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Recientemente, Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, participó en el Foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”. A raíz de ello, realizamos la siguiente entrevista.

De acuerdo al último informe de Global Witness, a nivel mundial se registraron 227 asesinatos a defensores de derechos humanos el 2020, lo que constituye un aumento en las cifras históricas respecto a años anteriores. Perú se encuentra en el noveno lugar en el ranking de personas defensoras de derechos humanos asesinadas durante el año pasado, registrando 6 personas asesinadas.

¿Cuál es la situación de los defensores en Perú, desde la labor que viene realizando como relatora?

Mary Lawlor: Entre 2015 y 2019, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró el asesinato de 24 defensores de los derechos humanos en Perú. Esta cifra es, casi con toda seguridad, inferior a la cantidad real de todos los asesinatos. Lamentablemente, los defensores han seguido siendo asesinados en el país durante estos años, mientras esto pasa, recibo información frecuentemente sobre amenazas de muerte y ataques físicos contra defensores peruanos, a menudo son miembros de comunidades indígenas; así como actualizaciones sobre casos de criminalización, como el de César Estrada Chuquilín -un defensor víctima de amedrentamiento a raíz de su defensa por el agua de la contaminación minera en Cajamarca -. El nuevo gobierno debe poner fin a este ciclo de ataques que van acompañados de la impunidad contra los defensores de DDHH.

En el Perú desde el 2019 se aprobó el Protocolo de protección para personas defensoras de DDHH, y en abril de este año se aprueba el mecanismo intersectorial para la protección de defensores. A partir de este mecanismo está pendiente la emisión de un nuevo Protocolo. En este marco, ¿cómo evalúa la implementación del mecanismo intersectorial?

Mary Lawlor: A la hora de poner en marcha el nuevo mecanismo intersectorial de protección de los defensores de los derechos humanos, es fundamental que el Gobierno peruano mantenga una línea de diálogo con los defensores para garantizar que el mecanismo resulte realmente eficaz en la práctica, y que no se repitan los fallos de los esfuerzos anteriores de apoyo a los defensores. Esto requerirá que el Gobierno vaya a los lugares donde están los defensores, ya que los defensores más necesitados de apoyo suelen estar en zonas rurales y aisladas del país. La Comisión Interamericana también ha hecho varias recomendaciones importantes sobre el mecanismo, que espero sean tenidas en cuenta por el Gobierno.

¿Qué recomendaciones fundamentales considera que el gobierno actual de Perú debe implementar?

Mary Lawlor: Las soluciones a la inseguridad a la que se enfrentan los defensores deben desarrollarse con ellos de forma colectiva, con el Estado proporcionando apoyo a los mecanismos de autoprotección que los defensores ya han puesto en marcha y garantizando que haya vías de apoyo práctico rápido cuando los riesgos a los que se enfrentan los defensores, los sobrepasen. Sin embargo, esto debe ir acompañado de debates francos sobre las medidas necesarias para abordar las causas profundas de los conflictos sociales y medioambientales que ponen en peligro a los defensores, incluida la falta de protección legal y de respeto de los derechos de los pueblos indígenas tanto por parte de las empresas como del Estado, en particular en lo que respecta a sus territorios; la corrupción; y la impunidad de los ataques contra los defensores.

En torno al acuerdo de Escazú, el 16 de septiembre el Ejecutivo envió el proyecto de ley 239/2021-PE al Congreso para que se ratifique el Acuerdo. ¿Cuál sería la importancia de que el Estado peruano firme el acuerdo de Escazú?

Mary Lawlor: El acuerdo de Escazú es el primer Tratado que considera específicamente a los defensores del medio ambiente. Su entrada en vigor es un hito importante en el reconocimiento de la labor de los defensores de los derechos humanos y del derecho a un medio ambiente sano. Para complementar los esfuerzos que ya están en marcha para apoyar a los defensores, el Estado peruano debería hacer de la ratificación del acuerdo una prioridad, ya que la transformación efectiva del Acuerdo en ley nacional podría no sólo ayudar a proteger a los defensores del medio ambiente, en particular a través del artículo 9, sino empoderarlos en su trabajo, especialmente a través de los artículos 5,6,7 y 8.

 

 

 

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.