Denuncian que desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando cuenca del valle de Santa Eulalia y río Rímac. La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderado por la Presidenta Cecilia Espinoza denunció “la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos de relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay, parte alta del distrito de Huanza en nuestra Zona Norte de la Cuenca del Valle de Santa Eulalia”.

Lamentan que este relave esté contaminando el río, la flora y fauna, provocando la muerte de decenas de peces. En el comunicado señalan que las autoridades del distrito de Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca, Santa Eulalia, así como en la parte baja como Ricardo Palma, Lurigancho-Chosica, deben tomar sus precauciones, sobre todo los que tienen piscigranjas.

Frente a esta grave situación, la Presidenta de la Mancomunidad convocó hoy, viernes  1 de abril, a constatar esta tragedia ambiental a los Alcaldes Directores pertenecientes a la Mancomunidad, a la PNP, y a las autoridades del Estado.

OEFA anunció visita

Frente al oficio enviado a la OEFA, incluyendo las pruebas filmográficas y fotográficas para que fiscalice y sancione a los responsables; la OEFA informó a través de un comunicado en la mañana, que se estaba dirigiendo a la zona para verificar in situ el «presunto derrame de relaves que habría ocurrido el día de ayer. La intervención que realiza el OEFA permitirá determinar si existe afectación de cuerpos hídricos y otros componentes, generada por el hecho antes descrito, el cual habría sido ocasionado por pasivos ambientales mineros en la zona. Esta información será puesta en conocimiento del MINEM, para efectos de las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias», precisó.

Desde la Red Muqui esperamos que la OEFA informe públicamente los resultados de su intervención porque en anteriores oportunidades no se ha conocido los resultados de sus visitas.

SEDAPAL se pronunció

Frente a la denuncia de contaminación de la cuenca del río Santa Eulalia; Sedapal emitió un comunicado señalando que 33 horas después de ocurrido el desprendimiento de relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, no habían mayores afectaciones al río Rímac, que se une en Chosica al río Santa Eulalia.

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En el comunicado Sedapal señala que activaron su Plan de Contingencia y el Equipo de Gestión Integral de Plantas realizó el monitoreo al río Rímac para determinar su afectación, encontrando que las características fisicoquímicas del río están con los indicadores dentro del límite máximo permisible de los estándares de calidad ambiental según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS- 031-2010 MINSA.

Edwin Alejandro Berrospi, responsable del área socio ambiental de la Red Muqui, señaló que en la pandemia el gobierno suspendió la supervisión y fiscalización ambiental. «De esto se han aprovechado las empresas para hacer sus operaciones sin control, generando este tipo de daños posteriores».

 

Dada la necesidad de fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, quienes desarrollan su labor en un contexto de riesgo y violencia por su accionar a favor de la paz, la justicia, los pueblos indígenas, los territorios, el agua y la lucha por reconquistar derechos y exigir su garantía y respeto.

En razón de su rol de defensa de los derechos humanos son víctimas de asesinatos como los ocurridos  hace una semana que les quitaron la vida a cuatro defensores ambientales.

Por tal contexto de riesgo personal y criminalización, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Cusco, el Taller Macroregional de Formación de Defensores y Defensoras del Sur Andino. El evento se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Defensores y defensoras del Perú” y contó con la participación de defensoras y defensores provenientes de 11 provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno y se realizó con el apoyo conjunto de varias organizaciones de sociedad civil.

Al iniciar el encuentro se realizó un pequeño homenaje al hermano Oscar Mollohuanca Cruz,  guardándose un minuto de silencio en su memoria. A 19 días de su partida exigimos una seria investigación sobre las circunstancias en que ésta se produjo. Se reafirmó la solidaridad con los familiares de las víctimas de asesinato, exigiendo al Estado una respuesta oportuna seguida de una investigación con transparencia y una efectiva sanción a los responsables, pues ningún crimen debería quedar impune.

El taller se realizó de forma presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se ha debatido y analizado temáticas referidas a derechos colectivos, individuales, territorio, significancia de ser defensor de derechos humanos, fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones,  importancia de la cohesión social para el  autocuidado frente a la ausencia del Estado que deja a las defensoras y defensores y a sus familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, continuamos denunciando la criminalización, amenaza y hostigamiento hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos. 

