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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Hemos tenido nuevamente una semana movida en términos políticos en el país, finalmente el presidente Pedro Castillo ha decidido apartar a Guido Bellido de la presidencia del Consejo de Ministros así como a seis ministros, algunos de ellos afines al partido Perú Libre, y es que dadas las circunstancias se hacia insostenible la permanencia de Bellido en la PCM, no solo por sus declaraciones altisonantes, si no porque además ponía en entredicho la autoridad del mismo presidente Castillo, entre otras cosas. En su reemplazo ingresa Mirtha Vásquez y seis nuevos ministros, habría que destacar, entre ellos, el ingreso de Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura. Desde la Red Muqui saludamos el nombramiento de Mirtha Vásquez como premier del recompuesto gabinete ministerial. Como se sabe, ella fue presidenta del Congreso en el último semestre del presente año y asumió este mandato en los momentos más críticos del país, además de ser abogada, ella es una defensora de los derechos humanos y del ambiente desde hace muchos años. Los mejores deseos para ella en este nuevo desafío.

El escenario político que le espera a Mirtha Vásquez no es el mejor, aparte del enfrentamiento político entre el ejecutivo y el congreso, está por ejemplo la atención de varios conflictos sociales vinculados al sector minero, y el más urgente es el caso de Cotabambas (Apurímac) Chumbivilcas y Espinar (Cusco) en el denominado corredor minero del sur. Aquí las demandas son múltiples, desde compromisos anteriores no cumplidos, denuncias de contaminación ambiental y a la salud humana, la revisión de la legalidad de la carretera del corredor minero, hasta el pedido de que las comunidades sean consideradas proveedoras de servicios de transporte minero. Sobre este último punto se tuvo algunos acuerdos en la semana, con el saliente premier Bellido. La nueva premier conoce sobre temas mineros y de conflictividad social, así que esperamos alguna acción inmediata, por lo pronto se debería hacer diagnostico integral de la situación actual de las múltiples demandas de las comunidades locales del corredor minero y, a partir de ello, conformar un equipo técnico-político que ayude a canalizar una solución dialogada a este caso.

Finalmente, un tema no menos importante es el lanzamiento de la segunda reforma agraria el pasado domingo en la ciudad del Cusco, donde estuvieron presentes el presidente Pedro Castillo, el ministro Víctor Raúl Maita del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y casi todos los ministros, congresistas, autoridades nacionales y autoridades locales de Cusco; y, lo más importante, estuvieron presentes más de 4 mil personas en el santuario de Sacsayhuamán, la mayoría provenientes de las comunidades campesinas de Cusco y del sur del Perú, que esperan con expectativa los cambios anunciados en el sector agrario. Sobre el contenido de la segunda reforma agraria hay varios temas que tendrán que discutirse todavía, por ello nos parece importante que se abra el debate en las regiones, en las bases y que los nueve ejes presentados no sean cerrados, y que se complemente con otros temas que no están planteados como el enfoque del Ordenamiento Territorial o la gestión integral de los recursos hídricos, entre otros. Más de allá de las críticas de este lanzamiento, todos coinciden en que la atención al sector agrario no podía seguir postergándose más.

Por: Edwin Alejandro Berrospi – coordinador del área socio ambiental

La segunda reforma agraria anunciado por el gobierno de Pedro Castillo como una política pública en favor de los más de 2.2 millones de pequeños productores que trabajan la agricultura familiar es un avance importante para el país, donde la agricultura familiar ha demostrado ser fundamental en la lucha contra la pandemia, abasteciendo con más del 70% de alimentos a los principales mercados de las ciudades. Sin embargo, esta medida es aún débil porque no contempla un plan de ordenamiento territorial, ni la protección de las cabeceras de cuenca que son indispensables para la producción de alimentos y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del campo.

¿Qué significa la segunda reforma agraria?

Esta reforma tiene nueve ejes estratégicos cuyo eje central es la agricultura familiar: 1) seguridad alimentaria con la producción sostenible de alimentos a través de la agricultura familiar para disminuir la dependencia de la importación 2) Asociatividad y Cooperativismo, 3) infraestructura hidráulica con proyectos de riego, siembra y cosecha de agua y tecnificación del riego 4) Sesigra –Agro que se plantea la movilización de estudiantes para brindar asistencia técnica, capacitación y apoyar a comunidades campesinas y nativas, cooperativas y asociaciones de productores 5) industrialización rural para dar mayor valor agregado a los productos 6) promoción de mercados locales y compras estatales a la pequeña agricultura para programas sociales 7) repoblamiento ganadero con programas para la mejora de pastos y mejoramiento genético del ganado 8) la articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, vinculado a las agendas regionales y finalmente 9) crédito desde el banco de fomento agrario, agrobanco y banco de la nación para los pequeños productores.

