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Personas afectadas por metales tóxicos realizan plantón artístico para exigir al Congreso incrementar presupuesto

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Ante la indiferencia de las autoridades, las y los afectados por metales tóxicos de 13 regiones del país llegaron hasta la plaza Bolívar, en Lima, para demandar al Congreso de la República el aumento en S/ 5 millones del presupuesto actualmente asignado, de esta manera, alcanzar los S/ 22 millones en 2024, suma que permitirá la atención en salud de las personas contaminadas por metales tóxicos, así como la remediación del medio ambiente.

Alrededor de 25 personas integradas en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos señalaron que el presupuesto actual es insuficiente y expresaron su preocupación a través de una representación simbólica de la contaminación de los metales tóxicos en sus cuerpos y territorios, causados por la explotación de la minería e hidrocarburos en sus comunidades. Las y los representantes señalaron que dicho presupuesto destina aproximadamente solo S/ 1 para atender a cada mujer expuesta y S/ 1.50 a cada varón expuesto.

El incremento presupuestal planteado permitiría financiar la identificación y atención de la población afectada, principalmente la atención integral en salud y vigilancia epidemiológica. Además, permitiría identificar las zonas contaminantes, como las fuentes de agua contaminadas por las actividades extractivas, por mencionar algunas de las acciones más urgentes del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas.

En el país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental que pone en riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Algunas de las zonas más impactadas por la contaminación de metales tóxicos son Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales. En tanto, en Espinar (Cusco), el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona.

La Oroya (Junín) es identificada como la quinta ciudad más contaminada del mundo por la presencia del plomo, azufre, cadmio y arsénico en el ambiente. Así también Choropampa (Cajamarca) donde más de un millar de personas siguen enfrentando las consecuencias del derrame de mercurio en el 2000, sin lograr mayor atención por parte del Estado peruano.

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos es una organización que cuenta con representantes de 13 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno, Huancavelica, Loreto, Lima y la provincia constitucional del Callao. Desde este espacio organizativo exigen que se atiendan los problemas que afectan el medio ambiente y la salud humana por la exposición a los tóxicos emanados a consecuencia de las actividades extractivas desarrolladas en sus territorios (minería, hidrocarburos y otras actividades antropogénicas), que atentan contra la vida de más de 10 millones de personas en el Perú.

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Relator Especial de la ONU para el derecho al agua destaca en informe alarmante vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático

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La semana pasada el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54° período de sesiones el informe final de su visita al Perú.

En su recorrido por el país, que se extendió del 1 al 15 de diciembre del año pasado, Pedro Arrojo, economista de formación y experto en gestión de agua, visitó los departamentos de Lima, Ica, Cajamarca, Puno y Loreto. Durante su estadía se reunió con una extensa representación de la sociedad organizada que compartió con él sus preocupaciones y su lucha diaria en defensa de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Allí el Relator Especial pudo conocer de primera mano la alarmante vulnerabilidad hídrica del Perú ante el cambio climático, acrecentada por el modelo de desarrollo extractivista imperante, y las consecuencias devastadoras que la contaminación tóxica de las aguas genera sobre la población.

La destrucción de acuíferos, humedales, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la gran minería, así como las graves afecciones que esta les provoca agrava el impacto sobre la regulación de caudales fluviales que supone la desaparición de los glaciares, lo que dispara la vulnerabilidad de la mayor parte de la población que vive en la franja costera del Pacífico, frente a los crecientes riesgos de sequía y de inundación.

Respecto a la contaminación tóxica, el Relator destaca los datos del propio Ministerio de Salud, según los cuales más de 10 millones de peruanos y peruanas, es decir más del 31 % de la población, sufren riesgo diario de contaminación por metales pesados, metaloides y otros tóxicos, con la demoledora precisión de que el 84 % son niños y niñas.

El relator en su informe también nombra los responsables de tan graves perjuicios para la salud pública, pues destaca que la contaminación procede de explotaciones mineras legales e ilegales activas y de frecuentes vertidos petroleros, pero también de 7.668 pasivos ambientales mineros, y de los 3.231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Concluye el relator: “ Estamos, en suma, ante un proceso de envenenamiento sistemático de gran parte de la población, especialmente en comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que el cambio climático proyecta un futuro hidrológico sombrío para el país”.

