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Defensores ambientales se movilizaron en Lima logrando acuerdos con el MINJUS y MININTER para tener protección

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Más de 120 defensores y defensoras de todo el Perú llegaron a Lima ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia.

 

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de agua, nuestra seguridad alimentaria, medios de vida, tierras ancestrales, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Exigimos que las defensoras y defensores sean reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática y soberana y en su importante rol  en la lucha contra el cambio climático.

Ellos y ellas luchan día a día por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, etc. 

Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María y por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la llegada de más de 120 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima quienes han participado del 15 al 17 de junio en el Encuentro Nacional de Defensores y en acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger la tierra,  el agua y la vida.

El encuentro logró reunir a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima. Este espacio tuvo como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales realizados en talleres anteriores (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generó un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea en la protección de los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

En este encuentro, los defensores y defensoras visibilizaron la situación de vulneración que viven en sus regiones, se plantearon las limitaciones estatales en protección a defensores en Latinoamérica, así como se realizaron propuestas de autoprotección como individuos.

Asimismo, el Encuentro contó con la participación de representantes de organismos internacionales que dieron su apoyo a los defensores y defensoras y a la lucha que realizan para proteger el medio ambiente.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto suficiente el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo y garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta y la persecución judicial a los defensores y defensoras.

Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores realizaron un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y luego marcharon al Ministerio del Interior, dado que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP por acciones de defensa de sus territorios, el medio ambiente y la vida.

En cuanto a la reunión con representantes del Ministerio de Justicia, se lograron los siguientes acuerdos: 

  • Revisión de convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, 
  • Reunión sobre Acuerdo Plenario, lunes 20 de junio.
  • Mesa intersectorial para coordinación e intervención sobre violación de derechos a Defensores.

Con el Ministerio del Interior, los defensores y defensoras lograron que el viceministro del Interior se comprometa en desarrollar un proceso de capacitación al personal policial e implemente el el protocolo para defensores en el marco del DS 4-2021- del Ministerio de Justicia. Asimismo, señaló que revisaría los casos emblemáticos de represión y criminalización que expusieron los defensores ambientales. En la reunión participaron el Dr. Ernesto Fuentes Cole, Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, y el Dr. Erick Fernando Caso Giraldo, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior.

Ahora los 12 voceros nacionales elegidos en el Encuentro Nacional, monitorearán el cumplimiento de los acuerdos con los Ministerios.

Sigue la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras  en sus diferentes redes sociales, y conoce más sobre el Encuentro Nacional y las acciones de incidencia:

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/defensorasydefensoresdelperu/ 

TWITTER: https://twitter.com/RDefensores

FACEBOOK: https://web.facebook.com/defensorasydefensoresdelperu

Lima, 17 de junio del 2022.

 

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Protesta: Justicia para los Defensores de Derechos humanos y Ambientales

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Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
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Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

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Taller Macroregional de Formación de Defensores y Defensoras del Sur Andino

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Dada la necesidad de fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, quienes desarrollan su labor en un contexto de riesgo y violencia por su accionar a favor de la paz, la justicia, los pueblos indígenas, los territorios, el agua y la lucha por reconquistar derechos y exigir su garantía y respeto.

En razón de su rol de defensa de los derechos humanos son víctimas de asesinatos como los ocurridos  hace una semana que les quitaron la vida a cuatro defensores ambientales.

Por tal contexto de riesgo personal y criminalización, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Cusco, el Taller Macroregional de Formación de Defensores y Defensoras del Sur Andino. El evento se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Defensores y defensoras del Perú” y contó con la participación de defensoras y defensores provenientes de 11 provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno y se realizó con el apoyo conjunto de varias organizaciones de sociedad civil.

Al iniciar el encuentro se realizó un pequeño homenaje al hermano Oscar Mollohuanca Cruz,  guardándose un minuto de silencio en su memoria. A 19 días de su partida exigimos una seria investigación sobre las circunstancias en que ésta se produjo. Se reafirmó la solidaridad con los familiares de las víctimas de asesinato, exigiendo al Estado una respuesta oportuna seguida de una investigación con transparencia y una efectiva sanción a los responsables, pues ningún crimen debería quedar impune.

El taller se realizó de forma presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se ha debatido y analizado temáticas referidas a derechos colectivos, individuales, territorio, significancia de ser defensor de derechos humanos, fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones,  importancia de la cohesión social para el  autocuidado frente a la ausencia del Estado que deja a las defensoras y defensores y a sus familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, continuamos denunciando la criminalización, amenaza y hostigamiento hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos. 

Las actividades se desarrollaron de manera interactiva, involucrando a todas y todos los participantes en ejercicios, charlas y testimonios que reafirman la identidad y la unión en la lucha común y compartiendo las experiencias de defensa del territorio en las diferentes provincias y visibilizando las problemáticas que las personas defensoras buscan solucionar. Además, se tuvo la participación de Jorge Eliecer Sánchez del Comité político Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y especialista en la abogacía y los derechos humanos ambientales, el cual nos contó sobre las experiencias de la defensa del territorio en Colombia, y respondió algunas consultas que le hicieron las personas defensoras participantes del taller. Se propuso también estrategias de acción para hacer frente a las problemáticas actuales, articulando una Red de trabajo conjunto entre las defensoras y defensores participantes. 

Desde el encuentro se compartieron los avances de la campaña nacional “Defensoras y Defensores del Perú”, así como se creó expectativa por el impulso y avances de la mini campaña denominada “¡Acuerdo de Escazú Ya!”, la cual tiene como objetivo principal impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la defensa del medio ambiente y la protección de quienes lo defienden.

