Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca

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Derechos Humanos Sin Fronteras informa

Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca

Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.

 

El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.

Eufrosina Umasi entre llantos nos relató que la empresa minera viene hostigando de día y noche a la comunidad de Alto Huarca para que vendan sus terrenos y esta pueda ser utilizada para una carretera de uso exclusivo de la empresa, personal de Antapaccay les dijo que pueden comprar los terrenos a doscientos dólares, sino aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada. Eufrosina agregó que ni bien se hizo presente a la zona un abogado y un periodista los efectivos policiales no pudieron sustentar la intervención.

 

Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

 

 

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El Grupo Perú, Ambiente y Clima envió carta al presidente solicitando la promulgación de Ley de Cambio Climático

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El Grupo Perú, Ambiente y Clima, plataforma de la que forma parte RED MUQUI, junto a otras instituciones de la sociedad civil que velan por la protección del ambiente, enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra. En la misiva saludan la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climática por unanimidad en el Congreso de la República y solicitan que el Ejecutivo la apruebe a brevedad posible.

«Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser el primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las politicas públicas en adaptacion y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenes u originarios», señala la carta.

El Ejecutivo tiene 15 días útiles para promulgar leyes aprobadas por el Congreso. El Plazo de la Ley Marco de Cambio Climático se cumple este 24 de abril. La carta enviada al presidente ha sido respaldada por 150 instituciones y organizaciones sociales, activistas, iglesias, ONGs preocupadas por que se tomen desiciones estatales en favor del bienestar social y del ambiente.

Carta Abierta al presidente de la República/ Grupo Ambiente y Clima by prensamuqui on Scribd

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¿Siguen las mineras en el gobierno? ¿Todo está amarrado?

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Se prometió un nuevo Gabinete. El presidente Martín Vizcarra presentó a sus ministros de Estado el lunes 2 de abril. Tres de ellos estan vinculados a empresas mineras, ello abre la pregunta sobre cómo dialogará el gobierno con poblaciones afectadas por la minería o con comunidades que no desean proyectos mineros en sus territorios como es el caso del Valle del Tambo en Arequipa o Ayabaca y Huancabamba en Piura.

En el perfil de los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Producción figuran contratos y trabajos asociados a empresas mineras que han tenido cuestionamientos por su comportamiento con las poblaciones. La cartera de Energía y Minas quedó en manos de Francisco Ísmodes, quien fue gerente de la empresa minera Milpo.

Cabe recordar que Milpo figura en el ranking de empresas con multas ambientales por afectación al medio ambiente con más de 300 mil dólares. La empresa ha sido señala por pobladores de Cerro de Pasco como la causante de contaminación de aguas. Incluso, una familia de Pasco, Hernan Pahuará e Hilda Monago llegó a Lima hace un mes para denunciar que sus hijas padecían intoxicación por metales pesados. Afirmaron que la contaminación que llega a su hogar era causada por la empresa Milpo.

La nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien también es abogada, fue gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la minera Anglo American Quellaveco.

Finalmente, el ministro de Producción, Daniel Córdova estuvo al frente de la empresa Invertir, que realiza servicios de responsabilidad social para empresas mineras como Southern Copper, Volcan y Minsur, como figura en su página web. En información difundida por el portal La Mula en el 2015, se afirma que Córdova condecoró al presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzales Rocha, en una ceremonia donde se le nombró como “Hombre de cobre del año”.

En la página web de Invertir se destaca que la empresa que dirigía el ministro gestionó la Audiencia pública en el caso de la ampliación del Proyecto minero Toquepala en el 2014.

“Logramos llevar a cabo una audiencia pública exitosa, donde se presentó el EIA del Proyecto Minero- Ampliación de Toquepala. Gracias a un trabajo constante de relacionamiento, comunicación y mesas de diálogo se obtuvo la “Licencia Social” de la ciudadanía involucrada con el proyecto”, se señala.

Sin embargo, en información difundida por La República en la época se menciona, que, en principio, la audiencia pública dividió a las autoridades de la región. Durante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, un grupo de personas protestaron en los exteriores del local y la empresa colocó resguardo policial para que no ingresen.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, afirmó que “Preocupa los vínculos de los ministros con empresas mineras, ¿cómo va hacer el gobierno para remediar pasivos ambientales? ¿Va exigir a las empresas mineras como Volcan y Southern que se hagan cargo de los problemas ambientales que han ocasionado?”.

