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La Comunidad Campesina quechua Juan Velasco Alvarado es una de las tantas unidades comunitarias que viven de la agricultura y ganadería de subsistencia, actividades especialmente difíciles debido a la escasez hídrica, agravada por la crisis climática. Para mayor desdicha se ubica en una de las regiones más codiciadas para la extracción aurífera y de otros minerales del país, específicamente en la provincia Sánchez Carrión del departamento La Libertad. La casi totalidad del territorio comunal ha sido concesionado para la explotación minera, sin que a sus habitantes siquiera le hubiesen informado al respecto.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, es particularmente grave que, la única fuente de abastecimiento de agua de todo el departamento de La Libertad se encuentra en la Reserva del Huaylillas, específicamente en la laguna Huangacocha. A pesar de ello, esta reserva no cuenta con una protección legal como área natural protegida, y solo tenga el reconocimiento, a través de un documento de menor jerarquía legal como es la Ordenanza Regional N° 027 – 2018, que resuelve “Declarar al Huaylillas y Zonas Aledañas como Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica y Patrimonio Cultural y Establecer Medidas Complementarias para la Conservación en el Ámbito Regional”. Pese a ello, este documento es de mucha importancia para la comunidad por la existencia de fuentes de agua para consumo humano y agrícola; así como la flora que se utiliza para desparasitar animales, tratar enfermedades y obtener ingresos familiares adicionales vendiéndolos en el mercado.

Aún más grave es el hecho, que en el territorio de la comunidad se hallan 17 concesiones mineras, de las cuales 14 están tituladas, dos se encuentran en trámite y una está extinta, y que afectan el 99,6% de la comunidad. (Ver mapa anexado). La última concesión otorgada por el INGEMMET fue la del 28 de junio de 2023, a favor de la Sociedad Minera El Futuro II, código de derecho minero N° 30011521, para explorar sustancias metálicas con un total de 900 hectáreas de extensión, que se ubican cerca de las lagunas Verde y Negra.

Este régimen de concesiones mineras superpuestas no solo transgrede la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29785 y la Ordenanza Regional N° 027 – 2018, sino que también ignora los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada (art. 6; art. 15.2), al territorio (art. 13; art. 14), a la autonomía y a la autodeterminación (art. 4), al desarrollo y al proyecto de vida colectivo (art. 2 y 3) y al medio ambiente adecuado (art. 29).

Con el fin de conocer mejor la opinión de la propia comunidad sobre las concesiones mineras y el estado de peligro en el que se encuentran el ambiente y los comuneros, realizamos una entrevista a Policar Sandoval, Presidente de la Comunidad Campesina Juan Velasco Alvarado.

¿Cuáles han sido los impactos de la minería en la comunidad?

“Una empresa [minera] antigua dejó desechos en el Huaylillas, la hemos sacado, ya no está, ahora estamos renovando el terreno para hacerlo sano, estamos buscando una fecha, buscando una maquinaria, y articulación con el consejo, la región y provincia.”

¿Cuáles son las principales actividades de conservación y agricultura que realiza la comunidad de forma sostenible?

“La agricultura es lo principal: siembra de papa, cebada, pino, chocho, haba y la crianza de animales, vacunos y caprinos, vacas, chancho, cuy, gallina, y si la minería entra a la comunidad nos afectaría en esta circunstancia de los criaderos del campo.”

¿Cuáles han sido los cambios más importantes que ha visto a partir de la entrada de PanAmerican Silver?

“De PanAmerican Silver hasta el momento no tenemos ningún apoyo a la comunidad. campesina. Más bien nos están dejando de lado, no quieren considerarnos como de incidencia indirecta, a pesar de que todo su chorreo del botadero escurre a nuestro río que nos divide el río Bado, tanto con la Arena conflictuando a Yamobamba, Choquizonguillo y la Victoria. De este río sacamos nuestro riego en la parte baja, lo que es Yamabamba, y nuestras plantas se siguen afectando, se malogran, pero la empresa dice que no contamina, solo le ha echado la culpa a la empresa San Simón que ya se fue este año. En una entrevista que hemos tenido sobre la invitación en una charla de Impactos Ambientales, nos dicen que se haga responsable San Simón, y yo le expliqué, para el lado de San Simón hay trucha, para el camino de Pan American Silver hacia abajo no hay nada de trucha, además la empresa ha incentivado a un grupito de personas para que firme el convenio que solo ellos están en la influencia directa, pero me opuse, ya que deben considerar a toda la comunidad en el área de influencia de la minería, ya que estamos afectados.”

