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Cajamarca: Archivan proceso penal contra defensores ambientales

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Vía Fedepaz.- Se ordenó el archivo definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra el referido Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos. Todos dirigentes y defensores ambientales, acusados cuando lideraron movilizaciones durante el conflicto socio ambiental Conga.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en el ejercicio de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera Yanacocha SRL había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. Por lo tanto, dicha diligencia de retiro de tranqueras fue pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin acto de violencia alguno y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza, el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana Zegarra, Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad.

La defensa legal de Marco Arana, a cargo de FEDEPAZ, cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó por escrito el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte o la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción de su inocencia, que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín al señalar: “De estos elementos de convicción se ha dejado plasmado que no emerge una imagen ni que se haya dejado sentado en acta que los investigados efectuaran actos perturbatorios a la propiedad de la empresa minera Yanacocha”. Asimismo, agregó que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”.

Igualmente, la misma instancia judicial precisó que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”. Por ello “se tiene que la conducta desplegada por los procesados no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”, que acaba de ser confirmado por Primera Sala penal de Apelaciones de Cajamarca.

En efecto, dicha Sala Penal, bajo la premisa de que “El Fiscal podrá formular acusación … sólo si existen suficientes elementos de convicción de la realidad y certeza del delito, así como la vinculación del implicado en su comisión”; expresa que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su satisfacción por el archivo definitivo de este injusto proceso penal que se inició contra Marco Arana y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar brindando patrocinio legal a los defensores y defensoras del medioambiente, del territorio y de los derechos fundamentales de sus comunidades y que, por dicha defensa, son hostilizados, estigmatizados y criminalizados al ejercer su derecho a la protesta social.

 

Foto: El Comercio

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Corredor minero: Se derramó líquido de apariencia industrial de un camión convoy en Apurimac

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El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que

«El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación»

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Oposición al proyecto Tía María se mantiene en el sur

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Así lo afirmaron organizaciones sociales y ciudadanos en un encuentro donde participó Máxima Acuña, dirigenta social de Cajamarca.

Ante la noticia de que la empresa minera Southern Perú iniciaría operaciones en el Valle del Tambo en el primer trimestre del año, diversas organizaciones de la zona se declararon en alerta y refirmaron su oposición al proyecto Tía María.

Como informaron el Diario La República y El Búho, el fin de semana se realizó el encuentro nacional: «Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida», donde participó Máxima Acuña. La agricultora, y mujer símbolo de la resistencia social al proyecto minero Conga, estuvo en Arequipa para apoyar la resistencia de los comuneros del Valle de Islay.

“Los campesinos queremos vivir tranquilos. Vivir en paz. Que se respeten nuestros derechos. Si no se van, tenemos que defendernos y luchar. La lucha es justa”, declaró para El Búho, Máxima Acuña.

Cabe resaltar que Southern está tratando de ingresar a la zona y trasladó una de sus plantas sin autorización. El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirmó al respecto que que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

Por su parte, en el último estudio que realizó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, se determinó que las lagunas de Mejía y la zona agrícola del valle de Tambo son las zonas de mayor fragilidad, una minería no responsable podría afectar gravemente este ecosistema.

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Un gobierno amarrado: Para las comunidades se cierran las puertas de la PCM y para la corrupción se abren de par en par

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El día de ayer se difundieron varios videos donde se daba a conocer una supuesta compra de congresistas de parte del Bloque de Kenji Fujimori para beneficio del ejecutivo y con el fin de evitar la vacancia presidencial. En uno de los videos de habla sobre el amarre de corrupción y lo “rápido” que pueden salir los proyectos con la venia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este trato “preferencial” contrasta con el que se da a la comunidades o poblaciones cuando solicitan reuniones con el Ejecutivo para atención de emergencias como atención de salud por intoxicación o remediación de pasivos ambientales.

El congresista Bienvenido Ramírez afirma en uno de los videos: “En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, evidenciando de esta forma arreglos internos y acuerdos bajo la mesa para facilitar beneficios personales.