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Nuevo ministro de Energía y Minas fue gerente de la minera Milpo

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El presidente Martín Vizcarra juramentó al nuevo Gabinete ministerial este lunes 2 de abril. Como ya se había dado a conocer, el Presidente del Consejo de Ministros es César Villanueva. Llaman la atención las carteras de Energía y Minas y Ambiente. Francisco Ísmodes juramentó como nuevo ministro de Energía y Minas (MEM). Ísmodes tiene 20 años de experiencia en el sector minero, fue gerente de la minera Milpo.

Ísmodes es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Gerencia Social en dicha casa de estudios. También cuenta con estudios de gerencia en la Harvard Business School y el Kellogg School of Management.

Además, fue gerente del sector minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) entre el 2013 y 2014. También fue consultor de sostenibilidad corporativa y fue también parte de los directorios de Continua Desarrollo de Proyectos, Consorcio Internacional de Operaciones, Electrosur y hasta antes de asumir el cargo de ministro era director de la minera Sierra Antapite.

Perfil del Ministerio del Ambiente

La nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, también, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría en Política Social con mención en Género, Población y Desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Diplomada en Educación Intercultural por la PUCP.

Hasta el 2016, Muñoz fue la directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Además, se desempeñó como secretaria general del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), directora adjunta del Programa de Cooperación del Servicio Forestal de los EEUU en el Perú – Peru Forest Sector initiative (PFSI) y como Asesora para el Despacho Ministerial del Minagri. Asimismo, fue gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de Anglo American Quellaveco.

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No a la explotación petrolera en el Litoral peruano

 

Las organizaciones, redes e instituciones sociales, gremiales y académicas del país, preocupadas por la gestión del desarrollo de zonas marino costeras del Perú manifestamos nuestro RECHAZO  a los D.S. 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018 EM y 010-2018 EM, emitidos el 21 de marzo del presente año, que atentan contra la biodiversidad marina y la sostenibilidad de zonas marinos costeras de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos a favor de PERUPETRO S.A. Nuestros argumentos:

  • El litoral peruano es uno de los más ricos del mundo. Desarrolla, entre otras, una actividad cultural de pesca y caza marina artesanal como una actividad productiva familiar y comunitaria dinamizadora de la economía de toda la costa del país y contribuye con la alimentación y seguridad alimentaria.
  • La visión cortoplacista del extractivismo ya ha deteriorado bahías como las de Chimbote y Paita debido a las fuertes descargas tóxicas y la contaminación de las zonas costeras terrestres.
  • La apuesta de la sociedad civil e instituciones sociales y privadas ha encaminado a acciones de protección y recuperación ambiental que poco a poco y tras muchos escollos van rindiendo frutos brindando una nueva visión de gestión concertada del territorio.
  • Desde hace algunos años, en la costa norte del país,  se viene desarrollando promisoriamente una importantísima actividad económica de Acuicultura Marina, que genera muchos puestos de trabajo, actividades conexas y divisas para el país, ya que sus productos (“concha de abanico”) son básicamente para la exportación.
  • La empresa PERUPETRO S.A. ha sido favorecida con cinco Decretos Supremos para la exploración y explotación de hidrocarburos desde Tumbes hasta Ancash respaldando así lo que la ciudadanía, fuerzas sociales y políticas ya ha rechazado. Demostrado en numerosos intentos -a través de las denominadas reuniones de participación ciudadana- PERUPETRO como SAVIA PERU no han logrado más que negativas unánimes de los asistentes (Sechura y Chimbote).
  • La actividad de hidrocarburos, tanto en la fase exploratoria  como de explotación, significará el alejamiento de los recursos pesqueros de importancia económica, impactos a los otros recursos planctónicos, nectónicos y bentónicos, como peces sin valor comercial (pero fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema y la cadena trófica) y mamíferos, así como la alteración de la estructura comunitaria del fondo marino.
  • Desastres ecológicos como los que ocurren permanentemente en el mundo, a los que nuestro país no es ajeno (Cunimico y Chapis), cuyo costo ambiental, social y económico es cuantioso e irrecuperable deben consolidar esfuerzos colectivos para la recuperación ambiental de bahías como El Ferrol (Chimbote). Ya bastante hemos tenido con una industria sin control ambiental y social como para acumular más pasivos ambientales y sociales en nuestro medio. Estos son los riesgos que no queremos asumir. Nos afirmamos en nuestra vocación pesquera con responsabilidad y sostenibilidad, ratificando nuestro derecho de decidir a vivir con dignidad.
  • Ante los impactos del cambio climático que se manifiestan en nuestras regiones y el país entero, se requiere de políticas que impulsen el cambio de la matriz energética hacia energía alternativa, limpia y sostenible. El impulso de la actividad petrolera no aporta de manera alguna en los esfuerzos globales por alcanzar objetivos de desarrollo sostenible con los que el Perú está comprometido mediante acuerdos suscritos.

