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Proyecto minero San Gabriel: la puerta de entrada al proyecto Tía María y otros proyectos mineros legales e ilegales

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El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

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Minera buenaventura pagó deuda de más de 2 mil millones a la SUNAT, pero ¿mantendrá juicio?

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La empresa minera Buenaventura pagó S/2,134 millones de la deuda acumulada tributaria que tenía del 2007 al 2010. Sin embargo, lo que no ha aclarado la empresa minera es si mantendrá el juicio contra el Estado sobre el pago de esta deuda. Si es que finalmente ganara el juicio, el Estado tendría que devolverle el monto recibido.

La noticia del pago la dio la SUNAT a través de sus redes sociales el 5 de agosto. El monto de S/2,134 millones fue determinado “en procesos de fiscalización del impuesto a la renta de los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010, que comprende, además, las multas respectivas”, precisa en su tuit.

¿Cómo se generó esta deuda de la empresa Buenaventura con el Estado?

El año pasado, el 24 de septiembre del 2020, la empresa minera emitió un comunicado queriendo desmentir que tenían una deuda tributaria pendiente.

En el comunicado, Buenaventura señaló que lo que existía “es una controversia con la SUNAT que se encuentra en proceso ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Esta controversia tributaria se originó entre los años 2007 y 2008 cuando Buenaventura modificó la modalidad de venta del oro con sus clientes, de precios fijos a precios variables. Esta operación significó un gasto importante que afectó los resultados de la empresa y, por lo tanto, afectó también el Impuesto a la Renta a pagar en esos periodos”

En el comunicado señalaron que el monto de la controversia fue de “373 millones de soles, pero que, según la SUNAT, con sanciones e intereses ascendería a 2,083 millones de soles”.

Sin embargo, con el pago realizado hace unos días, la empresa minera Buenaventura estaría aceptando que si existió esa deuda tributaria.

De acuerdo al portal Energiminas, “el 30 de julio pasado, Buenaventura destinó los recursos obtenidos de la emisión de bonos por US$550 millones al pago de la totalidad de la deuda contraída con Sunat”

Para el economista del grupo Justicia Fiscal Perú, Armando Mendoza, el pago de la empresa se habría dado para evitar que sigan subiendo los intereses de la multa, que año tras año estuvieron creciendo, y debido al costo ventajoso en términos de los intereses obtenidos por la emisión de los bonos.

“En algunos casos de empresas deudoras, la acumulación de las multas llega a ser 10 veces más que la deuda original”, señaló el economista.

 

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La oportunidad del Agro en el gobierno de Pedro Castillo

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Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

En medio de tanta crispación política y ante el anuncio público del enfrentamiento que tendremos nuevamente entre el Congreso y el Ejecutivo en los próximos meses, hemos recibido una buena noticia esta semana. Se trata de la aprobación por parte del gobierno de la Ley Nro. 31335, “Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias”, norma que ayudará a brindar servicios relacionados con la actividad agrícola, forestal o ganadera que sus socios realizan, practicando con ellos actos cooperativos. La ley establece además que una cooperativa puede brindar a sus socios abastecimiento de productos y servicios, comercialización, procesamiento, transformación, servicios productivos y postproductivos en general, servicios de valor agregado, financiamiento y asesoría técnica, así como cualquier otro servicio conexo o complementario que coadyuve a la realización de su objeto. La noticia ha sido bien recibida por las comunidades campesinas y los gremios agrarios en el país.

Desde la Red Muqui saludamos la aprobación de esta ley ya que constituye un primer avance para mejorar las condiciones económicas del sector agrario en los últimos años. En esa línea el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maita ha señalado que la norma beneficiará a más de 130,000 familias que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y que actualmente hay 500 cooperativas agrarias y cooperativas comunales de diversas líneas de cultivo o crianza, que involucran a 150,000 familias y 360,000 hectáreas cultivadas. El ministro Maita además ha mencionado que la ley busca incluir a las cooperativas ganaderas y forestales, ya que anteriormente estaban excluidas. El presidente Pedro Castillo, así como el ministro de MIDAGRI han señalado que esta norma se enmarca en lo que se denomina la segunda reforma agraria, y que forma parte de una serie de reformas que se van a plantear para este sector.