En contraste, en otras situaciones, los ministerios han dado largas a procesos de diálogo, atención en salud, etc. El caso de los afectados por metales tóxicos es un ejemplo. Ante la indiferencia de las autoridades, familias del distrito más afectado por la minería en Cerro de Pasco se encadenaron en las rejas del Ministerio de Salud. Desde el 2012, que se declaró Emergencia ambiental, se venía exigiendo la atención primaria y especializada de las personas, especialmente niños, afectados por metales tóxicos, una clínica de desintoxicación, entre otros, pero cinco años después no había mayores avances.

Otros afectados por metales tóxicos de Espinar, Chiriaco, Junín, San Mateo, Cuninico han solicitado reuniones con ministerios. El 28 de enero pasado estuvieron esperando 3 horas afuera de la oficina del ministro Salinas para poder agendar una reunión, que luego fue reprogramada. Ante esta indiferencia del Estado,  el ingeniero economista y especialista en conflictos sociales, Juan Aste Daffos señala que “al gobierno no le importa lo que digan las comunidades, va querer llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, afimó.

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MINSA crea Comisión para proponer Política Nacional para atención de personas «expuestas» a metales pesados

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Plataforma Nacional de afectados y organizaciones de sociedad civil esperan participar en propuesta
Hoy miércoles 7 de marzo,el MINSA publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 168-2018-MINSA que crea la Comisión Sectorial para elaborar y proponer la Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.
La norma establece qué hay 5 días hábiles para instalar la Comisión luego de la publicación, y luego de ello 60 días hábiles para plantear la propuesta.
Consideramos desde RED MUQUI que es un avance importante el logrado, luego de la incidencia realizada por la recientemente conformada Plataforma Nacional de afectados/as por metales tóxicos que integra 9 regiones que sufren los impactos de contaminación por metales tóxicos, en especial provenientes de las actividades extractivas, y luego de la reciente protesta de los afectados de Cerro de Pasco, que el pasado 1° de marzo se autoconvocaron en el MINSA ante los continuos incumplimientos de acuerdos, y suscribieron un acta en la que el MINSA se comprometió ha proponer ls citadas políticas de salud en 30 días, y no en 60 días como ha ocurrido.
Esperamos que el gobierno cumpla los plazos establecidos, pese a que no fueron los acordados, pero también que incluya en la citada Comisión, no sólo a instancias del Estado, sino a la propia población organizada a nivel nacional en la Plataforma Nacional de afectados en salud por metales tóxicos, y a la Mesa Técnica que acompaña dicho proceso, que tiene propuestas que han sido presentadas al MINSA y a todas las instancia competentes en materia de salud, y que deben ser consideradas en la discusión de la propuesta que trabajarán las entidades del Estado.

RM_ N° 168-2018 MINSA Politica Nacional Atencion Integral Metales by prensamuqui on Scribd

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Lanzan campaña para visibilizar la violencia que sufren las defensoras ambientales

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El 20 de febrero 2018, se inició la campaña Rexistir – Tejiendo Cuerpos Territorios, promovida por la Red Latinoaméricana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales con la colaboración de los socios Enginyeria Sense Fronteres, Grufides y Catapa. La campaña busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y tomadores de decisiones a nivel regional y global, las múltiples y sistemáticas violencias cometidas, con total impunidad, por el sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial, a través de sus proyectos mineros, contra las defensoras  de América Latina, sus comunidades y territorios.

La campaña consiste en material audiovisual alojado en una plataforma web www.rexistir.com y artículos de opinión que retratan las diferentes formas de violencias hacia los territorios y cuerpos de las defensoras en contexto extractivista en América Latina. A partir del 20 de febrero de 2018, podrán descubrir semanalmente en las redes sociales de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensora y Grufides, los testimonios de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales de Latinoamérica que han tenido el coraje de denunciar las estrategias empleadas por las empresas y Estados para vulnerar sus derechos. A partir del 26 de febrero al 01 de marzo 2018, se inicirá una gira europea de incidencia y sensibilización de la campaña en distintos espacios de decisión, educativos y culturales.