Las actividades se desarrollaron de manera interactiva, involucrando a todas y todos los participantes en ejercicios, charlas y testimonios que reafirman la identidad y la unión en la lucha común y compartiendo las experiencias de defensa del territorio en las diferentes provincias y visibilizando las problemáticas que las personas defensoras buscan solucionar. Además, se tuvo la participación de Jorge Eliecer Sánchez del Comité político Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y especialista en la abogacía y los derechos humanos ambientales, el cual nos contó sobre las experiencias de la defensa del territorio en Colombia, y respondió algunas consultas que le hicieron las personas defensoras participantes del taller. Se propuso también estrategias de acción para hacer frente a las problemáticas actuales, articulando una Red de trabajo conjunto entre las defensoras y defensores participantes. 

Desde el encuentro se compartieron los avances de la campaña nacional “Defensoras y Defensores del Perú”, así como se creó expectativa por el impulso y avances de la mini campaña denominada “¡Acuerdo de Escazú Ya!”, la cual tiene como objetivo principal impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la defensa del medio ambiente y la protección de quienes lo defienden.

Finalmente, se reconoció la importancia crucial de la unión y la necesidad de levantar la voz contra el abuso, el despojo en los territorios, los asesinatos, la estigmatización y las amenazas constantes contra defensoras y defensores.

Cabe señalar que el eje de las actividades y el intercambio propuesto de los talleres es el de consolidar una Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Ambientales a corto plazo, por lo cual se anunció que se continuarán desarrollando talleres dirigidos a las personas defensoras que permitan fortalecer sus capacidades y conocimientos, así como fortalecer la articulación de las acciones. Además, se han propuesto las bases para el 1er Encuentro Nacional Costero Andino Amazónico de Defensores y Defensoras, que se llevará a cabo en el mes de junio en Lima.

PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS, ¡AHORA!

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS

¡NUESTRA LUCHA NO ES SÓLO EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, ES EN DEFENSA DE LA VIDA DE TODOS!

 

Si deseas conocer más sobre la campaña «Defensoras y Defensores del Perú», haz clic en estos enlaces:

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Mientras los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini del Tribunal Constitucional continúan pretendiendo negar la vigencia y exigibilidad del Convenio 169 de la OIT y con ello el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios en el Perú; el Poder Judicial, a través de los juzgados constitucionales refuerzan la línea jurisprudencial unánime que protege y reconoce este derecho colectivo.

Días a tras la Sala Civil de la Provincia de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ha emitido sentencia en segunda instancia y de forma definitiva (cosa juzgada) reconociendo el derecho a la consulta previa del pueblo originario Awajun, representado por Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).

En la Sentencia la Sala Civil ha establecido que, el derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT ha sido válidamente reconocido y ratificado por el Estado peruano (02 de febrero de 1995), por tanto, existe la obligación de todas las entidades estatales garantizarlo y protegerlo; entre ellas la de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Amazonas (DREM) y el Gobierno Regional de Amazonas, en el marco de sus funciones y competencias.

Los representantes de ODECOFROC sostuvieron que la DREM de Amazonas había aprobado la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de explotación «Afrodita» en la Concesión Minera Comaina 1 de la compañía minera AFRODITA SAC (Resolución Directoral N° 012-2014GRAMAZONAS/DREM), que es pequeña minería, sin proceso de consulta previa, al igual que el plan minado (Resolución Directoral Sectorial Regional N° 044-2014 GR.AMAZONAS/DREM) y plan de cierre de minas (Resolución Directoral Sectorial Regional N° 040 2015 GR.AMAZONAS/DREM) que se ubica dentro de su territorio. Estas alegaciones del pueblo Awajún fueron corroboradas por la Sala Civil, por lo que declararon fundada la apelación y nula las tres resoluciones administrativas dadas por el DREM, al no haberse desarrollado y garantizado de forma previa el proceso de consulta previa a las comunidades afectadas por el proyecto minero; y ordenando que cualquier autorización de explotación en el futuro debe de ajustarse a los mandatos del Convenio 169 de la OIT.

Esta sentencia, como sostuvimos, refuerza la línea jurisprudencial de irrestricta protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios en el país; e incluso en este caso ahora se ha reconocido que el procedimiento de certificación ambiental en los proyectos mineros debe estar sujeto a consulta previa (aprobación de estudio de impacto ambiental y planes de cierre de minas). Posición que ha sido negada en reiterados casos por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). E incluso lo estándares de consulta en esta etapa deben involucrar información con pertinencia cultural y diálogos interculturales con todas las comunidades afectadas.

