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“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

En la tarde de este martes, representantes del Valle de Tambo y autoridades de la provincia de Islay y de la región Arequipa, se reúnen con el presidente Pedro Castillo, para plantearle la inmediata anulación de la Resolución N°0624-2022. A través de esta decisión, la Autoridad Nacional de Agua le otorga licencia de uso de más de 22 millones de metros cúbicos de agua por año a la minera Quellaveco, propiedad del consorcio Anglo American.

La delegación arequipeña está conformada por los presidentes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo, alcaldes de la provincia de Islay, consejeros y gobernadora de la región Arequipa; además se sumará la representación parlamentaria de Arequipa. La reunión, según el congresista Jaime Quito, fue confirmada por Edgar Altamirano, secretario de actividades del despacho presidencial.

El pasado miércoles 28 de setiembre, diferentes autoridades de la región y representantes de la juntas de usuarios rechazaron la resolución directoral 0624-2022, que consideran arbitraria y pidieron su inmediata nulidad. También el congresista Jaime Quito Sarmiento, como nuevo delegado de la representación parlamentaria de Arequipa,  informó a los presentes de la cita fijada en Lima con el presidente Castillo para este martes 4 de octubre.

El alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera, planteó que en dicha reunión se solicite la presencia del premier Anibal Torres y de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) Jenny Ocampo Escalante.

Recordemos que en el caso del Valle de Tambo, han transcurrido ya 13 años de resistencia en defensa de la agricultura y medio ambiente frente al proyecto Tía María.  Resistencia que ha dejado  a personas  criminalizados, heridas y muertas. Y que nuevamente desde los primeros días de setiembre de 2022, la población vuelve a protestar en legítimo reclamo, está vez por la defensa de las aguas del río Tambo, afluente principal para el consumo humano y la agricultura del Valle de Tambo.

El domingo 27 de septiembre se conmemoraron 11 años de la consulta popular realizada en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia de valle de Tambo. Ese 27 de septiembre del 2009, una mayoría abrumadora le dijo sí a la agricultura, pesca artesanal y turismo sostenible; y no a la minería.

En el marco del 11avo aniversario de la consulta, desde Red Muqui se realizó un foro para rememorar ese importante hecho con la participación del economista y especialista en gestión ambiental; Juan Aste Daffós; Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH en Arequipa; y Nico Pareja, agricultor, ex miembro de mesa de la consulta popular del 2009, actualmente enjuiciado por haber sido parte de las protestasen los años anteriores.

Durante el conversatorio, Nico Pareja señaló que en esos tiempos no había la fuerza de las redes sociales como ahora y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la consulta y que participe la mayor cantidad de agricultores y población en general. Recordó que ahora ya no están varios compañeros y compañeras, pero es importante nombrarlos como homenaje por estos 11 años de resistencia. Mencionó a Augusto Pareces, ex dirigente de la Junta de Usuarios que falleció hace aproximadamente un mes.

A su turno, el economista Juan Aste señaló que las poblaciones impulsan las consultas populares en zonas donde hay minería para visibilizar también cuáles son sus alternativas de vida y economías locales. En el caso del valle: la agricultura y pesca artesanal. Asimismo, recalcó que «en el Perú no tenemos ordenamiento territorial, tenemos ordenamiento minero. Necesitamos que el territorio se planifique de acuerdo a las potencialidades de las economías locales sostenibles, que no afectan negativamente al ambiente como la minería».

Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH señaló que el conflicto de Tía María es el que más muertos ha generado en comparación con otros conflictos sociales, y eso debe de investigarse y sancionarse. «Creemos importante que se genere una comisión investigadora de derechos humanos desde el Estado, sobre quiénes mandaron a disparar a los hermanos que han sido asesinados estos años, y también a quiénes han sido perseguidos. No es posible que no haya ningún responsable por lo que ha pasado», precisó.

Los participantes del conversatorio señalaron que la consulta popular fue un hecho muy importante que contó con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y fue impulsado por las municipalidades del valle; a diferencia de la actualidad las normas emitidas por el gobierno y el Congreso recortan la participación ciudadana y no incorporan a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones para la garantía del ejercicio ciudadano a la participación.

Ver VIDEO del conversatorio.

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.