POR LAS RAZONES EXPUESTAS DEMANDAMOS:

  1. La DEROGATORIA Y NULIDAD INMEDIATA de los D.S. 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018 EM y 010-2018 EM y la acción del gobierno nacional y gobiernos regionales y locales de las áreas comprendidas hacia políticas de conservación de áreas marinas, recuperación de ecosistemas dañados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por el gobierno peruano con PERUPETRO S.A. u otra interesada sobre el mismo particular que afecte la vida natural y en particular la marino costera en el país.
  3. Nos solidarizamos con las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash.
  4. Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

¡PROTECCION Y DEFENSA DE NUESTRA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA!

¡NO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL MAR PERUANO!

Perú, marzo de 2018

Instituto Natura; Comisión de Justicia social de la Diósesis de Chimbote; Foro Ciudades para la  Vida (FCPV); Cooperación; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia(REDAD) – Piura; Junta Directiva Central del PPJJ 1° de Mayo – Nuevo Chimbote; Colectivo Chimbote de Pïe – Chimbote; CooperAcción; Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – Perú (IDECA-PERÚ);  Asociación Pro derechos Humanos – Lima ; Universidad César Vallejo (UCV); Asociación Marianista  de Acción Social (AMAS) – La Libertad; Centro Cultural  Centenario de Chimbote; Instituto Superior Pedagógico Público de Chimbote; Terre des Hommes Alemania (TDH PERU); Asociación Chuyma de Apoyo Rural (ARU CHUYMA); Centro de Promoción e Investigación de la Amazonía (CIPAM); Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ);Juventud Obrera Católica (JOC PERU); Arena y Esteras; Centro de Promoción de  Salud Integral (CEPROSI); Asociación Niños del Río – PERÚ-FRANCIA; Comunicaciones Aliadas; Grupo de Información e Intervención para el desarrollo Sostenible (GRUFIDES); Asociación Savia Andina (ASAP); Proyecto Agrícola de Tecnologías Campesinas (PRATEC); Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF); Asociación Suma Yapu; Movimiento Nacional de Nats Organizados (MNNANSOP); Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA – AYACUCHO); Red Infanto-Juvenil por el Buen Vivir (REDINJUV PERU);  Asociación de Mujeres, Defensoras de la Vida y de la Pachamama – Cajamarca; Pastoral Social del Vicariato de Jaén; Instituto de Investigación y Desarrollo – PROVIDA; Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS),  Centro de Cultura Popular Labor

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Los procesos de diálogo no contemplan una lógica de prevención de conflictos

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El gobierno central es uno de los principales promotores de las Mesas de Diálogo como una estrategia para la solución de conflictos; sin embargo, de los cuatro casos analizados por la Red Muqui: Espinar (Cusco), Río Blanco (Piura), Conga (Cajamarca), y Morococha (Junín), en ninguno se ha llegado a acuerdos vinculantes o han sido incumplidos o amañados,  y en todos ellos se cuestiona el comportamiento ético de las empresas mineras. En tres de los casos (Espinar, Conga y Río Blanco) el problema central está vinculado al tema ambiental.

Uno de los mecanismos de diálogo son las mesas de diálogo y desarrollo, los procesos de consulta previa y los espacios de negociación o acuerdo previo con comunidades, según menciona el documento de “Balance y Propuestas para el Funcionamiento de los Procesos de Diálogo en el Perú”, elaborado por Red Muqui. Uno de los principales problemas que presentan dichos mecanismos en común es que ninguno contempla una lógica preventiva; es decir, no existen desde el Estado acciones para determinar con tiempo, elementos que podrían conducir a una situación de crisis y de ese modo poder evitar el estallido de conflictos.

Según menciona Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, al Estado le hace falta entender el contexto que se vive al interior de las comunidades. “En los casos evaluados, tenemos procesos que buscan desconflictivizar o negociar, pero no solucionar las problemáticas de las organizaciones locales y, facilitar con ello, relaciones adecuadas de Estado. La voluntad de las comunidades no es considerada al momento de decidir sobre la realización de proyectos o la aprobación de normas; por ello, muchas veces,  terminan afectando comunidades campesinas o nativas, y población en general”, sostiene.

