El 19 de noviembre Red Muqui participó en la conferencia internacional “La minería en América Latina y el Caribe: interdependencias, desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible” por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con el Programa “Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países Andinos” del Ministerio Federal de Cooperación Económica y al Desarrollo de Alemania (BMZ) y en coordinación con la Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA).

Los ejes y temas principales de la conferencia fueron entre otros el valor agregado de la minería para el desarrollo sostenible en la región andina, los retos y oportunidades de la gobernanza y gestión de los recursos naturales para el desarrollo sostenible y las cadenas de valor para la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Los objetivos de esta conferencia fueron “promover un diálogo regional sobre una minería contribuyendo a un desarrollo incluyente y más sostenible en el marco de la Agenda 2030”. Se trató de “sistematizar mensajes y aprendizajes de una discusión multiactor sobre cómo la minería puede ser un elemento que apoye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales servirán como insumo para la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas”

Junto a la Red Muqui participaron varios representantes de alto nivel del sector público de los países andinos en el sector de minería y medio ambiente, representantes de empresas mineras, de la sociedad civil, la academia y las instituciones organizadoras: CEPAL, Ministerio de Energía y Minas de Perú, Secretaria de Política Minera de Argentina, Embajada de Alemania, Ministerio Federal de Cooperación Económica y al Desarrollo de Alemania (BMZ), Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA), Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (Bolivia), Asociación Colombiana de Minería (Colombia), Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Minas (Ecuador), Comunidad Andina, Consorcio de Investigación Económica y Social (Perú), Compañía de Minas Buenaventura (Perú), Ministerio de Minería (Chile), Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Umicore (Bélgica), World Economic Forum, Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (Bolivia), Newcrest Mining Limited (Australia), Codelco(Chile), Estudios y Políticas Públicas de Cochilco (Chile).

Javier Jahncke señaló por parte de Red Muqui que el balance de 15 años de minería desde el 2003 al presente año que han realizado, constata una fuerte dependencia económica de la minería y los vaivenes de los precios internacionales en nuestro país. Nombró puntos importantes como el hecho de que el estado devolvió en varia ocasiones más tributos a las empresas mineras como beneficios tributarios de lo que recibió como impuestos de aquellas. También la falta de diversificación real de la economía nacional para evitar una dependencia de la minería, que es una preocupación grande de las organizaciones de Red Muqui, ya que a nivel estatal no se están tomando mayores medidas para una diversificación económica planificada a largo plazo.

A causa de ello han aumentado los conflictos sociales en los últimos años porque a nivel nacional hay muchas actividades económicas que están viéndose perjudicadas por los impactos significativos de las actividades mineras. La falta de un ordenamiento territorial está vinculada directamente con los conflictos por el uso del territorio entre las empresas mineras y las comunidades que viven y usan el territorio. Explicó que cerca del 50% del territorio nacional son tierras que pertenecen a las comunidades campesinas e indígenas y cerca del 50% del territorio de comunidades campesinas tiene superposiciones con concesiones mineras.

Jahncke enfatizó que la pauta de la maximización de ganancias privilegia el aumento de la producción por encima de la protección del medio ambiente, de los derechos de las personas y pueblos a su territorio y a su salud sin considerar consecuencias drásticas en el futuro.

En referencia a las buenas prácticas del gobierno, Jahncke señaló en el marco de la intención estatal de ampliar la actividad económica minera, una pregunta esencial: “¿quiénes son parte de las decisiones como actores en el proceso del desarrollo de la actividad minera?. A nivel administrativo se encuentran actualmente el administrador que es el Estado peruano y el administrado que es son las empresas mineras y o personas naturales que solicitan un derecho de explotación minera. Según Red Muqui los gobiernos regionales y locales con sus planes de desarrollo concertado y ordenamiento territorial, así como las poblaciones y pueblos indígenas de las zonas de influencia directa e indirecta , no se ven suficientemente involucrados en el proceso de decisión sobre los proyectos mineros.

Red Muqui criticó que no se hayan invitado a otros representantes de la sociedad civil, de comunidades indígenas, afrodecendientes y campesinas afectadas en regiones bajo la influencia de proyectos mineros. En cuestiones generales no quedó claro qué forma de “desarrollo” la conferencia y sus participantes quisieran promover, quiénes participarían en el proceso de planeamiento e implementación de proyectos mineros y que rol deberían asumir el Estado y las poblaciones en ello.

Durante el Foro Social Temático “Minería y Extractivismo” que se desarrolló desde el 12 al 15 de noviembre, se compartió un panel sobre “Ecofeminismo y extractivismo” entre mujeres panelistas de Brasil, Nigeria, pueblos indígenas de Estados Unidos y Filipinas, que contó también con la participación de mujeres de 60 países de todo el mundo que se ubicaban en el público.

Entre las experiencias que contaron las panelistas, señalaron que ha habido un aumento dramático de las actividades extractivas en los últimos 15 años y al mismo tiempo han visto una mayor resistencia social contra las actividades extractivas.

