Al final de una década (2004-2014) de grandes ganancias para el sector extractivo “el Estado pudo haber capturado más renta, pero el gravamen minero aprobado en 2011 resultó tardío para lograr dicho objetivo”, expresó el econ. Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana.

Ávila expresó que las transferencias de canon beneficiaron principalmente a las zonas productoras –casi la mitad de los recursos se ubicaron en Cusco, Áncash y Piura, al interior de las cuales se generó inequidades. Frente a esta situación el MEF generó mecanismos de compensación, pero estos fueron poco transparentes y discrecionales.

El Economista Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana añadió que con el argumento que los gobiernos descentralizados son ineficientes en el gasto el MEF tomo medidas tendientes a la privatización del gasto público, a través de Alianzas Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, cinco empresas mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields concentran el 72%. Este mecanismo se vuelve más riesgoso aún si no va acompañado de acciones de control y supervisión”.

Otro problema identificado por Baca es la entrega automática y acelerada de las concesiones, lo que se torna insostenible y aumenta la conflictividad. “Se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras, especialmente en la sierra y selva. Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplico por ocho, mientras que la superficie (hectárea) entregada lo hizo por once”.

 

¿Qué dicen otros especialistas?

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad discrepa con la posibilidad de ampliar la captura de la renta extractiva, debido a que esto puede desincentivar la inversión. Ante la dificultad de redistribuir el canon plantea el diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que tome en cuenta costos, capacidad fiscal y necesidad de gasto. Recalca además que “la prioridad del canon deben ser las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. Debido a la ausencia de una cultura de evaluación en el país también sugiere medir la eficiencia en el gasto.

Carlos Monge, Coordinador Regional de Natural Resource Governance Institute sugiere revisar los costos de producción y los precios de transferencia porque se exporta a bajo costo y afuera se vende a precio real, y eso no es considerado en el pago de impuestos. “Esto debe ser monitoreado”, expresa.

Humberto Campodónico añade que “los recursos naturales son del país y no es justo que no se recupere cuando hay sobreganancias”. Aseguró que “no avizora cambios sustanciales que evidencien una diversificación productiva y más bien se mantiene el patrón de producción”, por ello, propone enfocarnos en un tema mayor, el impacto de las políticas públicas.

Algunos desafíos

“Entregar la renta solo a los territorios productores ha sido un error más allá de las diversas performances”, afirma Baca. Por otro lado, propone “arribar a una estructura tributaria más equitativa en el marco de una reforma más amplia que este acompañada por la descentralización fiscal”.

En vista que el actual esquema de entrega automática de concesiones, genera conflictos y efectos caóticos en el territorio plantea su revisión inmediata, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y de planificación en el uso del territorio.

Para el tema de Obras por Impuestos afirma que estas deben ser temporales y contar con los debidos controles, además de exigir a las empresas que mencionen que “son recursos públicos y no parte de su responsabilidad social”.
Descarga el Reporte Nacional 19 sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas: http://bit.ly/1QMnT6T

Descarga el resumen: “Al Final de una década de boom, ¿qué le dejó la minería al Perú? Balance 2004-2014: http://bit.ly/1kKIHS1

Fuente / Foto / cuadros estadísticos : Propuesta Ciudadana

Coordinaciones de prensa: Nelly Carrasco: #999-121-984
Entrevistas con economistas: Epifanio Baca: 996-615-553 / Gustavo Ávila: 993-689-683