 

La organización analizó en dicho documento los casos de Espinar (Cusco), Río Blanco (Piura), Celendín (Cajamarca), y Morococha (Junín) e identificó algunas limitaciones presentes durante las mesas de diálogo. Estas son zonas en las cuales la minería y los conflictos entorno a ella están presentes, pero lamentablemente, en ninguno de los casos los mecanismos de diálogo han podido dar solución a las problemáticas de fondo de la conflictividad, porque no las abordan y falta de voluntad política.

Los principales problemas observados por Muqui son la asimetría con el que se han venido desarrollando los procesos, “el Gobierno central y las empresas mineras participan con más profesionales y asesores que las comunidades, que incluso no los tienen mayormente”;  lo discutido corresponde a una agenda impuesta por el Estado, “las agendas, organizadas por el Estado, recogen parte de las causas de un conflicto y muestran las bondades de los proyectos mineros, no las preocupaciones de las comunidades y poblaciones y sus intereses”; no se da un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que se llegan, ni se investigan las violaciones de derechos humanos, subraya el documento.

En Piura se encuentra la empresa minera Río Blanco. El conflicto en esta región inició en el 2002, año desde el cual se han registrado alrededor de 30 personas detenidas, 9 fallecidas y hasta 400 investigadas o procesadas. “En el año 2007, las zonas de Ayabaca y Huancabamba tuvieron una consulta popular y lo que querían las organizaciones sociales como condición, era que se reconocieran los resultados de la consulta, en donde más del 98% dijo que no quería esta la minera en la zona. El que dirigía esa mesa de diálogo desde el gobierno era el entonces premier Jorge del Castillo; dijo que no podía aceptar una imposición y  dio por suspendida la reunión de la mesa. Hasta el momento no se ha vuelto nuevamente a reiniciar esos procesos”, declara Lupo Canterac Troya, Coordinador de la Red Regional Agua Desarrollo y Democracia de Piura (REDAD).

 

En Espinar, Cusco, se desató el conflicto en el 2001 a causa de las operaciones de la Minera Xstrata Tintaya con 3 fallecidos y 26 detenidos. En el año 2012 se volvió a desatar un conflicto, al cual el Estado respondió implementando una mesa de diálogo. Según Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, esta “no fue una mesa de diálogo equitativa, ha habido situaciones asimétricas en el tema de profesionales y hasta la difusión de acuerdos limitaba la participación de las comunidades; por otro lado, el Estado cuando dialoga viene con asesores técnicos. A pesar de esas asimetrías las comunidades han estado casi año y medio en la mesa de diálogo que finalmente se fue desgastando”, menciona.

El informe de la Red Muqui señala que de los cuatro casos analizados, hay un saldo de 12 muertes en conflictos, de las cuales cinco corresponden al caso minas Conga; tres al caso Espinar; y cuatro al caso Río Blanco. En ninguno de los casos se cuenta con información sobre las acciones que el  Estado ha realizado para esclarecer los hechos, como identificar a los presuntos responsables e indemnizar a las víctimas. Si bien hubo y hay aún procesos e investigaciones penales en curso, o fueron archivados o no tienen resultados hasta la fecha. Estos hechos graves de vulneraciones a los derechos fundamentales no han sido considerados como temas centrales en ninguna de las agendas de las Mesas de Diálogo, salvo algunas respuestas puntuales como en el caso Espinar (la empresa Xstrata ofreció un apoyo económico a las familias de los heridos y fallecidos).

Así el informe recomienda que desde el Estado haya una política preventiva de los conflictos, el establecimiento de un sistema nacional de prevención y atención de conflictos sociales con la Municipalidad Distrital como primer nivel, la participación plena de la población y las comunidades campesinas en los procesos de diálogo; la representación equitativa, con asesores, observadores y profesionales especialmente al tratarse aspectos técnicos y legales; el seguimiento o monitoreo de los acuerdos y compromisos derivados de los procesos con garantes; las agendas de discusión compartidas, y el respeto de los derechos de las poblaciones, en especial de nuestras comunidades campesinas y nativas como prioridad.

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Oposición al proyecto Tía María se mantiene en el sur

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Así lo afirmaron organizaciones sociales y ciudadanos en un encuentro donde participó Máxima Acuña, dirigenta social de Cajamarca.

