Actualizado el viernes 19 de noviembre a la 1pm.
Un amplio abanico de organizaciones sociales, comunidades campesinas y alcaldes de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto mantienen los bloqueos iniciados el 17 de noviembre para exigirle al ejecutivo que atienda de una vez las demandas por remediar las consecuencias de los diferentes proyectos de explotación minera en la región, entre los cuales existen algunos que a pesar de encontrarse en fase de cierre siguen contaminando a las comunidades.
Miguel Vizcarra Saraza, presidente de la Comisión de Riego de Tumilaca adelantó, este viernes 19 de noviembre, que el paro que mantienen comunidades de varios distritos de Moquegua desde el 17 de noviembre por la contaminación de los ríos Coralaque, Torata y Asana-Tumilaca podría suspenderse mañana. En conversación directa con el ministro de Energías y Minas Eduardo Gonzáles Toro que se encuentra en la zona, el titular se habría comprometido a reunirse con ellos el sábado 20 de noviembre acompañado por altos funcionarios de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud, Vivienda y Transportes e iniciar una mesa de diálogo con las comunidades.
El jueves los dirigentes habían ratificado la continuación del paro indefinido ante la inasistencia del ministro de Energía y Minas en la mesa de diálogo programada para el jueves 19 de noviembre.
Tal como habían anunciado hace casi dos semanas, pobladores y autoridades locales de las Provincias General Sánchez Cerro y de Mariscal Nieto iniciaron el martes una paralización de duración indefinida en reclamo de sus demandas por las actividades extractivas de diversos proyectos mineros instalados en dichas provincias. Los manifestantes han bloqueado a la altura del puente Tumilaca la carretera Interoceánica Sur, principal conexión vial para el transporte desde Bolivia hacia el puerto peruano de Ilo. Agricultores de Moquegua vienen dando alimentos preparados en ollas comunes a los participantes de la huelga.
La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Torata, los comités de Defensa de Omate y Puquina, los integrantes de la Asociación de pescadores artesanales de camarón, agricultores y comuneros de las zonas afectadas por la minería han rechazado la respuesta entregada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a sus reclamos, que proponía el sobrevuelo de la zona por parte de funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas y Ambiente respectivamente, para una posterior evaluación de los impactos ambientales. Las organizaciones de base exigen una respuesta inmediata a los problemas emanados de la actividad minera en la región y que le habían expuesto en reiteradas ocasiones al ejecutivo. La última vez por medio del acta de reunión y trabajo de coordinación de las organizaciones mencionadas, reunidas el 21 de octubre pasado y que habían hecho llegar a la PCM oportunamente. El dirigente de la sociedad civil de Tumilaca, Miguel Vizcarra, expresó que ya no basta con la declaración de emergencia para el consumo de agua potable de alguno de los ríos contaminados, ya que la situación no ha presentado mejoras.
Las organizaciones de la zona se vienen organizando para exigirle al gobierno central que cumpla con atender las necesidades de la población. Entre las principales demandas se encuentran: 1) La protección de sus fuentes hídricas. Para ello exigen que las empresas mineras ya no tengan acceso a estos recursos, ya sea en el proceso de producción o el uso de los cauces naturales de los ríos como botaderos y se priorice en cambio su distribución para el consumo humano y para la producción agropecuaria. 2) El inicio de la remediación inmediata de pasivos ambientales por las operaciones de la Minera Aruntani SAC en el yacimiento Florencia-Tucari 3) Prohibir autorizaciones para nuevos proyectos mineros en las cuencas de los ríos Coralaque y Tambo como el proyecto KATTI de la empresa CULTINOR SAC 4) Rechazar la ampliación de la mina Cuajone de la empresa Southern Copper 5) Reinicio inmediato de las actividades del monitoreo ambiental de la subcuenca del Río Asana, Tumilaca. Así mismo, exigen la conformación de una mesa de diálogo para tratar la problemática minera en la Provincia General Sánchez Cerro y el financiamiento de proyectos municipales solicitados al Gobierno Central.
