Según información del Ministerio de Salud (MINSA), se tienen registrados, a nivel nacional, 8,954 casos de personas expuestas a metales pesados durante el periodo comprendido entre el año 2016 y marzo del 2018. Las principales fuentes de contaminación serían las actividades extractivas y la presencia de estos metales pesados en el agua de consumo humano.

En el mes de marzo del presente año, el MINSA dispuso conformar la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” en el plazo de sesenta (60) días hábiles, lamentablemente han pasado seis meses y todavía no se cuenta con una política integral.

Lejos de ponerse a disposición de la ciudadanía la propuesta de Política, el mes pasado el MINSA dispuso la publicación del Documento Técnico: “Lineamientos de Política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas” el cual no se enmarca en lo dispuesto en las normas vinculadas a las políticas nacionales, anotó la Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

La Defensoría del Pueblo ha advertido serias deficiencias en el diagnóstico publicado, por lo que recomendó que se incorpore nuevas áreas de trabajo sobre la materia en Loreto, Amazonas, Huancavelica, entre otros. Así también, que se comprenda dentro de las fuentes contaminantes a las actividades de hidrocarburos, por estar vinculadas a afectaciones al derecho a la salud de las comunidades nativas de Loreto y Amazonas.

“Nuestra institución observa que el documento técnico publicado no corresponde a la propuesta de política. Tampoco cumple con el procedimiento para la elaboración, estructura y contenido previstos en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, emitido también el pasado mes de marzo, anotó la funcionaria.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó al MINSA que se dispongan las acciones necesarias a fin de priorizar la culminación de la elaboración y publicación de la propuesta de “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” y que la misma cumpla con el procedimiento estructura y contenido previsto en el marco jurídico vigente.

Abanto anotó que una debida atención a esta problemática demanda un carácter multisectorial con responsabilidades compartidas, que involucre a todas las autoridades competentes en la materia; por lo cual recomendó que la Política contemple la participación de otros ministerios con competencias en la materia, tales como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, entre otros.

La semana pasada se presentaron observaciones a la Política de salud para afectados por metales que planteó el Ministerio de Salud. La Plataforma de afectados por metales tóxicos ha enviado sus observaciones, así como la Red Muqui. Piden precisión en los conceptos del documento: se debe denominar «metales tóxicos» y no «metales pesados»; que se establezca una instancia a nivel nacional para gestionar el tema. También se afirma que la data usada para los lineamientos de la política es imprecisa e incompleta.

El documento presentado por Red Muqui señala que “solo se ha avanzado con una parte de la política; tal como está, no constituye un mandato para su aplicación irrestricta, carece de precisión y obligatoriedad para su real cumplimiento, tampoco cuenta con un enfoque que respete la interculturalidad”.

La Plataforma de afectados, afirma que la política está dejando fuera a poblaciones afectadas como Loreto, Huancavelica y La Libertad. Tampoco hay un enfoque de prevención y promoción de la salud, todo lo contrario, se relaciona al “autocuidado, que posiciona al paciente como principal responsable de su estado de salud.

También observan que el sistema de financiación es ambiguo. “No se incluye la responsabilidad del Estado de financiar la implementación de estos lineamientos”, se lee en el documento, donde se establece, además, la opción de recibir financiamiento privado.

La Red Muqui por su parte remarca que “se mantiene el riesgo de que, el acceso a los servicios de salud sea, a lo sumo, para las personas que tienen capacidad económica”.

En otra parte del documento de Red Muqui, se suscribe que “es necesario establecer una instancia a nivel nacional, que tenga la capacidad de gestión mucho más allá de lo que actualmente hace la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas afectadas por metales pesados y otras sustancias químicas, que articule y dinamice al interior del sector salud y la actuación trans-sectorial en los diferentes niveles de gobierno en todo el país”.