Finalmente, un tema que merece especial atención y que fue noticia la semana pasada es la cancelación de una deuda tributaria al fisco peruano por parte de la minera Buenaventura del señor Roque Benavides. El pago de la deuda fue de 2,134 millones de soles, una de las operaciones de pago más grandes efectuadas a la fecha, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Es importante mencionar que la deuda fue pagada una década después y que la empresa se vio obligada a pagarla gracias a un fallo judicial, por lo tanto, no es un aporte ni desprendimiento de buena voluntad de la minera Buenaventura y el señor Roque Benavides, como se pretende hacer creer en algunos medios nacionales. Así como esta empresa minera hay otras tantas que tienen deudas millonarias con la SUNAT y que bien harían en pagar sus deudas aprovechando el precio alto de los minerales en el mercado internacional, recursos que hoy hacen faltan para atender la pandemia y la reactivación económica en el país.

 

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Las millonarias deudas económicas y ambientales de las mineras en el Perú

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Esta semana ha debido ser una de las más grises para los gremios empresariales en el Perú y particularmente para las empresas mineras, debido a que el pasado martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad contra el Decreto Legislativo 1421, que buscaba prescribir más de 9 mil millones de soles en deudas tributarias a la SUNAT, deuda que ahora se mantiene y que deberán pagar un promedio de 158 grandes empresas. Al respecto la presidenta del TC Marienella Ledesma antes de emitir su voto de rechazo a la demanda señaló que: «Las grandes empresas deberán pagar sus impuestos igual que los contribuyentes de este país, sin ninguna distinción» dejando zanjado de esta forma la postura mayoritaria del TC en relación a esta demanda.

 

Al respecto un dato importante sobre este tema es que las grandes empresas mineras concentran el 50% del total de deudas, según el portal Ojo Publico un total de 22 empresas mineras adeudan S/5 mil 76 millones a la SUNAT, dentro de este grupo de empresas mineras tenemos a Las Bambas, Glencore Antapaccay, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Buenaventura, entre otros. El caso de la mina Buenaventura debe ser uno de los más escandalosos, debido a que adeuda a la SUNAT más de 2 mil millones de soles y porque uno de sus dueños, Roque Benavides es un activo empresario minero que siempre esta hablando de las bondades de la minería, sin reconocer los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. Curiosamente el día que se pronuncia el TC sobre la improcedencia de la prescripción de las deudas, el empresario Benavides anunciaba que se inscribía en las filas del partido aprista peruano (APRA). Sin duda no fueron buenas noticias para los gremios mineros lo ocurrido esta semana en el TC. Quizá por ello buscan tener un candidato propio a la presidencia de la República, como parece ser la intención del señor Roque Benavides.

 

Finalmente, las deudas de las empresas mineras no solo son económicas, también tienen deudas e infracciones laborales y ambientales, el portal periodístico Convoca.pe “identificó a 10 empresas mineras que se dedican a la exploración y explotación de metales y que adeudan más de 4,707 millones de soles a la SUNAT, también fueron beneficiadas con la reducción y exoneración de multas ambientales y laborales por más de 11 millones 400 mil soles”. Estas empresas son minera Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, Volcan, Antamina, Southern, Ares y Titán del Perú. Lamentablemente el gobierno del expresidente Ollanta Humala y el congreso de aquel entonces (2014) promovieron normas como la Ley 30230 (paquetazo ambiental) que exoneraban y reducían multas impuestas por OEFA y SUNAFIL a una decena de empresas mineras. Desde la Red Muqui creemos que los gremios mineros y las empresas mineras le hacen un flaco favor al país tratando de evadir sus responsabilidades, cuando es ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia que se requiere responsabilidad y transparencia, algo que al parecer han olvidado algunas empresas mineras.

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Piura: Alcalde desmiente a Cateriano. En tambogrande, pueblo agrícola, no hay minería ilegal

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En declaraciones del ahora ex premier Pedro Cateriano el día de ayer, en su locución respecto a los lineamientos de su gestión, basado principalmente en el impulso de grandes proyectos mineros, para solicitar el voto de confianza a su gabinete; señaló que los sectores que se oponen a la minería formal deben encaminar su oposición a la minería ilegal, porque esta sí es la que contamina.

Airadamente Cateriano declaró: “Contra lo que sí debemos combatir con energía, es contra la minería ilegal, eso hay que combatirlo con firmeza. El uso de microextractores  prohibidos como el  mercurio y otros productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio ambiente y afecta la salud de miles de peruanos. Para ello voy a mostrar imágenes de Tambogrande en la región Piura, captadas por el satélite Perú Sat. Fíjense como era esta zona el 2017 y fíjense como es este año 2020”.

Cateriano prosiguió “cuando se inicio el proyecto formal de la inversión minera en Tambogrande – el 2002 la empresa minera Manhattan pretendió iniciar operaciones- , dijeron nos vamos a quedar sin ceviche sr presidente – del congreso-, se acabará el limón. Y se condujo al país a detener la minería formal. ¿Que ha traído esto como consecuencia sr presidente? – preguntó Cateriano-: que tengamos este desastre ecológico producido por la minería ilegal – respondió.

Cateriano miente

El alcalde del distrito de Tambogrante, Alfredo Rengifo,  en respuesta a estas declaraciones, señaló a través de un video en redes sociales, que en Tambogrande no hay minería ilegal.

“Esas fotos que dicen un antes y un después de la minería corresponden a un área entre Tambogrande y  la Pala. No hay ninguna exacavación de minería artesanal, por lo tando el sr Cateriano está mintiendo. No existe minería artesanal”.

Al respecto, el ex dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande, Luis Riofrío, y Hermelinda Castro, dirigenta de la Asociación de Mujeres de Tambogrande, señalaron a Red Muqui que efectivamente en la zona no hay minería ilegal. Que en esa zona, cuando los dueños de las parcelas quieren sembrar, usan camiones Caterpilar para bajar la loma y se pueda sembrar mangos. Por eso podría reflejarse en la imagen que no está todo verde. Además señalaron que antes los dueños tenían más hectáreas pero en el transcurso del tiempo, los hijos herederos lo han ido parcelando.

Gráficas desmienten a Cateriano

Al respecto, Cooperacción – institución miembro de la Red Muqui-, elaboró el siguiente gráfico:

“Al hacer un análisis espacio-temporal de las imágenes satelitales a las que hizo referencia, pudimos corroborar que éstas efectivamente corresponden a la zona central del distrito de Tambogrande y lasupuesta actividad minera ilegal está circunscrita a un predio de 10 hectáreas. Por lo tanto, resulta grotesco equiparar la magnitud del predio con el de otras zonas devastadas por minería ilegal en Madre Dios que superan las 100 mil hectáreas. Además, en la zona mencionada por Cateriano no existe minería ilegal; el predio al que hace referencia no se sobrepone a ningún área natural protegida; tampoco hay indicios de un desastre ecológico y mucho menos hay un dinamismo acelerado del cambio del uso del suelo en grandes extensiones como suele suceder en zonas impactadas por minería ilegal.

Agregaron en la nota que elaboraron, “que la imagen satelital del año 2017 que mostró el ex premier Cateriano, presenta una sospechosa combinación de bandas (filtros) que le dan un “verdor” particular a la zona, haciendo notar un contraste en el predio para el año 2020. Al analizar otras imágenes satelitales (Google Earth Pro) anteriores a este último año, se puede corroborar que ya existían intervenciones de remoción de cobertura de suelo en dicho predio. Es más, estos cambios ya eran notorios a finales del año 2012 y se acentuaron a finales del 2017 (ver imagen N° 2).

Asimismo, el ingeniero ambiental de la institución Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA-, Bladimir Martinez,  que también vio la imagen satelital de Airbus a través de Google Earths, señala: “No todas las áreas que pierden cobertura forestal son causa de la minería ilegal, sino también de factores como el cambio climático y la erosión propia del desborde de ríos, además la imagen muestra una zona agrícola a menos de 10 metros de dos lagunas, lo que hace presumir que la zona no fue erosionada por la supuesta actividad minera ilegal que señala Cateriano”.

 

 

 

 

 

 

 

Cateriano arremete contra defensores ambientales de Piura

En su discurso, Pedro Cateriano también señaló que “aquellos que se opusieron a la minería formal, no han denunciando con la misma firmeza este escándalo que afecta la vida d cientos de miles de personas, y que constituye hoy una amenaza para toda  la región Piura y el norte del país. Sí debemos unirnos en combatir la minería ilegal, y sí debemos ser transparentes, discutir abiertamente, pero lo que no podemos sr presidente, es que mediante  la demagogia se permita esta clase de latrocinios que propician la delincuencia y detengamos la inversión que si genera empleos”

Al respecto, el alcalde cuestionó por qué Cateriano quiere dar a conocer a todo el mundo que Tambogrande es una catástrofe, que primero era verde y después la minería ilegal ha generado una degradación de la zona, cuando eso es mentira.

“Ha habido algo de minería artesanal en Tambogrande, que ha sido en el Alto Tejedores, en la zona de San Pedro, pero prácticamente ya no existe. Donde sí ha habido esas prácticas  ha sido en otro distrito: Las Lomas- ¿Por qué no se ha referido a Las Lomas y dijo que era Tambogrande el problema?, porque tal vez tiene interese subalternos, de que ya es tiempo de explotar la mina que Buenaventura está persiguiendo hacerlo”.

Proyectos mineros de Buenaventura

Actualmente la empresa minera Buenaventura de Roque Benavides tiene un proyecto minero llamado el Algarrobo que aparece en la cartera de proyectos de Pro Inversión para desarrollarse en Tambogrande. Este proyecto minero ya ha sido rechazado por asambleas comunales de la zona en específico donde quiere operar: San Juan Bautista de Locuto.

El acalde también recordó en su presentación que en Tambogrande existe una consulta vecinal llevada el 2002, que arrojó como resultado un contundente 98% a favor de la agricultura y en contra de la minería. En ese entonces la empresa minera Manhattan pretendió instalarse en Tambogrande. Todos los proyectos mineros que quieren instalarse en la zona norte de Piura –Ayabaca y Huancabamba también -desean extraer oro y cobre.

Al respecto, el economista y especialista ambiental, Juan Aste Daffós, señala que la estrategia del gobierno es que a través de la denuncia de la supuesta minería ilegal en Tambogrande, se imponga  la minería formal porque supuestamente no contaminaría el territorio, pero eso es falso, como ya lo ha señalado el alcalde. Buenaventura tiene dos proyectos mineros en la zona: El Algarrobo y El Faique, que afectarían la agricultura, el agua del río Piura y las aguas subterráneas. El argumento de la empresa minera es que el proyecto minero El Algarrobo no afectará a la agricultura como lo podría haber afectado el anterior proyecto minero del 2002, Manhattan, porque la explotación será subterránea y no a tajo abierto”.

Alcalde solicita apoyo al Estado

Al finalizar su presentación, el alcalde también afirmó que en su gestión han cursado diversos oficios a la ministra del Ambiente, de Agricultura y de Energía y Minas, y al gobernador regional para que tome acciones en contra de la minería ilegal en la zona de San Pedro, que no es el lugar que señala Cateriano, y que actualmente ya no existe; para que apoyen la producción agrícola de Tambogrande, y sepan, en especial el Ministerio de Energía y Minas que no quieren ningún proyecto minero en su territorio.

Nosotros estamos interesados en preservar nuestra flora y fauna y le pedimos al Ministerio de Agricultura su apoyo, como lo hemos hecho con oficios pasados. Agregó que Tambogrande tiene muchos lugares para aprovechar el turismo ecológico y la comercialización con el sur de Ecuador. “La siembra de mango, limón y otros productos de pan llevar nos colocan como un centro ecológico que puede seguir ofreciendo productos a todo el país y también a Ecuador”.

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¿Cuántos contagiados más por el Covid-19 se espera tener para paralizar la actividad minera?

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Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Estos últimos días hemos tenido finalmente la información y el panorama más completo sobre la situación de los trabajadores mineros contagiados por el Covid-19 por responsabilidad de las empresas del sector minero. Se ha llegado ya a 251 casos confirmados, y que fueron informados por las mismas empresas, así como las autoridades sanitarias regionales y SUNAFIL, aunque se sospecha que son muchos más casos. El día de hoy, recientemente, se acaba de confirmar 08 casos de la empresa minera Antapaccay. En Ancash, Antamina hasta ahora ha reportado 210 casos; en Cusco, minera Hudbay: 18 casos; en Arequipa, minera Bateas: 06 y minera Cerro Verde: 01; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y Nexa Resources: 01 caso; en Junín, minera Chinalco: 04 casos; y en el Callao, la empresa almacenadora de minerales, Impala: 02 casos.

