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En un comunicado emitido el día de ayer, martes 19 de mayo, más de 30 organizaciones de la provincia Santiago de Chuco, región La Libertad, alertan al Estado y a la sociedad civil en general respecto al abandono en que se encuentran las comunidades de la provincia.

Población organizada no encuentra apoyo del Estado

“En el ámbito rural, la población organizada, viene haciendo un enorme esfuerzo para evitar la propagación de este mal, pese a que en muchos casos no encuentra el apoyo de sus autoridades locales, regionales y nacionales. Es de tener en cuenta que es el sector rural quien abastece a los mercados locales y regionales con productos de pan llevar y que son parte de la canasta alimenticia de las poblaciones, no encontrando el respaldo y apoyo adecuado en su producción y/o comercialización de sus productos”, señalan en el comunicado.

Empresas mineras ponen en peligro a comunidades

Agregan que frente a los más de 500 casos de COVID-19 en el sector minero pertenecientes a 14 unidades mineras en el país – el día de ayer se reportaron 603 casos-, preocupa que el gobierno “haya permitido que continúen las actividades de las empresas mineras (supuestamente prioritarias)”, debido a que pone en peligro a las comunidades colindantes a las minas y a los territorios donde retornan los trabajadores luego del trabajo en la mina. El caso del Consorcio Minero Horizonte que opera en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, es un ejemplo, que reportó la semana pasada 195 casos de COVID-19 al gobierno regional. La empresa minera opera cerca al centro poblado de Retamas – distrito de Parcoy-, que a la fecha registra 296 casos de acuerdo a la publicación del gobierno regional.

Control ambiental en cuestión

Además, señalan que durante la pandemia los organismos de fiscalización y control ambiental como OEFA, OSINERMIN, DIGESA, FISCALÍA EN MATERIA AMBIENTAL, “no puedan hacer los respectivos controles ambientales, permitiendo que empresas mineras estén desarrollando su actividad sin ningún control ambiental, como lo vienen denunciando diversas organizaciones a nivel nacional”.

Precisan que en la provincia hay empresas mineras formales e informales que operan en las cabeceras de cuenca, y “están impactando negativamente y contaminando el recurso hídrico, perjudicando a la población que lo requiere para su uso doméstico, ganadería y agricultura, sin que hasta el momento las autoridades respectivas hagan nada para controlar dichas actividades que está causando daño al medio ambiente y principalmente al agua”.

Exigencias

Frente a esta situación las organizaciones y tenientes gobernadores que suscriben el pronunciamiento, exigen una real valorización de la agricultura familiar; coordinación de parte de las autoridades municipales para la comercialización descentralizada de alimentos de la agricultura familiar para evitar aglomeraciones; abastecimiento de insumos agrícolas sin alza de precios para que no se rompa la cadena productiva y alimenticia y puedan seguir cultivando en el campo; y un control efectivo a las empresas mineras que siguen operando en la región para evitar la contaminación y aumento de contagios de COVID-19 en las comunidades colindantes a las minas.

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui