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La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

¿Cuál es la situación de la agricultura familiar a 6 meses de la pandemia?

Hemos evidenciado en estos 6 meses que las y los agricultores han vivido con la imposibilidad de colocar las producciones como la papa, queso, granos andinos y leche.

Al inicio hubo el problema del traslado de productos, de poder generar acciones de cosecha, encarecimiento de fletes, los camiones triplicaron el costo. Las pérdidas de esos costos han sido trasladados para los agricultores. La papa es un caso emblemático.
Muchas economías de la ciudad no han sentido este problema, pero hoy resulta indignante que se pague S/0.20 céntimos por 1 kilo de papa y luego encuentres en el mercado por S/1.50 el kilo. Ello ha generado la quiebra económica para miles de familias del país.

Y todas estas cosas ha puesto en riesgo la siguiente campaña agrícola. Tenemos regiones que han sido declaradas en quiebra. Varias regiones con sus autoridades han tomado el acuerdo de declarar en emergencia la agricultura: Huánuco, Huancavelica, Cusco Ayacucho y Apurímac están en ese camino.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno respecto a la agricultura familiar en estos 6 meses?

Las medidas desde el Estado han sido pobres y marginales. Ha resultado penoso que esa reacción ha nacido por la reacción de CONVEAGRO y sus gremios agrarios, quienes han tenido que hacer muchos esfuerzos para que, también apoyados por el Congreso, se comprenda nuestra situación.

Se pudo lograr la medida más importante, la única que tiene alcance universal, que es el «FAE AGRO» (Financiamiento Agrario Empresarial). Pero este FAE AGRO fue promulgado el 9 de Julio y hasta el día de hoy no se ha subestado. Las campañas de siempre se han iniciado pero no llega este FAE AGRO a las comunidades, anexos, distritos y provincias. Esto genera desanimo y malestar que va también reflejando un Estado de espalas a la agricultura familiar. No desde ahora sino históricamente. Y a su vez: un Minagri que no sirve a la realidad del peruano ni al grueso de las familias porque no las entiende. No esta el acompañamiento, eje de desarrollo de los agricultores como fin supremo, este ministerio.

¿Qué otra medidas ha tomado el Gobierno?

El programa FAE AGRO al inicio no incluía ganaderos. Hicimos propuesta técnica y recién en Julio el Gobierno compartió nuestro análisis que hicimos con mucha anterioridad.

Siempre es así la incidencia: los gremios agrarios tienen que estar exigiendo porque de lo contrario no nacen las políticas de fondo inclusivas. Y posteriormente a ello, el Ministerio de Economía, quien hace gala de los abuso del Minagri, puso condiciones difíciles para acceder a dicho programa, excluyendo a los muchos otros agricultores.

Una vez que tuvimos al viceministro del Ministerio de Economía, se hizo ver el sesgo de estos funcionarios que no conocen el campo. Logramos que se convoque a los 2 ministros (MEF y Minagri) y se pueda generar una interpelación y con todo este movimiento recién nació el nuevo Decreto de Urgencia que permite q todos los agricultores y ganaderos de las comunidades accedan, pues además estaba en la ley 30335. Y nuevamente este funcionarios que no conocen el Perú de las mayorías quisieron excluir a 1200 millones de 200 mil agricultores de subsistencia. A pesar que el Decreto de Urgencia mencionaba a la agricultura familiar, el Gobierno dió preferencia a la agricultura consolidada.

Los fondos para todos no alcanzaron. Es una medida insuficiente en sí. Hay el compromiso de colocar 2 mil millones más, pero no está en un documento.

¿Se van al paro agrario?

Nuestra posición no ha cambiado. Hemos sido responsables al hacerlo publico. Es siempre el gremio el que esta cautelando que las medidas sean oportunas y accesibles. El gobierno nos paga para hacer medidas, son los funcionarios quienes tiene que hacerlo y esto tiene que cambiar.

Nuestras organizaciones están en un compromiso no solo con gremios de CONVEAGRO, también con las juntas  de usuarios, con las comunidades campesinas, con las rondas y comunidades nativas.

No hay medidas para protección agropecuaria como los aranceles, ese compromiso hasta la fecha no se ha implementado. Nos ven como la última rueda del coche.

De cada 4 puestos 1 es de la agricultura. No somos poco. Hay intención de desaparecer a los agricultores, se prioriza a los grandes. Eso ha destruido a la agricultura familiar.

Para este Paro Agrario habrá que reunirnos si es que el Presidente de la nación no nos da reunión para solucionar en el corto plazo todos estos problemas. No estamos exigiendo ventajas que nos den favoritismo o que nos regale dinero. Si no que protejan nuestra actividad:  el desarrollo rural no ha sido discutido en el Perú.

Uno puede pensar que en el campo hay comida, pero la verdad es que hay más pobreza: hay gente que come un 1/3 de lo que comía anteriormente. CONVEAGRO en el acuerdo nacional logró sacar un acuerdo para el hambre y/o medidas de reactivación, para que fuera aprobado por gobiernos regionales, partidos o Gobierno pero entenderán que no son medidas vinculantes. Inclusive tuve la suerte de decirle al Premier sobre la importancia de contactarnos con las juntas vecinales y ollas comunes para llegar directamente.

Recordemos que nosotros hemos planteado las compras estatales. Es paradójico que los fondos del Gobierno se estén dando en algunas partes y en otros no.

En CONVEAGRO vamos a un proceso eleccionario. Felizmente dirigentes no recibimos sueldo, no somos brazos políticos de gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al gobierno de Vizcarra y hemos estado diciendo «Oigan, esto es lo que no hay que hacer». No para para complotar o destruir sino para hacerles entender.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente ingresamos al último año de gobierno del presidente Martín Vizcarra. En julio del 2021, año del bicentenario, deberá entregar la banda presidencial al nuevo/a mandatario/a en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestro país y el mundo. En ese sentido, el pasado 28 de julio hemos escuchado lo que fue el último mensaje a la nación del presidente Vizcarra, que para muchos ha sido un mensaje con poco impacto en la ciudadanía y que solo ha buscado dar cuenta de las principales obras y acciones que se han realizado en medio de la crisis generada por la pandemia, así como las medidas de reactivación económica que se van a impulsar en el último año y el llamado a las fuerzas políticas para construir un nuevo acuerdo político denominado el “Pacto Perú”.

 

Dentro de las casi dos horas que habló el presidente sobre las medidas implementadas en los diferentes sectores del gobierno y los desafíos que se plantean para el último año, el referido al tema minero es el que quisiéramos comentar con más detenimiento. Al respecto el presidente ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». Sobre esta afirmación, que no es novedoso, ya los gremios empresariales mineros habían anunciado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, entonces lo nuevo por decirlo así, es que el presidente Vizcarra, alineado con el Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.

 

Sobre este último punto habría que señalar que desde la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería en los últimos años ya se había alcanzado y discutido propuestas sobre la necesidad de contar con un nuevo marco normativo para la minería; sin embargo, esta discusión no se ha podido dar, y por el contrario solo se han alcanzado algunos aportes de cambios normativos desde una “Comisión de especialistas para el desarrollo de la minería sostenible y el centro RIMAY”, como lo ha señalado el mismo presidente en su mensaje. Nos parece que este anuncio en realidad no plantea cambios de fondo y mucho menos en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no que se busca facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo presidente.

 

Desde la Red Muqui queremos señalar que, si bien la reactivación económica es importante en medio de esta crisis, insistir en que la reactivación solo se centre en determinados sectores como la minería no siempre es la mejor decisión, ya que a la par los conflictos sociales también se van a reactivar como lo que viene pasando en la provincia de Espinar (Cusco), así mismo los costos ambientales en el futuro serán muy altos para las poblaciones locales. Por ello era importante que el presidente haga más énfasis en la reactivación del agro, por ejemplo, ya que la crisis alimentaria está a la vuelta de la esquina, y porque la pandemia de la Covid-19 se quedara un buen tiempo con nosotros.

 

Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Recientemente un grupo de personas y organizaciones de diferentes países de Latinoamérica han elaborado y hecho publico un comunicado muy potente denominado: “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina”, y como se señala en el documento, la propuesta de “este Pacto no es un listado de demandas que se dirigen a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades” en este contexto de pandemia del Covid-19. Entre las nueve propuestas que alcanza el comunicado, hay dos puntos centrales que quisiéramos resaltar: la implementación de una renta básica universal que sustituya las transferencias focalizadas y la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria; lo que implica empezar por las reformas en las políticas agrarias en los países de Latinoamérica.

 

Sobre el tema de la renta básica universal en nuestro país, aquí lo hemos llamado el bono universal. Diversas organizaciones de la sociedad civil han venido exigiendo al gobierno la aprobación de esta medida, ya que ha quedado demostrado que el bono focalizado no ha funcionado. El mismo presidente Vizcarra ha señalado que este solo a llegado a entregarse en un 50% y el avance de la entrega en el sector rural es mínimo. Por ello esta semana la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva, ha presentado una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 5435) para establecer un Ingreso Básico Universal. El objetivo de la norma es que el bono llegue a todos/as los ciudadanos/as del país sin distinción alguna durante el estado de emergencia, esto incluye a los más de 70% de trabajadores informales. Al respecto, la misma Comisión Económica Para América Latina – CEPAL ha recomendado a los gobiernos latinoamericanos implementar esta medida; así que no es una propuesta descabellada.

 

El otro tema que esta vinculado al bono universal es la reactivación de la economía. Para el gobierno y los gremios empresariales privados esto solo tiene que ver con la reactivación de las grandes empresas, dejando de lado la atención al sector agrario, cuando la reactivación debería haber empezado por el agro y desde los territorios, aunque en las ultimas semanas se han dado algunos pasos: por ejemplo, en el espacio del Acuerdo Nacional se han aprobado varias acciones, entre ellas la conformación de un Comando de Emergencia Agroalimentaria. Lo cierto es que, si no se atiende con urgencia el agro, vamos a ingresar a un periodo de crisis alimentaria en todo el país, por ello el pedido del fondo de salvataje por 5 mil millones de soles que viene realizando los gremios agrarios tiene que aprobarse para asegurar la campaña agrícola 2020-2021.

 

Desde la Red Muqui creemos que si el gobierno quiere tomar medidas en favor de la población tiene que escuchar las voces de las organizaciones sociales, los gremios agrarios, las comunidades campesinas, los sindicatos, entre otros; y no solamente al sector empresarial, como claramente se puede ver. Por lo pronto el bono universal y el fondo de salvataje para el sector agrario son temas urgentes a atender.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Durante las últimas semanas y luego de una fuerte presión de los gremios agrarios, de las comunidades campesinas y de varias organizaciones de la sociedad civil; el Ejecutivo y el Congreso de la Republica han escuchado parcialmente las demandas de este sector. Es cierto que la salud en este momento debe ser lo más prioritario a atender, pero también debe ser atendido el sector agrario, que históricamente ha sido uno de los más postergados, y que paradójicamente hoy esta sosteniendo la alimentación de la mayoría de peruanos y peruanas. Por lo tanto, la reactivación económica debería pasar principalmente por este sector y no centralmente por la reactivación de las actividades extractivas como la gran minería.

Sin embargo, el sector minero no ha perdido el tiempo. Se ha informado que la reactivación de las operaciones mineras ya se está dando con normalidad, aún a pesar de que los protocolos que vienen implementando no son los más óptimos, y aún a pesar de que los contagios del Covid-19 en los trabajadores mineros, continúa. Pero lo noticia que más llama la atención son las recientes declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quien se ha referido a los casos del proyecto Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa: “Todo es posible con el entendimiento del entorno donde se encuentre el proyecto y eso es un trabajo que hay que hacerlo, hay que retomarlo. Tiene que darse, en algún momento tiene que darse”. Estas declaraciones son preocupantes porque ambos proyectos han tenido serias observaciones técnicas y ambientales en su momento y sobre todo porque no tienen licencia social. Las poblaciones locales en ambos casos han sido tajantes en su posición: no quieren actividad minera en sus territorios.

El caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo, Arequipa, merecen una atención especial, ya que no solamente no hay condiciones ambientales y sociales para el desarrollo de este proyecto, si no que la población local ya tiene una alternativa de vida en el próspero valle que da trabajo a miles de personas, y que en este contexto del Covid-19, además esta proveyendo de alimentación a millones de personas en todo el país, con productos como la cebolla o el ajo, solo por mencionar.

El caso del Valle de Tambo probablemente es la síntesis de lo que significa en el Perú la contraposición entre la minería y el agro. Como es evidente, los daños ambientales, sociales y económicos serían enormes para los pobladores del valle. En este caso se ve claramente que se busca imponer un proyecto minero que responde más a intereses económicos y privados; porque sí lo que se quiere es promover el desarrollo sostenible de esta población, lo que se debe hacer es apoyar aun más la actividad agrícola por la que ha optado el Valle de Tambo en Arequipa.

Por ello, desde la Red Muqui creemos que la reactivación económica no solo debe estar centrado en el sector extractivo minero, ni mucho menos buscar imponer proyectos mineros a costa del desarrollo local, como es el caso del Valle del Tambo; la reactivación debe potenciar las actividades alternativas territoriales y locales, como la agricultura familiar que sostienen la alimentación y la vida de los peruanos y peruanas en este contexto del Covid-19.

En un comunicado emitido el día de ayer, martes 19 de mayo, más de 30 organizaciones de la provincia Santiago de Chuco, región La Libertad, alertan al Estado y a la sociedad civil en general respecto al abandono en que se encuentran las comunidades de la provincia.

Población organizada no encuentra apoyo del Estado

“En el ámbito rural, la población organizada, viene haciendo un enorme esfuerzo para evitar la propagación de este mal, pese a que en muchos casos no encuentra el apoyo de sus autoridades locales, regionales y nacionales. Es de tener en cuenta que es el sector rural quien abastece a los mercados locales y regionales con productos de pan llevar y que son parte de la canasta alimenticia de las poblaciones, no encontrando el respaldo y apoyo adecuado en su producción y/o comercialización de sus productos”, señalan en el comunicado.

Empresas mineras ponen en peligro a comunidades

Agregan que frente a los más de 500 casos de COVID-19 en el sector minero pertenecientes a 14 unidades mineras en el país – el día de ayer se reportaron 603 casos-, preocupa que el gobierno “haya permitido que continúen las actividades de las empresas mineras (supuestamente prioritarias)”, debido a que pone en peligro a las comunidades colindantes a las minas y a los territorios donde retornan los trabajadores luego del trabajo en la mina. El caso del Consorcio Minero Horizonte que opera en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, es un ejemplo, que reportó la semana pasada 195 casos de COVID-19 al gobierno regional. La empresa minera opera cerca al centro poblado de Retamas – distrito de Parcoy-, que a la fecha registra 296 casos de acuerdo a la publicación del gobierno regional.

Control ambiental en cuestión

Además, señalan que durante la pandemia los organismos de fiscalización y control ambiental como OEFA, OSINERMIN, DIGESA, FISCALÍA EN MATERIA AMBIENTAL, “no puedan hacer los respectivos controles ambientales, permitiendo que empresas mineras estén desarrollando su actividad sin ningún control ambiental, como lo vienen denunciando diversas organizaciones a nivel nacional”.

Precisan que en la provincia hay empresas mineras formales e informales que operan en las cabeceras de cuenca, y “están impactando negativamente y contaminando el recurso hídrico, perjudicando a la población que lo requiere para su uso doméstico, ganadería y agricultura, sin que hasta el momento las autoridades respectivas hagan nada para controlar dichas actividades que está causando daño al medio ambiente y principalmente al agua”.

Exigencias

Frente a esta situación las organizaciones y tenientes gobernadores que suscriben el pronunciamiento, exigen una real valorización de la agricultura familiar; coordinación de parte de las autoridades municipales para la comercialización descentralizada de alimentos de la agricultura familiar para evitar aglomeraciones; abastecimiento de insumos agrícolas sin alza de precios para que no se rompa la cadena productiva y alimenticia y puedan seguir cultivando en el campo; y un control efectivo a las empresas mineras que siguen operando en la región para evitar la contaminación y aumento de contagios de COVID-19 en las comunidades colindantes a las minas.

 

Pronunciamiento de rondas c… by prensamuqui on Scribd

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

El Centro para el desarrollo de los pueblos – Ayllu CEDEP AYLLU, institución miembro de Red Muqui, desarrolla sus actividades en el sector rural de Cusco impulsando modelos alternativos de buen vivir, principalmente vinculadas al sector agrario.

La humanidad está atravesando una profunda crisis con la presencia del COVID-19 y uno de los sectores más vulnerables en el Perú es el agropecuario y principalmente la pequeña agricultura. Compartimos la entrevista de Gloria Velasco Jauregui al responsable de proyectos Ing. Andrés Loaiza Fernández, sobre las propuestas avanzadas con las comunidades campesinas.

¿Cuál es su opinión sobre el sector agrario en este contexto de pandemia por COVID 19?

Haciendo un análisis de las condiciones actuales de la actividad rural, podemos mencionar que en los últimos diez años se han visto grandes cambios y uno de ellos es que la actividad agropecuaria no es la única que dinamiza el desarrollo de las comunidades campesinas.  Se ha diversificado la economía con la incorporación del turismo, trabajos remunerados, esporádicos y/o informales (minería, construcción, etc.) y la articulación a los mercados; los cuales son actividades que se mueven de acuerdo a las coyunturas.

En el contexto de Pandemia, todas las actividades económicas en nuestro país están paralizadas pero la producción en campo no puede parar; porque el calendario agrícola no espera, la temporada de siembra y cosecha no puede modificarse y las familias productoras siguen trabajando en sus pequeñas parcelas, más aún cuando todas sus otras actividades económicas no están activas. Desde esta perspectiva el papel de las comunidades campesinas para la seguridad alimentaria es fundamental. Sin embargo, el estado de aislamiento en el que nos encontramos puede dificultar el acceso a insumos; como semillas de calidad, para poder producir y responder a las necesidades propias de cada comunidad.

En respuesta a estos escenarios que se avizoran, se está impulsando acciones para que las familias comuneras sean las que produzcan sus propias semillas, adaptables a los diferentes pisos ecológicos y la recuperación de prácticas ancestrales, porque consideramos que es importante seguir fortaleciendo estas capacidades que permiten afrontar contextos adversos de manera saludable y en armonía con el ecosistema.

En el caso de los cultivos tradicionales andinos; las comunidades campesinas tienen una gran ventaja porque conocen y manejan los germoplasmas de papa, quinua, tarwi, oca, lizas y granos andinos como kiwicha que cuentan con un aporte nutricional alto. Desde el CEDEP Ayllu hemos estado reintroduciendo algunas variedades de papas nativas que estaban en el olvido, ahora se cuenta con “semillas refrescadas” que permitirá a las familias ser “criadores de vida” y junto a los conocimientos y saberes ancestrales para manejar estos cultivos podrán enfrentar los retos venideros.

Otro elemento indispensable para analizar la situación es el cambio climático y como afecta al sector rural. Para enfrentarlo desde el CEDEP Ayllu hemos estado impulsando la “siembra y cosecha de agua” práctica que permite un manejo respetuoso del ecosistema y contribuye a la disponibilidad de agua, tan indispensable para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos. Es preciso que las entidades del Estado tomen en cuenta las experiencias desarrolladas por las comunidades campesinas en el buen manejo de los ecosistemas, por ello considero que aparte dar paliativos como los bonos, el Estado debe invertir en trabajos como estos.

El rol del Estado en el sector rural andino, debe estar fuertemente vinculado a promover el Ordenamiento del Territorio Comunal, lo que permitiría utilizar de mejor manera los recursos comunales, fomentando alternativas colectivas de hacer agricultura, valorando el rol de la autoridad comunal, lo cual ha permitido a las Comunidades subsistir y trascender en el tiempo como instancia de organización, control y gobierno efectivo del territorio en contextos adversos y desarticulados, muchas veces violentados y olvidados. Hoy más que nunca se vuelve vigente el modelo comunal, solidario y reciproco. “Ayni”

¿Qué acciones deben tomar las comunidades campesinas y principalmente la pequeña agricultura para adecuarse a este contexto?

En esta adversidad las comunidades campesinas pueden demostrar esa capacidad que les permitió subsistir a todos los embates durante más de 500 años donde desafiaron grandes problemas políticos, ambientales, climáticos a las cuales las comunidades han enfrentado como sociedades recilientes respondiendo de manera oportuna a los avatares con una adecuada organización y gestión de sus recursos, capitalizando sus conocimientos ancestrales y la capacidad de leer los ecosistemas.

Las comunidades deben aprovechar este gran capital social y organizativo, el potencial genético agrícola, el adecuado uso de sus zonas de producción (zonas de riego, zonas de secano, laymes etc) donde pueden producir todas las especies cultivares para asegurar su alimentación y aprovisionar a los mercados

Desde el CEDEP Ayllu consideramos que es necesario incorporar nuevas tecnologías a la par de seguir recuperando todo el legado histórico de los saberes ancestrales andinos.

 

Con la presencia de los retornantes (personas de las comunidades que Vivian en las ciudades que están regresando

en este contexto por que se quedaron sin trabajo) habrá mayor cantidad de colaboradores que permitir trabajar las tierras de laymes y muyus que han estado abandonadas por falta de mano de obra y la migración que las comunidades han vivido durante los últimos años.

Algunas reflexiones finales

Este estado de aislamiento social obligatorio es un momento de reflexión para valorar lo que somos y los bienes con los que contamos, nos permite ver las oportunidades que se nos presentan.  Es una oportunidad para que las grandes zonas urbanas reconozcan que el valor de la agricultura familiar en el Perú y como siempre aporto a todo a la seguridad alimentaria, respetando a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra que nos da la vida

Necesitamos cambiar no solamente en la gestión de los recursos para sobrevivir como especie, necesitamos hacer un cambio interior, como personas, en nuestras familias en nuestras formas de relacionarnos con nuestros hijos y seres queridos, volver a lo esencial y poner el justo valor a las cosas.

Estos cambios incluyen el respeto y tolerancia a los que piensan distinto, a las mujeres, a los pueblos originarios y los grupos minoritarios. Debemos permitir que las voces de todos y todas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta para probar otras formas de construir nuestro mundo.

 

Por: Juan Aste Daffós                                                      

En el Perú hoy, la emergencia por el Coronavirus o Covid19 tiene dos factores que van a determinar el impacto económico, social y ambiental. El primero es la desaceleración de la economía mundial, en particular de China, EEUU y Europa; y el segundo, es el efecto de las medidas aplicadas por la emergencia en salud pública decretada por el gobierno peruano para enfrentar el Coronavirus (Covid19) y la respuesta de la población, las instituciones, las comunidades, los trabajadores, los agricultores, las empresas y las organizaciones sociales en general.

