Por: Bladimir Martínez – Equipo Técnico de DHUMA-Puno

Los grandes retos en materia ambiental del Perú a los que el presidente electo Pedro Castillo Terrones hizo referencia en su mensaje a la nación el 28 de julio, están ligados intrínsecamente a las actividades mineras y sus impactos en el ambiente.

En las dos últimas décadas, la industria minera peruana ha tenido una presencia importante a nivel mundial, principalmente, porque el Perú es considerado como uno de los principales países productores de minerales. Según la encuesta mundial Mineral Commodity Summaries[1], el Perú cuenta con las mayores reservas de plata a nivel mundial, segundo país con las mayores reservas de cobre y molibdeno; así como cuarto en reservas de plomo. Además, a nivel latinoamericano, ocupa el primer lugar en reservas de plomo, plata y molibdeno, el segundo lugar en reservas zinc, oro y cobre, y el tercer lugar en reservas de estaño[2].

Sin embargo, el apogeo de la minería en el Perú y su impacto positivo sobre la economía nacional entre los años 2003 y 2012 “han estado acompañados del crecimiento de varias actividades abiertamente ilícitas”. En ese sentido, “[la] tala y la minería ilegal y narcotráfico son algunos de los rubros que se han expandido en diferentes zonas del país, y su influencia ha sido y continúa siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado” [3]. Adicionalmente, se evidencia la proliferación de la minería ilegal cuya expansión está directamente vinculada con el incremento de precio de los minerales o su alta cotización internacional[4].

En el año 2014, el MINAM advirtió que la minería ilegal venía operando en todas las regiones del Perú[5]. En los estudios realizados en los últimos años, se observa que las regiones del país más afectadas por este fenómeno son principalmente las que se encuentran en la Amazonía y la zona andina: Madre de Dios, Cusco, Puno[6].

Dentro de los impactos más graves de esta cancerígena actividad se encuentra la contaminación del agua, especialmente cuando el Perú ocupa un lugar privilegiado en el mundo respecto a la disponibilidad de agua, según lo señalado por las Naciones Unidas, puesto que está ubicado dentro de tres vertientes hidrográficas: Atlántico o Amazonas, que cuenta con el 97,3 % del agua disponible; Pacífico con el 2,2 %; y Lago Titicaca con el 0,6 % del agua; según refiere el informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA “entre las principales fuentes de contaminación se tiene la existencia de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos; así como las toneladas de mercurio arrojadas a los ríos producto de la minería ilegal”[7].

Asimismo, según refiere la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata sobre mercurio en el Perú[8], en el período 1981 y 2003 se degradó el 15,3 % del territorio peruano (19 271 100 has). En esa línea, se estimó que “de continuar este ritmo de degradación, al año 2100, el 64 % del territorio del Perú, estará afectado por procesos de esta naturaleza, lo que incluye a la costa y sierra”.

La contaminación causada por la minería, es una muestra del fracaso de la implementación del Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica Ambiental como medidas de gestión territorial por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ello, se debe reestructurar el procedimiento para incluir la participación de las comunidades originarias, y permitir que estas organicen su territorio bajo su derecho consuetudinario.

Por lo anterior, no solo basta con garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental como lo mencionó el 28 de julio el presidente electo, sino también se debe dotar de herramientas participativas para promover la vigilancia y monitoreo ambiental desde los territorios, especialmente en territorios con actividad minera, para de esta forma potenciar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, el camino hacia la minería sostenible no es la única opción, en cambio se debe promover las alternativas al desarrollo y siembra y cosecha de agua desde los pueblos y para el pueblo.

Por último, si bien el anuncio del presidente Castillo respecto a la creación de instrumentos de gestión para la implementación de un Plan Nacional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas es un anuncio alentador, este debe garantizar que los más de 10 millones de peruanos expuestos a estas sustancias toxicas puedan acudir a atención integra de salud oportuna[9].

 

[1] U.S. Geological Survey (2020). Mineral Commodity Summaries 2020. U.S.: U.S. Geological Survey.