COMUNICADO

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones a nivel nacional de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003, acompaña en la defensa y promoción de sus derechos a comunidades y poblaciones de zonas mineras.
  2. La acción de RED MUQUI no es ni confesional ni partidaria. Se ha basado en el acompañamiento de casos emblemáticos a nivel nacional, a fin de poder recoger de ellos la necesidad de políticas públicas en los temas de minería, ambiente y comunidades y los vacíos y problemas existentes en las normatividad ambiental, minera y de pueblos indígenas, para plantear propuestas y alternativas, las que inclusive se han presentado, discutido y/o coordinado con gobiernos locales, regionales y el propio gobierno central.
  3. Asimismo, el acompañamiento que realizamos desde RED MUQUI y nuestros miembros a Comunidades y Poblaciones de zonas mineras, ha permitido canalizar situaciones conflictivas, pues nuestro papel ha permitido que éstas puedan hacer llegar sus demandas y preocupaciones a las instancias de gobiernos locales, regionales y nacional, a fin de evitar situaciones que degeneren en mayor conflictividad social.
  4. RED MUQUI, rechaza la mal intencionada información que se ha hecho pública, utilizando interesadamente la ampliación de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, en la que indican que habríamos “brindado apoyo a ésta protesta” (Proyecto Tía María) y que se habría aportado a una “recaudación” para las acciones violentas.
  5. RED MUQUI niega rotundamente éstas versiones tendenciosas y aclara que tampoco ha sido involucrada en la investigación fiscal. El papel de RED MUQUI y de sus miembros, no ha sido ni será el de entregar fondos a las organizaciones sociales o sus dirigentes, ni para su beneficio, ni para actos de violencia.
  6. RED MUQUI, cumpliendo su rol de acompañamiento y atendiendo la solicitud de poblaciones y comunidades que no reciben información o lo hacen de manera insuficiente de parte de las diversas instancias de gobierno, brinda asesoría e información técnica y legal, y facilita canales de diálogo para que ellas puedan dar a conocer sus propias demandas y decisiones.
  7. Como RED MUQUI exigimos que las investigaciones que se vienen realizando sean rigurosas, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas, y con base en pruebas concretas y no en especulaciones.

Exigimos a los medios de comunicación que sean rigurosos en sus investigaciones, y que informen con veracidad, a fin de evitar manchar honras y no afectar la trayectoria de personas e instituciones.

Lima, 20 de octubre de 2015

RED MUQUI

La Centra Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-PERÙ), hace un llamado a todas las bases ronderas, comunidades campesinas y nativas, que de todas maneras realizaremos el paro de hoy 22 de junio a nivel nacional junto a la Confederación Nacional Agraria del Perú y de más organizaciones campesinas e indígenas que formamos parte del Pacto de Unidad.

1. En tal sentido les pedimos a los pueblos originarios a no dejarnos sorprender por las versiones que están emitiendo los operadores del Gobierno de Ollanta Humala, la CONFIEP y los del poder Ejecutivo y Legislativo, al decir que las rondas campesinas ya no hay razón para que protesten  porque ya no serían afectadas en nuevo Código Penal y ya no verían afectado su derecho a impartir justicia, debido a que el artículo que les quitaba dicha potestad en sus respectivas jurisdicciones será eliminado del proyecto de nuevo Código Penal. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren.

2. Debemos informales que nosotros como Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), no estamos pidiendo ninguna anulación de los artículos 14 (Diversidad cultural e interpretación intercultural) y 16 (Jurisdicción especial), tal como lo dice en un informe que nos hace llegar el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica Juan Carlos Eguren a través del oficio Nº 942-2014-2015-CJDHH/CR-P.

3. Lo que estamos pidiendo como CUNARC-P es que consideren LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA EL RESPETO DE LA JUSTICIA RONDERA FRENTE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL y la propuestas como CUNARC-P del ARTÍCULO 16 DE CÓDIGO PENAL. Esto en cumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 8y9 del C169 de la OIT, del artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, del artículo 1 de la Ley de Rondas campesinas–Ley 27908, que dispone la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a las rondas campesinas, las rondas campesinas gozan del ejercicio de funciones jurisdiccionales y la aplicación de su derecho consuetudinario. En consecuencia, las rondas campesinas no pueden estar excluidas de la aplicación de la ley y jurisdicción penal ordinaria.

La CUANRC-P estamos proponiendo la siguiente redacción alternativa al artículo 16 del proyecto de Nuevo Código Penal:

a) La ley penal ordinaria no se aplica a las autoridades ni miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas ni comunidades nativas, por el cumplimiento del derecho consuetudinario y/o el ejercicio de la jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política.

b) Los miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas o comunidades nativas, no pueden ser sometidos a la justicia ordinaria ni procesos administrativos, en los casos que corresponden al artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

4. Además nuestra protesta del día de hoy 22 de junio y del día 9 de julio es por lo antes mencionado y por la anulación de las leyes que el Estado ha aprobado para facilitar el despojo de la tierra y territoriode comunidades y pequeños productores, mediante leyes (Ley N°30230, Ley N°3941, recientemente aprobada por el Congreso de la República, Ley N° 30151 y DS 001-2015-EM) que ponen en riesgo la seguridad jurídica, violación a los derechos humanos, el derecho sobre tierras y territorios y sobre sus recursos naturales (tierra, agua, etc…), en favor de la gran inversión.

