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La empresa Southern Perú se empecina en iniciar el proyecto Tía María a pesar de no tener licencia social desde hace más de 10 años. Ha desplegado acciones en los territorios y en medios de comunicación para reforzar la narrativa de que la minería traerá desarrollo.

Entre las situaciones generadas por la empresa minera en el Valle de Tambo, provincia de Islay, en Arequipa, zona de influencia del proyecto, se encuentran las convocatorias de trabajo para mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los trabajadores contratados no serían de la zona de Cocachacra sino foráneos, según declaró la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín, ya que la población se dedica a la agricultura, principal fuente económica.

El persistente rechazo popular a la minería se refleja en la consigna “Agro sí, mina no”, tal como se decidió en el año 2009 mediante una consulta vecinal debido a la importancia de la agricultura en el territorio. El Valle del Tambo, que tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur cuya distribución principal es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

La preocupación que también se cierne sobre Tía María es el uso del agua. “Yo me preguntó de dónde va a sacar agua (Southern Perú) para el proyecto”, manifestó Marroquín. Precisamente, la Red Muqui ha advertido que Tía María es inviable social y ambientalmente (plasmado en las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental).

Como respuesta a la minera, los agricultores se han autoconvocado a una asamblea popular programada para este fin de semana. Durante los años de resistencia al proyecto, líderes sociales han sido criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente. A la lista se suman al menos siete civiles fallecidos y un número indeterminado de heridos por la represión.

Alianza con el régimen

Medios de comunicación de trascendencia nacional informaron de la reunión que sostuvo el Gobierno con gremios empresariales del país el pasado 31 de enero, entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La única agenda que abordaron fue la reactivación económica, la cual se ha convertido ahora en un pretexto para imponer nuevamente proyectos que no tienen licencia social. Esta situación lo único que generará es la reactivación de conflictos sociales. Tía María es un ejemplo de lo que puede ocurrir a corto plazo.

Así también, la semana pasada, el viceministro de Minas, Henry Luna, expresó su deseo de reunirse, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas, con los máximos ejecutivos de las empresas que tienen grandes proyectos de construcción de minas. Con Southern Perú ya cumplió este deseo.

Este lunes más de 200 agricultores de Valle de Tambo arribaron en micros y buses a la ciudad de Arequipa, a pesar del hostigamiento policial que los paró y revisó varias veces durante el viaje, para expresar su rechazo al proyecto minero Tía María en la convención empresarial minero Perumin, que iba a visitar la presidenta Dina Boluarte, lo que finalmente no hizo después que organizaciones sociales anunciaran l protestas.

Durante el desarrollo del primer día de la convención, que se extiende del 25 al 29 de septiembre, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, expresó que el gobierno desea la realización del proyecto minero :“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”. El desarrollo en cuestión actualmente se encuentra paralizado, a pesar de que Southern Perú, compañía propietaria de la concesión, en estos años ha instalado obstáculos viales en varias zonas del área del proyecto minero, como denunció recientemente Red Muqui en un reportaje de dos partes.

Las declaraciones del ministro Vera aumentó la indignación de agricultores y organizaciones sociales de Arequipa que se movilizaron pacíficamente por la ciudad hasta llegar cerca del lugar de la convención. Manifestación que realizaron, a pesar de la criminalización del Estado, que tiene en prisión a tres ex dirigentes: Jaime de la Cruz, Jesús Cornejo y José Julio Gutierrez. El Ministerio Público incluso insiste en la denuncia por terrorismo contra el dirigente de la ciudad de Arequipa, Jorge del Carpio, que fue uno de los dirigentes que firmó la convocatoriaal paro contra Dina Boluarte en enero pasado.

Sin embargo, ayer martes, el premier Otárola declaró en la misma convención que el proyecto Tía María no está en agenda del gobierno y no se encuentra en la lista de proyectos prioritarios. Minutos antes había expresado en el mismo lugar que: “No vamos a permitir que el país caiga en el caos, desorden e inseguridad. El gobierno de Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto y como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho, y les quiero decir en esta Convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Quién diga que el Perú no es un país minero, está haciendo demagogia, la minería es esencial para el desarrollo de nuestro país”.

