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Del 2002 a la actualidad los pueblos amazónicos de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana Francesa, Surinam y Guyana, se vienen reuniendo para visibilizar su realidad, articular sus organizaciones y una agenda de defensa de sus territorios.

Del 28 al 31 de julio del presente año, en el Estado de Pará, ciudad de Belém de Brasil se ha desarrollado el X FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO (FOSPA), donde se compartieron experiencias de lucha de los pueblos por el bien común de la humanidad, por un mundo justo y solidario. Cada FOSPA es temático y se inició el 2002 dedicado a defensa de la vida, resistencias. Posteriormente sus ejes fueron resistencia al ALCA; mundialización de la Amazonía; derechos de pueblos originarios, ciudades sustentables, IRSA, Buen Vivir; Defensa de la tierras, comunicación, educación popular, debate sobre represas en la Amazonía; Capitalismo y economía verde; Agricultura familiar, democratizar medios de producción, cumplimiento de tratados internacionales; Economía Verde, educación, comunicación Mujeres – Jóvenes, carácter andino – amazónico. La más reciente experiencia tuvo como centro  los seres vivientes.

El 28 de julio del presente año, las delegaciones de los diferentes países se concentraron y marcharon por las calles de Belém al compás de los tambores, cantos y lemas por la defensa del territorio y los seres vivos; la Red Muqui estuvo presente conjuntamente con la delegación de Perú.

Se desarrollaron más de 260 actividades en los ambientes de la Universidad Federal de Pará,  entre las que destacaron presentaciones de resistencia de los pueblos, de las mujeres, de las luchas contra el patriarcado y la urgencia de acciones de todos los pueblos para la protección de la Amazonía. Este espacio de articulación de los pueblos amazónicos fue posible por el trabajo conjunto de diferentes organizaciones, entre ellas de la Federación de ONG de Órganos de Asistencia Social y Educativa (FASE).

El 30 de julio en el panel sobre “Amazonía: Territorio de resistencia frente a la minería”, promovido por FASE, Greenpeace, CEIBO, HIVOS y “todos los ojos en Amazonía”, Gladys Huamán de la Red Muqui, compartió sobre las acciones de resistencia que realizan los pueblos en el Perú, presentando los impactos de la minería en el suelo, agua, aire y la salud de las personas. Destacó que el modelo de minería a tajo abierto no solo afecta las fuentes de agua superficial sino también las subterráneas,  provoca desplazamiento forzado de la población. Además,  según el ministerio de salud hay más de diez millones de personas expuestas a metales tóxicos, pese a lo cual, los diferentes gobiernos promueven la inversión privada en la minería. Según sus proclamas buscan ser primeros productores de metales, para ello flexibilizan los trámites y los impactos ambientales no son considerados.  Galdys Huamán relató cómo los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras son permanentes, y en los cuales el gobierno de turno responde con represión que deja heridos y muertos, criminalizando la protesta social.

Otro caso destacado fue la resistencia de las y los campesinos del Valle de Tambo (Arequipa) que desde el 2009 vienen enfrentando a la empresa y al Estado que pretende aprobar el desarrollo de los dos proyectos mineros La Tapada y Tía María. Emprendimientos que, de realizarse, afectarían a la agricultura que con sus productos sostiene el mercado local, regional y nacional. Es uno de los primeros casos en la que la población organizada y en alianza con otros actores locales han realizado la consulta popular, cuyo resultado arroja que más del 98% de la población desaprueba la minería. También es un caso emblemático de cómo defensores y defensoras de derechos vienen enfrentando largos procesos legales resultado de su resistencia.

En otros lugares del país donde la minería viene operando, los conflictos son por la contaminación de los recursos y la afectación a la salud de las poblaciones. Consecuencias que conllevan la exigencia de que las mineras tengan mayores controles y cumplan sus responsabilidades ante los impactos acumulativos. También se les exige mayores respuestas por sus impactos en las economías de todo el territorio. Finalmente esto ha abierto el escenario para discutir el modelo extractivo, revisar la Ley General de Minería, plantear una política de ordenamiento territorial y la protección de las nacientes de agua, entre otros.

Por su lado Alexandra Narváez del pueblo indígena A’i cofán de Sinangoe en la Amazonía Ecuatoriana resaltó las acciones colectivas que realizan. La galardonada con el Premio Ambiental Goldman 2022, por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal expuso que lograron, con la participación de ella siendo la primera mujer guardia,  anular 52 concesiones, otorgadas por el gobierno sin el consentimiento de la comunidad Cofán, cuyos territorios colindan con el Parque Nacional Cayambe-Coca. También participó en el panel el cacique Valdemar Poxo, Cacique da Aldeia Poxo Muybu – TI Sawre MuyBu (Tapajós), Brasil. El líder indígena denunció que vienen siendo amenazados por los taladores, pescadores y mineros ilegales. Enfrentan problemas de contaminación de su principal río Tapajós, sustento de sus formas de vida y cuya extinción amenaza su propia existencia.