[2] Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2020a). Anuario Minero, 2019. Lima: MINEM.

[3] De Echave, J. (2016). La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. Nueva Sociedad, 263, pp. 131 – 144.

[4] Barba, R. (2020). La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía. Universidad de Navarra. Recuperado de https://www.unav.edu/web/globalaffairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia.

[5] Ministerio del Ambiente – MINAM (2014). MINAM. Esta no es una revista más sobre el medio ambiente. Quién es quién en la minería ilegal. Lima: MINAM.

[6] Rumbo Minero (2019). Madre de Dios, Cusco y Puno son las regiones más afectadas por la minería ilegal en Perú. Rumbo Minero. Recuperado de https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/madre-de-dios-cusco-ypuno-son-las-regiones-mas-afectadas-por-la-mineria-ilegal-en-peru/.

[7] Tipian, P. y Vásquez, L. (2019). Informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA En defensa de nuestros recursos hídricos: Actuación defensorial frente a la gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal. Lima: Defensoría del Pueblo.

[8] Ministerio del Ambiente – MINAM (2020). Evaluación inicial del Convenio de Minamata. Sobre el mercurio en el Perú. Lima: MINAM.

[9] INFORME N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA. Propuesta de modificación de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM mediante la que se crea la Comisión Multisectorial para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población Expuesta a Metales Pesados.

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.

Después de 11 días de paro indefinido, las comunidades de Huascabamba, Cruzpampa y Cancahuani (distrito Ccapacmarca), Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya (distrito Colquemarca), y Huininquiri (distrito Santo Tomás), levantaron la medida de protesta tras el pedido del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien se comprometió en solucionar sus demandas en el lapso de 60 días, luego de reunirse durante 3 horas con los dirigentes comunales de Chumbivilcas y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Mayta. También participaron de la reunión como observadoras, las congresistas del Cusco: Ruth Luque de Juntos por el Perú y Katy Ugarte de Perú Libre.

La reunión se desarrolló desde las 10 y 30am en el sector de Muyoq Orcco – Yavi Yavi en Chumbivilcas. El presidente de la PCM, Guido Bellido, llegó al lugar en caballo escoltado por las rondas campesinas de la zona.

Demandas de las comunidades

Durante la reunión el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH), Wilber Fuentes, expuso las demandas de las comunidades para que el ejecutivo viabilice su solución:

  1. Derogatoria de la R.M. N° 372-2018-MTC – mientras no haya saneamiento legal de los terrenos comunales-.
  2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
  3. Solicitamos y exigimos ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
  4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
  5. No a la criminalización de la protesta.

La disputa por el territorio

Las comunidades en protesta de Chumbivilcas exigen la nulidad de la RM. N° 372-2018-MTC, debido a que a través de esa resolución del 2018, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones reconvirtió las vías comunales de las comunidades de Chumbivilcas en vía nacional para el pase de los camiones de la empresa minera MMG Las Bambas. El MTC arguye que esta reconversión fue a solicitud de los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa. El corredor minero sur atraviesa las provincias de Cotabambas en Apurímac y Chumbivilcas en Cusco.

Esta reconversión de las vías comunales por parte del MTC, que pertenecen al territorio de las comunidades indígenas, nunca fueron consultadas a la población. Además, el MTC nunca compró los terrenos a las comunidades.

Ahora las comunidades exigen que la empresa minera MMG Las Bambas les indemnice por el daño ambiental causado todos estos años por el paso de 300 camiones diarios por su comunidades, confirmado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y, les pague en la actualidad por el uso de su territorio a través de un contrato por servidumbre minera.

Anteriormente la empresa minera MMG Las Bambas había evaluado realizar un mineroducto para trasladar sus minerales, tal como estaba en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original de hace varios años; sin embargo, hasta ahora no hay una decisión al respecto. También se había evaluado transportar los minerales a través de un tren. Por ahora lo que exigen las comunidades es el justo pago de la empresa minera por trasladar sus minerales por su territorio.

