El debate electoral: Propuestas ante la problemática minera en el Perú se desarrolló el miércoles 11 de diciembre a las 6pm, en la sala de conferencias del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la presentación  inicial de dos casos emblemáticos de la problemática minera en nuestro país, que fueron parte de los ejes de debate de los candidatos al Congreso: Salud ambiental y humana; territorio – concesiones, recursos naturales (agua) y ordenamiento Territorial; criminalización de la protesta; y alternativas al desarrollo (minería).

Casos emblemáticos

Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, desarrolló su presentación señalando a los candidatos que se encontraban escuchándola: Manuel Dammert de Juntos por el Perú; Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio; Juan Gálvez de Acción Popular; y Pedro Gamio del Partido Morado; que sus partidos políticos y de ser electos como congresistas, incidan ante la PCM en la conformación de la Comisión Multisectorial que permita la articulación de diferentes ministerios para que haya políticas de prevención, remediación y atención integral en salud a las y los afectados por metales tóxicos, que actualmente se encuentran en una situación muy difícil al no tener medicamentos y atención especializada.

Yolanda Zurita expone las propuestas de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos

Yolanda Zurita expone la problemática y propuestas de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos

Asimismo, que recojan los proyectos de ley impulsados, como el de Salud Integral Ambiental y Humana, Registro Nacional de afectados/as por metales tóxicos, y el proyecto de modificación de la Ley de Pasivos ambientales.

Pasivos Ambientales

A su turno, el representante de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Río Rímac, Genaro Aguilar, recalcó, sobre los pasivos ambientales (PAMs); que una muestra de la poca remediación de los PAMs en nuestro país, es lo que se ve con Tamboraque. “638 mil toneladas de residuo tóxico siguen al borde del río Rímac sin ser trasladados y remediados. Hace más de 10 años la PCM declaró en emergencia Tamboraque y hasta ahora nada”. De haber un fuerte sismo, los residuos tóxicos caerían al río Rímac y afectaría el agua que toman los limeños.

Genaro Aguilar, vocero de la Cuenca Alta del Río Rímac presenta la problemática de los pasivos ambientales

Entre las propuestas que señaló el vocero de la Cuenca alta del río Rímac, fue la defensa estricta de los ríos, manantiales, ecosistemas frágiles que se encuentran amenazados por los pasivos ambientales, actividades mineras en operación, hidroenergía, etc. “El Congreso debe exigir a la Autoridad Nacional del Agua que cumpla con establecer los criterios pendientes para la delimitación de las cabeceras de cuenca a ser protegidas, como un proceso de ordenamiento hídrico. Este proceso es parte de la aplicación de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca aún pendiente de ejecutar”.
 
 

Agenda de Red Muqui

Añadiendo al desarrollo de los casos expuestos; el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, señaló la agenda prioritaria de la Red para el nuevo período político con el nuevo congreso. “La aplicación del Ordenamiento Territorial, que tiene un proyecto de ley archivado en el Congreso, tiene que basarse en las visiones de futuro y modos de vida de los actores sociales, y buscando la decisión que brinda mayor sostenibilidad; y no en el ordenamiento del territorio para beneficio principalmente de las empresas mineras”.

Asimismo, enfatizó, igual que el vocero de la Cuenca alta del río Rímac, que el Congreso debe exigir a la ANA, que se dicte la metodología de aplicación de los criterios para el establecimiento de las cuencas que deben ser protegidas, como parte del cumplimiento de la Ley de Protección de cabeceras de cuenca que hasta ahora no se ejecuta.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui.

En materia de criminalización de la protesta, el vocero de Red Muqui señaló que los futuros congresistas deben plantear la derogatoria de los marcos normativos que permiten la criminalización de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad de las fuerzas armadas en los “actos en el ejercicio de sus funciones”. Agregó, por ejemplo, que se debe derogar la ilegal ley de “Activos Críticos” que permiten la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a la policía en situación de conflictos social en que estén involucradas con el desarrollo estratégico del país. Esta ley incluso plantea el apoyo de fuerzas internacionales en apoyo a situaciones de riesgo de los “activos críticos”.

Y, en materia ambiental, remarcó que se deben revisar los marcos normativos dictados en el Congreso que han afectado derechos fundamentales y colectivos, y limitado las funciones de la institucionalidad ambiental.

Terminada la 1era parte, inició el debate de candidatos al Congreso con la moderación del periodista Glatzer Tuesta; quien planteó los ejes del debate a los candidatos y preguntó y repreguntó para que las y los candidatos tengan respuestas concretas a los ejes presentados.

Debate de candidatos

Roció Silva Santisteban, candidata del Frente Amplio.

Respecto al eje de salud ambiental y humana, la candidata número 2 del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló que no se oponen a la minería en todo el Perú, sino que son antiextractivistas por los efectos que genera en la población. “El estado debe cumplir con su deber de atención a la salud con una comisión de alto nivel multisectorial”, precisó.