El FOSPA culminó con la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, de la que destacamos:

“Actualmente, la Amazonía está en su peor momento, devastada por los gobiernos, para los cuales la naturaleza es una mercancía, y los derechos de las personas no tienen validez. Hasta la fecha ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos en defensa de la Madre Naturaleza. Ante esta situación, es necesario hacer un llamado a los movimientos sociales para apelar a la creatividad, aprender de sus errores y seguir luchando”

Las propuestas de políticas a las que arribaron son fundamentales y queda en cada organización y participante para que puedan concretizarse. Destacamos las siguientes:

  • Exigimos un modelo político, social y económico que priorice la integridad de nuestra casa común, que reconozca y respete los territorios y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos y los derechos de la naturaleza.
  • Recuperar, valorar y proteger los saberes de hombres y mujeres y las formas ancestrales de organización de nuestros pueblos para el cuidado y manejo del agua, la protección de sus territorios, que incluyen nuestros ríos, limpios y libres de megaproyectos.
  • Nuestras alternativas por una tierra sin males son la producción agrícola y forestal diversificada en armonía con la naturaleza, la agrosilvicultura, la agroecología, los proyectos de producción y consumo local, el manejo comunitario del territorio y las áreas comunes, el uso de semillas nativas, el ecoturismo comunitario, de energías alternativas, el cuidado y la gestión integrada y participativa de cuencas hidrográficas y biorregiones, y muchas otras iniciativas centradas en la vida y no en la mercantilización de la naturaleza.
  • Instamos a los gobiernos de los países panamazónicos a poner en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con el maquillaje de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y refuercen sus compromisos internacionales.
  • Promover el ejercicio del autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos y ribereños para permitir el ejercicio de la gestión pública con base en su propia visión, normas y procedimientos; para ello es necesario, entre otras cosas, implementar mecanismos adecuados a las nuevas formas de planificación que garanticen sus modos de vida, respetando sus cosmovisiones. Sin autogestión territorial de los pueblos, no hay futuro para la Amazonía, ni para el mundo. Exigir el pleno cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (eg Caso Surinam 2015). Exigimos también la autodeterminación de la Guayana Francesa; nuestra cuenca amazónica no estará completa hasta que logremos su descolonización.
  • Rechazamos las políticas públicas extractivas gubernamentales que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, incluido el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos, y exigimos que los hidrocarburos se mantengan bajo tierra y que la Amazonía esté libre de minería.
  • Exigir a los gobiernos la plena propiedad y garantía jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades, incluido el subsuelo, para que tengan protección permanente contra la extracción de minerales, para que no atenten contra nuestra madre tierra, a fin de garantizar el bienestar de seres humanos y de todas las formas de vida y espíritus.

 

 

En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica1. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles2; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios ocupados por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos3.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente sub registros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

  1. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
  2. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
  3. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
  4. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
  5. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
  6. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

  1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
  2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
  3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
  4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
  5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
  6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
  7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

  1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
  2. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
  3. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
  4. Asociación Arariwa – Perú
  5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
  6. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
  7. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
  8. Bank Information Center – US
  9. Barranquilla+20 – Colombia
  10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
  11. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
  12. Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – CEDIA
  13. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
  14. CONAC-Brasil
  15. Conectar Direitos Humanos – Brasil
  16. CooperAcción – Perú
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
  18. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
  19. Elcena Jeffers Foundation
  20. Florida International University – Estados Unidos
  21. Foro Ecológico del Perú
  22. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
  23. Instituto Aroeira Brava – Brasil
  24. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
  25. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
  26. Instituto Federal do Ceará – Brasil
  27. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
  28. Instituto Madeira Vivo – Brasil
  29. International Rivers – Brasil
  30. Más Integridad MX – México
  31. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
  32. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
  33. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice – ONG
  34. Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
  35. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
  36. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
  37. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU – Perú
  38. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO – Perú
  39. Paz y Esperanza – Perú
  40. Programa Laboral de Desarrollo – PLADES – Perú
  41. Reacción Climática – Bolivia
  42. Red Muqui – Perú
  43. Rede Eclesial Pan-amazônica – REPAM-Brasil
  44. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
  45. UFMT-Brasil
  46. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
  47. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR – Brasil
  48. Universidade Federal do Tocantins – Brasil

  1. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/07/Leticia11.pdf
  2. Explotación forestal, minería e industrias extractivas, agua y represas, cultivos ilegales, agroindustria, entre otras causas de origen económico (Global Witness septiembre 2021). Ver enlace web: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  3. Actualmente el Pacto no ha incluido este diagnóstico dentro de su narrativa.
  4. https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
  5. https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  6. El silenciamiento de los y las defensoras nacen de tácticas como “las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización” (Ver Informe setiembre 2021 de Global Witness, p.10)
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Red Muqui, que hace parte de la Red Iglesias y Minería en América Latina, y participó en la IV Asamblea General en Buenos Aires el 20-22 de agosto del presente año, comparte la carta emitida por la Asamblea.