Es especialmente preocupante la situación hidrológica del Perú, ya que más del 97 por ciento de las aguas superficiales y de acuíferos subterráneos discurren por la vertiente del Amazonas hacia el océano atlántico y menos del 2 % del total del agua disponible se genera en la vertiente pacífica, con la paradoja que es en la Región Hidrográfica del Pacífico donde se concentra el 65 % de la población y se produce la mayor actividad económica.

En esta tensa situación hídrica que presenta el país, la acción humana agrava la indefensión frente al cambio climático, constata el informe: “El desarrollo de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, además de generar graves problemas de contaminación, deseca y amenaza lagunas, humedales y bofedales en las cabeceras, como ocurrió con la laguna de Yanacocha y las nacientes del Río Grande junto a la ciudad de Cajamarca”.

En efecto, en la región de Cajamarca, el Relator Especial visitó las lagunas y manantiales de Alto Perú de los que dependen varias cuencas hidrográficas. Inquietan al enviado de la ONU las concesiones mineras solicitadas en la zona y la falta de medidas legales para proteger estos ecosistemas. Además, recibió información preocupante sobre el proyecto minero Río Blanco, que afectaría a los bosques de neblina, importantes para regular las aguas de Piura, como reconoce la Autoridad Nacional del Agua y denuncian las comunidades campesinas.

Entre las principales recomendaciones que debería abordar el país para alcanzar el derecho humano al agua potable y el saneamiento, destacan las siguientes:

– Transitar a modelos de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que garantice la participación ciudadana y los derechos de los pueblos indígenas.

– Promover laboratorios independientes con capacidad de análisis y seguimiento de los problemas de contaminación de aguas, al servicio de comunidades y organizaciones sociales.

– En contexto de escasez o de competencia entre usos del agua, deben reservarse las fuentes naturales de mayor calidad al abastecimiento humano.

– Activar la Ley 30640 y establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas.

– Crear el sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

– Implementar mecanismos de reparación para víctimas de contaminación.

– Fortalecer la gestión comunitaria del agua poniendo en valor la agro ganadería y las actividades económicas tradicionales respetando los saberes, las prácticas y la gobernanza comunitaria de los Pueblos Indígenas.

– Acabar con la criminalización de las personas defensoras del agua, por ello el Gobierno debe reconocer el papel de las personas defensoras del agua.

Puede leer el Informe completo del Relator Especial, dando clic AQUÍ

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La apuesta del régimen de Dina Boluarte por la “Mineria con todo” y nuevos conflictos a la vista en los territorios mineros

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A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

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Día Mundial del Agua: ¿Cómo va la protección del derecho al agua en zonas mineras?

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Elaboración: Mayra Zambrano y Beatríz Cortéz

En el marco del Día Internacional del Agua, desde Red Muqui elaboramos un breve balance sobre las principales normas que regulan la protección del derecho al agua frente al extractivismo y cambio climático. El escenario actual de post-pandemia  es bastante complejo en Perú, entre la crisis económica, la crisis política y de grave violaciones de derechos humanos, se desarrolla también una grave crisis climática que viene afectando especialmente a las comunidades campesinas altoandinas producto de las sequías y la falta de agua; así como a la población costera producto de las lluvias y el Ciclón Yaku.

La industria minera necesita ingentes cantidades de agua para su funcionamiento, principalmente agua superficial pero también agua subterránea. Por el bombeo hacia y el desagüe desde las minas, pueden suceder diversos cambios a nivel freático, del caudal de los manantiales y alteraciones en la calidad del agua (1) lo que en la práctica puede conllevar a graves impactos socio-ambientales en el territorio. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) -Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es la entidad encargada de habilitarles a las empresas mineras el acceso al agua, mediante la licencia de uso de agua para operaciones mineras. Sin embargo, actualmente, la ANA entrega directamente derechos de uso de agua a las empresas mineras y no consulta a las comunidades campesinas sobre el uso de las aguas en sus territorios, lo que genera una vulneración de sus derechos territoriales como pueblos indígenas. Esto implica que el uso productivo del agua para fines mineros tenga prioridad frente al uso primario del agua de los pueblos indígenas. Recordemos que, el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es prioritario sobre cualquier otra clase o tipo de uso.