 

Desde la Red Muqui hemos advertido de esta situación desde que se declaró el estado de emergencia, señalamos que la minería no era una actividad esencial, inclusive hemos cuestionado que la minería se haya exceptuado de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que tenemos que empezar a mirar con atención, los protocolos sanitarios para la actividad minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el rol de los entes fiscalizadores en materia laboral, de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores mineros.  Lamentablemente, ante la pregunta de la prensa el día de hoy, sobre los protocolos que deben cumplir las empresas mineras respecto a garantizar la salud de sus trabajadores; el gobierno evadió su responsabilidad respecto a esta situación y, a través del ministro de Salud, traslado la responsabilidad a las direcciones regionales de salud.

 

La aprobación del “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción” es insuficiente, ya que no contempla hacer pruebas rápidas y/o moleculares de COVID-19 a los trabajadores que salen e ingresan de los campamentos mineros. Por ello, el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

 

De otro lado, queda evidenciado ante esta situación de emergencia la precariedad institucional de los entes fiscalizadores y supervisores en esta materia, quiénes deberían velar por hacer cumplir la ley y sancionar a las empresas que infringen estos derechos como son la salud, la seguridad y el trabajo en el caso de los trabajadores para el sector minero. SUNAFIL, las Direcciones Regionales de Salud, entre otros, no han logrado darse abasto para atender estas denuncias que venían de muchas semanas atrás.

 

Entonces, frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

 

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Ancash: Se reporta tercer caso de COVID – 19 en sector minero (Antamina)

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El día de ayer, martes 31 de marzo, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de la región Ancash, informó a través de un comunicado que se reportaban dos nuevos casos de personas con coronavirus (Covid-19). Un trabajador de 42 años, perteneciente a una empresa minera de la región, que actualmente se encuentra en una clínica de Huaraz; y una mujer de 43 años de la ciudad de Chimbote, que no presenta síntomas y actualmente se encuentra aislada en su domicilio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este comunicado de la DIRESA, la empresa minera Antamina sacó un comunicado señalando que el trabajador minero es “un trabajador de una empresa contratista, que se encontraba en el campamento de Yanacancha”, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

La empresa señala que el trabajador fue derivado el día 25 de marzo a la clínica San Pablo, en Huaraz, para que le hagan la prueba respectiva, dando positivo el día de ayer. Agrega que “el paciente se encuentra estable y evoluciona de forma favorable”. Asimismo, precisa que el trabajador tuvo interacción directa con 2 personas, que posteriormente fueron aisladas inmediatamente y actualmente no presentan síntomas asociados al Covid-19, “dando una de ellas negativo a la prueba”, y encontrándose la otra persona, “completamente asintomática”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días atrás, el miércoles 18 de marzo, uno de los propietarios de la Compañía Minera Antamina, Teck Resources Limited, había informado que continuarían operando la mina con una fuerza laboral reducida para el mantenimiento de las operaciones críticas, tal como lo disponía el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, en el último comunicado de la empresa Antamina, la empresa no señala cuáles eran las labores específicas que estaba realizando el trabajador que ahora tiene Covid 19.

Tras conocerse estos casos, ahora suman a 13 los infectados con Covid-19 en Ancash. El trabajador minero es el primer caso que se registra en la ciudad de Huaraz.

A este nuevo caso en el sector minero, se suman el caso del trabajador minero de Cerro Verde y el trabajador de las empresas mineras Tinka Resources y Buenaventura, sumando ya 3 personas del sector minero con Covid-19.

Desde la Red Muqui continuamos informando y exigiendo que los trabajadores mineros en general tienen que ser protegidos por el Estado, debido a que actualmente continúan trabajando en diferentes áreas de la cadena de producción minera sin que Sunafil fiscalice las condiciones en las que trabajan, que los expone al contagio de Covid – 19, como lo hemos denunciado en notas informativas anteriores.

 

 

 

 

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Empresa minera de Pasco reporta segundo caso de Covid-19 en el sector minero

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Al caso reportado el día de ayer por la empresa minera Cerro Verde en Arequipa; se suma el segundo caso de un trabajador minero con covid-19 en Pasco, que actualmente se encuentra en la ciudad del Callao.

Este segundo caso confirmado, se trata de un trabajador del proyecto minero de exploración Ayawilca de la empresa minera Tinka Resources y Buenaventura, que comparten el accionariado del proyecto minero de zinc.

A través de un comunicado dirigido el 25 de marzo por el gerente general de la empresa Tinka Resources al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, la empresa señaló que el trabajador de “mantenimiento” presentó problemas respiratorios en el campamento minero y al pasar por el tópico del campamento, “se dispuso inmediatamente la evacuación vía la ambulancia destacada en campamento con dirección a una de las entidades del sector salud ubicadas en la ciudad de lima, ciudad donde domicilia nuestro trabajador”. Enseguida, en el comunicado, la empresa señala que el mismo sábado 21 de marzo, “el trabajador fue llevado al hospital San José del Callao – hospital que le corresponde en virtud a su domicilio- donde le realizaron la prueba de isopado para detección del covid-19”.

A los 3 días de habérsele realizado la prueba al trabajador, este informa que la prueba del Covid-19 había arrojado resultado positivo, como se lee en el comunicado.

Además, en el comunicado, la empresa señala que el trabajador tuvo contacto con otros trabajadores del proyecto minero entre el 9 y el 21 de marzo, que estuvo presente trabajando en el campamento minero. Debido a ello, la empresa, agrega, ha tomado las medidas del caso para resguardar la salud de los trabajadores y personas de las comunidades aledañas, al suspender el ingreso y salida de nuevo personal de la empresa.

Asimismo, la empresa alerta a las personas de las comunidades del distrito de Pillao que hayan tenido contacto con los trabajadores de la empresa en esas fechas, a que realicen la cuarentena de forma absoluta tal como lo recomienda el Ministerio de Salud para evitar posibles contagios en la provincia Daniel Alcides Carrión y en toda la región de Pasco.

 

Otro caso de Covid-19 en Pasco

El día de hoy, viernes 27 de marzo, la Dirección Regional de Salud de Pasco (DIRESA), mediante conferencia de prensa, anunció el caso de una señora que llegó de Lima a Pasco el 21 de marzo, a la comunidad de Tapu, que se encuentra al frente del proyecto minero Ayawilca, y pertenece también a la provincia Daniel Alcides Carrión. El representante de la DIRESA Pasco, agregó, que 3 personas de la familia de la señora están en aislamiento y hasta ahora no presentan síntomas. Durante la conferencia de prensa el representante de la DIRESA no se pronunció sobre el caso del trabajador minero que tiene Covid-19, que actualmente se encuentra en el Callao.

Gobierno debe fiscalizar actividades mineras

Como es de conocimiento público, el gobierno, a través del MINEM con el respaldo del MEF dio luz verde el martes 17 de marzo para que la actividad minera continúe desarrollando sus actividades en: “explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de mineral por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformado”.

Posteriormente, aunque el presidente Vizcarra señaló el viernes 20, que solo se permitiría el desarrollo de actividades mineras confinadas y remotas; esto no viene siendo acatado por todas las empresas de la cadena productiva de minerales, tal como lo hemos venido denunciando estos días. Asimismo, la Federación de Trabajadores Mineros también ha denunciado lo mismo a través de sus redes sociales y en una carta dirigida al presidente Vizcarra.

Desde la Red Muqui señalamos que es fundamental que el gobierno fiscalice las actividades mineras para no seguir teniendo más noticias de trabajadores contagiados de Covid 19. Ver pronunciamiento.

Volcan y otras empresas siguen operando

El Centro Labor de Pasco, institución miembro de la Red Muqui, también denuncia que Volcán, que está en proceso de transferencia a la empresa de capitales canadienses Cerro de Pasco Resources, viene realizando sus actividades con normalidad, empleando nuevas estrategias como el desplazamiento de sus trabajadores en buses y carros para que entren directamente a las unidades mineras y ya no lo hagan caminando como lo hacían anteriormente. Así como Volcan, también continúan trabajando las empresas: Brocal, Huarón y Animon.

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