Saludamos y reconocemos labor de los jueces que conforman la Sala Civil de la Provincia de Utcubamba, al haber sostenido una posición imparcial y de interpretación garante de los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios. Exhortamos al Poder Judicial y los jueces constitucionales a mantener esta labor de garante de los derechos fundamentales y de los principios y valores democráticos de nuestra constitución, en especial en los casos que involucran la afectación de derechos de comunidades campesinas y nativas en contextos de actividades extractivas de recursos naturales.

 

 

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

En Trujillo se desarrolló desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de marzo el III Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios. Entre sus objetivos estuvo analizar los impactos de las actividades extractivas en los recursos hídricos en los países de América Latina y elaborar propuestas de acción conjunta ante el Estado y la sociedad en general. 

El encuentro arrancó con un análisis de renombrados activistas, científicos sociales y políticos latinoamericanos, que trazaron un análisis sobre el momento momento político, social y ambiental en el que nos encontramos más allá de las fronteras del Perú

 

Más de lo mismo que conducirá a más de los peor en el planeta

Alberto Acosta, economista y reconocida figura política de Ecuador, ya que fue presidente de la Asamblea Constituyente de su país, inició su intervención recordando al recientemente fallecido fundador de la Universidad de la Tierra (Unitierra) en Oaxaca México, Gustavo Esteva, que poco antes de morir dijo que el mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor. Para Acosta eso queda en evidencia con las crisis que vivimos actualmente “Caen las ideas que formaron el mundo moderno de los últimos 200 años. Y eso es lo que estamos viviendo este rato en el planeta. El mundo se cae a pedazos por una serie de acciones, por una serie de omisiones y sobre todo por una voracidad desatada por la acumulación del capital”. Es en ese contexto que aparecen las pandemias, no sólo la pandemia del Coronavirus, explica quien fuera ministro de energía del primer gobierno de Rafael Correa: ”Sabemos que el 70 por ciento de los virus que ha padecido la humanidad en los últimos treinta años, son de origen zoonótico, porque hemos roto el equilibrio ecológico, hemos destruido la biodiversidad y esos virus comienzan a transmitirse a los seres humanos”.

También enmarca en ese escenario las guerras que avanzan en el planeta. “Esta rato estamos concentrados en una guerra que es la que interesa a los poderosos y que tiene que ver con la agresión de Rusia a Ucrania, pero hay otras guerras simultáneamente, que no aparecen en los grandes medios de comunicación” relata y enumera algunas: “la guerra en Libia, la guerra en Irak, la guerra en Sudán, la guerra permanente contra el pueblo palestino y esta es la realidad de este planeta.

En términos medioambientales, explica que el panel de expertos climáticos de Naciones Unidas conocido por las siglas en inglés IPCC nos dice que ninguna región, ninguna población, ningún mar en la tierra está ya a salvo de los daños que provoca el cambio climático. Para Acosta el mayor peligro es que se normalice una realidad que ya antes de la pandemia era de anormalidad para la mayor parte de la población humana y quienes nos gobiernan quieren devolvernos a esa normalidad.

“Se repiten las mismas propuestas para resolver los problemas, problemas que estaban presentes desde antes, problemas estructurales, problemas que se habían agudizado antes de la aparición del coronavirus y problemas que ahora son mucho más graves producto del coronavirus y también efecto de las políticas que han adoptado nuestros gobernantes para enfrentar esta pandemia y naturalmente esta situación se va hacer más crítica efecto de la guerra en Ucrania”, dice. 

Entonces qué es lo que propone: más crecimiento económico para superar el bache de la crisis, lo que demanda más exportaciones, más inversiones, más extractivismo, y de la mano viene también la flexibilización laboral.

O como dice en pocas palabras “Es más de lo mismo que conducirá a más de los peor”.

Para Acosta tenemos que hacer una valoración muy detenida sobre lo que representan los extractivismos: “Estos extractivismos nos permiten entender mejor los procesos de saqueos, los procesos de devastación, el mismo proceso de empobrecimiento de nuestros países que van recreando la colonialidad. Con economías que vive de la renta, la renta de la naturaleza. Estados rentistas, sociedades con prácticas clientelares, violencia generalizada, corrupción y gobiernos autoritarios y todo esto con empresas transnacionales como hemos visto tanto en gobiernos con gobiernos neoliberales como en países con gobiernos progresistas”.   