La producción industrial China cayó 13,5% en enero – febrero 2020. La más baja en los últimos 30 años, mientras el consumo interno y la inversión en máquinas y equipos se redujo en un 24,5% y el desempleo aumento de 5.2% a 6.2% de enero a febrero, entendiéndose que la recuperación de su economía no será en pocos meses en la medida que depende de sus más importantes socios: EEUU y Europa; los que no reactivarán sus economías pronto debido al manejo no adecuado de la emergencia por el Covid19. Esta situación presenta precios a la baja de los minerales en el corto plazo, con lo que se afectará la disponibilidad de divisas en el Perú ya que la minería aporta con el 60% del ingreso por exportaciones, ejerciendo una presión para la devaluación y la inflación, subiendo el costo de vida, por lo que el banco central afrontará la situación soltando dólares al mercado.

Sin embargo, la minería tiene una contribución muy baja al financiamiento del presupuesto público, debido a que el ingreso de tributos internos neto de devoluciones que recibe el Estado peruano de la actividad minera es solo del 3.0% en 2015-2019 y constituye el 2.6% de las exportaciones mineras en el mismo período.

El Impacto de la Emergencia por el COVID 19 en la economía peruana

En la actual situación, es difícil establecer la magnitud de la desaceleración de la economía en el Perú, pero sí se puede afirmar que el impacto de la disminución de la demanda de los productos y servicios de exportación, en particular de minerales y el turismo, por parte de China y otros países, será menor en importancia que las consecuencias de las medidas de emergencia; principalmente porque hoy no se sabe cuál es el avance de los resultados ni por cuánto tiempo más se va a mantener el aislamiento social, aunque ya tenemos una prórroga de 13 días más hasta el 12 de abril y, por lo tanto, se prevé un impacto mucho más significativo de la emergencia en la economía que de un shock externo temporal.

En la emergencia actual por el Coronavirus, el impacto de un shock externo temporal será menor que la desaceleración y la recesión interna porque esta afecta a los más pobres y a los informales que viven el día a día y son la mayoría del país, así como a las asociaciones de productores, cooperativas y las micro y pequeñas empresas que usan el crédito y tendrán problemas con la cadena de pagos; a diferencia de los especuladores de siempre que se benefician subiendo los precios de los productos de primera necesidad y las mascarillas en medio de la emergencia. El control de precios y facilidades reales para pagar las deudas son dos demandas que el gobierno tiene pendientes.

Sin embargo, en el manejo de los recursos para atender la emergencia no se evidencia un plan de corto plazo que permita aumentar sustancialmente el gasto público en salud postergando el criterio de la austeridad fiscal por el de salvar la vida de las personas. Es claro que los infectados aumentan y los fallecidos también, pero aún estamos a tientas, aunque asumiendo medidas más radicales, pero se requiere de la cooperación internacional que maneja el tema de salud, como son los casos de los gobiernos de China y Cuba.

La otra cara, está en la reducción del impacto ambiental, pero no por acción sino por omisión, al disminuir al mínimo el transporte y la emisión de gases y generarse un aire menos insalubre en las ciudades; pero no ocurre lo mismo con la actividad minera como se verá más adelante.

La Minería y la Emergencia por el COVID 19

El viernes 20 de marzo el presidente Vizcarra afirmó que no había sido “presionado” por la Confiep para permitir que las empresas mineras operen normalmente desde la extracción del mineral hasta su embarque en el puerto en plena emergencia por el Covid19. Y señaló que “algunas (unidades mineras) tienen operación remota porque están lejos, donde está la mina, y está confinada. El concepto de estas unidades es de aislamiento social, con lo que cumplen la norma”.

Luego el presidente Vizcarra completó su argumentación diciendo que las compañías que estén trasgrediendo la norma al permitir la libre entrada y salida de sus trabajadores serán sancionadas, siempre que no hayan dispuesto garantizar la presencia únicamente del personal mínimo requerido para el normal funcionamiento de las operaciones. (Véase diario Gestión del 23 de marzo 2020).

En resumen, para el presidente Vizcarra, las operaciones mineras remotas o aisladas socialmente cumplen la norma y pueden funcionar normalmente sin ser sancionadas una vez que hayan garantizado trabajar con el personal mínimo requerido. Sin embargo, el aislamiento social en un campamento no se da en condiciones de funcionamiento normal de las actividades mineras, cualquiera que sea su ubicación; porque los trabajadores van y vienen de sus ciudades de origen o residencia, ya que laboran bajo los sistemas de 20 días de trabajo por 10 días de descanso en que comparten con sus familiares (20*10) o también utilizan el 14 * 7.

De esta manera, el primer ministro Zevallos ha quedado desairado porque el lunes 16 de marzo precisó, que todas las actividades, incluidas la minería y la agroexportación, quedaban paralizadas al igual que todas las actividades económicas del país, con la excepción de las actividades esenciales vinculadas a los centros de abastecimiento de alimentos, energía, medicinas (farmacias), y hospitales. (Véase el diario “La República” del 16 marzo 2020). Esta declaración del primer ministro fue corregida el mismo lunes 16 de marzo por la presidenta de la Confiep, María Isabel León, en declaraciones a Patricia del Río de RPP, donde afirmó que las mineras no podían parar y que aún estaba por concertarse un acuerdo en la reunión con la ministra del MINEM ese mismo lunes.