Por ello, a través de la  Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático y su posterior reglamentación mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, se logró definir un camino de capacidades adaptativas frente a las consecuencias inminentes del cambio climático, cuyo objetivo radica especialmente en la anticipación y reducción de riesgos probables. En ese sentido, debido a la alta vulnerabilidad de las unidades hidrográficas (2) y la situación de los pueblos indígenas, las medidas de adaptación aplicadas deben tener en cuenta el enfoque intercultural que revalorice los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales. De esta manera, trabajar horizontalmente con los pueblos originarios es una opción necesaria y urgente para adecuarnos a las nuevas condiciones climáticas que podrían acarrear inseguridad alimentaria e hídrica a nivel nacional. 

Por otro lado, en julio de 2021 se aprobó el  Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI que desarrolla el marco metodológico para la delimitación, identificación y zonificación de cabeceras de cuenca, esto a partir de la Ley N° 30640 que en 2017 modificó la Ley de Recursos Hídricos para lograr la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Sin embargo, hasta la fecha no existen avances en los procesos de zonificación de las cabeceras a nivel nacional. En diciembre de 2021, en el Sur de Ayacucho diversas organizaciones y comunidades se levantaron en protesta exigiendo la paralización de cuatro unidades mineras propiedad de las Mineras Ares, Apumayo y SAMI SAC, esto debido a la afectación de los recursos hídricos de la zonas por la presencia de metales pesados (3). Para atender la situación, la PCM instauró una mesa de diálogo, uno de cuyos compromisos fue la zonificación de las cabeceras de cuenca. Pese a ello, dicho compromiso de protección nunca se materializó y los cronogramas de cierre de minas no se respetaron, por el contrario en 2022, la Minera Ares solicitó la prórroga del plazo de explotación.

Al respecto, se concluye que los proyectos extractivos y la consecuente aceleración de los efectos del cambio climático impactan principalmente en los medios de vida de los pueblos indígenas, debido a su dependencia a la agricultura familiar y sus fuentes de agua. Por ello, es necesario que la normativa sobre recursos hídricos se enfoque en la capacidad de mitigación y adaptación frente al cambio climático, teniendo en cuenta los factores externos de presión económica que pueden ocasionar contaminación de las unidades hidrográficas. Además, es necesario que se modifique el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) para que se garanticen los derechos de las comunidades campesinas y se evalúe la eficacia del Marco metodológico sobre identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca y se fortalezca la rectoría del MIDAGRI por sobre los objetivos de otros ministerios productivistas como el Ministerio de Energía y Minas.

 

ANEXOS:

1 Tovar, Jorge A.  El agua subterránea en el medio ambiente minero y su importancia en los cierre de mina. 

2 Perú cuenta con tres tipos de regiones hidrográficas: Pacífico (abarca el 21,8% del territorio con 62 cuencas), Amazonas (74,6% del territorio con 84 cuencas) y Titicaca (3,6% del territorio con 13 cuencas). Además de 34 cuencas transfronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.

3 Mediante el despacho de la Congresista Ruth Luque, se pudo tener acceso a la copia del Informe N° 863-2022/DCOVI/DIGESA de la DIGESA-MINSA donde se concluye que de acuerdo al Informe N° 007- 2021-GRA-GG-GRDS-DRSA-DSA-JBA de la Dirección de Salud de Ayacucho existen evidencias de exposición a arsénico de los habitantes de 19 centros poblados de las provincias de la zona Sur de Ayacucho.

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Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. –

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

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Perú comenzó proceso de validación del cumplimiento del EITI

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  • Proceso comenzó el 1 primero de julio y concluiría en noviembre de este año

Luego de ser anfitrión de la VII Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), Perú enfrenta un nuevo reto en el marco de esta iniciativa.

