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Una delegación de dirigentes del Frente de Defensa del río Ronquillo se ha reunido en Lima con organizaciones defensoras de derechos humanos y han logrado ser recibida por el viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez el viernes 19 de abril.
Víctor Cueva Chilón, el presidente de la Junta de Administradoras y Saneamiento (JASS) de San José de la Coila Rosa Mayo y secretario del Frente de Defensa ha expuesto en la sede de Red Muqui la preocupante situación que están viviendo los habitantes de Cajamarca y otros zonas cuyo abastecimiento de agua depende del mencionado río.

Como grave antecedente de la actividad aurífera que se pretende expandir, en este caso al distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, Cueva apunta a la experiencia que ha sufrido la población de la capital departamental homónima con la empresa Yanacocha. Explotación que ha hecho desaparecer el río Grande que abastecía alrededor del 70 por ciento de la población de la ciudad y que ahora depende del bombeo de aguas de la empresa una vez recicladas del proceso de extracción del oro.

A fines de 2022, la empresa cerró las compuertas de las tuberías de las aguas destinadas a la población. Los motivos se desconocen hasta hoy, pero especialistas suponen que el corte, que duró cuatro días, se puede haber debido a un episodio de contaminación.
Para evitar que se repita la historia y salvaguardar la calidad del agua del río Ronquillo, cuya cabecera de cuenca se halla amenazada por el proyecto aurífero Colpayoc, y que abastece al 30 por ciento de la población de la ciudad de Cajamarca y a otros distritos en su recorrido, el Frente de Defensa junto con diversas organizaciones sociales se están organizando y desarrollando manifestaciones y otras acciones para alertar sobre la falta de licencia social y parar este riesgoso proyecto en el distrito de Chetilla.

Actuales avances del proyecto minero

Un área mucho más extensa que las 18 hectáreas cedidas por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, y donde la empresa Colpayoc ya ha desplegado su maquinaria para realizar trabajos de exploración, como explica el dirigente y ex alcalde de Chetilla, Antonio Soto, parte de la delegación de dirigentes sociales que se ha reunido en Lima con funcionarios del MINEM. El dirigente explica que el área cedida por una parte de la ex dirigencia de la cooperativa, en forma intransparente y por eso cuestionada, es una fracción ínfima de una área total de 1445 hectáreas que forman parte del proyecto de estudio y donde se emplazan numerosos ojos de agua, manantiales y otras fuentes hídricas que se verían inexorablemente impactadas. “La empresa habla de 18 hectáreas para tranquilizar a la opinión pública, pero ese es solo el área inicial donde harán veinte perforaciones, después ellos irán avanzando a otras áreas para hacer más trabajos de exploración en una zona mucho más amplia”.

La gente de la zona tiene claro que la zona impactada finalmente será toda una cuenca hidrográfica.
Por eso el Frente de Defensa que agrupa a Juntas Administradoras, Rondas Campesinas, Canales de Regantes y Tenientes Gobernadores ha logrado movilizar a miles de habitantes. Uno de los hitos en las movilizaciones se produjo el domingo pasado con más de cuatro mil manifestantes, después que la población se enterara que la empresa ya está avanzando con maquinarias pesadas en la exploración.
La minera lejos de buscar el diálogo con las organizaciones respondió con disparos la visita de una delegación de organizaciones que subieron al lugar de la concesión minera ubicada en el distrito de Chetilla, cerca de los centros poblados de Peña Blanca, Alto Chetilla, Las Quinuas, Chalhua y Quinuayoc.

Así lo denuncia Antonio Soto que aclara que la violencia y el amedrentamiento es ejercida especialmente contra los y las dirigentes sociales y defensores ambientales. La agresión sufrida por Jovita Dilas Cabrera ha alcanzado notoriedad pública recientemente. Integrante del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, la lideresa fue golpeada y amenazada el pasado 28 de marzo, cuando grupos de vigilantes de la empresa se enfrentaron a manifestantes contra el proyecto minero. Jovita Dilas es una de las voces que ha venido alertando durante años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino.