Sabemos que el 99.6% de la comunidad se encuentra superpuesta por concesiones mineras ¿Qué opina usted sobre eso?

“Que nunca queremos ver estos mineros, nos va a traer atrasos y sequías de agua, no queremos contaminar nuestras lagunas, actualmente tenemos 23 lagunas en nuestra comunidad.”

Ya que me comenta que ustedes no quieren que ingrese la minería, ¿Qué debe hacer el Estado para respetar a las comunidades campesinas y su autodeterminación territorial?

“Lo que queremos es que nos respalden y que nos den el mejor apoyo, y nos brinden adonde podemos presentar nuestras quejas directas, que no queremos ver minerías acá en nuestra comunidad. No queremos que nos dejen de lado, porque quizás somos gente del campo, no tuvimos el soporte técnico y una buena educación, pero vamos a defender a nuestra comunidad como dirigentes comunales, para servir al pueblo.”

Mapa de concesiones mineras y áreas de influencia directa e indirecta de Pan American Silver en la comunidad de Juan Velasco Alvarado | Red Muqui

En una nota anterior sobre la situación que enfrenta actualmente la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán, Ayacucho) desde Red Muqui se resaltó que dicha comunidad campesina fue escenario de una de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno. Una parte de su población (ancianos, mujeres y niños) fue aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por tropas del Ejército, que ejecutaron órdenes de la cadena de mando, en tanto funcionarios públicos justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona.

A razón de la experiencia sufrida, la comunidad aprendió a organizarse para protegerse y salvaguardar su territorio frente a cualquier riesgo social, político y ambiental. Actualmente, cerca al río Pampa, dentro de los límites de la comunidad está operando el empresario minero Ismael Medina en laconcesión Huacachina 2016 III(1), quien pese a no contar con un Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) correctamente aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, continúa con la extracción de sulfuro de cobre y otros minerales en las zonas de Chamana y Pichuscucho. Por lo demás, no cuenta tampoco con el debido consentimiento de la comunidad campesina.

Debido a lo señalado, el presidente de la comunidad de Accomarca, Zosimo Sulca Quispe, en coordinación con su Junta Directiva cursaron distintas comunicaciones a las instancias de la Administración Pública para entablar un diálogo adecuado para llegar a un acuerdo que les permita vivir sin extracción minera y contaminación en su zona; sin embargo, no hubo respuesta alguna. El pasado 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREMA) ordenó la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana debido al incumplimiento de sus compromisos ambientales. Asimismo, se informó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huamanga la posible actividad de minería ilegal (2) en la que estaría incurriendo el empresario Medina, lo que derivó en una investigación preliminar en su contra.

En días recientes, debido a la ininterrumpida operación minera, pese a la paralización temporal ordenada por la DREMA, y luego de varias Asambleas Generales, la comunidad campesina, determinó el decomiso de las herramientas y el desalojo del campamento minero. A lo que el operador minero respondió, de manera inmediata, con una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Vilcashuamán aludiendo la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños(3).

En ese sentido, Red Muqui advierte del riesgo en el que se encuentra la comunidad campesina de Accomarca frente a la pequeña minería que no cumple estándares mínimos ambientales, ni respeta las disposiciones de las autoridades regionales. De esta manera, se estaría generando un escenario de conflicto socioambiental por la actividad extractiva y un posible escenario de estigmatización y criminalización de la Junta Directiva de la histórica comunidad campesina.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí.

(1) La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma.
(2) Artículo 307-A del Código Penal.
(3) Artículo 205 del Código Penal.

La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí