El lunes 06 de julio se emitió el Decreto de Urgencia N° 081-2020, amparándose en el inciso 19 del artículo 117° de la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.” Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala objetivos específicos:

  1. Contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo.
  2. Lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.

En su artículo 4 autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Para el caso de Gobiernos Regionales, los recursos solo financian las actividades de emergencia vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en el marco de sus competencias. Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por consiguiente, en su artículo 5° se habilita a los Gobiernos Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana al respecto señala que “la emisión de este decreto es una medida esperada en el marco de los aprietos fiscales que viene pasando el estado, especialmente las municipalidades; que ya no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la crisis” (…) esta medida no va a tener impacto nacional, solo algunas regiones cuentan con suficientes recursos por canon como Arequipa, Moquegua y Cuzco. Ahora con este decreto el Ejecutivo libera de restricción fiscal a los gobiernos regionales para poder utilizar recursos del canon para prevención y control del Covid-19.”

Sobre el canon minero, recordemos que está reconocido en el artículo 77° de la Constitución y regulado mediante Ley N° 27506, es destinado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura de gran impacto. Con esta norma se habilita el uso de estos recursos para prevención y control del Covid-19 hasta diciembre de 2020.

Finalmente, es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de reactivación económica para diferentes sectores, entre ellos fondos destinados a los gobiernos locales y regionales para atender la crisis sanitaria y económica, en algunos casos estos fondos han sido mal utilizados por las autoridades de locales, al respecto la Fiscalía hasta el mes de mayo había señalado que investigaba más de 500 casos de corrupción en todo el país. Por ello, es importante estar vigilantes y exigir transparencia para el buen uso de estos recursos extraordinarios en las regiones señaladas.

Artículo de Rodrigo Lauracio – Área de Incidencia Político Legal de Red Muqui

A propósito de la discusión del pre dictamen del proyecto de ley N° 389 /2016-CR

Durante las últimas semanas se ha producido un arduo debate en torno reconocimiento legal del monitoreo y vigilancia ambiental indígena y ciudadana, que se vienen desarrollando desde hace ya un tiempo en diversas zonas del país, especialmente en aquellos territorios que tienen presencia de actividad extractiva (minería, petróleo, gas). Esta es una labor que realizan diversas comunidades campesinas, organizaciones sociales y rondas campesinas a través de la toma de muestras biológicas o fisicoquímicas en los diferentes cuerpos agua, con la finalidad de determinar si están siendo contaminadas.

A la par en el contexto de la pandemia se han registrado en varias regiones denuncias de contaminación del agua en cuencas y ríos cercanos a proyectos mineros, lo que ha evidenciado que el rol fiscalizador de OEFA o ANA han sido insuficientes en este tiempo, siendo las mismas comunidades y algunos comités de vigilancia quienes han denunciado estos hechos.

Al respecto desde hace algunos años atrás se viene planteando desde el Congreso de la Republica el reconocimiento legal de esta labor de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria, y que fue recogida y propuesta en los proyectos de ley 336/2016[1] y 389[2]/2016-CR, y que a la fecha se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. En las últimas semanas el debate de este estos proyectos de ley ha generado diversas posiciones, como las del sector estatal (MINAM, OEFA, MINAGRI, ANA) y privado (empresarial), quienes sostienen la improcedencia del reconocimiento legal; en esencia debido a que, actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo de los organismos competentes (OEFA, ANA) y emitir esta ley implicaría duplicar esa función[3].

En las siguientes líneas esbozaremos algunas consideraciones para sostener que el reconocimiento legal del monitoreo y vigilancia ambiental indígena y ciudadana es la materialización de derechos individuales o colectivos; y que, las propuestas de proyecto de ley no buscan duplicar competencias, sino fortalecer el sistema de gestión ambiental a través de la participación y fiscalización ciudadana de forma activa.

