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Pocas personas fuera del centro poblado de Challuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascacocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización de 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

Nota elaborada por el Instituto Natura – miembro de la Red Muqui-

El día 14 de octubre de 2020 se presentó la demanda de acción popular contra los decretos supremos N° 016-2020-EM y 017-2020-EM, los cuales aprueban el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Lotes Z-67 y Z-68 ubicados en la región de Ancash. El objetivo de esta demanda es que el Poder Judicial declare la nulidad de ambos decretos y detenga la exploración y explotación petrolera en el mar ancashino por parte de la empresa Tullow Oil.

Como recordaremos, estos lotes ya fueron adjudicados en el 2018 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para posteriormente ser declarados nulos por el gobierno de Martín Vizcarra, quien ahora en el 2020 vuelve a adjudicarlos a la misma empresa trasnacional. El motivo de la demanda de acción popular es la violación a los derechos a la participación ciudadana y seguridad alimentaria que conlleva la adjudicación de estos lotes petroleros.

El derecho a la participación ciudadana se ve lesionado debido a que no se realizó de manera adecuada la ronda de talleres informativos sobre lo que implica la exploración y explotación de los lotes petroleros en cuestión, contando con poca convocatoria de los gremios pesqueros y con un déficit clamoroso por parte del Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a la hora de dar respuesta a las interrogantes de la sociedad civil ancashina.

El derecho a la seguridad alimentaria se ve violentado debido a que la exploración y explotación petrolera del mar ancashino como tal ya genera una afectación a las cadenas de reproducción y captura de especies marinas del litoral, elementos fundamentales para el desarrollo del comercio y alimentación de la población de Santa, Casma y Huarmey.

La demanda ha sido interpuesta en el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima mediante expediente 00090-2020-0-1801-SP-DC-01 y esperemos que siga su trámite para absolver este problema jurídico cuanto antes. Los demandantes son un grupo de representantes de organizaciones y expertos regionales, el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, con el soporte y acompañamiento del Instituto Natura y el, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC.

Perú, 14 de octubre de 2020

Nota realizada por el Instituto Natura de Chimbote – miembro de la Red Muqui

Una movilización pacífica de organizaciones, gremios y colectivos sociales de la ciudad de Chimbote contra los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM que otorgan concesiones petroleras frente al mar de Ancash, fue duramente reprimida por la Policía Nacional en el centro de la ciudad.

Los marchantes que se desplazaban por las calles de la ciudad fueron interceptados por un convoy de la Policía Nacional, quienes, tras impedirles el paso, intervinieron y detuvieron a dirigentes.

La protesta de hoy se suma a dos exitosos plantones ciudadanos (7 y 16 de julio) y a una Cadena Humana convocada para el próximo 30 de julio, que vienen organizando los sectores sociales y sindicales de la ciudad y que ha convocado a autoridades como los alcaldes de las provincias del Santa, Casma y Huarmey, congresistas de la república, personalidades y expertos de las regiones del norte del país – como la realizada el 8 de julio-, quienes exigen se respete la vocación productiva pesquera de la costa peruana y el cuidado ambiental y exigen la anulación de estas concesiones a favor de la controvertida compañía Tullow Oil.

Detención y represión policial

Los tres detenidos de esta mañana (Eder Smith Guzmán Vásquez, Víctor Utrilla y Einer Méndez Estrada) han sido ya puestos en libertad, no obstante, se registraron incidentes de violencia y represión por parte de la policía según informó la Federación Sindical de Trabajadores de Ancash (FESIDETA) convocantes a la marcha.

Cabe mencionar que el 16 de Julio, durante el plantón ciudadano en la ciudad de Casma, fue detenido José Valdiviezo Bran, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Casma, junto a otros dos manifestantes.

