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La Red Muqui Nacional, Muqui Norte y las instituciones miembros que las conforman, se dirigen a la opinión nacional e internacional, respecto a la inminente reactivación del conflicto social generado por la minera China: Río Blanco Copper S.A.C, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, y San Ignacio y Jaén en Cajamarca, para manifestar lo siguiente:

Primero: Resulta un acto de provocación al conflicto, la decisión del gobierno de Vizcarra de pretender nuevamente imponer el proyecto minero Río Blanco en el territorio de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), Piura, con el pretexto de la ejecución de un plan de sensibilización social extendido hasta el 31 de agosto del 2022, previo a la rehabilitación de la exploración minera prevista hasta el 24 de mayo 2030. Los daños de la exploración se concretaron entre el 2004 y el 2008, años en que la empresa Minera Majaz, propiedad de la empresa junior inglesa Monterric Metals, fue multada el 2005 (MEM-DGM) y el 2008. OSINERGMIN hizo lo propio con la empresa minera Río Blanco Copper, propiedad de tres accionistas chinos, liderado por Zijin Mining Group Co., por afectar territorios que no formaban parte de la certificación ambiental e infringir las normas ambientales.

Segundo: La emisión de la Resolución Directoral N° 257 -2020/MINEM-DGAAM el 13 de marzo del 2020, aprobó la segunda modificación de la actualización del plan de rehabilitación del proyecto de exploración minera Río Blanco. Que prevé primero implementar un plan de sensibilización social que rige retroactiva e ilegalmente desde el 1 de setiembre del 2019 y el 13 de marzo del 2020, y legalmente desde el 14 de marzo 2020 hasta el 31 de agosto 2022, el que además de programas como el de “Madre Tejedora” y de “Sanidad Animal y Vegetal”, incluye la construcción del acceso terrestre al proyecto minero Río Blanco sobre el territorio de las comunidades, para luego hacerlo vía pública y con ello promover el ingreso de otros actores foráneos a estos territorios. La situación se agrava porque el Ministerio de Energía y Minas ha hecho llegar la resolución recién el 16 de octubre 2020 a los alcaldes de Carmen de la Frontera y Huancabamba, con más de 7 meses de retraso, período en el cual la empresa ha seguido intentando ingresar al territorio de las comunidades con ofrecimientos de apoyo orientados a la división de los dirigentes, los reonderos y comuneros de la zona.

Tercero: Todos estos tramites administrativos resultan contradictorios, ya que el mismo OEFA y la Oficina General de Gestión Social del MINEM, han constatado en reiteradas ocasiones que no existe la licencia social al proyecto Minero Río Blanco por parte de las comunidades campesinas y las poblaciones locales de Ayabaca y Huancabamba. Los pobladores saben que si el proyecto ingresa va constituir un grave riesgo contra los ecosistemas hídricos del páramo y los bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende el agro y la vida de las poblaciones involucradas. Por ello, es que la población de Piura respaldó el resultado de la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, donde más del 97% votó por el agro y la vida y rechazó la actividad minera en la zona, cuyo intento de imposición tiene 10 fallecidos y varios dirigentes denunciados y criminalizados por defender su territorio.

Cuarto: Así mismo, llama la atención la injerencia del gobierno chino para insistir con la ejecución de este proyecto. Recientemente su embajador en el Perú, Liang Yu, afirmó que su país espera que con el apoyo del gobierno peruano avancen sin dificultad los proyectos Río Blanco, Toromocho y Galeno, ya que Perú abastece el 27% del consumo de cobre de China.

Finalmente, desde Red Muqui exhortamos al gobierno nacional: respetar la decisión de la población de Carmen de la Frontera – Huancabamba; de Pacaipampa y Ayabaca, y que se revise y derogue la R.D. Nro 257 del MINEM y el retiro de la empresa minera Río Blanco de la zona. El gobierno nacional y las autoridades regionales, en tiempos de pandemia generado por la Covid-19, deben fortalecer la protección de los ecosistemas que garantizan la agroalimentación y la vida de millones de personas. Por ello hacemos un llamado nacional e internacional para respaldar la decisión de las poblaciones de Ayabaca y Huancabamba; no se puede permitir hacer minería en cualquier lugar y sin licencia social, se debe respetar la consulta, la protección de los páramos y bosques de neblina que garantizan el agua, el agro y la vida.

