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El domingo 27 de septiembre se conmemoraron 11 años de la consulta popular realizada en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia de valle de Tambo. Ese 27 de septiembre del 2009, una mayoría abrumadora le dijo sí a la agricultura, pesca artesanal y turismo sostenible; y no a la minería.

En el marco del 11avo aniversario de la consulta, desde Red Muqui se realizó un foro para rememorar ese importante hecho con la participación del economista y especialista en gestión ambiental; Juan Aste Daffós; Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH en Arequipa; y Nico Pareja, agricultor, ex miembro de mesa de la consulta popular del 2009, actualmente enjuiciado por haber sido parte de las protestasen los años anteriores.

Durante el conversatorio, Nico Pareja señaló que en esos tiempos no había la fuerza de las redes sociales como ahora y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la consulta y que participe la mayor cantidad de agricultores y población en general. Recordó que ahora ya no están varios compañeros y compañeras, pero es importante nombrarlos como homenaje por estos 11 años de resistencia. Mencionó a Augusto Pareces, ex dirigente de la Junta de Usuarios que falleció hace aproximadamente un mes.

A su turno, el economista Juan Aste señaló que las poblaciones impulsan las consultas populares en zonas donde hay minería para visibilizar también cuáles son sus alternativas de vida y economías locales. En el caso del valle: la agricultura y pesca artesanal. Asimismo, recalcó que «en el Perú no tenemos ordenamiento territorial, tenemos ordenamiento minero. Necesitamos que el territorio se planifique de acuerdo a las potencialidades de las economías locales sostenibles, que no afectan negativamente al ambiente como la minería».

Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH señaló que el conflicto de Tía María es el que más muertos ha generado en comparación con otros conflictos sociales, y eso debe de investigarse y sancionarse. «Creemos importante que se genere una comisión investigadora de derechos humanos desde el Estado, sobre quiénes mandaron a disparar a los hermanos que han sido asesinados estos años, y también a quiénes han sido perseguidos. No es posible que no haya ningún responsable por lo que ha pasado», precisó.

Los participantes del conversatorio señalaron que la consulta popular fue un hecho muy importante que contó con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y fue impulsado por las municipalidades del valle; a diferencia de la actualidad las normas emitidas por el gobierno y el Congreso recortan la participación ciudadana y no incorporan a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones para la garantía del ejercicio ciudadano a la participación.

Ver VIDEO del conversatorio.

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.