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REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

El extractivismo es un modelo económico y político capitalista neoliberal basado en la extracción, usufructo y mercantilización de elementos, cuerpos, ciclos y funciones de la naturaleza. El extractivismo se basa en una cultura patriarcal, ya que existen paralelos culturales, históricos y simbólicos en los patrones de dominio de las mujeres y la naturaleza, por la cual a ambas históricamente han sido sujeto de dominación, control y explotación.

El sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial no puede funcionar si es que al mismo tiempo no mercantiliza, despoja y usufructúa los cuerpos de las mujeres y los tejidos sociales que reproducen la vida.

Las violencias que este sistema ejerce hacia nuestros cuerpos-territorios son múltiples y vulneran los derechos, en particular el de las mujeres que los defienden. El extractivismo conlleva la devastación ambiental y a la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones, violando el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un ambiente sano, además, socava los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Por ello se hace necesario visibilizar estas violencias y denunciarlas públicamente para velar por el cuidado, protección y defensa de nuestros cuerpos-territorios.

PÁGINA DEL PROYECTO: http://www.rexistir.com/

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Saúl Juárez, ex trabajador de Antamina: el cáncer me está quitando la vida

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Primera parte

Saúl Juárez es un ex trabajador minero que denunció la empresa minera Antamina por afectar su salud. A fines del año pasado, pese a las pruebas médicas y las sanciones que tiene la empresa de parte del Estado, una Jueza desestimó la demanda. 

“Todos sabemos que la vida del minero es corta”, dice Saúl resignado.  Ha recibido una mala noticia.

Saúl tenía un trabajo de alto riesgo, operaba en la entrada del Tajo de Antamina en Ancash. En el 2005, cuatro años después de su ingreso a la mina, empezó a decaer, enfermarse por todo, hasta que su cuerpo no resistió más.  En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él.

En el 2011 cuando le dieron la noticia que tenía cáncer, Saúl preparó a su esposa para contarle la verdad. No había vuelta atrás, pero sospechaba que sus problemas y el de otros compañeros estaban relacionados con el trabajo de exposición a arsénico, cadmio, plomo, manganeso, cobre, todos metales tóxicos.  Por eso, decidió hacerse pruebas médicas especializadas y solo mediante un examen especial denominado metalograma se pudo determinar que Saúl tenía hasta 10 tipos de metales tóxicos en su organismo.

pruebas by prensamuqui on Scribd

A la casa de Saúl ha llegado la notificación de la Jueza Rosmery Velásquez Cano, su denuncia contra Antamina ha sido desestimada sin tomarse en cuenta todas las pruebas presentadas. El gigante parece haber ganado y Saúl, no sabe si molestarse o ponerse a llorar. Tiene cáncer, la sala llena de documentos sobre la cantidad de metales pesados que tiene el cuerpo “y el Poder Judicial ha decidido no creer” dice Juárez.

¿Cómo era trabajar en Antamina? Saúl recuerda que tenía esperanza en ascender, en lograr un mejor sueldo para pagar su casa, los estudios de sus niños. Poco a poco, la mina le fue quitando las esperanzas. Ahora, que ha intentado acercarse a la gerencia, solo ha recibido negativas, “Y pensar que les dediqué mi vida”, dice.

Antamina es una de las empresas más grandes del país, de las mayores productoras de cobre. En el 2012 uno de los ductos de propiedad de la empresa se rompió ocasionando que toneladas de relave minero cayeran al río Ancash. OEFA sancionó con S/. 207 200,00 el incumplimiento de instrumentos de prevención por parte de la minera. En una investigación realizada por el portal de investigación y datos Convoca.pe en el 2015, Antamina figura, además, con una deuda de 13 millones de dólares al Estado en multas ambientales.

La minera no solo tiene sanciones por daños ambientales, sino, también, por no asegurar a los trabajadores. Mario Ríos, abogado que está llevando el caso de Juárez, afirma que la jueza no tomó en cuenta para dar su veredicto la multa que SUNAFIL le puso a Antamina hace 5 años por no asegurar a sus trabajadores condiciones adecuadas. Entre las sanciones que se le aplicó figuran: El incumpliendo sobre el registro de enfermedades medico ocupacionales, no hizo un monitoreo adecuado de los agentes químicos, incumplió en la implementación de equipos de protección personal y no informó adecuadamente sobre la seguridad y salud a sus trabajadores.