En principio es importante tener presente que monitoreo y vigilancia ambiental indígena y ciudadana, implica el ejercicio del derecho constitucional a la participación.  El Artículo 31° de la Constitución Política reconoce que “[…] los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos […]”, y esta participación se puede ejercer de forma individual y colectiva, como lo dispone el inciso 17 del Artículo 2° de la Constitución: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. […]”.

Como se desprende, la participación “implica involucrarse de manera activa y consciente en la labor de garantizar la plena vigencia y protección de los derechos humanos y la vida en democracia”. El medio ambiente, como un interés colectivo (interés difuso) y como derecho fundamental, reconocido en el inciso 22 del artículo 2° de la Constitución[4], implica no solo una obligación del Estado de garantizarlo, sino una obligación de protección y cuidado de todas las personas. Tal como lo dispone el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente (LGA), las personas tienen el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente.

Entonces, el derecho fundamental al medio ambiente tiene una estrecha vinculación con el derecho a la participación. Es por esta razón que el artículo III del Título Preliminar y el Artículo 47° de la LGA establecen que toda persona (se de forma individual o colectiva) tiene el derecho – deber de participar responsablemente en los procesos de fiscalización ambiental; y la LGA “dispone que son las autoridades públicas quienes deben implementar mecanismos para facilitar la efectiva participación ciudadana en la protección ambiental y promover su uso por las personas naturales o jurídicas interesadas o involucradas en un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control”.

En ese sentido, la LGA en el artículo 134 ha regulado diversos mecanismos de participación ciudadana, desde la participación como observadores hasta posibilidad de presentar reportes de monitoreo de parte.

“Artículo 134.- De la vigilancia ciudadana

     134.1 Las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio de la vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a infracciones a la normativa ambiental.

     134.2 La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes:

  1. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación.
  2. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo ambiental.
  3. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones.

     134.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como resultado de la participación ciudadana pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad ambiental local, regional o nacional, para el efecto de su registro y denuncia correspondiente. Si la autoridad decidiera que la denuncia no es procedente ello debe ser notificado, con expresión de causa, a quien proporciona la información, quedando a salvo su derecho de recurrir a otras instancias”.

Entonces el reconocimiento de las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental (OVMA) como organizaciones que desarrollan actividades de monitoreo ambiental, no implica reconocer labores que alteren el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA); sino, estas ya se encuentran la Ley General del Ambiente, solo que esta no ha sido desarrollada de forma idónea para garantizar el ejercicio de los derechos a la participación y al medio ambiente de organizaciones como los pueblos indígenas. Cuando esta labor es ejercida por organizaciones indígenas también implica el ejercicio del derecho al territorio y autonomía, manifestado en el control territorial, reconocidos en los articulo 88 y 89 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, con el reconocimiento de esta labor de vigilancia y monitoreo ambiental no se busca suplir la labor de monitoreo, fiscalización y sanción ambiental que le corresponde a organismos como OEFA y ANA; sino busca que, los reportes de los OVMA sean de naturaleza preventiva y se pueda dotar de información a dichos organismo estatal para mejorar el cumplimiento de su labor y competencia. Demás esta decir que en este contexto de la pandemia esto si generaria una real participación de las poblaciones afectadas y sobre todo que son ellos quien realizan un cuidado y vigilancia de las aguas, la flora y fauna en los territorios.

 

[1] http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021

[2] http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021

[3] Esencialmente se sostiene que la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental ya se encuentran reguladas en REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACCIONES DE MONITOREO AMBIENTAL A CARGO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA aprobado por la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 032-2014-OEFA/CD y modificado por la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 003 -2016-0EFA/CD. Pero debemos anotar que, esta norma solo permite la participación ciudadana como observadores de los procesos de monitoreo, no permitiendo así presentar reportes de parte de monitoreo fisicoquímicos o biológicos.