Ante la noticia de que la empresa minera Southern Perú iniciaría operaciones en el Valle del Tambo en el primer trimestre del año, diversas organizaciones de la zona se declararon en alerta y refirmaron su oposición al proyecto Tía María.

Como informaron el Diario La República y El Búho, el fin de semana se realizó el encuentro nacional: «Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida», donde participó Máxima Acuña. La agricultora, y mujer símbolo de la resistencia social al proyecto minero Conga, estuvo en Arequipa para apoyar la resistencia de los comuneros del Valle de Islay.

“Los campesinos queremos vivir tranquilos. Vivir en paz. Que se respeten nuestros derechos. Si no se van, tenemos que defendernos y luchar. La lucha es justa”, declaró para El Búho, Máxima Acuña.

Cabe resaltar que Southern está tratando de ingresar a la zona y trasladó una de sus plantas sin autorización. El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirmó al respecto que que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

Por su parte, en el último estudio que realizó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, se determinó que las lagunas de Mejía y la zona agrícola del valle de Tambo son las zonas de mayor fragilidad, una minería no responsable podría afectar gravemente este ecosistema.

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¿Por qué en el Perú no funciona el diálogo?

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Especialistas y representantes de la sociedad civil conversaron sobre los mecanismos de diálogo y cómo se han llevado a cabo dejando al margen de cualquier decisión a las comunidades y poblaciones.

La empresa minera Chinalco nunca escuchó a la población de Morococha, cuenta Silvia Aguilar, dirigente social, les prometieron un convenio marco, seguridad ambiental, social y pusieron como condición primero la reubicación de la ciudad. Cuando fueron trasladados, los acuerdos no se cumplieron a cabalidad. “Nosotros no teníamos asesoría legal, estábamos en desventaja” señala. Como este caso, en que el proceso de Diálogo se vio truncado, existen muchos más, donde ha sido inminente que estallen los conflictos, derivándose, luego, en protestas, enfrentamientos y movilizaciones.

Red Muqui analizó junto a varios especialistas los procesos de Diálogo en el país, cómo se han llevado a cabo y cuáles han sido sus obstáculos en el Foro público “Balance de los procesos de diálogo en el Perú en la actividad minera” que se realizó el 15 de marzo último en Lima. Allí participaron representantes de la sociedad civil, especialistas en conflictos sociales. En el primer panel participaron Milton Vásquez de Plataforma Interinstitucional Celendín, Silvia Aguilar Cajachagua – Representante de la sociedad civil de Morococha y Jaime Borda Pari- Director de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

Milton Vásquez, de Plataforma Interinstitucional Celendín, comentó sobre el emblemático caso de Conga. “El diálogo vino después del conflicto, cuando debió instalarse la mesa de diálogo antes de que ocurra.” Sánchez, señaló que se vivía un constante clima de enfrentamiento entre las comunidades y la empresa minera Yanacocha.

“El escenario era muy complicado porque Cajamarca ya estaba militarizada, ellos decían que se instalaban mesas de diálogos, pero en verdad, todo era para enseñarnos a los cajamarquinos las bondades de la minería”, señaló Miltón Sanchez.

Por su parte, Silvia Aguilar Cajachagua- Representante de la sociedad civil de Morococha- contó que el 2008 se inició la negociación para la firma del convenio marco para el reasentamiento de la ciudad de Morococha, pero muy amañadamente dentro de este proceso instalado cambió la agenda. Ella comentó que la población se sintió engañada en repetidas situaciones.

Por su parte el director de Derechos Humanos sin Fronteras, Jaime Borda, dio a conocer que en el caso de Espinar el diálogo también se vio empañado por intereses económicos.

“Lo que hemos tenido en el Sur es que las mesas de diálogo están condicionadas”, comentó. Agregó que el Estado está “monetarizando las demandas de la población “ y por eso estás han llegado a su límite, ya que, cuando las comunidades no aceptan, se declara Estado de emergencia y se usa la fuerza. “Así no se puede tener una relación horizontal, las negociaciones no son equitativas, solo los técnicos los especialistas tienen voz, puntualizó.

Todo está amarrado

El segundo panel fue moderado por la periodista Milagros Salazar, directora del medio de investigación Convoca. Participaron: Juan Aste, ingeniero economista y asesor de RED MUQUI, Javier La Rosa, asesor de la Comisión de Pueblos indígenas, andinos, amazónicos, y afroperuanos, Ambiente y ecología del Congreso; y Giselle Huamaní, especialista en conflictos sociales.