Plazo al gobierno

Si bien las comunidades han aceptado levantar el paro, dentro de un mes van a evaluar como se va avanzando en la solución de sus demandas. El presidente de la PCM, Guido Bellido, señaló que en dos semanas ya estará instalada la mesa de técnica para viabilizar la solución a las demandas. Cabe resaltar que el actual premier es de Chumbivilcas, Cusco.

Red Muqui y la asociación Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF) ante la violenta represión policial frente a las protestas sociales de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas y la falta de atención del Estado y la empresa minera Las Bambas expresamos lo siguiente:

Primero. – Las comunidades campesinas del corredor minero en Chumbivilcas denuncian afectaciones e impactos ambientales por el paso de camiones mineros que transportan concentrado de cobre de la empresa minera MMG Las Bambas, pese a que OEFA le ha ordenado en septiembre de 2019 incluir el corredor vial como componente minero, hasta la fecha no lo hace. Esto ha generado continuas protestas sociales en la zona, desde el 2017 al 2021, como respuesta el Gobierno ha declarado el Corredor Vial Minero en Estado de Emergencia permanente para garantizar el transporte minero. Solicitamos la inmediata atención desde el gobierno central, haciendo efectiva la resolución del OEFA.

Segundo. – Las comunidades campesinas denuncian que fue arbitraria la reclasificación de vías comunales en vía nacional a través de la RM 372-2018-MTC, es decir, el MTC hasta la fecha no es propietaria de la carretera así mismo ha omitido la consulta previa, libre e informada. Al respecto varias comunidades acudieron al sistema de justicia para revertir esta situación, sin embargo, tampoco han encontrado respuesta hasta el momento. Las comunidades señalan que agotaron casi todas las vías del diálogo y de las acciones judiciales y administrativas, y por ello han iniciado su protesta. Es fundamental que el MTC de soluciones inmediatas a estos casos de reclasificación de vías locales a nacionales, así como considerar los impactos a las poblaciones que vienen siendo afectados.

Tercero. – La protesta social iniciada el 23 de julio por las comunidades que habitan en el recorrido del Corredor Vial Minero el último sábado fueron reprimidos por la fuerza policial mediante uso de perdigones y bombas lacrimógenas, dejando como resultado al menos 9 mujeres y 6 varones heridos, al momento no se conoce la situación de salud de estas personas. El uso de la fuerza y la violencia por parte de la PNP no va a resolver las legítimas demandas de las comunidades del corredor minero, por el contrario, la agrava. Por ello exigimos que se inicien las indagaciones para determinar las responsabilidades en la institución policial.

Exhortamos al nuevo gobierno de Pedro Castillo debe constituir una comisión de alto nivel que atienda las demandas y proteja la vida y libertad de las comuneras y comuneros históricamente excluidos, así como a cumplir los acuerdos.

Así mismo hacemos el llamado a la Defensoría del Pueblo, a las/os congresistas por Cusco y a las autoridades competentes estar atentos a las posibles afectaciones de derechos contra los pueblos originarios de Chumbivilcas.

 

Cusco, 28 de julio 2021

PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

Desde el 23 de julio la comunidad campesina Huininquire del distrito Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, viene protestando debido al abandono de la mesa de diálogo por parte de la empresa minera china MMG Las Bambas desde el 10 de junio. Diariamente pasan más de 400 camiones con minerales por la única vía comunal de su territorio, y el Estado y la empresa minera no dan solución desde hace varios años a las legítimas exigencias de la comunidad de Huininquire, y las comunidades de Yanque Lacca Lacca – del distrito de Colquemarca- y Cancahuani y Cruzpampa – del distrito de Ccapacmarca-, pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas de Cusco región, quienes desde el domingo se han sumado a las protestas.