Más acciones

Hoy jueves, 23 de julio, a las 6:00 pm se realizará el Pleno Alternativo Virtual con la Sociedad Civil, organizado por el Frente Macro Norte PESCA SÍ PETROLEO NO y el Instituto Natura, en el que estarán presentes cinco congresistas de la república, representantes de las regiones de Ancash, Lambayeque, Piura y Tumbes, el Alcalde de la Provincia del Santa y representantes de gremios, sindicatos, sociedad civil y colectivos sociales. El objetivo es plantear acciones conjuntas para la incidencia.

El jueves 30 de julio se realizará una CADENA HUMANA en las tres provincias costeras de la región Ancash, liderado por los frentes de defensa, los sindicatos de pescadores y colectivos sociales.

Durante la mañana del día de hoy, martes 7 de julio, gremios de pescadores artesanales, sindicatos de pescadores, juntas y frentes vecinales de Chimbote -región Ancash-, protestaron contra la entrega ilegal de millones de hectáreas del mar de la costa norte a la empresa petrolera Tullow Oil para explorar y explotar hidrocarburos, aprobado recientemente el 2 de julio a través de los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM. Estos decretos fueron aprobados inicialmente por el gobierno de PPK, pero frente a la protesta masiva de los pescadores artesanales de la costa norte, tuvo que derogar estos decretos antes de renunciar a la presidencia.

Las organizaciones agrupadas en el FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SÍ PETRÓLEO NO – desde Ancash hasta Tumbes – , señalan a través de un comunicado que este es un atentado contra nuestra fuente alimentaria peruana sin previsión de los impactos imprevisibles de esta crisis, y que es incompatible con la pesca y la cultura marino-costera al atentar contra la vocación productiva, y la cultura y cosmovisión de la costa peruana. Las organizaciones señalaron a Red Muqui que convocarán a otra jornada de protesta para el 16 de julio con el objetivo de que el gobierno del presidente Vizcarra derogue los decretos supremos en mención.

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamiento:

  1.  DEROGATORIA EN PLAZO INMEDIATO de los D.S. 016-2020-EM (Lote Z 67 – ANCASH), 017-2020-EM (Lote Z 68 – ANCASH) (Julio 2020) y los DS. 006-2019-EM (Lote Z 38 – TUMBES) 012-2019-EM (Lote Z 64 – TUMBES), URGENTE INTERPELACION A LOS SECTORES DE ENERGIA Y AMBIENTE Y DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL GERENTE DE PERUPETRO.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por PERUPETRO -en representación del Estado Peruano – que afecte la vida natural y en particular la zona marino costera en el país.
  3.  Políticas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, conservación de áreas marinas (Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras) recuperación de ecosistemas afectados y sitios impactados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero, promovidas desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
  4.  Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

Perú, Julio 2020

¡¡PESCA SI PETROLEO NO!! ¡¡PARO MACRO REGIONAL AHORA!!
¡¡DEROGATORIA IMMEDIATA DE LOS DS 016 2020 EM Y 017 2020 EM!!

FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SI PETRÓLEO NO: Lorenzo Macedonio Vásquez Contreras – Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos / Manuel Hector Galán Llontop – FEPUN Lambayeque / Guillermo Panta Jacinto – Gremio de Pescadores de Tumbes / Aristides Chulle Purizaca – Coordinadora Provincial de Paita
Oswaldo Cruz Villegas – Sindicato Único de Pescadores de Pescadores de Paita / Fidel Periche – Comite Multisectorial de Defensa de las Pesquerías y Bahía de Sechura / COPROPESCA / Frente de Maricultores de Sechura