“Las observaciones de SUNAFIL demuestran que la minera no utilizaba los procedimientos adecuados y por tanto, el Sr. Juárez al estar expuesto a minerales sin la protección necesaria empezó a intoxicarse”, asegura Ríos.

Las condiciones de trabajo en las minas son duras, señala Saúl. Los trabajadores de Antamina están expuestos a polvo de diferentes minerales todo el tiempo. Es tan cotidiano, al punto que muchos de los compañeros de Saúl empezaron a presentar alergias. Pero no hicieron caso. A veces, la temperatura en la sierra norteña era de 32 grados, los trabajadores desprevenidos se quitaban las mascarillas, cuenta Juárez.

Cuando hablamos de arsénico, a Saúl se le escarapela la piel. El cáncer que tiene se llama Linfoma no hodgkin y está directamente relacionado ese metal tóxico, como lo señala la Organización Mundial de la Salud. “Si se realiza, en este momento, pruebas de salud a Juárez es obvio que no se va encontrar metales pesados en sangre u orina, pero las enfermedades que tiene Saúl son por acumulación de arsénico en el organismo”, señala Ricardo Puell, médico que lo atendió.

Ese es uno de los problemas que tiene la justicia peruana para atender adecuadamente casos como los de Saúl donde el problema de salud se presenta después de años de trabajo. “La jueza está pidiendo pruebas de salud, pero no ve el histórico, no hay mecanismos para velar por la salud de un trabajador expuesto a metales tóxicos después de terminado su tiempo de labor”, señala Javier Janhncke, secretario ejecutivo de RED MUQUI.

Durante el proceso tampoco se tomó en cuenta otros exámenes realizados a Juárez. La parte demandada solicito que quien realice los exámenes sea una entidad independiente. Sin embargo, el pedido no fue aceptado y se determinó, por el contrario, que Saúl se estaba negando a colaborar con la Justicia.

Antamina solo ha contestado a Saúl por medio de comunicados, el último, emitido en febrero del 2017, afirma: “que la Compañía Minera Antamina es una empresa responsable, basada en valores humanos, comprometida con sus trabajadores y el desarrollo del país. La difícil situación médica que atravesó nuestro ex colaborador Saúl Juárez, siempre fue tratada con sumo respeto y consideración”. En ese mismo comunicado, Antamina señala que brindó cobertura médica a Juárez hasta el 2016, posteriormente, el ex trabajador afirma que se desentendió y sobre su familia han caído los gastos médicos.

Informe oncológico by prensamuqui on Scribd

¿Qué procede? Saúl ha tenido que reponerse y apelar a la sentencia sin mucha esperanza. Carga con una delicada salud que decae poco a poco. Su labor de defensa de los derechos de los trabajadores fue reconocida en el 2016, cuando el Congreso lo condecoró como Defensor Ambiental y le otorgó un diploma de parte de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El defensor se está muriendo, dice mirando al suelo. Y luego agrega “Pero no podemos permitir que se niegue el daño que Antamina les ha hecho a sus trabajadores. Hay más casos, no soy el único.” Saúl es solo uno de otros tantos que entregaron años de trabajo y cuyas consecuencias de salud se empiezan a sentir en su jubilación.

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Respaldamos el trabajo de las mujeres defensoras del territorio de Espinar en la defensa de sus derechos y denunciamos actos de hostigamiento a sus miembros

 

Diversas organizaciones de mujeres y de organismos de derechos humanos del Cusco, del Perú y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) manifestamos nuestra preocupación por los hechos que viene ocurriendo en la provincia de Espinar; se han iniciado actos de hostigamiento, acoso social y político en contra
de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua, los ataques se han incrementado contra ella en los últimos años, a raíz de los cargos dirigenciales que ha ocupado en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – (FUDIE).