Para el abogado defensor de varios dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velasco, el gobierno ha retrocedido porque no quiere arriesgar abrir otro flanco frente al escenario de conflictos que ya enfrenta y debido a las legítimas protestas de los agricultores del valle.

Recuento

En los últimos días ha circulado en las redes sociales, el acta de compromiso que firmó Dina Boluarte en campaña electoral junto a Pedro Castillo, en el que se comprometían a no impulsar el proyecto Tía María. Acta que el dirigente Miguel Meza les hizo llegar en esa oportunidad en la zona, como recuerda el dirigente. Meza también califica de falso el supuesto apoyo de las autoridades locales al proyecto minero, como lo manifestó el ministro de Energía y Minas.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por su parte expresó: “En el caso específico de Tía María, hemos sido claros. Mientras no solucionemos el problema del agua en la provincia de Islay, no se pueden abordar esos temas”.

Continúa criminalización del Estado

En fecha tan reciente como el 21 de septiembre, el actual vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, recibió una notificación del Ministerio Público para asistir a una audiencia virtual, al igual que otros dirigentes, por haber llamado a manifestarse el 25 de septiembre frente a Perumin. A la cual tanto Miguel Meza como los demás dirigentes no acudieron. Dos días más tarde recibieron una exhortación del Ministerio Público, en la que se les conmina a no protestar ni generar disturbios, ya que de lo contrario serían denunciados.

El abogado David Velasco, asesor legal de los dirigentes, señaló que el Estado continúa con su estrategia de criminalizar a los agricultores de valle de Tambo a través del Ministerio Público, pre juzgando acciones de los agricultores en su legítimo derecho a la protesta, amparado en la Constitución.

Además, agregó que respecto de los dos dirigentes detenidos este año: Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, hasta ahora el relator de la Corte Suprema no ha atendido las llamadas telefónicas para agendar una cita respecto a la queja que presentaron por la ilegal e injusta detención de ambos agricultores. Además el Ministerio Público elevó la reparación civil que deben pagar, a una suma de entre 3 y 4 millones de soles.

“La queja primero fue presentada en febrero del 2022, en abril del presente año fue elevada a la Corte Suprema; luego la corte de Arequipa envió en agosto la documentación que faltaba para que la Corte Suprema tenga mayores elementos en su decisión y hasta ahora no resuelven”.

Frente a esta situación: “presentaremos por escrito la solicitud para que el relator agende una fecha directamente con la Corte Suprema, ya que no nos contestan el teléfono desde noviembre del año pasado”, precisó Velasco de la institución de Fedepaz, miembro de la Red Muqui.

El vocero actual del valle de Tambo, Miguel Meza, declaró que a pesar de la criminalización que sufren, seguirán realizando acciones para que el proyecto minero se archive para siempre. “La visita que hicimos al campamento minero hace más de un mes en que constatamos que Southern ha puesto garitas y tranqueras, de manera ilegal al parecer, la solicitud de información al MINEM sobre el estado actual del proyecto minero y las protestas que hemos desarrollado, han generado que el gobierno retroceda ahora”. Poco después de la visita de campo realizada a fines del mes pasado, efectivamente el MINEM respondió a través del siguiente oficio:

Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023

El escenario social y político en Arequipa se complica por la pronta llegada de los gremios mineros a esta ciudad, sede oficial de la convención minera Perumin 36, así como la posible presencia de la presidenta Dina Boluarte, responsable de más de 60 muertes registradas durante las movilizaciones pacíficas contra su régimen autoritario.

La razón de las crecientes tensiones política y social obedece a que en el Valle del Tambo, provincia arequipeña de Islay, los gremios sindicales y de agricultores han rechazado en consultas vecinales y populares el proyecto Tía Maria de la compañía minera Southern Perú. Por ello, la elección de Arequipa como ciudad central de esta convención minera y la eventual visita de Dina Boluarte es interpretada como una provocación para las organizaciones sociales, que anunciaron protestas a partir del 25 de este mes, fecha de inicio del Perumin.

En conversación con Red Muqui, la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín ha evaluado esta situación no como una coincidencia, sino, por el contrario, una estrategia de Perumin y del gobierno para “dar a entender que habrá más trabajo si es que se autoriza el proyecto Tía María”.