Represión deja 15 heridos

El sábado 24 de julio, de acuerdo al testimonio de Sitxo Huamaní, presidente de la comunidad Huininquire, los comuneros se encontraban realizando una olla común en la vía comunal de su territorio, como una medida de protesta frente a la falta de solución a sus demandas y la PNP arribó en 7 buses desde el lado norte y sur de la carretera y se bajaron con personal militar y voltearon sus ollas donde estaban preparando sus alimentos. Los comuneros reclamaron frente al abuso y la policía empezó a disparar perdigones y bombas lacrimógenas para dispersarlos, dejando 15 heridos, 2 de gravedad que ya fueron dados de alta, de acuerdo a declaraciones también del dirigente Wilber Fuentes, presidente del Frente Único de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas.

Además, producto de las bombas lacrimógenas, 3 hectáreas de pastizales se quemaron.

De acuerdo a las indagaciones que hicieron entre los propios comuneros, identificaron al comandante Q. Gallardo como responsable de la represión policial.

Protestas continuarán hasta el 4 de agosto

El dirigente Wilber Fuentes señaló que el día de hoy, 26 de julio, las protestas continúan en las comunidades Yanque Lacca Lacca, Cancahuani, Cruzpampa y Huascabamba, y se desarrollarán hasta el 4 de agosto, que se reinstalará la mesa de diálogo en Chumbivilcas, tras la aceptación de la empresa minera en retomar el diálogo. Asimismo, las comunidades mencionadas y sus dirigentes esperan que el presidente electo, Pedro Castillo, se pronuncie el 28 de julio en su mensaje a la nación respecto a la problemática del corredor minero sur que también involucra a las comunidades de la provincia de Cotabambas en Apurímac, con quienes vienen coordinando los dirigentes de Chumbivilcas de Cusco. Los dirigentes exigen, además, que se sancione a los policías responsables a cargo del operativo y de la represión directa a los 15 comuneros que resultaron heridos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demandas de las comunidades Chumbivilcas son:

  1. Desconocimiento de la R. M. N° 372-2018-MTC (Mientras no haya saneamiento legal de nuestros terrenos comunales).
  2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
  3. Solicitamos y exigimos ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
  4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
  5. Si las comunidades aceptan vender sus terrenos al MTC, estos deben ser a valores comerciales.
  6. No a la criminalización de la protesta.

Pronunciamiento de las comunidades de Chumbivilcas afectadas por el corredor minero sur de la empresa minera MMG Las Bambas del 11 de junio, en que sustenta el por qué de sus exigencias.

Faltan pocos días para que Pedro Castillo juramente como presidente de la República el 28 de julio y de su mensaje central sobre las políticas públicas que piensa impulsar durante sus primeros meses de gobierno, así como la presentación del gabinete ministerial que lo acompañará para la implementación de sus medidas. Durante estos días el electo presidente ha anunciado que convoca a todos los sectores políticos a trabajar por el país, incluida Keiko Fujimori. Frente a este escenario, hay muchas expectativas desde las comunidades y organizaciones sociales del país, que jugaron un rol importante para la victoria de Pedro Castillo.

El día de hoy, 23 de julio en la entrega de su credencial como presidente de la República en el JNE, Castillo acaba de declarar que respetará la institucionalidad respetando esta Constitución, pero que esta debe ser evaluada por los peruanos y peruanas, para que sea el pueblo quien determine si quiere una nueva Constitución o no.

Asimismo, añadió que “venimos a gestar el verdadero modelo peruano. No vamos a distraernos en otras cosas. Rechazo que vamos a traer modelos de otros países”. Y precisó que las principales acciones que tomará serán las que le permitan combatir la pandemia para reactivar la economía de todos los peruanos.

Para esta semana clave, conversamos con Mario Chirapo, uno de los voceros de valle de Tambo, para que nos comparta las expectativas de los sectores organizados del valle. Mario ha estado acampando junto a cientos de personas desde hace más de 50 días frente al JNE, exigiendo la proclamación de Castillo como presidente.

“Como valle de Tambo, esperamos que el 28 de julio el presidente Castillo se ratifique en decir no al proyecto minero Tía María. Hemos tenido una reunión con él en días pasados para presentar proyectos agrícolas, la necesidad de implementar la petroquímica para el sur, apoyo a la ganadería, pesca y turismo en el sur y todo el Perú para no depender solo de la actividad minera”.

