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A pesar de que ya se ha cumplido el plazo para conformar una mesa técnica y revisar la la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hasta el momento el MIDAGRI, no ha publicado la resolución que oficializa la conformación de la mencionada instancia evaluadora, que por lo tanto tampoco ha podido constituirse.

Los acuerdos se remontan al miércoles pasado, cuando el presidente Pedro Castillo y la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Jenny Ocampo, tomaron importantes acuerdos en reunión con autoridades de la región Arequipa y representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo.

El primer compromiso fue revisar la Resolución N°0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el plazo de una semana, y que de ser necesario “corregir” el acto administrativo que podría afectar el desarrollo de la actividad agrícola en la provincia de Islay. “Tenemos el compromiso inmediato del Presidente y la ministra de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Jenny Ocampo, para atender los reclamos de la población contra la Resolución 624 de la Autoridad Nacional del Agua del Perú  en el plazo de una semana”, afirmó el congresista arequipeño Jaime Quito Sarmiento.

Asimismo, se acordó en dicha reunión, la conformación de una mesa técnica que evalúe la mencionada resolución, que dispone la entrega de 22 millones de metros cúbicos anuales para las operaciones de Quellaveco ubicada en Moquegua. Y que será oficializada mediante una resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú.

Al respecto, los gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP y la Sociedad Nacional Minería, Petroleo y Energía (SNMPE) han emitido varios comunicados señalando que el proyecto minero Quellaveco no pueda estar en cuestión y que el gobierno peruano debe garantizar su implementación, restando valor a las protestas del Valle de Tambo. En sus comunicados, los gremios mineros también se han mostrado contrarios a que la Autoridad Nacional de Agua (ANA) haga alguna revisión a los permisos de uso de agua otorgados a la empresa minera. Por el momento y a iniciativa propia las autoridades y representantes de los agricultores de la provincia de Islay, se reunieron ayer en la ciudad de Mollendo, para designar a sus representantes ante la esperada instalación de la referida mesa de trabajo.

La semana pasada el director de la Autoridad Local del Agua Caplina-Ocoña, Ronald Fernández expresó que: “la mesa técnica va a evaluar las condiciones técnicas y legales de la resolución. Tendrá un plan de trabajo que como segundo punto verá la posibilidad de suspender o no la resolución”. Los resultados serían evaluados por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.

Se estableció además, que en dicho espacio de trabajo, participarán autoridades de la región Arequipa, autoridades de la provincia de Islay (alcalde provincial y alcaldes distritales), representantes de las juntas de usuarios del Valle de Tambo, y autoridades del gobierno central. También se tratará el problema del déficit hídrico en el Valle de Tambo. 

José Luis Hancco Mamani, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), indicó que la ministra Ocampo se comprometió a que en un plazo de entre 7 a 10 días haya un pronunciamiento de la mesa técnica. 

Finalmente, el Presidente Pedro Castillo confirmó visitar el Valle de Tambo, para tratar problemas como la contaminación hídrica y estrategias para impulsar la agricultura.

APELACIONES A LA RESOLUCIÓN  624 EN STAND BY

El Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, tendrá que evaluar en un lapso de 30 días las apelaciones presentadas a la resolución de la ANA. Sin embargo, hasta el momento dicha instancia no registra avances, dado que este órgano recién evaluará la resolución después de la designación de un integrante faltante.

En Asamblea General Extraordinaria realizada el pasado 21 de septiembre en Cocachacra los agricultores de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo acordaron desplazarse masivamente a Lima, para exigirle al presidente Castilllo la inmediata anulación de la Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Disposición del pasado 25 de agosto, por la cual la Autoridad Nacional del Agua entrega derechos por 22 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American. 

Acuerdo que tendrá que ser refrendado en otra Asamblea General donde participen autoridades de la provincia de Islay, todas las juntas de usuarios del Valle de Tambo, organizaciones sociales y sindicales y pueblo en general. Ha trascendido que esta importante reunión se convocaría la próxima semana, reunión en la que se fijará la fecha exacta del viaje a Lima, la cantidad de personas que viajarán y las cuestiones de logística que demanda un viaje de esta naturaleza.

Los cientos de agricultores que participaron de esta asamblea extraordinaria coincidieron que el viaje a Lima es sumamente importante, porque será la oportunidad para presionar y exigir al gobierno central la inmediata anulación de la controvertida resolución 624. Allí también se informó que la Junta de Usuarios del Valle de Tambo presentó una apelación ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA, para exigir la anulación de la licencia de agua que otorgó esta institución a Quellaveco.

El pasado lunes, en tanto, en reunión de autoridades municipales, presidentes de las 3 juntas de usuarios del Valle de Tambo y dirigentes de organizaciones sociales y sindicales; se planteó la necesidad de presentar una medida cautelar para impedir que Quellaveco inicie sus operaciones. La urgencia de tal medida surge por el anuncio de la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, de haber otorgado autorización a Quellaveco para su operación comercial. Por otra parte, durante este miércoles se están reuniendo congresistas, consejeros del gobierno regional de Arequipa y  autoridades y representantes de las Juntas de usuarios del Valle de Tambo, para coordinar la presentación de este recurso legal y otras acciones como el viaje a Lima.

Finalmente, la gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, solicitó la presencia e intervención del presidente de la República, Pedro Castillo, para solucionar este problema. Además declaró que apoyará el pedido de autoridades y organizaciones de agricultores del Valle de Tambo, de solicitar la nulidad de la mencionada resolución.

El pasado 25 de agosto del presente año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña emitió la controvertida Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Este documento dispone entregar 22 millones de metros cúbicos de agua (MMC) de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American, ubicado en la región de Moquegua. Los habitantes del Valle de Tambo y la provincia de Islay, nunca fueron consultados y en su amplia mayoría no están de acuerdo con esta sustracción del recurso hídrico.

Esta decisión de la ANA ha generado una inmediata respuesta por parte de los agricultores y pobladores del Valle de Tambo, de tal manera, que más allá de la acción legal, se vienen implementando una serie de protestas exigiendo la inmediata anulación de la citada resolución. Para el domingo 4 de setiembre la población se auto convocó en una asamblea popular en la histórica plaza San Francisco del distrito de Cocachacra acordando la realización de un paro de 72 desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de setiembre, exigiendo la presencia de congresistas por Arequipa en el lugar y del ministro de agricultura. Ante la nula respuesta de las autoridades, los agricultores y pobladores del Valle de Tambo decidieron iniciar desde el martes 13 de setiembre la huelga indefinida que se han desarrollado activamente hasta el viernes 16 con bloqueos, cerrando el paso de la vía en el sector de La Curva y El Boquerón. Todo indica que la protesta tomará más fuerza a medida que pasan los días ante la indiferencia por parte del gobierno. Se esperaba con expectativa la llegada del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) Andrés Alencastre, algo que fue frustrado con la renuncia del ministro.

El viernes 16 de setiembre, los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, junto con los presidentes de las juntas de usuarios de los mismos distritos y las organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Islay, suscribieron un memorial dirigido al presidente de la república Pedro Castillo. En el documento le exigen la inmediata atención a su demanda y advertirle que si no atiende su pedido será responsable de las consecuencias que vaya a traer este nuevo conflicto.

Para este miércoles 21 de setiembre en la tarde cientos de agricultores están convocados para hacer una evaluación de la acción legal implementada y sobre las acciones sociales que concretarán para hacer escuchar su voz.

Los presidentes de las Juntas de Usuarios: Valle de Tambo-Cocachacra, Punta de Bombón y de la Irrigación Ensenada Mejía Mollendo, en tanto, emitieron un pronunciamiento de rechazo de la referida resolución, que consideran un proceso viciado. Los representantes de los agricultores manifiestan no haber sido escuchados desde el año 2018, cuando manifestaron, ante la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña (AAA), su desacuerdo y rechazo a la pretensión de la empresa Anglo Américan Quellaveco. Sin embargo, la mencionada autoridad, continuó otorgando derechos, de diferentes caudales y diferentes lugares, a lo largo del tiempo.

Por otro lado, tras una reunión con autoridades y dirigentes de la provincia de Islay el miércoles pasado, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez se comprometió a conformar un equipo técnico para evaluar las medidas legales para dejar sin efecto la mencionada resolución directoral del ANA. El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, por su parte, informó que gestiona una reunión con el presidente Pedro Castillo, para realizar una presión política ante la disposición de la Autoridad del Agua.

Latinoamérica se ha dado el lujo de vivir de sus recursos naturales, pero el modelo tiene consecuencias sociales y medioambientales, y no resiste eternamente.

La base de la economía de buena parte de los países latinoamericanos son sus generosos recursos de la minería, la agricultura, el sector forestal o la pesca, y los importantes ingresos por sus exportaciones, pero el modelo de desarrollo extractivista está teniendo graves consecuencias sociales y medioambientales en algunos casos irreversibles. Considerando que la pandemia desnudó mas las falencias del actual modelo, se realizó el foro “Alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos”, el jueves 30 de setiembre, en el cual especialistas precisaron los problemas del actual modelo.

En el foro organizado por la Red Muqui,  Carlos Portugal, consultor de la Red, resaltó que se ha demostrado que es inviable el crecimiento infinito con el modelo actual. Reconoció que la pandemia por el Covid-19 puso sobre el tapete la discusión sobre modelo de desarrollo sostenible.