Juan Aste, consultor de RED MUQUI, afirmó que a las empresas no “les importan lo que digan las comunidades, ellos van a llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, dijo en el panel.

Comentó que los conflictos sociales deben ser abordados en el territorio donde ocurren y no traerlos a Lima y que se debería trabajar de forma preventiva porque la base del conflicto es la imposición. Puso como ejemplo, el caso de Tía María, donde las comunidades están defendiendo su modelo de desarrollo agrícola y agroindustrial y exigen el reconocimiento de la consulta popular realizada el 2009.

El asesor congresal, Javier La Rosa, afirmó que muchos de los problemas que ocurren en el diálogo tienen que ver con el sistema mismo en que están diseñados. “Habría que ver ¿qué entienden ambas partes por diálogo”, aseveró. Añadió que siempre hay que tomar en cuenta a los actores más débiles y evitar que los conflictos crezcan.

Finalmente, Giselle Huamaní, especialista en conflictos sociales, afirmó que “las mesas de dialogo en espacio de crisis no son adecuadas”. Señaló que, por ejemplo, en Morococha se ha estado tratando de plantear propuestas y se ha buscado la concertación. “Hay que hacer un esfuerzo, tratar de identificar casos donde el diálogo si funciona, lamentablemente, las prácticas positivas no llegan a los medios”, señaló.

Por su parte, RED MUQUI, viene trabajando para contribuir al debate y la generación de espacios para la mejora de mecanismos de diálogo. En el documento Balance y Propuesta para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú se proponen una serie de mecanismos que contribuirían a generar procesos más horizontales y democráticos. Se propone, entre otros, crear un Sistema Nacional de prevención y atención de conflictos sociales a nivel local, regional y nacional; también, que el Estado asuma como prioridad impulsar procesos de diálogo de forma transversal y garantice la defensa de los derechos por encima de intereses económicos.

Se puede ver la lista completa de PROPUESTAS MUQUI AQUÍ

Conoce más sobre la campaña Cuando #TodoEstáAmarrado nada sirve AQUÍ

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[INFOGRAFÍA] Tres datos sobre el agua y los problemas que ocasiona la minería irresponsable

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En el día mundial del agua, RED MUQUI propone revisar los problemas que trae la minería irresponsable cuando no cumple estándares de calidad ambiental y contamina las fuentes de agua, afectando la salud de las poblaciones.

[INFOGRAFÍA]

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Un gobierno amarrado: Para las comunidades se cierran las puertas de la PCM y para la corrupción se abren de par en par

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El día de ayer se difundieron varios videos donde se daba a conocer una supuesta compra de congresistas de parte del Bloque de Kenji Fujimori para beneficio del ejecutivo y con el fin de evitar la vacancia presidencial. En uno de los videos de habla sobre el amarre de corrupción y lo “rápido” que pueden salir los proyectos con la venia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este trato “preferencial” contrasta con el que se da a la comunidades o poblaciones cuando solicitan reuniones con el Ejecutivo para atención de emergencias como atención de salud por intoxicación o remediación de pasivos ambientales.

El congresista Bienvenido Ramírez afirma en uno de los videos: “En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, evidenciando de esta forma arreglos internos y acuerdos bajo la mesa para facilitar beneficios personales.

En contraste, en otras situaciones, los ministerios han dado largas a procesos de diálogo, atención en salud, etc. El caso de los afectados por metales tóxicos es un ejemplo. Ante la indiferencia de las autoridades, familias del distrito más afectado por la minería en Cerro de Pasco se encadenaron en las rejas del Ministerio de Salud. Desde el 2012, que se declaró Emergencia ambiental, se venía exigiendo la atención primaria y especializada de las personas, especialmente niños, afectados por metales tóxicos, una clínica de desintoxicación, entre otros, pero cinco años después no había mayores avances.

Otros afectados por metales tóxicos de Espinar, Chiriaco, Junín, San Mateo, Cuninico han solicitado reuniones con ministerios. El 28 de enero pasado estuvieron esperando 3 horas afuera de la oficina del ministro Salinas para poder agendar una reunión, que luego fue reprogramada. Ante esta indiferencia del Estado,  el ingeniero economista y especialista en conflictos sociales, Juan Aste Daffos señala que “al gobierno no le importa lo que digan las comunidades, va querer llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, afimó.

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