Señalaron que históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostiene la reproducción de la vida en sus familias y en las comunidades, respecto de las mujeres que viven en el campo a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades. A este trabajo se le llama “trabajo de cuidado”, que son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir, y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía; lo cual es contradictorio porque este trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida. Agregaron además que son discriminadas por ser indígenas y negras, pobres y del campo.

Contaron que normalmente ellas son las primeras en enterarse de las contaminaciones en sus tierras porque están pendiente de la alimentación de sus hijos e hijas y requieren que la tierra esté en buenas condiciones para la producción de los alimentos. Por ello a veces sufren de contaminación, porque al verificar las fuentes de contaminación de los metales pesados, no cuentan con los recursos necesarios para identificar esos elementos.

Al respecto, Beatriz Cortéz de Red Muqui, señaló anteriormente en un artículo sobre la situación de las mujeres frente al extractivismo en el Perú, que “sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida”.

Al finalizar el panel las mujeres coincidieron en que la resistencia al modelo extractivista también muestra alternativas, ya que están protegiendo la agricultura familiar, las fuentes de agua y la tierra para otro tipo de actividades económicas alternativas a la explotación minera y petrolera, que es devastadora en sus territorios.

El día de ayer, 8 de noviembre, a las 9am, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se inició el juicio penal en contra del abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda y del médico ambientalista Fernando Osores Plenge por denunciar la contaminación de metales pesados en la provincia cusqueña de Espinar. La fiscalía acusa a ambos por el supuesto delito de «expedición y uso de certificado médico falso». Anteriormente también los acusaban por el delito de «falsificación de documentos» pero el Ministerio Público archivó esa acusación por carecer de fundamento. La investigación contra Fernando Osores Plenge y Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) había comenzado por una acusación del Ministerio de Salud por supuestamente haber usado información falsa en una denuncia sobre la muerte de la campesina Margarita Ccahuana Córdova en un reportaje publicado en el portal web Justicia Viva en 2015: “La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas, en el que se advirtió que la campesina Ccahuana falleció a consecuencia de la contaminación por metales pesados, situación conocida desde hace años por las autoridades de Salud.”

El desarrollo del juicio

En declaraciones a la Red Muqui, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, señalaron que la fiscalía entró en contradicciones al momento de iniciar su sustentación en la acusación al imputarles el delito de falsificación de documentos, cuando esa imputación había sido archivada anteriormente por el Ministerio Público. Esto fue desestimado inmediatamente por el Juzgado en el desarrollo del juicio. El abogado defensor de los implicados, Carlos Rivera, señaló que la «Fiscalía no ha tenido ni el cuidado ni la necesaria precisión sobre los términos de la acusación».

Sobre el certificado de defunción, la Fiscalía sostuvo que el doctor Julián Olave Tapia, quien fue el que suscribió dicho documento cuando falleció Margarita Ccahuana, luego se retractó.  Respecto al Informe 100/10 que elaboró el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), y ahora desconoce; señaló que los originales los elabora el CENSOPAS y que los funcionarios de dicha entidad pública sostienen que son falsos al no tener sus firmas. Ante ello, el médico acusado, Fernando Osores, señaló que CENSOPAS es una institución que anteriormente ha sido cuestionada en Cajamarca por no entregar los resultados de sus muestras a las comunidades en 4 años y, asimismo, en Espinar, también ha sido denunciada por las comunidades de Espinar y antes de fallecer, por la propia Margarita Ccahuana, debido a que no le entregaban sus resultados habiendo pasado ya tres años.

Sobre el certificado de defunción, el juez preguntó si sería probable que la retractación del médico Olave pudiera considerarse como una autoinculpación (algo proscrito del orden legal y constitucional) y también preguntó si existía alguna pericia a través de la cual se pudiera acreditar la falsedad de dichos documentos.

Audiencia postergada

La audiencia fue suspendida hasta el 30 de noviembre por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, debido a que la acusación de la fiscalía era contradictoria y no tenían los documentos probatorios en su acusación, señalaron finalmente, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores.

El MINSA pretende silenciar las acciones y acusaciones de las ONG

Según los incriminados Fernando Osores y Ruiz Molleda, la intención del MINSA tiene como objetivo: «silenciar las diferentes acciones y acusaciones de las ONG y de los dirigentes de las comunidades campesinas y de las organizaciones afectadas«. Denuncian que ahora son perseguidos por el Estado por estar defendiendo los derechos fundamentales como la dignidad de la persona, la integridad personal, la vida y la salud en asociación a un ambiente equilibrado.

El caso ha generado una ola de solidaridad nacional e internacional. En junio de este año se había difundido en público un pronunciamiento en el cual un conjunto de organizaciones peruanas y extranjeras junto a numerosas personas declararon su firme rechazo a la acusación fiscal del Estado peruano.

Criminalización de defensores de derechos humanos

La decisión de iniciar un procesamiento penal en contra de los denunciados tomada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a cargo del fiscal Juan Menzala, se condena fuertemente como un acto de criminalización y amedrentamiento a los defensores de derechos humanos, así como un grave precedente contra la libertad de expresión que es un derecho fundamental de cada persona.

Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

·        Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

·        Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

·        Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

·        Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social.

Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

·        Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

·        Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

·        Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

·        Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

·        Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.

El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.