A su turno, el candidato número 15 del Partido Morado, Pedro Gamio, señaló: “se necesita mayor predictibilidad y establecer líneas de base en salud en los estudios de impacto ambiental (EIA). Para eso se necesitan reformas”, enfatizando en la necesidad de la prevención para que no haya más personas enfermas por exposición a metales pesados en sus territorios.

Ordenamiento Territorial

Manuel Dammert, candidato de Juntos por el Perú.

Respecto al eje de ordenamiento territorial; el candidato número 2 de Juntos por el Perú, Manuel Dammert señaló: “Hay que buscar fuentes alternativas de energía en el sur del Perú; debido a que el gas lo están quemando para la minería. El sur es fuente de alimentos y no puede ser destruido. O el gas sirve para la agricultura o sirve para que lo rematen afuera”.

Rocío Silva Santisteban señaló: “Para nosotros la propuesta es un cambio constitucional, en lo ambiental los conflictos que se vienen dando son ecoterritoriales como en el Valle de Tambo donde los agricultores defienden su tierra y defienden su valle que es fértil. Por ello la licencia social debe estar incorporada en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”

Pedro Gamio, candidato del Partido Morado

Pedro Gamio enfatizó: “El ordenamiento territorial debe ser vinculante. El país debe tener planeamiento estratégico de lo que se puede hacer con sus recursos. Actualmente no tenemos política rural. No podemos seguir tan pasivos con el tema de la minería ilegal”

Juan Gálvez, candidato número 19 de Acción Popular, precisó que es necesario “una ley marco del ordenamiento territorial. El ordenamiento tiene que asegurar una gestión integral de los recursos hídricos y debe garantizar la participación de las comunidades y garantizar su salud”

Criminalización de la protesta

Respecto a la criminalización de la protesta; Rocío Silva señaló que en el país se criminaliza la disidencia. Es una estrategia del Estado usar figuras del derecho penal para castigar a las organizaciones sociales, por eso hay que derogarla Ley 30251, derogar las normas que permiten los convenios entre empresas y la PNP”

En su intervención, Pedro Gamio precisó “es cierto que hay que garantizar el derecho a la protesta, pero hay un límite, no puede afectar otros derechos. Hasta en la guerra hay límites.

Manuel Dammert señaló que el fondo del asunto es la soberanía del Estado. “Se deben rechazar los convenios privados entre la minería y la PNP, y se debe garantizar el derecho a la protesta”.

Juan Gálvez, candidato de Acción Popular

Juan Gálvez, agregó: “El estado utiliza la fuerza para amedrentar. La PNP tiene un rol que le otorga la constitución. El estado debe ponerse los pantalones y hacer que la actividad minera sea en beneficio de las comunidades”.

En el último eje de debate, el periodista Glatzer Tuesta señaló que la corrupción era hoy uno de los grandes temas en el Perú, y preguntó, cuál era la opinión de los candidatos frente a este tema.

Al finalizar el debate, en representación del Consejo Directivo de Red Muqui, Nury García dio el agradecimiento a los candidatos por haber presentando sus propuestas y enfatizó que en el Perú no todo puede verse como mercancía que hay que vender y comprar. Por ello, como Red Muqui, señaló, continuarán acompañando a las organizaciones, comunidades y poblaciones, en defensa de sus derechos frente a un modelo de desarrollo que privilegia el desarrollo de la actividad minera y no de otras actividades económicas que la gente desarrolla de manera sostenible.

Ver video del debate, 1era parte 

Ver parte final del debate

RESOLVIÓ PODER JUDICIAL EN PUNO

  • Fallo histórico deja precedente al hacer prevalecer derechos comunales de comunidades campesinas
  • Corte superior indica que INGEMMET debe respetar Convenio 169 antes de otorgar concesiones mineras en Puno

La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.

Esta orden judicial recae directamente sobre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro no podrá otorgar concesiones mineras, si antes no realiza un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas que podrían afectadas, de acuerdo al convenio 169 suscrito con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Cristóbal Yugra, director de DHUMA, indicó que la sentencia indica que, en adelante, se le podrían aplicar restricciones al INGEMMET, en caso no cumpla en aplicar proceso de consulta previa a las concesiones mineras.

“Esta ordena al Ministerio de Energía y Minas, así como al INGEMMET, a no volver a incurrir en la inobservancia del Convenio 169, bajo apremio de aplicar las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiera lugar”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Últimas en enterarse

En este caso, el sector Energía y Minas impuso la actividad minera en Atuncolla, al autorizar la concesión del 100% de los territorios de estas comunidades campesinas, que además nunca fueron notificadas al respecto.

En ese sentido, la Sala Civil de Puno también reconoce que las concesiones mineras se expiden de espaldas a las comunidades campesinas.

«Concesionan territorios comunales de las demandantes, sin que éstas tengan conocimiento alguno y con la mera posibilidad de realizar consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio propiamente a la actividad minera de exploración y explotación», refiere la Corte Superior.

Por su parte, DHUMA y el Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que esta forma de emitir estas concesiones, por parte del INGEMMET, es casi clandestina, con el fin de que las comunidades campesinas no se enteren a tiempo, y no puedan actuar mediante recursos legales, en caso decidan oponerse a la actividad minera.