“Es claro que los mineros le están preparando el terreno para que diga si Tía María va o no. Nosotros vamos a marchar. La población ya se ha dado cuenta de la forma en la que actúa el gobierno para encarcelar dirigentes, asesinar y criminalizar la protesta”, expresó.

También el Ejecutivo, a través del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, ha admitido la intención de reactivar el proyecto Tía María, durante una entrevista brindada a un medio nacional en mayo de este año. Para el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari, es el mismo gobierno que viene azuzando la movilización, más aún con la posible llegada de Dina Boluarte.

“Decir ahora que se va sacar adelante este proyecto es simplemente una provocación y un llamado a la reactivación del conflicto social en el Valle de Tambo. Recordemos que, en todo el proceso de lucha, muchos hermanos han sido asesinados, heridos, estigmatizados, criminalizados y encarcelados por el solo hecho de protestar, como es el caso de los dirigentes Jaime de la Cruz y Jesus Cornejo”, declaró.

De esta manera, el régimen de Dina Boluarte prueba, una vez más, que existe una alianza con los gremios mineros, continúa Borda. “Buscan imponer por la fuerza y la violencia un proyecto minero cuestionado en la región de Arequipa”.

La postura de la hoy presidenta Dina Boluarte fue diferente en campaña, según Marilú Marroquín, quien precisó que Dina Boluarte firmó un acta con la sociedad civil organizada de Arequipa para el retiro inmediato de la empresa Southern Perú de la provincia de Islay y la cancelación definitiva de los proyectos Tía María y La Tapada.

“Pedimos que diga públicamente si Tía María va o no va. Tenemos un documento que ella firmó en campaña. Ahora está cambiando de posición”, puntualizó.

La importancia del Valle del Tambo

El Valle del Tambo tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur. El principal destino de la producción es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Los alimentos que produce son cebolla, ajo, arroz, papa, caña de azúcar, entre otros productos. Además, genera empleo permanente para más de 10 mil personas en la zona.

La resistencia al proyecto Tía María, ubicado en el Valle del Tambo, se debe a la importancia de la agricultura en el territorio, donde preexisten dinámicas culturales, sociales y económicas. Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

En ese sentido, el secretario ejecutivo de Red Muqui recalcó que se ha mostrado en reiteradas ocasiones de que el proyecto Tía María es inviable técnica y socialmente.

“La empresa minera Southern Perú no ha logrado demostrar que no se contaminarán las aguas del río Tambo, y mucho menos que se garantizará agua para las actividades agrícolas del Valle de Tambo”, finalizó Jaime Borda.

En la primera entrega del reportaje, realizado por el equipo de investigación de Red Muqui, se constataron trabajos de remoción de tierras y la instalación de barreras ubicadas en los caminos que llevan a lugares concesionados por la compañía minera Southern. En esta segunda parte nos referimos a sus intentos fallidos para conseguir a toda costa la licencia social del proyecto Tía María, en territorios donde preexisten dinámicas sociales, económicas y culturales.

Para los campesinos, el responsable de la obstaculización con piedras del camino principal sería la propia Southern Perú. Tal vez, el motivo de estas medidas sean la respuesta al anuncio que hicieran los pobladores organizados sobre la visita de inspección. Los campesinos descartan que estas rocas cayeran por deslizamiento producto de alguna lluvia, sismo u otros eventos no registrados en días anteriores. Los únicos presentes en la zona son equipos de la empresa, señalaron los dirigentes. ¿Quién más podría ser responsable de colocar piedras en el camino?

El contingente de la Policía Nacional que estuvo supervisando la concentración de los agricultores desde que se reunieron en Cocachacra y acompañó a la delegación en su trayecto, constató el hecho del camino bloqueado y señaló que la carretera “es una vía carrozable, de penetración que es usada para vías de emergencia”, afirmando que cualquier carro puede pasar por allí. Ante la pregunta respecto a si la zona le pertenece a la compañía, la policía respondió que no tenía información al respecto.

Indignación

Los agricultores manifestaron a Red Muqui que la empresa habría avanzado durante la pandemia sin que nadie se diera cuenta, y así tener listo el inicio de la construcción del proyecto minero. “Las tranqueras sobre caminos y la remoción de tierras son prueba de ello. El vocero Rocha de Southern decía que no harían nada hasta tener la licencia social”, señaló uno de los agricultores.

Southern no cumplió su compromiso

Desde julio 2019, momento cuando el Minem aprobó la licencia de construcción de Tía María, y luego en octubre, cuando el Consejo de Minería ratificó su resolución frente a la apelación del Gobierno Regional de Arequipa; la empresa minera, a través de su directivo principal, Óscar Gonzales Rocha, se comprometió públicamente a no iniciar ninguna acción hasta obtener la licencia social, presionado por las fuertes protestas que se dieron en esos meses y en años anteriores. Los gobiernos de turno también señalaron que Tía María no se iniciaría si no cuenta con licencia social. En junio de este año, durante la XV edición del Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2024, Gonzales Rocha, manifestó que “(Southern) espera concretar lo antes posible los proyectos mineros Tía María, Los Chancas y Michiquillay”, en declaraciones recogidas por ProActivo.

Buscan anular licencia de construcción de Tía María

Además del compromiso social asumido por la empresa, actualmente enfrenta un proceso judicial. En octubre de 2022, la Corte Superior de Justicia de Arequipa falló en contra de la resolución que otorgó la licencia de construcción al proyecto Tía María. En la sentencia el tribunal argumenta que la empresa minera no demostró los cuidados ambientales necesarios en su EIA de no afectar considerablemente el medio ambiente del valle de Tambo, y porque no había considerado al Frente de Trabajadores de Chucarapi como demandantes en las audiencias del Consejo de Minería en 2019. Actualmente, el juicio se encuentra en segunda instancia debido a la apelación de la empresa minera.

Compañía perdió concesión donde iba a instalar planta de beneficio

El 2020, el Consejo de Minería revocó, mediante la resolución N° 491-2020, la concesión que la empresa Vania había cedido a Southern (a través una transferencia económica), a causa de que la empresa no pagó las penalidades durante el 2017 y 2018, multa que se le impusó por no iniciar ningún tipo de actividad durante 10 años, de acuerdo a la ley. En ese lugar, Southern iba a construir su planta de beneficio para procesar el cobre.

Frente a esta resolución del Consejo de Minería, Southern acudió al Poder Judicial, pero el Décimo Segundo Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda interpuesta por Southern en octubre del 2022.

Actualmente Southern no puede construir su Planta de Tratamiento de Minerales en el lugar indicado por su Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

Empresa presentó ITS el 2018 para mover Planta de Beneficio

Son hechos que la empresa no puede desconocer, ya que les afectan directamente. De hecho, ante algunos de ellos, la compañía minera ha reaccionado como en el caso de la superposición de la futura planta de beneficio de Tía María (tratamiento y refinado del cobre) con la concesión de la empresa Vania; Southern presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) al SENACE para obtener la autorización para desplazar su planta de beneficio 500 metros al suroeste. El Senace lo aprobó en febrero del 2018. No obstante, en la resolución del SENACE señala que eso no implica autorización o licencia para que la empresa opere con el instrumento aprobado.

Para la especialista Ana Leyva de CooperAcción, la única salida legal que tiene la compañía, uno de los mayores productores de cobre del país, es volver a solicitar su licencia de construcción con el ITS aprobado en 2018. Además, explicó que el cambio de lugar de las plantas de beneficio de las empresas mineras son modificaciones significativas que deben contar con una Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) y no un ITS, que es un instrumento técnico que se solicita para cambios menores en el desarrollo de los proyectos mineros.

Recordemos que la licencia de construcción de Tía María, aprobada por el Consejo de Minería el 2019, tomó en cuenta el EIA aprobado por el MINEM el 2014. El Consejo de Minería autorizó la licencia de construcción de Tía María, 3 semanas antes de que se venza el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental.

En los distritos del Valle de Tambo, de acuerdo a la versión de los dirigentes, Southern continúa regalando algunas maquinarias e insumos a los agricultores, para así lograr la licencia social del pueblo de todo el valle, a pesar de que su licencia de construcción aprobada está en problemas, judicializada y cuestionada, una realidad que develamos desde la campaña ¿Minería para tod@s? mitos y realidades.