Con estas medidas se fomentará un programa de compras públicas por más de 300 millones de soles en el próximo año y se viene proyectando la construcción de mercados locales en cada provincia del país. Además, se reconocerán a 300 nuevas cooperativas agrarias que beneficiará a más de 130.000 familias y se prevé el ajuste en la franja de precios para proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados e importados del extranjero. En esa línea, se plantea la construcción de una planta de fertilizantes de fosfatos y un fondo de reactiva agro con una línea de crédito de 600 millones de soles para que tengan acceso los pequeños productores y en especial las mujeres.

La segunda reforma agraria sin expropiaciones ni confiscaciones.

¿Cuáles son los vacíos de la segunda reforma agraria?

Los problemas estructurales siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo del sector agrario y sigue afectando a la agricultura familiar en el país, por ejemplo la concentración de tierras en unas cuantas grandes empresas, las concesiones mineras en territorios comunales, inseguridad de la propiedad de la tierra, la violación de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, la contaminación ambiental y la creciente escasez de los recursos hídricos, son algunos de los problemas que viene enfrentando los pequeños productores del país, por ello indispensable que se tomen medidas urgentes para la protección de los territorios, protección de las principales fuentes hídricas y se promueve la participación activa de los pequeños productores y poblaciones para una gestión integrada y participativa del territorio y del agua.

La segunda reforma agraria si bien está orientado a fortalecer la agricultura familiar, no recoge el proceso de ordenamiento territorial como instrumento para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. El ordenamiento territorial nos ayuda a planificar y delimitar las actividades que realizamos en un territorio, sobre todo ordenar a que las actividades económicas como la minería estén ordenadas y con el plan de ordenamiento territorial se defina dónde se puede desarrollar dicha actividad y dónde no se puede desarrollar, por ejemplo, no es posible en los territorios con ecosistemas frágiles. En esa línea, se requiere construir territorio conociendo sus grandes potencialidades, sus características físicas, sociales, económicas, sus poblaciones, la diversidad de ecosistemas, sus culturas, etc.

Esta reforma agraria debería ser la seguridad y soberanía alimentaria desde la protección de territorios, ecosistemas, cuencas a través de la implementación de planes de ordenamiento territorial desde las comunidades. Proteger el agua y el territorio es fundamental para garantizar la producción de alimentos de manera sostenible para todos los peruanos. De lo contrario, la reconcentración de la tierra a cargo de varias empresas seguirá avanzando junto a actividades económicas no sostenibles

El otro tema que falta incorporar en la segunda reforma agraria es la protección de los recurso hídricos y las cabeceras de cuenca en un contexto cambio climático y la pandemia. Para garantizar el riego tecnificado primero tenemos que pensar en proteger las cabeceras de cuenca optimizando su uso y priorizando el agua para consumo humano y uso agropecuario. Deben prohibirse las actividades extractivas en cabeceras de cuenca que pone en riesgo las principales fuentes de agua, toda vez que en las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, que son ecosistemas de gran valor y, generalmente, se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales, aguas subterráneas y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica.

Existe una ley de recursos hídricos (Ley 29338) que fue promulgado en el año 2009 y hasta la fecha solo se ha avanzado en la creación de 13 consejos de cuenca de las 29 proyectadas y solo la mitad tienes planes de gestión aprobado, luego en el 2017 se promulgo la Ley de cabecera de cuenca (Ley 30640) que otorga un plazo de un año para que la Autoridad Nacional del Agua – ANA apruebe el marco metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca y recién después de casi 4 años se aprueba este marco metodológico, con varios vacíos que se requiere incorporar y que debe responder a un proceso participativo y de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico. Además, se necesita trabajar en la actualización completa de la información de las cabeceras de cuenca desde lo social, ambiental, económico y cultural para identificar, delimitar y zonificar con planes de ordenamiento territorial y planes de vida.

 

 

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

¿Cuál es la situación de la agricultura familiar a 6 meses de la pandemia?

Hemos evidenciado en estos 6 meses que las y los agricultores han vivido con la imposibilidad de colocar las producciones como la papa, queso, granos andinos y leche.