Mario Chirapo agrega, que en la reunión también el presidente reconoció la importancia de trabajar la siembra y cosecha de agua, como lo señaló en el debate presidencial. “Hablamos de impulsar el desarrollo productivo y sostenible donde la población y el Estado no haga un conflicto social, que los proyectos salgan de la población con sus profesionales que tiene cada distrito, provincia, región”.

Sobre la Constitución, Mario precisa que todas las organizaciones a nivel de la macro sur, piden el cambio de la Constitución para tener una economía de los pueblos. “Ese debe ser el mensaje principal el 28 de julio”.

Sobre el gabinete, el vocero de valle de Tambo precisó que los ministros deberían ser personas que conozcan las problemáticas de las comunidades y poblaciones de las regiones del país, sobre todo la problemática minera y ambiental. En ese sentido, señaló que los economistas Pedro Francke, Juan Aste, Humberto Campodonico, cumplen ese perfil. ”Si es así podríamos tener la seguridad que van a apoyar a la población”.

Sobre la criminalización de la protesta, señaló que están conversando con los congresistas electos y esperan trabajar con quien sea designado como ministro de Justicia para derogar las leyes represivas que tiene el Estado y que las han vivido en carne propia en el valle de Tambo de la provincia de Islay, Arequipa.

Sobre el rol de los movimientos sociales, Mario precisó que a nivel de la macro Sur se están articulando con las organizaciones de Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua y Tacna para empujar los cambios que el país necesita, siendo un nexo con el gobierno, y empujar el cambio de Constitución.

De la misma opinión es Félix Suasaca, presidente del Frente Único de Defensa de la cuenca del río Coata de Puno, quien espera que Castillo en su mensaje a la nación convoque políticamente al pueblo peruano para gestar una nueva constitución plurinacional que proteja los derechos colectivos del pueblo y recupere la soberanía de nuestro país.

“La nueva constitución tiene que llevarse sí o sí, vía consulta o vía asamblea popular constituyente. Si Castillo no lo convoca, el pueblo lo convocará. Nuestra exigencia es clara desde la macro Sur a punta de luchas porque solo así el Estado peruano responderá a nuestras exigencias de cambio”.

“En Puno el pueblo apoyó a Castillo y lo que queremos es que Pedro en su mensaje de toda la autoridad al pueblo, y las instituciones no sean copados por el partido sino por representantes del pueblo en general y no solo de la élite limeña”.

El dirigente Suasaca agregó que Castillo debe señalar que “hay que salvar la vida humana de hombres, mujeres y niños que vivimos con metales pesados en el cuerpo, con aguas contaminadas a su alrededor. Salvar los ríos y lagos como el Titicaca, contaminados por la actividad minera y otros agentes contaminantes y reconocer la importancia de estas cuencas y el agro para un desarrollo sostenible”.

Asimismo, precisó que se deben cambiar las leyes que dan estabilidad tributaria las grandes empresas mineras.

Sobre el eje ambiental, que es una problemática importante en Puno, señaló que Castillo debe anunciar la realización de proyectos que recuperen las áreas degradadas, así como el fortalecimiento de la atención primaria de salud y la construcción de hospitales con atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos.

Sobre el gabinete ministerial que asumirá la conducción del país, precisó que “deben ser inclusivos y que traten bien a la gente del Perú profundo. Ministros y viceministros con arraigo del pueblo, mas no lo que viven en los distritos de la elite limeña”. Recordó que durante sus múltiples visitas a lima, cuando iba a reuniones en los ministerios le decían que para entrar tenía que sacarse su sombrero.

