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La empresa minera Raura del Grupo Breca realiza sus operaciones en un contexto de pasividad por parte del Gobierno en cuanto a control y fiscalización ambiental, situación que ha originado la desaparición de tres lagunas en cabecera de cuenca en la región de Huánuco y en Lima pone en riesgo la cabecera de cuenca del río Huaura.

Lagunas secas en Huánuco

La Red Muqui se comunicó con el alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, quien denunció el drenado de las lagunas Santa Ana, Niño Cocha y Nieve Ucro, y la afectación parcial de otras ocho fuentes hídricas, en Huánuco, entre ellas Tinkicocha, Caballococha y Patarcocha.

El sustento que maneja la autoridad edilicia radica en el inventario hidrológico que elaboró la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual prueba la existencia de las tres lagunas en la zona. “Su desaparición se debe al uso de las aguas de la empresa Raura, por el uso excesivo del recurso hídrico en la explotación minera”, aseguró. La preocupación local se centra ahora en las ocho lagunas que aún sobreviven.

Cuencas afectadas

La empresa minera Raura, ubicada en las cabeceras de dos cuencas hidrográficas, una que fluye en dirección a los ríos Huallaga y el Marañón, y otra que alimenta a la cuenca del río Huaura, la misma que desemboca en el océano Pacífico, opera en medio de glaciares y en toda la cadena de nevados, entre las regiones de Áncash, Huánuco y Lima.

En Huánuco, la cuenca Lauricocha (afluente del río Marañón) es el sustento de 15 mil habitantes que se dedican en su mayoría a la ganadería, agricultura y turismo. Según el alcalde, las aguas están contaminadas. “El sustento legal (que tengo para decir esto) es la penalización que hizo el OEFA en varias fechas durante siete años, por haberse superado los límites de contaminación que han sido fuertes en la cuenca Lauricocha. El monto (sancionado a la empresa Raura) es de 7 millones de soles”, reveló.

A inicios de mes, distintos medios de comunicación regional reportaron la contaminación ambiental en la laguna Tinquicocha (que afectaría a toda la cuenca), jurisdicción del distrito San Miguel de Cauri, tras el rompimiento de una tubería de la empresa Raura.

Denuncian las comunidades

Frente a este hecho, el presidente de la comunidad del mismo nombre del distrito, Pablo Cárdenas Baltazar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco para exigir una investigación por los impactos mineros generados.

A ello se sumaría otra interpuesta por la comunidad Independencia. Así también el gobierno local ha pedido públicamente a las entidades competentes cumplir con fiscalizar permanentemente a dicha empresa que explota minerales polimetálicos como plomo, plata, zinc, cobre y oro (en menor cantidad) en Huánuco y Lima. “No estamos en contra de la minería sino (que pedimos) una minería responsable, (pero) si no hay control permanente, (entonces) paralización total (de la mina)”, añadió el alcalde.

En su defensa, la minera rechazó en un comunicado las declaraciones del alcalde de la provincia de Lauricocha.

Impactos en Lima

Pero el problema tiene otras aristas. La empresa minera se aprovecha del usufructo de territorios ancestrales para ingresar en la zona y ampliar territorialmente sus operaciones, refirió el coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi. “Raura se ha posicionado en territorio ancestral de las comunidades campesinas de Quichas y de Oyón, ambas en la provincia de Oyón, región Lima. Y de la comunidad campesina de Cauri, provincia de Lauricocha, región Huánuco”, explicó.

Foto: Comunidades reunidas cerca a la laguna Shucshapá en 2016

Desde muchos años atrás las comunidades vienen exigiendo el cese de contaminación de la minera Raura y en constantes movilizaciones en contra del vertimiento de las aguas de las operaciones mineras (relaves, desmontes, aguas ácidas, entre otras sustancias químicas) a las lagunas de la zona de Huánuco. El inicio de la construcción del túnel en 1998 para la central hidroeléctrica “Cashaucro” fue aprovechada por Raura para derivar sus aguas ácidas provenientes de las galerías subterráneas hacia la cuenca del río Huaura, región Lima, que terminan en el océano Pacífico. Todo ello con la autorización del Estado peruano.