 

 

Piura y Lima, 28 de octubre del 2020.

El miércoles 30 de septiembre, alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria aún en ese entonces de la comunidad campesina Yanta, atacó con cuchillo al comunero Ismael Acha, ex dirigente de la comunidad y opositor al proyecto minero Río Blanco.

Lo que inició con agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante y logró herirlo en el brazo, cerca al corazón, tal como se observa en las fotografías que fueron difundidas. Según Alexander Acha, hermano de la víctima que presenció el hecho, el objetivo de la señora era matar a su hermano.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

PNP no actuó

Tras este hecho, inmediatamente la madre de Ismael Acha llamó a la comisaría de la provincia de Ayabaca y se comunicó con el mayor Solis, quien le indicó que personal policial se acercaría al lugar de los hechos. Sin embargo, hasta ahora la PNP no se ha acercado al lugar de los hechos, ni ha ubicado a la agresora.

La madre de familia nos indicó que también se comunicó con el abogado de las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, y que le señaló que llevarían el caso. Sin embargo, días después el abogado le señaló que dejó de trabajar como asesor legal de las rondas campesinas.

Hechos extraños para la madre de familia, quien cree que la empresa minera entró a tallar en estas diligencias que se harían y nunca se implementaron.

Actualmente Ismael Acha se encuentra en Piura recuperándose de los dolores y de los puntos que le colocaron internamente y externamente en el brazo. La médica legista que lo atendió en el Hospital de Sullana no le entregó el certificado médico con el diagnóstico lo realizado completamente, y la familia está a la espera de tener el certificado completo para realizar la denuncia a la Fiscalía.

Sin embargo, frente a la gravedad de la agresión y el intento de asesinato denunciado púbicamente, la Fiscalía debió haber actuado de oficio, pero hasta ahora no ha realizado ninguna acción.

Rondas respaldan a Ismael Acha

Frente a lo sucedido, el 1 de octubre las rondas campesinas de provincia de Ayabaca se reunieron en la sede de la comunidad de Hualcuy y mostraron su respaldo al defensor ambiental Ismael Acha. Asimismo, al siguente día, la comunidad de Yanta cambió de dirigentes, entre las que se encontraba la señora Elvía Majuan, y expresaron su solidaridad con Ismael Acha y su familia.

Un día como hoy, 16 de septiembre, hace 13 años, se realizó una consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba,  frente a la pretensión del proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco – de la minera Zijin-, de instalarse en los territorios de las dos provincias señaladas. Frente a las protestas realizadas por las rondas campesinas, profesores, comités vecinales, autoridades, debido a que los páramos, bosques de neblina, que nutren de agua a la región serían afectados por la minería, así como el desarrollo agrícola; los alcaldes de esos municipios realizaron una consulta vecinal, de acuerdo al artículo 197  de la Constitución que señala: “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”;  dando como resultado que más del 90% de la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas y la agricultura y en contra de la explotación minera.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo respaldo la consulta vecinal realizada por los municipios y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones de la gente que vive en sus territorios. Sin embargo; hasta el día de hoy, la empresa minera, ahora de capitales chinos, continúa empleando estrategias de división de las comunidades para instalarse en la región y desarrollar su proyecto minero Río Blanco. El año pasado, la municipalidad provincial de Ayabaca le denegó el permiso a la minera Zijin para que instale sus oficinas en la provincia de Ayabaca. Hasta ahora la empresa minera continúa actuando en la región, a pesar de no tener ningún aval del Estado a todo nivel, ni en la localidad, ni por el Ministerio de Energía y Minas.

A continuación compartimos el pronunciamiento completo del Colectivo por Ayabaca, que reúne a profesores, dirigentes ronderos, profesionales, etc.

 

Pronunciamiento

¡AGUA SI,MINA NO!

Colectivo Por Ayabaca

 

¡VIVA EL 16 DE SEPTIEMBRE!

¡VIVA LA CONSULTA VECINAL!

¡VIVA AYABACA Y HUANCABAMBA !