“Nunca hay una notificación impresa y concreta en el domicilio de la propia comunidad, solo publicaciones a través de avisos en diarios locales que jamás leen los que deberían hacerlo. De tal manera, en los hechos las comunidades campesinas no tienen manera de saber que se ha expedido una concesión, y que hay una concesión en su territorio. Todo ello deja en indefensión y en desprotección el derecho al territorio y a la propiedad de las comunidades campesinas”, asevera tanto DHUMA, como IDL.

Cristóbal Yugra agregó que el INGEMMET no había tomado en cuenta que las comunidades campesinas existentes en Puno tienen un reconocimiento formal, e inscrito en Registros Públicos. Es decir, el MEM ignoró a estas personas, así como a los derechos que los asisten como pueblos indígenas. De esta manera, se violaron los artículos 15 y 16 del Convenio 169, lo cual resulta inconstitucional.

“En uno de sus argumentos de sentencia, la sala señala que el Estado peruano no puede justificar el incumplimiento de los tratados internacionales con leyes internas. Esta sentencia es valiente e histórica en razón de que es la primera sala que se da en Puno, donde el Poder Judicial exige que se cumpla el Convenio 169”, refirió.

Según el artículo 6, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT: “Las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”. A ello se suma, que, conforme a la Convención de Viena, el Estado no puede alegar normas de su derecho interno para incumplir tratados internacionales vinculantes y de carácter constitucional, como el Convenio 169.

INGEMMET responde

Por su parte, el INGEMMET se justifica aduciendo que no debe consultarse la emisión de concesiones mineras, ya que la expedición de las mismas no autoriza la realización de exploración; en consecuencia, no afecta a las comunidades campesinas.

No obstante, la Primera Sala Civil de Puno, rebate este argumento al señalar que ello no exonera al Gobierno de realizar la consulta previa con las comunidades afectadas.

Esta sentencia se expidió en el marco de un proceso de amparo presentado por las 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla (provincia y región de Puno), contra el MEM y su organismo público descentralizado, INGEMMET (Expediente N° 01846-2012).

Poder Judicial puede evitar conflictos socioambientales

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) enfatizó en que este fallo, evitará que las comunidades opten por medidas de protesta como el aymarazo. Como abogado defensor, destacó que las comunidades han dado un claro ejemplo, sobre cómo este tipo de procesos deben ser resueltos por la instancia judicial.

“Esta resolución demuestra que el Poder Judicial tiene un papel que jugar, en los conflictos socio ambientales, cuando se afectan derechos fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Esto sienta un histórico precedente de protección al territorio ancestral de los pueblos indígenas en el Perú”, remarcó Ruiz Molleda.

DATO:

Comunidades de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

Fuente: Justicia Viva / SERVINDI / Ideele Radio / Correo

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

En diversos diarios de Piura y en las redes sociales de la empresa minera china Río Blanco Cooper, apareció un comunicado de la empresa el día 9 y 10 de noviembre, en que dan a entender que sostuvieron una reunión e iniciaron una ruta de diálogo con los ronderos y población de Ayabaca que se oponen al proyecto minero, para lograr fines comunes como la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, lo que señalan es falso y es desmentido por un comunicado y videos que ha circulado la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca.

Empresarios chinos irrumpieron en asamblea interna rondera

Lo que en realidad ocurrió el 9 de noviembre, en momentos en que los ronderos de Ayabaca desarrollaban un taller interno en el auditorio del hotel Aypatiq de Ayabaca; es que el gerente de la empresa minera Río Blanco, Du Chengxiang; su traductor; y el director social, Juan Aquino, irrumpieron intempestivamente, sin haber sido invitados, a la reunión ronderil. Al querer imponer su discurso apenas ingresaron, fueron rápidamente invitados a retirarse de la reunión ronderil al tratarse de un evento interno y al no haber sido invitados.

Inmediatamente, al percatarse de la manipulación informativa que estaba realizando la empresa minera en diversos medios; la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se pronunciaron:

•             La Central Única de Rondas campesinas de Ayabaca Sede Huaycuy y el Colectivo por Ayabaca, denuncian de manera categórica la intromisión de agentes de Rio Blanco a una asamblea organizada por la dirigencia de la ronda , realizada en el auditorio del Hotel Aypatic de la ciudad de Ayabaca.

•             Sin pedir permiso tres integrantes de la empresa minera Río Blanco( el gerente de Rio Blanco, el abogado y un traductor ) de manera desesperada entraron sin respetar la reunión para pretender imponer su discurso y entregar una carta escrita por el gerente de la empresa, demostrando con ello una total falta de respeto a la institución ronderil. Ante su intromisión se les invitó a retirarse y se les pidió respetar la privacidad de un evento gremial.

•             Las organizaciones y la población de Ayabaca rechazamos contundentemente la presencia de la empresa minera Río Blanco quien viene desde hace tiempo corrompiendo y dividiendo a varios dirigentes; engañando con regalos, dinero y prevendas a la población; usando fundaciones como fachadas para ingresar a nuestros territorios.

