Como se sabe el Primer Juzgado Unipersonal Provincial Penal de Ica programo audiencia de inicio de juicio oral para el caso de los dirigentes de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herberth Huaman Llave y Sergio Huamani Hilario (FUDIE) a quienes el Ministerio Público acusa de varios delitos contra la tranquilidad pública por el conflicto ambiental suscitado en mayo del 2012 en la provincia de Espinar – Cusco, contra la empresa minera Xtrata Tintaya hoy Glencore Antapaccay, solicitando más de 20 años de pena privativa de libertad para los dirigentes sociales.

La audiencia se desarrolló el día de hoy, a las 8.30 am, en las instalaciones del Poder Judicial de Ica, estando a cargo el Juez Darcy Vivanco Bayllon, donde concurrieron solo dos de los acusados, con sus abogados. La ausencia de dirigente del FUDIE Herbert Huaman Llaves,  fue justificada por su abogado, aduciendo que su patrocinado por motivos laborales no pudo desplazarse hasta la ciudad de Ica, acreditando lo dicho con la entrega de un certificado de trabajo, además sostuvo que las distancias geográficas desde Espinar a Cusco impiden que su patrocinado esté presente en el juicio. Estos argumentos no fueron suficientes para revocar la decisión del magistrado, quien decreto el traslado compulsivo de Herbert Huaman Llave, el magistrado sostuvo que ni el trabajo o la distancia geografía de Espinar a Ica justifican válidamente su ausencia, y que solo frustra la instalación de juicio, puesto que existe resoluciones administrativas que obligan a los dirigentes a ser juzgados en el distrito judicial de Ica y que los acusados teniendo conocimiento de la medida deben de tomar las acciones previsoras para garantizar su presencia. Pese a que la defensa técnica sostuvieron que es obligación del juzgado garantizar el derecho de defensa y que debido a la desigualdad de armas que existe entre las partes por el traslado de competencia, se debía resolver tomando en consideración las circunstancias de complejidad del caso, no fue suficiente para que el Juez Vivando deje sin efecto su medida, confirmando la declaratoria como reo contumaz al dirigente social.

Finalmente se reprogramó la audiencia de instalación de juicio oral  para el día 20 de agosto del año en curso a horas 14.00 pm.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

Hace más de dos meses se realizó en Lima la COP 20 donde se produjo el “Llamado de Lima a la Acción Climática” que dejó tareas pendientes que los Estados deben cumplir. Una de esas tareas es la elaboración –y su respectiva comunicación- de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas o también llamadas INDC las cuales deben comunicarse antes de la realización de la COP 21 en París en diciembre de este año. El Grupo Perú COP llama la atención del Gobierno pues aún no se tienen noticias sobre el proceso de la elaboración de las INDC peruanas.

Esperamos que este proceso no se realice a puertas cerradas como en anteriores ocasiones, cuando Perú envió sus compromisos climáticos en el año 2010 sin la participación de la sociedad civil ni de los pueblos indígenas. Por el contrario, exigimos  un proceso abierto que cuente con la participación la sociedad civil y recoja los aportes para la construcción consensuada de las INDC. Debemos seguir el ejemplo de otros países de la región, miembros y afines a AILAC (grupo del que Perú forma parte en las negociaciones de la CMNUCC), como Chile que viene realizando un proceso de discusión pública de sus contribuciones o como México que ya ha convocado a sesiones para realizar este proceso. Somos conscientes que solo se podrá alcanzar el cumplimiento de las INDC que Perú proponga con el consenso de la sociedad en su conjunto. Es así que el Grupo Perú COP demanda mayor transparencia y participación en los procesos de elaboración de las INDC.

Asimismo, la decisión de la COP 20 establece que los Estados pueden incluir adaptación dentro de las INDC, y en el caso de Perú esta debería ser una obligación. Nuestro país al ser uno de los más vulnerables al cambio climático, requiere que la atención no solo se centre en la mitigación, sino en acciones de adaptación que permitan reducir nuestra vulnerabilidad.

Las INDC constituyen un tema de relevancia nacional donde se deben hacer priorizaciones que deben ser discutidas por la sociedad en su conjunto. Esperamos que las políticas de cambio climático no sigan aisladas, sino que tengan un norte claro. Las INDC deberían vincularse con la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, el Acuerdo Perú-Noruega-Alemania, entre otras políticas. El Grupo Perú COP exige un diálogo participativo vinculante, transparencia, coherencia y articulación entre las diversas incitativas que se realizan sobre cambio climático. Asimismo, demanda mayor involucramiento de los diferentes Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades; y mayor coordinación en la elaboración de acciones contra el cambio climático.