Según su palabras, la violencia no es solo una consecuencia de estos procesos. No es que la minería o el petróleo provoquen violencia, la violencia es una condición necesaria para necesaria para que se lleven a cabo los proyectos extractivistas.

Por eso a su juicio “ se sigue ahondando en la explotación de recursos naturales, se sigue ahondando en la pérdida de condiciones de vida para las comunidades. 

Se va viendo como el agua ha sido transformada más y más en una mercancía. Ya no solo para que las empresas mineras puedan extraer los minerales, o para que las empresas petroleras inyecten agua para seguir sacando petróleo sino que el agua ahora entra a la bolsa de valores”. 

Ese extractivismo, para Acosta, es cada vez más una opción de muerte y destrucción, encuentra respuestas cada vez más brutales a través de la mercantilización de la vida.

Por eso exclama “Quienes defendemos la vida estamos convocados a oponernos a ello, a reivindicar el derecho a existir y me parece fundamental rescatar en estos momentos la importancia del agua. El agua es vida, no puede ser un negocio”. 

Para él, hay que trabajar este concepto desde dos ángulos fundamentales: El primero el agua como un derecho humano que no puede ser mercantilizado. El otro desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, el derecho que tiene el agua a que se garantice su ciclo vital.  Explica “Hay que levantar la defensa del agua como una bandera de vida. Hay que generar la capacidad para ir desmercantilizando el agua, (esto) tiene que avanzar hacia a la desprivatización del agua, que no significa que tiene que ser estatizado. Hay que dar paso a que las comunidades, a través de sus múltiples formas de organización, controlen y vigilen el uso adecuado del agua”.

Concluye que en esa lucha por el agua se debe priorizar entonces, primero: el agua para los seres humanos, en segundo lugar, agua para la soberanía alimentaria, para la producción de alimentos por el campesinado,  en tercero es vital garantizar el ciclo del agua. Si no tenemos agua en calidad y abundancia, las condiciones de vida serán cada vez más precarias. Y sólo en cuarto lugar el agua para procesos productivos. 

“No podemos seguir sacrificando la vida, la vida de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos y nietas en clave de acumulación permanente”. 

Para él, a pesar de que Chile es uno de los países de la región que vive una situación de crisis hídrica permanente en amplias franjas de su territorio al mismo tiempo vive un proceso en que se está enfrentando un debate constitucional para que el agua sea un derecho de la naturaleza.

 

El proceso constituyente en Chile y la lucha por el agua

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, Lucio Cuenca coincide con Alberto Acosta en que las discusiones en torno a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el agua ha sido uno de los ejes fundamentales en la revuelta popular y el estallido social que abrió camino a un proceso constituyente encausado por las instituciones.  

El activista ambiental expone que “Ha habido un proceso en Chile  que viene movilizando voluntades desde hace más de 10 años a través de diferentes movimientos sociales que se acelera con el estallido social y la revuelta popular que se inicia en octubre de 2019 en el contexto de un gobierno de derecha que pretendía profundizar el modelo neoliberal y el extractivismo en nuestro país. Eso nos coloca hoy quizás con algunas señales esperanzadoras de avanzar en un camino que pueda erradicar los pilares que fueron instalados en la Constitución chilena aún vigente. La constitución de Pinochet, que se ideó en dictadura y que tiene en su esencia elementos que están en función y nos amarran a una economía neoliberal extractivista que se ha profundizado en los últimos cuarenta anos y que han generado muchas situaciones de injusticia y desigualdad como nunca se habían visto en nuestro país” Para el ingeniero, si bien Chile aparece como una economía con indicadores macroeconómicos muy auspiciosos ante el mundo, la realidad del país que evidencia es la profunda desigualdad, la situación de precarización de la vida de muchos sectores.  