•             Asimismo rechazamos las aseveraciones hechas por dicha empresa, aludiendo a un supuesto diálogo con la dirigencias ronderiles; ante ello, les decimos que no ha habido ni habrá diálogo con una empresa que no ha respetado la decisión de la población que el año 2007 le dijo NO A LA MINERÍA en una histórica Consulta Vecinal, NO a una empresa que quiere destruir las fuentes de agua de la sierra piurana, NO a quien quiere destruir nuestros páramos y bosques de neblina(nacientes de agua), No a quien ha provocado víctimas y denuncias.

•             Finalmente exigimos a la empresa minera Río Blanco el retiro de sus oficinas clandestinas de Ayabaca, pues los declaramos como no gratos en nuestros territorios.

En RED MUQUI acompañamos desde el año 2009 a la población organizada del Valle de Tambo en la provincia de Islay en Arequipa en la defensa de sus derechos frente a la imposición del proyecto minero Tía María, y no podemos estar ajenos, una vez más, a las decisiones que toma otro gobierno, ésta vez el del Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto de favorecer la realización del citado proyecto.

Nos referimos a la resolución final del Consejo de Minería, instancia administrativa del Ministerio de Energía y Minas, que finalmente ha declarado improcedentes los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa , la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos, respecto de la Resolución N° 0328 -2019-MINEM-DGM/V de la Dirección General de Minería que aprobó el otorgamiento de la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María.

Reiteramos que el proyecto minero, como lo han previsto especialistas nacionales e internacionales, es un grave riesgo para el Valle de Tambo por el probado impacto que la explotación de los dos tajos abiertos, La Tapada y Tía María, generaría en las fuentes hídricas superficiales y subterráneas; en las actividades económicas agrícolas y agroindustriales del valle; en el empleo a nivel macro regional; y por consiguiente en la salud y medios de vida de las poblaciones del Valle de Tambo y la provincia de Islay.

Lamentamos que no se hayan considerado hasta ahora los antecedentes de 12 infracciones cometidas por la empresa minera Southern Perú en Moquegua por impactos ambientales generados en Ilo, según el Ministerio Público; así como la carta que las poblaciones afectadas en México por el Grupo México, al que pertenece Southern, y que le hicieran llegar al Presidente Vizcarra, informando los graves impactos ambientales y sociales generados por la mencionada transnacional, en que resultaron personas fallecidas y heridas.

Es lamentable que los grupos de poder económico, en particular del sector minero, hayan nuevamente presionado al gobierno, aprovechando la coyuntura política y el impulso del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, para insistir en la realización del proyecto minero. Nuevamente, días después de presentada la “Agenda País 2.0” por la CONFIEP al Presidente Vizcarra, como ocurrió cuando se aprobó en julio la licencia de construcción en cuestión, luego de algunos días de ser presentada dicha agenda en su versión 1.0; es que finalmente se confirma la licencia.

El gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de abordar el problema, dando una solución política y pacífica al conflicto generado por el proyecto minero Tía María. Es su responsabilidad no haberla aprovechado, priorizando su relación con el empresariado y subestimando y atizando con ello la conflictividad, no sólo en Arequipa, sino en toda la macro región sur.

Consideramos que la anunciada intervención preventiva de OEFA en el caso de revisión del EIA del proyecto minero Tía María, si era tal pudo haberse realizado antes y no en éste momento de convulsión social; y en todo caso no va a generar un cambio en la realización o no del mismo, porque sólo podría propiciar una modificación de EIA como ha adelantado Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, pero en la lógica de realizarse el proyecto; que es con lo que no está de acuerdo la población del Valle de Tambo.

Luego de la resolución del Consejo de Minería, lo que si queda claro es que el proyecto minero legalmente ya puede iniciar sus operaciones, pues la exigencia de la “licencia social” tan insistida por el gobierno, no exige una aprobación en particular de la instancia competente; es sólo una exigencia “declarativa”. Es por este tema y otras medidas que el caso Tía María exige la necesidad de una nueva ley general de minería y la revisión de los marcos legales complementarios de los demás sectores involucrados.

El caso también nos plantea la necesidad de ampliar el debate por la protección de nuestras tierras agrícolas productivas a nivel nacional, que sólo ocupan el 6% del territorio nacional, y como en el caso de un Valle tan productivo como el de Tambo no tiene ningún nivel de protección que permita mantener los recursos necesarios para cubrir nuestra canasta familiar.

Finalmente, el caso Tía María es uno de los primeros casos en que ya se ha aplicado la figura de los “activos críticos” con el puerto de Matarani, y con ello la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto social, lo que es un serio riesgo pues se desnaturaliza su función, y se pone en mayor riesgo a una población que ya sufre 10 años continuos de intervención policial y conflicto, con el gran impacto en la salud mental que ello genera en la población.