Finalmente, se reconoció la importancia crucial de la unión y la necesidad de levantar la voz contra el abuso, el despojo en los territorios, los asesinatos, la estigmatización y las amenazas constantes contra defensoras y defensores.

Cabe señalar que el eje de las actividades y el intercambio propuesto de los talleres es el de consolidar una Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Ambientales a corto plazo, por lo cual se anunció que se continuarán desarrollando talleres dirigidos a las personas defensoras que permitan fortalecer sus capacidades y conocimientos, así como fortalecer la articulación de las acciones. Además, se han propuesto las bases para el 1er Encuentro Nacional Costero Andino Amazónico de Defensores y Defensoras, que se llevará a cabo en el mes de junio en Lima.

PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS, ¡AHORA!

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS

¡NUESTRA LUCHA NO ES SÓLO EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, ES EN DEFENSA DE LA VIDA DE TODOS!

 

Si deseas conocer más sobre la campaña «Defensoras y Defensores del Perú», haz clic en estos enlaces:

Twitter; Facebook; Instagram. #ProtegeAQuienesNosProtegen

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Exhortamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú

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La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

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En defensa del acuerdo de Escazú: ¿A qué le teme la CONFIEP y el Congreso?

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En estas semanas, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República viene debatiendo la ratificación del tratado de Escazú – “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”[1], adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018”.

En los últimos meses este tratado ha generado debates e incluso se han desplegado campañas en contra de su ratificación. Desde los sectores conservadores y económicos  que desarrollan actividades de explotación en el territorio nacional liderados por la CONFIEP, su principal argumento es que, con la ratificación del tratado, el Perú somete su soberanía a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y les resta competencias a nuestros tribunales nacionales (juzgados y Tribunal Constitucional). Pero debemos preguntarnos, ¿cuán cierto es todo esto?, ¿cuál es el objetivo y contenido del tratado de Escazú? o ¿existe alguna otra intención de estos sectores que se oponen a Escazú?.

Debemos empezar, precisando, en primer lugar, que este tratado tiene cuatro pilares principales: i) el acceso a la información ambiental (art. 5 y 6), ii) participación en procesos de toma de decisiones ambientales (art. 7), iii) acceso a la justicia (art. 8), iv) la protección de defensores ambientales (art. 9); la cual se complementa con disposiciones de fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10 y 11), entre otros.

En segundo lugar, la soberanía nacional vista desde el acuerdo de Escazú, no se sobrepone a las competencias y decisiones del sistema administrativo y de justicia nacional. Como tratado promueve el respeto por derechos fundamentales, debido proceso, acceso a la información ambiental, mejora en los mecanismos de participación y acceso a la justicia en caso de daños.

Debemos recordar también que, actualmente, nuestro país, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2] y el Estado Peruano reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema ha sido invocado por diversos ciudadanos y sectores de nuestra sociedad, como los pueblos indígenas/originarios que acuden al ámbito de la justicia internacional por graves violaciones de derechos fundamentales y colectivos, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades extractivas que afectan el ambiente y la salud de las personas.

Los líderes representantes de comunidades, quienes son defensores de derechos humanos y medio ambiente están reconocidas por nuestra legislación, no es un status nuevo, al igual que la necesidad de proteger su labor e integridad.   El protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos aprobada mediante la Resolución Ministerial N°059-2019-JUS es un importante avance en esta garantía, pero aún insuficiente por el riesgo que significa la defensa del medio ambiente ante la degradación y contaminación de territorios de pueblos originarios, ocasionada por actividades extractivas formales e informales. El acuerdo de Escazú no se pronuncia con especificidad sobre actividades informales porque esta constituye delito y es el Estado en su rol protector, quien debe intervenir a través de sus diversos organismos.

Recientemente la Red Muqui fue convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica para dar su punto de vista sobre el acuerdo de Escazú, y en ese marco los miembros de la Comisión en reiteradas oportunidades han señalado que, efectivamente, hace falta mejorar la regulación ambiental o en su defecto aclarar los vacíos que existen;  y que, pese a ello, el Perú sería uno de los países que más ha avanzado en la regulación y protección del medio ambiente; lo cual, desde nuestro punto de vista, no es cierto. En el Perú cada vez más se vienen flexibilizando los estándares ambientales a través de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, quienes procurando “destrabar” proyectos de inversión reducen las garantías y exigencias ambientales.

Esta flexibilización ambiental se dio por ejemplo con el Decreto Legislativo 1500, que dispuso la aplicación de mecanismos virtuales para la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración y aprobación de EIAs. Con medidas como estas el Estado deja de proteger a los derechos colectivos de los Pueblos Originarios. Hechos como este, desencadena demandas, denuncias, movilizaciones provocadas por el propio Estado y aprovechadas por empresas públicas y privadas.

Le tomamos la palabra a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, a fin de que inicie un proceso de revisión de las normas que flexibilizan las normas ambientales y la protección a los miembros de las comunidades.

Finalmente, instamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. El acuerdo de Escazú es un tratado a favor de los intereses de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que todos estos años han venido recibiendo el embate de las actividades extractivas en su territorio. El Congreso debe sincerar bajo que intereses legislan, todavía están a tiempo de hacerlo en favor de la gente.

[1] Acuerdo de Escazú. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

[2] Tratados ratificados por el Perú: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ANEXO.1.RATIFICACIONES.pdf

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