Elmer Peña Rodríguez – Sec. Gen. Junta Directiva PPJJ 15 de Abril – Chimbote; Maria Lissetti Avila Aguilar – Teniente Gobernadora PPJJ 15 de Abril – Chimbote, Raúl Vásquez Ojeda – Sec. Gen. Junta Directiva – Urb La Libertad – Chimbote; Frente Cívico de Nuevo Chimbote; Sindicato Glorioso de Trabajadores en Construcción Civil de Ancash; Instituto NATURA; Comisión de Justicia Social de Chimbote; Delegación de Pastoral Social de la Diócesis de Chimbote; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura; Colectivo Chimbote de Pie – Chimbote; Jorge Chumpitaz – Asesor de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural Domiciliario del Perú; Instituto Pachamana – Chimbote; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Lima; CooperAcción; Proyecto Amigo – La Libertad; Foro Ciudades para la Vida (FCPV) – Lima; Guillermo Naco Rosas (DNI 20982468) Alto Comisionado Ashaninka Ante El Covid 19/Embajador del Pueblo Ashanninka; David Roca Basadre (DNI 09490813) – Radar Verde; Maritza Barrow (DNI 46699488) – Radar Verde; Milagros Peña Callirgos (DNI 41925695) – Radar Verde; Marleni Canales Rubio (DNI 04824982) – Radar Verde; Guillermo Bettocchi Ibarra (DNI 06530307) S.O.S. ABEJAS; María Ysabel Vicente Cuzcano (DNI 15437549) S.O.S. ABEJAS; Milka Jacqueline Silva Mendoza (DNI 17436059) – Ciudadanos por el Cambio; Hernando Cevallos Flores (DNI 02792297) Ex – Congresista de la República; María E. Foronda Farro (DNI 32985633) Ex – Congresista de la República. FORO DE SOBERANIA ENERGETICA, Manuel Dammert Ex – Congresista de la República; Hugo Cabieses Cubas (DNI 10585951) Ex Vice Ministro del Ambiente.

Nota realizada en coordinación con el Instituto Natura de Chimbote – miembro de la Red Muqui-. Fotos del Instituto Natura.

Desde la madrugada del viernes 3 de abril, más de 50 trabajadores de la empresa contratista ATC de Antamina, vienen exigiendo que Antamina les facilite la realización de las pruebas de descarte de Covid-19, debido a que tomaron conocimiento del reporte público de la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre el trabajador minero que dio resultado positivo de Covid 19 el 31 de marzo, quien pertenece al mismo campamento en el que laboran: Yanacancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

Trabajadores bloquean ingreso a comedor

Los trabajadores fueron a buscar al gerente de la empresa minera desde tempranas horas para plantear sus exigencias, pero al no ser recibidos bloquearon el ingreso al comedor exigiendo respuesta de algún representante de la empresa. Posteriormente salió el superintendente de seguridad de Antamina y frente a las exigencias señaló que la empresa entiende la preocupación de los trabajadores, pero “muchas cosas se han mentido acá. Todos los que estamos acá no tenemos un síntoma de nada. Estamos bien, respiramos bien”. Frente a estas declaraciones los trabajadores dijeron: ¡NO! y señalaron que eso era falso.

El superintendente de Antamina continuó con su discurso señalando que el médico no estaba presente en ese momento para dar información sobre la prueba de descarte de Covid-19, y que él estaba presente para resolver las cosas de manera tranquila y que “la gente que quiera ir a trabajar, pueda trabajar, y si ustedes no lo quieren hacer están en su derecho y esperen una respuesta del departamento médico. (…) “Si queremos vamos al hall y el médico vendrá y les explicará la situación, sino yo voy también con mascarilla para hablar con ustedes y no me contagie nada. Un resfriado es muy diferente a estar con el covid19. Cuanta gente ha trabajado acá y tose; eso no quiere decir que estemos a punto de irnos todos a una pandemia a morir”.

Campamento minero continúa desarrollando labores

Enseguida un trabajador señaló que están trabajando todos los días, incluido de noche, y eso es un peligro para el contagio, porque todos transitan en el campamento y ya hubo un caso de Covid-19. Además, enfatizó que la empresa no les ha dado ninguna información hasta el momento.

Frente a este reclamo, el representante de Antamina señaló que la empresa estaba evacuando a los trabajadores que presentan fuertes resfríos, y que el señor que salió positivo de Covid 19 en Huaraz no había sido la única persona evacuada. “Han salido muchos evacuados de acá y todos han sido negativos”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones los trabajadores respondieron enardecidamente que eso no era cierto.