Al inicio hubo el problema del traslado de productos, de poder generar acciones de cosecha, encarecimiento de fletes, los camiones triplicaron el costo. Las pérdidas de esos costos han sido trasladados para los agricultores. La papa es un caso emblemático.
Muchas economías de la ciudad no han sentido este problema, pero hoy resulta indignante que se pague S/0.20 céntimos por 1 kilo de papa y luego encuentres en el mercado por S/1.50 el kilo. Ello ha generado la quiebra económica para miles de familias del país.

Y todas estas cosas ha puesto en riesgo la siguiente campaña agrícola. Tenemos regiones que han sido declaradas en quiebra. Varias regiones con sus autoridades han tomado el acuerdo de declarar en emergencia la agricultura: Huánuco, Huancavelica, Cusco Ayacucho y Apurímac están en ese camino.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno respecto a la agricultura familiar en estos 6 meses?

Las medidas desde el Estado han sido pobres y marginales. Ha resultado penoso que esa reacción ha nacido por la reacción de CONVEAGRO y sus gremios agrarios, quienes han tenido que hacer muchos esfuerzos para que, también apoyados por el Congreso, se comprenda nuestra situación.

Se pudo lograr la medida más importante, la única que tiene alcance universal, que es el «FAE AGRO» (Financiamiento Agrario Empresarial). Pero este FAE AGRO fue promulgado el 9 de Julio y hasta el día de hoy no se ha subestado. Las campañas de siempre se han iniciado pero no llega este FAE AGRO a las comunidades, anexos, distritos y provincias. Esto genera desanimo y malestar que va también reflejando un Estado de espalas a la agricultura familiar. No desde ahora sino históricamente. Y a su vez: un Minagri que no sirve a la realidad del peruano ni al grueso de las familias porque no las entiende. No esta el acompañamiento, eje de desarrollo de los agricultores como fin supremo, este ministerio.

¿Qué otra medidas ha tomado el Gobierno?

El programa FAE AGRO al inicio no incluía ganaderos. Hicimos propuesta técnica y recién en Julio el Gobierno compartió nuestro análisis que hicimos con mucha anterioridad.

Siempre es así la incidencia: los gremios agrarios tienen que estar exigiendo porque de lo contrario no nacen las políticas de fondo inclusivas. Y posteriormente a ello, el Ministerio de Economía, quien hace gala de los abuso del Minagri, puso condiciones difíciles para acceder a dicho programa, excluyendo a los muchos otros agricultores.

Una vez que tuvimos al viceministro del Ministerio de Economía, se hizo ver el sesgo de estos funcionarios que no conocen el campo. Logramos que se convoque a los 2 ministros (MEF y Minagri) y se pueda generar una interpelación y con todo este movimiento recién nació el nuevo Decreto de Urgencia que permite q todos los agricultores y ganaderos de las comunidades accedan, pues además estaba en la ley 30335. Y nuevamente este funcionarios que no conocen el Perú de las mayorías quisieron excluir a 1200 millones de 200 mil agricultores de subsistencia. A pesar que el Decreto de Urgencia mencionaba a la agricultura familiar, el Gobierno dió preferencia a la agricultura consolidada.

Los fondos para todos no alcanzaron. Es una medida insuficiente en sí. Hay el compromiso de colocar 2 mil millones más, pero no está en un documento.

¿Se van al paro agrario?

Nuestra posición no ha cambiado. Hemos sido responsables al hacerlo publico. Es siempre el gremio el que esta cautelando que las medidas sean oportunas y accesibles. El gobierno nos paga para hacer medidas, son los funcionarios quienes tiene que hacerlo y esto tiene que cambiar.

Nuestras organizaciones están en un compromiso no solo con gremios de CONVEAGRO, también con las juntas  de usuarios, con las comunidades campesinas, con las rondas y comunidades nativas.

No hay medidas para protección agropecuaria como los aranceles, ese compromiso hasta la fecha no se ha implementado. Nos ven como la última rueda del coche.

De cada 4 puestos 1 es de la agricultura. No somos poco. Hay intención de desaparecer a los agricultores, se prioriza a los grandes. Eso ha destruido a la agricultura familiar.

Para este Paro Agrario habrá que reunirnos si es que el Presidente de la nación no nos da reunión para solucionar en el corto plazo todos estos problemas. No estamos exigiendo ventajas que nos den favoritismo o que nos regale dinero. Si no que protejan nuestra actividad:  el desarrollo rural no ha sido discutido en el Perú.