Representantes del Secretariado Internacional del EITI conversaron con miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la transparencia en las industrias extractivas y organizaciones de pueblos indígenas para conocer sus impresiones sobre la iniciativa. El encuentro se desarrolló en el marco del proceso de validación de la implementación del EITI en Perú.

El EITI es una alianza estratégica entre 51 países que busca transparentar los pagos que realizan las empresas (de gas, petróleo y minería) a los gobiernos y los pagos que estos reciben producto de la extracción de nuestros recursos naturales.

Cada país cuenta con un organismo, espacio, comisión u otros integrada por gobiernos, empresas y sociedad civil para implementar la iniciativa –en nuestro país se denomina Comisión Nacional EITI Perú–, una de sus principales tareas es propiciar la elaboración de los Informes EITI, llamados estudios de conciliación nacional (ECN), en el caso de Perú.

Perú integra el EITI desde 2005. Con solo un ECN publicado, su primera validación fue en 2012, recibiendo la categoría de “país cumplidor”. En esta oportunidad, nuestro país ya cuenta con cinco estudios, en el último participaron voluntariamente 60 compañías del sector extractivo (18 compañías del sector hidrocarburos y 42 del sector minero), tres empresas menos que el cuarto estudio. Además cuenta con iniciativas regionales en Piura y Moquegua.

Proceso de validación

“La validación permite afinar la implementación del EITI” explicó a los asistentes Francisco Paris del Secretariado Internacional, quien junto a Aida Amot se encuentran en Lima recogiendo los comentarios de la sociedad civil, empresas y gobiernos –insumos que servirán en el proceso de validación. Por ello parte de su trabajo es conocer cómo la sociedad civil del país está involucrada, asimismo cómo se relaciona y articula.

El papel de la transparencia de las empresas extractivas chinas –como la empresa Chinalco quien aún no participa en los ECN–, la mejora de la comunicación de los resultados de los ECN, al igual que la prontitud de la data de los informes –el V ECN contiene cifras del año 2014– fueron algunos de los aspectos mencionados en el diálogo. Asimismo, representantes de las organizaciones de pueblos indígenas pusieron en agenda la actual coyuntura de la Amazonía tras los derrames de petróleo.

El espacio sirvió también para explicar al Secretariado las expectativas que tiene la sociedad civil frente al EITI. Una de ellas fue su propuesta de incorporar información socio-ambiental para generar confianza en los reportes y fomentar mayor vigilancia al EITI, a través de la participación de más miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas. Respecto al estándar ambiental, el Secretario del Internacional precisó que aunque no es obligatorio, más de 14 países ya vienen incorporando información ambiental y que corresponde a la Comisión EITI Perú dar respuesta a ese pedido.

Otra expectativa fue que se transparente la información sobre los gastos y compromisos sociales, así como a los beneficiarios reales de las industrias extractivas (personas naturales propietarias de las empresas)[1] y que se profundice la transparencia en la información fiscal (tributaria y no tributaria), el aporte, la distribución y el uso de los recursos obtenidos por los gobiernos de las industrias extractivas.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo Propuesta Ciudadana como representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional EITI –titular y alterno, respectivamente– seguirán informando sobre cómo se viene desarrollando la evaluación del país.

Para más información sobre la iniciativa visita el portal web de DAR dedicado al EITI.

Conoce en qué consiste el proceso de validación aquí.

Accede aquí al estándar actual del EITI.

[1] La obligación de trasparentar la información de los beneficiarios reales es un compromiso del Estándar EITI aprobado el febrero de 2016 durante la VII Conferencia en Lima.

Fuente / Fotos: DAR

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“La movilización pública es la única manera de hacer evidente la contaminación ante los gobiernos”

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LO QUE NOS DEJÓ LAUDATO SI’ WEEK

  • Señala Obispo uruguayo, Monseñor Julio Bonino en Conferencia on line
  • Webinar sobre primer aniversario de “Laudato Si, también trató tema de los medios digitales y consumo distorsionado

El Obispo de Tacuarembó (región de Tacuarembó, Uruguay), Monseñor Julio Bonino, afirmó que la movilización ciudadana es la única la manera de hacerse escuchar y evidenciar los estragos de la  contaminación ante los gobiernos latinoamericanos, que en su mayoría, han tomado una posición extrema y favorable a la megaminería, sin tomar en cuenta los reclamos de quienes son directamente.