A la Plataforma de afectados le preocupa la participación y el impacto. “No se encuentra detalle de los mecanismos por los cuales se va asegurar la participación de la población en los implementos de los lineamientos, su monitoreo y evaluación”, remarca el documento.

El mes pasado representantes de los afectados por metales tóxicos estuvieron en Lima presentando una propuesta de política de salud que fue construida de forma colectiva por nueve regiones como Pasco, Junín, Cusco San Martín, Lima región que fue elaborado colectivamente. “Por fin el Estado está reconociendo que este es un problema nacional. No son unos pocos casos aislados, somos miles de peruanos contaminados con metales tóxicos y por eso hemos venido a proponer una política de carácter nacional”, señaló en ese entonces Ismael Julón, dirigente de Cajamarca.

Observaciones a Propuesta Politicas Minsa by prensamuqui on Scribd

Denuncian a la minera Concepción SAC. antes Azul Cocha en Junín

La región Junín es importante porque provee alimentos para las grandes urbes del centro de Perú como Huancayo y Lima, el valle se ve amenazado por la contaminación de sus aguas a causa de la minería. La minera Concepción SAC. antes Azul cocha es productora de zing y está ubicada en la cabecera de la cuenca del rio Cunas que riega el valle en Concepción y Chupaca. Los pobladores aseguran que el río, que es de vital importancia para más de 100 comunidades que viven alrededor, está siendo afectado por esta empresa.

Red Muqui viajó hasta Junín y recibió una serie de denuncias de contaminación del rio y muerte de truchas en marzo de este año. Efectivamente,  Virgilio Lazo López, del comité de vigilancia de la comunidad de Usibamba afirmó que teme por su salud y la de sus familias. En la zona, se realiza agricultura y ganadería, la contaminación de aguas pone en peligro estas actividades de las que dependen las familias.

Lazo declaró que en marzo de este año » a unos kilómetros estaban haciendo una relavera y la población informó que las aguas estaban turbias, que las truchas estaban muriendo y que algunos animales también estaban enfermando”. Afirmó que a medida que la minería ha tenido presencia en la zona, la biodiversidad ha disminuido, han desaparecido especies endémicas como la rana de Junín.

Aseguró que se hizo la notificación al Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) tomó muestras de agua en marzo del 2018 y que no han dado una respuesta hasta la fecha por lo que piden a la autoridad que entregue los estudios.

Red Muqui se comunicó con la OEFA en Junín para consultar por los análisis y los funcionarios indicaron que los resultados aún no habían llegado de los laboratorios en Lima. Los especialistas aseveraron que desconocen el plazo de tiempo en que se entregará el informe del caso, mientras tanto, la población de Alto Cunas sigue a la espera.

¿Qué ha respondido la empresa? Lazo comentó que el gerente de la compañía minera se acercó a la población para convencerlos de que no había contaminación, pero ante la evidencia tuvo que admitirlo. “Se ha comprometido con reponer las truchas, pero nos preocupa que sigan ocurriendo estas descargas al río, que se siga contaminando”.

En el Valle se cultivan más de 200 variedades de papa nativa, además de otros productos agrícolas y ganaderos. Los niños que viven en la zona baja, del distrito de Copca van al río a bañarse y jugar. Es una zona que produce queso, leche y helado, productos que llegan al mercado central de Huancayo y Lima.

Ante la nula respuesta de las autoridades, los dirigentes han anunciado que realizarán una pronta movilización para exigir que se atienda el tema.

Escucha las declaraciones

Un informe del Portal de investigación Ojo Público reveló que ambas empresas dejaron de pagar hasta un millón de soles en solo un año

El reportaje difundido esta mañana por el portal de investigación y se demuestra que un grupo de compañías mineras posee acceso privilegiado al agua. Se señala que “Toda el agua dulce del Perú está en manos de empresas, asociaciones y personas que obtuvieron licencias para extraer este recurso de ríos, quebradas y pozos. Por cada mil litros de agua se paga como máximo de 0,08 dólares”. Alrededor de 5.460 licencias pertenecen a 43 empresas privadas de los sectores agrario, minero e industrial. Todo esto ocurre en zonas donde el recurso hídrico es escaso y la mayoría de personas no tienen acceso a agua potable y desagüe. ¿Por qué tanto privilegio y desigualdad?