 

1.- El año 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura encararon  las políticas Neoliberales   impuestas por el estado peruano con el » Proyecto Minero Rio Blanco»

2.- El proyecto Minero Río Blanco antes Majas obtuvo ocho concesiones mineras  en 6,472 ha, para explotar cobre molibdeno y oro dentro de los territorios de las comunidades campesinas de «Yanta » Ayabaca y Segunda y Cajas » Huancabamba, afectando las  nacientes de agua de las cuencas de los ríos Quiroz (que irrigan la región de Piura ) y del Chinchipe (región Cajamarca )

3.- El proyecto Minero Río Blanco nunca ha contado con el permiso de las comunidades campesinas de la zona , al contrario ha recibido un rechazo rotundo de la poblacion, más cuando esté   pretende imponerse con  descrimacion,  corrupción y violencia.

4.- En el 2004 y el  2005, miles de campesinos se movilizaron hacia al campamento minero  ilegal y fueron reprimidos brutalmente dentro de su territorio  por la policía, dejando a comuneros muertos, mutilados, decenas de torturados, judicializados, y un pueblo movilizado.

5.- Posteriormente se inició  diálogo con el gobierno central que fracasó en mayo del 2006, por falta de voluntad  del Ministerio de Energía y Minas, que dejo al caso sin ningún canal institucional que facilitara  una salida pacífica al conflicto con el poder central.

6.- Ante esta situación, las Comunidades Campesinas recurren, al poder más cercano, los gobiernos locales para hacer uso del “mecanismo de participación ciudadana” a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en sus  territorios.

7.- La participación ciudadana  es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades a través de ordenanzas , crear mecanismos  para su ejercicio,  sobre: planificación, desarrollo y  medio ambiente enmarcado por la Constitución Política del Perú, la Ley General del Ambiente y el Convenio Internacional 169-OIT.

8.- Fue así que los pueblos de la sierra norte conscientes de su realidad y de la presencia de un conjunto de concesiones mineras en las nacientes de las agua, respondieron con un rotundo “NO” el 16 DE DE SEPTIEMBRE  DEL 2007 ,  que coincide con  dictámenes oficiales sobre la necesaria conservación de la biodiversidad, del corredor biológico Tabaconas Namballe-Podocarpus y de la cuenca Binacional Catamayo-Chira.

9.- La consulta vecinal es un rotundo NO al proyecto Río Blanco el cual se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, y “zona de paramos” que según  especialistas es una especie de ’esponja que captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura.

10.-   Los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de agenda de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.

11.- Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú sobre Proyecto Río Blanco en Piura”,  afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua de la sierra  donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” más grande en la región.

12.- El resultado de la Consulta significa un NO AL DISTRITO MINERO que el Proyecto Río Blanco ante Majas ha pretendido ocultar. Hace años ha venido desinformando a las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda y Cajas (Huancabamba) sobre sus reales pretensiones de explotación minera en el yacimiento del cerro Huamaní, publicitándose como un proyecto focalizado solo en el cerro Henry Hill (cuenca del río Chinchipe) pero ocultando su extensión a la vertiente occidental del yacimiento (cuenca del río Quiroz).

13.- El significado del “NO” es una afirmación por el derecho de los pueblos a orientar su modelo de desarrollo sustentable, en tiempos de descentralización y democracia, y de un contexto de acelerado cambio climático que convierte al AGUA en el recurso estratégico para la vida, derecho fundamental de las generaciones actuales y venideras.

14.- El “NO” para una región como Piura significa no aceptar un escenario de ALTO RIESGO para las nacientes de aguas que discurren desde las alturas, pasando por los valles hasta las ciudades, de la que dependen nuestra economía y salud pública, así, este resultado protege verdaderamente el BIEN COMÚN REGIONAL.

15.- La Consulta Vecinal del 16 de septiembre de 2007, fue un ejercicio democrático y descentralista de  mujeres y varones por la protección de las cabeceras de cuencas de aguas en la zona andina de nuestra región, quienes dando muestras de civismo ejemplar participamos en la CONSULTA VECINAL de manera voluntaria y no obligatoria, ni multada como los  procesos electorales del JNE, que a pesar del boicot masivo promovido por el gobierno central, , declarándola de ilegal, amenazas judiciales, prohibición del uso de locales escolares;  a pesar de las distancias y dificultades propias de la geografía andina; del alineamiento del gobierno central y de la mayoría de los medios de comunicación en la defensa a ultranza de la gran actividad  minera transnacional, la  Defensoría del Pueblo declaro a la Consulta Vecinal como un hecho legítimo.

16.- El “NO”a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos  el 16 septiembre del 2007 se traduce en un explícito y contundente SÍ  a la agricultura y la  defensa de la  Biodiversidad.