“La única manera para hacer frente a esta situación es la movilización. En los lugares en donde hay una población que grita, aunque sean débiles, es más posible que uno ahuyente las propuestas extractivas que envenenan para siempre los acuíferos. Esto se logra a través de la movilización, y de la concientización de que las cosas son nuestras, que somos parte de lo que nos rodea, y que por lo tanto, existe un derecho sobre lo que se decida”, enfatizó, Monseñor.

En el marco de la Conferencia On Line que organizó el Movimiento Católico Mundial por el Clima al cumplirse el primer aniversario de “Laudato Si”, Bonino señaló que hoy en día, aquellos que cuestionan o exigen la opinión ciudadana sobre ciertos megaproyectos, son vistos como ingenuos u opositores al desarrollo, aun así la movilización no debe dejar ser la opción.

“A uno le saben decir que está en contra de las fuentes de trabajo, le dicen de todo para mitigar una postura. Aun así el organizarse y el manifestar está en torno a tener que moverse, y manifestar públicamente la negativa a que envenenen el futuro de nuestros hijos”, comentó.

Asimismo, el Obispo uruguayo afirmó que con el aporte de “Laudato Si”, el método “ver, juzgar y actuar” tiene posibilidad de transformarse en “contemplar, discernir y proponer”. Además propuso que para introducir los nuevos valores que la encíclica requiere, sería necesario modificar el año litúrgico y darle un mayor sentido a las cosas naturales.

El Papa y los medios digitales

Otra de las ponentes en esta conferencia On Line, fue la Hermana Xiskya Valladares, Cofundadora del movimiento #Imision, quien habló sobre la apartado 47 de Laudato Si’, en donde Francisco advierte sobre el uso inadecuado del mundo digital y la superficialidad en que este nos hace vivir, en cuanto a relaciones humanas.

Para ello resaltó tres ideas del apartado 47: “Vivir sabiamente el mundo digital”, sin que estos lleguen a ser omnipresentes en nuestra vida. “Evitar la contaminación mental”, tomando en cuenta que Internet esta sobresaturado de información que muchas veces nos lleva a la superficialidad. Ante ello, el Papa insiste el diálogo y el encuentro generoso entre las personas, que no se consigue con una mera acumulación de datos.

“La calidad de nuestras relaciones digitales”, que no implica estar ‘amarrados’ a tantos dispositivos, ni tener relaciones superficiales con los demás. En esta parte de la encíclica, el Papa dice que “los medios digitales permiten que nos comuniquemos y compartamos conocimientos, sin embargo, nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor o la alegría del otro, es decir, con la complejidad de la experiencia personal.

“No podemos vivir con doble personalidad, una en lo digital, y otro en lo presencial. En ambos espacios somos una sola realidad. En ambos somos cristianos”, replica la religiosa, quien además  sugiere colocarnos un horario de acceso a Internet.

Valladares recordó que Benedicto XVI decía que un versículo de la Biblia cabe en 140 caracteres y tiene un mensaje profundo. Entonces, antes de emitir un tuit, es necesario orar, pensar mucho en algo que impacte y conecte, en poco espacio, y sobre todo, y transmitir valores que estén interiorizados en nosotros, de los contrario no podremos difundir el mensaje de Laudato Si’.

Replantear la economía y el consumo

Pablo Canziani, Doctor en ciencias físicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) remarcó la importancia de que en Laudato Si’ se haya integrado la ciencia y la fe, ya que la necesidad de encarar este problema es única y no por separado.

“Un solo camino y una sola solución con avances en la ciencia, lo cual queda en claro en la primera parte de la encíclica. Francisco reclama avances no solo en las ciencias naturales, sino en las económicas y sociales. La economía es la que está más rezagada en los avances porque nos manejamos con conceptos del siglo XIX”, puntualizó.

En ese sentido, Canziani dijo que era necesario replantear el sistema planteado por la economía de hoy, que nos invita a realizar un consumo salvaje y distorsionado, el cual puede ser revertido a través de un cambio individual.

