El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó hoy que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, acoja las recomendaciones que formuló con el propósito de contribuir con la mejora del proceso de evaluación ambiental.

No obstante, lamentó que no sucediera lo mismo respecto de las recomendaciones formuladas para proteger los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.

Estas precisiones fueron formuladas en el marco de un oficio alcanzado a la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en relación a la necesidad de realizar precisiones ante el inicio del debate del Proyecto de Ley Nº 3941/2014-PE, para evitar interpretaciones o aplicaciones que pudieran vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, en especial de sus derechos sobre la tierra y el territorio. En atención a ello, se ha recomendado excluir, expresamente, las tierras indígenas del ámbito de aplicación de la referida iniciativa legislativa.

Vega recordó que en el mes de noviembre del año 2014, recomendó incluir una disposición final que señale expresamente que la iniciativa legal no se aplicará a los derechos de los pueblos indígenas, ni a la propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas. Pese a ello, no se incorporó dicha disposición, contemplándose únicamente una exclusión de la aplicación de normas de servidumbre a las zonas de selva, pese a que existen pueblos indígenas en otras zonas del país.

Advirtió que, en dichos términos “la norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas, afectando su acceso al aprovechamiento de recursos naturales”.

Añadió que otro tema de especial preocupación es la gran dificultad de las comunidades para la probar la posesión de sus tierras y territorios, por lo que se requiere un procedimiento y plazos razonables. Por tanto, observó que la mencionada situación se agravaría en un procedimiento de otorgamiento de servidumbre, debido a que las autoridades competentes deben pronunciarse sobre la referida solicitud en el plazo de 10 días previsto para la formulación de la opinión técnica y 15 días previstos para la entrega provisional de servidumbre, que además se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo.

A continuación destacó los esfuerzos desplegados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología destinados a la participación de diversos actores en la formulación de aportes. “Es necesario incorporar las recomendaciones destinadas a brindar especial protección a los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, a fin de apuntalar dicho esfuerzo”, señalo Eduardo Vega.

Fuente: Defensoria del Pueblo

 

Defensoria del Pueblo sobre PL Nº 3941/2014-PE by prensamuqui

10 mil ciudadanos presentan petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230, contra los pueblos indígenas y el ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, el Pacto de Unidad y AIDESEP, que agrupan al as organizaciones indígenas y campesinas del Perú, presentan 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra  la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú.

La Ley 30230 es inconstitucional porque viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley,  además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.

FECHA: Viernes 10 de abril
HORA: 11:30 am
LUGAR: Calle Pezet y Monel 2467 (Lince) – Local de la CNDDHH

 


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Teléfono: 332-6525

El Pleno del Congreso de la República ha agendado en el punto 5 de su sesión de hoy jueves 09 de abril, el debate del proyecto de ley 3941: «Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social», también denominado el «cuarto paquetazo», dictaminado por las Comisiones de Economía y la de Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Ha sido inusitada la rapidez con que se ha puesto en agenda el citado proyecto, y es muy probable incluso que se intente exonerarlo de plazo de publicación.

Es lamentable que la Comisión de Pueblos del Congreso haya sido expedita en tramitar el dictamen del Congreso, pero no lo haya sido cuando se debió invitar formalmente a las organizaciones nacionales para que participen brindando sus puntos de vista y aportes, ni cuando debió haber considerado la aplicación de la consulta previa legislativa a un proyecto de ley que afecta los derechos de los pueblos indígenas y los ambientales, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT al Estado Peruano.

Exigimos a los congresistas que consideren los aportes que hay hecho llegar las organizaciones nacionales de pueblos indígenas como el Pacto de Unidad y AIDESEP, y tomen en cuenta los que en su momento enviamos desde Red Muqui, y remarcamos temas centrales en ese sentido:

– Que no se bloquee definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos a la propiedad y posesión comunal, a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas.

– Que no se agudice la precariedad de nuestra institucionalidad ambiental y no se anulen los avances del SENACE. Puesto que, en su primera disposición complementaria transitoria, el proyecto establece que mientras no se dé la transferencia de funciones desde los sectores, que no tiene fecha de culminación, el Ministerio de Energía y Minas seguirá cumpliendo el doble rol actual, de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, aprobando títulos habilitantes, al igual que los demás sectores, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se toman hasta la fecha.

– Que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

– Que, al no existir a la fecha una referenciación de las tierras eriazas de parte del Estado, no se puede establecer que éstas no están siendo ocupadas y son de su propiedad, o que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, demandamos al Congreso de la República que no apruebe en pleno finalmente ésta norma, por los derechos que afecta, y los riesgos para la paz social que conlleva.

Lima, 09 de abril de 2015

PRENSA MUQUI
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Av. República de Chile 641 – Jesús María
Teléfono: 332-6525

Ayer al mediodía, luego de la aprobación por parte de sólo 6 congresistas del proyecto de ley 3941 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología, se realizó en el Hall de los pasos perdidos del Congreso de la República una conferencia de prensa en la que participaron el presidente de AIDESEP Henderson Rengifo, el representante del Pacto de Unidad Marcelino Bustamante, y los congresistas Verónika Mendoza, Eduardo Nayap y Claudia Coari.

La Congresista Verónika Mendoza planteó  su preocupación porque el proyecto aprobado “bloquea el proceso de titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas”. Además se plantean que “si una comunidad quisiera ejercer su derecho a la posesión, será denunciada por usurpación agravada con pena de cárcel, lo que es una agresión expresa”.

Según Mendoza, “lo único que está generando el gobierno con la aprobación de medidas como el proyecto de ley 3941 es conflictividad e inseguridad jurídica, tanto para los pueblos indígenas como para los propios inversionistas”.

 

Por su parte el Congresista Eduardo Nayap remarcó: “Soy nacionalista, soy del oficialismo, pero no puedo quedarme callado ante tanta indignación que siento. Que un gobierno que se dice de “inclusión social”, habiendo aprobado la ley de consulta previa, emita un proyecto de esta naturaleza, es indignante”.

Nayap señaló que “los indígenas junto con los campesinos no somos miles, somos millones. Veremos su reacción cuando se levanten los pueblos por la aplicación del proyecto de ley aprobado”.

Finalmente señaló que, “el desarrollo no puede ser a costillas de los pueblos indígenas que viven en sus tierras desde antes de la existencia de la República del Perú”. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

RED MUQUI RENUEVA SU COMPROMISO POR LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES AFECTADAS POR LA MINERÍA

La RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones de 11 regionales a nivel nacional, que desde hace 12 años acompaña a comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

La RED MUQUI, sus miembros y aliados a nivel nacional e internacional, vienen siendo objeto de un ataque sistemático de parte de gremios empresariales, empresas mineras y sus operadores que aparecen como “opinólogos” en diversos medios de comunicación a nivel nacional y local, para difundir mentiras e información inexacta o utilizada malintencionadamente sobre nuestro accionar, con el fin de restar credibilidad a nuestra labor, y afectar nuestra imagen pública.

Sobre el particular nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos los ataques injustificados que sufren los miembros de Red Muqui y nuestros aliados por el sólo hecho de acompañar a comunidades y poblaciones que nos solicitan asesoramiento y apoyo para ejercer la defensa de sus derechos.

2. Aclaramos que ni la Red Muqui ni las instituciones que la conforman, tienen vinculación partidaria alguna en su accionar. Red Muqui apoya las causas de poblaciones y comunidades que nos lo han solicitado, las que consideramos justas y de las que tenemos elementos técnicos y legales para sustentarlas, como el caso de Tía María, recientemente.

3. Asimismo refirmamos que no somos contrarios a las inversiones, sino que exigimos que éstas sean responsables, respetuosas de los marcos normativos nacionales e internacionales, y de los derechos humanos y el ambiente, pues deben mejorar la calidad de vida y fomentar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de las personas, no afectarlos, pues esa es la verdadera manera de “medir” el desarrollo.

4. Red Muqui tiene como lema ser una Red de “Propuesta y Acción”, por ello además de acompañar casos que consideramos emblemáticos, nos caracterizamos por plantear propuestas, que justamente surgen del estudio de casos. En este sentido, el año 2014 hemos difundido en el marco de la campaña electoral regional y local, el documento «Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú» en nueve ejes temáticos, que han sido parte de la discusión en diferentes regiones del país, y que esperamos también sean parte del debate en el proceso electoral nacional.

5. Hacemos un llamado a las diferentes instancias de gobierno para recordarles que es una obligación que les compete el acompañar y dar asesoramiento a las poblaciones y comunidades que habitan en zonas mineras, a fin de evitar vulneraciones de derechos. Lamentablemente dichas instancias, en su mayoría no cumplen su rol garante de derechos, sino que priorizan la inversión en cualquier lugar y a cualquier costo, por ello buscan a instituciones y redes como la Red Muqui y sus miembros, para que les brinden información técnica y legal sobre su situación, a fin de defender sus derechos.

Finalmente, debemos decir que la defensa de los derechos de las personas y del ambiente no debería ser motivo para la persecución y reglaje de quienes la efectúan, sino que las instituciones dedicadas a éstos temas, y los dirigentes sociales y autoridades defensores de derechos, antes que recibir diatribas y seguimiento, deberían más bien recibir garantía y apoyo para ejercer su tarea, en tanto el Estado no asuma el rol que le compete.

Lima, 07 de abril de 2015

 

RED MUQUI
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CONGRESO PONE EN DEBATE PROYECTO DE LEY 3941, QUE AGUDIZA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.
PUEBLOS INDÍGENAS EXIGEN SU ARCHIVO DEFINITIVO

El día martes 06 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha incluido como punto de agenda la discusión de Proyecto de Ley 3941.

El Pacto de Unidad y AIDESEP, en representación de los pueblos de las zonas andinas y amazónicas del Perú, han expresado mediante una carta dirigida a la Presidenta del Congreso y a los Presidentes de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y a la de Economía del Congreso de la República, que adjuntamos a la presente, su ”profundo rechazo al Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE, exigiendo su archivo definitivo del mismo y los dictámenes recaídos, pues lejos de obedecer a su objetivo de coadyuvar al crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, aumentará los conflictos desincentivando la inversión, ya que profundizará las brechas de exclusión y marginación de los Pueblos Indígenas y tendrá graves e inaceptables efectos perjudiciales hacia los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, al facilitar el despojo de sus territorios a través de la imposición de servidumbres que imposibilitan la titulación futura de las Comunidades, así como evitando el resarcimiento por la compensación por el uso de sus tierras”.

Desde la RED MUQUI, hacemos eco de lo solicitado por las organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas, y reiteramos algunos de los riesgos que consideramos que el proyecto de ley 3941 plantea en materia de posesión y propiedad comunal, y en materia ambiental:

1. Si bien se estableció mediante D.S N° 006-2015-MINAM, la aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que estará a cargo de uno de los temas centrales del 3941, la “Certificación Ambiental Global” (iniciando justo con el MINEM el 1° de abril), no se ha establecido fecha para su culminación. En tanto el proceso esté en curso, según la primera disposición complementaria transitoria, serán “las autoridades competentes del sector competente los responsables del proceso. Ello genera que se mantenga la doble instancia de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se tomen.

La precariedad de nuestra institucionalidad ambiental, venida a menos aún con las normas de los paquetazos normativos, no permite que un mecanismo como la CAG funcione adecuadamente, pues para ello se requiere de un Estado funcional y eficiente, que cuente con procesos unificados y debidamente coordinados entre las instancias competentes, para lo que aún las instancias estatales no están preparadas.

2.Reiteramos que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos de inversión que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

3.Respecto a la imposición de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas (Comunidades Campesinas y Nativas), un tema central es que las instancias competentes deben culminar el proceso de actualización de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, que no sólo debe servir para la aplicación o no de la consulta previa, sino para establecer con claridad su ubicación y referenciación, además de dar seguimiento sobre los procesos de titulación de sus tierras.

4.El Estado tiene la obligación de “reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupa” según el art. 14 del Convenio 169 de la OIT y los gobiernos deben “garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” según el art. 15 de la citada norma internacional vigente en el Perú. Por ello es obligación del Estado establecer mecanismos para cumplir con sus obligaciones internacionales, y no faltar a las mismas, afectando derechos fundamentales a nivel colectivo de los pueblos indígenas u originarios.

5.Respecto de las tierras eriazas, al no existir a la fecha una referenciación de las mismas de parte del Estado, no se puede establecer que no están siendo ocupadas y por ello son sólo de propiedad del Estado, sino que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales como el de propiedad (art. 70), la autonomía comunal para el uso de la tierra (art. 89), la Ley de Comunidades Campesinas – 24656 (art. 7), la Ley de Tierras (art. 11) además de normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT (arts. 14 y 15).

Lamentablemente hasta el momento, el dictamen en debate no ha recogido los aportes de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas ni de las instituciones de sociedad civil que los han hecho llegar.

Desde la RED MUQUI esperamos que ante todo prime el respeto por los derechos fundamentales de las personas y especialmente de los pueblos indígenas, y de las normas nacionales e internacionales que los amparan, a fin de lograr la paz social y evitar posibles conflictos que no conducen a nada.

Lima, 07 de abril del 2015

En Sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República de hoy martes 06 de abril se aprobó de manera arbitraria el Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales.

La aprobación del dictamen se ha realizado con un quorum de sólo 6 congresistas de 12 miembros, 3 de los cuáles eran accesitarios.
La Comisión pese ha que hubo acuerdo en anterior sesión de otorgar la palabra a los representantes de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas, AIDESEP y PACTO DE UNIDAD, les negó ésta vez el derecho de participación, por mayoría.

Ante ello la Congresista Verónica Mendoza pasó a retirarse, procediéndose a la votación, que por unanimidad aprobó el proyecto de ley 3941.
El dictamen final aprobado, no ha tomado en consideración las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una carta remitida a la Comisión el 30 de marzo pasado.

En la citada carta las organizaciones plantean, entre otras preocupaciones, que la norma bloquea definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos territoriales a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área.

La norma también debilita la institucionalidad ambiental a través del otorgamiento de títulos habilitantes de manera irresponsable, las que se entregan a discreción de las autoridades sectoriales, desnaturalizando el rol del SENACE y sus avances.

Para todo el proceso de aprobación del proyecto de ley 3941, en tanto afecta derechos de los pueblos indígenas u originarios, no se ha aplicado el derecho a la consulta previa, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, las organizaciones nacionales de pueblos indígenas u originarios nos sentimos una vez más menospreciadas y maltratadas por la misma Comisión del Congreso que debiera dedicarse a defender nuestros derechos, por lo cual nuestros pueblos indígenas a nivel nacional estaremos alertas, y realizaremos las coordinaciones necesarias para ejercer la defensa de nuestros derechos.

Lima, 07 de abril de 2015

 

Despacho de Congresista Veronika Mendoza
Pacto de Unidad
AIDESEP

RED MUQUI, MIEMBRO DE LA RED IGLESIAS Y MINERÍA, RECHAZA INICIATIVA “MINING IN PARTNERSHIP” DE GREMIOS Y EMPRESAS MINERAS

La Red “IGLESIAS Y MINERÍA”es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias Latinoamericanas de Iglesias Católica y Cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región. En el Perú, la RED MUQUI es miembro de ésta Red, además de algunos de sus miembros.

Los miembros de la Red Iglesias y Minería, conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos humanos, ambientales y de las futuras generaciones que se han provocado por parte de los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente.

Varios obispos y algunas conferencias episcopales a nivel América Latina se han pronunciado y han actuado en apoyo a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las empresas mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.

La Red «Iglesias y Minería», ha hecho público el pronunciamiento “La Iglesia no se deja comprar” (adjunto),en el que denunciamos a nivel internacional  y rechazamos la denominada iniciativa «Mining in Partnership«, en español “Minería en alianza”, de gremios y empresas mineras transnacionales cuyos nombres se encuentran en documento adjunto.

La iniciativa «Minería en Alianza», se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ello busca que los obispos, sacerdotes, pastores y otros agentes pastorales “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”. No es otra cosa que «utilizar a las Iglesias», para que sus acciones pastorales promuevan y defiendan dicha actividad entre sus feligreses.

El pronunciamiento deja claro que «No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1)[1] asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53)[2] y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación.

En general la Red considera que financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos es «una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla», debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco)[3].

El pronunciamiento culmina indicando que “las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierten en proyectos de propaganda” o en actividades que apuntan a cooptar a personas, líderes, dirigentes, funcionarios y autoridades a todo nivel para lograr sus objetivos.

Desde la RED MUQUI, lamentamos que las empresas mineras, además de acudir a acciones de presión para desregular la actividad minera, evitando procesos de fiscalización y sanciones por contaminación, como ha ocurrido con la OEFA en el Perú, y lograr se modifiquen normativas y políticas que faciliten inversiones mineras sin mayores restricciones, pretende ahora “utilizar” instancias históricas de iglesias católicas y cristianas, para su beneficio. Eso muestra que no hay un afán por mejorar sus prácticas sociales, sino de realizar sus actividades a como dé lugar, sin importar los conflictos que ello pudiera generar, lamentablemente todo ello con el favor y venia del Gobierno Nacional.

Lima, 05 de abril de 2015

 


[1] Constitución Pastoral Gaudium et Spes – Sobre la Iglesia en el Mundo Actual – Diciembre 1965
[2] Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium – El anuncio del Evangelio en el mundo actual – Noviembre 2013
[3] Discurso del Papa Francisco I a las comunidades de Rio de Janeiro en Julio de 2013.

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Pronunciamiento: La Iglesia no se deja by prensamuqui

ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

Foto: Gestión

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.