Oh sorpresa, al día siguiente, martes 17 de marzo, la ministra de energía y minas, Susana Vilca Achata, emite un comunicado en el que se señalaba que el MINEM había obtenido la conformidad del MEF a la propuesta de actividades mineras y conexas que estaban exceptuadas de paralización en la emergencia nacional, de acuerdo al literal l del numeral 4.1 del artículo 4 del DS 044-2020-PCM, a través del oficio N° 059-2020-EF/10.01 del MEF del mismo día 17 de marzo, dado por la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi. Todo el mismo 17 de marzo 2020: ¡¡que rapidez cuando se trata de los intereses mineros!!

Veamos que dice el literal l, numeral 4.1 del artículo 4 del D.S. N° 044-2020-PCM que rubrica el Primer Ministro Zeballos:

“l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.”

Pero, ¿cuáles son las actividades esenciales en la actividad minera, sea de minería subterránea o de tajo abierto? He aquí el comunicado del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) del 16 de marzo 2020 que informa que entre las actividades esenciales a mencionar están:

  • Control de la operatividad del sistema de suministro de energía, que a su vez genera estabilidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
  • Funcionamiento a plena capacidad de las plantas de tratamiento de aguas industriales.
  • Control de la estabilidad física, que incluye el pleno funcionamiento de los sistemas de drenaje, actividades de estabilidad y monitoreo de las presas de relaves.
  • Funcionamiento a plena capacidad de los sistemas de drenaje, ya sea en minas subterráneas o a tajo abierto.
  • Plena operatividad de los sistemas de ventilación en minas subterráneas.
  • Vigilancia a capacidad plena de los almacenes de explosivos e insumos químicos fiscalizados.

Luego, el 19 de marzo, el IIMP saluda el comunicado y el oficio 059 del MEF y añade dos insumos para el tratamiento de aguas industriales (cal viva y peróxido de hidrógeno) y dos para el sostenimiento de minas subterráneas (cemento y agregados de construcción).

Pero el comunicado del MINEM se refiere a “operaciones críticas” y no a actividades esenciales, señalando que la aprobación de las excepciones de paralización se daba “a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente, en los siguientes términos:

Actividad minera y otras actividades conexas, que incluye: explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados”.

Luego el comunicado del MINEM señala las disposiciones que cumplirán las empresas mineras durante la cuarentena, y determina que trasladen al personal indispensable propio y de contratistas para realizar sus “operaciones críticas”, que cumplan con las medidas de emergencia, monitoreo y seguridad, y que con sus hospitales y clínicas privadas, cumplan con “el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, contener y mitigar el contagio del COVD 19, en el marco de las acciones de control sanitario”.

Y, al final el comunicado del MINEM, remarca, que de acuerdo a los numerales 8.3 y 9.3 del DS 044-2020-PCM de emergencia por el Coronavirus, “los titulares mineros se encuentran facultados para continuar con el transporte de concentrados de minerales, metal refinado, cátodos, doré, y otros, carga y mercancías y actividades conexas para asegurar las operaciones y el ciclo logístico.” En otras palabras, las empresas mineras pueden realizar todas sus actividades desde la extracción del mineral hasta el puerto de embarque.

Las “operaciones críticas”, solo están referidas en el actual marco legal cuando se trata del funcionamiento de los “Activos Críticos Nacionales” y así lo precisa la propia presidenta de la Confiep, María Isabel León, cuando en la nota de prensa de Perú 21 del 25 de marzo 2020 titulada “Confiep afirma que pedido para que mineras puedan seguir operando “fue malentendido» y señala que “se trataba de cubrir activos críticos que necesitaran un stock mínimo de personal, dentro del cumplimiento de garantías de salud y seguridad para ellos».  Pero ¿una, varias o todas las unidades mineras pueden ser consideradas un “Activo Crítico Nacional”?

La respuesta es NO, porque de acuerdo al D.S. N° 106-2017-PCM, los llamados “Activos Críticos Nacionales” están definidos como “aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación o destrucción de dichos activos no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación.” Es decir, solo pueden ser “Activos Críticos Nacionales”, por ejemplo, un puerto de embarque o un aeropuerto de importancia nacional o la infraestructura del Sistema eléctrico interconectado nacional para la transmisión de energía para el país.