[4] “[…] toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”

Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Durante la mañana del día de hoy, martes 7 de julio, gremios de pescadores artesanales, sindicatos de pescadores, juntas y frentes vecinales de Chimbote -región Ancash-, protestaron contra la entrega ilegal de millones de hectáreas del mar de la costa norte a la empresa petrolera Tullow Oil para explorar y explotar hidrocarburos, aprobado recientemente el 2 de julio a través de los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM. Estos decretos fueron aprobados inicialmente por el gobierno de PPK, pero frente a la protesta masiva de los pescadores artesanales de la costa norte, tuvo que derogar estos decretos antes de renunciar a la presidencia.

Las organizaciones agrupadas en el FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SÍ PETRÓLEO NO – desde Ancash hasta Tumbes – , señalan a través de un comunicado que este es un atentado contra nuestra fuente alimentaria peruana sin previsión de los impactos imprevisibles de esta crisis, y que es incompatible con la pesca y la cultura marino-costera al atentar contra la vocación productiva, y la cultura y cosmovisión de la costa peruana. Las organizaciones señalaron a Red Muqui que convocarán a otra jornada de protesta para el 16 de julio con el objetivo de que el gobierno del presidente Vizcarra derogue los decretos supremos en mención.

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamiento:

  1.  DEROGATORIA EN PLAZO INMEDIATO de los D.S. 016-2020-EM (Lote Z 67 – ANCASH), 017-2020-EM (Lote Z 68 – ANCASH) (Julio 2020) y los DS. 006-2019-EM (Lote Z 38 – TUMBES) 012-2019-EM (Lote Z 64 – TUMBES), URGENTE INTERPELACION A LOS SECTORES DE ENERGIA Y AMBIENTE Y DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL GERENTE DE PERUPETRO.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por PERUPETRO -en representación del Estado Peruano – que afecte la vida natural y en particular la zona marino costera en el país.
  3.  Políticas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, conservación de áreas marinas (Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras) recuperación de ecosistemas afectados y sitios impactados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero, promovidas desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
  4.  Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

Perú, Julio 2020

¡¡PESCA SI PETROLEO NO!! ¡¡PARO MACRO REGIONAL AHORA!!
¡¡DEROGATORIA IMMEDIATA DE LOS DS 016 2020 EM Y 017 2020 EM!!

FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SI PETRÓLEO NO: Lorenzo Macedonio Vásquez Contreras – Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos / Manuel Hector Galán Llontop – FEPUN Lambayeque / Guillermo Panta Jacinto – Gremio de Pescadores de Tumbes / Aristides Chulle Purizaca – Coordinadora Provincial de Paita
Oswaldo Cruz Villegas – Sindicato Único de Pescadores de Pescadores de Paita / Fidel Periche – Comite Multisectorial de Defensa de las Pesquerías y Bahía de Sechura / COPROPESCA / Frente de Maricultores de Sechura

Elmer Peña Rodríguez – Sec. Gen. Junta Directiva PPJJ 15 de Abril – Chimbote; Maria Lissetti Avila Aguilar – Teniente Gobernadora PPJJ 15 de Abril – Chimbote, Raúl Vásquez Ojeda – Sec. Gen. Junta Directiva – Urb La Libertad – Chimbote; Frente Cívico de Nuevo Chimbote; Sindicato Glorioso de Trabajadores en Construcción Civil de Ancash; Instituto NATURA; Comisión de Justicia Social de Chimbote; Delegación de Pastoral Social de la Diócesis de Chimbote; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura; Colectivo Chimbote de Pie – Chimbote; Jorge Chumpitaz – Asesor de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural Domiciliario del Perú; Instituto Pachamana – Chimbote; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Lima; CooperAcción; Proyecto Amigo – La Libertad; Foro Ciudades para la Vida (FCPV) – Lima; Guillermo Naco Rosas (DNI 20982468) Alto Comisionado Ashaninka Ante El Covid 19/Embajador del Pueblo Ashanninka; David Roca Basadre (DNI 09490813) – Radar Verde; Maritza Barrow (DNI 46699488) – Radar Verde; Milagros Peña Callirgos (DNI 41925695) – Radar Verde; Marleni Canales Rubio (DNI 04824982) – Radar Verde; Guillermo Bettocchi Ibarra (DNI 06530307) S.O.S. ABEJAS; María Ysabel Vicente Cuzcano (DNI 15437549) S.O.S. ABEJAS; Milka Jacqueline Silva Mendoza (DNI 17436059) – Ciudadanos por el Cambio; Hernando Cevallos Flores (DNI 02792297) Ex – Congresista de la República; María E. Foronda Farro (DNI 32985633) Ex – Congresista de la República. FORO DE SOBERANIA ENERGETICA, Manuel Dammert Ex – Congresista de la República; Hugo Cabieses Cubas (DNI 10585951) Ex Vice Ministro del Ambiente.