Como medida para dejar de lado el modelo extractivista, Portugal recomendó “el financiamiento a los gobiernos locales de zonas mineras para proyectos de desarrollo a nivel comunal y local con la implementación de ordenamiento territorial participativo y elaboración de planes de vida que contengan la visión territorial y las opciones productivas”.

En el libro “Alternativas al desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia”, publicación de la red Muqui en la que Portugal colaboró, se indica que los ejes de un desarrollo alternativo son: la construcción de economías y sociedades post extractivistas, desarrollar la soberanía alimentaria y promoción de la agricultura familiar, reactivación desde los territorios y priorizando la actividad agropecuaria y agroindustria. Por último, implementar una cultura de nueva relación con la naturaleza en base al Buen Vivir, donde la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos es fundamental para el desarrollo de los pueblos.

Cabeceras de cuenca

En las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, son ecosistemas de gran valor y   generalmente se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales, aguas subterráneas y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica.

Actualmente la implementación del marco metodológico de las cabeceras de cuenca que está elaborando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe responder a un proceso participativo y de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico. Además, se necesita trabajar en la actualización completa de la información de las cabeceras de cuenca desde lo social, ambiental, económico y cultural para identificar, delimitar y zonificar con planes de ordenamiento territorial y planes de vida.

Para Andrés Alencastre, Coordinador Nacional de Agua – C, es necesario comprender el ciclo del agua desde su dinámica en las cuencas y microcuencas. De esa manera, se construye el concepto y el enfoque territorial.

Al respecto, Ruth Preciado, especialista en gestión de recursos hídricos, resaltó que en las cabeceras de cuencas no deben realizarse actividades que impacten en el ecosistema de cuenca, y se debería asegurar la continuidad del agua en su ciclo natural.

La especialista advirtió que las autoridades hacen una valoración sesgada de las cabeceras quedándose solo con lo técnico e hidrológico. “Encasilla la cabeza de cuenca en lo que más conviene para ciertos intereses, pero en realidad la cabecera de cuenca tiene una valoración social, ambiental, en salud, adaptación al cambio climático, pobreza, calidad de agua y derechos de uso de agua”, precisó Preciado.

En esa línea, Ana Leyva, especialista de CooperAcción consideró que “falta información sobre los recursos hídricos que tenemos como país, solo hay estimaciones. No hay un balance real, sino vacíos y sin información, nos sacan la vuelta. Hace años no avanzamos, hace años no invertimos en información».

Ante esta problemática, el libro “Alternativas al desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia”, propone fortalecer las capacidades de los municipios y comunidades de zonas mineras para la vigilancia ambiental y social. Además de la aprobación de la ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Durante su participación en el foro, Alberto Acosta Espinoza, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, advirtió que los gobiernos de los distintos países de la región tratan de recuperarse del impacto de la pandemia por el Covid-19 apostando por mas extractivismo y explotación de los recursos naturales.

“¿Qué futuro tiene seguir exportando petróleo? Se conoce que el 60% de las reservas de petróleo existente deben quedarse en el subsuelo, el 89% de las reservas de carbón no pueden ser explotadas, el 59% de reservas de gas no pueden ser explotadas si no queremos que la temperatura de la tierra crezca en 1.5 grados o 2 grados sino queremos una hecatombe. En ese sentido, no podemos seguir forzando el crecimiento económico no sostenible”, comentó Acosta.

Por su parte, Mary Luzmila Marroquín León, presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada, Mejia y Mollendo (valle de Tambo- Arequipa), recordó que durante la pandemia fueron los agricultores que proveían de alimentos al país. Y pese al esfuerzo que hicieron lamenta que las autoridades siguen minimizando a la agricultura familiar.

“Defendemos el agua para la agricultura con sangre, sudor y lágrimas. En la pandemia no les faltó alimento porque el campo los proveía. A ningún agricultor le llegó el dinero estatal, a nadie le dijeron toma capital para que siembres”, subrayó.

 

 

Puedes leer el estudio «Alternativas al Desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia» aquí ➡️ LINK

Puedes ver las dos mesas del foro «Alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos» aquí:

▶️ Mesa 1: Alternativas al Desarrollo

▶️ Mesa 2: Protección de recursos hídricos

 

Por: Bladimir Martínez – Equipo técnico de DHUMA-Puno

La contaminación de la cuenca del río Coata es una problemática socio-ambiental que involucra al gobierno, Empresas Prestadoras de Servicios, industrias como la minería y otras, residuos sólidos, entre otros. Esta problemática se encuentra estrechamente relacionada a la del Lago Titicaca.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA). Quienes muestran resultados alarmantes de los monitoreos de agua, evidenciando que los valores encontrados superan los Límites Máximos Permisibles (LMP)[1]y[2] y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua[3] en parámetros como el boro, hierro, manganeso, sodio, arsénico, plomo, coliformes termotolerantes Escherichia Coli,  bicarbonatos, cloruros,  aceites y grasas[4].