“Hay que trabajar con el concepto de consumidor responsable y ciudadano exigente. Los cambios vienen de abajo a arriba. Esto parte por analizar cómo es que consumimos y cuál es nuestro rol en lo que usamos. Empezar a verificar como es que se produce lo que consumimos, porque muchas veces se usan esclavos modernos, que pueden ser más de los que imperios de la antigüedad. Es un imperativo moral”, agregó.

VIDEO DE LA CONFERENCIA ONLINE 

Foto: finanzas.com / arequitadigital.com / 1080.plus

Video: The Global Catholic Climate Movement 

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Laudato Si’ insta a que exista participación e información en aprobación de proyectos extractivos

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RED MUQUI SOBRE ENCÍCLICA AMBIENTAL

  • Francisco señala que actividades extractivas no deben someterse a presiones políticas y económicas
  • Conversatorio “Laudato Si’ un año despúes” formó parte de las actividades internacionales sobre la carta encíclica

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, señaló que en la encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco hace referencia a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos extractivos, y cuestiona la falta de participación de todos los actores desde antes de su aprobación.

“En el Perú, las decisiones sobre donde hacer actividad –minera en este– son exclusivas del gobierno y la empresa, no existe participación de las poblaciones en esos procesos, es decir hay decisión desde los poderes económicos y políticos, algo que el Papa cuestiona en Laudato Si’”, comentó el representante de la RED MUQUI.

Pese a que el sumo pontífice menciona la importancia de la transparencia de la información en un proyecto extractivo y que esta no debe ser posterior a la aprobación de una EIA, Jahncke Benavente recordó que en el Perú, a las comunidades que habitan en zona de influencia del proyecto, solo se les informa sobre el EIA en términos técnicos sin que se recoja su opinión.

Desde el punto de vista eclesiático, Monseñor Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo, remarcó que la última encíclica es una aire fresco que Francisco ofrece al mundo y a la iglesia católica, y que se resume a la interconexión de Dios, el ser humano y la naturaleza, una armonía que hoy en día está dislocada, y que Laudato Si’ propone curar esta herida.

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), dijo que es necesario reconocer que la carta encíclica ha remecido los cimientos de la iglesia católica al ser una invitación a rehacer los vínculos con Dios y el planeta: la defensa de la vida y de la creación de Dios.

“Para el Papa Francisco, al actual paradigma económico es un sistema idolátrico y perverso porque antepone el dinero a las necesidades de los más pobres. Como iglesia no debemos callar, y lo hemos ido planteando en ocho conferencias episcopales en Latinoamérica se han pronunciado sobre este tema que no nos es ajeno al ser una cuestión humana”, refirió Monseñor Barreto.

De igual manera, Rocío Valdeavellano del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), destacó la labor del Papa Francisco como líder espiritual que no cae en el espiritualismo, y vive la realidad sin caer en un discurso de autoridad política o científica. Esta posición es la que lleva a Francisco a dirigir la encíclica a la humanidad entera, no solo a los católicos en el mundo.

Es así que la representante del MOCICC, recoge la postura del papa frente al actual modelo de producción y consumo que impulsan un estilo de vida que nos responsabiliza a todos en la falta del cuidado de nuestro planeta.

Asimismo, Valdeavellano resaltó como Laudato Si’ ha influido en el movimiento ciudadano e iglesias no católicas, pero sobre todo, el reconocimiento del Santo Padre a los movimientos socioambientales que defienden la protección del medioambiente, y que son considerados como “estorbos” por el status quo. Es por ello, que la encíclica llama a la acción ciudadana.

“Quienes buscamos ser seguidores de Jesús hoy en día, tenemos el reto de decidir si defendemos el futuro de la vida y del planeta, no solo de ceñirnos al evangelio. Una forma es difundir y aplicar la encíclica en la realidad peruana, identificarnos con el desarrollo de un estilo de vida sostenible y solidario”, convocó.

Por su parte, Eduardo Calvo, Presidente Adjunto del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), estuvo presente en el conversatorio a título personal  para comentar el segundo capítulo de la encíclica, el mismo que se ocupa del diálogo intenso entre la ciencia y la religión, y que ha dejado de lado las diferencias para concordar una posición sobre el cambio climático. Asimismo, expuso sobre el nuevo concepto de ecología integral que nos trae Laudato Si’ en su cuarto capítulo.