Nota realizada en coordinación con el Instituto Natura de Chimbote – miembro de la Red Muqui-. Fotos del Instituto Natura.

Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

Desde Red Muqui venimos impulsando un debate interno y externo sobre la  implementación de los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: marco para proteger, respetar y reparar”, aprobado en el 2011 por la ONU. En el Perú planteamos la necesidad de aprobar un “Tratado internacional y vinculante” sobre Empresas y Derechos Humanos.

Las empresas son agentes económicos importantes en toda sociedad, pero dependiendo de la forma como desarrollen sus actividades, estas pueden causar impactos y vulneraciones en los derechos humanos individuales y colectivos; por ello se evidencia cada vez más que los Estados implementen instrumentos jurídicos para que las empresas se encuentren vinculadas al respeto de los estándares internacionales de DDHH. En el Perú se viene desarrollando la construcción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual venimos participando como red y a través de otras plataformas, estando a la espera de su aprobación e implementación.

 

Para que se pueda entender este proceso en el que estamos participando y que es de suma importancia para la sociedad civil, hemos realizado un documento institucional en formato edu-comunicativo sobre los principales puntos de discusión del debate actual de “Empresas y Derechos Humanos” y de forma específica para el sector minero. Recogemos también algunos cuestionamientos a la “Responsabilidad Social Empresarial” que sigue apelando a la “autorregulación” del sector privado, y la necesidad de avanzar a un marco jurídico nacional e internacional donde existan reglas claras y vinculantes dadas por los Estados para garantizar los derechos humanos en contexto de actividades económicas y garantizar el desarrollo sostenible.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de La Red Muqui.

 

Desde el 01 de julio hemos ingresado a una nueva modalidad de convivencia en nuestro país, y es que el gobierno peruano a decretado el levantamiento de la cuarentena en varias regiones – manteniendo algunas restricciones-, y en la practica la gente ya se ha volcado a las calles masivamente en busca de comida y trabajo. Ni los bonos focalizados ni los programas de reactivación económica han llegado a los sectores más pobres del país. En medio de este escenario varios especialistas señalan que la situación de la pandemia no está controlada ni remotamente, y que los meses de julio y agosto van a seguir siendo críticos. Por su parte, el gobierno y las empresas mineras vienen anunciando una agresiva reactivación económica en el sector minero.

 

A la par de esta situación, la contraofensiva de los gremios empresariales mineros y del mismo gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- a los pueblos indigenas es más que evidente, cuando se habla de reactivación economica no se menciona absolutamente nada de las comunidades indígenas impactadas por las actividades extractivas en los ultimos años, mucho menos del debilitamiento de la institucionalidad ambiental, así como el derecho a la participación y consulta previa de los pueblos indígenas. Sobre este último punto la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señalo que el MEF va financiar al Ministerio de Cultura “para que identifique todos los pueblos originarios del país, para acelerar los proyectos mineros” y que en algunos casos se va hace la “consulta previa virtual”. Si ya el mecanismo presencial tenía varios cuestionamientos, ahora se dice que el proceso será virtual y rápido, es decir no solo es un retroceso, si no que va en contra de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas (PPII).

 

Los cambios no irán solamente en afectación a los PPII, la ministra, además, ha mencionado que: “En el marco de la mesa ejecutiva con el sector privado, se está trabajando en la mejora del reglamento de procedimientos mineros, del reglamento de exploración minera y los lineamientos para colecta de muestras”; es decir se vienen cambios y reformas en todos los sectores para facilitar la inversión minera. Estas medidas no incluyen opinión ni participación de organizaciones de la sociedad civil, se están aprobando solo en reuniones del sector privado y el ejecutivo en nombre de la reactivación economica. La CIDH ya ha señalado claramente que los gobiernos nacionales “deben abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada”.

 

Finalmente, en medio de toda esta situación tan difícil que vivimos en nuestro país, recibimos la triste noticia de la partida del Apu Santiago Manuin, quien fuera un reconocido líder y dirigente social amazónico. Quienes lo conocimos sabemos de la calidad y sencillez de persona que fue. Se lo llevó el virus, pero también la desidia de un Estado que en vez de defenderlo lo acusó y criminalizó en los trágicos sucesos de Bagua (2009). ¡¡Descansa en Paz Santiago!!

 

 El trabajador fallecido pertenecía a grupo de riesgo. Federación Minera del Perú alerta que más de 100 personas habrían tenido contacto con trabajador fallecido, tal como informó programa radial Marcona en vivo.

 

Desde comienzos de mayo de este año la PCM dio inicio a la primera fase de reactivación económica en el país, mediante Decreto Supremo 080-2020-PCM. En los días siguientes el Ministerio de Energía y Minas emitió con bastante rapidez las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de las unidades mineras que es un requisito para reiniciar sus labores. Al respecto, desde Red Muqui presentamos observaciones sobre las deficiencias del marco normativo emitido para el retorno y/o continuación de actividades mineras.

Una de nuestras principales preocupaciones fue la flexibilización de los estándares de protección del derecho a la salud y de la clasificación del riesgo de los trabajadores mineros, así como la falta de capacidad del Estado para poder fiscalizar y sancionar el comportamiento de las empresas mineras en contextos de distanciamiento social al que nos obliga la pandemia por el COVID-19.

Trabajador de contratista de minera Shougang fallece

El 25 de junio, el ingeniero Javier Jesús Yanayaco de 60 años falleció con síntomas de COVID-19. Él era contratado por la empresa contratista “General San Martín” y se encontraba en las habitaciones del campamento minero de  Shougang; y, 48 horas antes de su deceso ya había mostrado síntomas de ser portador del virus. En el VIDEO que circula en redes se puede apreciar que el trabajador es retirado de la habitación en la que se encontraba por algunos trabajadores de la empresa sin seguir un protocolo adecuado y sin contar con elementos de protección personal. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros denunció a través de una nota de prensa lo que el programa de radio Marcona en vivo había señalado,: más de 100 personas tuvieron contacto con trabajador fallecido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa minera no implementa normas de prevención de la salud

Como la norma de vigilancia, prevención y control lo establece, las empresas mineras se encuentran obligadas a realizar monitoreos permanentes de la salud de sus trabajadores y en el caso de reportarse personas con síntomas de COVID-19, debía ser informado a la autoridad de salud regional y garantizar que el trabajador acceda a atención médica. Sin embargo, la empresa minera Shougang ha venido incurriendo en irregularidades y abusos con sus trabajadores desconociendo su deber de prevención de la salud y seguridad ocupacional.

Uno de los requisitos del Ministerio de Energía y Minas para que las empresas mineras puedan reanudar sus actividades era que puedan presentar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, aprobados por los Comités de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa minera. Sin embargo, se conoce que los trabajadores que participan en la instancia de este comité no estaban adecuadamente informados sobre la naturaleza y el contenido de este Plan, por lo que mostraron su rechazo a la aprobación de este documento sin que se transparente su contenido. Solo mediante mandato de la autoridad administrativa regional, la empresa minera Shougang ha empezado a entregar copias de este documento a sus trabajadores.

Empresa coacciona a trabajadores y busca eximirse de responsabilidades

El sindicato de trabajadores de Shougang también denuncia que la empresa ha estado obligando a los trabajadores a empezar sus labores sin antes haberles realizado las pruebas rápidas, así como tampoco les han brindado las condiciones adecuadas para garantizar el distanciamiento entre trabajadores en las instalaciones laborales comunes de la empresa, infringiendo los criterios establecidos por el propio Ministerio de Energía y Minas en su Resolución Ministeriales N° 128-2020-MINEM.

Ante la renuencia de varios trabajadores de planilla y de contratas de ir a trabajar por los riesgos que corrían, la empresa empezó a amenazarlos con aplicarles la “suspensión perfecta” y el 02 de junio solicita la aplicación de esta medida ante el Ministerio de Trabajo de Ica. Sin embargo, el sindicato denuncio estas irregularidades y el gobierno regional de Ica resolvió desaprobando la aplicación de estas medidas mediante Resolución Directoral 336-2020-GORE-ICA-DRTPE/DPSC.

Es en este contexto que la empresa exigía a los trabajadores de los grupos de riesgo (enfermedades preexistentes, obesidad, mayores de 60 años) que firmen documento de medidas excepcionales para cómputo de días de trabajo que no laboraran, para inducirlos a error sobre los derechos que les corresponden. Como se sabe, los trabajadores de riesgo se encuentran amparados por la normativa sanitaria para tener licencia con goce de haber, sin embargo, la empresa quería que ellos firmen una declaración jurada para que por su cuenta y riesgo accedan a ir a trabajar. Este anexo podía ser usado para que luego la empresa lo presente como documentos de negociación con trabajadores para efectos de aplicar finalmente la medida de suspensión perfecta. Estas denuncias fueron hechas por los mismos sindicatos de trabajadores de la empresa minera .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta número de trabajadores contagiados

En los últimos días a través de medios locales como “Marcona en Vivo” se han venido reportando el aumento de casos de trabajadores contagiados, quienes en un principio dieron negativo en las pruebas rápidas, pero en las pruebas moleculares vienen saliendo positivo. Luego del fallecimiento del ingeniero Yanayaco, la empresa contratista San Martin empezó a realizar pruebas rápidas en un hotel alquilado de la ciudad de Marcona. Los trabajadores vienen denunciando la falta de la precaria ejecución de los protocolos de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Además, la ausencia de información transparente y oportuna sobre el resultado de sus exámenes, por los que muchos se encuentran en la incertidumbre de contagiar o ser contagiados entre ellos mismos mientras realizan pruebas y exigen aislamiento. Algunos trabajadores denuncian que, ante confirmación de contagio, ellos mismos tienen que ir a buscar atención a ESSALUD.

Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Salud deben asumir rol garante de derechos

Esta serie de irregularidades evidencia el comportamiento arbitrario e ilegal de la empresa Shougang para con sus trabajadores. Como lo informa el sindicato de trabajadores, muchas veces la empresa prefiere recurrir a empresas contratistas para acceder a mano de obra contratada en precarias condiciones y de esta forma debilitar la organización sindical y la protección de derechos laborales. Se evidencia también la ausencia de capacidad fiscalizadora de la autoridad laboral, ya que estas vulneraciones han venido ocurriendo permanentemente. Ahora tenemos como saldo el fallecimiento de un primer trabajador del grupo de riesgo cuyo traslado a un centro hospitalario tuvo demoras y fue hecho por otros trabajadores mineros no calificados, poniendo en riesgo a más personas.

Exhortamos al ministerio de Energía y Minas y al ministerio de Salud que precisen y modifiquen las normas que regulan los protocolos de salud en el sector minero con la finalidad de prevenir otras muertes de trabajadores mineros; y al organismo de fiscalización laboral, SUNAFIL, llevar adelante una exhaustiva investigación por la muerte de este trabajador minero y las condiciones laborales de los otros trabajadores, quienes deben de tener condiciones idóneas en las unidades mineras en este contexto de pandemia a causa del Covid-19.

 

 

 

 

Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado