El lunes 18 de julio en horas de la tarde en Lima, en el auditorio de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la reunión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Michelle Bachelet, con representantes de la sociedad civil, principalmente organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, la población afroperuana, defensa de los migrantes, población LGTBI, entre otros grupos vulnerables en el Perú. En la reunión participaron alrededor de 30 organizaciones y cada uno informó sobre la situación actual en la afectación de derechos, así como sus planteamientos a la alta comisionada.
La Red Muqui fue invitada a esta reunión, y entre los temas que planteamos se pueden destacar los siguientes puntos: 1) La actividad extractiva minera en el Perú genera una serie de impactos sociales, ambientales, a la salud y a la vida de las poblaciones y comunidades donde se desarrolla esta actividad, así mismo vulneran los derechos humanos, individuales y colectivos de estas poblaciones. 2) La actividad extractiva minera genera impactos en el ambiente y la salud de las personas en los territorios, al momento tenemos más de 10 millones de personas expuesta a metales tóxicos (de acuerdo a estudio del MINSA) que, a través de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, busca la implementación del Plan Especial Multisectorial para los afectados en todo el país. 3) Muchas de las actividades mineras se asientan en zonas de cabeceras de cuenca, por ello se pide que se garantice su protección y su intangilidad, y que está discusión sea parte de la discusión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
Así mismo, se ha insistido en la necesidad de plantear acciones concretas en favor de los defensores ambientales en el Perú: 4) En el Perú tenemos defensores y defensoras ambientales criminalizados en zonas de actividad extractiva, para ello se ha solicitado que dejen de ser perseguidos y criminalizados judicialmente, y que el Ejecutivo a través del MINJUSDH y de otros ministerios implementen el mecanismo intersectorial para proteger a los defensores de derechos humanos en el Perú. 5) Finalmente, se ha hecho de conocimiento a la alta comisionada que el Congreso de la República debe derogar la Ley 31494 que permite la conformación de los Comités de Autodefensa (CADs), norma que promueve abiertamente la violencia y el uso de armas de fuego en las comunidades y zonas de emergencia del país.
Sobre estas múltiples demandas, la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha señalado que en este momento se viene reuniendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos las poblaciones indígenas, los defensores de derechos humanos, así como con los diferentes representantes del gobierno nacional, empresas privadas, entre otros actores. Sobre los alcances de esta visita, se ha señalado que este miércoles 20 de julio, la alta comisionada realizará una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de su visita.