Pese a la decisión del Consejo de Minería, aún el gobierno del Presidente Vizcarra tiene en sus manos el logro de una salida política y pacífica, y así evitar un avivamiento del conflicto socio ambiental. Recordemos que en setiembre del 2009, en consulta popular realizada en la provincia de Islay, más del 90% de la población ya había decidido priorizar su actividad agrícola rechazando la actividad minera por el riesgo que ésta conlleva.

Pronunciamiento por la Central de Rondas Campesinas de Ayabaca y del Colectivo por Ayabaca.

Llamamos a las Rondas, las comunidades y el pueblo de Ayabaca a mantenerse alerta.

1.- EL día sábado 09 noviembre la Prefecta por Piura Rosa Cuadra Chapililique ha solicitado su presencia en la comunidad de Yanta para tratar diversos temas relacionados con la organización política del estado.
2. Pero lo que la Comunidad de Yanta desconoce , es que tras el fondo del asunto, se esconde la intención de llevar a la gerencia de Río Blanco a dicha Asamblea para que esta encuentre el mecanismo de negociar y convencer a la Asamblea sobre el desarrollo del Proyecto Minero en la comunidad.
3.- Como sabemos, Ayabaca y Huancabamba ya decidimos que No queremos ser una zona minera y la comunidad de Yanta y segunda Cajas se han ratificado en su compromiso de no otorgar la licencia social o el permiso para que ingrese el proyecto minero Río Blanco a sus territorios.
4.- Ante ello llamamos a todas las bases de las Rondas campesinas de la provincia de Ayabaca a formar un cordón de control ronderil, desde donde inicia Ayabaca, hasta la misma comunidad de Yanta , para interceptar y bloquear la intención de estas malas autoridades politicas, como lo es : la prerfecta de Piura Rosa Cuadra Chapililique.
5.- Nos sumamos a la propuesta de la hermana provincia de Huancabamba de declarar a la Prefecta de Piura Rosa Cuadra Chapililique como persona no grata en nuestras provincias.

¡UNIDAD PARA LUCHAR!
¡UNIDAD PARA VENCER!

Atentamente :

Comité central de Rondas Campesinas de la provincia de Ayabaca.
Y el colectivo por Ayabaca.

El distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se encuentra paralizado por los comuneros de todos los centros poblados del distrito. En diálogo con un periodista local, el vicepresidente de la Federación Campesina distrital, Luis Gomez, reunido en la plaza principal con todos los comuneros que se trasladaron caminando y en camiones, señala que la empresa minera Anabi opera cerca de 10 años en la zona y no ha aportado al desarrollo de la comunidad. En un pronunciamiento emitido por los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, la Federación Campesina Distrital de Haquira y las autoridades del gobierno local, denuncian que la cabecera de cuenca del Ccosecmayo viene siendo contaminada por la Unidad Minera UTUNSA de la empresa Anabi y ha afectado a todas las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca. Ello, luego de que la planta de lixiviación que se ubicaba en otra parte sufrió rajaduras y decidieron colocar la nueva planta en la cabecera de cuenca.

Demandas

En el pronunciamiento se lee: “Exigimos el cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Haquira”

Agrega que la empresa minera utiliza las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”, sin haber compensación alguna a la fecha.

El pronunciamiento finaliza demandando que el Estado distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira porque a la fecha ello no se ha dado; y señala que debe haber una reforma total de la ley de minería para que la minería aporte realmente al Perú y las empresas no “saqueen nuestros recursos”.

Paro indefinido

Al finalizar el diálogo, Luis Gómez señaló que están evaluando un paro indefinido debido a que el Estado no toma cartas en el asunto y la empresa no da cara a la población. “Hay malestar no solo en la comunidad sino en distritos aledaños que han manifestado su solidaridad ante los atropellos de la empresa Anabi”, afirmó. Empresa que en el 2018 sufrió una sanción de la OEFA y luego tuvo una resolución favorable para continuar sus operaciones. Precisó que subirían a la cabecera de cuenca donde está operando la empresa para exigir que se retiren.

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“La comisión multisectorial se crearía a través de una resolución suprema, la cual esperamos pueda ser emitida en octubre. En ella participarían representantes de la plataforma, la Defensoría del Pueblo y de los sectores involucrados. El objetivo es instalar la comisión en noviembre para empezar a trabajar”, señaló el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, a través de una nota oficial del gobierno el 05 de octubre, tras la reunión sostenida con los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. En ese entonces, los voceros de la Plataforma presentaron una agenda con propuestas para lograr una atención integral que permita atención especializada en salud, prevención para que no haya más afectados y remediación de zonas contaminadas para reducir la exposición a metales tóxicos; entre otras propuestas que involucran a diferentes ministerios del Ejecutivo.

El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros también señaló: “dependerá de nosotros trabajar seriamente para elaborar un plan de trabajo, definir prioridades y abordar los diversos aspectos de este problema nacional”. Sin embargo, ya estamos en el mes de noviembre y a la fecha no hay resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial y tampoco se está en proceso de instalación de la Comisión, señala Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. “Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna explicación del por qué no se avanza con este compromiso asumido por el gobierno”, precisa.

