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Tras la convocatoria al paro indefinido para este lunes 9 de noviembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca en Puno, debido a que las familias afectadas por metales tóxicos- recientemente confirmadas con arsénico y mercurio 34 personas- no tienen atención médica especializada de parte del Estado y respuesta a las otras demandas tras la contaminación del río Coata; la Fiscalía provincial de San Román de la región de Puno, ha decidido iniciar un procedimiento preventivo al alcalde distrital de Cupi: Marcelino Surco Quispe, y al presidente del Frente de Defensa:Felix Suasaca, porque incurrirían en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad en el desarrollo del paro indefinido, tras haber señalado en medios de comunicación que el paro se justifica porque las autoridades hasta ahora no cumplen con las necesidades de los afectados y afectadas de los pueblos de los 5 distritos tras la contaminación de la cuenca del río Coata.

En la notificación, además, la fiscalía argumenta que los dirigentes y alcalde deben acatar el decreto supremo que ordena el estado de emergencia nacional (restricción del derecho de reunión) debido a la pandemia.

La convocatoria al paro se da porque el Estado no ha atendido las exigencias de los dirigentes de los 5 frentes de Defensa agrupados en el Frente de Defensa Unificado del río Coata, que está contaminado con metales pesados y desechos industriales. Producto de esta contaminación, después de que Censopas sacó muestras a 55 personas, 34 personas salieron con resultados de arsénico y mercurio en sus organismos. Los resultados recién se hicieron públicos después de 8 meses debido a la filtración de los resultados al dirigente Félix Suasaca.

Frente a estos hechos, los dirigentes convocaron a los ministerios para instalar una mesa sobre metales pesados con reconocimiento legal a la mesa multisectorial que vienen funcionando desde hace años, para que se garantice una atención integral a los afectados y afectadas; sin embargo, a las reuniones en Puno acudieron funcionarios sin poder de decisión, y hasta ahora no hay ninguna medida concreta. Además de la medida de atención especializada en salud, también exigen la remediación del río Coata, la implementación de una planta de tratamiento para que las personas puedan acceder al agua potable, y el mejoramiento de la infraestructura de salud en la provincia de San Román.

Dirigentes rechazan acción intimidatoria

Frente a esta notificación, los Frentes de Defensa emitieron un comunicado en que rechazan esta notificación: «Desde el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca RECHAZAMOS enfáticamente estas acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior, por medio de esta disposición fiscal que busca, por medio del amedrentamiento a nuestros voceros y representantes, frustrar la demanda justa de las personas de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca en la defensa de la vida, la salud, el ambiente, el agua, el agro, el río Coata y lago Titicaca, frente a la inoperancia e desidia de las autoridades del sector salud».

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, quien está asumiendo la defensa de agricultores y dirigentes de valle de Tambo, esta es una «típica actitud de criminalización de la protesta social, por la cual el Estado, a través de sus procuradores intenta instrumentalizar el derecho penal para perseguir a quienes, ejerciendo su derecho fundamental a la protesta social, anuncian la realización de un paro en oposición a decisiones gubernamentales que afectan sus derechos fundamentales. Ya el Tribunal Constitucional acaba de decir que la protesta social es un derecho fundamental y que la responsabilidad penal es personal. Entonces, es un derecho protestar y no se puede intentar criminalizar a quienes lo hacen».