Esto nos lleva a la pregunta: ¿la minería es una actividad de interés nacional y, en consecuencia, puede ser considerada como un Activo Crítico Nacional? Si para la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería la respuesta es afirmativa, entonces siempre las empresas mineras realizarán sus actividades normalmente desde la extracción de minerales hasta el puerto de embarque y salida del Perú.

¿Que se puede concluir?  

La emergencia por el Covid 19 y otras epidemias o pandemias que vendrán, refuerzan la necesidad de que el Estado con la participación de las poblaciones organizadas en sus territorios haga respetar su autonomía y la soberanía sobre los bienes naturales y no naturales, así como, que sea garante de un ambiente sano para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Tiene que haber una visión más integral y territorial frente al Covid19.

Se requiere un plan de salud pública y un presupuesto mucho mayor para enfrentar el Covid19; desde la superación de esta emergencia en el corto plazo, el ingreso a la etapa del control del virus hasta la fase de aplicación de la vacuna identificada, y pensando en las emergencias similares que surgirán en los próximos 10 años. Esto supone aumentar sustancialmente el gasto público en salud, sin la restricción de la austeridad fiscal.

Se deben priorizar las actividades sostenibles que diversifiquen y dinamicen la economía interna de las regiones desde organizaciones de interés colectivo que persigan el buen vivir y permitan superar las limitaciones de la dependencia de la exportación minera, que en definitiva no es una actividad de interés nacional o por encima de las demás.

La actividad minera no debe ser considerada una operación crítica o de interés nacional y, por lo tanto, no se debe considerar a la unidad minera como un Activo Crítico Nacional. Deben salvaguardarse los derechos, la salud y la vida de los trabajadores mineros y sus familias asegurando que cumplan con el aislamiento social, garantizando condiciones de protección de la salud a los trabajadores que laboran en actividades esenciales, bajo la supervisión de Sunafil.

Los compromisos de colaboración entre los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe, Asia, Europa, EEUU y otros países del mundo para enfrentar esta pandemia y otras, que de seguro vendrán en el futuro cercano, conjuntamente con los efectos del cambio climático, se puede convertir en uno de los escenarios donde ya nada será igual después de la emergencia del COVID 19.  Hoy se requiere con urgencia de la cooperación internacional que maneja el tema de salud, como son los casos de los gobiernos de China y Cuba.

 

ANEXO: ¿La minería no debe parar porque es de «interés nacional»?

 

Completamente falso, la minería solo aportó el 3% del total de ingresos tributarios internos neto de devoluciones del Estado Peruano para 2015-2019, su aporte al PBI es similar, su efecto multiplicador en la minería es cada vez más débil y el estudio para 1960-2011 «Hacia un desarrollo inclusivo. El caso del Perú», Cepal, OIT,2014, concluye que la economía peruana “ha pasado de un modelo primario exportador semindustrial a uno primario exportador y de servicios» (pág. 40 del estudio) y mientras el IPE (2017) y Macroconsult (2012), financiados por la sociedad nacional de minería, concluyen en sus estudios que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 9 y 4 empleos indirectos, respectivamente, mientras en Chile, la International Copper Association (ICA) realizó el estudio “Impacto Económico y Social de la Minería del Cobre en Chile” para 1990-2016 y concluyó que por cada puesto de trabajo en la minería se generan 3.7 empleos indirectos. Creemos más en la seriedad de los estudios en Chile que los estudios pagados por los propios dueños de las minas en el Perú. En empleo directo, la minería solo aporta con el 1.1% de la PEA para 2012-2019. O sea, genera muy poco empleo directo e indirecto, siendo un 67% eventuales de contrata y de preferencia son de regiones distintas a las que realizan su trabajo. En realidad, su principal aporte es que las exportaciones mineras son el 60% del ingreso por exportaciones y sirven para disponer de dólares para las importaciones, afectando cada vez más a los productores nacionales y a la generación de empleo e ingresos, sin contar el valor del impacto ambiental, económico y social que causan en su entorno. Si la minería genera pocos puestos de trabajo directos e indirectos, aporta muy poco en tributos, la disponibilidad de divisas fomenta el circulo vicioso de la dependencia de las importaciones y no asume el valor del impacto ambiental que genera, matando biodiversidad, ríos, la producción y el empleo, así como afectando irreversiblemente a los trabajadores mineros y a la población de su entorno en el Perú, ¿sabes para lo que sirve la minería en Perú, además de favorecer a las transnacionales y a las productoras mundiales de tubos para construcción, cables, autos, computadoras y otros?, para que abandonemos el impulso del turismo ecológico, arqueológico y vivencial, que dinamizan la producción agroalimentaria, los productos de la medicina natural, y la gastronomía, asociados con todos los servicios de transporte y hotelería y el comercio que ello implica, generando empleo masivo en asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, y otras formas de organización colectiva de la producción.