La ANA (2019), evidenció que las fuentes de contaminación provendrían de 21 vertimientos (8 municipales, 4 industriales, 7 botaderos de residuos sólidos y 3 descargas in situ). Los parámetros que sobrepasan los valores establecidos en el ECA agua categoría 4 son: oxígeno disuelto, pH, Conductividad Eléctrica, Fósforo Total, Nitrógeno, Mercurio, Plomo total, y Zinc total en 19 puntos de monitoreo ubicados en la cuenca Coata, que tiene una superficie de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales el 70.49% vive en el área urbana y 29.51% en el área rural; y las principales actividades económicas son la pecuaria y agrícola[5].

La evidencia de exposición de personas a metales tóxicos en la cuenca del río Coata se da luego de los análisis de sangre y orina realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud (CENSOPAS) cuyos resultados fueron que 34 personas presentan niveles de arsénico en sangre y orina, y 2 arsénico y mercurio, dentro de los cuales se encuentran niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad[6]. Además, en un segundo estudio llevado a cabo en enero del 2021, se muestra que 223 personas habrían superado las concentraciones de arsénico en orina.

Como consecuencia de las concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan los LMP en pozos de agua para consumo humano, se declaró en reiteradas ocasiones el Estado de Emergencia por Peligro Inminente, ante contaminación de agua para consumo humano, los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca desde el 2019[7]. El INDECI (2021) considera a estos distritos como de Muy Alto Riesgo; sin embargo, a pesar de que no existen mecanismos claros para la reducción de la categoría de Muy Alto Riesgo, se ha concluido la prórroga de la Declaratoria de Estados de Emergencia en los cuatro distritos.[8]

Como consecuencia de lo anterior, pobladores de los distritos afectados protestaron pacíficamente durante el noviembre y diciembre del 2020, solicitando la atención integral de salud, y el cese definitivo de las fuentes contaminantes, razón por la cual los pliegos de ministerios correspondientes se constituyeron en Puno el 15 de diciembre y firmaron un acta con 12 acuerdos, encontrándose dentro de estos la conformación de la mesa de diálogo denominada “Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata , a favor de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto”, cuyo objeto es concertar y elaborar un Plan de Acción Integral conducente a desarrollar labores de articulación orientadas a atender la problemática de la cuenca del río Coata, cuyo periodo de vigencia culmina el 15 de julio del 2021[9].

Sin embargo, ante el aparente retraso en el cumplimiento de acuerdos y compromisos por parte del pliego de ministerios, Gobierno Regional de Puno, y la Municipalidad Provincial de San Román, se anunció una movilización social para el 15 de junio. Cabe señalar que, es preocupante la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa, esto último a pesar de que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[10] solicitó acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata.

En conclusión, si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación se da luego de cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas. Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, lo que indicaría que la población expuesta podría superar los 50,000 habitantes que solo viven en la parte baja. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Por último, a pesar de que no se tienen claros los mecanismos para la reducción del Muy Alto Riesgo existente, las declaratorias de estado de emergencia se dejaron de emitir. Y el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente, y la garantía que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, aún es un tema que requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Informe N° 027-2018-DSB/DESA/DIRESA/GR-PUNO

[2] Informe N°244-2015-OEFA/DE-SDCA

[3] Límites Máximos Permisibles, D.S N° 031-2010 – SA y Estándares de Calidad Ambiental para agua D.S. N° 015-2015-MINAM

[4] Informe técnico N° 172 – 2015 – ANA -AAA.TIT-SDGCRH

[5] Informe Técnico N° 055-2019-ANA-AAA.TIT-AT/RWAA. Resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua superficial en la Unidad Hidrográfica Coata (23 al 30 de septiembre del 2019).

[6] Informe de Resultados N° 585G-2020-CENSOPAS

[7] DS N° 081-2020-PCM, DS N° 204-2019-PCM, DS N° 153-2019-PCM y DS N° 123-2019-PCM

[8] Reporte de Peligro Inminente N° 106 – 02/05/2021/ COEN – INDECI/22:55 HORAS (Reporte N° 34)

[9] Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 002 – 2021-PCM/SGSD. Lima, 19 de febrero del 2021.

[10] Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la situación de criminalización del Sr. Félix Suasaca Suasaca y el Sr. Claudio García Choqueluque, ambos miembros de frentes de defensa en contra de la contaminación. PER 003 / 1120 / OBS 129 del 20 de noviembre del 2020.