Finalmente, sobre el rol del movimiento social, precisó que el nuevo gobierno debe respetar la autonomía de las organizaciones sociales. El Frente Único de Defensa de la cuenca del Coata pertenece a la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, Metaloides y otras Sustancias Químicas, que a la vez agrupa a organizaciones de 16 regiones. “Nosotros defendemos los derechos humanos de nuestras comunidades, el derecho a la vida, al ambiente y a la salud y el gobierno tiene que escucharnos”.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente, Pedro Castillo ha sido proclamado como presidente electo del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2021-2026. De esta forma la señora Keiko Fujimori afronta su tercera derrota y esperemos la última, ya que el fujimorismo y sus aliados han querido desconocer hasta el ultimo momento el actual proceso electoral hablando de fraude, aun ahora insisten que la elección de Castillo no es legítima, y que seguirán movilizados para reclamar su “derecho al voto”. Para la mayoría de peruanos y peruanas va quedando claro que la elección de Castillo es legítima y  la urgencia de cambios en nuestro país es necesaria, por ello esperamos que las promesas políticas señaladas por Pedro Castillo sean asumidas y canalizadas adecuadamente.

Dentro de las medidas más urgentes que tiene que atender el gobierno del Castillo están la atención a la pandemia de la Covid-19, la educación y el retorno a las clases, la reactivación económica, atención a la agenda postergada de los pueblos andinos y amazónicos, así como encausar la convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores y actores del país. En su primer discurso como presidente electo ante el JNE, Pedro Castillo ha señalado que la prioridad de su gobierno será atender la pandemia, la educación y la niñez, y ha convocado a todas las fuerzas políticas y actores sociales del país a construir la unidad del Perú en el año del Bicentenario. Esperemos que estos compromisos asumidos se mantengan hasta el final de su mandato, y que en los primeros 100 días de su gobierno podamos ver el inicio de ese proceso de cambio.

En la línea de plantear la agenda de los pueblos en los 100 primeros días del gobierno de Castillo, desde la Red Muqui alcanzaremos algunas propuestas y agendas que se deben anunciar en el mensaje a la nación del 28 de julio próximo. Dado que el principal respaldo de Castillo proviene de las poblaciones rurales en el país, es imperativo que se tomen medidas de reconocimiento pleno a las autonomías de los pueblos y al respeto a sus propias decisiones, sin discriminación y racismo; apoyo decidido a la agricultura familiar, ya que es este sector el que ha venido sosteniendo la alimentación de millones de peruanos durante la pandemia, y sobre todo que se debe diversificar la economía y no solo depender de las rentas del extractivismo minero, dado que los impactos que esta actividad genera en los territorios son más que evidentes. Esperamos que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos y desde la Red Muqui le auguramos los mejores éxitos en tiempos tan difíciles.

El 7 de julio el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, presidido por el presidente Fernando Gala Soldevilla, declaró infundado el recurso de nulidad que presento la Municipalidad Provincial de Huancavelica en contra de la Resolución Directoral N° 0171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A. La Municipalidad de Huancavelica recibió esta resolución el 19 de julio.

Esta es una decisión lamentable, pues la Municipalidad de Huancavelica había advertido en reiteradas ocasiones que la zona en la que se llevaría adelante las actividades de exploración pondrían en grave riesgo las fuentes de agua, de donde se capta el recurso hídrico para dotar de agua potable a las localidades de Huancavelica y Ascensión. Actualmente estas aguas ya tienen presencia de metales pesados como arsénico, por ello la empresa de saneamiento realiza un tratamiento especial para que el agua sea proveída con calidad a los pobladores. Cualquier alteración en este ecosistema agravaría la calidad del agua, como lo que ocurriría con las actividades de exploración.

Resolución del Consejo de Minería

Como se sabe, el Consejo de Minería es la última instancia para ver asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa y que hace parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La Municipalidad Provincial de Huancavelica esperaba que este ente valorara todos los informes que habían presentado, advirtiendo del riesgo ambiental que existía, el cual no ha sido valorado ni explicado en la resolución.

Ver la respuesta del Consejo de Minería en “el análisis de la cuestión controvertida” en la resolución que emitieron:

Con esta decisión se ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano, la salud humana y el medio ambiente de la población en Huancavelica.

Movilización

El día de hoy, miércoles 21 de julio, diversas organizaciones sociales se movilizaron en rechazo de las decisiones del MINEM y el desarrollo del proyecto minero de exploración.

Para este jueves 22 de julio a las 2pm la Municipalidad Provincial de Huancavelica está convocando a las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general a una reunión de urgencia para acordar acciones inmediatas ante la resolución del Consejo de Minería, que da luz verde al inicio de exploraciones del proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Por: Abog. Rodrigo Lauracio / Área de incidencia legal de Red Muqui.

Recientemente el Tribunal Constitucional emitió una nueva sentencia relacionada al derecho de consulta previa y su exigibilidad ante los procedimientos del sector minero, hibrocarburífero y electricidad (Sentencia EXP. N.° 01717-2014-PC/TC).

En noviembre de 2013, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS Perú) presentó una demanda de cumplimiento ante la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; solicitando que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) someta a proceso de consulta previa la Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM. Esta norma había aprobado los procedimientos del sector hidrocarburífero y electricidad estarían sometidos a consulta. Posteriormente en el 2015, esta resolución fue reemplazada por Resolución Ministerial N° 209-2015-MEM/DM, con un contenido similar, variando solo el órgano a cargo de llevar adelante los procesos de consulta previa.

Es importante recordar que, el derecho a la consulta previa ha sido recogido en el Convenio N° 169 de la OIT, el cual ha sido ratificado por el Estado peruano en el año 1994 y entro en vigor el 2 de febrero de 1995, tal como lo ha ratificado el Tribunal Constitucional:

“La exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT. Este Convenio fue aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 26253, ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través del depósito de ratificación con fecha 02 de febrero de 1994. Y conforme a lo establecido en el artículo 38. 3 del referido Convenio, éste entró en vigor doce meses después de la fecha en que nuestro país registró la ratificación. Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento”. (STC. EXP. N° la 00025-2009-PI/TC. Fundamento 23).

Esto significa que todos los órganos estatales estaban en obligación de dar cumplimiento a las disposiciones de este tratado, en especial el consultar todas las medidas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos indígenas, conforme al artículo 6°[1]. Este tratado también ha sido desarrollado por la Ley N° 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional Del Trabajo (OIT).

La regulación de las actividades extractivas y la protección de los derechos colectivos de pueblos indígenas, a lo largo de estos años han conllevado grandes discusiones, no solo entre empresas extractivas y pueblos indígenas; sino incluso dentro los mismos órganos estatales y órganos judiciales a los que se recurre exigiendo su protección. El MINEM, como órgano competente en el aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros en el país, fue regulando con avances y retrocesos la implementación del derecho a la consulta previa en las actividades de exploración y explotación de estos recursos naturales; las cuales han sido cuestionadas reiteradas veces por diferentes pueblos indígenas.

Es en ese marco, que se cuestionó la Resolución Ministerial N° 209-2015-MEM/DM que fue elaborada y aprobada sin consulta por el MINEM, disponiendo que 8 procedimientos del sub sector hidrocarburífero[2] y 6 del sub sector electricidad[3] estén sujetos a consulta previa a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Para el caso del sub sector minero, en el año 2019 se emitió la Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM, que estableció que 6 procedimientos estarían sujetos a consulta[4]; lamentablemente pese a que se haya pedido al Tribunal se resuelva sobre este ámbito, decidió excluirla de la demanda.

En la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien no establece la inconstitucionalidad de estas Resoluciones Ministeriales, por no haber sido sometidas a consulta previa antes de su aprobación; debemos resaltar que reconoce la obligación del Estado y el MINEM en consultar cada uno de los procedimientos establecidos e incluso aquellos que no estuvieran identificados, pero que en un caso en específico se determinara que afecta directamente a un pueblo indígena, como sucede con las concesiones mineras que otorga el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en territorio indígena, o la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier actividad extractiva.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, este Tribunal concluye que la identificación de los procedimientos administrativos dispuesta en la Resolución Ministerial 209-2015-MEM/DM, no puede ser interpretada en un sentido restringido, sino en uno amplio, de conformidad con el contenido del derecho a la consulta previa, bajo el cual los procedimientos administrativos objeto de consulta previa, en materia de hidrocarburos y electricidad, no se limitan a los enumerados en dicha resolución”. (STC. EXP. N.° 01717-2014-PC/TC. Fundamento 57).