Esperamos que en la próxima sesión de la Comisión Nacional de Cambio Climático pueda abordarse esta temática y dar luces sobre los avances de las INDC peruanas e iniciar un proceso transparente, participativo y descentralizado.

Grupo Perú COP

Desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa en nuestro país, en agosto de 2011, ya son 20 los procesos que están o en ejecución, y ya 8 concluidos. Once de ellos corresponden a exploración y explotación de hidrocarburos, aunque en minería todavía ninguno se ha llevado a cabo.

En reglamento de la ley de Consulta Previa se aprobó en 2012. La medida busca, principalmente, garantizar el respeto al medio ambiente y a los derechos colectivos de las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia de cada proyecto de inversión, de modo que se evite la conflictividad social.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo de conflictos sociales de enero de 2015, las actividades que mayor conflictividad social arrastran son las que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería e hidrocarburos.

Y es ahí a donde la consulta previa tiene su mayor desafío como instrumento que debe permitir garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Pero ¿Qué se consulta a los pueblos indígenas? La investigadora Riccarda Flemmer, autora del estudio Consulta, participación y transformación de conflictos considera que en nuestro país, la consulta se ha dado de modo temprano.

Es decir, el proceso, en materia de hidrocarburos, las realiza Perupetro y el Viceministerio de Interculturalidad, antes de que se otorgue la licitación de lote consultado. Mientras que en otros países, la consulta se hace sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando ya hay un inversionista.

“Esto tiene desventajas porque en el Perú es tan temprana la consulta… funciona como capacitación en términos de derechos porque muchas de las comunidades no saben cómo funciona la explotación de petróleo, ni qué derechos tienen en términos de estándares internacionales, de legislación nacional tampoco. También es para enseñar qué puede significar un proyecto de hidrocarburos”, agrega Flemmer.

¿Qué es lo que se consulta a los pueblos?
La especialista de DAR, Iris Olivera, aclara que lo que se consulta es el Decreto Supremo que autoriza el contrato de licitación del lote respectivo. Sin embargo, en el proceso para el lote 169 no se vio la discusión clara de ese decreto.

“Las actas internas dicen ‘autorizamos el ingreso de Perupetro para que pueda iniciar las actividades en nuestra comunidad. Para eso planteamos acuerdos: más contratación de personal local, saneamiento básico, titulación, otros’.”, señala.

Así es como se llegó a la etapa de diálogo: con la idea de que Perupetro era la empresa que iba a venir a explorar.

 

Fuente: Los Andes

En mayo 2012, tras meses de intentos fallidos de diálogo con la empresa minera Xstrata y con el Estado, la población de Espinar (Cusco) optó por realizar una huelga indefinida. Al octavo día, indiferencia y torpeza del gobierno de por medio, el conflicto estalló violentamente, con un triste saldo de dos valiosas vidas humanas perdidas. En los días previos y para incidir en la necesidad de atender prontamente las demandas de Espinar, yo explicaba públicamente el informe “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco” realizado en 2010 y que el Ministerio de Salud (Minsa) me había remitido oficialmente. En este se señala la presencia de metales pesados en agua de consumo humano y en las personas. Pero en lugar de preocuparse por el contenido del informe y por lo que podía implicar para la salud de los espinarenses, los voceros del gobierno, desde el ministro de Salud hasta el propio Presidente de la República, pasando por el ministro del Ambiente, insistieron en desconocer el informe, alegando que era falso, que correspondía a otra zona, que estaba siendo malinterpretado por azuzadores, etc. De hecho esa fue una de las razones que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista días después, ¿cómo permanecer en una organización cuyos líderes estaban más preocupados por no pelearse con el gremio empresarial minero -“porque Xstrata es un modelo de responsabilidad social y no nos podemos meter con ellos”- que por la salud y la vida de los espinarenses?

Tras las muertes, el inicio de los procesos judiciales contra el alcalde y varios líderes sociales, se instaló una Mesa de diálogo y se realizó un monitoreo ambiental y una evaluación de metales pesados en comunidades del entorno del proyecto minero Tintaya. Se confirmó que había un problema de contaminación -52% de los puntos monitoreados presentaron algún parámetro por encima de los estándares establecidos- y que el 100% de las 180 personas evaluadas por el Minsa presentaba metales pesados. ¡Al fin la verdad se abría paso, al fin la salud de los espinarenses iba a ser atendida! No, solo fue una ilusión. No ocurrió nada de eso. Meses después de realizado el estudio, los comuneros de Huisa y Alto Huancané empezaron a recibir cada uno un papel sin membrete ni firma -signo de que nadie quiere asumir responsabilidades- en el que se incluía una lista de los metales pesados que se había encontrado en sus cuerpos y recomendaba que cada quien “consulte con su médico” (sic) para conocer las implicancias en su salud.

Luego, tras la denuncia de uno de los médicos que en su momento fue parte del equipo del Minsa que realizó dicho estudio, se supo que no solo se les había evaluado los 6 metales pesados anunciados sino 11 más sin su consentimiento. Sí, al parecer para el Minsa los pobladores -incluidos los niños- de Espinar fueron “conejillos de indias”.

Resulta más indignante aún que, hasta el día de hoy, 3 años después de que estallara el conflicto, la población de Espinar no haya recibido información clara sobre las implicancias de esa presencia de metales, tampoco ha recibido algún tipo de atención en salud, ni se ha determinado la fuente de la contaminación, condición esencial para evitar que más personas sean afectadas.

Es decir, desde el 2010 el Estado peruano tiene conocimiento de que cientos de personas en Espinar están expuestas cotidianamente a metales pesados y que podrían tener graves impactos en su salud, pero no ha hecho absolutamente nada frente a ello. ¿Pura desidia, discriminación o temor de afectar sus relaciones con el gremio empresarial minero? Sea cual fuere la razón esta situación solo puede ser calificada de una manera: inhumana.

Artículo publicado en Diario UNO, lunes 2 de marzo 2015.

El cerro El Toro hace noticia para dar a conocer lo que ya se ha convertido en rutina: La muerte de tres obreros Se trata de los hermanos Julio, Samuel y José  Benítez Tiburcio de 30, 24 y 22 años de edad, que se dedicaban a la extracción de oro.

Según los familiares, habría otro minero muerto pero se desconoce el nombre, ya que los propietarios estarían ocultando este accidente laboral.

Además, informaron que los fallecidos fueron trasladados sigilosamente por los dueños de la mina hasta su tierra natal en el distrito de Cochorco, sin reportar el accidente a la Policía Nacional.

El hermano de las víctimas pide que se investigue el hecho, ya que son varias las personas que ya han muerto en minas artesanales sin que la PNP, ni la Dirección de Energía y Minas de la Libertad hagan algo para evitar más muertes.

Nuevamente, pues, nuestro querido e histórico cerro El Toro es protagonista de la noticia y, de esa manera, pone sobre el tapete del análisis la penosa realidad que soportan los obreros mineros. Moribundo como está el cerro El Toro, convertido hoy en una isla a la que pocos hicimos algo para frenar este problema, pese hacer amenazados.

Del Cerro El Toro no queda más que un viscoso cascarón, el cual en cualquier momento va a hundirse enterrando así parte del corazón huamachuquino.  ahora, como vacío esta ya nuestro cerro ahora le toca el turno de asesinar a los cerros de Sitabamba, en Santiago de Chuco, a donde ya empiezan a emigrar los ambiciosos mineros fantasmales del Cerro el Toro, y , también, de Parcoy y Pataz con su terrorífica guadaña a destruir sus hermosos cerros hasta convertirlos en cascarones vacíos.

Triste realidad que se va dibujando poco a poco en nuestra región por la negligencia de nuestras autoridades regionales y provinciales que se rinden ante el seudo poder que tienen los dueños de los yacimientos mineros amparados algunos por amañadas concesiones y, otros, sin ellas. Hecho que siempre hemos reclamado y que, tercamente, hoy señalamos.

Se reconoce la importancia que tiene la minería para el desarrollo económico de nuestro país. Lo que es materia de condena es la zona y la forma en que se desarrolla esta actividad que no respeta para nada la fuente de vida como es el agua. Para los elementos inescrupulosos el oro es lo primero, no vacilando en contaminar y destruir la ecología, delitos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

Las autoridades de todos los niveles de gobierno saben que la verdadera solución a este problema es el Ordenamiento Territorial  que defina las zonas de explotación minera y las zonas de explotación agrícola para que, de esta manera, ambas fuentes de riqueza se desarrollen armónicamente y contribuyan así al desarrollo de la economía nacional con absoluto respeto a la vida y bienestar de los pueblos.

El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de La Amaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.

El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera Maribel a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?

Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.

MARIBEL, LA NUERA DE MÁXIMA, CON SUS ANIMALITOS EN LA ZONA DE TRAGADERO GRANDE.

Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.

Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!

MÁXIMA EN NOVIEMBRE DEL 2011 CUANDO LA PNP LA GOLPEO PARA INTENTAR DESALOJARLA.

Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

 

Por Rocío Silva Santisteban

Fuente: La Mula

Después de 3 años y 2 meses de investigación el Primer Juzgado Unipersonal de Ica citó a audiencia de inicio de Juicio Oral a ex alcalde y dos ex dirigentes sociales de la provincia de Espinar, producto del conflicto socioambiental ocurrido en mayo del 2012. El Juicio Oral se desarrollará en la ciudad de Ica en el Modulo Penal – Calle Chiclayo N° 243, a las 8.30 a.m. del día miércoles 05 de agosto del presente año.

Debemos destacar que con el Juicio Oral en contra de los líderes de la provincia de Espinar, se demuestra claramente la política de criminalización de la protesta social que se vive en el país en contexto de actividades extractivas.

Antecedentes del caso:

Como se recuerda en el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

El ministerio Público de Ica, inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes se les acusó de diversos delitos contra el orden público y otros, debido al conflicto socio ambiental ocurrido en mayo del 2012, donde los pobladores espinarences acusaban a la empresa Minera Xstrata Tintaya, hoy Glencore Antapaccay, por contaminación ambiental en el entorno del proyecto minero, así mismo se pedía a la empresa un nuevo Convenio Marco, entre otras demandas locales.

Después de más de dos años de investigación, el pasado mes de noviembre del 2014, en uno de los procesos (principal), el Juzgado de Investigaciòn Preparatoria de Ica archivo las investigaciones fiscales a favor del personal de senerazgo de la Municipalidad Provincial de Espinar; Ezequiel Qquehue Choqueccota, Juan Alberto Antonio Huaytapuma, Daniel Alfredo Condori Vilca y Roger Chullo Caballero, por los delitos de Tenencia Ilegal de Materiales Explosivos e Inflamables y Disturbios. Lo mismo ocurrió a favor de Romualdo Ttito Pinto, chofer de la camioneta de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, a quien se le acuso del Delito de Tenencia Ilegal de Municiones.

Respecto a Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herbert Huaman Llave (ex dirgente del FUDIE) y Sergio Huamani Hilario (FUDIE), se dispuso pasar a la etapa de juicio oral y determinar la responsabilidad o inocencia de los líderes sociales de Espinar.  La Fiscalìa Provincial de Ica, solicita en relación a este caso más 20 años de pena privativa de libertad y 100 mil soles de reparación civil, por los delitos; Atentado Contra la Seguridad Común, Entorpecimiento de los Servicios Públicos y Disturbios.

NOTA:

•    Desde el año 2012 se encuentra pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco y no en Ica.

•    Por el contrario las investigaciones sobre las muertes en el conflicto de mayo del 2012 en Espinar se encuentran archivadas.

Derechos Humanos Sin Fronteras.
Agosto del 2015

En diversos medios de comunicaciones se menciona que los ronderos dificultaron la búsqueda de los extraviados en Cerro Negro e incluso se les culpa de las muertes de estos, cuando en realidad consta en reuniones, actas y fotos que sucedió todo lo contrario pues cientos de ronderos colaboraron con la búsqueda. Por otro lado, un aspecto importante a considerar es el accionar de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A. al enviar a sus trabajadores a una zona de difícil acceso sin decirles cuál era la verdadera misión, en una temporada climatológica hostil, con equipos ineficientes y sin un adecuado plan de rescate.

Según recientes declaraciones del único sobreviviente, Manuel Herrera, los cinco expedicionarios: Orlando Pastrana (topógrafo), Aleida Dávila (periodista) y Segundo Tacure (cheff),  Gladys Elena Cunchaya Palomino (enfermera) y Manuel Herrera (geólogo) y Aníbal Herrera Meléndez, un comunero de la zona que se les unió en el camino, se dirigían al cerro Henrry’s Hill, donde yacen los restos del campamento minero abandonado desde el 2009. Ese mismo día, la enfermera, Gladys Cunchaya, regresó debido a que la altura le afectó.

EL ENGAÑO

Al llegar al campamento, debían tomar coordenadas de las perforaciones de exploración minera y fotografiarlas, luego de realizar caminatas y realizar los registros de información y fotográficos, se encontraron con cinco lugareños en el campamento. Orlando Pastrana, líder de la expedición, los sumó al grupo y reveló que el verdadero objetivo de la misión fue proseguir el camino hasta Ayabaca para encontrar nuevas rutas para la explotación minera. Manuel Herrera, declaró que a él informaron que la expedición iba a durar tan solo cuatro días.

Sin embargo, la intención de la empresa minera era hacer un levantamiento topográfico para construir trochas carrozables, la primera que una el campamento minero con el cerro Chinguelas, otra hacia la ciudad de Ayabaca y una tercera que comunique con la frontera con Ecuador.

EQUIPOS INEFICIENTES

Manuel Herrera, señala que la empresa les proporcionó un teléfono satelital que solo estuvo operativo hasta el día siguiente y cuando lo enviaron para ser reparado, la empresa nunca lo mandó de regreso. Asimismo,  indica que al estar extraviados, mandaron una señal de alarma a través de un GPS pero no obtuvieron respuesta por parte de la empresa.

NO EXISTIÓ PLAN DE RESCATE

El abogado de la familia de Orlando Pastrana, el topógrafo fallecido, responsabilizó  directamente a la minera pues no siguió el reglamento debido para prever la desaparición y por no poner en práctica el plan de contingencia y seguridad para salvaguardar la vida de los trabajadores, ya que la comunicación se perdió desde el día 7 hasta el 10 de julio.
Asimismo, el geólogo sobreviviente, afirmó que enviaron una alarma a la empresa con la intención de que les envíe un helicóptero y los rescate, pero nunca los auxiliaron. Manuel Herrera recordó que Pastrana, jefe de la expedición, le dijo: “Voy a prender el GPS de alarma para que nos envíen auxilio. Dentro de cuatro a cinco horas nos envían un helicóptero y nos rescatan”

TRABAJADORES SIN EXPERERIENCIA

En sus declaraciones  a las autoridades, Manuel Herrera, un bachiller de 25 años, quien apenas en marzo pasado había ingresado a hacer sus prácticas en la minera, señaló que  no tenía la mínima experiencia pues era “su primera vez” en ese tipo de misiones y que no recibió ningún tipo de preparación para esa empresa. En efecto, la única instrucción que tenía en manejo de equipos de GPS era la que recibió en la universidad. Asimismo, la viuda de Pastrana indocó en sus declaraciones a la prensa que este había solicitado a la empresa gente con experiencia.  «Mi esposo pidió gente que conociera el área, no pidió practicantes»

Por otro lado, aún continúan las interrogantes en este lamentable caso: ¿Qué hacían un cocinero y una comunicadora en esta compleja misión? ¿Por qué solamente el topógrafo sabía cuál era el objetivo real de la expedición? ¿Acaso ocultaron la misión por no contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad?

El ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, emitió el Auto Directoral N°46-2015-MEM/DGAAM, a través del cual concede el recurso de revisión a la resolución que aprobaba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga. Tal decisión es una respuesta a una iniciativa del gobierno regional de Cajamarca, cuyos representantes solicitaron tal recurso de revisión a la Resolución Directoral 228-2015-MEM, del 29 de mayo de 2015, que aprobaba la segunda modificación del EIA.

Sergio Sánchez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en diálogo con Noticias SER, comentó que el equipo técnico de RENAMA había notado que en el EIA de Conga había observaciones que no habían sido levantadas, pese a que la gerencia, en reiteradas ocasiones, había pedido las respectivas subsanaciones. Ahora, la impugnación deberá hacerse ante el Consejo de Minería. “Vamos por el lado de sustentar técnica y legalmente que el EIA del proyecto Conga presenta muchas deficiencias. Es una forma de buscar su nulidad”, expresó.

Por su parte, Nevenka Caicedo, asesora legal de RENAMA, explicó que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ha concedido el recurso de revisión para que se deje sin efecto la resolución que aprueba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, y que ahora se está en el proceso administrativo, el mismo que reclama la sustentación, ante el Consejo de Minería, de los argumentos de su recurso: “Hemos presentado un cuadro demostrativo y estamos cuestionando, en la vía administrativa, el EIA. Si la respuesta del Consejo de Minería es desfavorable, evaluaremos, como gobierno regional, la posibilidad, pertinencia y necesidad de llevar a la vía judicial esa resolución. Es decir, si esa resolución fuera a una etapa judicial, nosotros podríamos solicitar una medida cautelar para que en tanto no se pueda ejecutar el proyecto”, argumentó.

Por otro lado, la funcionaria indicó que es importante rescatar el tema, ya que es la primera vez que se concede un recurso de esta naturaleza al gobierno regional, y que, por lo general, se había llegado hasta la etapa en la que sale la resolución que aprueba el EIA y con ello finaliza el proceso: “Es la primera vez que se impugna a nivel administrativo una resolución de esta naturaleza, y eso es gracias a que el equipo técnico ha identificado las debilidades continuas y permanentes del EIA de Conga. Estamos a disposición, listos para asistir, en cuanto nos oficien para presentarnos” refirió.

Fuente: NOTICIAS SER

El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.