17.-  Por ende, esto se traduce en la defensa de una política de seguridad alimentaria, y la  necesidad de potenciación de la agricultura familiar,  una actividad primordial para vida en medio de está  pandemia.

18.- La consulta contó con la observación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Inglaterra y Suiza.

19.- El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente,  por ello las Rondas Campesinas se mantienen en  pie lucha   hasta que el  Congreso de la  República emita el carácter de ley de la  «Consulta Vecinal» en  concordancia con los convenios internacionales.

 

¡AGUA SI,  MINA NO!

¡VIVA EL 16 SEPTIEMBRE!

Colectivo por Ayabaca

En diversos diarios de Piura y en las redes sociales de la empresa minera china Río Blanco Cooper, apareció un comunicado de la empresa el día 9 y 10 de noviembre, en que dan a entender que sostuvieron una reunión e iniciaron una ruta de diálogo con los ronderos y población de Ayabaca que se oponen al proyecto minero, para lograr fines comunes como la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, lo que señalan es falso y es desmentido por un comunicado y videos que ha circulado la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca.

Empresarios chinos irrumpieron en asamblea interna rondera

Lo que en realidad ocurrió el 9 de noviembre, en momentos en que los ronderos de Ayabaca desarrollaban un taller interno en el auditorio del hotel Aypatiq de Ayabaca; es que el gerente de la empresa minera Río Blanco, Du Chengxiang; su traductor; y el director social, Juan Aquino, irrumpieron intempestivamente, sin haber sido invitados, a la reunión ronderil. Al querer imponer su discurso apenas ingresaron, fueron rápidamente invitados a retirarse de la reunión ronderil al tratarse de un evento interno y al no haber sido invitados.

Inmediatamente, al percatarse de la manipulación informativa que estaba realizando la empresa minera en diversos medios; la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se pronunciaron:

•             La Central Única de Rondas campesinas de Ayabaca Sede Huaycuy y el Colectivo por Ayabaca, denuncian de manera categórica la intromisión de agentes de Rio Blanco a una asamblea organizada por la dirigencia de la ronda , realizada en el auditorio del Hotel Aypatic de la ciudad de Ayabaca.

•             Sin pedir permiso tres integrantes de la empresa minera Río Blanco( el gerente de Rio Blanco, el abogado y un traductor ) de manera desesperada entraron sin respetar la reunión para pretender imponer su discurso y entregar una carta escrita por el gerente de la empresa, demostrando con ello una total falta de respeto a la institución ronderil. Ante su intromisión se les invitó a retirarse y se les pidió respetar la privacidad de un evento gremial.

•             Las organizaciones y la población de Ayabaca rechazamos contundentemente la presencia de la empresa minera Río Blanco quien viene desde hace tiempo corrompiendo y dividiendo a varios dirigentes; engañando con regalos, dinero y prevendas a la población; usando fundaciones como fachadas para ingresar a nuestros territorios.

•             Asimismo rechazamos las aseveraciones hechas por dicha empresa, aludiendo a un supuesto diálogo con la dirigencias ronderiles; ante ello, les decimos que no ha habido ni habrá diálogo con una empresa que no ha respetado la decisión de la población que el año 2007 le dijo NO A LA MINERÍA en una histórica Consulta Vecinal, NO a una empresa que quiere destruir las fuentes de agua de la sierra piurana, NO a quien quiere destruir nuestros páramos y bosques de neblina(nacientes de agua), No a quien ha provocado víctimas y denuncias.

•             Finalmente exigimos a la empresa minera Río Blanco el retiro de sus oficinas clandestinas de Ayabaca, pues los declaramos como no gratos en nuestros territorios.

Era el 16 de septiembre de 2007 cuando las poblaciones de los distritos de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba; rechazaron la imposición del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco perteneciente a la empresa minera china Zijin.

En aquel día, a través del voto en la consulta vecinal organizada por los municipios locales; el 95% de la población, que incluye a comunidades campesinas y ronderas, optó por un modelo de desarrollo económico que rechazaba la actividad minera en sus territorios en favor de un modelo basado en la agricultura y el turismo. La consulta del 2007 marcó un hito importante en terminos de empoderamiento de la sociedad civil que antes solo se había dado en el caso de Tambogrande en el 2002; también en Piura. Actualmente la empresa china continúa implementando una estrategia para imponer su proyecto minero Río Blanco en la zona.