CARTA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA

Queridas comunidades amenazadas, criminalizadas, explotadas y devastadas por el extractivismo minero, que resisten esperanzadas.

Reunidas y reunidos en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de agosto de 2019, sesenta laicos y laicas, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores y pastoras, de 10 países de Nuestra América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú) y Reino Unido; compartimos nuestras voces y la rica experiencia que aquí vivimos en estos días a través de esta sentida carta.

Interiorizamos y asumimos como nuestros los dolores, las alegrías y las esperanzas de sus voces, que con fe e intensa fortaleza enfrentan los impactos, cada día más desastrosos, de las actividades extractivas en sus territorios que matan personas y exterminan la naturaleza.

Comprendemos profundamente las formas y las implicaciones globales de la expansión minera en todo nuestro subcontinente, siendo el cambio climático el síntoma terminal del gran daño de este sistema capitalista, neoliberal y depredador. Nos animamos a intercambiar las múltiples resistencias de nuestros pueblos, enraizadas en sus territorios, alentadas en sus culturas y espiritualidades originarias, tradicionales y cristianas. Decidimos y encaminamos acciones de fortalecimiento de estas luchas, sabiendo que de ellas depende también la sobrevivencia de nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, Pachamama.

Iluminadas e iluminados por la Cruz Maya y las místicas indoafroamericanas que nos invitaron a armonizar los caminos del ser humano con los caminos de Dios y su Creación; que nos invitaron a reconocer las luces y sombras de los diferentes puntos cardinales a los que pertenecemos y a cuya tierra nos debemos, queremos decirles que nuestro corazón comunitario se hizo cruz, y se expandió al Oriente y al Poniente, al Norte y al Sur de esta tierra latinoamericana y toda la tierra que somos y que grita.

Profundamente conmovidas, conmovidos, humanizadas y humanizados por las lágrimas del pueblo de Brumadinho y las de su obispo Don Vicente Ferreira, y habiendo honrado cada uno de los nombres de las 272 personas muertas y 20 desaparecidas, los ríos Córrego do Feijão e Paraopeba y toda su biodiversidad, víctimas del crimen cometido por la empresa minera Vale contra esta comunidad.

Asimismo, habiendo hecho memoria de las más de 60 personas asesinadas, las 218 criminalizadas en los últimos 10 años a causa de conflictos mineros y de todos los pueblos en resistencia de América Latina y el Caribe ante este modelo de crecimiento infinito y capitalismo por despojo de los más vulnerables, nos hicimos silencio, indignación, rabia, lágrima, oración y urgencia.

Animadas y animados por el encuentro con las Madres de Plaza de Mayo y su valiente marcha pública que ilumina las marchas de toda Nuestra Casa Latinoamericana y Caribeña; animadas y animados por el abrazo de la Madre Norita Cortiñas que nos invitó a la paciencia persistente, esperanzada y comprometida con la memoria, la justicia y la vida, nos hicimos sentimiento de admiración por todas las comunidades defensoras de los derechos humanos individuales y colectivos, de la tierra, el ambiente y los bienes comunes de Nuestra América. Nos hicimos pasos para caminar a su lado.

Desde la memoria de los mártires latinoamericanos y caribeños, con dolor, fuerza y dignidad, nos hacemos grito: exigimos el esclarecimiento de los asesinatos y masacres hechos por empresas, con omisión o connivencia de gobiernos, contra habitantes de territorios, defensoras y defensores de la Madre Tierra, y contra la biodiversidad, en los diferentes países de la región, y de manera extremamente urgente en Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Recibimos con indignación la noticia de los incendios criminales en la Amazonía liderados por el gobierno Bolsonaro, atentando de manera directa contra la vida del planeta, dado que la Amazonía es la mayor floresta de cuya transpiración depende el clima planetario, no solamente de Sudamérica.

Exigimos el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas de verdad, justicia y re-dignificación. Exigimos a los gobiernos de los distintos países de la región adoptar las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida de defensoras y defensores que se encuentran amenazados y exhortamos a los pueblos a rescatar las garantías para el funcionamiento pleno de la democracia y el ejercicio de sus derechos.

Las acciones prioritarias que planteamos en este contexto nos conducen a la Incidencia de la Red en empresas, Estados y en las Iglesias, a la promoción de la desinversión en minería del Norte Global, y a la acogida dialogante y el intercambio entre eco espiritualidades y al fortalecimiento de las comunicaciones.

Desde nuestro corazón comunitario hecho cruz y abrazo, en solidaridad con las madres latinoamericanas que consuelan y mantienen la marcha por la justicia y la memoria con toda esperanza; hechos paso urgente y grito certero, queremos ratificar que somos uno-una con Ustedes y nuestra Casa Común.

En celebración amorosa, unidas y unidos en la alegría de quienes sabemos que, desde Cristo Jesús, la Vida vence a la muerte y al dolor, haremos de cada lucha una fiesta: ¡para la vida toda y hasta siempre! ¡Que amanezca!

Buenos Aires, 22 de agosto, 2019
IV Asamblea – Red Iglesias y Minería