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Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

Compartimos la nota elaborada por la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú:
Reunidos en el local de la confederación nacional agraria el 09 de abril del 2022, los gremios diversos gremios; la Confederación Nacional Agraria – CNA, Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú – JNUSHRP, Central Única de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú – CUNARC, Confederación Campesina del Perú – CCP, Asociación de Productores de Arroz – APEAR, CGTP, ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAÍZ, COLEGIO DE ECONOMISTAS entre otros gremios participaron en la convocatoria para la Unidad del Agro Nacional.
En dicha reunión, los gremios presentes discutieron los temas de agenda y concluyeron en los siguientes acuerdos:
1. Respaldar y solicitar al poder ejecutivo se convoque a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución con énfasis en el desarrollo agrario Nacional olvidado por diversos agrarios.
2. Respaldar la voz del pueblo “cierre del actual congreso de la República” por sus acciones golpistas en contra de la gobernabilidad del país.
3. Convocar a un Paro Nacional agrario y de los trabajadores organizados en la CGTP para el día 21 de abril del 2022 en contra del monopolio económico y del congreso de la República por encontrarse ajeno a los intereses de los pequeños y medianos productores agrarios y del pueblo así mismo se logre los cambios prometidos en campaña electoral.
4. Elaborar un Manifiesto de respaldo y una Plataforma de Lucha a favor de la gobernabilidad y el cambio que lidera nuestro presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, frente a actos atentatorios y oportunistas de los grupos el poder económico respaldado por gran parte del Congreso de la República.
5. Se conformó un Comité Nacional de Lucha para el cumplimiento de los acuerdos.
6. Convocar a todas las organizaciones sociales.
¡Solicitamos el cierre del congreso y una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente!

Frente a la reciente crisis política y ante la conformación del nuevo Gabinete presidido por Héctor Valer, queremos señalar lo siguiente:

Es sumamente preocupante la actitud que el Presidente Pedro Castillo ha asumido respecto de las denuncias de corrupción que hicieron públicas el ministro del Interior Avelino Guillen y la Premier Mirtha Vásquez principalmente al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP). Lo que finalmente detonó la renuncia de ambos. La indecisión del Presidente, lo único que ha generado es una nueva crisis política, que pone en cuestión su compromiso en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el Presidente ha nombrado un Consejo de Ministros, cuyo presidente y algunos de sus miembros son muy cuestionados, ya que hay ministros que defienden una visión de género retrógrada y otros enfrentan serias denuncias por corrupción y/o violencia contra la mujer, entre otros graves delitos.

Lamentablemente el nombramiento del nuevo Gabinete a cargo de Héctor Valer, representa un retroceso en la agenda de los derechos humanos, los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas y del ambiente. Por ello desde Red Muqui exigimos al presidente Pedro Castillo el cambio de éste Gabinete, por otro que garantice la agenda de derechos que esperan los pueblos. Entre ellos el cumplimiento de la política de atención a los afectados/as por metales tóxicos, la implementación del protocolo para defensores/as de derechos humanos y ambientales, la ratificación del acuerdo de Escazú, la no criminalización de la protesta social. Además, debe continuar el impulso de la segunda reforma agraria, que priorice la agricultura familiar y otras alternativas sostenibles frente al crecimiento extractivista.

Un tema prioritario es la atención a uno de los mayores desastres ecológicos del país, el derrame de petróleo en el mar del Callao y el norte chico. Responsabilidad de la empresa transnacional Repsol, que al momento reporta más de 11.900 barriles de crudo vertidos al Pacífico, más de 20 playas y cinco reservas naturales afectadas. Un descalabro que, por ahora, deja sin trabajo a más de 3.000 personas, entre pescadores, artesanos, comerciantes y operadores turísticos. La gravedad de la devastación, también ecológica, requiere de un compromiso firme del gobierno por la defensa del ambiente y su población, algo que no se ha visto hasta el momento.

La contaminación ambiental en el país lamentablemente no es nueva. Por décadas comunidades andinas, amazónicas y costeras vienen denunciando esta situación, puesto que existen 8,448 pasivos ambientales mineros y otros 3,800 pasivos petroleros en todo el país sin remediación alguna. Todo ello exige que el gobierno de Castillo asuma la decisión de fortalecer la institucionalidad ambiental, y para ese fin se debe nombrar a personas idóneas y calificadas para estos cargos.

Por ello, desde la Red Muqui nos sumamos a las acciones de movilización ciudadana que se vienen convocando. Los cambios prometidos a los pueblos por el presidente Pedro Castillo en su campaña y en la toma de mando no se pueden dejar de lado, y el gabinete Valer no representa esas demandas de cambio.

 

Lima, 03 de febrero del 2022.

 

En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

Defensoras y defensores de  derechos humanos y ambientales han reiterado su rechazo absoluto a la instalación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, paralizado desde el 2011. En una conferencia de prensa conjunta convocada por Red Muqui y Fedepaz, que apoyan las legítimas demandas de las comunidades campesinas, se ha destacado el alto valor que dicha zona tiene para la agricultura.

José Blanco, dirigente del Comité de Defensa del Valle recordó como en plena pandemia ”surtimos a los hogares también en la ciudad con ajos, cebollas, rabanitos, camote, papa, espinaca”. 

El Director Ejecutivo de FEDEPAZ, David Velasco Rondón  consintió con esa apreciación y explicó que el Valle de Tambo constituye una región de altísima importancia agrícola para todo el país y que es prioritario como sociedad lograr el ordenamiento del territorio “porque la minería puede ir de acuerdo a un uso racional que se haga del territorio y se instale en aquellos lugares en los que no afecte el medioambiente y la vida de las personas”. De acuerdo a esos parámetros sentenció que el proyecto minero de Tía María es absolutamente inviable, algo que ha sido ratificado incluso por organismos internacionales.

Como completamente incoherente y contraproductivo calificó la práctica que han tenido los diferentes gobiernos de establecer espacios de diálogo, cuando estallan los conflictos y persistir al mismo tiempo en criminalizar a quienes protestan. Una forma de reclamar por demandas legítimas, algo que no sólo es un derecho fundamental refrendado por el Tribunal Constitucional, sino que incluso es una obligación ética por proteger las bases esenciales de la vida.

La conferencia de prensa culminó la serie de actividades que Red Muqui y FEDEPAZ realizaron en Arequipa dirigidas, principalmente a apoyar, a las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales del distrito de Valle de Tambo, y que forman parte de la campaña nacional de “Defensoras y Defensores”. 

En esta zona, las personas que defienden derechos son constantemente criminalizadas y denunciadas por oponerse al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), ubicada en el desierto La Joya, al norte de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las protestas que realizan los agricultores y defensores de la zona se deben a la contaminación del agua que se generaría a través de las operaciones de la empresa minera.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, explicó que el objetivo de la campaña es que se establezca una real protección para las defensoras y defensores que continuamente son perseguidos, estigmatizados y criminalizados. Para ello haría falta, según su planteamiento, que el Congreso dote de presupuesto y el Ejecutivo implemente efectivamente el protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos aprobado por el Ministerio de Justicia.

Una de ellas es Grimalda Chávez, defensora criminalizada y procesada por haber realizado una llamada telefónica para confirmar si otro defensor ambiental había sido detenido. Chávez expresó su gratitud hacia FEDEPAZ y Red Muqui por el apoyo legal que le han brindado y afirmó que hay muchas mujeres como ella dispuestas a defender el ambiente y “defender la comida que nos llevamos a la boca”.

Para finalizar, Justo Centeno, presidente del Frente cívico de la Provincia de Islay reafirmó el rechazo absoluto del proyecto Tía María por parte del pueblo, que según sus palabras está bien organizado y ha demostrado unidad en su lucha y que seguirá luchando en defensa del medio ambiente, de la agricultura y del agua.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Hemos tenido nuevamente una semana movida en términos políticos en el país, finalmente el presidente Pedro Castillo ha decidido apartar a Guido Bellido de la presidencia del Consejo de Ministros así como a seis ministros, algunos de ellos afines al partido Perú Libre, y es que dadas las circunstancias se hacia insostenible la permanencia de Bellido en la PCM, no solo por sus declaraciones altisonantes, si no porque además ponía en entredicho la autoridad del mismo presidente Castillo, entre otras cosas. En su reemplazo ingresa Mirtha Vásquez y seis nuevos ministros, habría que destacar, entre ellos, el ingreso de Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura. Desde la Red Muqui saludamos el nombramiento de Mirtha Vásquez como premier del recompuesto gabinete ministerial. Como se sabe, ella fue presidenta del Congreso en el último semestre del presente año y asumió este mandato en los momentos más críticos del país, además de ser abogada, ella es una defensora de los derechos humanos y del ambiente desde hace muchos años. Los mejores deseos para ella en este nuevo desafío.