Para entender mejor la problemática en torno a algunos conflictos socio ambientales generados por la gran minería en el departamento de Moquegua es importante resaltar los siguientes casos que han provocados las actuales protestas:
La mina de cobre a tajo abierto Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Cáceres, operada desde 1976 por el consorcio minero Southern Copper Corporation ha estado provocando impactos acumulativos en la calidad del ambiente, efectos que se han extendido más allá de la zona donde se emplaza la minera. Entre los casos más notorios y trágicos ha destacado la contaminación de niños con metales altamente tóxicos. En 2019 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS) tomó muestras de 80 niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa “Vidal Herrero Díaz”. Los resultados arrojaron la presencia de arsénico y cadmio en el organismo de los menores de hasta veinte veces por encima de los límites considerados permisibles por las autoridades de salud, denuncia el ingeniero Guido Herrera, ingeniero en obras hidráulicas y vecino del sector. Una muy probable causa de esta contaminación está relacionada con el incremento en la producción de mina Cuajone, propiedad de Southern Copper, subsidiaria del grupo México, tercer mayor consorcio minero del mundo a lo largo de estos años. Este aumento en la explotación de cobre ha traído una fuerte presión sobre el acceso al agua en la zona, así como un incremento en la generación de residuos mineros y sus consiguientes pasivos ambientales. Las instalaciones de la unidad minera Cuajone con sus depósitos de desmonte y de residuos tóxicos se encuentra en las inmediaciones del río Torata, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató en febrero de 2019 el deslizamiento de sustancias provenientes de la actividad minera en dicho río.
Aún mayores evidencias de la contaminación por actividades extractivas se hallan en el caso de la minera Florencia-Tucari, propiedad de la empresa Aruntani, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto en la región Moquegua. La explotación del yacimiento de oro ha obligado al Poder Ejecutivo a declarar en emergencia las cuencas de Moquegua y Arequipa por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo. De acuerdo a una investigación del medio Convoca, la empresa tiene un amplio historial de infracciones y, desde el 2011, ha sido sancionada 21 veces por el OEFA por exceder los límites máximos permisibles de emisiones de metales tóxicos. Ante las reiteradas vulneraciones de normas de protección del medio ambiente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) rechazó la ampliación del proceso de cierre de las operaciones de la minera. Sin embargo, la empresa ha provocado con sus demoras, una serie de vertidos de relaves tóxicos, causando la contaminación de los afluentes en Moquegua. El mismo medio de investigación periodístico reseña que estudios de la Autoridad Nacional del Agua y de los gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua han concluido que una de las principales causas de los alarmantes niveles de metales pesados en el río Tambo es la contaminación producida justamente por la explotación de la mina Florencia-Tucari. Esta se encuentra en la zona alta de Moquegua. La contaminación afecta al río Coralaque, ubicado en esta región, y luego, al río Tambo, en Arequipa. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) estima que más de 3 mil 900 personas son afectadas por esta contaminación en ambas regiones. La contaminación del agua no solo afecta a la agricultura sino también a la población de toda la provincia arequipeña de Islay, porque del río Tambo también se extrae el agua para el consumo humano. Las operaciones de la minera vienen contaminando además el río Titiri que afecta directamente los regadíos y el consumo de agua de la comunidad campesina de Jatucachi, distrito de Pichacani, provincia de Puno, tal como han manifestado en reiteradas ocasiones sus habitantes.
Una compleja situación se observa también en la cuenca del río Asana, donde se ubica el proyecto minero Quellaveco del consorcio Anglo American en sociedad con la Corporación Mitsubishi. La explotación de uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, aún se encuentra en fase de construcción, por lo que aún no ha comenzado a producir ni un gramo de las más de 300 mil toneladas de cobre, molibdeno y plata que proyecta extraer al año. Sin embargo, ya acumula una serie de denuncias por afectar el curso de las aguas del río Asana que a la altura del valle de Tumilaca alberga a la comunidad campesina del mismo nombre en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, ubicada en el departamento de Moquegua. Concretamente, a fines del 2020 muestras de 44 niños tomadas de un universo de 55 menores de ese poblado arrojaron niveles de arsénico varias veces por sobre el nivel de las máximas concentraciones consideradas dañinas por los organismos competentes.
Ampliación de Cuajone
En cuanto a la preocupación por la definitiva aprobación de la ampliación de la mina Cuajone, es importante recordar que en efecto, a finales de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de dicha unidad minera presentado por Southern Copper. Según DEAR-SENACE la realización de las modificaciones planteadas a través del ITS implica la generación de impactos ambientales, si bien negativos, no considerados significativos. El organismo estatal otorga esa calificación porque la empresa minera contaría con las medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación. No obstante la aprobación del ITS por parte del SENACE, ese procedimiento no constituye un otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que deben contar las operaciones mineras, en este caso Southern Peru Copper Corporation, explica el ingeniero en obras hidráulicas Guido Herrera. Sin embargo, en la práctica el ITS se ha transformado en un instrumento de gestión ambiental express, que es aplicado por las grandes empresas mineras para obviar la participación ciudadana. Esto es especialmente grave si se considera que SENACE no debería eludir la grave situación que afecta la disponibilidad y calidad del agua ya presente en la zona.