Por ello, continuó el ingeniero ambiental Alejandro, las aguas que consumen las poblaciones asentadas en toda la cuenca del río Huaura (Quichas, Oyón, Churin, Sayán y todo el Valle del Huaura (zona azucarera) y otras están expuestas a la contaminación producto del vertimiento minero. “Raura ha tenido múltiples sanciones por parte del OEFA y ANA por el incumplimiento de compromisos ambientales”, advirtió. Asimismo, el especialista aseguró que hay un riesgo de desaparición de la laguna Shucshapá (cabecera de cuenca del río Huaura), pues es utilizada por esta minera como sedimentador de sus aguas ácidas.

¿Qué hacer?

El coordinador del Área Socioambiental propuso tres acciones desde un enfoque ambiental y territorial:

Primero, los territorios ancestrales, expropiados por la empresa minera, deberían ser devueltos a las comunidades campesinas.

Segundo, la minera Raura debe remediar los daños ambientales que ha ocasionado no solo en los territorios de las comunidades sino también en los ecosistemas frágiles como son las lagunas que están sirviendo como sedimentador de contaminantes proveniente de sus operaciones mineras con alto contenido de metales pesados.

Tercero, el Estado, a través del OEFA, tiene que realizar una evaluación de parte para verificar los daños ocasionados por el vertimiento minero en las lagunas, luego iniciar un proceso de supervisión y fiscalización inopinada para conocer cuál es el estado de las aguas, suelos y todas las fuentes hídricas.

«Se deben cesar todas las actividades mineras que afectan los ecosistemas frágiles. Está prohibido realizar actividad minera en glaciares porque afecta al equilibrio ecológico y al ecosistema, sobre todo en el contexto de la crisis climática, ¿por qué Raura tiene ese privilegio de estar ubicada en glaciares? Ello acentúa el riesgo de la pérdida de glaciares, terrenos con pastizales y lagunas”, concluyó Alejandro Berrospi.

Foto de portada: Referencial

Hace unos días el Ejecutivo anunció el lanzamiento del Plan Unidos, que contiene propuestas para impulsar la inversión privada destrabando los trámites e implementando siete proyectos mineros hacia el 2025. El propósito es recortar permisos ambientales lo que amenazaría el medio ambiente y a los derechos humanos.

En esta nota, revisamos las implicancias ambientales y sociales que pueden traer estos 7 nuevos proyectos cupríferos.

¿En qué consisten estos proyectos?

En principio, la mayoría de estos proyectos no cuentan con licencia social de las comunidades y poblaciones que están dentro su área de influencia. La mayoría de los proyectos son operaciones a tajo abierto que se encuentran ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen el agua de zonas rurales y urbanas, por lo cual deben ser protegidas de la amenaza que representan las actividades extractivas e industriales, más aún en un contexto de múltiples crisis: hídrica, climática y alimentaria, advirtió el especialista socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.

“Un proyecto en cabecera de cuenca, por más pequeño que sea, afectará considerablemente las fuentes hídricas y eventualmente (ocasionará) la desaparición de manantiales, bofedales y lagunas. Sobre todo, cuando se trata de minería a tajo abierto los impactos van a ser irreversibles. Cuando se debilitan los instrumentos de gestión ambiental, también se debilitan los sistemas de fiscalización ambiental y, por ende, se van agravar los impactos ambientales. Otro tema es que (los proyectos) no tienen licencia social de las comunidades que viven en los territorios y no se ha aplicado la consulta previa a los proyectos mineros. Los sistemas de participación ciudadana han sido casi inexistentes en la aprobación de diversos proyectos mineros (EIA, MEIA, ITS) y a partir de la pandemia se han virtualizado los procedimientos administrativos y más encima se implementó este sistema en zonas donde no hay señal (de internet)”, declaró.

Por lo tanto, buscar reducir mecanismos ambientales (evaluación y/o fiscalización) a favor del gremio minero que acumulan enormes deudas y con cuestionables prácticas (tributarias, sociales y ambientales) impactará en los ecosistemas, de igual manera, los modos y formas de vida de las comunidades y población local, quienes han elegido, a través de mecanismos participativos como asambleas populares, consultas vecinales y movilizaciones, la agricultura, el turismo alternativo y la ganadería en lugar de la minería.

“El riesgo es latente y no se deben flexibilizar (los mecanismos ambientales), más bien deberían fortalecerse los sistemas de fiscalización ambiental (por parte del Estado) porque primero está la vida y la salud de los ecosistemas”, continuó Alejandro Berrospi.

Proyectos para el 2023 por US$ 2.419 millones:

1. Ampliación de Toromocho Fase II, en Junín: El proyecto de expansión de la empresa china Chinalco se ubica en la cabecera de cuenca alta del río Mantaro donde se encuentran las principales fuentes hídricas como las lagunas Huascacocha, Huacracocha, Turuca, entre otros.

En la Fase I, actualmente en operación, existe un conflicto social debido a que la minera ha incumplido una serie de compromisos, por ejemplo, el reasentamiento de 40 familias que vivían mucho antes de la llegada de Chinalco, pero terminaron siendo despojadas de su territorio. Por otro lado, parte de la población que fue reasentada en Nueva Morococha optó por migrar ante el desempleo. La mayoría de las viviendas que fueron entregadas por la minera para la reubicación lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros. Además, hay denuncias contra la empresa por contaminación con metales pesados. La Red Muqui presentó un informe de observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Toromocho, entre ellas: la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental (por los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley).

2. Reposición de Antamina, en Áncash: Destinado a extender la vida útil del proyecto por ocho años, del 2028 al 2036, a pesar de que la empresa Antamina tiene antecedentes de contaminación ambiental y complicado relacionamiento con las comunidades por acuerdos incumplidos en mesas de diálogo y denuncias por contaminación a la salud (por ejemplo en Huarmey). La ampliación de las operaciones abarcaría las dos vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico, ecosistemas importantes para la vida. La Red Muqui, tras analizar la MEIA, concluyó que la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia del proyecto minero.

Proyectos para el 2024 por US$ 964 millones:

3. Yumpag, en Pasco: La empresa Buenaventura proyecta prolongar la vida de la mina Uchucchacua por 15 años más. El proyecto está ubicado en la parte alta del río Huallaga, entre las regiones de Pasco y Huánuco. Esta minera tiene denuncias por contaminación del río Collpamayo en Arequipa; mientras que, en Cerro de Pasco, por la desaparición de bofedales y manantiales en el caserío de Cachipampa, también de extensas áreas de pastizales producto del paso de vehículos pesados. Buenaventura, además, tiene inversiones en los proyectos Yanacocha, en Cajamarca, y Cerro Verde, en Arequipa.

4. Romina, en Lima: Se encuentra en la cuenca alta del río Rímac, Chillón y Huaura que abastece de agua a parte de la zona rural y urbana de Lima. En el caso del río Rímac, desde hace décadas, este río viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros, la cual pone en riesgo la salud ambiental y humana. Ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de los pasivos ambientales identificados en la zona. Aún así el Ejecutivo pretende sacar adelante el proyecto Romina del grupo Glencore.

5. Corani, en Puno: Es un proyecto histórico de la empresa Bear Creek Mining Corporation de capitales canadienses para extraer principalmente plata. Está ubicado en territorio indígena en la provincia de Carabaya, distrito de Corani, a la fecha no se ha aplicado la consulta previa, tampoco las comunidades cuentan con información sobre las implicancias e impactos del proyecto minero. La empresa también tiene concesiones mineras para litio en la misma provincia.

6. Chalcobamba – Las Bambas, en Apurímac: Se trata de la ampliación de la minera Las Bambas del tajo de Chalcobamba, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. La comunidad ha manifestado su oposición al proyecto por incumplimiento de acuerdos, así mismo la empresa ha incumplido acuerdos con las comunidades del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, y sectores de Velille y Huincho, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, por lo cual las movilizaciones ha sido constantes en el corredor minero del sur.

Proyecto para el 2025 por US$ 1.263 millones:

7. Zafranal, en Arequipa: La población de las provincias de Caylloma y Castilla reiteradamente han advertido que la minería no le hizo partícipe de algún plan de participación ciudadana ni fue notificada sobre el EIA que la empresa presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en 2021. Desde entonces, este proyecto, situado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, provincias mencionadas, no cuenta con la aceptación social. No obstante, en 2022, la Autoridad Autónoma de Majes (organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas) entregó -en calidad de usufructo- 12 mil 207 hectáreas a la minera Zafranal por 30 años sin cumplir con los requisitos necesarios. Así se explica en el informe N°001-2023 de la Contraloría de la República y que fue difundido en medios de comunicación regionales. En mayo de este año, el Gobierno Regional de Arequipa dejó sin efecto la entrega del terreno a través de una resolución.

Por Edwin Alejandro Berrospi – Área Socioambiental de la Red Muqui

El Perú es uno de los países más ricos del mundo en agua; sin embargo, la costa que concentra más del 70% de la población solo cuenta con el 1.8% del agua que se produce en manantiales, puquios, bofedales, páramos, lagunas y otros ecosistemas. La ciudad de Lima es la más vulnerable porque la cuenca del río Rímac, del cual se abastece, es la más contaminada por los impactos ambientales de las actividades humanas, así como de la minería que ponen en grave riesgo la vida de la población de Lima.

El agua es un bien esencial para la vida del planeta y en tiempos de propagación de la pandemia, el acceso al agua se vuelve aún más crucial para la prevención de enfermedades y la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, más de 7 millones de peruanos (22.76% de la población) no tiene acceso al agua potable y, por lo tanto, no disponen de agua de calidad para el consumo humano. En los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de este recurso debido al crecimiento acelerado de la población, incremento en la explotación de los acuíferos, la contaminación ambiental y el cambio climático.

La minería, por ejemplo, es una de las actividades que ha venido trabajando con normalidad en tiempos de pandemia y es la industria que consume más agua, afectando la disponibilidad y calidad de las principales cuencas hidrográficas del país.  El 49% del territorio ubicado en la cuenca hidrográfica del pacifico esta concesionada para la minería, dónde solo se tiene disponible el 1.8% del agua; es decir, la minería tiene el derecho de uso de agua con más de 423.19 millones de metros cúbicos (MMC), lo que representa un riesgo para el acceso humano al agua, a la salud y a un ambiente sano (PRECIADO 2016).

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), existen más de 21 ríos contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, los relaves mineros, así como los pasivos ambientales mineros que afectan directamente a las principales cuencas hidrográficas del país. Los niveles de contaminación van en aumento y el calentamiento global, por los gases de efecto invernadero, derrite los glaciales que abastece de agua a las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca, lo que genera una grave crisis ambiental.

La agenda de los candidatos sobre proyectos mineros y los riesgos de afectación al agua

De los meses transcurridos del gobierno del presidente Sagasti, queda claro que no existe interés del gobierno, ni voluntad política de la mayoría de los actuales candidatos para proteger y conservar el agua; por el contrario se persiste en la imposición de proyectos mineros como el caso Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) o Río Blanco (Piura). Al respecto, el señor Hernando de Soto recientemente señaló que promoverá la marcha de 274 proyectos mineros, entre los cuales se encuentra el proyecto minero Conga en Cajamarca: No es problema 300 ó 400 ronderos para la policía peruana, meto 5,000 o 6,000 policías para desbloquear, porque primero es la minería”.

Como se recuerda, este conflicto ya dejó 5 muertos, cientos de heridos y detenidos para intentar imponer este proyecto. El dueño del proyecto Conga es la minera Yanacocha y contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las nacientes de las cuencas hidrográficas de Cajamarca y Celendín (Cajamarca). ​En el área de influencia del proyecto Conga existen cerca de 40 lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales, que se perderían por este proyecto minero.

Caso similar ocurre con los otros candidatos que pretenden imponer proyectos mineros como el señor Lescano, que estaría interesado en retomar el proyecto minero Río Blanco  en la provincia de Ayabaca y Huancabamba de la región Piura, donde el 95% de la población dijo NO a este proyecto porque afectaría sus páramos y bosque de neblinas, así como la agricultura local.

El Estado debe proteger las cabeceras de cuenca

Es preocupante que hasta la fecha el Estado a través de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) no haya mostrado voluntad política de proteger las cabeceras de cuenca. Han pasado cerca de cuatro años desde la aprobación de la ley 30640 para el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca[1]. La ANA tenía el encargo de establecer el Marco Metodológico en el plazo de un año, pero hasta la fecha no hay muchos avances. El Estado tiene la responsabilidad de proteger y velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos y no podemos seguir haciendo el uso inadecuado de los recursos hídricos priorizando solo las actividades extractivas o de las empresas agroexportadoras. Es indispensable una gestión óptima del derecho humano al agua y saneamiento para las poblaciones con participación activa de la ciudadana, que es muy distinto a los clientes que tienen las licencias de uso de agua.

Frente a ello, urge aprobar la ley de vigilantes y monitores ambientales en el Congreso de la República para la protección y cuidado del agua

La actual crisis ambiental que venimos atravesando por la acelerada degradación ambiental de nuestros territorios, el agua y los recursos naturales; hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Por ello, el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República debe ser aprobado en el pleno de Congreso a fin de reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

 

[1] Ley Nro. 30640 fue promulgada el 15 de agosto del 2017