 2017 ellos han venido a encadenarse y no es posible que a la fecha no exista una política nacional intersectorial y efectiva: solo respuestas limitadas, aisladas y a corto plazo”

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