A pesar de que la misma constitución incluye en el artículo 197 que “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”; el Estado peruano aún no atribuye el carácter vinculante a la consulta vecinal para las decisiones locales.

Después de doce años el tema sigue muy actual. Los enfrentamientos en Arequipa entre la población de Valle de Tambo que rechaza el proyecto minero Tía María y los policías que impiden el desarrollo de la protesta, continúan desde que el Gobierno otorgó la licencia de construcción a la empresa minera Southern. El día de ayer, lunes 16 de septiembre se realizaron protestas en la ciudad de Arequipa. En este escenario, en el cual las decisiones del Estado sobre la implementación de los proyectos mineros no incluye la aprobación social de las poblaciones –llamada también licencia social- en sus procedimientos formales obligatorios; es fundamental que la consulta vecinal sea parte del marco normativo como forma de prevención de los conflictos y fortalecimiento de la democracia. En la actualidad, la licencia social que debería tener todo proyecto extractivo para operar, es solo un mecanismo voluntario de la empresa. Las audiencias públicas que realizan las empresas para presentar sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y así recoger observaciones, no tienen un mecanismo de participación efectiva de parte de la población. Además, como ocurrió en la audiencia pública del EIA del proyecto Tía María hace varios años; la empresa no dejó participar a la población que se oponía al proyecto. Asimismo, la consulta vecinal realizada en Valle de Tambo en septiembre del 2009, le dijo NO en un 97% al proyecto minero Tía María, y esa decisión no está siendo respetada.

Por estas razones, es importante que la licencia social se convierta en un requisito para que los proyectos mineros puedan desarrollarse. La consulta vecinal, como parte de un proceso informativo transparente, es un mecanismo que puede ayudar a resolver este entrampamiento entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y las poblaciones que habitan los territorios que serían impactados por la actividad minera.

Al respecto, desde el Congreso de la República, hay iniciativas que se están presentando como proyecto de ley para regular la licencia social para las actividades extractivas, como la última iniciativa presentada hace unos días por el congresista Marco Arana.

Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una «excepción». No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: «Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder», aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: «Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas».

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

POR FALTA DE LICENCIA SOCIAL

  • Se ratificó rechazo del convenio firmado entre el gobierno y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan
  • Campesinos piden respeto a la consulta vecinal en rechazo de Río Blanco en el 2007

Los ronderos y comuneros campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca (región Piura) exigen que en el plazo de un mes, el gobierno local de Huancabamba  cierre las oficinas de la Empresa Minera Río Blanco, ya que no cuenta con la licencia social para sus realizar sus actividades.

Es así que una comisión conformada por autoridades y ronderos de la zona, llegó hasta la municipalidad provincial para exigirle al alcalde de Huancabamba, Marco Velasco, se pronuncie sobre este gran problema social que sigue latente en dicha provincia.

A través de un Acta de acuerdos, que resultó de la movilización del 16 de diciembre, las comunidades y sus autoridades ratificaron su rechazo al Convenio suscrito por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el consorcio chino chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, durante la APEC.

“Rechazamos de forma tajante el Convenio suscrito por el gobierno de Kuczynski para realizar el proyecto minero Rio Blanco a espaldas de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Yanta, y gobiernos locales de Ayabaca y Huancabamba”, indica el acta.

De igual manera, se hizo un llamado a todas las organizaciones ronderiles de la Región Piura, Asociaciones de agricultores, Juntas de Usuarios y Regantes, Juntas Vecinales de barrios y Urbanizaciones Populares a informarse e incorporarse orgánicamente a la defensa de los Páramos Andinos y Bosques de Neblina.

Todo ello con el fin de exigir la validez de la Consulta Popular del 16 de setiembre del 2007, que avaló –en un 97%- su rechazo a la minería en los páramos andinos y bosques de neblina, y seguir priorizando sus actividades cotidianas como la agricultura, la ganadería y el turismo sostenible.

Desconfianza

Por su parte, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), recordó que la Dirección general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) había aprobado una modificación al plan de rehabilitación del proyecto Rio Blanco, porque según este sector, aún subsisten afectaciones ambientales que no se han remediado.