Una situación que no daba para más “Llegamos al punto de inflexión que abre una nueva etapa política que enrostra a la clase política las demandas no cumplidas, no satisfechas que se traduce en la precarización de la vida de territorios y poblaciones urbanos y rurales, fruto de un neoliberalismo a ultranza, una economía extractivista, basada en la extracción de grandes volúmenes de la naturaleza a lo largo de la geografía del país y que también habla de muchos conflictos resistencias en los últimos 25 a 30 años”.  Explica que hay actividades como la exportación minera, forestal, agroindustrial que han hecho concentrar la riqueza en pocas manos y donde el agua pasa a ser un tema fundamental. “Llegamos al estallido social en Chile con demandas muy sentidas como el sistema de pensiones, educación, derechos de las mujeres, el agua” Para Acosta es importante señalar cómo la dictadura de Pinochet posibilitó la privatización del agua y la blindó en la Constitución que hizo a gusto de los inversores:

“Se dejó amarrado el mecanismo para la privatización del agua pero también para la privatización de las concesiones mineras. Eso lleva a que el uno por ciento de todas las personas que tienen derecho de usos de agua, concentran el 79% del agua disponible. Eso es minería y agroexportación. Eso significa depredación e injusticia, profundizando la fragilidad del territorio” En consecuencia para Cuenca “por eso en la revuelta popular, surge la demanda por la desprivatización del agua. Se ha vuelto a levantar la medida de la nacionalización minera. El 41% de todo el territorio está concesionado a la minería y el 90% le corresponde a las transnacionales. La desprivatización del agua está en la raíz del combate al modelo neoliberal. No solo reconocer el agua como derecho humano en la constitución, nosotros estamos levantando que se declare el agua como un bien común inapropiable”.  

Si bien a juicio del director de OLCA los movimientos sociales llegaron muy desarticulados y con mucha debilidad al momento del estallido social, en el proceso que se ha ido desarrollando desde entonces ha habido un aprendizaje acelerado con la posibilidad de encuentros programáticos entre diversos movimientos.

Si bien la nueva constitución no nos va a generar un nuevo país al día siguiente de su aprobación, si va a sentar las bases para seguir luchando por un país plurinacional donde se garanticen los derechos. En la constitución ya se sigue construyendo desde los territorios. Nos permite repensar las leyes que vienen, el país en su sistema político, territorial, de descentralización. 

 

Crisis política interna crea inercia y no permite debatir el modelo

Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros y otra de las figuras políticas invitadas a este encuentro coincide con el diagnóstico de Alberto Acosta en relación al  efecto rebote de la pandemia que llevará a una intensificación de la producción nociva.

También hay un incentivo para el aceleramiento de los concreción de proyectos mineros, por la alta demanda de minerales

En cuanto a los factores internos Vásquez dice que “el país está funcionando casi, casi en modo automático. No hay ningún replanteo para un funcionamiento diferente o generar una propuesta de desarrollo para el país que no sea la tradicional basada en el extractivismo. Y no preveo que haya una reflexión al respecto mientras la crisis política continúe”.

Dice que pese a que puede sonar muy duro, “hay que admitir que en nuestro país, y no sólo afecta al Perú, no solo estamos retornando a esta política extractivista, sino que este modelo extractivista se va a profundizar. Con unas consecuencias, que en palabras de Alberto Acosta, para la biopolítica trae afectación para los territorios, es decir se toma control sobre todo aquello que está al interior de esos espacios excluyendo a las personas que los habitan”. 

En ese sentido para la ex premier en el Perú siguen los problemas con la minería. “En estos momentos, los conflictos siguen aumentando. El último reporte de la Defensoría del Pueblo dice que tenemos 203 conflictos en el país y de ellos 132 están relacionados con el agua y territorio, conflictos eco territoriales, lo que nos muestra un contexto muy preocupante”.

Una situación que no tiene visos de cambiar: “en el tema del agua hay que decir que lamentablemente la demanda hídrica va a incrementarse y eso se da no solo por la reactivación de actividades como la minería por ejemplo, sino por otras actividades que son muy nocivas. Acá en el Perú se está reactivando la agroexportación. Pese al anuncio que vamos a tener una reforma agraria, lo primero que ha hecho el actual ministro (del MINAGRI) es darle incentivos a los agroexportadores para que puedan seguir con esa dinámica de explotar territorios y normalmente aquí están ubicadas estas actividades en la costa y eso va a demandar un uso aún mayor del recurso hídrico”

Para Vásquez resulta muy preocupante asimismo la corrupción que se está impregnando a nivel institucional. “Por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua y otros organismos, donde los funcionarios son capaces de asignar los recursos hídricos a quienes pueden pagar más”. Para concluir que hay una ausencia de políticas ambientales:  “no tenemos nada para solucionar la crisis de fondo”.

