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Nuevamente el régimen de Boluarte ha solicitado delegación de facultades legislativas por 90 días, en materia de inversión pública, privada y público-privada, así como de gestión de servicios públicos, bajo el pretexto de fortalecer y reactivar la economía.

Así, a través del Oficio N° 094-2024-PR del 3 de mayo, Dina Boluarte y Walter Astudillo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, sometieron a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 07752/2023-PE. Esta iniciativa, retenida aún en la Comisión de Constitución y Reglamento, pretende delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, solicitando el trámite con carácter «urgente».

Frente a ello, desde la Red Muqui alertamos sobre los múltiples riesgos que conllevaría concederle esta delegación, entre ellos, la modificación a la Ley N° 27446 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental), marco normativo fundamental sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión. Los antecedentes desde el MINAM evidencian una intención de «destrabar la tramitología ambiental» y debilitar al Senace. Asimismo, se podría empeorar el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, debido al antecedente del Decreto Legislativo 1585 que perjudicó la labor de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) al flexibilizar el sentido punitivo y eventualmente archivó casos de ilegalidad, dejando en impunidad la minería ilegal.

Por otro lado, se modificará el Decreto Legislativo N° 1095 para regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno, lo cual sería alarmante tras las masacres ocurridas en la zona sur del país por el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y civiles.

Finalmente, busca privatizar servicios de agua y saneamiento, debilitar aún más el rol regulador de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y trasladar los costos del servicio de agua a los usuarios. Al mismo tiempo fomentaría una mayor desigualdad de derechos de acceso al agua potable, estipulada como derecho fundamental en la misma Constitución Política.

En ese sentido, la Red Muqui remitió una opinión técnica-legal que recomienda la inmediata desestimación y archivamiento de este proyecto de ley debido a la amenaza inminente que representa para la democracia, los derechos humanos y los estándares ambientales.

Para mayor información, leer aquí.

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021

Más de 7 mil pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Candarave: Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave; llegaron a la capital de la región Tacna en marcha de sacrificio, para exigir que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anule las licencias de uso de agua a Southern; empresa que viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Esta es la segunda movilización, pero ya no en la provincia de Candarave, como lo fue el 1 de julio; sino en la capital de Tacna.

La movilización fue encabezada el Presidente de la Junta de Usuarios de los Recursos Hídricos de Candarave, Abdy Chambilla Joaquín, quién señaló que exigen la devolución del recurso hídrico. “La parte alta de los nacientes del río Callazas están secos, no hay vegetación y ya no hay laguna de vizcachas”. Agregó: “el problema es que el gobierno saca resoluciones sobre el recurso hídrico otorgándole el recurso a la empresa Southern sin consultar a la población”. También encabezaron la movilización el alcalde provincial de Candarave, Rodolfo Nina, y los alcaldes distritales.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

En la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Gobernador regional se compromete

La movilización se dirigió a la sede del gobierno regional para exigirle al presidente regional, Juan Tonconi, que se sume a la protesta y gestione la llegada del presidente Vizcarra a la provincia de Candarave. Al llegar la movilización a la sede del gobierno regional, el gobernador dio unas palabras comprometiéndose con la población: “nosotros somos del pueblo, nos debemos al pueblo. Por eso hoy más que nunca ratifico mi posición respaldando a cada uno de ustedes. El Pueblo de Candarave exige justicia hídrica y nosotros respaldamos ello. Coordinando con el alcalde provincial y los alcaldes distritales vamos a exigir al gobierno central para que haga una revisión de la licencia de uso de agua de la empresa minera Southern”.

Agregó que de ser posible viajaría hoy mismo a Lima para gestionar la reunión, y señaló que el problema con Southern ya ha traspasado regiones, haciendo alusión al conflicto en Islay por el proyecto Tía María. “Nosotros no debemos aceptar represión, no queremos autoritarismo, ni imposiciones. Tengan plena confianza que tienen un hermano más que no los va a abandonar. Los vamos a respaldar en su lucha”, finalizó.

Antecedentes de Souhern en Candarave

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta a la empresa minera para que otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron reiniciar la protesta.

El día de ayer, martes 9 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el dictamen para remediar los pasivos ambientales que las empresas mineras han dejado en el país a lo largo de más de 50 años de actividad minera.

El dictamen reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y propone que la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, tenga una gestión y manejo más eficiente, eliminando el riesgo para el ecosistema y la salud ambiental; por la que miles de personas se ven afectadas por la contaminación a nivel nacional. La Oroya – Pasco; Hualgayoc – Cajamarca; Espinar – Cusco; la cuenca del río Rímac – Lima; y comunidades de Huancavelica y Puno, son los lugares más afectados según el presidente de la Comisión Wilbert Rosas, quién agregó: “el Ministerio de Salud ha reconocido que los pasivos ambientales mineros es una de las principales causas de contaminación por metales pesados”.

¿Qué es un pasivo ambiental minero?