5. El abandono intencionado del Estado a la pequeña agricultura familiar y comunitaria, que es una enorme fuente de ingresos, de empleo y de alimentos para el país. Mientras se promociona, subsidia y apoya de forma exclusiva modelos agroexportadores que implican el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales, la privatización de la alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria.

Atentamente

Ydelso Hernández Llamo
Presidente de la CUNARC-PERÙ

PRONUNCIAMIENTO

Los abajo firmantes, ante los repetidos ataques contra Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), manifestamos lo siguiente:

1) Que desde su fundación hace 30 años la CNDDHH ha venido siguiendo la situación de violaciones a los derechos humanos que se producen en el país y en particular los que se producen durante los conflictos sociales.

2) En estos últimos meses la institución ha elaborado diversos informes sobre los hechos de violaciones de derechos humanos sucedidos en Saweto (la muerte de cuatro defensores medioambientales ashaninkas); la situación de violencia en Pichanaki y el reciente conflicto en el Valle del Tambo por la oposición de un sector importante de la población al proyecto minero denominado Tía María.

3) Acciones de este tipo  la CNDDHH las ha venido realizando durante años, de lo que dan cuenta los 21 informes anuales que vienen publicando del año 1991 a la fecha. Por eso mismo, el seguimiento y defensa de situaciones de vulneración de derechos humanos durante conflictos, especialmente medioambientales, tiene una larga trayectoria y no responde a una coyuntura política en particular, menos aún a una situación de afinidad personal. Esta afirmación es  realmente deleznable.

Consideramos que la CNDDHH y especialmente su Secretaria Ejecutiva deben seguir realizando su labor de acción de búsqueda de protección de los derechos de todos los peruanas y peruanas, salvaguardando el don más preciado que es la vida humana y buscando el acceso a la justicia y el respeto de los derechos, especialmente, de las poblaciones más vulnerables.

Por otra parte, nos parece completamente falaz y poco saludable para la vida democrática del país, la búsqueda de excusas para descalificar a quienes denuncian la arbitrariedad o cuestionan determinadas políticas estatales, en lugar de abocarse a debatir las cuestiones de fondo.
Finalmente reiteramos nuestra solicitud al Estado a respetar a la población de la provincia de Islay y su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como a establecer los canales democráticos para un entendimiento con ellos que permita  retomar la calma en el Valle de Tambo, especialmente, en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Dean Valdivia.

Lima, 30  de abril del 2015

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Asociación Entrepueblos
Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos – AIETI
CATAPA
11.11.11 – Bélgica
Consejería en Proyectos PCS
OXFAM – PERÚ
Broederlijk Denle

REDES E INSTITUCIONES NACIONALES

Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
RED MUQUI – Red de Propuesta y Acción – Perú
Grupo Propuesta Ciudadana
Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM – PERÚ
Red Uniendo Manos – Perú
Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES
Earth Rigths Internacional – ERI Perú
Acción Solidaria para el Desarrollo – COOPERACCIÓN
Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristan”
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
Derecho, Ambiente y Recursos  Naturales  – DAR
Forum Solidaridad Perú
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS
Instituto del Bien Común – IBC
Instituto de Defensa Legal – IDL
Proyecto Amigo – La Libertad
Centro de Cultura Popular Labor – Pasco
Marcha Mundial de las Mujeres
Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza – Paz y Esperanza
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ
Comisión de Justicia Social de Chimbote – CJS
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Derechos Humanos sin Fronteras  – DHSF
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDAH
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP
Movimiento  Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Movimiento Manuela Ramos
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP
Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)
CPM Micaela Bastidas de Trujillo
Católicas por el derecho a Decidir – Perú
Asociación Humanidad Libre
Instituto Natura – Chimbote
Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén
Centro de Educación y Promoción “José María Arguedas” – CADEP Cusco
Siguen firmas…