Artículo de Rodrigo Lauracio – Área de Incidencia Político Legal de Red Muqui

A propósito de la discusión del pre dictamen del proyecto de ley N° 389 /2016-CR

Durante las últimas semanas se ha producido un arduo debate en torno reconocimiento legal del monitoreo y vigilancia ambiental indígena y ciudadana, que se vienen desarrollando desde hace ya un tiempo en diversas zonas del país, especialmente en aquellos territorios que tienen presencia de actividad extractiva (minería, petróleo, gas). Esta es una labor que realizan diversas comunidades campesinas, organizaciones sociales y rondas campesinas a través de la toma de muestras biológicas o fisicoquímicas en los diferentes cuerpos agua, con la finalidad de determinar si están siendo contaminadas.

A la par en el contexto de la pandemia se han registrado en varias regiones denuncias de contaminación del agua en cuencas y ríos cercanos a proyectos mineros, lo que ha evidenciado que el rol fiscalizador de OEFA o ANA han sido insuficientes en este tiempo, siendo las mismas comunidades y algunos comités de vigilancia quienes han denunciado estos hechos.

Al respecto desde hace algunos años atrás se viene planteando desde el Congreso de la Republica el reconocimiento legal de esta labor de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria, y que fue recogida y propuesta en los proyectos de ley 336/2016[1] y 389[2]/2016-CR, y que a la fecha se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. En las últimas semanas el debate de este estos proyectos de ley ha generado diversas posiciones, como las del sector estatal (MINAM, OEFA, MINAGRI, ANA) y privado (empresarial), quienes sostienen la improcedencia del reconocimiento legal; en esencia debido a que, actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo de los organismos competentes (OEFA, ANA) y emitir esta ley implicaría duplicar esa función[3].

En las siguientes líneas esbozaremos algunas consideraciones para sostener que el reconocimiento legal del monitoreo y vigilancia ambiental indígena y ciudadana es la materialización de derechos individuales o colectivos; y que, las propuestas de proyecto de ley no buscan duplicar competencias, sino fortalecer el sistema de gestión ambiental a través de la participación y fiscalización ciudadana de forma activa.

En principio es importante tener presente que monitoreo y vigilancia ambiental indígena y ciudadana, implica el ejercicio del derecho constitucional a la participación.  El Artículo 31° de la Constitución Política reconoce que “[…] los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos […]”, y esta participación se puede ejercer de forma individual y colectiva, como lo dispone el inciso 17 del Artículo 2° de la Constitución: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. […]”.

Como se desprende, la participación “implica involucrarse de manera activa y consciente en la labor de garantizar la plena vigencia y protección de los derechos humanos y la vida en democracia”. El medio ambiente, como un interés colectivo (interés difuso) y como derecho fundamental, reconocido en el inciso 22 del artículo 2° de la Constitución[4], implica no solo una obligación del Estado de garantizarlo, sino una obligación de protección y cuidado de todas las personas. Tal como lo dispone el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente (LGA), las personas tienen el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente.

Entonces, el derecho fundamental al medio ambiente tiene una estrecha vinculación con el derecho a la participación. Es por esta razón que el artículo III del Título Preliminar y el Artículo 47° de la LGA establecen que toda persona (se de forma individual o colectiva) tiene el derecho – deber de participar responsablemente en los procesos de fiscalización ambiental; y la LGA “dispone que son las autoridades públicas quienes deben implementar mecanismos para facilitar la efectiva participación ciudadana en la protección ambiental y promover su uso por las personas naturales o jurídicas interesadas o involucradas en un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control”.

En ese sentido, la LGA en el artículo 134 ha regulado diversos mecanismos de participación ciudadana, desde la participación como observadores hasta posibilidad de presentar reportes de monitoreo de parte.

“Artículo 134.- De la vigilancia ciudadana

     134.1 Las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio de la vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a infracciones a la normativa ambiental.

     134.2 La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes:

  1. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación.
  2. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo ambiental.
  3. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones.

     134.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como resultado de la participación ciudadana pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad ambiental local, regional o nacional, para el efecto de su registro y denuncia correspondiente. Si la autoridad decidiera que la denuncia no es procedente ello debe ser notificado, con expresión de causa, a quien proporciona la información, quedando a salvo su derecho de recurrir a otras instancias”.

Entonces el reconocimiento de las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental (OVMA) como organizaciones que desarrollan actividades de monitoreo ambiental, no implica reconocer labores que alteren el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA); sino, estas ya se encuentran la Ley General del Ambiente, solo que esta no ha sido desarrollada de forma idónea para garantizar el ejercicio de los derechos a la participación y al medio ambiente de organizaciones como los pueblos indígenas. Cuando esta labor es ejercida por organizaciones indígenas también implica el ejercicio del derecho al territorio y autonomía, manifestado en el control territorial, reconocidos en los articulo 88 y 89 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, con el reconocimiento de esta labor de vigilancia y monitoreo ambiental no se busca suplir la labor de monitoreo, fiscalización y sanción ambiental que le corresponde a organismos como OEFA y ANA; sino busca que, los reportes de los OVMA sean de naturaleza preventiva y se pueda dotar de información a dichos organismo estatal para mejorar el cumplimiento de su labor y competencia. Demás esta decir que en este contexto de la pandemia esto si generaria una real participación de las poblaciones afectadas y sobre todo que son ellos quien realizan un cuidado y vigilancia de las aguas, la flora y fauna en los territorios.