“Nosotros habíamos planificado realizar plantones frente a la PCM y Ministerios, pero por la disolución del Congreso decidimos postergarlo y ahora estamos evaluando retomar esas acciones porque el Gobierno no cumple lo que promete”, agrega Yolanda, quién finaliza enfatizando que el objetivo de la instalación de la Comisión Multisectorial es para que se elabore el Plan Nacional de Atención Integral especializado para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas.

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Presupuesto reducido

De acuerdo a una investigación de Convoca, que cruzó información respecto a la cantidad de afectados por regiones con el presupuesto destinado por el Estado a esas regiones; se visibiliza que el presupuesto actual es menor respecto a los montos invertidos en el 2012 y 2013. Actualmente el presupuesto destinado a la atención a personas expuestas a metales representa el 0.06% del total del presupuesto del sector Salud con 12 millones 258 mil 88 soles.

Mala distribución de recursos

La investigación también muestra que las regiones con mayor cantidad de afectados sufrieron el recorte de presupuesto. “Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre de 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, todas con más de mil afectados en cada departamento. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, el presupuesto de esta región para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados se redujo en más del 75%”, señala el informe de Convoca.

“Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales tan nocivos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Si se revisa las cifras en los últimos siete años, la historia se repite. Entre 2012 y 2018, Pasco recibió para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, 5 millones 180 mil 762 soles (1 millón 702 mil 597 dólares), menos de la mitad de lo que obtuvo el Callao en solo un año, el 2013, con 10 millones 903 mil 849 soles (3 millones 583 mil 423 dólares)”, agrega el informe.

El Informe finaliza señalando que los departamentos amazónicos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas que han sufrido derrames de petróleo y contaminación de la minería informal, son los que reciben menor presupuesto.

A nivel nacional, de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, existen 5135 personas expuestas a metales pesados; sin embargo, la denuncia de miles de personas de diversas comunidades a nivel nacional, que han sido muestreadas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), muestran que el número de afectados por metales tóxicos supera la cantidad de personas expuestas a metales pesados. Ello sin contar a las personas que no han sido muestreadas por CENSOPAS y viven en áreas de influencia directa de las empresas mineras y petroleras.

Afectados sin atención especializada

Desde hace años los afectados por metales tóxicos vienen denunciando que la atención que reciben en los hospitales no es especializada y en los centros de salud tampoco hay medicamentos para los dolores que padecen. A nivel nacional, según el propio Ministerio de Salud, existe solo un especialista en Toxicología. Sumado a ello, los afectados denuncian que las campañas que realiza el Ministerio de Salud en sus localidades no se dan de forma permanente.

TÍA MARÍA: LA INVERSIÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

RED MUQUI y la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en particular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, para manifestar lo siguiente:

  1. Nuestra profunda preocupación por la resolución del 30 de octubre emitida por el Consejo de Minería, la cual en última instancia administrativa declaró improcedente los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos; los cuales buscaban impugnar la resolución del Ministerio de Energía y Minas dada en julio del presente año, mediante la cual se aprobó la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María. Con esta reciente resolución estaría autorizada la construcción de la Planta de Beneficio.
  2. Esta resolución se emitió pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo debido a la posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje. La poca rigurosidad del EIA aprobado ha sido corroborada por especialistas nacionales y extranjeros.
  3. Además, los temores de la ciudadanía de Islay son alimentados dado los antecedentes de la empresa minera Southern Perú, correspondientes a sus operaciones en Moquegua y Tacna, en donde ha incurrido en 12 infracciones ambientales. A ello se suma, los reclamos de las poblaciones afectadas de México por las actividades del Grupo México, al que pertenece Southern, los cuales se relatan en una carta que dichos afectados hicieran llegar al Presidente Vizcarra.
  4. El gobierno ha anunciado la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin dejar claro su finalidad y sus efectos jurídicos. Es necesario que se expliquen los alcances de la intervención del OEFA. De lo contrario, puede generarse expectativas que incluso pueden agravar la actual situación de conflictividad.
  5. Consideramos que la insistencia del sector minero y el gremio empresarial con sus agendas para que se tome una decisión de esta naturaleza, constituye un error pues agrava el conflicto social; así como el hecho que el gobierno no haya podido delinear salidas viables que canalicen la preocupación legítima de la ciudadanía de Islay.
  6. Además, es necesario que el proyecto minero no se imponga a la población que podría verse afectada. La empresa Southern debe cumplir con su compromiso ético de contar con la licencia social, y respetar la decisión de la ciudadanía respecto de la actividad minera en su localidad. Igualmente, el gobierno no deber permitir que el proyecto se imponga. En consecuencia, utilizar la fuerza pública y la cuestionada norma de los activos críticos con este propósito es un grave error y contraviene el Estado de Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que en setiembre del 2009 se realizó una consulta vecinal en la que más del 90% de la ciudadanía de Islay rechazó la minería en su territorio.
  7. El caso Tía María da cuenta de las debilidades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental ya que se le ha dado viabilidad ambiental a un proyecto que podría poner en riesgo uno de los pocos valles costeros exitosos existentes en la costa peruana.
  8. En ese sentido, es importante recordar que nuestro país solo tiene el 6% de sus tierras aptas para actividades agrícolas, por lo que estas tierras deben estar protegidas a fin de garantizar la seguridad alimentaria, nuestras exportaciones agropecuarias y nuestro lugar como país líder en la gastronomía mundial.
  9. Por lo tanto, la discusión de una nueva ley general de minería, la revisión de la legislación minera y minero ambiental en general y de la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, es una necesidad en términos de alcanzar un desarrollo diversificado y garantizar los derechos de las personas en Islay y en todo el Perú.