Finalmente, el Tribunal también ha exhortado al Poder Ejecutivo a implementar los procesos de consulta previa en la aprobación de medidas legales o administrativas. Recordemos que hasta hoy, muchas normas emitidas por el Ejecutivo, en general, y las correspondientes al sector minero se viene implementando sin el estricto cumplimiento de su contenido[5] (reduciéndolas a un mero complimiento administrativo) o simplemente omitiéndola, causando una grave violación a este derecho fundamental.

“Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal exhorta al poder ejecutivo a que incluya la participación de las comunidades indígenas y originarias en la implementación del procedimiento de consulta previa. La participación de las comunidades interesadas en la elaboración e implementación de las medidas legales o administrativas permite, entre otras cosas, que se tenga un verdadero conocimiento de la realidad, de cara a buscar medidas inclusivas que permitan un ejercicio real de la consulta previa. Ello contribuye a una participación más efectiva de los pueblos indígenas y originarios en el Estado, lo que, desde luego, fortalece a la democracia”. (Ídem. Fundamento 61).

A casi 10 años de la aprobación de la Ley de Consulta Previa – Ley N° 29785  en nuestro país, que generó mucha expectativa en las comunidades andinas y amazónicas, el balance no es positivo; ya que su implementación en la práctica fue distorsionando y limitado, al punto que los pueblos indígenas han tenido que acudir a los órganos judiciales a través de procesos constitucionales de amparo, para exigir que se cumpla con garantizar plenamente la consulta previa, no solo para el inicio de operaciones mineras o petroleras, si no también para medidas administrativas como en el presente caso. Corresponde hacer un balance integral sobre la aplicación y protección de este derecho en nuestro país y sobre todo revisar el rol que ha asumido el Estado en su implementación, así como el de las empresas extractivas.

[1]Convenio 169 de la OIT, Artículo 6, 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; […].

[2] Concesión de transporte de hidrocarburos por ductos, Concesión de distribución de gas natural por red de ductos, Modificación de la Concesión (sólo si se trata de ampliación), Autorización de instalación y operación de ducto para uso propio y principal, Modificación o transferencia de autorización de instalación y operación de ducto para uso propio y principal (sólo si se trata de ampliación de terreno para la operación del ducto), Decreto Supremo que aprueba la suscripción de Contratos de Exploración y Explotación de lotes petroleros y gasfiteros y el Informe Técnico Favorable para la instalación de Plantas de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y Estaciones de Servicio.

[3] Otorgamiento de concesión definitiva de generación, transmisión y distribución, Otorgamiento de Concesión Rural, Modificación de concesión definitiva de generación y transmisión (sólo si implica ocupación de nuevas áreas), Otorgamiento de Autorización de generación termoeléctrica, Otorgamiento de Autorización para exploración de recursos geotérmicos y el Otorgamiento de Concesión para explotación de recursos geotérmicos.

[4] Otorgamiento y modificación de concesión de beneficio, Autorización para inicio/reinicio de las actividades de exploración, desarrollo, preparación, explotación (incluye plan de minado y botaderos) en concesiones mineras metálicas, no metálicas, y modificatorias; y Otorgamiento y modificación de la concesión de transporte minero y de la concesión de labor general.

[5]IX. Elementos y características del derecho de consulta.

Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular interés ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consultadas, podrían ser materia de cuestionamientos. Así, de la propia normativa del convenio se extraen las principales características de este derecho, a saber: a) la buena fe, b) la flexibilidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementación previa del proceso de consulta. Estas características son también principios orientadores, así, en caso de presentarse vacíos en la legislación se tendrá que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos elementos se encuentran ausentes, la afectación del derecho de consulta se tendrá que comprender como una de tipo arbitraria y por lo tanto inconstitucional”. (STC. EXP. N.° 0022-2009-PI/TC. Fundamento 26).