El escenario político que le espera a Mirtha Vásquez no es el mejor, aparte del enfrentamiento político entre el ejecutivo y el congreso, está por ejemplo la atención de varios conflictos sociales vinculados al sector minero, y el más urgente es el caso de Cotabambas (Apurímac) Chumbivilcas y Espinar (Cusco) en el denominado corredor minero del sur. Aquí las demandas son múltiples, desde compromisos anteriores no cumplidos, denuncias de contaminación ambiental y a la salud humana, la revisión de la legalidad de la carretera del corredor minero, hasta el pedido de que las comunidades sean consideradas proveedoras de servicios de transporte minero. Sobre este último punto se tuvo algunos acuerdos en la semana, con el saliente premier Bellido. La nueva premier conoce sobre temas mineros y de conflictividad social, así que esperamos alguna acción inmediata, por lo pronto se debería hacer diagnostico integral de la situación actual de las múltiples demandas de las comunidades locales del corredor minero y, a partir de ello, conformar un equipo técnico-político que ayude a canalizar una solución dialogada a este caso.

Finalmente, un tema no menos importante es el lanzamiento de la segunda reforma agraria el pasado domingo en la ciudad del Cusco, donde estuvieron presentes el presidente Pedro Castillo, el ministro Víctor Raúl Maita del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y casi todos los ministros, congresistas, autoridades nacionales y autoridades locales de Cusco; y, lo más importante, estuvieron presentes más de 4 mil personas en el santuario de Sacsayhuamán, la mayoría provenientes de las comunidades campesinas de Cusco y del sur del Perú, que esperan con expectativa los cambios anunciados en el sector agrario. Sobre el contenido de la segunda reforma agraria hay varios temas que tendrán que discutirse todavía, por ello nos parece importante que se abra el debate en las regiones, en las bases y que los nueve ejes presentados no sean cerrados, y que se complemente con otros temas que no están planteados como el enfoque del Ordenamiento Territorial o la gestión integral de los recursos hídricos, entre otros. Más de allá de las críticas de este lanzamiento, todos coinciden en que la atención al sector agrario no podía seguir postergándose más.

Por: Edwin Alejandro Berrospi – coordinador del área socio ambiental

La segunda reforma agraria anunciado por el gobierno de Pedro Castillo como una política pública en favor de los más de 2.2 millones de pequeños productores que trabajan la agricultura familiar es un avance importante para el país, donde la agricultura familiar ha demostrado ser fundamental en la lucha contra la pandemia, abasteciendo con más del 70% de alimentos a los principales mercados de las ciudades. Sin embargo, esta medida es aún débil porque no contempla un plan de ordenamiento territorial, ni la protección de las cabeceras de cuenca que son indispensables para la producción de alimentos y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del campo.

¿Qué significa la segunda reforma agraria?

Esta reforma tiene nueve ejes estratégicos cuyo eje central es la agricultura familiar: 1) seguridad alimentaria con la producción sostenible de alimentos a través de la agricultura familiar para disminuir la dependencia de la importación 2) Asociatividad y Cooperativismo, 3) infraestructura hidráulica con proyectos de riego, siembra y cosecha de agua y tecnificación del riego 4) Sesigra –Agro que se plantea la movilización de estudiantes para brindar asistencia técnica, capacitación y apoyar a comunidades campesinas y nativas, cooperativas y asociaciones de productores 5) industrialización rural para dar mayor valor agregado a los productos 6) promoción de mercados locales y compras estatales a la pequeña agricultura para programas sociales 7) repoblamiento ganadero con programas para la mejora de pastos y mejoramiento genético del ganado 8) la articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, vinculado a las agendas regionales y finalmente 9) crédito desde el banco de fomento agrario, agrobanco y banco de la nación para los pequeños productores.

Con estas medidas se fomentará un programa de compras públicas por más de 300 millones de soles en el próximo año y se viene proyectando la construcción de mercados locales en cada provincia del país. Además, se reconocerán a 300 nuevas cooperativas agrarias que beneficiará a más de 130.000 familias y se prevé el ajuste en la franja de precios para proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados e importados del extranjero. En esa línea, se plantea la construcción de una planta de fertilizantes de fosfatos y un fondo de reactiva agro con una línea de crédito de 600 millones de soles para que tengan acceso los pequeños productores y en especial las mujeres.

La segunda reforma agraria sin expropiaciones ni confiscaciones.

¿Cuáles son los vacíos de la segunda reforma agraria?

Los problemas estructurales siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo del sector agrario y sigue afectando a la agricultura familiar en el país, por ejemplo la concentración de tierras en unas cuantas grandes empresas, las concesiones mineras en territorios comunales, inseguridad de la propiedad de la tierra, la violación de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, la contaminación ambiental y la creciente escasez de los recursos hídricos, son algunos de los problemas que viene enfrentando los pequeños productores del país, por ello indispensable que se tomen medidas urgentes para la protección de los territorios, protección de las principales fuentes hídricas y se promueve la participación activa de los pequeños productores y poblaciones para una gestión integrada y participativa del territorio y del agua.

La segunda reforma agraria si bien está orientado a fortalecer la agricultura familiar, no recoge el proceso de ordenamiento territorial como instrumento para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. El ordenamiento territorial nos ayuda a planificar y delimitar las actividades que realizamos en un territorio, sobre todo ordenar a que las actividades económicas como la minería estén ordenadas y con el plan de ordenamiento territorial se defina dónde se puede desarrollar dicha actividad y dónde no se puede desarrollar, por ejemplo, no es posible en los territorios con ecosistemas frágiles. En esa línea, se requiere construir territorio conociendo sus grandes potencialidades, sus características físicas, sociales, económicas, sus poblaciones, la diversidad de ecosistemas, sus culturas, etc.

Esta reforma agraria debería ser la seguridad y soberanía alimentaria desde la protección de territorios, ecosistemas, cuencas a través de la implementación de planes de ordenamiento territorial desde las comunidades. Proteger el agua y el territorio es fundamental para garantizar la producción de alimentos de manera sostenible para todos los peruanos. De lo contrario, la reconcentración de la tierra a cargo de varias empresas seguirá avanzando junto a actividades económicas no sostenibles

El otro tema que falta incorporar en la segunda reforma agraria es la protección de los recurso hídricos y las cabeceras de cuenca en un contexto cambio climático y la pandemia. Para garantizar el riego tecnificado primero tenemos que pensar en proteger las cabeceras de cuenca optimizando su uso y priorizando el agua para consumo humano y uso agropecuario. Deben prohibirse las actividades extractivas en cabeceras de cuenca que pone en riesgo las principales fuentes de agua, toda vez que en las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, que son ecosistemas de gran valor y, generalmente, se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales, aguas subterráneas y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica.

Existe una ley de recursos hídricos (Ley 29338) que fue promulgado en el año 2009 y hasta la fecha solo se ha avanzado en la creación de 13 consejos de cuenca de las 29 proyectadas y solo la mitad tienes planes de gestión aprobado, luego en el 2017 se promulgo la Ley de cabecera de cuenca (Ley 30640) que otorga un plazo de un año para que la Autoridad Nacional del Agua – ANA apruebe el marco metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca y recién después de casi 4 años se aprueba este marco metodológico, con varios vacíos que se requiere incorporar y que debe responder a un proceso participativo y de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico. Además, se necesita trabajar en la actualización completa de la información de las cabeceras de cuenca desde lo social, ambiental, económico y cultural para identificar, delimitar y zonificar con planes de ordenamiento territorial y planes de vida.

 

 

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

¿Cuál es la situación de la agricultura familiar a 6 meses de la pandemia?

Hemos evidenciado en estos 6 meses que las y los agricultores han vivido con la imposibilidad de colocar las producciones como la papa, queso, granos andinos y leche.

Al inicio hubo el problema del traslado de productos, de poder generar acciones de cosecha, encarecimiento de fletes, los camiones triplicaron el costo. Las pérdidas de esos costos han sido trasladados para los agricultores. La papa es un caso emblemático.
Muchas economías de la ciudad no han sentido este problema, pero hoy resulta indignante que se pague S/0.20 céntimos por 1 kilo de papa y luego encuentres en el mercado por S/1.50 el kilo. Ello ha generado la quiebra económica para miles de familias del país.

Y todas estas cosas ha puesto en riesgo la siguiente campaña agrícola. Tenemos regiones que han sido declaradas en quiebra. Varias regiones con sus autoridades han tomado el acuerdo de declarar en emergencia la agricultura: Huánuco, Huancavelica, Cusco Ayacucho y Apurímac están en ese camino.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno respecto a la agricultura familiar en estos 6 meses?

Las medidas desde el Estado han sido pobres y marginales. Ha resultado penoso que esa reacción ha nacido por la reacción de CONVEAGRO y sus gremios agrarios, quienes han tenido que hacer muchos esfuerzos para que, también apoyados por el Congreso, se comprenda nuestra situación.

Se pudo lograr la medida más importante, la única que tiene alcance universal, que es el «FAE AGRO» (Financiamiento Agrario Empresarial). Pero este FAE AGRO fue promulgado el 9 de Julio y hasta el día de hoy no se ha subestado. Las campañas de siempre se han iniciado pero no llega este FAE AGRO a las comunidades, anexos, distritos y provincias. Esto genera desanimo y malestar que va también reflejando un Estado de espalas a la agricultura familiar. No desde ahora sino históricamente. Y a su vez: un Minagri que no sirve a la realidad del peruano ni al grueso de las familias porque no las entiende. No esta el acompañamiento, eje de desarrollo de los agricultores como fin supremo, este ministerio.

¿Qué otra medidas ha tomado el Gobierno?

El programa FAE AGRO al inicio no incluía ganaderos. Hicimos propuesta técnica y recién en Julio el Gobierno compartió nuestro análisis que hicimos con mucha anterioridad.

Siempre es así la incidencia: los gremios agrarios tienen que estar exigiendo porque de lo contrario no nacen las políticas de fondo inclusivas. Y posteriormente a ello, el Ministerio de Economía, quien hace gala de los abuso del Minagri, puso condiciones difíciles para acceder a dicho programa, excluyendo a los muchos otros agricultores.

Una vez que tuvimos al viceministro del Ministerio de Economía, se hizo ver el sesgo de estos funcionarios que no conocen el campo. Logramos que se convoque a los 2 ministros (MEF y Minagri) y se pueda generar una interpelación y con todo este movimiento recién nació el nuevo Decreto de Urgencia que permite q todos los agricultores y ganaderos de las comunidades accedan, pues además estaba en la ley 30335. Y nuevamente este funcionarios que no conocen el Perú de las mayorías quisieron excluir a 1200 millones de 200 mil agricultores de subsistencia. A pesar que el Decreto de Urgencia mencionaba a la agricultura familiar, el Gobierno dió preferencia a la agricultura consolidada.

Los fondos para todos no alcanzaron. Es una medida insuficiente en sí. Hay el compromiso de colocar 2 mil millones más, pero no está en un documento.

¿Se van al paro agrario?

Nuestra posición no ha cambiado. Hemos sido responsables al hacerlo publico. Es siempre el gremio el que esta cautelando que las medidas sean oportunas y accesibles. El gobierno nos paga para hacer medidas, son los funcionarios quienes tiene que hacerlo y esto tiene que cambiar.

Nuestras organizaciones están en un compromiso no solo con gremios de CONVEAGRO, también con las juntas  de usuarios, con las comunidades campesinas, con las rondas y comunidades nativas.

No hay medidas para protección agropecuaria como los aranceles, ese compromiso hasta la fecha no se ha implementado. Nos ven como la última rueda del coche.

De cada 4 puestos 1 es de la agricultura. No somos poco. Hay intención de desaparecer a los agricultores, se prioriza a los grandes. Eso ha destruido a la agricultura familiar.

Para este Paro Agrario habrá que reunirnos si es que el Presidente de la nación no nos da reunión para solucionar en el corto plazo todos estos problemas. No estamos exigiendo ventajas que nos den favoritismo o que nos regale dinero. Si no que protejan nuestra actividad:  el desarrollo rural no ha sido discutido en el Perú.

Uno puede pensar que en el campo hay comida, pero la verdad es que hay más pobreza: hay gente que come un 1/3 de lo que comía anteriormente. CONVEAGRO en el acuerdo nacional logró sacar un acuerdo para el hambre y/o medidas de reactivación, para que fuera aprobado por gobiernos regionales, partidos o Gobierno pero entenderán que no son medidas vinculantes. Inclusive tuve la suerte de decirle al Premier sobre la importancia de contactarnos con las juntas vecinales y ollas comunes para llegar directamente.

Recordemos que nosotros hemos planteado las compras estatales. Es paradójico que los fondos del Gobierno se estén dando en algunas partes y en otros no.

En CONVEAGRO vamos a un proceso eleccionario. Felizmente dirigentes no recibimos sueldo, no somos brazos políticos de gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al gobierno de Vizcarra y hemos estado diciendo «Oigan, esto es lo que no hay que hacer». No para para complotar o destruir sino para hacerles entender.