 

[1] http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021

[2] http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021

[3] Esencialmente se sostiene que la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental ya se encuentran reguladas en REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACCIONES DE MONITOREO AMBIENTAL A CARGO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA aprobado por la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 032-2014-OEFA/CD y modificado por la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 003 -2016-0EFA/CD. Pero debemos anotar que, esta norma solo permite la participación ciudadana como observadores de los procesos de monitoreo, no permitiendo así presentar reportes de parte de monitoreo fisicoquímicos o biológicos.

[4] “[…] toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”

Más de 7 mil pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Candarave: Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave; llegaron a la capital de la región Tacna en marcha de sacrificio, para exigir que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anule las licencias de uso de agua a Southern; empresa que viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Esta es la segunda movilización, pero ya no en la provincia de Candarave, como lo fue el 1 de julio; sino en la capital de Tacna.

La movilización fue encabezada el Presidente de la Junta de Usuarios de los Recursos Hídricos de Candarave, Abdy Chambilla Joaquín, quién señaló que exigen la devolución del recurso hídrico. “La parte alta de los nacientes del río Callazas están secos, no hay vegetación y ya no hay laguna de vizcachas”. Agregó: “el problema es que el gobierno saca resoluciones sobre el recurso hídrico otorgándole el recurso a la empresa Southern sin consultar a la población”. También encabezaron la movilización el alcalde provincial de Candarave, Rodolfo Nina, y los alcaldes distritales.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

En la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Gobernador regional se compromete

La movilización se dirigió a la sede del gobierno regional para exigirle al presidente regional, Juan Tonconi, que se sume a la protesta y gestione la llegada del presidente Vizcarra a la provincia de Candarave. Al llegar la movilización a la sede del gobierno regional, el gobernador dio unas palabras comprometiéndose con la población: “nosotros somos del pueblo, nos debemos al pueblo. Por eso hoy más que nunca ratifico mi posición respaldando a cada uno de ustedes. El Pueblo de Candarave exige justicia hídrica y nosotros respaldamos ello. Coordinando con el alcalde provincial y los alcaldes distritales vamos a exigir al gobierno central para que haga una revisión de la licencia de uso de agua de la empresa minera Southern”.

Agregó que de ser posible viajaría hoy mismo a Lima para gestionar la reunión, y señaló que el problema con Southern ya ha traspasado regiones, haciendo alusión al conflicto en Islay por el proyecto Tía María. “Nosotros no debemos aceptar represión, no queremos autoritarismo, ni imposiciones. Tengan plena confianza que tienen un hermano más que no los va a abandonar. Los vamos a respaldar en su lucha”, finalizó.

Antecedentes de Souhern en Candarave

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta a la empresa minera para que otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron reiniciar la protesta.

TRAS MODIFICACIÓN PROMULGADA

  • Intangibilidad debería estar vinculada con Ordenamiento Territorial
  • Con aprobación de esta modificatoria se pone en cuestión necesidad de un inventario hídrico oficial

Las cabeceras de cuenca ya son reconocidas como zonas “ambientalmente vulnerables” y muchas de ellas podrán ser declaradas por la Autoridad Nacional de Agua (ANA) como “intangibles”, a fin de que evitar sufran contaminación por parte de las actividades extractivas.

Después haber sido aprobado por el pleno del Congreso, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 30640 que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos (N°29338) e incorpora que se establezcan criterios técnicos para identificar y delimitar a las cabeceras de cuenca. De esta manera, la ANA podrá evaluar la vulnerabilidad y luego implementar medidas para la protección y conservación de las mismas.

A esto se suma, que la ANA -con opinión del Ministerio del Ambiente (MINAM)- puede declarar como “zonas intangibles” a aquellas cabeceras de cuenca que no se otorguen para ningún derecho de uso, disposición o vertimiento de agua.

Con esta modificación, parte del artículo 75, que trata sobre la protección del Agua, indica literalmente que “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”.

Tras la publicación de esta modificatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la ANA deberá elaborar un Marco Metodológico para contar con los criterios técnicos que requiere la ley.

En ese sentido, RED MUQUI recomendó que, al momento de plantear dichos criterios, la ANA considere los procesos de Ordenamiento Territorial, así como lo de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) que ya existen –o están curso- en aquellas localidades donde se pretende conservar las nacientes de ríos. Precisamente, porque ya pueden estar identificadas las fuentes de agua que se necesitan declarar intangibles.