“Este concepto nos habla de tener una ecología económica, política y social, cultural y de la vida cotidiana, el principio de bien común; que no es otra cosa que la justicia entre las generaciones y una urgente y renovada solidaridad intrageneracional. Esta ecología integral es una base para pasar a la acción a través del diálogo que impulse a la política y a la economía al servicio de la vida humana; así como el diálogo entre las religiones y la ciencia”, subrayó.

Como parte de las actividades oficiales de la Semana de Laudato Si’ (del 12 al 19 de junio), RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizaron el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Existen 8 retos que los gobiernos deberían asumir ante la caída de precios de los metales

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EN LATINOAMÉRICA
• Eduardo Gudynas estuvo en el Foro público:»Alternativas al Extractivismo: Los retos para el nuevo gobierno”, organizado por RedGe y CLAES

Eduardo Gudynas, Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES Uruguay), puso sobre la mesa 8 retos que todos los países de Latinoamérica tienen en común, para hacer frente a la caída de precios de los minerales e hidrocarburos; situación que ha llevado a los gobiernos latinoamericanos –incluyendo al Perú– a tomar medidas que van en contra de las poblaciones indígenas, incluso de su propia institucionalidad ambiental.

A menor precio, mayor volumen extractivo
El coordinador ejecutivo de CLAES observó que la caída del precio de las materias primas no ha causado ninguna disminución en las actividades extractivas, sino todo lo contrario; se ha visto un aumento de presión en presión en minería e hidrocarburos, a través de los gobiernos y las medidas para compensar esta pérdida en los mercados internacionales.

Gudynas citó como es en que Bolivia ha exonerado a las empresas extractivas de evaluaciones ambientales, y sobre todo del mecanismo de consulta ciudadana a los territorios indígenas y de protección de áreas protegidas, pese a que su propia normativa exigía lo contrario. El investigador uruguayo mencionó que para alentar las inversiones, el gobierno de Evo Morales decretó un paquete de medidas de apoyo económico, en base a subsidios y exoneraciones fiscales, por un valor de solo US$ 3,500 millones para la explotación petrolera.

“La lógica es “bajan los precios, aumento el volumen extractivo”, sin embargo el resultado ha sido el incremento de conflictos con las comunidades ahondar las fracturas con los pueblos indígenas y el gobierno, así como una serie de impactos ambientales y sociales”, indicó.

Licencias y normas que debilitan
Gudynas expuso que ante una caída de precios en las materias primas, en Latinoamérica ya es común flexibilizar y minimizar la normativa, así como las vías administrativas del Estado para hacer el control ambiental en diferentes rubros.

Desde hace algunos años, en Colombia se decidió aligerar la presión normativa y de control, al otorgar títulos y concesiones de manejo en menor plazo, las llamadas licencias ambientales “express” que solo conllevaron al aumento de conflictos locales y resistencias ciudadanas. Esta situación les demuestra a los gobiernos que “Si yo aligero el licenciamiento, no se resuelven los problemas con los grupos locales”.

A ello se suma la dudosa legalidad de estas normas que contradicen a otras ya establecidas, o pretenden debilitar las funciones de las instituciones ambientales del Estado. Un ejemplo, es como en Uruguay se creó por decreto una nueva agencia de rango en la Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio Climático, una “agencia” que causa vacíos y va haciendo innecesarias las propias gestiones y competencias del actual ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente.

“Esta debilidad de institucionalidad ambiental en Latinoamérica hace que los problemas ambientales se acumulen. No hay otra solución más que fortalecer las instituciones ambientales, aplicando la normativa ambiental”, indicó como uno de los retos.

Corrupción y extractivismo
Eduardo Gudynas dejó en claro que el flagelo de la corrupción en los procesos de concesión, es independiente con que los gobiernos sean conservadores o progresistas. Por ello, consideró que es necesario asumir que en realidad, los megaproyectos en basados en actividades extractivas solo son viables si aprovechan cierta ilegalidad para conseguir permisos. Algo ante lo cual los Estados deben protegerse.