Fotografía: Movilización del año 2019

“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Frente a las recientes y constantes declaraciones del ex presidente de la CONFIEP, uno de los socios principales de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del país; y de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,  respecto a que los proyectos mineros que están estancados como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca deben reactivarse debido a que se requieren recursos económicos para afrontar la pandemia que vivimos; la población del valle de Tambo, Arequipa, donde se quiere empezar a construir el proyecto Tía María, ha convocado para este viernes 12 a las 6:30pm un cacerolazo en rechazo a las intenciones de estas dos instituciones que tienen mucho poder: una en el sector privado, y otra en el Estado.

Empresariado minero

«Hoy día Cocachacra no puede ser impedimento para que se desarrolle Tía María, que abarque Quellaveco, que abarque todos los proyectos mineros de Cajamarca y Lambayeque», declaró Roque Benavides en RPP el 08 de junio.

El mismo día, el empresario minero también dio una entrevista al diario Expreso, manifestando la misma posición. Ya en abril había declarado a Perú 21, señalando «esta crisis nos tiene que llevar a reflexión a todos, tenemos que poner en valor nuestros recursos. Si bien la gente de Cocachacra criticaba el proyecto Tía María, creo que no estaba escuchando que son oportunidades».

Ministra de Energía y Minas

Por su lado, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, declaró el 17 de mayo en relación a los proyectos mineros Tía María y Conga: «el país requiere de recursos, va a requerir de mano de obra, va a requerir de empleo, va a requerir de estos ingresos al fisco para poder atender a la población”.

Voceros de valle de Tambo

Miguel Meza y Mario Chirapo, voceros del valle, señalaron a Red Muqui que en vez de que los empresarios mineros y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quieran imponer el proyecto Tía María, «deberían estar preocupados en la remediación del río Tambo que está siendo contaminado por la minera Aruntani en plena pandemia».

Miguel Meza agregó que la OEFA no ha determinado hasta ahora a la empresa minera responsable de la contaminación con arsénico y boro del río y, añadió, es extraño que los estudios de la Autoridad Local del Agua señalen que aún el río Tambo no pasa los límites de contaminación y es apto para el consumo humano.

Los alcaldes del valle de Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia también mostraron su rechazo a las recientes declaraciones de Roque Benavides y de la ministra de Energía y Minas.

Mario Chirapo agregó que el alcalde provincial, Candia, está expresando su posición respecto al proyecto minero sin escuchar a la población. Antes se mostraba en contra y ahora a favor del proyecto minero. ¿Qué habrá pasado?, se pregunta.

 

RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Actualización

Frente a las recientes declaraciones del general Ugaz y otras personas en redes, respecto a que el joven Carlos Tapia Chino no habría sido herido por una bala, porque el impacto en su cuerpo no generó mayor gravedad en su estado de salud. Y porque se observa en la foto una bala sin percutar; el abogado de la persona herida, Arturo Dueñas, que grabó cuando la ambulancia llegaba con el herido al hospital, señaló en sus redes a las 10pm el día de ayer: «Gracias a Dios el proyectil perdió potencia en el ingreso del cuerpo de Carlos, a esta hora culminó la presente diligencia, mañana continúan las diligencias para el esclarecimiento de hechos materia de la presente investigación y se encuentre él o los responsables de hecho ilícito». Como fue difundido en redes, la ambulancia llegó al Hospital con la persona herida y la enfermera mostró la bala que le sacó al cuerpo de la persona herida.

Noticia desarrollada durante el día el 7 de Agosto

Se confirma segunda persona herida producto de los enfrentamientos entre la policía y la población en Matarani, el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante.

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: «los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos».

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala, según testimonio de la paciente y de su madre. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. «Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente», precisó indignada frente al discurso de quiénes dicen que podría ser producto de un perdigón la herida causada a su hija. Un perdigón a 50 metros de distancia no causa un orificio en el brazo y rompe el hueso, finalizó.

 

 

Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani – en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la IX Macroregión policial del Sur, el general William Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentidacuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

 

 

Ahora queda demostrado que la PNP sí ha estado usando armas letales como se observa en la foto adjunta y cómo se observa en otras fotos que circulan en redes sociales sobre la protesta en Matarani.

Pronunciamiento de la Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

Prensa Red Muqui