Uno puede pensar que en el campo hay comida, pero la verdad es que hay más pobreza: hay gente que come un 1/3 de lo que comía anteriormente. CONVEAGRO en el acuerdo nacional logró sacar un acuerdo para el hambre y/o medidas de reactivación, para que fuera aprobado por gobiernos regionales, partidos o Gobierno pero entenderán que no son medidas vinculantes. Inclusive tuve la suerte de decirle al Premier sobre la importancia de contactarnos con las juntas vecinales y ollas comunes para llegar directamente.

Recordemos que nosotros hemos planteado las compras estatales. Es paradójico que los fondos del Gobierno se estén dando en algunas partes y en otros no.

En CONVEAGRO vamos a un proceso eleccionario. Felizmente dirigentes no recibimos sueldo, no somos brazos políticos de gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al gobierno de Vizcarra y hemos estado diciendo «Oigan, esto es lo que no hay que hacer». No para para complotar o destruir sino para hacerles entender.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente ingresamos al último año de gobierno del presidente Martín Vizcarra. En julio del 2021, año del bicentenario, deberá entregar la banda presidencial al nuevo/a mandatario/a en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestro país y el mundo. En ese sentido, el pasado 28 de julio hemos escuchado lo que fue el último mensaje a la nación del presidente Vizcarra, que para muchos ha sido un mensaje con poco impacto en la ciudadanía y que solo ha buscado dar cuenta de las principales obras y acciones que se han realizado en medio de la crisis generada por la pandemia, así como las medidas de reactivación económica que se van a impulsar en el último año y el llamado a las fuerzas políticas para construir un nuevo acuerdo político denominado el “Pacto Perú”.

 

Dentro de las casi dos horas que habló el presidente sobre las medidas implementadas en los diferentes sectores del gobierno y los desafíos que se plantean para el último año, el referido al tema minero es el que quisiéramos comentar con más detenimiento. Al respecto el presidente ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». Sobre esta afirmación, que no es novedoso, ya los gremios empresariales mineros habían anunciado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, entonces lo nuevo por decirlo así, es que el presidente Vizcarra, alineado con el Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.

 

Sobre este último punto habría que señalar que desde la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería en los últimos años ya se había alcanzado y discutido propuestas sobre la necesidad de contar con un nuevo marco normativo para la minería; sin embargo, esta discusión no se ha podido dar, y por el contrario solo se han alcanzado algunos aportes de cambios normativos desde una “Comisión de especialistas para el desarrollo de la minería sostenible y el centro RIMAY”, como lo ha señalado el mismo presidente en su mensaje. Nos parece que este anuncio en realidad no plantea cambios de fondo y mucho menos en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no que se busca facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo presidente.

 

Desde la Red Muqui queremos señalar que, si bien la reactivación económica es importante en medio de esta crisis, insistir en que la reactivación solo se centre en determinados sectores como la minería no siempre es la mejor decisión, ya que a la par los conflictos sociales también se van a reactivar como lo que viene pasando en la provincia de Espinar (Cusco), así mismo los costos ambientales en el futuro serán muy altos para las poblaciones locales. Por ello era importante que el presidente haga más énfasis en la reactivación del agro, por ejemplo, ya que la crisis alimentaria está a la vuelta de la esquina, y porque la pandemia de la Covid-19 se quedara un buen tiempo con nosotros.

 

Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Recientemente un grupo de personas y organizaciones de diferentes países de Latinoamérica han elaborado y hecho publico un comunicado muy potente denominado: “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina”, y como se señala en el documento, la propuesta de “este Pacto no es un listado de demandas que se dirigen a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades” en este contexto de pandemia del Covid-19. Entre las nueve propuestas que alcanza el comunicado, hay dos puntos centrales que quisiéramos resaltar: la implementación de una renta básica universal que sustituya las transferencias focalizadas y la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria; lo que implica empezar por las reformas en las políticas agrarias en los países de Latinoamérica.

 

Sobre el tema de la renta básica universal en nuestro país, aquí lo hemos llamado el bono universal. Diversas organizaciones de la sociedad civil han venido exigiendo al gobierno la aprobación de esta medida, ya que ha quedado demostrado que el bono focalizado no ha funcionado. El mismo presidente Vizcarra ha señalado que este solo a llegado a entregarse en un 50% y el avance de la entrega en el sector rural es mínimo. Por ello esta semana la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva, ha presentado una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 5435) para establecer un Ingreso Básico Universal. El objetivo de la norma es que el bono llegue a todos/as los ciudadanos/as del país sin distinción alguna durante el estado de emergencia, esto incluye a los más de 70% de trabajadores informales. Al respecto, la misma Comisión Económica Para América Latina – CEPAL ha recomendado a los gobiernos latinoamericanos implementar esta medida; así que no es una propuesta descabellada.