Según el artículo 2 del Dictamen: “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, cualquiera sea el momento en el que se hubiesen generado, y que constituyen un riesgo permanente o temporal y potencial para la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables; el ecosistema circundante, la propiedad y los territorios indígenas”.

Al respecto, la congresista Marisa Glave señaló en el debate que el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. “Desde que aparecieron las listas de pasivos ambientales elaborados por el Estado, no se les designa responsabilidad”.

Ante este grave problema, el dictamen aprobado plantea que “la responsabilidad de la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo recae en el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que este identifique y determine al responsable generador de dichos pasivos o a su remediador voluntario. Cuando esto ocurra, dicha responsabilidad le es transferida a este”.

La controversia con la Comisión de Energía y Minas

Durante la sesión de la Comisión de Pueblos, hubo una discrepancia respecto a la Tercera Disposición Complementaria y Final, que plantea sanciones para las empresas mineras que no cumplan con la remediación ambiental.

“Tercera Disposición Complementaria y Final. – Impedimentos para solicitar nuevos petitorios mineros y explotar unidades mineras, y caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, de beneficio, labor general y transporte minero”

Al respecto el congresista Olaechea señaló que lo que se debe hacer es incentivar y no sancionar a las empresas para que cumplan con la remediación ambiental y que asuman voluntariamente los pasivos ambientales de los relaves mineros que no tienen a una empresa responsable para volver a utilizarlos como se hace en otros países.

Finalmente, mediante votación, se aprobó por mayoría que sí vaya en el Dictamen tal y como está redactada la Tercera Disposición Complementaria.

Esta misma discusión se llevó a cabo en la Comisión de Energía y Minas hace más de un mes, en que se aprobó también un Dictamen para regular los pasivos ambientales de la actividad minera. En dicha Comisión no se aprobó las sanciones a las empresas mineras señaladas en la disposición de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Comisión de Pueblos.

En la discusión en la Comisión de Pueblos, también se señaló que no existe actualmente un presupuesto para la remediación ambiental de los pasivos ambientales por actividad minera, por lo que se aprobó en el dictamen que: “El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico puede transferir al FONAM un monto presupuestal anual, que puede incluir el monto que les corresponde por la distribución del dinero recaudado por derecho de vigencia, con la exclusiva finalidad de que el FONAM los destine a la remediación de las áreas afectadas por los pasivos ambientales mineros de responsabilidad del Estado”. Esta propuesta tampoco fue aprobada en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas.

¿Qué es lo que sigue?

Al haber dos dictámenes aprobados con algunas diferencias en la Comisión de Pueblos y en la Comisión de Energía y Minas, lo que sigue es que la Junta de Portavoces agende la discusión de la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y las dos Comisiones puedan realizar un texto sustitutorio conjunto para que entre un solo Dictamen a la discusión en el Pleno del Congreso, o de lo contrario, al no haber acuerdo final entre las dos Comisiones, entren los dos dictámenes a discutirse y finalmente votarse para tener una ley mucho más eficiente en la gestión y manejo eficiente de la remediación de pasivos ambientales mineros.

Desde Red Muqui respaldamos el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos y hacemos un llamado a las y los congresistas para discutir y aprobar tan importante Dictamen, que las comunidades afectadas por la minería están esperando.

El documental Historias de agua ya se encuentra disponible en la cuenta de YouTube de Red Muqui subtitulado en inglés y Alemán. Esto permitirá a mayor número de personas alrededor del mundo conocer la problemática ambiental generada por la minería que aqueja varias regiones del centro del Perú. Esta semana será proyectada en países de Europa: Alemania, Inglaterra, Bélgica y Suiza.

El largomertraje, producido por RED MUQUI, Viajando Filmando y Killa Kuyay con el apoyo de OXFAM y 11.11.11 , da a conocer la problemática del agua y la minería en regiones como Pasco, Junín y la sierra de Lima. Los documentalistas y realizadores de Historias de Agua, Juan Manuel Torres Solari y Gabriela Delgado Maldonado siguieron la ruta de las nacientes de los ríos más importantes de estas regiones, encontrando y registrando a su paso la contaminación ambiental generada por la minería que lastima los ecosistemas y daña la salud de las personas.

Se hizo tomando como base el Informe de salud y Pasivos ambientales realizado por el médico ambientalista Fernando Osores, quien realizó muestras de sangre a niños y niñas de Pasco y Junín. Encontró que la mayoría de ellos tenía hasta cuatro tipos de metales tóxicos en la sangre: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, este último considerado por entidades internacionales como altamente cancerígeno.

En el caso, de San Mateo, el documental muestra como existen montañas de deshechos mineros en zonas cercanas al río Rímac sin remediar, que se filtran a aguas subterráneas y están en riesgo de desplomarse y contaminar el Rímac, principal río de la capital peruana.

En Youtube, el documental ya supera las 2 mil vistas. El Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke presentará el documental en Europa y dará a conocer la situación de los pasivos ambientales mineros, la contaminación del agua y las condiciones de salud en las que viven las personas.