Finalmente, pese a la decisión del Consejo de Minería consideramos que el gobierno del Presidente Vizcarra tiene el enorme desafío de recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse y de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Islay, entre ellos el de decidir cuál es su proyecto de vida y desarrollo.

En medio de las protestas en el Valle de Tambo, que volvió a paralizar todas sus actividades desde el sábado 26; más de 15 organizaciones y movimientos de México hicieron llegar una carta a Vizcarra el lunes 28 de octubre a través de Red Muqui y uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo, que entregó la carta a Mesa de Partes de la presidencia de la República. A través de las redes sociales como Twitter, las organizaciones mexicanas también se dirigieron al presidente, haciendo pública la carta.

En días en que el Consejo de Minería debe definir la viabilidad de la construcción del proyecto Tía María operado por la Corporación Southern, del que el Grupo México es el accionista mayoritario; las organizaciones mexicanas exhortan al presidente Vizcarra a que no otorgue ninguna licencia a la empresa Southern debido al actuar “criminal” del Grupo México en su país. Dos ejemplos claros que señalan en la carta son:

  • “El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 que afectó a 22 mil personas quienes, a cinco años del peor desastre ambiental minero, reconocido por el mismo gobierno mexicano, siguen exigiendo justicia y reparación por los daños causados a la salud, al medio ambiente y al agua contaminada con metales pesados”.
  • “En el 2006, 65 trabajadores murieron al quedar atrapados tras una explosión resultado de la acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Apenas este año, en respuesta a la demanda continuada de las familias de los mineros, y luego de que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Ejecutivo dispuso acciones que se espera conduzcan al rescate de los restos de los trabajadores que la empresa se ha opuesto a recuperar todos estos años”.

La carta finaliza expresando la solidaridad con el pueblo del valle de Tambo, “ante un conflicto violento que ya ha cobrado nueve vidas y dejado decenas de lesionados, además de conducir a la criminalización de personas que únicamente están defendiendo sus derechos humanos.

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Valle de Tambo articula fuerzas en Lima

Mario Chirapo, uno de los voceros de valle de Tambo, además de entregar la carta de las organizaciones mexicanas a la presidencia de la República, también participó de un Foro el viernes 25 en la universidad San Marcos, en el que hizo un balance de los 11 años de resistencia del valle frente a la imposición del proyecto minero Tía María.

Asimismo, el sábado y domingo participó del 1er Encuentro Sindical Popular organizado por el Comité de Lucha Sindical y Popular, en el que articuló alianzas con organizaciones estudiantiles, sindicales y barriales, con el objetivo de impulsar acciones de solidaridad con la lucha del valle de Tambo.

El lunes participó, también, del plantón organizado por el recién formado Comité de Solidaridad Sindical y Popular de Lima con el valle de Tambo, que se llevó a cabo desde las 6pm en plaza San Martín, en el que la Federación Textil, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (SITOBUR), entre otros sindicatos, y colectivos barriales y vecinos y vecinas de Lima mostraron su solidaridad con la lucha del pueblo de valle de Tambo y se comprometieron a continuar acciones de solidaridad con las comunidades que resisten a la imposición extractivista en sus territorios.

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA[1]

“Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería[2]

La actividad minera abarca en concesiones el 14% del territorio nacional, y ha aportado en los últimos años el 9% del PBI y un porcentaje importante de las exportaciones, siendo por decisión política cimiento importante de la economía en el Perú, en base a los precios de los minerales a nivel internacional.

Sin embargo, también en éstos años ha sido la minería la generadora de la mayor cantidad de conflictos sociales, representando el 65% de los conflictos socio ambientales en el país, los que en particular afectan a las comunidades campesinas de nuestra región andina y costera, cuyos territorios han sido concesionados en un 35% para la actividad minera.

La imposición de decisiones sobre actividad minera en el Perú, sin mecanismos adecuados de participación ciudadana y consulta previa a nuestros pueblos originarios, ni una institucionalidad sólida que garantice aprobación rigurosa de estudios ambientales ni una fiscalización adecuada de las operaciones, han generado en su mayor parte los conflictos socio ambientales, que son abordados por el Estado con procesos de “dialogo” que buscan facilitar las actividades antes de “escuchar”, o que generan acuerdos que no son cumplidos, propiciando la indignación de la personas que no encuentran como canalizar sus demandas, y ante sus justas protestas encuentran la represión y la criminalización de la protesta social.

Según la Mesa Técnica de “Políticas de Atención y Prevención Integral de Salud de afectados por metales tóxicos asociados a minería e hidrocarburos”[3], más de 7 mil personas se encuentran contaminadas por metales tóxicos en nuestro país, en particular por los pasivos ambientales mineros generados por las operaciones que vienen afectando agua, aire y suelos, contaminando además la producción actividades económicas fundamentales para nuestra alimentación, como la agricultura familiar.

Nuestras Iglesias no son ajenas “al mirar a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, como citan los Obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y “llama a las Iglesias y a la sociedad a escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub valorizada por la economía global actual”, “que permite un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar.[4]”.

Al respecto la Confesión de Accra de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas incide en que “El interés codicioso de explotar la Madre Tierra hasta la última gota lleva a transformar drásticamente los paisajes, talando bosques, desviando ríos, trazando carreteras, destruyendo la capa vegetal, y en fin, generando una serie de impactos que merecen ser sometidos a evaluación desde el punto de vista ético y moral en diálogo con las ciencias”[5].

Es por ello que nuestras Iglesias se han unido al llamado de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para conformar un Nodo Perú, con el fin de “reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar a los pueblos que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro digno, en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo”.

Hombres y mujeres de fe, Obispos, Presbíteros, diáconos, pastores/as, consagrados/as, laicos/as, equipos de pastoral, comunidades religiosas, grupos de reflexión teológica, centros de evangelización, conformamos éste esfuerzo de articulación con un desafío común: responder a los impactos y violaciones de los derechos socio ambientales provocados por las empresas mineras, nuestros Estados y los Estados de origen de las empresas, en los territorios donde vivimos y trabajamos.

Es fundamental para nuestro objetivo el recuperar la mirada de Jesucristo, que contempla todo lo creado con “una mirada integral e integradora de todos los aspectos[6]” que reconoce a la personas como parte integrante de la naturaleza, “esa es la perspectiva de la ecología integral a la que Papa Francisco nos convoca en la Encíclica Laudato Sí, invitándonos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo”[7].

Cuestionamos el papel que hoy en día juega la llamada “teología de la prosperidad”, que impone la idea de que hay que aprovechar los recursos naturales que tenemos, para lograr el bienestar financiero y físico a través de la riqueza material propia, afianzando la economía de mercado. Una perspectiva antropocéntrica de la “felicidad”, que genera un grave impacto en la búsqueda del bien común, que plantea la Doctrina Social de la Iglesia, y que nos encamina hacia la autodestrucción de nuestra “casa común”. La crisis ecológica que vivimos, nos exige, “un llamado a una profunda conversión interior[8]”, que exige una verdadera “conversión ecológica” de nuestras propias Iglesias que se han distanciado del proyecto creador de Dios, para impulsar un cambio de paradigmas, un nueva forma de vida, rescatar la esencia del “ser cristiano hoy” como “signo de contradicción”.

“La integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos silencio o nos negamos a actuar frente a sistema actual de globalización económica neoliberal”[9], nos dice la Confesión de Accra.

Consideramos que un rol central en la “conversión de la iglesia” y de lograr una iglesia “en salida” está en las generaciones, es decir en las y los jóvenes. ” Por eso los temas de las generaciones, de sus relaciones y de la promoción de los jóvenes no es accesorio sino central en la revelación. Si la Iglesia no lo hubiera tenido en cuenta, la fe no habría llegado a ninguno de nosotros”[10].

Finalmente, como ha expresado Papa Francisco a los Movimientos Populares en Bolivia, “el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción éste proceso de cambio[11]

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, se presenta públicamente para unificar a nuestras Iglesias en torno a la defensa de la casa común, en “la perspectiva de una cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”[12], y con la búsqueda del verdadero bien común, como vivían nuestras comunidades cristianas, como nuestros pueblos originarios lo hacen, poniéndolo todo en común.

 


[1] Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS/ RED MUQUI – Perú/Instituto Bartolomé de las Casas – IBC/Red Uniendo Manos Perú/Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos – PCUSA/Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno/Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – Otuzco/Parroquia de San Mateo – Diócesis de Chosica/Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES/Proyecto Amigo – Huamachuco/Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén/Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo/Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER/Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú/Iglesia Evangélica Pentecostal/Comisión Justicia y Paz – Diócesis de Chimbote/Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado/Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP/Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario – FOCSIV

[2] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

[3] Conformada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del disuelto Congreso de la República.

[4] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[5] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 11.

[6]Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141

[7] Mensaje del Encuentro Macro Regional Norte “Desafíos de la Pastoral Social a 4 años de Laudato Sí. Perspectivas para los bienes de la creación y nuestra casa común”. Chiclayo, Agosto 2019.

[8] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 6

[9] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[10] Castillo, Carlos. “Ser cristiano entre dos milenios: Hacia una teología de la regeneración”. Lima, 2000-2001. En Debates en Sociología N° 25-26. P. 47.

[11] Mensaje de Papa Francisco en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Julio 2015

[12] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.