“Todos los países latinoamericanos tienen casos de corrupción en el sector extractivo; algunos que van desde otorgamientos ilegales de concesiones mineras hasta sobornos para que no diga nada sobre el uso excesivo de contaminantes. Para todos los regímenes de propiedad encontramos casos de corrupción en Extractivismo, entre empresas estatales, empresas mixtas, empresas privadas bajo manejo estatal como la minera brasilera Vale, y de las que son netamente privadas”, subrayó.

Minería ilegal
En este tema, el autor de “Extractivismos” dijo que no se debe dejar de lado la contribución de las empresas formales que le compran a los mineros ilegales, y que habría que comenzar a preguntarse si es necesario implantar una moratoria.

Mirar hacia las zonas rurales
Durante su participación en el Foro Público sobre Alternativas al Extractivismo 2016 en Perú, Gudynas remarcó que los grupos afectados corresponden a poblaciones rurales -numéricamente pequeños-pero no menos importantes. De manera que la presión política y el caudal electoral que ejercen, también lo son, si se compara con las grandes ciudades.

“Para muchos partidos, esta población comunal no es necesaria para una elección, y esto se repite en todos los países latinoamericanos. Un caso dramático es el de Brasil de los pueblos indígenas, donde las organizaciones que trabajan, como el Consejo misionero de la iglesia católica, indican los últimos gobiernos han tenido las peores políticas para estas poblaciones”, comentó.

No dejar otros desarrollos alternativos
Tras aclarar que no propone la erradicación de la minería. El especialista en temas extractivos, indicó que en Latinoamérica, es preocupante la tendencia de combatir cualquier iniciativa o propuesta de plan alternativo de desarrollo, desde los mismos gobiernos.

“Esto contribuye a generar la imagen de que no existen alternativas posibles al extractivismo de inserción a la globalización y quienes las proponen no son alentados por el gobierno. Para buscar otras Alternativas de desarrollo, es necesario que participen los gobiernos y las universidades, porque las organizaciones locales tienen capacidades limitadas para abordar semejantes desafíos. No es su rol”, lamentó.

Democracia y valores
Para Gudynas los gobierno no deben dejar de lado que políticas ambientales también deben discutirse en términos de justicia y de moral, ya que en Latinoamérica también se evidencia la tolerancia –desde las grandes ciudades– a ciertas formas de represión y hostigamiento que se ejercen sobre comunidades locales que cuestionan un proyecto extractivo.

“El habitante urbano señala que “son indios que impiden el desarrollo” y en la sociedad estamos tolerando expresiones de injusticia y hasta algunas violaciones a los derechos humanos como algo normal”, agregó.

Dar valor a la naturaleza
Para el investigador de CLAES es necesario avanzar un paso más, desde los derechos humanos, y comenzar a discutir cuál es el valor de la naturaleza en un debate que incorpore la categoría de los ‘derechos de la naturaleza’.

“No debemos olvidar la innovación que ha hecho la nueva constitución del Ecuador, como el reconocimiento de los valores propios de la naturaleza, lo cual cambia buena parte de los procesos de decisiones sobre evaluaciones de impacto ambiental, y como acompasar proyectos de inversión con la protección del medio ambiente”, explicó.

No obstante, lamentó que en este país se entre en contradicción y se opte por el extractivismo, debilitando la propia idea constitucional de “derechos de la naturaleza”. En este punto, Eduardo Gudynas culminó su intervención con la siguiente reflexión:

“Escuchar a los mercados es la función del ministerio de Economía y Finanzas, y no del ministro del Ambiente, quien debe ocuparse de la naturaleza , escuchar a las plantas y a los animales, algo que suena raro pero que corresponde a una nueva sensibilidad, a la que apunta el nuevo marco constitucional del Ecuador”, finalizó.

DATO:
Gudynas estuvo junto a José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y subdirector de CooperAcción, César Ipenza, jefe del programa ambiental del partido Peruanos Por el Kambio, y María Elena Foronda, congresista electa por la agrupación política Frente Amplio.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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