El 2015, la compañía minera Las Bambas, que opera en Apurimac y Cusco, debió pagar S/ 1’070.000, y según los registros analizados para esta investigación solo transfirió S/ 904 mil. Ojo Público también afirma que “En el caso de Minera Volcan, con operaciones en la sierra central del Perú y que tiene como accionista mayoritario a la multinacional Glencore, la mayor compañía comercializadora de productos primarios del mundo, debió pagar S/ 1’600 mil y pagó solo S/ 796 mil”. En ambos casos, Ojo-Publico.com determinó que los pagos efectuados durante todo el 2015 no correspondían al total de agua que declararon utilizar.

De acuerdo al análisis, Las Bambas y Volcan pagaron alrededor de S/ 93 por cada mil metros cúbicos de agua subterránea destinada al uso minero, cuando el costo establecido en el decreto supremo fue de S/ 185,30.

En el segundo reportaje se demuestra cómo las empresas mineras son las que más se benefician de los permisos de acceso al agua. “Son 20 las compañías que poseen derechos sobre 980 puntos de captación de agua para el procesamiento de sus minerales, suprimir el polvo en los caminos y cubrir las necesidades de sus campamentos”, se explica. Se estos, se entregaron hasta 141 derechos para extraer el recurso directamente de los acuíferos y fueron entregados a las mineras Las Bambas, Yanacocha, Southern Perú, Barrick y Antapaccay en Cajamarca, Cusco, Áncash y Moquegua, respectivamente. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estas regiones se encuentran en permanente riesgo de sequía.

En Cajamarca, la empresa más beneficiada fue Yanacocha. “De los 195 derechos que se entregaron en este departamento, 142 son de Yanacocha, y 73 incluyen agua subterránea”

Los periodistas se comunicaron con Julio Jesús Salazar, ingeniero agrícola y antes funcionario de la ANA durante 10 años, quien aseveró que el procedimiento de entrega de licencias de agua es administrativo, y no contempla una distribución equitativa entre todos los usuarios.

“La Ley de Recursos Hídricos debe ser modificada para mejorar la distribución del agua. Me atrevo a decir que el sistema actual está generando serios conflictos porque concentra las fuentes de agua en los grupos de poder económico. El procedimiento es netamente administrativo, no técnico. Los estudios que se tienen sobre oferta y demanda de agua no son reales, se basan en cálculos estadísticos”, afirmó.

El reportaje completo se puede leer en el especial “Los dueños del agua”

Este es el corto documental que recoge los testimonios de familias en Las Bambas que ven limitado su acceso al agua por causa del Proyecto minero Las Bambas.

Por Beatriz Cortez

A nivel global se vive un alto proceso de industrialización basado en la producción de nuevas tecnologías. Países europeos y nuevas potencias económicas como China basan su posición dominante en la comercialización de estos productos, estas industrias tienen como materia prima minerales metálicos como el cobre y la plata, por ende, la producción y el consumo del Norte Global se mueve en función al control de estas materias primas.

La extracción de estas materias se vuelve entonces un proceso fundamental que los estados deben garantizar para el funcionamiento de la industria global, este proceso es sumamente violento en tanto se impone por la fuerza e impacta directamente en la vida de comunidades campesinas y las mujeres encontrando su principal fuente de legitimación en el sexismo, el racismo y el clasismo enraizados en la sociedad.[1]

Históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostienen la reproducción de la vida en sus familias y por tanto en sus comunidades, los trabajos de cuidados como se les conocen, son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía, lo que es paradójico ya que ese trabajo es fundamental para el sostenimiento de la vida. Las mujeres son entonces un actor político fundamental para entender cómo se construyen las relaciones sociales desde los territorios, por tanto, son también el sector más afectado por las actividades extractivas.

Por ejemplo, son muchos los casos de mujeres contaminadas debido a que ellas son las primeras en tener contacto con los metales tóxicos que se encuentran en su entorno al intentar limpiarlos, las mujeres son las que se mantienen en mayor contacto con su ambiente y recursos como el agua, ellas verifican de primera mano cual es la situación de contaminación que afecta a los niños y niñas que están a su cuidado. Resulta entonces que la afectación de los suelos, el aire y el agua de las comunidades campesinas a causa de la extracción minera tiene un impacto diferenciado para las mujeres.

En el platón que realizaron el año pasado los afectados por metales pesados del distrito de Simón Bolívar de la región de Pasco, podíamos observar la mayoritaria participación de mujeres en esta medida de fuerza.[2] Sin duda su participación es protagónica en tanto conforman la primera línea de defensa frente a la violencia que el modelo extractivista ejerce.

Es importante tomar en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres no solo se ejerce de forma diferenciada respecto a los hombres sino que además se ve profundizada por las condiciones en las que se materializa el ser mujer en el Perú, no es lo mismo ser mujer con acceso a estudios universitarios en una ciudad que ser mujer campesina en un territorio concesionado para implementar un proyecto minero, la eficacia del proyecto extractivista se basa en la deslegitimación de la palabra de aquellos que se enuncian frente a este para denunciar los daños que genera y aquí se encuentran las mujeres campesinas en la primera línea de denuncia frente a este proyecto y sus palabras son las más deslegitimadas frente al monopolio de la verdad del discurso extractivista.

Entre otras formas violencia que se ejerce contra las mujeres campesinas tenemos que la acumulación de riqueza que busca generar este proyecto se basa en la mercantilización de la vida, la apropiación del agua y el territorio de parte de empresas transnacionales tienen su base en el despojo, de ahí la necesidad de que el estado genere normas para que las tierras pueden ser de fácil acceso en el mercado, así pues los sucesivos gobiernos peruanos han tenido como política el debilitamiento de las garantías legales de la propiedad comunal, por supuesto las mujeres se enfrentan a esta eficacia saqueadora de manera más profunda, a pesar de no ser las propietarias legales de las tierras son las que se encuentran en mayor vínculo con su territorio ya que son sus principales agricultoras y la agricultura es una forma de cuidar la tierra y la vida.

Hace unos meses veíamos en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, como tres mujeres eran atacadas al oponerse a la intervención de la empresa minera Glencore Antapaccay con maquinarias en sus tierras[3], las mujeres son un patrón de resistencia frente al modelo extractivista uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Máxima Acuña quien a pesar de toda la violencia ejercida contra ella y su familia , se mantiene aún firme frente a los intentos de despojo de Newmont y Buenaventura.

Sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida. Pero esta impugnación al modelo extractivista no solo se ejerce como resistencia, sino que es también alternativa, no se trata entonces de una simple negación al modelo de desarrollo hegemónico, sino que las mujeres como defensoras de la vida son la posibilidad de otra forma de desarrollo, uno que se base no en la mercantilización y el saqueo sino en el respeto a la vida, la emancipación colectiva y otra economía.


[1]Rocío Silva Santisteban ha presentado el año pasado en el marco de la campaña “Defensoras no están solas” el libro “Mujeres y conflicto ecoterritoriales: impactos, estrategias, resistencias” donde estudia las formas en cómo estos sistemas se entrelazan y generan violencia contra las mujeres.

[2] Afectados por contaminación piden que PPK declare a Pasco en emergencia sanitaria

http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/600-afectados-por-contaminacion-piden-que-ppk-declare-a-pasco-en-emergencia-sanitaria

[3] Espinar:víctimas de violencia de PNP y Glencore denuncian legalmente a los responsables de los hechos

http://derechosinfronteras.pe/espinar-victimas-de-abuso-y-violencia-de-pnp-y-glencore-en-espinar-denuncian-legalmente-a-los-responsables-de-los-hechos/

Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que el Perú que evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará este 20 de junio en Auditorio Alberto Andrade (Cuadra dos de la Avenida Abancay – Cercado de Lima) a las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de agua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/238031543521208/

 

Ciudadanos acusados, y su defensa legal en el frontis del  Juzgado de Investigación Preparatoria Cotabambas – Tambobamba, Apurimac. Fuente: CooperAcción

Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego,  quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el  día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y  que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.

Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia le reclamó al fiscal que era la segunda vez que la fiscalía presenta algún tipo de justificación para suspender la audiencia. Del mismo modo, David Velazco, director ejecutivo  de FEDEPAZ y defensa de los acusados,  indicó que no había razón para suspender una vez más la audiencia, debido a que la fiscalía trabaja de manera corporativa. Sin más oposiciones se postergó la audiencia para el 10 de setiembre.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados  sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales. Red Muqui hizo la consulta en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y efectivamente, hay presencia de minería artesanal en la provincia de Paucar del Sara Sara. Esta provincia figura entre las que posee mayores petitorios de minería artesanal.

En el mapa de las concesiones mineras del MINEM también figuran yacimientos mineros de mayor escala en el distrito aledaño a San José de Ushua. Cabe resaltar que en las declaraciones que dio el alcalde a América Noticias, «este es un caso extraño, no es por consumir el alimento, no, este es un caso que nos está afectando, un fenómeno. Es un tóxico que está en el ambiente y está centrado en el distrito». Indicó que otras personas que no estuvieron presentes en el velorio fueron afectadas y presentaron síntomas de intoxicación.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Al respecto, el Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke señaló “que se debe investigar bien el origen de la intoxicación, se deberían hacer pruebas de agua y suelo en la zona para determinar el agente contaminante”. Añadió que por eso es tan importante tener protocolos de atención para personas afectadas por metales tóxicos y hacer el seguimiento del estado de salud.

Hace una semana, el Ministerio de Salud presentó la propuesta de Política Nacional para atención a afectados por metales tóxicos donde se establecen lineamientos para atención prioritaria. En otras regiones de país se ha comprobado que la presencia de metales y metaloides en el aire, agua y suelo han desencadenado intoxicación y enfermedades en la población. Ese es el caso de Cerro de Pasco y La Oroya donde las pruebas de sangre en niños y niñas han dado como resultado que los evaluados tienen hasta cuatro tipos de metales en su organismo.

Foto de portada: Perú21

En la foto  la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm y Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia

Una carta de la Unión Europea (UE) llama la atención al Perú sobre el cumplimiento del acuerdo comercial en materia ambiental y laboral. El 30 de julio, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia donde expresa sus preocupaciones sobre varios puntos del acuerdo comercial con UE que se refieren a medio ambiente. Así, el Perú estaría incumpliendo con el acuerdo comercial en el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible (TSD).

La comisaria afirma en la misiva que la Unión Europea desea garantizar una actividad económica que contribuya al Desarrollo Sostenible. En un punto de documento señala que no hay participación de parte de la sociedad civil en la implementación del TSD. Con ello, reafirma el pedido que las organizaciones de sociedad civil en el Perú han realizado, de participar de los espacios de seguimiento en materia ambiental y laboral. Esto ante la necesidad de transparencia y garantizar el cumplimiento de derechos.

En la carta también se afirma que “en materia de protección ambiental, como se discutió el pasado noviembre en Lima (con delegación de UE que llegó al Perú), la simplificación de procedimientos administrativos en materia ambiental no debería conducir a una disminución del nivel de protección ambiental”. Esto se debe a que el Estado peruano ha dictado una serie de paquetes normativos y de políticas públicas que han disminuido los estándares de calidad ambiental en pro de atraer inversiones, lo que justamente el Acuerdo Comercial prohíbe en su artículo 277.

Cabe recordar, que el Estado Peruano ha dictado normas que redujeron el estándar de calidad de aire (ECA) para posibilitar la venta del Complejo metalúrgico de La Oroya y el funcionamiento de la refinería de Ilo para facilitar el proyecto minero Quellaveco. Ello ha sido señalado reiteradas veces por organizaciones sociales entre las que se encuentra Red Muqui. También, se han pasado por alto sanciones respecto de la situación de los pasivos ambientales de San Mateo, que involucró en su momento a la empresa minera Nyrstar de capitales belgas.

Recientes normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), ya en el Gobierno del Presidente Vizcarra, han dado facultades para facilitar expropiaciones, las que se han aplicado en el caso del proyecto Toromocho, otorgando tierras a la empresa minera china Chinalco, y afectando los derechos de las familias que aún no habían sido reasentadas de la ciudad de Morococha antigua, facilitando el proyecto con la agudización de una nueva situación de imposición y conflicto.

Estas mismas normas que favorecen expropiaciones en favor de la SBN, también ponen en peligro a comunidades y poblaciones con tierras no tituladas, que no hayan inscrito sus títulos o que éstos tengan “errores”. También, mediante el Decreto Legislativo Nro. 1360 se deslegitima el rol de gobiernos regionales en el reconocimiento de pueblos indígenas u originarios, lo que afecta el respecto a sus derechos colectivos, en especial a que sus territorios ancestrales no sean otorgados en favor de otros intereses, fundamentalmente económicos, condenándolos a su desaparición.

Frente a todo este panorama, la comisaria de comercio de la UE indica en la misiva dirigida al MINCETUR, que realizará una visita de investigación a Lima “en otoño para seguir discutiendo las preocupaciones de la Unión Europea”. En dicha reunión se convocarán autoridades y sociedad civil, en la que desde Red Muqui esperamos participar.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke comento que se “ espera que hasta entonces que el gobierno responda a las preocupaciones de la UE, con acciones concretas, sobre la “disminución de la protección ambiental”, la “regulación de actividades industriales para lograr la protección efectiva del medio ambiente, y la necesidad de garantizar la capacidad institucional (en materia ambiental), resquebrajada con los paquetes normativos que han limitado sus funciones, además de generar espacios de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Comercial en materia ambiental y laboral con participación de la sociedad civil”.

Derechos Humanos sin Fronteras.- Después de 8 años de procesos e investigaciones, el último 20 de julio, al promediar las once de la mañana, Los Magistrados del Juzgado Colegiado de Cusco declararon sentencia absolutoria a favor de los dirigentes de Espinar procesados por las manifestaciones en contra del proyecto ‘Majes Siguas’.

Como se recuerda en el año 2010 en la provincia cusqueña de Espinar, la población inició manifestaciones y protestas en defensa de sus recursos hídricos que se verían afectados por del otorgamiento de la licitación para ejecutar el proyecto de la represa de Angostura.

Ante estas manifestaciones, Horacio Quispe Succllo, Edgar Zevallos, Nestor Cuti, entre otros dirigentes, fueron denunciados por la Fiscalía por los supuestos delitos de extorción, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.  Después de varios años de investigaciones a los dirigentes mencionados por parte de la Fiscalía Penal Corporativa de Espinar, recién en marzo del presente años inició el juicio oral en el Juzgado Colegiado de Cusco.

Luego de cinco meses de permanentes audiencias en etapa de juzgamiento, los testigos y los medios probatorios ayudaron a reafirmar la inocencia de los procesados. La defensa y asesoría legal, en el último tiempo del proceso, estuvo a cargo de las y los abogados de Derechos Humanos sin Fronteras. Esta sentencia marca un precedente importante para empezar a cuestionar los casos en que la Fiscalía criminaliza la protesta social.