Consideramos altamente preocupante las campañas de desprestigio, estigmatización, difamación y violencia física que se viene dando hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares.Esta lamentable campaña está siendo impulsada por parte de algunos ex dirigentes, trabajadores municipales y comunicadores de determinados programas radiales de la provincia de Espinar, quienes acusan sin pruebas a Elsa Merma de estar asesorada, manipulada y pagada por las ONG’s, incluso hasta de obedecer intereses personales y partidarios, con ello quieren deslegitimar su participación como lideresa en la provincia de Espinar. Todo esto ocurre en una provincia donde existen serias denuncias de corrupción al gobierno local, y cuestionamientos a la gran minería por afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas, entre otros.

Por ello las organizaciones firmantes denunciamos los actos de hostigamiento y acoso social y político que se vienen dando contra la Asociación de Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana de Espinar, en especial contra la defensora Elsa Merma Ccahua; rechazamos la violencia hacia las mujeres que genera y/o exacerba la minería, creando un ambiente hostil donde las defensoras deben realizar su labor con el consecuente riesgo para ellas y sus familias.

Respaldamos y reconocemos el trabajo que desarrolla la Asociación de Defensoras del Territorio y Cultura K’ana y muchas otras mujeres de Espinar para defender sus derechos ante situaciones de injusticia y abuso de poder por parte de autoridades locales de turno y otros grupos de poder económico en la zona; así mismo demandamos a la Justicia Peruana, y las instancias que corresponde, garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres de Espinar, por lo que es indispensable se investiguen los casos denunciados por el FUDIE sobre hechos de corrupción en esa provincia.

Finalmente exhortamos a las organizaciones sociales de base y la población espinarense a reconocer el valioso aporte de las y los defensores de derechos humanos en la provincia de Espinar.

Espinar, 19 de febrero del 2018.

Firman:
– Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) Cusco.
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
– Red Muqui.
– Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).

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Los antecedentes de Southern, la empresa titular del proyecto minero Michiquillay

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La empresa minera Southern Perú acaba de ganar la licitación de uno de los proyectos más importantes del norte, Michiquillay.  La agencia de noticias Andina, informó esta mañana que logró la buena pro tras superar la oferta de la minera Millpo. Sin embargo, la mineria tiene un largo historial social y ambiental.

En Arequipa, dirigentes de Islay como Miguel Meza y Catalina Torocahua afirman que hay oposición de parte de las comunidades al ambicioso proyecto Tía María de Southern. Ellos aseguran que la minera está presionando al Estado y a las comunidades para que se le den los permisos comenzar a operar en la zona, donde en el 2009, mediante una consulta vecinal, la población dijo No al Proyecto Tía María y decidieron apostar con la agricultura y agroindustria.

Al respecto, el Ingeniero economista Juan Aste Daffós escribió en una columna de opinión para Red Muqui que “Que en el caso del proyecto Tía María debe señalarse que la empresa y la consultora nunca han podido responder de manera sustentada las observaciones de UNOPS sobre el alto riesgo del impacto por el polvo que emanará del tajo La Tapada, ubicado a menos de 600 metros del valle de Tambo”. La empresa tampoco ha aclarado cómo será su manejo del agua, de forma que no afecte a los agricultores del valle, cuya economía se mueven en torno a la agroindustria.

Por su parte, en el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Southern Perú por medio millón de soles. El OEFA indicó que la dispersión del material particulado puede causar efectos adversos al ambiente, tal es el caso de la calidad de suelo y agua. “Si tiene contacto con el agua y la atmósfera húmeda es potencial generador de aguas ácidas”, cita el diario La República.

En Moquegua, donde Southern está a cargo del proyecto Quellaveco, hasta el 2015, la empresa tenía 9 multas ambientales que ascendían a 414,282 miles de dólares por diferentes infracciones ambientales entre las que estaban incumplimientos de usos de instrumentos ambientales. Hace poco se dio a conocer que la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando pruebas en el Río Torata, donde las comunidades afirman que hay contaminación minera, atribuida a la minera.

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Dirigentes afirman que “Southern reparte regalos en la zona” para que le permitan ejecutar Tía María

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Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con la población de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la posición de la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria.

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