El representante de Antamina continuó y señaló: “lo mismo que tú respiras acá, yo también lo respiro, cuando yo vaya a las ciudades (..), ¿le vamos a pedir a todos el certificado de si tiene o no Covid-19? Ni saben”.

Esto enardeció más a los trabajadores y tuvo que intervenir otro representante de la empresa Antamina que pidió desarrollar una reunión en un salón de la empresa.

En el tránsito al salón de reuniones los trabajadores seguían exigiendo que se les haga la prueba de descarte de Covid 19 para que vuelvan a casa con sus familias. Hasta ahora la empresa Antamina no emite un comunicado respecto a esta situación y los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores.

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Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos se pronuncia

Frente al último comunicado del 31 de marzo de la empresa Antamina sobre el trabajador minero con Covid 19; el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos que preside el alcalde de San Marcos, Crhistian Palacios, exigió el mismo día, a través de un pronunciamiento, que la empresa mantenga en aislamiento social a sus trabajadores directos y a los trabajadores de sus empresas contratistas que laboran en sus campamentos.

También solicitaron en el comunicado que la empresa minera entregue una relación de los trabajadores mineros que han salido del campamento minero hacia sus hogares desde el 12 de marzo hasta la fecha. Agregaron que la empresa debe dar seguimiento y realizar descarte de Covid 19 de todas esas personas. En el pronunciamiento finalizan exigiendo que la empresa pare el transporte de su personal a las comunidades y ciudad de San Marcos, así como el apoyo que vienen realizando a comuneros de la zona en el marco de esta crisis para evitar posibles contagios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados en Ancash

Hasta el día de hoy, 3 de abril, la Dirección Regional de Salud de Ancash viene reportando 18 personas con Covid 19.

 

 

DESDE SAN MARCOS ANCASH

• Corte Superior de Justicia todavía no comunica una fecha para resolución
• Juzgado desestimó que uno de los agraviados haya sido víctima de secuestro, pero igual procedió sentencia

Se espera que la Sala Penal permanente de la Corte Suprema de Justicia resuelva anular la sentencia de 24 años de cárcel que pesa sobre dos dirigentes comunales de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha (San Marcos, Áncash), que fueron denunciados por la empresa minera Antamina, en medio de un paro de protesta como reclamo por incumplimiento de acuerdos.

El 5 de abril último, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, fijó esta dura condena a los comuneros Narciso Espinoza Amado y Melitón Gregorio Cadillo Arce, quienes fueron acusados por los delitos de secuestro y entorpecimiento a los servicios públicos, en agravio de dos funcionarios mineros.

Aun cuando uno de los supuestos agraviados haya desmentido que se le haya privado de su libertad, y la misma Sala de Huari haya desestimado que el otro haya sido víctima de secuestro, los magistrados Calderón Alonso, Hilda Celestino Narcizo y Juan Valerio Cornejo Cabilla resolvieron condenarlos (Mediante resolución tres del expediente N° 103-2012-0).

Por su parte la empresa minera insistió en la supuesta comisión de delitos por parte de Melitón Cadillo, quien se encuentra en situación de “no habido”, a diferencia de Narciso Espinoza quien ya purga condena en Ancash.

“El caso del señor Cadillo Arce es el de una persona acusada de cometer actos en contra de la ley, los agraviados en dicho proceso son el Estado Peruano y ciertamente los dos trabajadores que, en su momento, trabajaron para Antamina. Todos tenemos derecho a la protesta, pero no a cometer delitos” precisó en un comunicado del 11 de abril.

Inicio del conflicto

Todo este conflicto comenzó el 13 de marzo de 2007, cuando la Municipalidad distrital de San Marcos y Antamina suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible.

Cuatro años después, los caseríos de Huallacancha, Tarushcancha y Ninacocha reclamaron por el incumplimiento de los acuerdos del convenio en sus zonas, pese a estar ubicados muy cerca de la mina.

Es así que, entre el 13 y 14 de enero de 2011, quedaron en reunirse con Marco Dulanto Bautista, funcionario de Antamina en aquel entonces. Dicha reunión fue suspendida por la mina, provocando que los pobladores de Taruscancha convoquen un paro de protesta los días 16 y 17 de enero, y bloqueen la carretera de acceso al campamento minero.

La policía estuvo presente en medio de la protesta, lo cual consta en el informe N°02-2001-13-DIRTEPOL/DIPOL-HI-SPNP-YANACANCHA, hasta que Antamina decidió enviar a su relacionista comunitaria, Lesly Chojeda, y a Mario Alva Obando como resguardo. Ambos tenían la misión de comunicar a los comuneros sobre una nueva fecha de reunión.

Según refieren los comuneros, el contingente policial se retiró –pese a estar en un ambiente de protesta- y dejó solos a estos trabajadores de la mina para que se “entiendan” con ellos.

Este hecho es en el que se basó Antamina para denunciar a Melitón Cadillo y a Narciso Espinoza por secuestro.

“Agraviada” desmintió secuestro

No obstante, la presunta víctima de secuestro, Lesly Chojeda declaró al Juzgado de Huari que cuando fue a entregar el documento con la reprogramación de la reunión, fue abandonada por los agentes policiales de la DINOES y por la propia Antamina.

“Nunca me agredieron, nunca fui violentada, solo fui retenida y no fue violando mi integridad física. Luego de que pasaron las horas y luego de haber cenado, se me acercó un supervisor o jefe de la DINOES, y se fue creo a llevar información a Antamina. A las nueve de la noche la gente seguía en el cerro y una señora me llevó a su casa para descansar”, testificó Chojeda.

La psicóloga social indicó que nunca la llevaron al cerro, ella solo había permanecido en Tarushcancha con Mario Obando. Ante tantas personas indignadas se sintieron intimidados. Al día siguiente (lunes 17 de enero), no hubo necesidad que sea “liberada” sino se retiró sin problemas –y por volutnad propia– al ver que las comunidades lograron reunirse con Pablo De la Flor, vicepresidente de Antamina en esa época.

La relacionista comunitaria de la minera dejó de trabajar en la empresa en febrero de 2011, es decir un mes después del conflicto. Mientras tanto, Mario Obando continúa hasta la fecha.

Se ha demostrado lo indemostrable

El abogado defensor, Víctor Álvarez, remarcó que en este caso están envueltos campesinos que no son delincuentes que están dirigiendo sus acciones a secuestrar con alguna intencionalidad directa.

El abogado de la CNDDHH recordó que la propia sentencia de la Sala de Huari (EXP. N°103-2012-0) expresa claramente que Señor Mario Alva Obando Flores no puede ser considerado agraviado del delito de secuestro.

“Si Obado y Chojeda han permanecido juntos el día de los hechos, no tiene sentido que uno de ellos termine siendo víctima de secuestro y el otro sí. Por otro lado, Chojeda manifestó haber sido retenida por unas mujeres y no queda claro porqué se señala a los señores Cadillo y Espinoza como responsables de su supuesto secuestro”, apuntó el letrado.

Estamos frente a campesinos que reclaman sus derechos y hacer escuchar su voz y que han sido condenados a 24 años, lo cual resulta absurdo y descabellado”, manifestó.

Para la defensa asumida por la CNDDHH, todo ello ha sido encaminado a «demostrar» lo indemostrable, desde la manera en que se ha llevado el juicio oral, las preguntas de la fiscalía, hasta la defensa de los comuneros que no ha sido capaz de hacer ver estas anomalías durante el proceso.

Por su parte, los familiares de Cadillo y Espinoza llegaron a Lima para dar a conocer el caso a la prensa y a reunirse con la defensa asumida por la CNDDHH.

DATOS:

Cargos imputados: Delito contra la libertad – violación de la Libertad Personal en la modalidad de Secuestro, y delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios, en su modalidad de entorpecimiento a los servicios públicos.

Fuente y Fotos: RED MUQUI /CNA