 

El otro tema que esta vinculado al bono universal es la reactivación de la economía. Para el gobierno y los gremios empresariales privados esto solo tiene que ver con la reactivación de las grandes empresas, dejando de lado la atención al sector agrario, cuando la reactivación debería haber empezado por el agro y desde los territorios, aunque en las ultimas semanas se han dado algunos pasos: por ejemplo, en el espacio del Acuerdo Nacional se han aprobado varias acciones, entre ellas la conformación de un Comando de Emergencia Agroalimentaria. Lo cierto es que, si no se atiende con urgencia el agro, vamos a ingresar a un periodo de crisis alimentaria en todo el país, por ello el pedido del fondo de salvataje por 5 mil millones de soles que viene realizando los gremios agrarios tiene que aprobarse para asegurar la campaña agrícola 2020-2021.

 

Desde la Red Muqui creemos que si el gobierno quiere tomar medidas en favor de la población tiene que escuchar las voces de las organizaciones sociales, los gremios agrarios, las comunidades campesinas, los sindicatos, entre otros; y no solamente al sector empresarial, como claramente se puede ver. Por lo pronto el bono universal y el fondo de salvataje para el sector agrario son temas urgentes a atender.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Durante las últimas semanas y luego de una fuerte presión de los gremios agrarios, de las comunidades campesinas y de varias organizaciones de la sociedad civil; el Ejecutivo y el Congreso de la Republica han escuchado parcialmente las demandas de este sector. Es cierto que la salud en este momento debe ser lo más prioritario a atender, pero también debe ser atendido el sector agrario, que históricamente ha sido uno de los más postergados, y que paradójicamente hoy esta sosteniendo la alimentación de la mayoría de peruanos y peruanas. Por lo tanto, la reactivación económica debería pasar principalmente por este sector y no centralmente por la reactivación de las actividades extractivas como la gran minería.

Sin embargo, el sector minero no ha perdido el tiempo. Se ha informado que la reactivación de las operaciones mineras ya se está dando con normalidad, aún a pesar de que los protocolos que vienen implementando no son los más óptimos, y aún a pesar de que los contagios del Covid-19 en los trabajadores mineros, continúa. Pero lo noticia que más llama la atención son las recientes declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quien se ha referido a los casos del proyecto Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa: “Todo es posible con el entendimiento del entorno donde se encuentre el proyecto y eso es un trabajo que hay que hacerlo, hay que retomarlo. Tiene que darse, en algún momento tiene que darse”. Estas declaraciones son preocupantes porque ambos proyectos han tenido serias observaciones técnicas y ambientales en su momento y sobre todo porque no tienen licencia social. Las poblaciones locales en ambos casos han sido tajantes en su posición: no quieren actividad minera en sus territorios.

El caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo, Arequipa, merecen una atención especial, ya que no solamente no hay condiciones ambientales y sociales para el desarrollo de este proyecto, si no que la población local ya tiene una alternativa de vida en el próspero valle que da trabajo a miles de personas, y que en este contexto del Covid-19, además esta proveyendo de alimentación a millones de personas en todo el país, con productos como la cebolla o el ajo, solo por mencionar.

El caso del Valle de Tambo probablemente es la síntesis de lo que significa en el Perú la contraposición entre la minería y el agro. Como es evidente, los daños ambientales, sociales y económicos serían enormes para los pobladores del valle. En este caso se ve claramente que se busca imponer un proyecto minero que responde más a intereses económicos y privados; porque sí lo que se quiere es promover el desarrollo sostenible de esta población, lo que se debe hacer es apoyar aun más la actividad agrícola por la que ha optado el Valle de Tambo en Arequipa.

Por ello, desde la Red Muqui creemos que la reactivación económica no solo debe estar centrado en el sector extractivo minero, ni mucho menos buscar imponer proyectos mineros a costa del desarrollo local, como es el caso del Valle del Tambo; la reactivación debe potenciar las actividades alternativas territoriales y locales, como la agricultura familiar que sostienen la alimentación y la vida de los peruanos y peruanas en este contexto del Covid-19.