Inventario hídrico incompleto

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que actualmente los derechos de uso del agua, se otorgan en base a inventarios hídricos que presentan los solicitantes (empresas), debido a que el Estado no cuenta con inventario oficial -y completo- sobre las fuentes de agua en el Perú, especialmente de zonas naturales alejadas donde habitan comunidades campesinas y nativas.

Es así que no se puede determinar la verdadera disponibilidad de agua, ni establecer los niveles de protección que requieren las zonas que captan los recursos hídricos.

“Cada vez que una empresa minera -en este caso- solicita autorización, tiene que demostrar a la ANA cuántas fuentes existen en la zona y si hay disponibilidad de agua. Muchas veces, este organismo no tiene como comparar esta información con una de carácter oficial. Entonces solo debe fiarse de los solicitantes de uso”, puntualizó.

A ello se suma que puede haber varios solicitantes en las zonas de agua, para destinarla a otras actividades económicas, además del consumo humano y las actividades sostenibles y propias de la población local, que debe tener prioridad sobre su uso.

Además, RED MUQUI remarcó que, en sus criterios técnicos para intangibilidad (no uso), la ANA también debe considerar a las aguas subterráneas de las cuencas a conservar. Para ello, esta entidad no debe dejar de lado la participación de la población local, sobre todo de aquellos usuarios que habitan en las zonas donde se ubican las cabeceras de cuenca.

DATOS:

  • Hay que recordar que este proyecto tuvo su origen en el año 2012, tras la gran Marcha por el Agua que convocó a cientos de pobladores que marcharon desde Cajamarca y recorrieron unos 870 kilómetros hasta Lima.
  • Desde todo el Perú se fueron sumando personas, así como sus respectivas demandas e iniciativas de ley, las cuales fueron expuestas y recopiladas en un Foro Hídrico, que se llevó a cabo al término de la movilización.
  • El pedido en común fue que no se permitan actividades extractivas cerca de las cuencas de los ríos. Fue así que hace 5 años, Red Muqui apoyó con la redacción inicial de la primera propuesta para llegar a esta Ley.
  • La iniciativa de esta ley fue presentada el año pasado por el congresista Marco Arana Zegarra, en la presente legislatura 2016-2021 del Congreso

Foto: Turismoi

TRAS VOTACIÓN DE PREDICTAMEN

  • Este 7 de marzo la votación del predictamen está en agenda

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología podría aprobar el predictamen del Proyecto de Ley (N°283/2016-CR) que propone identificar y delimitar de algunas cabeceras de cuenca para su protección.

En sesiones anteriores, esta iniciativa legislativa del congresista Marco Arana estuvo en debate y recibió algunos aportes. Luego, la comisión recomendó un texto sustitutorio en el que se especifique sobre la necesidad de establecer criterios técnicos por parte del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“Se recomienda la aprobación del proyecto de ley 283/2016-CR (EL PROYECTO LEGISLATIVO), con texto sustitutorio bajo el título: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación”, indica el documento del predictamen.

Como parte del texto sustitutorio, la comisión recomendó que dentro del plazo de trescientos sesenticinco (365) días, que se contarían a partir de la vigencia de la presente Ley, la ANA podrá determinar qué lugares, donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica, podrían ser identificados para su conservación y protección.

En ese sentido, la comisión señala que se debe elaborar y aprobar la guía metodológica para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, así como la cartografía correspondiente, para las tres grandes agrupaciones de cuencas hidrográficas de las vertientes del Pacífico, Atlántico y del Lago Titicaca.

Entre otros aportes técnicos al proyecto de Arana, se recomienda que se cuente con el reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuencas, y las normas infralegales para la implementación de la ley propuesta.

Asimismo, aprobar medidas de control y sanción por el incumplimiento de lo estipulado en esta norma.

Lado económico

Otras recomendaciones para aprobar esta ley de protección de nacientes de ríos, es que se establecezcan nuevas fórmulas de tarifas de agua para determinar el valor de las retribuciones de agua, y vertimientos en las cabeceras de cuenca, para garantizar su sostenibilidad económica, hídrica y de servicios ecosistémicos.

Para ello, la comisión indica que se podrá conformar comisiones técnicas o grupos de trabajo con participación de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, especializados en la gestión de los recursos hídricos.

Otra cuestión económica en torno a esta propuesta de ley, es que el Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con el MINAGRI, debe implementar mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, que permitan obtener recursos económicos para la conservación y protección de las cabeceras de cuenca.

¿Y las comunidades?

En el documento del predictamen, la Comisión de Pueblos consideró a las comunidades campesinas y nativas ubicadas en los alrededores de una cabecera de cuenca, y que podrían ser afectadas por actividades productivas o extractivas que a desarrollarse en el lugar.

Es decir, en la norma de protección de cuencas se deberá respetar y seguir lo dispuesto en la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En la norma también se incluiría a aquellas personas naturales o jurídicas, que poseen los derechos adquiridos con anterioridad a la aprobación de los criterios técnicos antes referidos.

Fuente: Comisión de Pueblos del Congreso

Foto: Travelchannel.com

EN COMISIÓN DE PUEBLOS DEL CONGRESO

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología decidió por unanimidad, postergar la votación del predictamen del Proyecto de Ley (N°283/2016-CR) que propone identificar y delimitar de algunas cabeceras de cuenca para su protección.

Tras un nuevo debate en el grupo de trabajo, se decidieron hacer nuevas correcciones y considerar otros aportes.

Previo a la discusión del predictamen, la presidenta de la comisión, María Elena Foronda, aseguró que la ANA opina que esta Ley de protección de cabeceras de cuenca no contraviene en lo absoluto a la Ley de Recursos Hídricos.

“Desde el año 2009, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya había propuesto que en la Ley de Recursos Hídricos (Ley N°29338) que se establezcan los criterios legales para una mejor gestión de las cuencas”, recordó.

En ese sentido, el asesor de la comisión de Pueblos, Efraín Arana, agregó ante la comisión, la ANA reconoció no haber declarado la intangibilidad de ninguna cuenca desde el 2009.

“Tampoco han delimitado o identificado cabeceras de cuenca hasta la fecha. Es un pendiente entonces porque muchas de las cuencas dan inicio a grandes redes hidrográficas que abastecen buen porcentaje de ciudades”, indicó.

Entre otras opiniones favorables al proyecto de ley, Foronda mencionó al Ministerio del Ambiente (MINAM) y al Programa de Adaptación al Cambio Climático (PAC Perú). Mientras que, desde la PCM se recomendó que el texto sustitutorio recoja la prevención de conflictos sociales.

Debate en comisión

El congresista Marco Arana, autor de la iniciativa, resaltó que este proyecto recoge lo que ya está planteado la Ley general de Ambiente, la Ley de Recursos hídricos, en las cuales se reconocen a las cabeceras de cuenca como zonas productoras de agua.

Asimismo, Arana Zegarra descartó que la iniciativa pueda inhibir o perjudicar a las actividades económicas en las zonas productoras de agua.

“Lo que se plantea es que existan estas actividades, acorde con la sostenibilidad y resiliencia de los ecosistemas hídricos. Se trata de armonizar las actividades económicas que puedan beneficiar al país”, señaló.

Reacciones

Freddy Sarmiento de la bancada de Fuerza Popular consideró necesario que es importante que se declaren intangibles algunas zonas de cabeceras y sus ecosistemas, sin embargo, insistió en que ello debe partir desde la ANA y el MINAM, que ya poseen un marco legal.

Tras saludar la iniciativa, la congresista Tania Pariona de la bancada del Frente Amplio, dijo que es una necesidad nacional que las cabeceras de cuenca tengan una ley que las identifique y determine en qué situación están.

“En la parte andina se “cría” el agua, y en armonía con la comunidad. Solo así se garantiza la siembre y cosecha de agua. Esta ley pudiera permitir trabajando de a pocos, en un proceso de Ordenamiento Territorial, primero con la zonificación económica ecológica (ZEE)”, manifestó.

A su turno, Carlos Tubino de la bancada de Fuerza Popular, se refirió al artículo 4 y a la consulta previa que debería ser aplicada a aquellas comunidades que se encuentran en zonas de cabeceras de cuenca. Para Tubino, el proyecto de ley no puede tomar como referencia al Convenio 169, ni a la propia Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), ya que no se habla de pueblos indígenas, sino de comunidades campesinas y nativas, términos que no están contemplados en esa normativa.

Ante ello, Pariona precisó que no se debe prescindir del Convenio 169 ya que tiene carácter constitucional para el Perú. “En el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa se menciona literalmente que las comunidades campesinas (o andinas) y las comunidades nativas (o pueblos amazónicos) pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios. Las denominaciones no alteran la naturaleza de sus derechos colectivos”, argumentó.

Al cerrar su participación, Pariona sugirió agregar la participación a los pueblos indígenas y a sus organizaciones representativas (de tipo local y regional), en la comisión multisectorial presidida por ANA y MINAM, que propone el proyecto.

A esta propuesta se sumó el vicepresidente la comisión, el congresista Wilmer Aguilar, quien solicitó que se incluya la participación de los gobiernos municipales y regionales al ser encargados de la ZEE que puede ayudar por los datos territoriales que se obtienen.

Por su parte el congresista Horacio Zevallos del Frente Amplio, solicitó que se revisen y especifiquen mejor los conceptos como conservación o preservación de ecosistemas

En tanto, la congresista de Fuerza Popular, María Cristina Melgarejo se comprometió a presentar una propuesta legislativa similar en el plazo de una semana.

Fuente / fotos: RED MUQUI