 

Visita a zonas contaminadas de La Libertad en la localidad de Shorey

Durante el día 2 del III Encuentro de vigilantes y monitores ambientales, los representantes de 12 comités de vigilancia y monitoreo ambiental de diferentes partes del Perú, visitaron el pasivo ambiental de la empresa minera Panamerican Silver ubicado en el distrito de Shorey. Al mismo tiempo, se divisió como la minería artesanal informal viene operando en los cerros de la misma localidad. La minería artesanal inició cuando las empresas mineras formales abandonaron el pasivo ambiental y las concesiones que tienen en esta parte de la sierra liberteña. 

Tras divisar esta realidad, una fuerte granizada impidió monitorear los recursos hídricos que se ubican en esta zona, y se decidió ir a monitorear la zona baja del río Moche, que es afectado por este pasivo ambiental y la minería artesanal.

Formados en 3 grandes grupos, los vigilantes y monitores ambientales de todo el país intercambiaron técnicas de medición de parámetros de contaminación con los equipos con los que cuentan las instituciones que acompañan a estos comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Encontrando que el río Moche está contaminado en la parte baja, donde inicia la provincia de Trujillo.

Durante el día, antes de la granizada, los vigilantes y monitores ambientales pudieron hacer una ofrenda a la tierra, más arriba de la zona contaminada, agradeciéndole por brindar el agua, el aire y tierras productivas que ellos defienden ante el avance de las actividades mineras legales e ilegales, así como las empresas industriales y desechos de las personas en las diferentes localidades del país.

Durante el último día los vigilantes y monitores ambientales discutieron sus propuestas de incidencia al Estado. Está pendiente la aprobación del proyecto de ley que reconoce a los vigilantes y monitores ambientales, para que sus informes sean parte del Sistema Nacional Ambiental, entre otras propuestas que darán a conocer a través de un manifiesto.

La Comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará, en el distrito de Morococha ubicado en provincia juninense de Yauli, ha iniciado esta madrugada un paro y bloqueo de carretera de 48 horas, dirigido contra la minera Chinalco, tal como lo había anunciado en los días previos. 

Los manifestantes han cerrado ambos carriles de la carretera central, con piedras, troncos y neumáticos a la altura del kilómetro 147, donde se ubica la comunidad de Pucará.

En conversación con Red Muqui, el secretario interino del Frente de Defensa del distrito de Morococha, Elvis Atachagu, ha explicado que Chinalco ha estado incumpliendo varios compromisos relacionados con el empleo en el distrito.

Según el dirigente, si bien contingentes de la PNP han llegado a la zona, por el momento, la fuerza pública no ha hecho intentos por desbloquear la carretera y no se han registrado episodios de represión,

En conferencia de prensa, los dirigentes de la comunidad explicaron en detalle las demandas hechas y los compromisos incumplidos por parte de la empresa Chinalco. Uno de los detonantes es el despido de tres comuneros que trabajaban para la mina. Una situación que se suma a la continua contratación de personal especializado de otras regiones e incluso de fuera del Perú denuncian los dirigentes y exigen que la empresa brinde capacitación a los comuneros. Con ello los habitantes desean prevenir el potencial despoblamiento de la comunidad, ya que son muchos los jóvenes que abandonan el territorio en busca de estudios y trabajos en otras regiones del país. 

Un incierto futuro laboral y masivos despidos temen los habitantes de las comunidades también por el anunciado cierre de las operaciones mineras de las empresas Austria Duvaz y Pan American Silver. Según informes de prensa el consorcio Chinalco, que explota cobre, plata y molibdeno en su unidad operativa Toromocho, habría rehusado ceder partes de terrenos en su poder para que ambas empresas sigan explotando minerales. A su vez Austrian Duvaz anunció en febrero que paralizaba su operaciones por no llegar a un acuerdo laboral con el sindicato de los trabajadores.

En cuanto a los riesgos de contaminación la comunidad rechaza la venta de la laguna Huascacocha, por parte de Chinalco a la minera Austria Duvaz, para que sea usada como relavera para los desechos mineros que la operación de esta última generó hasta la reciente paralización definitiva de sus operaciones.

En tanto, las comunidades estaban atentas a una posible vía de diálogo, ya que el Ministerio de Energía y Minas había convocado pare este jueves 24 de marzo a una reunión en su sede en Lima, a la que estaban convocados a representantes de la comunidad y el alcalde de La Oroya.

 

Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

 

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

El Estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos de Naciones Unidas (en los años 2009, 2013 y 2018). En el último de estos procesos, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), elaboró ocho Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático respecto a las actividades de sus empresas y bancos en América Latina. Gracias a este proceso de incidencia, China asumió varios compromisos aceptando seis recomendaciones que corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales del Estado, orientadas a que se respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones empresariales fuera de China.

El nuevo reporte que se presentará este miércoles, denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica”, evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU, a partir del examen de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos seis bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).

El reporte se ha presentado este miércoles 23 de marzo en el seminario denominado Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica que se realizó vía zoom.  Es posible ver la transmisión en difereido de la actividad por redes sociales a través de este enlace .

La conclusión general de este Informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el EPU y que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático. Entre los hallazgos importantes se demostró que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente, en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. Así mismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.

 

Frente a esta evidencia, las organizaciones que elaboraron el informe plantean varias recomendaciones, entre otras, que el Estado chino elabore un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos donde se adopten medidas urgentes para asegurar que sus entidades cumplan con sus obligaciones extraterritoriales, con el fin de prevenir los impactos al ambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.

Las organizaciones exigen a los bancos y a las empresas chinas que operan en Latinoamérica que lleven a cabo un examen de debida diligencia en todo el ciclo de sus proyectos y que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas, incluyendo el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.

Por otro lado, demandan mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil, y que se incorporen en los acuerdos de comercio cláusulas relativas a la protección de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Finalmente, el Colectivo también hace observaciones y recomendaciones específicas a las empresas  y entidades chinas, así como a los Estados que emitieron recomendaciones a China en el marco del EPU.

Descargue el resumen ejecutivo del reporte aquí

Para seguir el evento por redes sociales, seguir este enlace:https://fb.me/e/6AVqMMEmM.

En el día mundial del agua que celebramos cada 22 de marzo con el propósito de promover la importancia del vital líquido en el planeta, aún estamos muy lejos de lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 6 “cuyo fin es garantizar el acceso universal al agua limpia y un saneamiento adecuado a todo la población mundial antes del 2030”. Una de las metas establecidas para tal efecto es mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Lamentablemente nuestras principales fuentes hídricas se encuentran amenazadas por el acelerado aumento de la población, la creciente demanda de las actividades económicas como la minería y por el cambio climático. Todos estos factores están poniendo en peligro la existencia de nuestros manantiales, puquiales, bofedales, páramos, glaciares, lagunas, riachuelos y aguas subterráneas. A pesar de que el 70 por ciento del planeta está compuesto de este elemental líquido, el 97 por ciento es salada, y solo el 2.5 por ciento disponible en la tierra es agua dulce. De ello, tan solo el 0.007% corresponde al consumo humano y se encuentra en los ecosistemas frágiles que necesitamos conservar, principalmente en las cabeceras de cuenca con su riqueza hídrica .

La creciente contaminación minera nos plantea una grave amenaza para la salud humana y los ecosistemas. Un problema que a menudo subestiman tanto los responsables de las políticas públicas como los propios actores ante la grave situación hídrica. Un estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA 2016) ya nos alertó que los principales ríos del país están contaminados con coliformes fecales y metales pesados. Es decir, 129 cuencas hídricas del país están siendo contaminadas a través de 1210 vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales, mientras que existen otros 682 pasivos ambientales mineros y 372 fuentes de residuos sólidos que aportan a esa contaminación, y  ponen en riesgo así la salud de la población y los ecosistemas.

Necesitamos proteger nuestras cabeceras de cuenca

En esta jornada de alerta mundial del preciado líquido, debe ser prioridad la protección de las cabeceras de cuenca no solo como espacios que se alimentan de las lluvias, sino como zonas especiales de recarga hídrica y que tienen una conectividad hidrogeológica con el funcionamiento permanente del sistema hidrológico de una cuenca. Es importante e indispensable su protección, porque el país tiende a presentar condiciones de estrés hídrico, y se estima que para el año 2050 experimentará una situación crítica. Como vemos actualmente, la mayoría de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo son de tipo ambiental y están vinculados directamente con el agua.

Además, la gran diversidad de ecosistemas como los páramos, los bosques de neblina, las jalcas y los espacios medianamente planos también constituyen espacios que producen y almacenan aguas para alimentar a las cuencas mediante las turbas o ecosistemas florísticos que convierte al suelo en esponjas para alimentar a las cuencas. Con ello podemos garantizar la disponibilidad de agua para todos y todas tal como lo indica el objetivo de desarrollo sostenible. 

Urge una ley de vigilantes y monitores ambientales para la protección y cuidado del agua

Asimismo se hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Esperamos que el Congreso de la República debe priorizar el debate sobre su importancia para reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

El día 11 de marzo se ha publicado la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 077-2022-PCM, por la que se Crea el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha”, con la finalidad de culminar el proceso de reasentamiento de los pobladores de la ciudad de Morococha, sobre la que se vienen desarrollando el proyecto minero Toromocho, de la empresa minera Chinalco. En el grupo de trabajo se ha incorporado a diversas organizaciones de nivel distrital, provincial y vecinal de la población reasentada en la nueva ciudad de Morococha, conocida como: Carhuacoto; al igual que, autoridades distritales, provinciales y nacionales y a la propia empresa, pero lamentablemente no se ha incluido a las 18 familias aún no reasentadas de la antigua Morococha que se encuentra residiendo en esta ciudad.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0… by prensamuqui

Esta decisión contraviene la  LEY Nº 29869 – Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, ya que tanto el Estado como la empresa MINERA CHINALCO PERÚ S.A. asumieron la responsabilidad de “reasentar voluntariamente” a todas las personas que residían en esta ciudad antes del desarrollo de cualquier actividad de explotación minera, la cual aún no ha sido concluida. Adicionalmente debemos recordar que, actualmente las familias no reasentadas vienen enfrentados actos de hostilidad e incluso demandas judiciales de la empresa.

Por todo ello, es imprescindible que para una correcta y adecuada conclusión del proceso de reasentamiento de los pobladores de Morococha, el Ministerio de Energía y Minas (quien preside este grupo de trabajo) y/o la PCM deben  incorporar formalmente a las familias y sus representantes en proceso de dialogo; garantizando la protección de sus derechos y dignidad.

Frente a esta situación los dirigentes de las familias no reasentadas de Morococha han decidido viajar a Lima para reunirse con la PCM y Aníbal Torres, quien es quien firma la resolución ministerial de la creación del grupo de trabajo para la mesa de dálogo, e informarle de toda la problemática que vienen viviendo estos años de vivir entre escombros, sin servicios básicos y bajo la hostilidad de la empresa minera que solo ha querido expulsarlos de sus viviendas en estos años.

Exigen solución integral a su problemática y estarían de acuerdo en ser incluidos en la mesa de diálogo siempre y cuando se trate su agenda directamente.

Durante el lunes 14 y martes 15 de marzo se realizó el I Congreso Nacional de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

La agenda desarrollada por las delegaciones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, lima y provincias, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno, se basó en la presentación de los casos de contaminación y afectación a las personas en las regiones mencionadas. La realización de un balance de la directiva saliente presidida por la compañera Yolanda Zurita de Junín y la renovación la dirigencia nacional, debido también al crecimiento de la organización en los últimos dos años. La participación de autoridades del Ejecutivo como el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, y el representante del ministerio de Vivienda, así como la representante de la Defensoría del Pueblo y la congresista Ruth Luque, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente y Pueblos Andinos.

Quien también se hizo presente para presentar un balance de su gestión respecto a la demanda de los afectados por metales tóxicos, fue la ex presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, quién destacó la aprobación del Plan Especial Multisectorial, y del presupuesto aprobado de 50 millones para este año 2022 para la atención de los afectados por metales tóxicos, propuesta legislativa de la congresista Ruth Luque, aceptada durante la gestión de Vásquez y el ex ministro de Economía Pedro Francke.

La nueva directiva central elegida para el período 2022-2024 es presidida por Félix Suasaca de Puno como coordinador, Elsa Benavente de Huancavelica, Paulina Valdiviezo de Cajamarca y Milton Saquiray de Morona Loreto. Su principal desafío, como lo mencionaron durante el Congreso, es que el gobierno implemente el Plan de manera participativa y descentralizada con la organización de los afectados y afectadas por metales tóxicos.

En palabras de Ruth Luque, «mucho de lo que se necesita para atención a las personas afectadas es estructura, no tenemos personal especializado para la atención, eso es algo que se necesita incidir en este proceso de implementación del Plan. Necesitamos médicos de esos territorios o cercanos especializados en esa atención, porque muchos de ellos solo se encuentran en las ciudades».