“El Estado le ha aprobado un plan de remediación por 7 años y 10 meses. no sabemos por qué tanto tiempo. Las comunidades sospechan que en realidad están tratando de ganar tiempo para regresar al territorio, y en la práctica solicitar ampliación para actividades de exploración minera”, señaló.

Velasco comentó que a ello se suma, el hecho de que las comunidades no han sido consultadas sobre esta eventual decisión del gobierno para aprobar esta ampliación.

Protesta masiva

Luego que el Ejecutivo suspendiera la mesa de diálogo programada para el martes 13 de diciembre en Huancabamba. El 16 de diciembre, se llevó a cabo una movilización pacífica hasta la sede municipal de Huancabamba. Ahí se congregaron cerca de 5 mil campesinos provenientes de las comunidades de Huancabamba y Ayabaca, para rechazar el intento del gobierno central de «promocionar» el proyecto Minero Rio Blanco.

Fuente / Fotos: REDAD Piura / Comunicaciones RED MUQUI

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

DENUNCIAN AYABACA Y HUANCABAMBA

  • Decisión no toma en cuenta consulta vecinal que decidió el retiro de la empresa en el 2007
  • Hace seis años que la minera se retiró de estos territorios comunales

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca) de la región Piura, denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido rehabilitar el proyecto minero Río Blanco, sin aplicar consulta previa en las localidades afectadas que han mostrado su rechazo a la actividad minera en el año 2007.

El 14 de setiembre último, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, aprobó la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco” (Resolución Directoral No. 274-2016-MEM-DGAAM).

Para estas comunidades piuranas, llama la atención que el MEM decida que, en los próximos siete años, se debe ejecutar este nuevo Plan de Rehabilitación. Y que, además, el Ejecutivo, desconozca al 97% de la población de Huancabamba y Ayabaca, que rechazó la actividad minera en sus territorios, por medio de una consulta vecinal en el año 2007.

Cabe recordar que, a inicios del 2009, el MEM aprobó y llevó a cabo un Plan de Rehabilitación de los pasivos a causa de la fase de exploración de Río Blanco. El periodo de ejecución de este plan estuvo marcado entre julio de 2009 y julio de 2011.

No obstante, estas actividades de rehabilitación culminaron cuando Río Blanco Copper S.A. desmontó su campamento minero, en diciembre de 2010. Fue entonces que las comunidades afectadas, que siempre respetaron normas y procedimientos, iniciaron un resembrado de árboles y vegetación propia de la zona.

Movimiento policial en el lugar

Últimamente las comunidades han observado la presencia de efectivos militares y policiales en sus territorios, bajo el pretexto de instalar bases militares y/o policiales para supuestas actividades de defensa nacional y/o control de actividades ilícitas en la frontera.

Los comuneros temen que con esta irrupción se militarice la zona con el fin de permitir el reingreso de Río Blanco Copper S.A.; los comuneros también estiman que policías y militares podrían iniciar acciones de represión contra ellos, al manifestar la defensa de sus tierras y sus derechos fundamentales.

Asimismo, los pobladores han denunciado que desde hace 14 días se observa la quema de árboles en los montes de diversos sectores de la provincia, como en los distritos de Carmen de la Frontera, Sondor y Sondorillo. Denuncian que se habrían quemado alrededor de 26 mil pinos, de los cuales 17 mil pertenecerían al Anexo de Salalá en Huancabamba.

Para ellos, este desastre ambiental -sobre el cual ninguna autoridad se ha manifestado para investigar y remediar- formaría parte de una estrategia de la empresa para desprestigiar a las comunidades campesinas opositoras proyecto minero, señalarlas como responsables de contaminación y atribuir estos incendios a la minería ilegal en la zona. Algo que las comunidades rechazan y condenan.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), estima que Río Blanco está generando un “contexto favorable” para concretar su regreso, al mostrarse como una empresa que cuenta con tecnología que no contamina, ofrece miles de empleos, etc.

“Todo ello concuerda con el anuncio del inicio de la fase de explotación en el 2021, que adempas se vería confirmado con el reciente Convenio de Promoción del proyecto Minero Río Blanco, suscrito entre el MEM y el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, en el contexto de la APEC”, señaló la institución miembro de la RED MUQUI.

DATO:

Se estima una inversión no menor a los US$ 2,500 millones para rehabilitar Río Blanco, que tendría una vida útil de 20 años en la producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

Fuente: FEDEPAZ / Gestión

Foto: Rumbo Minero