Crédito de la foto: Chilcaloma

Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

Una polémica y cuestionada audiencia se ha desarrollado por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), dependiente del Ministerio del Ambiente. En este espacio que se ha desarrollado de manera virtual la Compañía Minera Ares, subsidiaria del consorcio minero Hochschild Mining, ha presentado la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Inmaculada, ubicada en la provincia de Paucar del Sara Sara en la región Ayacucho.

La minera ha propuesto modificar el plan de minado, a fin de extender la vida útil de la explotación de oro y plata hasta el 2042. Una propuesta que extiende el tiempo de explotación de esta mina, que representa el 60 por ciento del volumen total de producción del grupo Hochschild, en veinte años, ya que el cierre de producción estaba previsto para 2023.

Esta pretendida ampliación es justamente la que causa polémica, ya que el Estado peruano a través de una comisión gubernamental encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió el 19 de noviembre pasado a respetar los planes de cierre de cuatro unidades mineras y terminar de esa manera la operación de las explotación de minerales en las cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho. Uno de los reclamos más sentidos de las comunidades de las provincias de Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. Compromiso solemnemente firmado entre el Estado y las comunidades en la comunidad de Cora Cora para negociar el retiro y el cierre de las mineras Apumayo, Breapampa además de Pallancata e Inmaculada.

En conversación con Red Muqui el presidente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, Rodolfo Ríos, cuestionó además el momento y la forma en la que se desarrolló esta audiencia sobre la Modificación del EIA. En una zona del país que no cuenta salvo contados lugares con una cobertura de red que haga posible participar de un espacio virtual que requiere un servicio de Internet estable y con un mínimo de descarga de datos para que los habitantes de las comunidades lo puedan seguir, este espacio resulta más una artimaña de la empresa para sugerir que ha consultado con la población afectada una posible ampliación temporal de sus operaciones, explica Rodolfo Ríos.

Y es que el consorcio minero tiene prisa por ver aprobada esta pretensión. En diciembre del año pasado, la agencia Reuters informó que Hochschild Mining preveía que el regulador ambiental aprobase en el primer semestre de 2022 ampliar la vida útil de su mina insignia.

Para el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, donde se encuentra una cabecera de cuenca y tres microcuencas y donde se ubica la explotación con el nombre eufemístico “Inmaculada”, después de trece años de explotación en los que la empresa ha engañado a las comunidades este tipo de acciones no hacen más que aumentar la conflictividad en la zona. Y añade que el pueblo, que no ha participado de esta última audiencia, si bien reconoce que estuvieron presentes trabajadores directos y de empresas subcontratadas que no tienen legitimidad ante las comunidades, rechaza tajantemente la posibilidad que la mina extienda el tiempo de sus operaciones.

Ríos recuerda que el gobierno tiene 90 días de plazo que corren desde el acuerdo del 19 de noviembre de Cora Cora para implementar lo suscrito con los comuneros.

En esa ocasión, se acordó además la implementación de un Marco Metodológico para la identificación, Caracterización y Zonificación de las cabeceras de Cuenca en las tres provincias mencionadas.

Estas medidas fueron acompañadas del compromiso para crear una comisión ejecutiva para la negociación del retiro de las cuatro unidades mineras, medida estrechamente relacionada con lo estipulado por los mismos planes de cierre que presentaron las propias mineras en sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental.

Para las mineras hay mucho juego. En el caso de Ares, las acciones de su casa matriz, Hochschild se hundieron en noviembre a mínimos históricos en la bolsa de Londres. Esto se debió a la incertidumbre en torno al futuro de dos de sus tres minas de metales preciosos (Inmaculda y Pallancata), antes de recuperarse luego de que el Gobierno relativizara su postura sobre la extensión de las operaciones de las mismas.

En tanto los comuneros del valle de Huanca Huanca, cuya vida peligra por la explotación minera, observan el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno en atención a la contaminación minera. Así por ejemplo el Ejecutivo se había comprometido a realizar una visita a todas unidades mineras, incluida Inmaculada, hasta el 15 de enero.

Sin embargo, la prometida visita de la comisión ejecutiva no se ha concretado. Para alertar sobre ello el Frente realizará el próximo 11 de marzo la  II Convención de las comunidades y pueblos afectados por la minería en Pauza, Páucar del Sara Sara.